En esta audiencia también se dictó sentencia contra 25 señalados del caso de corrupción en el Registro, en el que están implicados familiares del presidente de la República.

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De León es absuelta de peculado de forma continuada, según decisión de los juzgadores. Aunque fue hallada culpable de peculado culposo por lo que le fue impuesta una multa de Q5 mil.

“No es delito, es una falta, porque es conforme al código anterior y son Q5 mil de multa. Yo lo dije siempre que eran actos administrativos y que no tenían que llegar a lo penal”, manifestó Anabella de León.

El caso

Según el Ministerio Público, la canasta navideña que recibieron los empleados tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50. No obstante, el Registro de la Propiedad, que en ese entonces dirigía Anabella de León, pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

En este caso, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas a la madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario.

#BotínRegistroPropiedad | Comienza audiencia en que se dictará la sentencia a 25 acusados del caso y en que están implicados los familiares del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/k4vOzCd621

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 19, 2019

Este 24 de julio terminó la fase de conclusiones en el Tribunal Décimo Tercero Penal y los jueces entran en la etapa para deliberar. La judicatura citó a las partes procesales el lunes 19 de agosto del 2019 para dar a conocer su fallo.

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Varios procesados decidieron hablar ante el tribunal, entre ellos Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien entre lágrimas pidió su “absolución total” porque, aseguró, que no ha cometido ningún delito.

“Siempre voy a seguir viéndolos a los ojos, cosa que ustedes (investigadores del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) cobardemente no pueden hacer cuando piden cárcel para un hombre inocente… Eso es cobardía”, afirmó el hermano del gobernante mientras alzó su brazo derecho y señaló a la barra acusadora con el índice.

Morales manifestó a los jueces “que sabrán encontrar la verdad, desentrañarla y desenmarañarla… entre tanta prueba que nada ha probado”.

Morales señaló al Ministerio Público de filtrar a la prensa las investigaciones del caso para que él y los demás señalados “perdieran sus derechos y la presunción de inocencia”.

“Señores jueces, tristemente se ha hecho mucho daño a mi familia. El objetivo era destruir mi nombre y el de mi familia. Entonces me puse como objetivo defender mi nombre. Acá fuimos todos condenados a pena de muerte civil sin morir. Debido a esto me dediqué a la informalidad un tiempo porque los bancos nos cerraron cuentas. Al principio de este proceso dije que la verdad nos hará libres y estoy seguro que ustedes sabrán encontrar la verdad dentro de tanta prueba”, añadió Sammy Morales.

#botín "Estoy seguro que ustedes encontrarán la verdad dentro de tanta prueba que nada a probado expresó Samuel Morales ante el tribunal. pic.twitter.com/xxGtFAw1lp

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

Ya es papá

José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Morales, también habló ante el tribunal y reveló que a sus 25 años ya es padre de una niña de 10 meses.

“Hoy con 25 años, después de dos años y medio, atravesando este proceso, el cual considero injusto, he aprendido muchas cosas, he entendido otras cosas y considero que he crecido como persona”, dijo Morales.

“Mi futuro está en sus manos… desde lo más profundo de mi corazón lo único que les pido es que se haga justicia, una justicia verdadera que me absuelva. Le pido a Dios los bendiga a ustedes, a la parte acusadora, a Guatemala y a mi y a mi familia”, dijo José Manuel.

“He pasado dos años y medio con restricciones las cuales respeto, pero he perdido muchas experiencias y aprendizaje. Hubo cosas que dejé de hacer por un proceso injusto”, añadió el hijo mayor del mandatario Morales.

"Mi futuro está es sus manos" le dijo al tribunal José Manuel Morales Marroquín, (hijo del Presidente Morales) a sus 25 años Dios le dio la bendición de ser padre de una bebé, y les pidió justicia. pic.twitter.com/ONI2ONbCkb

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

La acusada Abdi Sucely Estrada García es la primera que habla al Tribunal. pic.twitter.com/8EfmEWAj1K

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) 24 de julio de 2019

Petición de exregistradora

La exdiputada del cancelado Partido Patriota, Anabella de León, centró su última petición a que jamás cometió una ilegalidad. “Mi detención fue ilegal el 1 de septiembre de 2016. He sido afectada, también mi familia y en especial mi madre. No cometí ningún hecho ilícito. Me rijo por valores y principios”, se refirió.

“Este caso es administrativo, no cometí peculado y menos peculado por sustracción, no consentí, no es cierto, en ningún momento consentí algo anómalo. Gozo de credibilidad porque fui diputada durante 16 años”, agregó la exlegisladora.

El acusado Mario Estuardo Orellana López recuerda que estuvo en prisión 37 días en el 2017. “Hemos sobrevivido después de eso, la tragedia de las canastas -un evento por el que enfrenta debate-“, expresó. “Soy un hombre de pocas palabras, sin vicios. En una empresa que trabajé vendí millones. Soy inocente”, dijo.

Abdy Sucely Estrada, esposa de Orellana, fue la primera en explicar su petición. “Nunca creí que por hacer un trabajo me iba a afectar a mí y a mi familia, en especial a mi hija -Abdy Andrea Orelana Estrada, quien fue la novia de José Manuel Morales Marroquín-, acusándonos de robo. No robé ni un centavo. Por esto tuvimos que vender la casa y carros”, mencionó.

#BotínRegistroPropiedad | Urgente. El Tribunal Décimo Tercero Penal finaliza las conclusiones y se retira a deliberar. Cita a las partes para la lectura del fallo el 19.8.2019 a las 10 horas. pic.twitter.com/CT8Nt506WZ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Más pedidos

Durante la audiencia hubo una pausa de 30 minutos en donde se adelantó que los jueces se iban a tomar el tiempo prudencial para revisar la gran cantidad de pruebas durante la deliberación.

Alma Verónica Barrios Moreno pidió que la absuelvan porque “llenó” mal un formulario. “Es muy desgastante todo lo que nos han hecho pasar, mi delito fue llenar un formulario sin las especificaciones técnicas”, dijo.

Bianca Yeaneth Chacón Barillas fue la única que pidió ser condenada. “No les pido que me absuelvan porque sí cometí un delito. Lo que les pido es que tomen en cuenta que firmé una colaboración especial. No soy una mentirosa. Fui humillada, discriminada. Acá se burlan de mí hasta el cansancio por ser colaboradora”, dijo.

Edwin Ariel García Alvarado señaló al prófugo Gustavo Azurdia quien fue el culpable del caso. “Pido que me absuelvan. Lástima que el señor Gustavo Azurdia no está en el debate para que aclare esto. Espero que su búsqueda tenga resultado”, puntualizó.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que deben tomar en cuenta que no es empleada del Registro General de la Propiedad y pidió su absolución.

