La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a Recursos Humanos del Organismo Judicial (OJ) a que no acate ningún traslado de jueces realizado por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). Esto abre la puerta para que, en un futuro, los juece sean removidos y trasladados a otras judicaturas cuando sus resoluciones afecten a actores de poder, advierten analistas.

Por medio de un oficio del 10 de septiembre la gerencia de recursos humanos notificó al CCJ que “únicamente atenderá lo ordenado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en relación con registrar movimientos de jueces de paz y de primera instancia en plazas vacantes o nuevas”.

Cuando se emitió la Ley de la Carrera Judicial, en 2016, se estableció que el CCJ sería el órgano rector del OJ de la carrera judicial y asumiría funciones administrativas para que la CSJ se dedicara a tareas puramente jurisdiccionales

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En ese sentido, la ley estableció en su artículo 26, inciso b) que los jueces solo podrían ser trasladados a otra judicatura a solicitud propia y si a juicio del CCJ habían acumulado méritos en el ejercicio del cargo, si hay causa justificada y si no se afectaría la administración de justicia.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, considera que es importante que el CCJ goce de independencia con respecto a la CSJ para que en un futuro un juez no sea removido o trasladado de su judicatura por causas injustificadas.

“Para que juez ejerza cargo con independencia su cargo tiene que sentir que se van a respetar leyes, que se garantizará su trayectoria en el OJ y que no va a ser despedido arbitraria o ilegalmente en caso emita una resolución que no agrade a actores internos o externos del de poder judicial”, dice.

Ibarra recuerda que la Ley de la Carrera Judicial emitida en 2016 la CSJ perdió poder en los traslados o nombramientos discrecionales de jueces, pero ahora los magistrados buscan recuperar esas facultades mediante prácticas que atentan contra el espíritu de las leyes y la independencia judicial.

Asimismo, la entrevistada comenta que cuando la ley se emitió, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad porque algunos magistrados no estuvieron de acuerdo con que la CSJ perdiera poder, específicamente con relación a que el CCJ se hiciera cargo del proceso de selección de jueces. No obstante, ninguna prosperó.

Ahora, hay intentos a través de iniciativas de ley de retornarse estas facultades administrativas a la CSJ, pero ello atentaría contra el sistema de justicia.

“Ha habido dinámicas políticas en apuntan a fortalecer la carrera judicial y que no haya nada que la ponga en riesgo, pero estas reformas que se están impulsando ahora tratan de revertir todo esto”, advierte Ibarra.

El juez Carlos Ruano, presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, opina que el traslado de jueces es una función que le corresponde con exclusividad al CCJ, no a la CSJ.

Ruano reconoce que la CSJ tiene la facultad de nombrar a los ciudadanos que ingresen a la carrera judicial. No obstante, si ya se encuentran en el ejercicio de la función jurisdiccional y quieren ser trasladados a otra judicatura, el responsable de hacer este proceso es el CCJ.

“Según la Ley de la Carrera Judicial para que un juez pueda obtener un traslado, tiene que pasar por un proceso de formación y tener méritos. Por eso nosotros nos oponemos a que sea la CSJ la que haga el traslado porque no lo hará con un procedimiento de mérito, sino con una decisión discrecional”, dice Ruano.

El presidente de la AJI comentó que pidieron a la Corte de Constitucionalidad que fueran admitidos como terceros interesados en un amparo que presentó el CCJ contra la disposición de la CSJ. De momento, no han obtenido respuesta.

Prensa Libre se comunicó con el presidente de al CCJ, Rolando Barrera, sin embargo, indicó que estaba ocupado y devolvería la llamada. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

CSJ busca recuperar poder

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, explica que el nombramiento de jueces le corresponde a la CSJ, pero el hecho de sugerir nominar, postular o sugerir con base a evaluaciones corresponde al CCJ.

El entrevistado considera que hay un choque de poderes en el OJ, ya que la CSJ quiere recuperar el poder que perdió en 2016 cuando se emitió la Ley de la Carrera Judicial, la cual le restó funciones administrativas y las delegó al CCJ.

“En 2015 con la renuncia del presidente y vicepresidenta, la población exigió la despolitización de la justicia. Consecuente con eso, en 2016 se emitió el decreto 32-2016, Ley de Carrera Judicial, el cual resta a la CSJ la facultad de nombrar libremente jueces. Es decir, puede seguirlo haciendo, pero debe atender las evaluaciones, punteos y recomendaciones del CCJ”, dice Fernández Molina.

El entrevistado considera que la CSJ quiere concentrar el poder total en el OJ en la parte política de la administración de justicia.

Por su parte, la CSJ emitió un comunicado en el que indican que tienen la atribución del “nombramiento de jueces, facultad que no puede ser delegada ni asumida por ningún otro órgano, lo cual aplica a plazas nuevas o vacantes para ser ocupadas por jueces en servicio o aspirantes a jueces; de conformidad con el artículo 209 de la Constitución y el artículo 21 de la Ley de la Carrera Judicial”.

Sin embargo, no diferencian entre un nombramiento y un traslado a otro juzgado, explica el juez Ruano. “Los nombramientos corresponden a la CSJ, los traslados al CCJ. Confunden plaza vacante o nueva con el derecho del juez a un traslado por oposición”, dijo.

