Bloqueos en Guatemala: Codeca persiste en medidas y Gobernación dice que se apegará a diálogo

Los representantes de Codeca mantienen en pie la jornada de movimientos para este lunes 28 de abril; Ministerio de Gobernación ordena activar protocolos

Urias Gamarro

28 de abril de 2025 | 05:00h

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Para este lunes se prevé una jornada de movimientos de manifestaciones a escala nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) mantiene la intención de manifestar este lunes 28 de abril, pese a resolución de un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) la tarde de este domingo 27 de abril, que advierte al presidente Bernardo Arévalo de no permitir los bloqueos en Guatemala.

Representantes de Codeca indicaron que las movilizaciones comenzarán a tempranas horas de este lunes, mientras el Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) ya establecieron las líneas de actuación y control para el cumplimiento de la orden de la CC.

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Neftalí López, integrante de Codeca, explicó que ante la resolución que emitió la CC y de llevar a cabo los bloqueos, “ya será una decisión de cada lugar y territorio”.

“No sabíamos que iban a dar con lugar el recurso de amparo. La acción sigue, que ya está planificada, pero en cada territorio los compañeros que dirigen el movimiento hablan con la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ellos siguen el protocolo que corresponde”, puntualizó.

López reiteró que se mantiene en pie el movimiento a partir de las 6 de la mañana de este lunes.

“El movimiento sigue en pie, porque no se tenía la información de eso -amparo CC-, pero todavía se conversará con los compañeros para ver qué dicen, pero lo acción sigue”, agregó el representante de Codeca.

Garantizar el libre tránsito

Horas después de conocerse la resolución de la CC, el ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, declaró en la red social X que “el derecho a manifestarse está garantizado por nuestra Constitución, y como autoridades somos respetuosos y garantes de ese derecho fundamental. También es deber del Estado salvaguardar la libre locomoción, la seguridad y los derechos de todas las personas”.

Destacó: “Hasta el momento, los comunicados públicos de Codeca responsablemente no han hecho mención explícita de bloqueos y han informado a la ciudadanía y autoridades dónde realizarán sus manifestaciones cumpliendo con lo que requiere la ley. No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha emitido un amparo que instruye de manera precisa a las fuerzas de seguridad para garantizar el libre tránsito en el territorio nacional”.

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El funcionario, reiteró que desde el Mingob reconocen que “existen tensiones, donde distintos sectores sociales denuncian afectaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo el ejercicio de la protesta, la libertad de expresión y la participación política. Somos conscientes de estas preocupaciones y reiteramos nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho”.

Activación de protocolos y diálogo

El ministro Jiménez subrayó que se abordarán los protocolos establecidos si llegara a presentarse algún bloqueo. 

“El Ministerio de Gobernación reitera su compromiso de actuar conforme al mandato constitucional: proteger simultáneamente el derecho de manifestación y el derecho de locomoción. En caso de que las manifestaciones deriven en bloqueos que afecten el libre tránsito, se activarán los protocolos establecidos, priorizando siempre el diálogo, la negociación y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, añadió.

“La labor de las fuerzas de seguridad es compleja: deben proteger a quienes manifiestan y también a quienes transitan, asegurando que ambos derechos puedan coexistir en equilibrio. La dispersión de nuestros efectivos por múltiples puntos del país, en caso de bloqueos simultáneos, inevitablemente reduce nuestra capacidad de prevención de la delincuencia común”, afirmó el funcionario.

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Concluyó con el llamado a la responsabilidad colectiva y ejercer los derechos con respeto a los derechos de los demás. “Nuestro compromiso sigue firme: proteger, dialogar y actuar siempre en el marco de la ley”.

Protocolos por actuar

Entretanto, Esvin Jacinto, subdirector de Operaciones de la PNC, comentó que se recibieron las instrucciones para actuar, luego de haber conocido la resolución de la CC.

Recordó que como institución cuentan con protocolos para manifestaciones y bloqueos en las rutas, “por lo que se está instruyendo a cada jefe de comisaría que deben generar seguridad en los puntos de bloqueo”.

En cuanto al protocolo de bloqueos, se cuentan con los documentos de varias instituciones para que participen con los diálogos que puedan desarrollar con este tipo de actividades, agregó Jacinto.

“En nuestro protocolo en estos casos va primero un diálogo con las personas para lograr en algún momento acuerdo, porque es necesario como institución policial tratar por medio del diálogo acuerdos, ya sea que se deje alguna vía habilitada para que se pueda fluir el tráfico, y en otros casos se ha logrado dar lapsos de tiempo para que se puedan habilitar las vías”, afirmó el jefe policial.

Recordó que con este tipo de actividades se logra garantizar la libertad locomoción y el derecho de manifestación.

Postura institucional

Al consulta al Ministerio Publico (MP) sobre el movimiento para este lunes convocado por diferentes grupos sociales, indicó que el derecho de manifestación se encuentra garantizado dentro del catálogo de derechos individuales que contempla la Constitución Política de la República de Guatemala (Art. 33), y en ese sentido, el MP, como ente cuyo mandato es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, “respeta las acciones que dentro de ese derecho se realicen siempre y cuando no se vulnere el orden público y los derechos de los demás guatemaltecos”.

En cuanto al desarrollo del movimiento, el MP indica que el artículo constitucional “es claro” al indicar que la única regulación que se tiene al respecto es aquella que garantice el orden público, y en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad “ha sido enfática en los fallos emitidos en relación a distintos amparos interpuestos en torno a este tipo de expresiones ciudadanas (y que el más reciente es de este domingo), principalmente porque se debe garantizar el derecho a la reunión pacífica y manifestación, y luego porque en ningún momento esas acciones deben vulnerar los derechos a la vida, salud, seguridad, libertad de locomoción, entre otros. Esto con el objetivo de que otros ciudadanos no resulten afectados por el derecho que ejercen algunos al manifestarse”.

