Alejandro Giammattei es el presidente peor calificado de los últimos cuatro al inicio del último año de gobierno. De acuerdo con la medición que recogió del 14 al 23 de abril de 2023 la Encuesta Libre que ProDatos elaboró para Prensa Libre y Guatevisión, solo 2.9% de los entrevistados califica como buena la actual administración.

Si bien el desgaste es notorio cuando una administración llega al cuarto año, la calificación del actual mandatario es la más baja de las últimas cuatro. El 74.7% de los encuestados cree que el gobierno de Giammattei ha sido malo, frente a un 22.4%, que lo considera aceptable.

Esa desaprobación se ve reflejada en el índice de confianza hacia el gobernante guatemalteco, de apenas 7%, y en el hecho de que pocas personas respondieron que creen todo lo que dice —solo un 3.8%—, mientras que seis de cada 10 afirman no creerle nada.

Además, nueve de cada 10 encuestados consideran que Giammattei no ha cumplido las promesas que hizo en campaña. Entre estas resalta que ofreció cerrar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sin embargo, esta dependencia ha gastado durante su gobierno más de Q451.8 millones. También ofreció reformar el Parlamento Centroamericano (Parlacén) o, de lo contrario, sacar a Guatemala de ese organismo regional, pero no se promovió ninguna iniciativa.

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También prometió a los guatemaltecos que radican en EE. UU. que instalaría en ese país un viceministerio específico para atender a los migrantes y que reformaría el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua). Sin embargo, en los últimos tres años el servicio consular ha empeorado, debido a que ha crecido el número de guatemaltecos que se han trasladado a EE. UU., y los recursos no aumentan en la misma proporción, mientras que Conamigua sigue sin cambios y bajo fuertes críticas de personas que no ven resultados de su función.

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Problemas continúan

El analista político de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes) Jahir Dabroy afirma que la población se formó altas expectativas al inicio de la gestión de Giammattei, se pensó que, luego del gobierno de Jimmy Morales, se abordarían los problemas estructurales, después de cuatro años que estuvieron centrados en el debate por la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“La población estuvo esperanzada en una serie de promesas; sin embargo, muchas no necesariamente culminaron en lo que se había prometido, y su éxito mayor tiene que ver con cuestiones macroeconómicas que no necesariamente son entendibles y perceptibles”, añade.

El analista considera que, para el último año del actual gobierno, el Estado continúa alejado de la población y hay poca capacidad institucional para resolver los problemas en salud, educación o seguridad alimentaria y nutricional. Por si eso fuera poco, se percibe más inseguridad, lo que se confirma con los registros de más muertes violentas.

“Todo esto afecta la gestión y la calificación”, subraya Dabroy, para quien la forma de comunicarse del mandatario tampoco ayudó.

Giammattei desarrolló una gestión presidencial más alejada de la ciudadanía y muy reacia a la crítica, precisa el analista político. A muchos gobernantes no les gusta relacionarse y comunicarse con sus críticos, pero eso “es parte de la democracia”, resalta.

Varios factores

Jonatán Lemus, analista del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, considera que el rechazo obedece a factores como que este fue el gobierno que más recursos tuvo a su disposición, a raíz de la pandemia, y ahora no hay claridad de en qué se invirtieron.

Señala que al inicio de la gestión pareció manejar la pandemia “con popularidad”, pero después comenzó a tomar decisiones erráticas que hicieron que perdiera la credibilidad.

Otro factor que considera que pudo haber influido en la mala percepción de la gestión de Giammattei es que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aumentó su popularidad con la pandemia y al mismo tiempo da la impresión de que combate la criminalidad. Entonces, al comparar a ambos gobiernos, parece que el del vecino “lo está haciendo mejor y con menos recursos”.

Coincide en que Giammattei contó con una mala estrategia de comunicación que lo hizo desaparecer del debate público. Además, su equipo de comunicación cometió errores que al momento de la evaluación le pasaron factura.

