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En Sinaloa, la acusación contra sus funcionarios no fue sorpresa

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La imputación de Estados Unidos a un gobernador mexicano confirma lo que muchos sonorenses sospechaban hace tiempo: la línea entre el crimen organizado y las altas esferas del gobierno se ha difuminado.

La noticia fue explosiva y agregó una nueva capa de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México.

El miércoles, fiscales estadounidenses acusaron al gobernador en funciones del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de ayudar a un poderoso cártel a introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Las acusaciones le han generado una crisis política a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Rocha Moya, miembro del mismo partido político que Sheinbaum, ha negado cualquier delito y ha acusado a Estados Unidos de atentar contra la soberanía de México.

Pero aquí en Sinaloa, donde la violencia de los cárteles se vive casi a diario, la noticia ha sido vista más como un ajuste de cuentas que como una sorpresa.

Durante años, los residentes han intercambiado rumores y certezas tácitas de la complicidad entre el cártel de Sinaloa y los altos mandos del poder. Muchos dijeron que, cuando se presentó el acta de acusación, simplemente se puso por escrito lo que durante mucho tiempo se había comentado.

Omar Trejo, un vendedor, aseguró que la población siempre lo ha sabido y que ya era hora de ocurriera. Añadió que los presuntos vínculos entre el gobernador, otros funcionarios y el cártel eran un “secreto a voces”, una frase repetida una y otra vez por las personas que viven aquí.

Mientras lustraba zapatos en la plaza principal de Culiacán, la capital del estado, Jesús Tirado afirmó que para ellos no había sido una noticia sorpresiva.

A unos pasos, bajo la catedral de la ciudad, una pared estaba cubierta de carteles con los rostros de las personas desaparecidas, víctimas de la violencia de Sinaloa. Cerca, con pintura plateada brillante, estaba escrito un veredicto contundente: “narco-Estado cómplice”.

Durante casi dos años, la guerra interna entre facciones rivales del cártel de Sinaloa ha convertido la vida cotidiana en un paisaje de miedo y desgaste, con negocios cerrados, calles vacías y toques de queda autoimpuestos.

Las familias siguen buscando a más de 3600 personas que han desaparecido solo en los últimos 20 meses, un periodo en el que también han sido asesinadas más de 3000 personas.

En este contexto, más de una decena de residentes describieron la acusación como un hecho de gran repercusión política y también profundamente personal. Para muchos, la posibilidad de que el gobernador y los altos funcionarios se hubieran alineado con uno de los grupos que impulsaron el derramamiento de sangre provocó una mezcla de ira, dolor y, para algunos, una sombría sensación de confirmación.

Adrián López Ortiz, director de Noroeste, uno de los principales periódicos de Culiacán, afirmó que no se trataba solo de corrupción, sino de la posibilidad de que el responsable de resolver la violencia y sortear la crisis fuera parte de ella.

Afirmó que como sinaloense, la situación le entristecía profundamente. Y añadió que de confirmarse, significaría que quienes están en la cima –la gubernatura e incluso la alcaldía– estaban directamente vinculados con estos grupos.

Las acusaciones también sugieren algo aún más preocupante, dijo López, tras señalar el conflicto de cómo se podría resolver la situación si los responsables de tomar las decisiones son parte del problema.

En cuanto a Rocha, justo un día después de que las autoridades estadounidenses lanzaran las graves acusaciones, trató de proyectar un tono tranquilo.

“El que nada teme, la pasa bien. El que nada debe, nada tiene que pagar”, les dijo el gobernador a los periodistas el jueves, después que se le preguntara sobre las imputaciones, con lo que mostró una actitud de normalidad incluso cuando las acusaciones amenazaban con poner en jaque su gobierno y tensar las relaciones entre México y Estados Unidos.

Apenas un día antes, Rocha dijo en un comunicado que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y que eran un intento de Estados Unidos de atacar al movimiento político de izquierda de México, liderado por Sheinbaum.