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Y sobre los resultados que podrían esperarse, el MP expuso: “En reiteradas ocasiones y contrario a lo que de forma errada y malintencionada se ha difundido en torno a este caso, el Ministerio Público no está en contra de las manifestaciones pacíficas, al contrario, creemos en el derecho a la libre expresión, por lo que lo mínimo que se puede esperar al respecto es que dichas manifestaciones se realicen de buena forma, dentro del marco de la legalidad y sin dañar los derechos de los demás”.

Visión de partidos políticos en el Congreso

Los diputados Luis Aguirre de la bancada Cabal y Román Castellanos de Semilla también fijaron postura sobre los movimientos convocados.

Aguirre declaró que se respeta el derecho constitucional de los guatemaltecos a manifestar y expresar sus opiniones. Sin embargo, se opone a los bloqueos, ya que afectan directamente la economía nacional y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

“Los bloqueos, como los que ha promovido Codeca, provocan pérdidas económicas, obstaculizan el trabajo honrado y ponen en riesgo la seguridad de todos los guatemaltecos. Es fundamental que cualquier manifestación se realice dentro del marco de la ley y sin vulnerar los derechos de terceros”, opinó.

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En todo caso, dijo que estos bloqueos pueden provocar enfrentamiento porque ya se han expresado representantes de mercados, quienes aseguran que hay impacto negativo en sus negocios. Además, estos bloqueos “polarizantes” dan el pretexto a los diputados para que no se presenten a trabajar, comentó.

Castellanos afirmó que como bancada se respetan el derecho de manifestación y expresión de los guatemaltecos en manifestarse, por lo que las instituciones deben garantizar el libre ejercicio de los derechos manifestación y locomoción.

“Son manifestaciones convocadas y deben desarrollarse de manera pacífica y consciente de que hay un enojo hacia la fiscal general Consuelo Porras, hacia la democracia y esta criminalización absurda contra el expresidente de los 48 cantones y ese rechazo se ve reflejado expresando de esta manera en las manifestaciones”, apuntó. 

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que el bloqueo no permite el paso hacia la Universidad de San Carlos (Usac) y colonias desde el puente del Periférico.

El tránsito proveniente del carril reversible en la colonia El Carmen es desviado hacia la colonia La Reformita.

Montejo añadió que se ve afectado el tráfico en el Anillo Periférico severamente y también se ve afectada la calzada Aguilar Batres.

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Pidió a los automovilistas evitar el paso por la colonia La Reformita y utilizar la Aguilar Batres rumbo a El Trébol.

En una actualización del reporte, Montejo indicó que el grupo ha bloqueado el acceso de Periférico a la Usac, por una jornada médica que están implementando.

Agregó que fue colocado un toldo como parte de la jornada médica.

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Actualización: Según informaron ahora, la medida de los encapuchados corresponde para evitar paso de vehículos para una carpa donde establecen una jornada médica. pic.twitter.com/V4D8Ypgz5J

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 10, 2023

El intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Werner Ovalle, confirmó esta información y recomienda a los usuarios utilizar vías alternas para viajar hacia Honduras.

Ovalle recomienda a los transportistas utilizar el punto fronterizo El Florido y hacer la rectificación de aduana por la paralización en El Corinto.

La demanda de los trabajadores de las fincas bananeras es por un ajuste al salario mínimo.

Desde las 11 horas de este lunes no hay paso de vehículos hacia el Puesto Fronterizo Integrado El Corinto, por un bloqueo por trabajadores de fincas bananeras en #Izabal, confirma el intendente @wovallesat. (Foto @donystewart) @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/cj8SfTZ1YW

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) December 10, 2019

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Desde el fin de semana circularon varios llamados al bloqueo que fueron publicados por los inconformes.

“Debido a la negligencia de las autoridades departamentales y el gobierno central, en proceder al arreglo del camino”, dice un comunicado publicado.

Los manifestantes permanecen en cuatro puntos de la carretera entre el kilómetro 150 del puente Cucul, también en el kilómetro 155 de la aldea Chocolá.

Además del puente Panán en el río Nahualate y el kilómetro 149.

Los protestantes reclaman que el proyecto RD-Such-6 ya fue pagado por Q12 millones 268 mil 076, pero la carretera no está construída.

pic.twitter.com/uNDDPWFFBN

— Byron Tebalan. (@byron_isaac) October 14, 2019

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A pesar de la imposibilidad para trasladarse, los comerciantes encontraron la forma que algunos de los productos llegaran a su destino, en ciertos casos optaron por pagar un flete y cargar la mercadería hasta el otro vehículo, también se observó a pobladores que caminaron con el producto en la espalda hasta abordar un bus, otro ingenio fue utilizar carretas y otros objetos para caminar y trasladar la mercadería.

En todos los casos el inconveniente representó mayor esfuerzo físico, un gasto extra o pérdidas económicas, además del incremento en el pasaje, usuarios denunciaron que pilotos del transporte extraurbano “cobraron más de lo normal” para trasladarlos de Cuatro Caminos a Xela.

En el caso de Miguel Ramos Cotoc, quien comercializa hortalizas de Almolonga, relató que llegó a cuatro caminos a las 5.30 horas pero el paso “ya estaba bloqueado”, como debía cumplir con la entrega de su producto tuvo que contratar un vehículo que del otro lado de la carretera lo esperara para llevar la mercadería, esto implicó un gasto extra de Q150.

“Si nos afecta porque tenemos que gastar más, nos perjudica y no podemos dejar a otros lugares sin las verduras, pero qué podemos hacer hay que ser solidarios porque las carreteras están mal, tuve que pagar otro carro“, afirmó

Otro comerciante afectado fue Agustín Chivalán Lux quien comercializa especias,  para cumplir con su reunión de negocios tuvo que caminar 1 kilómetro.

Nos manifestamos ante los bloqueos en la ruta al occidente del país. pic.twitter.com/XnOMQOnfs4

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) May 29, 2019

“Yo iba de día de negocios a Quetzaltenango, iba a vender, pero tuve que caminar hasta donde están las camionetas que me llevan, esto me complica pero según dicen que las carreteras están abandonados y es cierto, yo que soy comerciante viajo mucho y he visto que por todas lados las carreteras están quebradas y llenas de hoyos con agua”, afirmó

En el trayecto del bloqueo se observó a niños que junto a sus padres cargaban la mercadería o sus pertenencias, algunos afirmaron que viajan desde otros departamentos a Quetzaltenango para buscar empleo ya que en sus comunidades “no hay”.