Gabriela María Caridi Canet agradició a Dios por llegar al final del debate. “Esto ha tenido lamentables consecuencias en mi vida y en mi familia. Agradezco la honorabilidad y la transparencia. Me devuelven la confianza en la justicia guatemalteca”, se refirió.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que trabajó 37 años en la iniciativa privada en exportaciones e importaciones. Incluso en una universidad privada y un colegio. “Si hubiera sabido el problema de trabajar en una dependencia pública, jamás hubiera aceptado”, dijo. “Jamás cometí algún delito. Nunca he sido política y esto es político”, finalizó.

Randy Paul Gómez Pérez agradeció al Tribunal el permiso de arresto domiciliario y solicitó que fuera ampliado a todo el país y los jueces le dijeron que no era el momento procesal oportuno.

Samantha Marisol Mejía Salguero recordó que estuvo 16 meses en prisión preventiva. “En ningún momento he dejado de creer en la justicia”, dijo.

William Enrique Valdez Segura mencionó que ya estaba acostumbrado a comparecer al debate. “Se les va a extrañar a todos. Recuerdo que cuando nos mandaron a debate nos dijeron que ustedes eran un tribunal objetivo”, dijo.

Heidy Roxana Pirir Ramos lloró en el estrado. “Es difícil… contener las lágrimas. En tres años perdí a mi padre. Considero que la verdad va a salir a luz”, mencionó.

Donald Joseph Byrne Mulet recordó la novela Don Quijote de la Mancha​, de Miguel de Cervantes. “La parte de los gigantes que eran los molinos de viento, pues esa situación es por la que paso ahora. La labor que desempeñé es una labor que considero se hizo y la volvería a hacer”, dijo.

Ernesto Suray Vásquez dijo: “Que Dios los ilumine de lo que tienen que resolver. ¿Es mejor un culpable que esté en la calle o un inocente que esté en la cárcel?”.

Jennifer Alejandra Flores Villeda agradeció la libertad condicional que goza para poder cuidar a su hija que nació cuando estaba detenida.

Oscar Raul Alecio del Cid se refirió a que hizo su trabajo y que evalúen bien la prueba.

Otto Waldemar Flores Villeda recordó que es el único detenido. “Llevo tres años en prisión. Uno no le desea esto a nadie”, dijo.

Patricia Nohemí Chacón Cabrera dijo ser inocente. “Gracias a mi familia por su apoyo. Soy de bajos recursos, ustedes jueces tienen todo en sus manos”.

El acusado Sammy Morales, hermano del gobernante Jimmy Morales, dice que su nombre ha sido público.
"El objetivo era destruir mi nombre y por eso me puse de objetivo defender mi nombre", dice. pic.twitter.com/GMWeBdDIIl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Se abstienen

Selvin Alexander Aquino Flores, José Manuel Amaya Morales, Heidy Roxana Pirir Ramos y Oscar Alberto Aquino Flores se abstuvieron de su última petición.

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El presidente inauguró este viernes el libramiento de Chimaltenango, aunque él lo calificó como una supervisión de trabajos debido a que todavía falta por finalizar el 5% de la obra.

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Durante su discurso, el mandatario reiteró que se cometieron injusticias en contra de él y de su familia y arremetió en contra de la prensa, debido a notas periodísticas y críticas que se han hecho sobre su gestión.

Aseguró que su familia ha estado dispuesta “a pagar el precio” de su trabajo como jefe de Gobierno.

“Como familia hemos tenido que sufrir de todo, desde persecuciones y hasta cárcel, y estoy seguro que la historia nos juzgará y nos dará la razón, y mucha gente dirá: ¡Qué injusticia la que cometieron!”, afirmó.

La razón de esta persecución, según el mandatario, es que “quizá me querían tener con las rodillas dobladas y yo no nací para ser servil, yo nací para servir a Dios y a mi pueblo”, indicó.

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Morales agregó que “servir conlleva muchas dificultades, hay tanta necesidad y tanto por hacer, y hay tanta gente que quiere llegar aquí, quizá para servir mejor, pero está establecido que debe hacerse a través de un proceso democrático”.

Samuel Morales, hermano del presidente y José Manuel Morales, hijo del mandatario están enjuiciados en el caso Botín Registro de la Propiedad, investigación del Ministerio Publico y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Su esposa Patricia Marroquín también está bajo investigación por haber recibido cheques para la campaña de 2015.

El mandatario también aprovechó su tiempo en el micrófono para reclamar por algunas publicaciones y aseguró que “ahora, los más grandes detractores dicen que la Policía Nacional Civil está siendo más respetada y lo publican en sus encuestas”.

Sin embargo, criticó una publicación sobre el vehículo que utilizó el 11 de abril durante un recorrido en la CA2 Occidente, donde revisó el estado de varios tramos carreteros.

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“Desde Tecún Umán (San Marcos), hasta el kilómetro 144 las carreteras están en óptimo nivel y tenemos otros siete kilómetros sin poder liberar, pero la noticia era que el carro donde yo estaba tenía una multa del año pasado”, cuestionó Morales, haciendo referencia al vehículo de su hijo Samuel Alfredo Morales Marroquín tenía tres multas sin pagar. Las sanciones fueron solventadas luego de publicación.

“¡Que notición señores, felicitaciones!”, dijo el mandatario.

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Leyes de Ubico

Por el trabajo en la reparación de carreteras, el presiente agradeció al equipo de trabajo de los Ministerios de Comunicaciones y Finanzas.

“Yo soy testigo del miedo que pudieron haber sentido por persecuciones penales por temas administrativos. Lo que hacían era ir a tocar la puerta de la gente y se la llevaban presa y después averiguaban si era culpable o no, y muchos han tenido que sufrir persecuciones de esa naturaleza porque nos querían tener de rodillas”, aseguró.

El mandatario también agradeció al Congreso por aprobar la Ley para Expropiación de Terrenos en el Libramiento de Chimaltenango y los instó a aprobar otras 10, porque esa es la cantidad de libramientos que necesita el país.

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“Hacer una carretera hoy no es como en el tiempo de Ubico, ¡ya quisiera tener las leyes de Ubico para hacer obras!, pero no las vamos a tener porque somos un país democrático, donde tenemos una libertad hermosa, pero la libertad se cuida”, indicó.

Morales arremetió de nuevo en contra de la prensa indicando que “de la libertad no se abusa”. Y reclamó: “Algunos se escudan por la libre emisión del pensamiento para decir mentiras y levantar calumnias y lo peor es que lo hacen bajo el gran nombre del periodismo y la defensa de los derechos humanos”.