Ahora es la Corte de Constitucionalidad la que se debe pronunciar en el amparo interpuesto por el CCJ.

En el panel “evaluar jueces y magistrados: más allá del fallo de la Corte de Constitucionalidad” participaron José Asensio, del centro para la Defensa de la Constitución; María Isabel Carrascosa, de la Fundación 2020; Claudia Véliz, de la Universidad del Valle, y José González, de Impunity Watch.

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Véliz expuso sobre los aspectos relevantes en una evaluación del desempeño. La profesional dijo que las evaluaciones del desempeño deben ser constantes y no cada año como comúnmente se establece y que la evaluación de desempeño es la apreciación básica del desempeño de las personas y de su potencial de desarrollo futuro.

“Ya en varias empresas se utilizan nuevas tendencias como el análisis de datos y la evaluación continua. Las evaluaciones de desempeño no debieran ser cada año, sino constantes, esa es la tendencia, yo hago un plan de mejora, lo revisamos, saber que ha pasado en tres o cuatro meses, según las estrategias y los análisis de datos debiéramos tener a disposición en cualquier proceso”, dijo Véliz.

La experta añadió: “Los estándares en la evaluación del desempeño deben estar muy claros desde la definición del descriptor del puesto y perfil del puesto, ya que si no está definido las funciones del perfil de profesional que nosotros necesitamos no van a haber elementos básicos para establecer esta evaluación del desempeño”.

La profesional añadió que las organizaciones crean sus propios instrumentos de evaluación por lo que estos deben ser válidos y confiables, algunos están estandarizados para profesionales, para regiones y otros para Guatemala.

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Evaluación a jueces

González considera que es importante que se evalué el desempeño en el sistema de justicia, y por eso hay que recordar que el Estado garantiza que las personas que vayan a impartir justicia sean idóneas, honorables, capaces y honradas.

El experto considera que la selección del personal judicial implica que tienen aptitudes, conocimientos y capacidades para poder desarrollar la judicatura. Sin embargo, esta tarea no solo se limita a ese momento en el cual cada cinco años se busca renovar un sistema de segunda instancia, sino que debe ser permanente con el Organismo Judicial con el ánimo de asegurar que se está brindando un servicio de calidad a la población, hay que recordar que todos somos usuarios del sistema de justicia, indicó.

También mencionó que podemos observar que la evaluación del desempeño profesional en cuanto a jueces y magistrados tienen dos grandes dimensiones: busca garantizar que el servicio brinde a la ciudadanía protección judicial, la tutela judicial efectiva y que esta se lleve conforme a las garantías judiciales

“La evaluación del desempeño no puede ser solo cuantitativa, aunque debe ser un elemento de ponderación saber que tanto está resolviendo el juez con relación a la cantidad de casos que le entran, pero también es importan que la evaluación sea cualitativa”, expuso González.

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Capacidad comprobada

Carrascosa expuso sobre la capacidad comprobada. En su participación cuestionó si las universidades están graduando o profesionalizando a abogados para ser jueces o solo litigantes o corporativos.

“¿Qué tipo de jueces queremos tener? para poder repensar cuál es la educación que se debe desarrollar para un juez, fiscal y abogado litigante. Nos trae a colación si nuestras universidades están teniendo ese enfoque, si en las facultades de Derecho se esté diseñando programas que también fomenten los estudios especializados para jueces o solo estamos fomentando la idea de un abogado corporativo o litigante”, indicó Carrascosa.

La capacidad comprobada tiene que ver con un tema aspiracional, se debe pensar que un juez debe ser aspiracional, y eso va amarrado con el tema de la Carrera Judicial, señala.

Se debe de inspirar a los estudiantes de Derecho para que puedan optar a la Carrera Judicial y eso implica un fortalecimiento, indicó.

La experta considera que se debe ahora empezar a estudiar los fallos o resoluciones tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad ya que ellos lo que hacen es doctrina, para determinar si están llevando una línea o son coyunturales.

Mientras que Asensio se refirió a que la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que regresa los procesos de postulación de magistrados a un punto anterior, lo que hace es alargar el periodo constitucional por el que fueron electos los magistrados actuales -13 de octubre- tanto de la Corte Suprema de Justicia como de Apelaciones.

“Esta resolución provoca que se viole un periodo constitucional por el listado de tareas que está dando. En el Cedecón lo discutimos, es preferible tener un proceso donde se cumplan ciertos puntos que no están definidos a la fecha o tener una resolución que provoca, porque no lo ordena, pero en la práctica es alargar el plazo”, refiere el abogado.

Elección para integrar postuladora

El próximo lunes los magistrados de las salas de Apelaciones realizarán la elección para integrar el comité o tribunal electoral, el cual se encargará de hacer el proceso eleccionario de 12 magistrados que integrarán la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia.

La actividad se realizará el próximo 30 de septiembre en la Sala de Vistas de la CSJ, a las 14 horas. La comisión o comité designará la fecha, inscripción de planillas y llevará el proceso de votación, mismo que se prevé que sea el 11 de octubre.