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Los manifestantes liberaron el paso al llegar a un acuerdo para la reparación de las carreteras y que se empiece con los trabajos, advirtieron que de no cumplirse están dispuesto hasta a tomar las aduanas.

La mañana de este miércoles 29 de mayo, llegaron a Cuatro Caminos más vecinos de Huehuetenango quienes se unieron a la medida, los inconformes aseguraron que solicitaron refuerzos para tener más personas en los bloqueos que finalizaron a las 16.20 horas.

“La lucha es para informar que nuestra carretera está en pésimas condiciones, hay un tramo carretero de 29.2 kilómetros desde San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barrillas en 10 años se han gastado más de Q200 millones sin que lo terminen, dónde están esos Q200 millones”, dijo Pascual Juárez, manifestante.

Agregó que el proyecto fue adjudicado por instituciones como el desaparecido Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), e incluso que el inicio de los trabajos en el área afectada  fueron inaugurados una vez más por el actual presidente Jimmy Morales.

“Le pedimos a las constructoras y a los gobiernos corrompidos por constructoras que ya es hora que nos devuelvan algo de lo que nos han robado, se han desfalcado más de Q200 millones, ya no queremos más gente incapaz, señores de otros departamentos levantémonos para denunciar el estado de las carreteras. Para los impuestos no nos aceptan Q1 menos ahora no queremos ni 1 kilómetro sin asfalto”, afirmó.

Acuerdo

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, informó que se atendió las solicitudes de alcaldes y de representantes de varias organizaciones y se les explicó el estatus de los contratos en las carreteras del Occidente.

Explicó que en la carretera R9 norte con la bifurcación de la RD Huehuetenango II, se les informó sobre la reposición y que se debe dar la liquidación del contrato, por el incumplimiento de la empresa constructora, además se deberá hacer un nuevo concurso, la expectativa es que se tenga listo el proceso para noviembre próximo.

El otro tramo es el R9, de Piedras de Captzin, a San Juan Ixcoy y Pedro Soloma, la cual se incorporó y rehabilitó la ejecución a la empresa que reporta un 28% del avance físico y la finalización del contrato para el 28 de noviembre, es un tramo de 24 kilómetros de longitud.

El tercer proyecto que está en evaluación es de San Mateo Ixtatán a Barillas, está a cargo de una compañía constructora por el Fondo Social de Solidaridad.

De acuerdo con el ministro hay un cuarto requerimiento del tramo de Santa Cruz Barillas a San Ramón, que quedará para el 2020, así como otros proyectos de mantenimiento por la Unidad de Conservación Vial (Covial).

Impacto

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), aseguró que los bloqueos generan pérdidas de Q50 millones diarios a la economía. “El bloqueo está afectando las actividades comerciales con México”, afirmó Tefel.

En este caso, dijo que se solicitó a las autoridades de Gobernación intervenir, así como a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

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En marzo de este año la empresa constructora H3 Guatemala inició los trabajos de reparación en la calle Rodolfo Robles, de acuerdo a la Dirección Municipal de Planificación (DMP) debían  terminar con la obra en los primeros días de abril, hasta ahora la empresa no ha concluido.

Esto molestó a los vecinos quienes relataron que desde hace dos meses sufren por el “polvo” y porque el mal estado de la calle ha perjudicado la visita de clientes a sus negocios.

“Era un polvo negro fino y empezaron a enfermarse mucho los niños, con enfermedades respiratorias, después nos vino afectar la poca circulación en los negocios”, afirmó Leoncio Sac, vecino afectado.

Los pobladores aseguran sentirse “engañados” ya que la municipalidad y la empresa les informaron en varias ocasiones que la obra terminaría “pronto”, algo que no sucedió.

Para “presionar” a las autoridades municipales y a la empresa, los vecinos decidieron el viernes 24 de mayo de 2019 bloquear el paso en más de 500 metros, esto provocó serios problemas de congestionamiento vehicular y la visita del alcalde a la zona, así como de concejales y empleados municipales.

La mañana de este sábado 25 de mayo, la empresa retomó los trabajos, los vecinos hicieron diversos cuestionamientos a los representantes de la constructora y aseguran no estar convencidos del trabajo que realizan.

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“Como vecinos les vamos a dar el beneficio de la duda. Se les hicieron algunas preguntas directas a las cuales la empresa no nos dio ningún tipo de respuesta concreta, lo que nos dejo inquietos, vamos a esperar, de lo contrario se tomaran otras medidas y se le exigirá a la municipalidad un plan B porque se necesita con urgencia el restablecimiento de la calle Rodolfo Robles, es el ombligo de Quetzaltenango, conecta al quetzaltenango antiguo con el quetzaltenango moderno, es una zona sumamente transitada”, afirmó, Silvia Álvarez, vecina afectada.

Para el próximo miércoles la empresa se comprometió a iniciar con la colocación del asfalto, previo a esto, el martes, los vecinos se reunirán para elaborar un documento en el que la empresa se comprometa a cumplir con las clausulas del contrato.

#AhoraXela
Continúan los trabajos de reparación en la calle Rodolfo Robles, zonas 1 y 3 de Xela, en este sector ayer los vecinos bloquearon el paso porque la obra se tenía que entregar desde hace dos meses y estaba suspendida. pic.twitter.com/4pk7pnJzrv

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) May 25, 2019

“No nos da confianza, los vecinos quedamos completamente desconcertados, no tenemos seguridad, garantía, confianza, nos negaron el conocimiento de informaciones publicas que una empresa las debe de dar abiertamente, el que nada debe nada teme, ellos lo ocultaron”, indicó Álvarez.

De acuerdo con los vecinos al cuestionar a la empresa sobre el lugar dónde está la planta de elaboración del asfalto,  no hubo una respuesta. “No nos pudieron decir, lo que denota que no tienen nada, porque cuando uno ya sabe donde están los lugares que proveen, inmediatamente se dice”, expresó la vecina perjudicada.