“¡Cobardes son!”, sentenció el mandatario, quien dijo que sí admira a los “verdaderos periodistas”. Al respecto, comentó: “Admiro a los que tienen la valentía de decir la verdad, de parecer equivocados aun cuando miles digan lo contrario, pero aquellos que hacen pasquines políticos, diciendo todo tipo de mentiras, no importándoles incluso romper y destruir hogares, como ellos no tienen familia, como ellos no valoran la familia, no saben lo que es educar a un hijo con el ejemplo”, señaló.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que aparentemente la firma del presidente Jimmy Morales aparece en el cheque por el cual se encuentra vinculado el hermano del mandatario, pero Samuel era el representante legal de la empresa Plus Espectáculos.

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“Lo que quedaría por establecer o tratar de demostrar es si el señor Jimmy Morales tenía conocimiento del hecho. Si fuera este el caso, estaría en la mismas condiciones de su hermano”, dijo Sandoval.

El fiscal agregó que si posiblemente se ve involucrado el presidente, por algún elemento que se encuentre durante la investigación, se debería hacer el planteamiento de solicitar de nuevo el retiro de la inmunidad, algo que el MP ha pedido en dos ocasiones durante la gestión presidencial de Morales, pero en las cuales el Legislativo lo ha protegido.

Según una publicación hoy de elPeriódico, el cheque fue cobrado por Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel en aquel año, por Q158 mil 646.28.

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El cheque era de la empresa Plus Espectáculos y Promociones S.A., propiedad de Jimmy Morales y su hermano Samuel Morales, que para 2013 no tenían cargos públicos.

Samuel Morales se encuentra acusado por los delitos de fraude y lavado de dinero. José Manuel, hijo del presidente, también está en debate y acusado por fraude.

Involucrados

Según la investigación, Samuel y José Manuel Morales están implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad (RGP) en 2013 por un valor de más de Q200 mil, mismas que no se realizaron.

En la primera de las adjudicaciones, fue un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil, donde José Manuel presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas, a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensaladas, ganadora del evento público. En esta operación también intervino Samuel Morales para gestionar la factura a través de Othmar Sánchez, amigo de Jimmy Morales, quien tiene firma registrada en el restaurante, financista de Jimmy Morales y quien es diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén) elegido en 2015 por el Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación).

El pago por los desayunos inexistentes fue entregado a Orellana López, aunque ese servicio nunca se hizo, pero el dinero sí sirvió para pagar parte de las canastas navideñas que este comerciante y su familia hicieron y la administración de Anabella de León, entonces jefa del Registro, le entregaron a sus empleados, de acuerdo con la investigación. Ella está implicada en el juicio por este caso.

Samuel Morales reconoció haberle hecho “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por Q90 mil del restaurante Fulanos y Menganos para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.

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En el segundo evento, se solicitaron alimentos para 40 personas por Q89 mil 975 durante tres días por la presentación del plan operativo anual del Registro General de la Propiedad, actividad que tampoco se celebró. Las empresas Plus Espectáculos y Promociones, y Hotel Barceló presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también Samuel, aunque su giro comercial no era ese.

Esto también lo cobró Orellana López a pesar de que nunca se realizó el servicio, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones para entregar 564 canastas navideñas para los empleados, por Q89 mil 958. La factura entonces sirvió para aparentar legalidad y que el padre de la exnovia de José Manuel pudiera cobrar.

El caso ya se desarrolla en debate desde el 30 de agosto del 2017.

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Pese a que el hermano del presidente enfrenta un debate por fraude en forma continuada en el caso Botín Registro de la Propiedad, en tan solo 12 días logró eliminar sus antecedentes policiales, lo que le permiten inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato a diputado en la segunda casilla para el Distrito Metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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El vocero de la PNC, Pablo Castillo, expuso que Morales solicitó la eliminación de sus antecedentes, y luego de un análisis jurídico, se determinó que sí cumplía con lo establecido y era procedente conforme al Procedimiento Administrativo de Cancelación de Antecedentes Policiales 19-2014.

La asesora legal del hermano del presidente es Liseth Gramajo y fue quien argumentó que consignarle los antecedentes a Morales violaba la “presunción de inocencia” y, además, su alegato lo fundamentó en los artículos 12, 14 y 22 Constitucionales y el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial.

La decisión de la PNC, que validó los argumentos de la abogada de Morales, no son del criterio del abogado Alejandro Rodríguez, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Para él es “errónea” la interpretación legal, por lo que validar los argumentos de Morales solo deja ver que en la Policía se desconoce el proceso legal en el que está relacionado el hermano del mandatario por el caso Botín Registro de la Propiedad.

“En este caso -la eliminación de antecedentes a Morales- es erróneo que se le hayan quitado a él los antecedentes policíacos porque si bien es cierto que no ha tenido una sentencia, tampoco se le ha absuelto en el caso, entonces, esos antecedentes policíacos deberían de estar vigentes hasta que haya una sentencia absolutoria”, argumentó Rodríguez.

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El analista del ICCPG evidenció que los “antecedentes policíacos sí, muchas veces violan la presunción de inocencia, porque en algunas ocasiones las personas han sido exoneradas -condenadas absolutorias- y continúan vigentes los antecedentes”.

El hecho de que Morales apresuró limpiar sus antecedentes cobró fuerza luego de ser nominado como candidato a diputado por FCN-Nación, pero según el artículo 53 del inciso 7 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), uno de los requisitos previos para poder inscribirse como candidato a un puesto de elección popular es que se necesita “la constancia de carencia de antecedentes policíacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

Hay otro artículo que podría poner en duda la inscripción de Morales como candidato a diputado y es el artículo 113 constitucional, el Derecho a optar a empleos o cargos públicos: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Los argumentos

La asesora legal de Morales expuso tres artículos constitucionales para solicitar la eliminación de los antecedentes policíacos.

• Artículo 12. Derecho de defensa: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.
• Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso:  “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata”.
• Artículo 22. Antecedentes penales y policiales: “Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma”:

Un artículo de la Ley del Organismo Judicial figuró entre los argumentos para desvaneces los antecedentes policíacos.

• Artículo 16. Debido Proceso:  “Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos”.

Eliminación de antecedentes

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, explicó que el 17 de enero pasado Morales presentó en la Secretaría General de la Policía la solicitud de eliminación de los antecedentes policiales. Ese mismo día la petición se trasladó al jefe de Secretaría de Asistencia Jurídica y se empezó “análisis del expediente”.