Hay muchas definiciones de “bien común”. Unas tienen carácter condicional, otras no. Entre estas últimas está la que define el bien común como todo aquello que beneficie a la mayor parte, punto. No hay condiciones ni límites. Entre dos opciones “alfa” y “beta”, si la primera beneficia a la mayor parte del conjunto, es “alfa” la que debe adoptarse.

Empero, puede que “alfa” sea lo que más beneficie a la mayor parte hoy, pero dentro de un mes, o diez años, no sea beneficiosa para la mayor parte. Es más, puede que “alfa”, con el paso de cierto tiempo, llegue a ser peor para todos. También puede que “alfa” sea la mejor opción para la mayor parte, pero a costa de que ciertos individuos pierdan parte de sus bienes, de su libertad o de sus derechos. ¿Sigue siendo entonces “alfa” la opción preferible?

Algunos opinan que no. Yo creo que el bien común es aquello que beneficia a la mayor parte en el largo plazo, sin privar a nadie, que esté en la minoría, de su dignidad y derechos. Esta es una definición condicional.

Pero, independientemente de la definición de “bien común” que a cada ciudadano parezca mejor sustentada, lo cierto es que los ciudadanos votan para llevar a un grupo de políticos al poder, que a su vez nombran o eligen a ciertos funcionarios para que, todos ellos en conjunto, procuren realizar el bien común.

Si uno supone que ese bien común, en relación con cualquier cosa, por ejemplo, aumentar los aranceles de importación del “quank”, coincide o se alinea con los intereses de los funcionarios que les toca decidir ese aumento, pues ¡enhorabuena! Esos funcionarios tendrán un doble interés para adoptar esa medida. Empero, supongamos que no sea así, que una industria manufacturera de quank le ha dado una generosa contribución al partido político al que pertenecen esos políticos. Ahora la cosa se ha complicado. ¿A quién van a favorecer los funcionarios? ¿A la mayor parte del conglomerado social o a sus generosos aportantes?

Eso depende, además, de los escrúpulos de los funcionarios, por supuesto. Pero, el problema objetivo sigue ahí y por eso es necesario que los potenciales conflictos de interés “se transparenten”. Por eso es necesario que, en este ejemplo, las contribuciones y los que las dan sean públicas.

Aun así, ¿cómo se enteran los ciudadanos, que no usan su tiempo para mirar los registros del TSE sobre contribuciones a los partidos y los cientos de decisiones que toma un gobierno? Para eso, precisamente, está la prensa independiente. Para meter las narices en todo y, si algo huele mal o, simplemente, tiene relevancia pública, para informarlo.

El legislador, por medio del derecho público, debe, principalmente, colocar al lado de cada conjunto de facultades que otorga a un funcionario, unos controles y unos “órganos de contralor”, pero la sociedad civil y los ciudadanos deben poder enterarse de lo que pasa, porque son ellos los que votan. Y para enterarlos de lo que pasa está la prensa independiente.

Una reflexión final: no solamente debe presumirse de los particulares que obran por interés propio, sino también de los funcionarios y de los políticos. Por eso, por ejemplo, no debe ser el Gobierno —el partido o coalición oficial— el que negocie, sólo, con los sindicatos. Esto es una receta, infalible, contra el bien común. La Ley debiera exigir que los partidos de oposición intervengan en esas negociaciones, por medio de una comisión o de delegados.

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Hasta octubre pasado el INE había recibido 241 certificaciones, de un total de 340 municipios. Dentro de ellas algunas de las 210 comunas que reclamaban el recorte de lugares poblados que representaría percibir durante 2019 Q34.3 millones menos por el situado constitucional.

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Al carecer de estas certificaciones, el INE utilizó una metodología basada en el Censo de Población 2002 para estimar la cantidad de lugares poblados, lo que resultó en la disminución de estos y el reclamo de alcaldes quienes, incluso por medio de acciones de amparos buscan que se retome la antigua metodología y que se tome como válidos los datos del año anterior.