En total el proyecto comprende 28 calles por Q22.4 millones, el plazo para concluir con la reparación de todas las calles es de cuatro meses, el plazo vencería en los últimos días de julio.

Hasta ahora la empresa tiene dos meses en la realización de los trabajos y de acuerdo a la DMP “solo” ha cumplido con el 5 por ciento del proyecto, aunque la empresa asegura que ha hecho un 18 por ciento.

Osbaldo Ochoa representante legal de la empresa H3 Guatemala, aseguró que se concluirá con el proyecto millonario a pesar de los “inconvenientes” que han tenido.

“No es ineficiencia, son varias situaciones que se dieron pero lo importante es lo que vamos a hacer en adelante, vamos a presentar un cronograma a los vecinos sobre los trabajos que vamos a hacer y yo creo que ya no es de buscar culpables sino de dar solución”, afirmó Ochoa.

De acuerdo con el representante legal la lluvia les afectó para continuar con los trabajos, al igual que “la parte técnica” porque había un desacuerdo de los trabajos entre la empresa y la DMP, además afirmó estar dispuesto a que sean investigados por la Contraloría General de Cuentas.

Agregó que hasta ahora solo han subcontratado a una empresa con la que por medio del contrato se garantiza que les cumpla.

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Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de la capital, informó que impusieron cinco multas de Q25 mil y uno de los buses fue consignado, pues los pilotos se negaban a retirarlo.

Añadió que el bloqueo también afectó la movilidad de entre 40 mil y 50 mil usuarios del transporte colectivo.

“Es una ruta principal donde afectaron a usuarios de Mixco, Antigua Guatemala, Chimaltenango y San Lucas Sacatepéquez  que van y vienen a la ciudad”, citó Montejo.

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“Ellos hacen doble fila, van contra vía y algunos no tienen licencias, además de circular en rutas no autorizadas, lo cual causa desorden”, indicó Montejo en su cuenta de Twitter.

Uno de los pilotos manifestó que el descontento es por las constantes multas, las cuales no pueden pagar. “Tuvimos que tomar estas medidas porque de otra manera no nos escuchan”, expresó.

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La comuna capitalina informó a eso de las 12.35 horas que utilizaron grúas para retirar las unidades que estaban bloqueando el paso en la calzada Roosevelt y 33 avenida, de las zona 7 y 11, “porque están contra las sanciones que emiten autoridades”.

“Ellos hacen doble fila, van contra vía y algunos no tienen licencias, además de circular en rutas no autorizadas, lo cual causa desorden”, indicó Montejo en su cuenta de Twitter.

#Ahora | ¡Paso liberado en la Roosevelt! https://t.co/dN2UAEZy4Z
Video: Amilcar Montejo pic.twitter.com/DDUGUJcYEL

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 26, 2019

#Ahora | #TráficoGT | Emixtra informa que pilotos bloquean el km 15 con dirección a Mixco, final de la Roosevelt. pic.twitter.com/gB6aXdSvd2

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 26, 2019

El #TráficoGT está varado en la calzada Roosevelt, por manifestación de pilotos extraurbanos. Denuncian que las multas impuestas son entre Q3 mil y Q10 mil "algo que nosotros no podemos estar pagando toda la vida", dicen. Vía Erick Ávila pic.twitter.com/xzzwvJiZBT

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 26, 2019

Se reporta un bloqueo mas sobre la 37 Av Calzada Roosevelt hacia Occidente, se recomienda tomar sus precauciones, y tomar via alterna por San Cristóbal hacia Interamericana. #TránsitoMixco pic.twitter.com/QC0Jw6bW50

— Pablo Morales (@EmixtraPablo) February 26, 2019

La municipalidad capitalina informó que no se dará marcha atrás con las sanciones a los pilotos de los buses extraurbanos y que denunciarán ante el Ministerio Público las consecuencias del bloqueo en la Calzada Roosevelt.

Antimotines de la PNC llegan a la calzada Roosevelt, donde transportistas mantiene bloqueo.
Vía: @BCardona_gtv https://t.co/4rpdUCycxV pic.twitter.com/8hcG7JENe2

— Guatevisión (@Guatevision_tv) February 26, 2019

Se habilitan carriles en Calzada Roosevelt hacia Oriente, se retira el Bloqueo que permanecía sobre la 36 Av. #TránsitoMixco pic.twitter.com/0vDhHvW2QS

— Pablo Morales (@EmixtraPablo) February 26, 2019

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Pobladores y la Iglesia Católica denunciaron que “miembros de la policía” y “grupos paramilitares” mantienen rodeado el templo La Candelaria, en cuyo interior permanecen sacerdotes y decenas de fieles atemorizados.
“Pido a la dirección nacional de la Policía suspender dicha acción de acoso, para que dichos fieles puedan retornar a sus hogares”, manifestó el cardenal Leopoldo Brenes.
Más temprano, “los paramilitares” interceptaron a cuatro sacerdotes cuando iban a La Trinidad a intentar “dialogar para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías”, declaró uno de ellos, el padre Eugenio Rodríguez.

Policías y paramilitares se instalaron en la casa de cultura, la alcaldía de La Trinidad y rodearon también el hospital. Hicieron “anillos para que la población no tenga salida”, aseguró Merling Solís, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.
“Nos andan persiguiendo. Hay una cacería de brujas”, dijo por teléfono, bajo anonimato, un joven que estaba en el bloqueo Medios oficialistas celebraban que se pudiera circular por la carretera.
Otros grupos armados incursionaron en Jinotepe (suroeste), donde unos 400 transportistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá están varados en un bloqueo, según el embajador salvadoreño Carlos Jirón, quien pidió que los dejen llegar a su destino.