Esta elección se debe repetir debido a que el pasado 27 de junio los magistrados eligieron a sus representantes para integra la postuladora. No obstante, el proceso habría sido viciado al presentarse una sola planilla, lo que habría violentando la Ley de Comisiones de Postulación que establece que en la elección se debe utilizar el método proporcional de minorías, por lo que la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir esa elección.

Los 12 magistrados fueron electos al día siguiente de regresar una comitiva de Nicaragua, lugar donde se encuentra asilado Gustavo Herrera, de quien se ha dicho que ha manipulado los procesos de postulación para el Poder Judicial.

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“El Consejo de Carrera Judicial debe garantizar que el proceso de selección de los candidatos a integrar sus órganos auxiliares se fundamente en los principios de publicidad, transparencia y objetividad”, dijo el organismo de la ONU en sus redes sociales.

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A partir de mañana cobran vigencia las nuevas reglas que el Congreso acordó el pasado 26 de septiembre cuando aprobó las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, las cuales fueron sancionadas por el presidente Jimmy Morales y publicadas este lunes en el diario oficial por medio del Decreto 17-2017 del Congreso de la República.

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Dentro del Consejo se determinó que también haya expertos en administración pública, psicología y recursos humanos, los cuales además de la experiencia, deben tener méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Los integrantes del Consejo, deben poseer como mínimo 10 años de experiencia profesional, ejercidos dentro de instituciones del Sistema de Justicia del país.

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Procesos contra jueces y magistrados

Los jueces o magistrados que sean ligados a un proceso, seguirán gozando de su salario y prestaciones aún estando sin inmunidad.Quedarán sin goce de salario, una vez se haya dictado el auto de procesamiento.

Si al finalizar el proceso, es absuelto a través de una sentencia, existirá la obligación de ser reinstalado en su cargo, además de la retribución del pago de salarios y prestaciones de todo el tiempo que haya durado la suspensión.

Son 424 abogados quienes manifestaron interés y fueron admitidos para participar en el proceso de oposición que les permitirá perfilarse para iniciar una carrera judicial.

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La difusión de los nombres de los postulantes la hace el OJ, con el objeto que cualquier persona pueda manifestar, abiertamente, al Consejo de la Carrera Judicial, cualquier tacha o inconveniente que amerite que alguno de los postulantes siga en el proceso o sea separado del mismo.

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Tachas

Para presentar las tachas las personas deben cumplir con varios requisitos y presentar las pruebas antes del 30 de octubre en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial, ubicado en la 7 avenida 9-20 zona 9. Aquí le presentamos algunos requisitos.

• Las personas deben consignar sus datos de identificación, en caso de ser persona jurídica, debe acreditar la representación legal.
• Exponer en qué consiste el señalamiento en forma clara y concisa, fundamentando sus aseveraciones.
• Adjuntar los documentos y medios de convicción que demuestren la veracidad de los señalamientos.
• No se admiten denuncias anónimas, ni los señalamientos que se presenten en base a publicaciones de prensa, o que no tengan sustento de otros medios de convicción.
• Las tachas no se podrán fundamentar únicamente en denuncias, ni en procesos abiertos, sino que se podrá realizar toda vez exista una resolución condenatoria.

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Con el voto a favor de 84 diputados, el pleno dio esta noche su visto bueno a la iniciativa de ley 5271, que da vida a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.

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Consejo

En el texto aprobado, se incluye el Consejo, que administra y rige la carrera judicial y que estará formado por un representante titular y otro suplente (electos por la Corte Suprema de Justicia); un magistrado titular y suplente (elegidos por la Asamblea Genera de magistrados de la Corte de Apelaciones) y un juez titular y suplente (por la asamblea general de jueces de Paz).

También incluirá expertos en administración pública, recursos humanos y psicología, y todos deben cumplir con méritos de capacidad, idoneidad y honradez, además de experiencia avalada.

En otro de los puntos se determina que las denuncias sobre los jueces serán presentadas ante la Junta de Disciplina Judicial, la cual decidirá su admisibilidad; y cualquiera de las partes podrá interponer en un plazo de tres días siguientes a su notificación, recurso de reposición en forma escrita ante la misma Junta.

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También destaca que quienes integren el Consejo de la Carrera Judicial deberán contar con un mínimo de 10 años de experiencia profesional en instituciones del sistema judicial.

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Los magistrados quedarán sin salario cuando se haya dictado auto de procesamiento, y si la sentencia los absuelve existe la obligación de reinstalarlo en periodo no mayor a los 30 días después de emitir la resolución judicial, debiendo además pagar los salarios y prestaciones pendientes si estuvo suspendido.

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Los jueces y magistrados que actúan con independencia, que no aceptan presiones, que no pagan favores y que contribuyen a combatir la impunidad están en franca minoría. Los últimos procesos penales contra funcionarios judiciales evidencian la podredumbre y la cooptación del sistema; y no se trata de casos aislados sino de una maquinaria —muy bien aceitada— que ha venido funcionando con el fin de procurar impunidad.

