La petición de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic) se escudó en que “después de más de 30 días que llevan retenidos salvadoreños y de otras nacionalidades de Centroamérica —en Nicaragua— y que, como representante legal de nuestra institución y en nombre de nuestro sector, no vemos una salida pronta al conflicto actual por sus propias características, le solicito considere nuestra propuesta”.
La Astic también solicitó a través de su presidente Raúl Alfaro “que se permita la circulación de los vehículos retenidos con un salvoconducto de su parte hacia las fronteras durante ese tiempo bajo el control del Ejército Nacional, para la entrega de las cargas a sus respectivos países de destino”.
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“No es prudente”
Sin embargo, dicha propuesta no encontró voz entre los transportistas guatemaltecos.
“No es el sentir de todos los transportistas, porque sabemos lo que implica la suspensión de garantías individuales, y no la respaldamos. Lo que sí quisiéramos es encontrar una forma de lograr que se liberen los bloqueos pacíficamente”, indicó a Prensa Libre Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).
Fajardo añadió que se han hecho diversas gestiones y se han canalizado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para dar seguimiento al cese de violencia”. Aclaró además que la federación que agremia a las cámaras de transporte de carga no tiene representación en El Salvador.
Coincidió con Fajardo el presidente de Transportes Los Andes, Adán Aquino, quien tuvo pilotos retenidos en el país centroamericano pero que fueron liberados hace unos quince días, según informó.
Sobre la petición directa al presidente Ortega de declarar un estado de Sitio, consideró que no es prudente, “porque se pone en riesgo la vida de personas inocentes y las reacciones de los grupos en contienda en Nicaragua es impredecible”.
“Creemos que sí debe haber una participación directa de los líderes de la Conferencia Episcopal y de la Alianza Cívica para apoyar a esos pilotos” añadió.
Insistió en que “lo conveniente es que las acciones gubernamentales por la vía de la fuerza las acompañe la CIDH porque eso garantizaría que se va a respetar la vida de los manifestantes. —En un estado de Sitio— los pilotos estarían como carne de cañón en medio del fuego”.
Fajardo indicó que “nosotros como centroamericanos del resto de países no podemos involucrarnos en un tema nicaragüense, si no solo pedir que se respete la integridad de los pilotos retenidos, pero la decisión está en manos de los nicaragüenses”.
Persisten retenidos
Aunque Fajardo señaló que en varias zonas de Nicaragua ya fueron liberados algunos transportistas, en otros lugares como Jinotepe (suroccidente) o Estelí (norte) “permanece una cantidad considerable de vehículos con sus conductores”.
Según les reportó la CIDH, unos 205 vehículos se mantienen retenidos en esa zona, de los cuales, según la Cancillería guatemalteca unos 66 serían connacionales, aunque Fajardo aclaró que en las cercanías hay otros vehículos varados.
Tomando en cuenta que cada unidad retenida cuesta US$104, según cifras de Catransca, solo por este grupo de transportistas las pérdidas podrían ser hasta de US$661 mil. “La pérdida es alta, y eso no incluye el costo de mercancías dañadas ni el costo de oportunidad”, recordó Fajardo.
Aquino alertó que donde se concentra la mayor pérdida es en el comercio internacional, “porque todos los envíos desde Panamá a Centroamérica están paralizados. Eso va a provocar, tarde o temprano, una crisis de abastecimiento”.
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