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El 18 de enero pasado la Secretaría de Asistencia Jurídica recibió la solicitud. Un día después la secretaría emitió su opinión “procedente la cancelación de la anotación consignada en los antecedentes policiales”. El 19 de enero pasado se trasladó el expediente con la opinión emitida al Gabinete Criminalístico de la Subdirección de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC. Seis días después La SGIC, Gabinete Criminalístico del departamento Dactiloscopia eliminó los antecedentes. El vocero de la Policía expuso que “no se borraron registros dactilares y otros datos en archivos físicos porque se mantienen en la base de datos policial”.

El expediente en el que se eliminaron los antecedentes policiales de Morales fue enviado al jefe de la Secretaría General de la Dirección General de la PNC el 26 de enero pasado.

La Secretaría General de la PNC entregó el 28 de enero pasado el expediente de cancelación de los antecedentes policiales a la asesora Gramajo.

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Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno decretaron el abandono de Trejo en el debate contra 25 implicados, entre ellos Sammy Morales y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

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Al comienzo de la audiencia, el Tribunal Décimo Tercero Penal verificó que los sindicados y sus abogados habían comparecido. En ese momento notó que la abogada Amanda Trejo, de la Cicig, estaba ausente.

Entonces, los jueces decidieron “de oficio” decretar el abandono del proceso penal de la abogada Trejo por haber estado ausente sin alguna excusa. El debate ya suma 84 audiencias y la declaración de 50 peritos desde el 30 de agosto de 2017.

El fiscal Carlos de León interpuso un recurso de reposición debido a que la decisión del Tribunal le causaba agravio por la presentación de las pruebas.

El Tribunal le otorgó la palabra a cada defensor, quienes centraron sus argumentaciones en que la decisión de los jueces había estado en ley.

Uno de ellos fue Óscar Poroj, defensor de los Morales. “Se usa como argumento de que existe un amparo provisional, pero les puedo decir que ya no existe la Cicig”.

Fernando Guerra, defensor de Samantha Mejía, otra implicada en el caso, argumentó que “la dinámica del proceso penal no es político, por eso se debe confirmar la decisión de decretar el abandono”.

Luego, el Tribunal decretó sin lugar el recurso del fiscal De León.

En la audiencia anterior, el 9 de enero pasado, la jueza Maxia presentó una excusa por la enfermedad de su mamá y el debate se suspendió. Ese día la abogada Trejo ya había presentado una excusa para ausentarse al debate.

Excusa de la Cicig llega tarde al Tribunal

A las 9.25 horas ingresó un notificador en la sala de audiencias y la jueza Maxia informó que había recibido la excusa de la abogada Trejo.

El notificador dejó la excusa desde el 16 de enero pasado en la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial a las 17:45 horas debido a que la sede del Tribunal estaba cerrada.

La representante de la Cicig centró su excusa en la decisión del presidente Morales de anular el acuerdo de la Cicig el pasado 7 de enero. También que “no se tenga por abandonada mi representación en el debate”.

Pese a la excusa, que llegó 25 minutos tarde, el Tribunal explicó que “por extemporánea” se rechazaba la excusa que había llegado a la unidad de Gestión Penal un día antes y un notificador la llevó a la sala de audiencias hasta que se reanudó el debate.

“Esto afecta porque se discuten las pruebas. La Comisión tiene sus motivos para estar en el debate. Es importante porque están haciendo valer los derechos de la entidad”, dijo el fiscal De León.

Sammy Morales dijo: “No puedo opinar ante las resoluciones del Tribunal. Solo les recuerdo que desde el primer día me he presentado en este proceso. Soy respetuoso de la justicia”.

Al respecto Matías Ponce, portavoz de la Cicig, informó que la excusa se había presentado en tiempo. “El día de ayer se presentó una excusa en el Caso Registro de la Propiedad por parte de la Cicig. Tal como señalamos, en el marco del plan de contingencia, la Cicig ha adoptado medidas para continuar apoyando el trabajo del Ministerio Público, como en efecto se viene haciendo”.

Camino

El ente investigador tiene la opción de apelar la decisión del Tribunal para que sea remitida a la Sala Tercera de Apelaciones Penal, en donde se decidirá si la Cicig queda separada en definitiva o puede volver a comparecer en el juicio.

Otros casos

El Tribunal de Mayor Riesgo B donde se se discute el señalamiento por despojo de tierras en el caso Génesis decidió continuar el debate sin la Cicig, aunque aclaró que puede incorporarse en cualquier momento.

El juez Eduardo Cojulún también resolvió que la Cicig tiene la opción de comparecer en el proceso que se sigue contra 21 sindicados en el desvío de Q6.5 millones del Transurbano a las campañas presidenciales de Manuel Baldizón.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno decreta el abandono como querellante de Amanda Trejo, representante de la @CICIGgt, por petición de los defensores. pic.twitter.com/s1Eyknhdkg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 17, 2019

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Samuel Everardo Morales Cabrera, “Sammy”, y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales Cabrera, están entre los 25 procesados.

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Desde que comenzó el debate han declarado 30 testigos y seis peritos. “La tesis que sustenta esta investigación se ha comprobado paso a paso”, mencionó a Prensa Libre el fiscal Carlos de León.

“Existe mucha expectativa. El transcurso del debate ha ido lento por la cantidad de sindicados”, añadió el fiscal.

El año pasado, el tribunal realizó audiencias todos los días durante cuatro meses. Después le asignaron más casos y el proceso se fue distanciando.

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Desde que comenzó el juicio ya suman 70 audiencias y la previsión de De León es que este caso se extienda en alegatos durante uno o dos años más.

Morales se pronuncia

“Hoy se celebra un año de estar en debate. Se celebran también 70 audiencias de debate más todas previas que se hicieron en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, la primera declaración, la orden de aprehensión y el allanamiento de mi casa”, mencionó.

“¿Por qué tenemos tanto recurso del Estado destinado a un caso que pudo haberse resuelto de manera administrativa?”, se cuestionó Morales Cabrera durante un receso.

Añadió: “Lo que más me preocupa es que estamos privando a miles de guatemaltecos de recibir justicia porque hay una mora judicial de un millón 200 mil casos”.

Exdiputada en silencio

Anabella de León, quien fue diputada del extinto Partido Patriota (PP) y dirigió el Registro, prefirió el silencio al ser consultada. “Mire soy una de las procesadas, no puedo opinar”, dijo.

Solo uno preso

La audiencia de hoy se centró en el pedido de libertad de los únicos dos sindicados que están tras las rejas:  Edwin Ariel Garcia Alvarado y Otto Flores Villeda.

García era el subjefe del departamento de Compras en el Registro General de la Propiedad y Flores era conserje en el Congreso y devenga un salario también como conserje en la entidad que lleva control de todas los inmuebles del país.