“Compromiso con las víctimas”

Pese a que persiste la represión, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de grupos de la sociedad civil-, que ha dirigido buena parte de las acciones de calle desde el estallido de las manifestaciones, convocó a un plantón para este miércoles y a una marcha el próximo sábado.
Las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril, exigen la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de haber instaurado el nepotismo y una dictadura con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y de una brutal represión.
Ante la grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajará por seis meses prorrogables, para apoyar “la investigación de los hechos de violencia” y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según la CIDH.
“Nuestro compromiso es con las víctimas frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad más allá de quienes sean los perpetradores”, dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, al leer un comunicado ante la prensa en Managua.
Además de Incalcaterra, el GIEI lo integran la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti, todos investigadores de sonados casos de violación de derechos humanos en América Latina.

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La CIDH, que desde hace diez días tiene a un grupo de técnicos en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión, el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y respetar el derecho al debido proceso de los detenidos.
En Twitter, pidió a las autoridades “adoptar medidas para respetar y garantizar la vida” de los pobladores de La Trinidad que están “sitiados” y en “grave riesgo”.

 “Crisis sin control”

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el CENIDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.

“La seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control”, dijo el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva, en conferencia de prensa.
La violencia deja además más de 1 mil 500 heridos y medio millar han sido detenidos, muchos de forma arbitraria, según grupos locales de derechos humanos y la CIDH.

En las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, en Managua, decenas de familiares de detenidos recibieron angustiados la noticia de que muchos fueron trasladados a la prisión La Modelo, la más grande de ese país.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza dialogan en busca de una salida al conflicto. “No veo voluntad política de Ortega. Va a defender su permanencia en el poder a toda costa”, declaró el analista Mauricio Díaz.
Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década luego de que una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde el 2007 ha sido reelegido presidente por tres períodos consecutivos.

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Los sitios en inglés, portugués y español dejaron repentinamente de funcionar, levantando de inmendiato comentarios sobre una supuesta censura. 

Explicó que un filtro de spam (correo basura) ocasionó accidentalmente la falla. 

En los comentarios del sitio web de ACIPRENSA, varios feligreses se mostraron escépticos de la explicación que dio Facebook y expresaron su malestar. 

RT EWTNespanol: Facebook levanta bloqueo a decenas de páginas católicas – via aciprensa https://t.co/NVtqmkEkol

— San Juan Evangelista (@soysanjuane) July 19, 2017

Aunque el bloqueo duró 11 horas, sus efectos en el tránsito repercutieron durante 24 horas.

Boris Castro, vecino de San Pablo Jocopilas, informó que hasta el momento no han recibido una respuesta positiva por parte de la gobernadora Leonor Toledo, que el día de la protesta llegó al lugar.

“Las autoridades saben de esta problemática que afecta a quienes transitamos por este tramo,por lo que solicitamos que se construya. No es posible que la situación siga igual, recientemente vino el ministro de Comunicaciones Aldo García y se hizo el loco, pues no quiso conocer la realidad de los 11.5 kilómetros que están en pésimas condiciones”, indicó Castro.

Añadió que por el momento sigue la organización para analizar que otras medidas podrían tomar para llamar la atención del Ejecutivo para que construya la carretera.

Moisés Cajas, delegado de Conred, señaló que los cierres de carreteras siempre afectan severamente el tránsito y que el jueves último pasaron 24 horas para que todo volviera a la normalidad.

“A veces estas acciones están de más cuando puede existir una mesa de diálogo”,  comentó Cajas, quien agregó que con los rumores de un posible bloqueo este lunes muchos transportistas suspendieron viajes, lo que afecta el área comercial de Suchitepéquez.

El comerciante Mario Interiano relató que el bloqueo de la semana pasada afectó su negocio, el cual abastece abarroterías.

“Perdí mi día laboral y otros ruteros aprovecharon que yo no llegué para venderle a las tiendas. Al siguiente día ya no me compraron. Tuve una baja en ventas y se me acumuló el producto que distribuyo. Quienes realizan bloqueos no analizan el daño que provocan.”, lamentó.

Órdenes de no permitir bloqueo

 Altos mandos de la Policía Nacional Civil informaron que más de cien agentes fueron desplazados al kilómetro 149 de la ruta al suroccidente para impedir que el tamo fuera tomado por manifestantes.

Un oficial, identificado como Grijalva, indicó que vigilan que el lugar no sea bloqueado y que hay órdenes de desalojar a los manifestantes, de ser necesario.

“El único afectado con el bloqueo de carreteras es el pueblo, las autoridades tranquilos en sus lujosas oficinas y los campesinos pensando en que están siendo escuchados, pero nunca ha sido así”, expreso Sonia Duarte, quien quedó varada en el kilómetro 244, aldea La Ruidosa, Morales, Izabal.

La gremial de agentes navieros en expuso que el paro genera grandes pérdidas a su sector debido a la paralización del transporte de carga que ya no llega a tiempo para la embarcación de la mercadería, de igual forma cada minuto es importante luego del desembarque de productos pues el tiempo corre y se debe pagar más por la permanencia de los contenedores en los recintos portuarios.

“Son incontables perdidas en cada ocasión que hay bloqueo de carreteras pues por consecuencia se paraliza el flujo económico, deben de existir políticas que regulen este tipo de manifestaciones que vedan la libre locomoción”, expresó Oscar Rojas, naviero.

El paso fue bloqueado por horas en los kilómetros 117 Las Trampas y en 149 Santa Lucía Utatlán, Sololá.

Con gritos, pancartas, leyendas, los manifestantes pedían la renuncia del presidente Jimmy Morales, la nacionalización de la energía eléctrica, la renuncia de diputados y funcionarios implicados en actos de corrupción.

También protestaban por el mal estado de las carreteras y la defensa de recursos naturales.

No obstante, personas que quedaron detenidas por el bloqueo expresaron su inconformidad.

Maria Jiménez y Óscar Peéez García, coincidieron que el efecto de las manifestaciones no solo a los empresarios sino también a pequeños agricultores, quienes también quedaron varados sobre la ruta al momento de intercambiar productos en los municipios.

Estudiantes para llegaron tarde a sus centros de estudio y tuvieron que hacerlo a pie.