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Cambio es ilegal

Metodologías poco científicas utilizadas por años para la definir los lugares poblados, imprescindibles para las asignaciones del situado constitucional, repercuten hoy en día en que una gran cantidad de alcaldes reclamen en conjunto Q34 millones que, afirman, dejarían de percibir sus comunas en 2019 por el precálculo que hizo el INE en octubre pasado.

El dilema comenzó cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) cambió la forma para registrar los lugares poblados de los municipios y optó por tomar el dato del Censo de Población de 2002 en vez de utilizar el dato de año inmediato anterior como tradicionalmente se había hecho desde el 2010.

El cambio de metodología derivó en que se restaran tres mil 818 lugares poblados en 210 municipios medida que representaría Q34.3 millones menos de ingresos para esas comunas.

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La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) sostiene que el cambio implementado por el INE no tiene sustento legal ni técnico, y que por lo mismo los municipios de reciente creación quedarían sin ninguna asignación presupuestaria del situado constitucional.

El descontrol pudo haber derivado en que a lo largo de los años ciertas comunas hayan aumentado sus lugares poblados con tal de recibir más recursos.

Mejores herramientas

Pero el INE asegura que a raíz de que ahora cuentan con más recursos decidieron mejorar las herramientas para la elaboración del Registro de Lugares Poblados (RLP), con lo cual ahora es más preciso.

“Esas investigaciones empiezan a mostrarnos que lo que se venía haciendo era acorde a lo que se traía y ahora que tenemos más evidencias ya podemos hacer otro tipo de investigaciones”, expuso Freddy Gomez, subgerente del INE.

Gomez afirma que el INE no tiene la potestad de quitar o poner lugares poblados, puesto que lo que hacen es una regularización de la documentación que entregan las municipalidades donde constan las aldeas y caseríos con que cuentan. Antes, añade, los informes no se confrontaban con estudios y a falta de recursos se dejaban los datos que ya se tenían.

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El funcionario reconoció que al variarse la metodología que se utilizaba desde el 2010 tiene que haber cambios en el cálculo, aunque enfatizó en que aún no hay nada definitivo y las municipalidades pueden acercarse al INE a resolver dudas puesto que el cálculo final se presentará en los primeros días de enero del 2019.

Las municipalidades deben entregar cada año a más tardar el 31 de julio una certificación de lugares poblados para que el INE actualice el registro, pero hasta este año, si no lo hacían se tomaba el dato del año anterior.

Sin embargo, para el cálculo del 2019, el INE consideró que si una comuna no entregaba su registro era más preciso tomar los datos del último censo lo que remontaba el dato de lugares poblados hasta el 2002. Fue así como comenzaron las inconformidades.

Pero ¿Quién tiene la razón?

Mientras Gómez afirma que el INE es un ente científico y no político, los alcaldes parecen no estar tan seguros de ello. De hecho, el actual presidente de la Anam y alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, no descarta que anteriores autoridades del INE se hayan prestado para alterar intencionalmente sus lugares poblados.

“Lo que sí es cierto es que algunos diputados tuvieron la astucia de favorecer a los alcaldes electos de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) y le subieron el número de centros poblados a algunos municipios de forma anómala”, afirmó Escobar. 

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“El chisme entre los alcaldes era de que cobraban Q200 mil por alterar los datos y decían era imposible, pero ahí está que sí”, añade el jefe edil.

Por lo cual expone que “si existe un error estamos de acuerdo con que lo corrijan, pero tiene que ser en el debido proceso con el derecho de defensa, no pueden cambiar los datos así no más”.

A lo expuesto por Escobar se suma la opinión de Eddy Cifuentes estudioso de las funciones municipales por años.

El experto señala que pudo haber casos en los que las comunas hayan alterado sus registros poblados. “No lo descartaría y no sería la primera vez que se han dado casos de mal manejo de la información”, dice Cifuentes quien; no obstante, reconoce tener “serias dudas” de cómo el INE ha manejado esos registros.

“No eximo de culpa a municipalidades en esa irresponsabilidad de no entregar a tiempo los informes en julio, pero veo negligencia en el INE al no esforzarse o establecer procedimientos para ser lo más certero posible con los lugares poblados”, subraya el analista.