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La resolución de los jueces favoreció a García Alvarado y le otorgaron arresto domiciliario sin alguna caución. El único que permanece en prisión en este caso es Flores Villeda, a quien le denegaron la petición de libertad condicional.

El caso

La acusación se centra en que durante la administración de la extitular del Registro General de la Propiedad, del Anabella De León, se autorizaron 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También se hallaron indicios de pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades, así como compra de canastas navideñas, los cuales no fueron realizados por esa entidad, lo cual significó un desembolso aproximado de Q300 mil.

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El 13 de junio recién pasado  fue electa la directiva del equipo para el torneo 2018-2019 y en esta conformación  resalta la participación, como secretario, del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, quien llegó a esa cartera después de haber sido director General de Aeronáutica Civil.

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El funcionario fue señalado de haber tomado el cargo de ministro sin contar con finiquito.

La directiva del conjunto petapense es presidida por Luis Alberto Reyes, alcalde de San Miguel Petapa y  uno de los jefes ediles que mostraron apoyo al presidente de la República durante una reunión de la Asociación Nacional de Municipalidades, en septiembre  pasado.

En el 2017, Reyes recibió reparos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y fue denunciado por duplicidad de documentos en registros contables y presupuestarios, incumplimiento de disposiciones legales en la adquisición de luminarias y una construcción en un terreno no registrado a nombre de la comuna.

Ese año, esa comuna también recibió una sanción de la CGC porque se consideró “improcedente” el pago de Q7.9 millones para servicios del Club Deportivo Petapa,  efectuados en el 2016.

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El vicepresidente del equipo es Mynor Morales, excandidato a la alcaldía  de San Miguel Petapa por el Partido Patriota y quien no fue inscrito para las elecciones del 2015 por reparos de la CGC.

El Tribunal Supremo Electoral le adjudicó la alcaldía a Reyes en enero del 2016, pero Morales insistió en que tomaría posesión del cargo. Vecinos del municipio afirman que este es  quien toma las decisiones ediles.

En la página de Facebook del equipo de futbol, el 13 de junio último se publicó la convocatoria a la asamblea donde se elegiría la nueva junta directiva.

 “Se solicita presentar las planillas a aspirantes con el mínimo de cinco integrantes… no se recibirá ninguna planilla ya iniciada la asamblea”, se indicó. La reunión se celebró en el salón municipal, ese mismo día, a las 17 horas.

Junto a la nueva junta directiva, el exjugador Gonzalo Romero fue nombrado  “embajador” del Club Deportivo Petapa. Este ya había fungido como gerente del equipo.

Gonzalo Romero, exjugador de Municipal y de la Selección Nacional, fue director  General de Educación Física durante el 2017, y antes de aceptar este cargo fue nombrado  comisionado de Deportes de la Presidencia, durante la administración de Jimmy Morales.

#LNFG José Manuel Morales, hijo de presidente Jimmy Morales, ya fue inscrito con Petapa en Liga Nacional y mañana podría debutar ante Malacateco. pic.twitter.com/V2aPpQZSJi

— La Red (@Lared1061) August 3, 2018

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Jugadores

El equipo de Petapa también tiene como característica  la participación de jugadores jóvenes  que tienen en común ser hijos o familiares de políticos.

El 27 de julio de este año se anunció que José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales, era parte de la plantilla. Antes  fue parte del Aurora FC (equipo del Ejército) en la primera división, y también jugó para el Deportivo Mixco.

En el 2014, el equipo también abrió sus puertas a Jorge Baldizón, hijo del excandidato a la presidencia Manuel Baldizón. Este político espera su deportación desde EE. UU., sindicado en el caso Odebrecht.

En ese club deportivo también jugó Rafael González, hijo del exalcalde de Petapa del mismo nombre, aunque es más conocido como Doctor Rafita.

El portero del conjunto futbolístico, Javier Romero, quien  es sobrino de Chalo Romero.

Equipo de oportunidad

Al  consultarle sobre su  participación en la junta directiva del club, el ministro de Desarrollo Social afirmó a Prensa Libre que su designación no tiene que ver con financiamiento.

“No estoy financiando al equipo de ninguna forma. Acepté por invitación de Claudio Albizuris y Gonzalo Romero —representantes del club—, para apoyar a la juventud guatemalteca. El equipo es el único que cuenta con solo jugadores guatemaltecos”, aseguró.

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A Velásquez Monge también se le consultó sobre la posibilidad de algún nexo entre la contratación de Morales y su participación en el club.

“El señor José Manuel tiene las habilidades deportivas para ser parte del equipo. El profesor lo convocará en el momento que defina”, fue su respuesta, aunque no especificó en qué consistían o como se efectuó el proceso de selección.

Niega nexo político

Por su parte, Niger Torres, gerente del equipo, descartó que el conjunto esté ligado a la política y aseguró que la participación de Romero no tiene que ver con el puesto que desempeñó para el Ejecutivo.

“Se dio la oportunidad porque teníamos problemas financieros en el club, que ellos en su etapa como empresarios y directivos se dieron a la tarea de buscar un club porque les interesa hacer un cambio en el futbol nacional”, explicó Torres.

El gerente agregó que por el cargo desempeñado por Romero  conoció a Velásquez Monge, por lo que se le invitó a participar, porque “él también está con la misma situación de querer contribuir con el desarrollo de los jóvenes y del futbol, el deporte y el desarrollo”.

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Respecto de la contratación de  hijos de políticos para el cuadro petapense, el gerente del equipo aseguró que se les abren las puertas a todos, ya que “por ser hijos de políticos y de personas conocidas se les discrimina”.

“Las mística del Club Deportivo Petapa siempre ha sido darle oportunidad a los jóvenes. Somos uno de los equipos que más oportunidades les hemos dado a los muchachos”, afirmó.

En cuanto a la integración  de la junta directiva del equipo, Torres explicó que la convocatoria se publicó 15 días antes de celebrarse la asamblea y que se recibieron cuatro planillas,   tres de las cuales no calificaron porque no estaban completas.

Deportivo Petapa empató 2-2 el sábado último con el recien ascendido equipo de Siquinalá.

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La abogada de Morales, Liseth Gramajo, solicitó al tribunal presidido por la jueza Beatriz Maxia que se le permitiera a su patrocinado viajar a Sacatepéquez para poder participar en un partido con Aurora.

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La abogada le presentó al tribunal la carta del club para hacer constar que era un requerimiento del trabajo que realiza como volante el sindicado.

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Ni el Ministerio Público (MP) ni la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se opusieron a la
petición de la defensora, por lo que el tribunal resolvió positivamente la solicitud.