En este país la justicia tiene dueños. Y los dueños saben perfectamente que si el sistema se cambia su poder disminuye, y con él su capacidad para obtener sentencias a la carta. Esa es la razón de fondo por la que se oponen a cambiarlo. Les importa poco si uno, dos o tres de sus magistrados son retirados de sus cargos y enjuiciados, porque tienen a lo largo y ancho del país a operadores de justicia que forman parte de las redes de corrupción que tienen capturado el sistema.

Los últimos procesos de elección de la CSJ y las cortes de apelaciones son el mejor ejemplo de cómo las comisiones de postulación han dejado de ser (si es que alguna vez lo fueron) un mecanismo idóneo para garantizar independencia judicial. El tráfico de influencias, las componendas entre sectores gremiales y miembros de la judicatura, el doble rol de quienes fueron comisionados y a la vez candidatos, la participación de decanos de facultades de derecho en las que no hay alumnos ni egresados, y el derroche de recursos en las campañas electorales de la universidad pública y de los colegios profesionales (comida, rifas, acarreos y edecanes incluidas) son algunos de los vicios que han sido ampliamente denunciados y documentados.

Quizá la intención detrás del mecanismo de comisiones de postulación haya sido buena, pero la realidad demostró que aquella idea de “blindar” de intereses partidarios la elección trasladándola a la academia, terminó por convertirla en presa de los más oscuros grupos políticos y de poder fáctico. Además, se generó la proliferación de facultades de derecho con el único fin de tener un decano como comisionado, sacrificando la formación con la emisión de títulos exprés.

Por si hiciera falta argumentos adicionales, vale recordar aquí las declaraciones de la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre que la elección de las cortes en 2004 se discutió alrededor de una cama (La Hora, 19/9/2014); la sentencia condenatoria contra el exdiputado Gudy Rivera y el abogado Vernon González quienes intentaron negociar la reelección como magistrada de Claudia Escobar a cambio de una sentencia favorable a Baldetti; y la condena contra la jueza Jisela Reynoso por enriquecimiento ilícito, quien fungió como comisionada siendo decana de la Universidad Rural.

A eso hay que sumar que la carrera judicial llega hasta la primera instancia, lo que imposibilita que jueces y juezas con una hoja de servicio intachable lleguen a ocupar una magistratura; precisamente su independencia es castigada a la hora de elaborar los listados de candidatos y votar.

Cambiar el mecanismo de elección y reformar la carrera judicial para fortalecerla requiere de una reforma constitucional, no tendría ningún sentido promoverla (y generar tanto desgaste) si estos aspectos pudieran modificarse con cambios a la legislación ordinaria. Pero como la consigna parece ser “desinforma y vencerás” ya empezaron a utilizar este argumento para terminar de frenar el proceso.

A estas alturas es clave preguntarse quiénes tienen razones suficientes para oponerse a una verdadera independencia judicial y buscan que la justicia siga teniendo dueño.

Este martes se publicó en el Diario de Centro América las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, aprobadas en el Congreso el 29 de junio pasado, con 84 votos a favor.

Durante la discusión de las reformas, se tomaron en cuenta los aportes del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y se homologaros dos propuestas presentadas en el 2015, una de diputados y una de magistrados del Organismo Judicial (OJ).

La normativa crea el Consejo de la Carrera Judicial, como órgano rector, que tendrá a su cargo las juntas disciplinarias encargadas de conocer, sancionar y llevar un registro de las faltas administrativas por las  que sean denunciados los jueces y magistrados.

Para garantizar la independencia del Consejo, además de tener representantes titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones, de los jueces de Paz y de Primera Instancia, contará con expertos en administración pública, recursos humanos y psicología.

Cambios aprobados

• La Ley establece principios, garantías, normas y procedimientos. Crea nuevos órganos para la administración y funcionamiento de la carrera.
• Garantizar a los jueces y magistrados estabilidad, permitiéndoles ejercer sus funciones de manera permanente y exclusiva.
• Establece el Consejo de la Carrera Judicial como el órgano rector de esa labor.
• El Consejo será permanente y podrá auxiliarse por las juntas de Disciplina.
• Las decisiones del Consejo deberán fundamentarse y las audiencias serán públicas. Estará integrado por representantes titulares y suplentes de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ), la  Corte de Apelaciones, la  asamblea general de Jueces de Primera Instancia, la asamblea general de Jueces de Paz y tres expertos: en administración pública, recursos humanos y psicología.
• Se crean órganos disciplinarios para el área Judicial y de Apelaciones. Los miembros de las juntas cubrirán un período de cinco años. Estos deberán ser magistrados de la CSJ. Se privilegiará a quienes tengan experiencia de cinco años.
• Se crea la Supervisión General de Tribunales, que se integrará por personal técnico especializado.
• El objetivo será identificar las necesidades del servicio  e investigar los hechos de los que tenga conocimiento o le sean denunciados, para anunciarlos a las juntas.
• El Consejo evaluará el desempeño profesional de los jueces y magistrados en forma anual.
• Se establecen faltas leves, graves o gravísimas. Las sanciones llegarán hasta la  destitución.
• El Consejo convocará a concurso por oposición para el ingreso de jueces, con base en la elaboración de un diagnóstico previo. El Consejo remitirá a la Escuela de Estudios Judiciales a los aspirantes. Los candidatos que superen los requisitos se considerarán elegibles.
• Tienen derecho a la independencia y a no ser removidos, sino por causas firmes. Se les prohíbe ser ministro de cualquier religión o culto, ejercer su profesión liberal, entre otros. Establece siete razones para dejar el cargo.
• Entre los deberes de los jueces y magistrados se establece garantizar su independencia, ser defendidos y protegidos en su integridad, no ser removidos de sus cargos si no es por causas justas, y  establecer incrementos salariales, según el cargo.
• La ley permite permisos para  licencias —hasta de seis meses— con goce de salario por fallecimiento del cónyuge, matrimonio, nacimiento de hijos, responder citaciones, los relacionados con la madre —períodos pre y postnatal y de lactancia—, por enfermedades o accidentes.
• Los jueces de Paz y de Primera Instancia que quieran empezar la carrera podrán hacerlo a través de nombramiento de la CSJ, mientras que el Congreso elegirá a los magistrados de la Corte de Apelaciones y la Suprema de Justicia, pero todos los aspirantes deberán someterse a concurso de oposición.
• Los jueces que pretendan reingresar al Organismo Judicial deberán someterse a los cursos de actualización impartidos por la Escuela de Estudios Judiciales, así como a las evaluaciones especiales.
• El Consejo también será el responsable de convocar a los concursos de oposición para el ingreso a la carrera judicial.