Desafían bloqueos

En Quetzaltenango, comerciantes y transportistas se dirigían a departamentos del occidente, la frontera y la ciudad Capital y Xela, manifestaron tener pérdidas, otros hicieron el sacrifico de cumplir con sus actividades caminando con su mercadería en la espalda. 

“Tuve que caminar 30 minutos, pero otras personas es demasiado lo que traen o vienen en camión y ya no pueden pasar, entonces tienen perdidas, yo ya voy tarde pero espero cumplir”, señaló Chanchabaj.

Los perjudicados optaron también por utilizar mototaxi entre Cuatro Caminos y La Morería pero debían bajarse metros antes de los bloqueos, también se observó tráileres estacionados con los pilotos decepcionados. 

“Si ya no puedo llegar a tiempo y no me reciben la mercadería ni el gobierno ni ellos me van a pagar algo, si alguna de las personas que va caminando la despiden por llegar tarde hoy, nadie le va a responder, nos dañamos entre nosotros, los diputados y el presidente bien gracias, a ellos hay que exigirles”, dijo Julio Lopez, transportista.

En Huehuetenango hubo dos bloqueos, uno en el km 255 aldea Piedras Negras, Malacatancito y otro en el km 265 aldea Xinaxoj de la cabecera.

Mario Mejicanos, quien se dirigía a México, afirmó que es penoso que campesinos bloqueen las carreteras en demandas que nunca son resueltas por las autoridades, sin embargo, afectan a quienes deben trabajar a diario para ganarse el sustento de la familia.

El piloto Gumersindo Méndez, dijo que sus productos perecederos que traslada a los municipios de la frontera se ponen en riesgo de echarse a perder debido al cierre de la carretera por causas que en su caso no le beneficia ni le afectan.

Agregó que las acciones deben ser donde se concentran los poderes del Estado, en Guatemala, y no en las carreteras donde el único afectado es el propio pueblo “por este tipo de medidas es que el país no avanza porque entre nosotros nos ponemos zancadilla para evitar que nos superemos, esto es realmente penoso”, dijo.

Justifican bloqueos

En el bloqueo protagonizado por campesinos en Retalhuleu, expusieron que no son escuchados por las autoridades y sus peticiones no son tomadas en cuenta, como la nacionalización de la energía eléctrica y  la renuncia de funcionarios acusados de corrupción. 

En Suchitepéquez, Israel Ortega, docente de la comunidad el Guayabal, rechazó las medidas porque “afecta mi economía”. “Tuve que pagar el doble de pasaje del municipio de Patulul a mi lugar de trabajo por este bloqueo que realizaron los campesinos, antes gastaba Q10 ida y vuelta ahora me toco pagar Q20”, señaló.

Mientras tanto en Sanarate, miles de automovilistas también soportaron horas de bloqueos. 

“Yo no sé qué piensa esta gente, ellos piden la renuncia del presidente pero eso no se les va a dar, Jimmy ni siquiera está en el país y anda de viaje en sus asuntos diplomáticos, ni pensando en ellos está por el momento”, indico Mynor Gonzalez, quien quedó atrapado en el kilómetro 53 de la ruta al Atlántico.

“Creo que esta gente debería protestar de otra forma, nos perjudica a los ciudadanos que si trabajamos y que tenemos necesidad de llegar a nuestro destino, yo voy a la capital a trabajar y tengo temor de tener problemas en mi trabajo y todo por la culpa de esta gente que viene de otro departamento a bloquear la ruta”, señalo Anabella Pereira en el mismo lugar.

Empresarios también expusieron sus quejas. La Cámara del Agro exigió a las autoridades actuar en estos casos para evitar que se violente el derecho a la libre locomoción. 

* Con información de Cristian Icó, Mike Castillo, Rolando Miranda, Hugo Oliva, Dony Stewart, Mike Castillo y María José Longo

Los manifestantes indicaron que la intención era hacer una marcha pacífica que iniciaría de la calzada las Palmas y terminaría en el Palacio de gobierno, sin embargo, les bloquearon el paso con las tarimas de la vuelta ciclística.

Esvin Sánchez, de Codeca, indicó que están organizados y la mayoría a decidido que se mantendrán en el lugar hasta que las autoridades quiten los obstáculos del camino.

Leonel González, indicó que la marcha es  pacífica y ya se había anunciado, y por eso piden respeto a las autoridades.

Hugo Sandoval, jefe de la comisaría 34 de la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que se está dialogando con los campesinos para buscarle una solución porque también hay programado una actividad Nacional.

“Entendemos que hay un proceso el cual se debe seguir, pero la SAT cuenta con los recursos necesarios para incrementar personal, ya que recibe ingresos millonarios por la mercadería que se importa y exporta” expreso Jaime López, un transportista que permanece en el lugar.

Los pilotos esperan que con las medidas alcanzadas se logre incrementar la eficiencia en el puerto, porque los retrasos en la inspección de mercadería ocasionan gastos adicionales, según explicaron.

Walder Velásquez de la Asociación de Gestores Aduaneros señaló  que era de esperarse el incremento vehicular en estos días porque habían muchos contenedores varados en predios ubicados en los linderos del puerto. Según él unos 3 mil contenedores podrían circular entre este domingo y mañana lunes.

“Esperamos que los acuerdos se cumplan porque es de beneficio para todos los importadores y exportadores, así como gestores y pilotos, porque el movimiento de la mercadería será más ágil y eficaz, las autoridades deben de entender eso” agregó.

El sábado por la mañana, luego del anuncio del desbloqueo del puerto, la SAT afirmó por medio de sus redes sociales que aumentaría de manera gradual la cantidad de personal para atender la aduana de ese puerto.

Cálculos del sector exportador, el paro pudo haber significado pérdidas de US$15 millones por el atraso en el envío y descarga de mercadería.

Por el Puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en Puerto Barrios, pasa el 33 por ciento de la carga, principalmente de níquel, petróleo, gasolina y contenedores refrigerados.

Los sectores más afectados fueron, según el sector exportador, fueron el banano con pérdidas de US$2.4 millones y de café por US$7.5 millones.