Permisos constantes

Cuestionado sobre los retirados permisos especiales que solicita, el fiscal del caso, Carlos de León, aseguró que la fiscalía solamente se ha opuesto cuando José Manuel Morales no hace una solicitud específica de durante cuánto tiempo saldrá del departamento o bien cuando va a regresar.

Morales goza de arresto domiciliario, no obstante, solamente necesita autorización judicial para salir del departamento de Guatemala.

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Este sería el séptimo permiso que le otorga el tribunal al joven. En la mayoría de ocasiones se ha justificado la necesidad de hacer por motivos de trabajo, no obstante, también se le han concedido permisos para salir de vacaciones y hacer viajes de placer.

Estos son los siete permisos que ha concedido el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal a Morales:

1. Viajó a San Pedro Carchá para asistir al partido entre Aurora FC y el Deportivo Carchá que se disputó  el 12 de noviembre de 2017.
2. Salió del departamento del 25 al 31 de marzo de 2018 para compartir las vacaciones de Semana Santa con su familia.
3. Asistió a en dos ocasiones a los compromisos deportivos de Aurora FC como parte del Torneo Clausura 2018.
4. Se presentó a los shows y talleres que el programa Moralejas realiza en el interior del país.
5. Viajó a Israel como parte de la comitiva de invitados especiales del 14 y 18 de mayo de 2018.
6. Viajó a Escuintla a entrenar con el equipo de fútbol La Aurora del 25 de junio y 6 de julio de 2018.
7. Viajó a Sacatepéquez para participar en un encuentro amistoso de Aurora FC del 21 al 22 de julio de 2018.

José Manuel Morales enfrenta juicio por el delito de fraude. Según la investigación simuló ofertas en un evento del Registro de la Propiedad para darle apariencia de legalidad a un evento que tenía como fin de favorecer a la madre de su entonces novia, Abdy Estrada.

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El Tribunal Décimo Tercero otorgó un nuevo permiso al hijo del presidente Jimmy Morales, José Manuel Morales, para que pueda entrenar por dos semanas en el Puerto San José con Aurora FC, luego de ser contratado para el torneo apertura de la primera división del fútbol nacional.

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El Ministerio Público (MP) se opuso ante la decisión del Tribunal, por considerar que no hay una necesidad fehaciente para estar presente en los entrenamientos, sin embargo, la judicatura no opinó lo mismo.

José Manuel, junto a su tío, Samuel Morales, están vinculados en el caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, donde también está acusada la exregistradora general de la Propiedad, Anabella de León.

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La última vez que José Manuel y Samuel Morales obtuvieron permiso para abandonar el departamento de Guatemala, fue cuando se inauguró la embajada de Guatemala en Jerusalén el pasado 15 de mayo. Ambos viajaron por invitación de la Cancillería.

Investigación

José Manuel y Samuel Morales son sindicados de haber participado en tres adjudicaciones públicas en el Registro de la Propiedad en 2013 por un más de Q200 mil.

Su aparición en el caso se dio luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) recibiera una denuncia hecha por la Contraloría General de Cuentas (CGC), sobre 564 desayunos que nunca se sirvieron. El monto de este servicio fue de Q90 mil. La empresa que lo facturó fue Fulanos & Menganos.

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El hermano del presidente, Sammy Morales, reconoció en septiembre del 2017 que él hizo “un favor” a su sobrino al darle la factura de los desayunos. Por lo que la investigación determinó que ambos parientes del mandatario estaban involucrados en actos de corrupción en el Registro de la Propiedad durante la administración de Anabella De León, colocada en ese puesto por el entonces presidente Otto Pérez Molina.

De León está acusada en este proceso, sin embargo, goza de libertad luego de pagar una fienza de Q300 mil.

La exregistradora es señalada de autorizar al menos 16 plazas fantasma, debido a que las personas contratadas laboraban para otras dependencias del Estado, entre ellas el Congreso de la República.

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A esto se suma la acción del pasado martes, cuando el presidente Jimmy Morales publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se observa a Rincón durante una audiencia del caso Botín Registro de la Propiedad y en el que refiere  que el mandato de la Cicig está por arriba de la Constitución.

Entérese

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“¿Cicig intenta violar la supremacía constitucional de Guatemala? ¿Para eso los invitamos?”, agregó Morales como comentario en la red social.  

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“El mandato suscrito entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, ya hace como unos 10 años, donde se faculta a la Comisión Internacional contra la Impunidad para apoyar en materia de aspectos técnicos y científicos al Ministerio Público, e incluso el mandato se aplica por su naturaleza, casi que con carácter superior a la propia Constitución de la República de Guatemala”, dijo Rincón durante la audiencia del 10 de agosto último.

Derecho reconocido

La Constitución, en su artículo 46, reconoce los tratados internacionales como superiores al derecho local.

Por lo anterior, Rincón no se habría excedido en ningún comentario, solo recordaba la facultad de la Cicig de acuerdo con el mandato y el convenio al que Guatemala se comprometió cuando, junto a  Naciones Unidas, creó la Comisión.
A criterio del abogado constitucionalista Alejandro Balsells, el artículo 46 de la Constitución es claro.

En la resolución 18-0595 del expediente No. 199-95, la Corte de Constitucionalidad resolvió: “A ese respecto, cabe afirmar que se reconoce en el artículo 46 de la Constitución el principio general de que en materia de Derechos Humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Al respecto, esta Corte ha considerado que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional”.

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La resolución señala actividad procesal defectuosa, en contra de la resolución de 30 de octubre del 2017, dictada por el Tribunal Décimo Tercero, en consecuencia, revoca la resolución apelada, ordenando al juez contralor de la causa fundamentar la resolución impugnada, detalla el documento.

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En esa ocasión, el Tribunal accedió a la solicitud de Morales Cabrera, por lo que le fue ampliado el arresto domiciliario que tenía en el departamento de Guatemala, a todo el territorio nacional.

El Tribunal ha favorecido en otras ocasiones al hijo del presidente Jimmy Morales, Juan Manuel Morales a salir del departamento de Guatemala para poder jugar con el club Aurora en el interior del país.

José Manuel Morales y su tío Samuel Morales enfrentan juicio por el delito de fraude en forma continuada, mientras que la exregistradora Anabellla de León por el delito de peculado por sustracción.

Investigación

El 1 de septiembre de 2016 se presentó el caso, que daba cuenta de la comisión de varios delitos que comprometían seriamente las finanzas de esa institución. Una de las formas detectadas fue la sustracción de fondos por medio de la simulación de eventos, como fue el caso de un desayuno para 564 personas que nunca se realizó.

Entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, el Registro General de la Propiedad contrató tres eventos, dos por dotación de alimentos y uno por la compra de canastas navideñas, lo que significó un gasto total de Q269,933.