Debido a ese proceder, cada cierto tiempo se deben promulgar leyes en el país o emprender reformas para que a fuerza de marcos jurídicos renovados se busque poner cerco a los manipuleos en que han incurrido muchos personajes cuando les ha correspondido designar autoridades en altos cargos.

El más reciente antecedente que se pretende desterrar por esas prácticas es el de las comisiones de postulación, que aunque habían quedado reguladas en la Constitución de la República, su manoseo llevó a límites repudiables en la designación de altas posiciones dentro del sistema de justicia.

Ahora, en un nuevo afán por cerrarles el paso a las constantes intromisiones, tráfico de influencias y manipuleo a la hora de postular principalmente magistrados, el Congreso ha aprobado una nueva Ley de la Carrera Judicial, que se propone buscar mayor idoneidad entre quienes resulten favorecidos para llegar a esos cargos.

El carácter positivo que se plantea en esta nueva normativa es que se pretende hacer más patente la independencia de jueces y magistrados, pues aunque esta es una consideración amparada en el texto constitucional, su cumplimiento más bien ha defraudado.

Esa independencia, unida a la idoneidad, imparcialidad y muchas otras características deseables en quienes imparten justicia, deberían ser las bases para un profundo cambio en el OJ y no como hasta ahora, que la mayoría de las designaciones quedaban en manos de políticos inescrupulosos que hacían nombramientos con la mira de obtener resoluciones favorables llegado el momento de requerirlas.

Por eso es que fue tan criticada la última elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cuando los partidos Patriota y Líder actuaron en contubernio para designar a los trece titulares de ese máximo órgano de justicia, por cierto uno de los cuales ya enfrenta una investigación y por ello debió renunciar, y otro más enfrenta un proceso de antejuicio.

Esos hechos son los que hacen albergar esperanzas en que esta nueva ley combata de manera efectiva ese tráfico de influencias, pero sobre todo el procedimiento de comprometer a funcionarios judiciales con personajes que pueden resultar involucrados en casos de corrupción, como también se ha vuelto común en la actualidad.

Uno de los órganos encargados de vigilar en buena medida el cumplimiento del nuevo cuerpo normativo es el Consejo de la Carrera Judicial, que en el futuro tendrá una función fiscalizadora sobre el desempeño de jueces y magistrados, con un amplio repertorio de conductas por sancionar.

Solo con el funcionamiento pleno y satisfactorio de este cuerpo, muchas cosas podrían cambiar en el sistema de justicia, si de verdad se logra eludir el cerco de la cooptación y de los mercaderes de la política.

El comisionado se ha convertido en el único que mantiene vigente el tema, al ver que en reuniones anteriores cuando se ha preguntado al respecto a otros actores, como la fiscal general, Thelma Aldana, y el presidente Jimmy Morales, han dejado de lado el aspecto impositivo.

Velásquez enumeró muchas necesidades de las instituciones del sector justicia, como ampliar la cobertura.

“Esto, naturalmente, requiere recursos. ¿De dónde va a sacar el país los recursos para que el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) crezcan?”, cuestionó.

“Tiene —el país— que buscar la fórmula. Y la manera como un Estado obtiene recursos es mediante los impuestos”, añadió el jurista colombiano.

Las declaraciones las dio al terminar una reunión en la Secretaría de la Paz (Sepaz), donde manifestó interés por conocer más de los compromisos de los acuerdos de paz.

“De manera que es necesario que se examine en el tema tributario cuáles son las posibilidades del país para poder cubrir estas necesidades”, resaltó Velásquez.

Todo está vinculado, agregó, con el proyecto del Diálogo Nacional por la Reforma de la Justicia que, en una primera etapa, busca una reforma constitucional.

“Y estamos hablando solo del tema de justicia. No tengo ni siquiera mandato para referirme a las otras grandes necesidades que el presidente ha expresado públicamente; por ejemplo, en temas de salud, educación o alimentación”, subrayó el jefe de la Cicig.