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Afectados

Dentro de los casos más peculiares están los municipios de reciente creación que, al instituirse después del 2002 y no haber entregado sus informes a más tardar el 31 de julio, figuran con cero lugares poblados.

Uno de esos casos es Sipacate, Escuintla, cuyo alcalde Walter Nájera, asegura que los ingresos por el situado constituciones, Q923 mil mensuales, es el 90 por ciento del presupuesto de la comuna puesto que los ingresos propios son mínimos por ser un municipio de reciente creación (octubre del 2015).

Nájera asegura que si no se recibiera el situado constitucional dejarían de invertir en proyectos de desarrollo para la comunidad relacionados a agua y saneamiento, remozamiento de escuelas o adoquinamiento de calles. También sería necesario reducir el personal.

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Transparencia Internacional ha publicado recientemente la edición número 25 de su índice sobre la percepción de la corrupción (IPC). El estudio, que comprende la evaluación de la percepción de la corrupción en 180 países, se basa en diversas fuentes de datos que registran indicadores de gobernanza, ambiente de negocios y apreciaciones de expertos.

Siendo la corrupción un fenómeno que supone el ocultamiento deliberado de actividades ilícitas, las percepciones sobre la corrupción, en buena medida, son el resultado del conocimiento que los ciudadanos obtienen a partir de escándalos, investigaciones —académicas o propias de los órganos de investigación judicial—, y procesos judiciales. De acuerdo con este IPC, Guatemala —con un punteo de 28 sobre 100— es el cuarto país con mayor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel global, Guatemala está entre los 40 países con mayor percepción de la corrupción.

En contraste, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur y Suecia ocupan las primeras posiciones en el ranquin global. Estas naciones han logrado obtener a lo largo del tiempo, punteos en el IPC que oscilan entre 84 y 92 puntos sobre 100. Lo primero que tienen en común es que en estas naciones hay un sistema económico y social que eleva el bienestar de toda la población, que genera igualdad. Esto dota a los ciudadanos de una sólida identidad social, les proporciona confianza sobre su entorno y, en especial, sobre la justicia, lo que favorece su participación en la comunidad.

Estos países también comparten cuatro elementos en su lucha anticorrupción. Primero, la transparencia en la gestión de la administración pública, aunada a una constante veeduría ciudadana sobre la relación entre actores públicos y privados. Segundo, la institucionalización de la ética por medio del sistema educativo y, puntualmente, en la construcción de una cultura de servicio civil basada en el respeto de la ley. Asimismo, son Estados que cuentan con marcos legales y de conducta que indican a las personas y empresas cómo actuar para evitar actos de corrupción (conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude, entre otros).

Tercero, una administración pública con controles precisos para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y una fiscalización efectiva sobre la utilización de recursos públicos, realizada por contralorías de cuentas, procuradurías de derechos humanos u oficinas anticorrupción. En ese sentido, la institucionalidad pública anticorrupción es el cuarto elemento. Esta puede tomar la forma de agencias independientes o unidades específicas dentro de las fiscalías generales, teniendo como fin investigar y llevar ante la justicia cualquier hecho de corrupción.

En Guatemala, la lucha contra la corrupción aún está en una primera fase, la de conocer los casos y enfrentarlos ante la justicia. Sin embargo, consolidar una cultura que desprecie y castigue la corrupción requiere avanzar en reformas profundas: un piso de protección social que aleje a todas las personas de la incertidumbre y les garantice una ciudadanía social; reparar y mejorar el sistema de justicia y el servicio civil; políticas que mejoren la gestión y transparencia de los asuntos públicos; institucionalizar el rol de la ciudadanía, fortalecer el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos y modernizar la Contraloría General de Cuentas. La tarea no es sencilla, requiere una reforma fiscal, y por consensos ciudadanos y políticos. Por ello es vital comenzar ahora.

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La proyección futura de la realidad mundial es harto difícil. Aparentemente las potencias se replegarán sobre sí para ganar fortaleza interna. En ese marco, Guatemala necesita estar consciente de su estatura geopolítica, reconocer sus alcances estratégicos y obtener intercambios provechosos para mejorar su economía.