Los otros funcionarios imputados son el actual alcalde de Culiacán, el vicefiscal general del estado y varios exaltos cargos de las fuerzas de seguridad de Sinaloa, algunos de los cuales son también miembros del partido de Sheinbaum.

El hecho de que se imputara a altos funcionarios del gobierno, no solo al gobernador, señalaba un problema sistémico más amplio, dijeron algunos residentes de Sinaloa.

Miguel Clouthier, empresario y exlegislador federal, afirmó que las acusaciones habían dejado al descubierto el arraigado problema de la narcopolítica en México. Aseguró que los grupos del crimen organizado habían florecido y que solo había podido existir con el apoyo y la colaboración de quienes pretendían contenerlo.

“El pecado original”, añadió, “es cuando los gobernantes establecen alianzas con el crimen organizado para poder llegar porque una vez que llegan ya no pueden zafarse después”.

Sin embargo, en un país donde los funcionarios corruptos han proporcionado durante mucho tiempo el andamiaje para que prosperen los grupos criminales, Clouthier dijo que esperaba que un imputado que pretendiera establecer un vínculo entre el gobierno y el crimen lo debilitara de alguna manera.

Clouthier afirmó que se había aprendido a que cada quien cuidara de sí mismo y añadió que la supervivencia había significado durante mucho tiempo no desafiar a elementos delictivos que existían claramente.

Sin embargo, añadió que también había un cansancio ante el hecho de que no ocurriera nada. Expresó su esperanza de que esto obligara a que se dejara de mentir por miedo.

Aunque la acusación dominó los titulares el jueves, el ritmo de la violencia en Sinaloa continuó prácticamente igual. Esa mañana, un dirigente sindical local, Homar Salas Gastélum, fue asesinado a tiros en el interior de su domicilio. También murió su guardaespaldas. Después de que un grupo de hombres armados tiroteara su residencia justo después de su victoria electoral en febrero, dijo a los periodistas locales que era consciente de que había intereses que no querían que fuera electo.

En otros lugares, ese mismo día fueron asesinadas otras siete personas y se descubrieron en la ciudad los restos de dos víctimas no identificadas.

Los fiscales estadounidenses afirman que Rocha aceptó sobornos de una facción del cártel de Sinaloa conocida como los Chapitos, la organización criminal dominante en el estado, a cambio de proteger al grupo. La facción está dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el fundador del cártel de Sinaloa, a quien se conoce como el Chapo.

El acta de acusación describe una reunión en la que dos de los hijos de Guzmán, Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, le dijeron a Rocha que podían garantizar su victoria electoral. Este, a su vez, accedió a instalar a funcionarios que permitirían al cártel operar con impunidad, según el acta de acusación.

Los fiscales afirman que el cártel ayudó y durante las elecciones realizaron el robo de boletas, secuestraron a candidatos de la oposición y presionaron a otros para que abandonaran la contienda. Una vez en el poder, Rocha y sus aliados nombraron a funcionarios en los gobiernos estatales y municipales para que ayudaran al cártel, según la acusación.

Para algunos sinaloenses, la acusación supuso una sombría sensación de revancha.

Paola Gárate, diputada local y una de las más firmes detractoras de Rocha, dijo que se encontraba entre las decenas de candidatos de la oposición y operadores políticos secuestrados el día de las elecciones de 2021. Según dijo, fue retenida durante nueve horas por pistoleros enmascarados, junto con otros candidatos y operadores, hasta que terminó la votación.

La noticia, dijo, la dejó con sentimientos contradictorios.

“Gusto por un lado, tristeza por el otro”, dijo Gárate. “Pero sobre todo es una comprobación de que en México no existe Estado de derecho, que no son las autoridades mexicanas las lo acusaron pero son ellas que debieron de haber procedido antes, no sucedió porque son parte del problema”.

Aquí, añadió con la voz entrecortada, formar parte de la oposición puede pagarse con la vida.

Paulina Villegas es una reportera del Times con sede en la Ciudad de México, desde donde cubre organizaciones delictivas, narcotráfico y otros temas que afectan la región.

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