Impuesto específico

En noviembre del año pasado, Velásquez sugirió un impuesto específico para dotar de recursos a las instituciones de justicia, como se había hecho en Colombia.

La propuesta específica era gravar los grandes patrimonios con un porcentaje para el sector justicia, lo cual desató las críticas y el rechazo de varios sectores, no solo del privado.

El mes pasado, el gobernante Morales afirmó que en lugar de un impuesto específico, prefería dar prioridad a un diálogo nacional.

De acuerdo con Antonio Malouf, presidente en funciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), un impuesto específico con destino específico no repercute en resultados adecuados.

“Si se dedican los recursos a obtener un MP muy fuerte, luego viene que los juzgados no alcanzan porque la Corte Suprema de Justicia no tiene recursos. Entonces, si tuvieran los recursos y hay muchas personas involucradas, lo que no alcanzará son las cárceles”, opinó.

Malouf agregó: “Si tuviéramos un Estado fuerte cuyos impuestos lleguen a donde deberían de llegar, no habría problema en ampliar la base tributaria, y dentro de toda esa fórmula, obviamente el sector justicia y sus instituciones podrían tener más recursos”.

Aspiración del país

El jefe de la Cicig explicó que, de acuerdo con los índices de criminalidad, puede establecerse una “necesidad escalonada” en el establecimiento de fiscalías municipales, de manera que pueda llegar el MP a una cobertura nacional, “porque esa tiene que ser una aspiración del país”, que todo municipio de Guatemala tenga una agencia del órgano investigador.

Recordó que la Fiscal General hizo un estudio acerca de urgencias y necesidades de cada municipio para definir dónde debería comenzar esa ampliación y dónde finalizar.

“La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene un número insuficiente de agencias fiscales para atender las casi seis mil investigaciones anuales que se generan por una cantidad similar de homicidios al año. Hay tan pocas agencias fiscales de la Fiscalía Anticorrupción que no permite, con éxito, adelantar una lucha contra la corrupción”, enfatizó Velásquez.

Agregó que el fortalecimiento institucional del MP supone que debe haber un crecimiento simultáneo del Organismo Judicial (OJ), porque el número de jueces en Guatemala está casi a la mitad de la media latinoamericana.

“Igualmente que es necesario fortalecer órganos de investigación: la Deic, pero también la Dicri, como en la necesidad de ampliación de la capacidad de esos órganos de investigación, y se requerirán más defensores públicos, por lo que habría que ver cuáles son las futuras necesidades del IDPP”, apuntó el comisionado.

Deuda de arrastre

El órgano investigador solicitó para el 2016 un presupuesto de Q1 mil 833.5 millones, pero fueron asignados Q1 mil 500.7 millones. Aparte de eso, el MP tiene una deuda de arrastre de Q238 millones del 2013, 2014 y 2015.

Esa deuda es producto de no haber recibido el presupuesto completo durante esos ejercicios fiscales, informó Julia Barrera, vocera de la Fiscalía.

“El presupuesto que se había requerido para este año era para la ejecución de algunos proyectos que tienen que ver con la cobertura del MP en el país, porque estamos presentes únicamente en el 10 por ciento del territorio nacional”, explicó Barrera.

Añadió que del presupuesto anual, casi Q1 mil millones, representan la planilla de trabajadores.

Estructura insuficiente

• El jefe de la Cicig abogó ayer por reformar todo lo referente a la carrera judicial y al consejo que lo regula, por considerar que, como está la estructura actualmente, que llega hasta jueces de Primera Instancia, “es absolutamente insuficiente” y no garantiza independencia.
• Mencionó el proyecto de ley de la carrera judicial que está en el Congreso y que iría acompañado de una reforma constitucional.
• “Lo que se plantea es que el Consejo esté integrado por siete personas. Un representante de la CSJ que no es magistrado sino representante elegido por el pleno, un magistrado de Apelaciones nombrado por sus pares, un juez de Primera Instancia nombrado por jueces y un juez de Paz. Y que estos cuatro elijan a otros tres especialistas externos que no sean de la CSJ”, explicó Velásquez.

Cacif

• Por la creación de empleos dignos que a su vez generen tributos abogó el presidente en funciones del Cacif, Antonio Malouf. “Los recursos han sido mal utilizados y el guatemalteco de a pie no ha querido pagar sus impuestos personales. Los impuestos personales son más bajos en Guatemala. En Cacif estamos proponiendo crear trabajos dignos. Cuando las personas tienen un trabajo  pueden tener un mejor ingreso y  con ello  tributar”, explicó Malouf.

Congreso

• Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que retomarán la discusión de la iniciativa que se presentó hace un año y que buscaba la creación de un impuesto temporal para financiar al sector justicia. “El año pasado, el presidente anterior  solicitó opinión a instituciones, pero no tuvo respuesta. Volveremos a pedir su criterio técnico”, indicó.

“Hay millones de guatemaltecos que no reciben justicia. El clamor popular sigue porque no hay justicia. Aún hay impunidad en Guatemala”, declaró Morales durante el lanzamiento del plan, en coincidencia con sus primeros cien días de gobierno.