Según datos de la portuaria, en los primeros ocho días de marzo, mil contenedores diarios pasaron por ese puerto.

El hombre acusado de su muerte, el mexicano Juan Francisco López Sánchez, quien estaba ilegalmente en el país pese a un amplio historial delictivo y deportaciones múltiples.

Había sido excarcelado por las autoridades de San Francisco pese a una solicitud de las autoridades federales de migración para mantenerlo en custodia.       

La propuesta hecha por el senador de Louisiana, David Vitter, castigaría a las jurisdicciones que no compartan información de migración o cooperen con las solicitudes federales, al bloquear algunos fondos y subvenciones.       

“En lugar de recompensar ciudades, debemos empezar a aplicar nuestras leyes migratorias vigentes y fortalecer nuestras fronteras para mantener a los estadounidenses a salvo en su propio país”, dijo Vitter.       

San Francisco y cientos de otras jurisdicciones a nivel nacional han adoptado políticas para no atender las solicitudes de detención de las autoridades de inmigración, que de acuerdo a los defensores de dicha medida, pueden enfocarse injustamente en inmigrantes inocentes y perjudicar las relaciones entre las comunidades migratorias y las agencias de la ley.       

La Casa Blanca había amenazado con vetar la propuesta, señalando que pondría en riesgo dólares vitales para el ejercicio de la ley y provocaría desconfianza entre las autoridades federales y locales.

El Gobierno ha criticado a ciudades como San Francisco por no cooperar en su totalidad con las autoridades migratorias, pero ha intentado trabajar con ella mediante un programa que permitiría a los federales ser notificados en caso de que se ponga en libertad a un delincuente peligroso.

Además de esta acción penal, el 21 de julio recién pasado Monterroso denunció en el Ministerio de Trabajo el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2013-2015, lo que obligará a las partes a negociar un acuerdo diferente.

 Posibles delitos

La denuncia presentada en la Fiscalía contra la Corrupción del MP está vinculada con la suscripción del Pacto Colectivo 2013-2015 entre las partes.

Según el oficio presentado, Villavicencio y Lara habrían cometido varios delitos al firmar un pacto lesivo a los intereses del Ministerio de Salud. Uno de ellos se refiere al establecimiento de un arancel del 10 por ciento para el pago de servicios profesionales de Franco López, por Q24 millones.

El 18 de febrero del 2014, Franco López —que asesoró el pacto colectivo vigente— recibió del Ministerio de Salud un desembolso de Q7 millones, y el segundo pago se hizo efectivo el 4 de julio de ese año, por lo que suma Q14 millones.

Las transferencias fueron autorizadas por Villavicencio cuando fue ministro de Salud.

En el Pacto se acordó que el 7 por ciento vendrían de recursos del Ministerio, y el 3 por ciento restante sería cubierto por cada trabajador, al aplicarles un descuento directo al salario, para pagarle al profesional.

Parte de los pagos —Q6.4 millones— se hizo a través de las cuentas del sindicato.

“Es importante investigar el destino final de esos fondos, después de que el profesional indicado recibió los mismos”, refiere la querella.

La asesoría de Franco López es considerada como una de las más onerosas por pagar a un solo abogado, y generó rechazo entre trabajadores.

Coacción y chantaje

Además de la investigación sobre el movimiento financiero, Monterroso denuncia en el MP que, con amenazas de paralizar el sistema nacional de Salud, los dirigentes sindicales le exigen la reinstalación de 28 trabajadores que fueron destituidos por haber cometido faltas administrativas que incluyen desde robo de medicamentos y tráfico de influencias hasta intento de violación a la madre de un paciente en el hospital de Amatitlán.

Además revela presiones para que se paguen viáticos con agilidad a los líderes sindicales y para que firme la derogación del acuerdo ministerial 136-2015, sobre unidades de control interno o auditoría.

Monterroso pide al MP que aperciba y encamine acciones para evitar el chantaje y coacción que lleven a la paralización de los servicios de salud en todo el país.

Carlos Sanabria, líder sindical del Hospital Nacional Carlos Manuel Arana Osorio, de Chiquimula, dijo ayer por la tarde que a partir de hoy, a las 6 horas, tomarían las instalaciones y que solo atenderían emergencias.

El sindicalista justificó la acción con la falta de pago a empleados y la reciente contratación de policías privados para resguardar el hospital.

Según Sanabria, miembros del sindicato compran arroz y frijol para darles de comer a los pacientes.

Obliga a negociar

El pacto laboral firmado en el 2013 fue aplaudido por el presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

El 15 de octubre de ese año, en un acto protocolario efectuado en el Hospital General San Juan de Dios, los mandatarios y el entonces ministro de Trabajo, Carlos Contreras, entregaron al dirigente Luis Lara el mencionado pacto. En esa ocasión, el representante salubrista llamó a Pérez Molina “presidente amigo”.

Casi 21 meses después, el actual ministro de Salud denunció el Pacto Colectivo en la cartera de Trabajo, lo que permite que al vencerse, el próximo 12 de septiembre, se deban negociar nuevas condiciones.

El pacto laboral de Salud es el único de los contratos entre trabajadores y el Estado que incluye una cláusula para denunciar el documento un mes antes de que se venza, y permite volver a la mesa de negociación.

Según Monterroso, el acuerdo actual pone en riesgo al sistema de Salud. Cumplir con los acuerdos significa erogar Q1 mil 832.6 millones en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

Monterroso afirma que la lesividad del contrato laboral se evidencia sobre todo en dos artículos.

Estos se refieren a la licencia sindical y el porcentaje de viáticos para los sindicalistas.

En cuanto a la licencia sindical, explicó que se obliga a aplicar el derecho de igualdad a los 20 sindicatos inscritos en el Ministerio

Amparados en este beneficio, dos mil 69 sindicalistas se ausentan de sus labores para atender los requerimientos del gremio, y a pesar de que no trabajan, cobran su sueldo cada mes.

Si no se denunciaba el Pacto, el artículo 20 permitiría que 12 mil personas gozaran, por igualdad, de la licencia sindical.