Los dos primeros no se realizaron, pero fueron pagados, el tercero fue pagado a una empresa que no prestó dicho servicio, lo cual indica que se erogaron Q179,975 sin sustento, pues no se prestaron los servicios de alimentos.

Para ejecutar las contrataciones, participó José Manuel Morales, quien consiguió las cotizaciones y las facturas de las entidades que cobraron al Registro General de la Propiedad, pero que no prestaron el servicio.

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La persona que proporcionó la factura para uno de los eventos de alimentación no realizado y para las canastas navideñas fue el señor Samuel Everardo Morales Cabrera, representante de PLUS Espectáculos y Promociones.

Se determinó que el Registro General de la Propiedad entregó los cheques de los tres eventos al señor Mario Estuardo Orellana López, quien los recibió en nombre de las empresas contratadas.

De León, junto con Samantha Mejía, fueron beneficiadas con medida sustitutiva después de que el Tribunal Décimo Tercero confirmara la decisión anunciada el pasado 19 de diciembre.

De León está a un paso de regresar a su casa luego de que los jueces Jaime González y Juan Aceituno, integrantes del tribunal, confirmaran su decisión de otorgarle la medida sustitutiva.

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La exregistradora está señalada por la creación de plazas fantasma y adquisición de bienes que la entidad que dirigía no recibió.

Apelaron fallo

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) habían interpuesto un recurso de reposición en contra de la decisión del tribunal, que el 19 de diciembre les otorgó el beneficio de arresto domiciliar.

Los recursos presentados por la Cicig y la Contraloría no pudieron resolverse el año pasado por su cercanía a la suspensión de labores por los asuetos de Navidad y Año Nuevo.

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Pendiente resolución de apelación

El 22 de diciembre el Ministerio Público (MP) presentó una apelación en la Sala Tercera de Apelaciones en contra de la resolución del Tribunal, para impedir que los sindicados fueran beneficiados con medidas sustitutivas.

La alegría podría no durarle mucho a De León, si la sala decide amparar al MP y revocar los beneficios dados por el tribunal. El MP espera que la sala les otorgue el amparo. 

La fiscalía junto a otros querellantes también argumentaron que una de las razones de la oposición a la medida es que De León y su abogado habían amenazado a dos de los testigos durante el desarrollo de una audiencia previa a la resolución.

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El MP reprodujo un audio de la audiencia del 7 de diciembre, en el que   De León amenaza al testigo Gustavo Adolfo Minera Saravia, contador general del Registro General de la Propiedad, cuando este terminaba su exposición ante el Tribunal.

La exregistradora se acercó a Minera Saravia y le dijo “cuide sus palabras, recuerde quien soy yo…, aténgase a las consecuencias”.

Esa acción de De León hizo que el MP solicitara que esa amenaza quedara en acta. Posteriormente, el testigo aseguró que se sintió intimidado por la exregistradora.

En otra audiencia de este caso, el abogado de De León también amenazó a otro testigo de apellido Baldivieso.

Por estas acciones, la Fiscalía se opone a que la sindicada recupere su libertad porque aún puede obstaculizar la investigación de la verdad.

Al conocer la resolución, De León se arrodilló y levantó los brazos en señal de agradecimiento a Dios por el beneficio que había recibido. La exfuncionaria ha argumentado en ocasiones anteriores que su mamá está enferma y por eso necesita estar en su casa para cuidarla.

El Tribunal Décimo Tercero le concedió la medida sustitutiva con una caución económica de Q300 mil, sin embargo, la exfuncionaria ya no podrá salir de prisión porque la Contraloría General de Cuentas, quien actúa como querellante en el proceso, presentó un recurso de reposición.

La audiencia fue reprogramada, por lo que la acción legal interpuesta por la Contraloría será conocida por la judicatura hasta el 9 de enero de 2018, y hasta entonces se conocerá si De León gozará del beneficio de arresto domiciliar o continúa en la cárcel.

También está pendiente que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se pronuncien y posiblemente también presenten acciones para frenar la medida sustitutiva decretada a favor de la exregistradora.

Asimismo, fueron beneficiados con arresto domiciliar Samantha Mejía y Edwin Ariel García, quienes tendrán que pagar Q300 mil y Q100 mil, respectivamente, para recuperar su libertad provisional, mientras se desarrolla el juicio.

El Tribunal Décimo Tercero está integrado por la presidenta Edna Beatriz Maxia López quien se opuso a la medida sutitutiva. Jaime Delmar González y Juan Antonio Aceituno estuvieron a favor de la caución económica.

La exregistradora Anabella de León es investigada por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que, según el Ministerio Público, Anabella de León y otras 17 personas habría participado en actos de corrupción al haber efectuado compras anómalas.

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a De León Ruiz y a  17 personas de peculado por sustracción y falsedad ideológica, pues al efectuar los contratos, como empleados, vulneraron los recursos del Registro.

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A nueve directivos, entre ellos De León Ruiz, se les señala de haber firmado y autorizado compras de eventos que no se realizaron.

Según el MP, se hicieron pagos improcedentes con facturas a Carnes y Ensaladas Fulanos y Menganos por Q910 mil, por desayuno para 564 personas y al Rincón del Chef por Q51 mil 878.60 para el montaje de evaluación del desempeño de los trabajadores del Registro.

Por un momento Morales Cabrera se quedó sin abogados durante la audiencia, pero luego asumió la defensa el profesional Óscar Poroj.

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Poroj también es defensor de Mario Orellana, exsuegro de José Manuel Morales.

Samuel Morales puede tener un abogado más durante el juicio, si así lo desea, y también puede acreditar otros por si hubiera más cambios en su defensa más adelante.

El debate oral y público se lleva a cabo en el Tribunal Décimo Tercero, el cual rechazó este martes cuatro medios de prueba documentales y un perito presentados por el Ministerio Público (MP).

Fernando Guerra, abogado defensor en el caso Botín Registro de la Propiedad, dijo a La Red que los documentos presentados por la Fiscalía sobre la compra de canastas navideñas no coinciden con lo que había ofrecido, por lo que no pueden ser incluidos como medios de prueba.

“Oficios con ciertos códigos no concuerdan, por lo que no existe certeza que sea el documento ofrecido y eso generaría un vicio dentro del procedimiento, por eso es la oposición de la defensa”, dijo.

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Pruebas

El Miniseterio Público (MP) ha adelantado que presentará 408 medios de prueba documentales, 12 peritos, 13 evidencias materiales y 98 testigos para demostrar la culpabilidad de más de 20 personas sindicadas de participar en el fraude en el Registro General de la Propiedad.

Samuel Morales enfrenta juicio por los delitos de fraude en forma continuada y lavado de dinero.