“Diferentes sectores aisladamente han debatido y reflexionado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado pero los esfuerzos no ha tenido el eco respaldado y la debilidad del Estado sigue vigente”, agregó el gobernante guatemalteco.
 
El “diálogo nacional”  recibirá acompañamiento de otras instancias judiciales como la Fiscalía, así como Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se espera que en agosto próximo concluya la redacción de un proyecto de ley “para la reforma al sector justicia”.

Propuestas para las mesas de diálogo

Organismo Judicial

Estos son los cambios propuestos al Organismo Judicial (OJ) para las “reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia”.

• El artículo 154,  de ser reformado, implicará que solo  gozarán de antejuicio el presidente, vicepresidente, magistrados de la CSJ, el TSE, la CC, ministros y viceministros, secretario general y secretario privado de la Presidencia, procurador de los Derechos Humanos, fiscal general, procurador general de la Nación, diputados, magistrados de salas, jueces y contralor general. Entre otros, no se incluye a diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes, gobernadores, director general y adjunto de la Policía Nacional Civil.   
• Las reformas al artículo 203   retirarán la “exclusividad absoluta” a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de aplicarla. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales.
• El artículo 205, al renovarse, no tomará en cuenta como garantías del OJ  la no remoción de los magistrados y jueces, así como la selección del personal. Se implementará la carrera judicial y el servicio civil en ese organismo.
• El artículo 207, al reformarse, prohibirá a cualquier magistrado o juez ejercer si su cargo  lo comparte con asesorías de instituciones políticas, sindicatos y entidades que administren recursos públicos o ministros de religión.
• El artículo 208,  de ser aprobado, normará que la Ley de la Carrera Judicial sea la que determine el proceso de ingreso, nombramientos y ascensos con base en concursos de oposición y públicos, entre otros.
• La carrera judicial   comprenderá desde la judicatura de Paz hasta la magistratura de la  CSJ, y garantizará la estabilidad en el cargo, siempre que no se incurra en una ilegalidad.
• El Consejo de la Carrera Judicial se integrará con siete integrantes, que incluyen representantes de magistrados, jueces y tres expertos en diversas disciplinas.
• El artículo 214 reformado contemplará que la CSJ se integre con 13 magistrados y   que no menos de nueve de ellos deberán haber ingresado por la carrera judicial.
• Los magistrados elegirán al presidente de la CSJ  por un período de cuatro años,  quien no podrá reelegirse.
• El artículo 215, al modificarse, establece que los magistrados de la CSJ serán electos para un período de 12 años.
• Cada magistrado  deberá ser electo por mayoría absoluta en el Congreso.  
• Cada magistrado ejercerá el período para el que fue electo, con independencia de la fecha de nombramiento y toma de posesión del resto de magistrados.
• Los magistrados a la CSJ serán mayores de 50 años,  y para quienes ingresen por la carrera judicial tendrán que haber sido al menos una década magistrados titulares.
• Los magistrados de Apelaciones    deberán ser mayores de 40 años y haber sido previamente jueces  de Primera Instancia como mínimo cinco  años.
• El artículo 219,  al reformarse, no permitirá que ningún civil pueda ser juzgado por tribunales militares, y estos conocerán de los delitos y faltas tipificados en el Código Militar.
• El artículo 222   también regirá para los magistrados suplentes de la Corte de Apelaciones, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos que los titulares para ingresar y permanecer en la carrera judicial, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones e incompatibilidades.
• El artículo 227, al innovarse, no permitirá que los gobernadores gocen de inmunidad.
• Los gobernadores  deberán reunir las mismas calidades que un ministro  y tener por lo menos cinco años de estar domiciliados en el departamento para el que sean nombrados.

En la Corte de Constitucionalidad

Estos son cambios  para  el funcionamiento de la CC.

• El artículo 269, de ser aprobado, aumentará  el número de integrantes de la CC, que en la actualidad es de cinco, y pasaría a nueve.  
• Tres serán electos por el Congreso, tres más por la Corte Suprema de Justicia y otros tres por el presidente en consejo de ministros.
• Entre los requisitos establecidos para optar, se propone tener 50 años y haber ejercido durante 15.
• La presidencia  de la CC se ejercerá durante dos años, y de manera rotativa.

Ministerio Público

Estos son algunos cambios propuestos para el MP.

• El artículo 251, al reformarse, da a la Fiscalía el carácter de autónoma.
• Entre los requisitos para optar al cargo de fiscal general se establece que el candidato deberá ser abogado, colegiado activo y tener al menos 10 años de experiencia  en materia penal.
• El fiscal general deberá ser nombrado por el presidente, de una nómina de tres candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial después de someterse a un concurso público.

Modificaciones futuras

El Congreso asume el compromiso de cambiar  cuatro leyes.

• El artículo  29 modificado   establece que dentro del primer año de aprobadas las reformas constitucionales, el Congreso deberá aprobar reformas  a cuatro leyes:
• Reforma a  la Ley de la Carrera Judicial, incluye el procedimiento de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Apelaciones y de tribunales de igual categoría; del Consejo de la Carrera Judicial y procedimientos de evaluación.
• Reformas a  la Ley del Organismo Judicial,   que incluyan los aspectos relacionados con los cambios constitucionales.
• Reformas a  la Ley de Amparo,  además de la de Exhibición Personal y Constitucionalidad, incluidos los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
• Reformas al  Código Penal, para la tipificación del delito de violación a la independencia judicial, según el artículo 203 de la Constitución.