Se tiene una frontera con uno de los bloques comerciales más ricos del mundo. Aunque se amenaza con desmontarlo, los intereses que se han tejido en las últimas décadas hacen imposible desarmarlo en poco tiempo. En consecuencia, México está obligado a un ajuste para mejorar su competitividad. Por lo tanto, se debe impedir que el quetzal sobrevalorado siga favoreciendo la inundación creciente de mercancías de contrabando.

La complementariedad económica con México es difícil, pero no imposible. Similar al área gubernamental de atención a la integración económica centroamericana, la administración debería organizar un viceministerio dedicado a fomentar los negocios con México sobre bases mutuamente convenientes. Para ello se debe abandonar la incomprensión de la magnitud industrial, comercial y agrícola de la federación mexicana. Se debe entender que un solo Estado del vecino país tiene una economía equivalente a la nuestra, para no mencionar población, extensión o diversidad ecológica.

Además, urge reaccionar rápido a las modificaciones al TLCEUCA+RD. El comercio con EE. UU., el primer socio comercial del país, lo ha favorecido, pues las compras de productos con ese origen han crecido en 7.4%, mientras las ventas solo se incrementaron en 6.7%. Obsérvese que la tercera parte de la importación desde ese país son derivados del petróleo. Fuera de lo discutible del concepto, Guatemala no roba trabajos a los norteamericanos, salvo que deseen las clausuradas fábricas textiles a destajo en viejos edificios de destartalados. Así, pues, debe alejarse la discusión de asuntos políticos mezclándolos con la economía y subrayar la necesidad de perfeccionar la relación comercial.

En el área de cooperación, el modesto plan alianza para la prosperidad del Triángulo Norte fracasará si no se acompaña con apoyo financiero gubernamental a iniciativas locales. Promover giros de empresas de servicios desde el turismo rural hasta la construcción. El fomento del mercado interno no puede hacerse solo con remesas condicionadas, se necesita apoyar a los pequeños empresarios.

Centroamérica necesita de nuevos medios de transporte. El terrestre muestra bloqueos de difícil remoción y una lentitud exasperante, por lo que procede el marítimo. Las opciones son dos: 1) establecer un sistema expedito masivo de transporte en contenedores, donde la empresa danesa Maersk ya inició la fase preparatoria. Los problemas de corrupción gubernamental, caso TCQ, retrasan la opción. En el resto de Centroamérica, varios puertos ya están en operación. Se llegará tarde, ocupando una posición subordinada; 2) Es una promesa, pues no hay indicios de generar el cabotaje sobre una economía popular. Los viejos puertos funcionarán con el desarrollo de la marinería. Para el efecto, hay que fortalecer a la fuerza naval militar y fundar financieras para la compra de pequeñas embarcaciones. Una de dos, contenedores o cabotaje; improcedente no hacer nada.

Únicamente alcanzando los mercados de las islas del Caribe se ampliará el mercado para los productos guatemaltecos y centroamericanos. La complejidad de los procesos mercantiles de escala masiva puede ser vencida por la simplicidad de negocios llevados adelante por emprendedores individuales. Hoy no existe ese sujeto social, pues se vive de espaldas al mar. Ello impide desarrollar una de las ventajas geográficas de los países del Istmo. ¿Qué propone el ejecutivo nacional?

http://registroakasico.wordpress.com

Comenzó su carrera en la administración pública en el Banco de Guatemala, donde ocupó cargos en las áreas bancaria y financiera. En la SAT, donde ingresó en el 2005, ha ocupado los cargos de subdirector de Auditoría Forense, gerente de Auditoría Interna, gerente regional Sur y Occidente, administrador de Proyectos, y desde el 4 de marzo pasado, intendente de Recaudación y Gestión.

Fuentes García había sido nombrado superintendente interino de la SAT el pasado 21 de abril, en sustitución de Omar Franco, detenido una semana antes por su presunta implicación en una red de defraudación tributaria.