“No estamos de acuerdo con la estructura del acuerdo, por lo que debería finalizar en el tiempo establecido”, señaló Monterroso.

Carlos Ulbán, ministro de Trabajo, informó ayer que al existir una denuncia, lo que procede es una renegociación al vencerse el Pacto.

“Dadas las circunstancias económicas del Estado, lo que se recomienda en este caso es que se prevea que haya recursos para financiar el Pacto”, dijo.

Los sindicalistas solicitan también el pago de una deuda por bono de antigüedad, junto con el salario mensual, así como el traslado de trabajadores temporales al renglón 011 —permanentes—.

Reglamento de viáticos: en la nueva versión se pretende un incremento de Q100 millones para cada año en ese rubro de gasto para los sindicalistas, en comisiones en el exterior y la provincia.

Según el Ministerio, esta cantidad está fuera de la realidad en relación con las cantidades del Reglamento General de Viáticos del Ejecutivo, cuyo monto es más bajo. En la actualidad, el secretario general del sindicato tiene una cuota de Q1 mil diarios para sus gastos.

Condiciones lesivas para el Estado

1Derecho igualitario: en el artículo 20 del nuevo pacto colectivo se pretende hacer que otras organizaciones sindicales en el Ministerio de Salud cuenten con igualdad de derechos. En esa cartera están activos 20 sindicatos.

Eso implicaría que, de dos mil 69 personas que gozan la licencia sindical, se incremente a 12 mil, ya que nueve miembros el comité ejecutivo de cada sindicato, cuatro de cada filial y otros integrantes del Consejo Consultivo se beneficiarían.

Reinstalaciones en discordia

Sindicalistas exigen reinstalación y pago de salarios caídos a las siguientes personas:

Marcos Ramiro Ariel Milián Ruano, hijo de Dora Regina Ruano Saldaña, secretaria de organización del SNTS. No se le renovó contrato por haber violentado los candados que resguardan las cajas de palancas de electricidad, por lo que fue denunciado en el Ministerio Público.

Milián Ruano, que estaba asignado a la Dirección de Área de Salud, abusaba de su posición sindical, ya que tenía varias parejas sentimentales que no se presentan a trabajar.

Mebyz Karina Lara González, hija de Luis Lara, secretario general del SNTS. Destituida por haber provocado desorden, ocupación de instalaciones y fomento al desorden.

Olga María Castellanos Carlo, amiga de Lara González y quien se desempeña en el Programa de Accesibilidad de Medicamento.

Eduardo Jal fue destituido por haber intentado violar a la madre de una paciente, en el Hospital de Amatitlán, en noviembre del 2014.

Esdras Nehemías Herrera fue separado del cargo por haber utilizado los vehículos oficiales para asuntos personales y solicitado dinero a dueños de farmacias.

Lidia Geraldina Miranda García, destituida por el robo de medicamentos en el Hospital de San Marcos, y estaba en trámite su traslado al renglón 011.

Bernardo Corzo, Élder Zamora, Alfredo Bolvito, Óscar Orozco, Guillermo Velásquez, Juan Monroy y Maynor Fuentes, pilotos en las clínicas del Ébola, fueron destituidos por abandono de sus funciones, desinterés en sus actividades y resistencia a cumplir órdenes.

En esa unidad había 55 pilotos y solo se contaba con 42 unidades de transporte.

Gemer Willian de León Roblero y Benito Roberto Alvarado Villatoro, asignados al Hospital de Coatepeque, por efectuar cobros.

Brandon González e Ictamar Velásquez abusaban de su posición para dedicarse a supuestas actividades sindicales. Estaban asignados a la Dirección de Área de Salud.

Transferencia a cuentas del sindicato

El registro contable del Ministerio de Finanzas detalla el débito que se hizo para pagar honorarios:

La operación contable se registró el 29 de mayo último, por Q133.2 millones, como pago de complemento del bono por antigüedad al personal de ese ministerio.

Tesorería hizo un depósito de Q6.4 millones a las cuentas del SNTS, que se destinaron para el pago al abogado César Landelino Franco López, por sus servicios como asesor del pacto colectivo 2013-2015.

Costoso pacto

Prensa Libre publicó el 18 de mayo último que habría un descuento al salario de los trabajadores del MSPAS que se destinaría al pago del abogado César Landelino Franco López.

Franco López recibirá un pago total de Q24 millones, establecido en el artículo 51 del pacto suscrito por el exministro de Salud Jorge Villavicencio y el dirigente sindical Luis Lara.

El profesional ha recibido Q20.6 millones y está pendiente de que se le abonen Q3.4 millones.

Franco López ha asesorado a más de 10 sindicatos, entre públicos y privados, en material laboral.

Se graduó de abogado y notario por la Universidad de San Carlos, donde imparte cursos de Derecho Laboral.

Cuenta con especialización en Derecho Laboral.

Cifras

Q56 millones fue el pago en viáticos a sindicalistas, en el 2014.

49 mil es la nómina actual de trabajadores del Ministerio de Salud.

Q508 millones es el monto del costo del Pacto Colectivo para este año.

Como parte de las protestas se queman neumáticos, ramas de árboles y otros elementos inflamables.

Los padres de familia piden que se otorguen plazas a los maestros que trabajan ad honorem desde hace dos años pues no tienen una plaza fija.

Según los inconformes la falta de estabilidad laboral de los maestros también provoca que los alumnos no reciban clases regulares.

Usuarios caminan para buscar unidades que puedan trasladarlos a sus destinos, por bloqueo en Villa Lobos 1 pic.twitter.com/zx5981f6BG

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) July 12, 2015

Además, exigen la construcción de un instituto, la cuál se prometió hace años.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil quienes amenazaron con desalojar a los manifestantes, por lo que estos pidieron la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Asimismo, los que se desplazaban a la Zona del Polochic -Tamahú, Tucurú, Santa Catalina La Tinta, Panzós, Senahú y a un sector de El Estor, Izabal-.

Se trató de obtener la versión de gobernador Paz Ax, pero no respondió a las constantes llamadas a su teléfono celular.