González entregó la semana pasada su informe a la CSJ que deberá conocer en el pleno el expediente y decidir si le retiran la inmunidad a Flores Polanco.

El magistrado presidente de la Cámara de amparos  y antejuicios  Rafael Rojas Zetina, confirmó la recomendación que presentó el  pesquisidor en su informe, Rojas Zetina  detalló que aunque documento señala retirarle la inmunidad, en el pleno deberá resolver el caso.

La investigación de la Cicig

En abril pasado la CICIG y el Ministerio Público solicitaron retirarle la inmunidad por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

La pesquisa comenzó en el 2014,  cuando la CICIG empezó a investigar a los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, fue la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que solicitó ayuda a la CICIG.

CICIG recopiló información relacionada con la jueza quien aparecía como aspirante al cargo.

Se verifica el domicilio reportado por ella como lugar para recibir notificaciones en  Residenciales Entre Bosques, Santa Catarina Pinula, los investigadores verifican que la funcionaria reside en un lujoso inmueble que a primera vista pareciera desbordar el poder adquisitivo de un Juez de Primera Instancia

También se logró constatar la tendencia de parte de la Jueza a ocultar esta vivienda o simular su valor, según los siguientes hechos: El 9 de octubre del 2008, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en el expediente 789-2008 VF emitió a nombre del señor Manolo Bendfeldt Alejos una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar de dos niveles, de 271.698 metros cuadrados. En el expediente constan los planos de construcción de la vivienda, los cuales tienen como proyecto “Residencia: lic Patricia Frloes, además, los planos de localización y ubicación de la construcción indican que el propietario es “Lic. Patricia Flores”.

El 7 de septiembre del 2012, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula emitió a nombre del señor Manolo Bendfeldt Alejos, otra licencia de construcción, con vigencia de seis meses, para la ampliación del segundo nivel y la construcción de un tercer nivel a la vivienda, añadiendo así una superficie de 83.74 metros cuadrados a los ya existentes.

Para el mes de agosto del 2014, Bendfeldt Alejos aparecía como propietario registral del bien inmueble según el Registro de la Propiedad y como contribuyente según la Oficina de Catastro de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Con el fin de establecer si la jueza Flores Polanco era arrendataria del inmueble por ella habitado o a qué título lo poseía, el 29 de agosto del 2014, investigadores de la CICIG entrevistaron al entonces propietario registral del inmueble, quien manifestó haber vendido el lote de terreno en el año 2008 a la jueza y no haber participado en las labores de construcción de la vivienda edificada.

El 1 de septiembre del 2014, se presentó al Registro de la Propiedad la escritura número seis del Protocolo del Notario Rafael Lisandro Santizo Herrera, de fecha 19 de marzo del 2013 en la que supuestamente se celebró la compra por parte de Flores Polanco del bien inmueble Finca 2344, Folio 344, Libro 325E al señor Bendfeldt Alejos.

La Escritura referida en el punto anterior informa que la jueza adquirió el bien inmueble al contado por un precio de Q85 mil, sin reflejar la existencia de la vivienda construida entre octubre del 2008 y abril del 2010, ni de su remodelación ocurrida entre septiembre del 2012 y marzo del 2013.

Al renovar su licencia de conducir el 29 de enero del 2011, según la investigación la jueza ocultó su domicilio en el condominio Residenciales Entre Bosques, pues reportó en cambio una dirección en Las Charcas, zona 11 de Guatemala. En esta dirección se encuentra un bien inmueble que fue propiedad de la funcionaria judicial pero que ésta vendió según la escritura número 96 autorizada el 18 de junio del 2008 por el notario Rodolfo Dionel Pérez, y presentada al Registro de la Propiedad de Guatemala el 16 de julio del 2008.

El administrador de Residenciales Entre Bosques indicó que las viviendas de dicho condominio se encuentran valoradas en aproximadamente 350 mil dólares estadounidenses, logrando constatar que el bien que habita la jueza es la construcción más grande y ostentosa del lugar. Con lo que se logró demostrar que Flores Polanco es propietaria de un bien inmueble cuyo valor es claramente superior a ese monto, sobrepasando su poder adquisitivo según su nivel de ingresos que recibe como funcionaria del Organismo Judicial.

Se logró acreditar que la jueza Flores llevó a cabo la construcción de la vivienda que actualmente habita, en el periodo comprendido entre octubre del 2008 y abril del 2010, así como su remodelación entre septiembre del 2012 y marzo del 2013, siendo que ocultó su propiedad registralmente hasta septiembre del 2014, en razón de que mantuvo el bien a nombre de la persona a quién se lo había comprado, el señor Manolo Benfeldt Alejos.

Además, al parecer la jueza habría actualizado -ante la Contraloría General de Cuentas- su Declaración Jurada Patrimonial en más de 15 años, fallando a esta obligación que le corresponde como funcionaria pública, y ocultando de esta manera su incremento patrimonial.