Durante el proceso que enfrenta por el caso Botín Registro de la Propiedad, el hijo del mandatario ha llamado la atención por diversos motivos. Hoy lo vuelve a hacer, llegó con un nuevo estilo de corte de cabello que sobresalía en la sala de audiencias.

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Jiménez hizo un llamado de atención a José Manuel Morales porque salió de la sala de audiencias sin pedir permiso. Cuando el juez se percató que el hijo del mandatario se había salido sin solicitar el permiso debido, habló inmediatamente con sus abogados y les pidió que lo hicieran volver.

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En la audiencia de primera declaración, el hijo del presidente también causó controversia al declarar ante la jueza Silvia de León que haber conseguido una factura para justificar el pago de unas canastas navideñas era algo cultural. 

“Realmente lo vi como algo que cualquier guatemalteco podría hacer. Si bien lo vemos, podríamos decir que el 60% de la población se dedica al comercio informal y cuando necesitan una factura, acuden al otro 40%. Si somos realistas en Guatemala todos hemos visto una situación similar y por eso mismo lo asumo, hoy asumí que eso era algo hasta cierto punto normal en la cultura guatemalteca”, fueron algunas de las declaraciones de Morales Marroquín.

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El 8 de julio de este año, Morales Marroquín debutó en el equipo de Aurora, en la primera división, donde jugaron un partido amistoso contra Comunicaciones. Lo peculiar del juego debut es que el hijo del mandatario no tocó el balón en 22 minutos de juego.

En el partido se le notó temeroso de acercarse a los jugadores de los equipos contrarios. Afortunadamente en ese partido su equipo resultó ganador con un marcador de 1-0.

La decisión se dio a conocer hoy durante una audiencia, donde se informó que el organismo designó el próximo 30 de agosto como fecha de inicio del juicio contra José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) los acusa de falsificación de facturas y cotizaciones para compras y eventos. Éstos se pagaron y debían realizarse en el Registro de la Propiedad, pero nunca se llevaron a cabo.

Los documentos falsificados habrían beneficiado a la familia de la entonces novia del hijo del presidente, defraudando así al fisco.

El delito se habría cometido en 2013, antes de que Morales fuera electo, pero fue hasta este año que la fiscalía dio a conocer los hechos y detuvo a los familiares del mandatario. Además de éstos, hay al menos otras 18 personas presuntamente involucradas.

El hijo del presidente, de 25 años, no ha negado los cargos y frente a la juez que lo envió previamente a prisión dijo: “fui muy inocente a la hora de actuar, no pensé muy bien mis actos”. El presidente Morales se ha mantenido distanciado del proceso y se ha negado a hablar al respecto.

También fue enviado a juicio Mario Orellana, conocido de Morales y padre de la exnovia de José Manuel Morales, hijo del gobernanten Jimmy Morales, por el delito de fraude. Ambos están sindicados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

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Juez regaña al hijo del presidente

Sammy Morales ya había sido enviado a juicio, pero por el delito de fraude en forma continuada. En esa ocasión, la juzgadora también envió a juicio a José Manuel Morales, por el mismo ilícito.

Antes de emitir su resolución, De León rechazó una recusación que presentó en su contra la defensa de Orellana, con la que pretendía separarla del proceso con el argumento de que emitió opinión.

Fallo de sala

El pasado 10 de julio la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó a la jueza Silvia de León enviar a juicio a Morales y Orellana por el delito de lavado de dinero.

La resolución de la sala se dio luego de un recurso de apelación que presentaron la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La sala también rechazó la petición de varios acusados para que el proceso fuera trasladado a un juzgado del ramo civil.

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Otros sindicados

Por este caso ya fueron enviadas a juicio 20 personas más, entre ellas la exregistradora general de la propiedad, Anabella de León, y Abdi Estrada, madre de la exnovia de José Manuel.

Los familiares del presidente Morales habrían participado en el fraude por más de Q200 mil en el Registro General de la Propiedad para beneficiar a Mario Orellana.

Al menos cinco horas estuvieron esperando los acusados del caso. Durante ese tiempo hubo solicitudes de algunos que pedían salir de prisión y cumplir arresto domiciliario, como la exregistradora Anabella De León.

La exfuncionaria pidió recuperar su libertad por razones humanitarias, porque es una persona de la tercera edad. El próximo 28 de junio cumplirá 63 años.

El malestar entre los defensores y procesados comenzó cerca del mediodía, cuando Jiménez Texaj dijo que suspendería la audiencia y que la retomaría otro día. Algunos reclamaron que habían sido trasladados o venían desde lejos para participar en la diligencia que iba a terminar al poco tiempo.

Los  abogados reclamaron que pudieron haber participado en audiencias para otros clientes si la audiencia se hubiera suspendido con tiempo.

El juez explicó que había sido nombrado para sustituir de manera temporal a otra jueza suplente, quien había pedido permiso para ausentarse por razones médicas, pues debía acudir a una clínica para que le efectuaran unos exámenes.

Jiménez Texaj respondió que el nombramiento que el Consejo de la Carrera Judicial hizo no determinaba que fuera él quien finalizara la diligencia o que permaneciera hasta tarde para concluirla.

Después de 20 minutos de receso, el juez retomó la audiencia y explicó que había hecho tres llamadas telefónicas, pero que ninguna fue respondida, por lo cual no continuaría con la diligencia, por considerar que era ilegítima su función.

La jueza titular y la que preside el caso es Silvia de León.

Regañó al hijo del presidente

Jiménez Texaj llamó la atención al acusado José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, por salir de la sala de audiencias sin pedir permiso.

Cuando el funcionario notó que el sospechoso abandonó el lugar, habló directamente con los abogados de Morales Marroquín y les pidió que lo hicieran volver. Al ver de regreso al sindicado, el juez le dijo que no estaba en su casa y que si quería salir, aunque fuera para acudir al sanitario, debía pedir permiso.

El juez autorizó a Morales Marroquín salir pero con la custodia de agentes del Sistema Penitenciario, debido a que “se trata de un sindicado y debe ser tratado como tal”, afirmó.

En las portadas de varios medios destacó la noticia que se generó cerca de la medianoche del viernes, cuando la jueza sexta penal, Silvia de León, resolvió en el caso Botín Registro de la Propiedad.

El hermano y el hijo del presidente enfrentarán el debate oral y público por el delito de fraude en forma continuada, ya que participaron en varios procesos de compras en el Registro de la Propiedad.

La jueza de León también envió a debate a 21 implicados más, entre ellos Abdi Sucely Estrada García y a su esposo Mario Orellana, padres de la exnovia de José Manuel Morales, por los delitos de fraude y lavado de dinero, respectivamente.

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