Caso TCQ

Tribunal absuelve a implicados en caso TCQ y ordena investigar a fiscales y exfuncionarios del proceso

Tue, 14 Oct 2025 01:19:12 +0000

Justicia

Tribunal absuelve a implicados en caso TCQ y ordena investigar a fiscales y exfuncionarios del proceso

El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a los cinco procesados en el caso TCQ y ordenó investigar a fiscales y exfuncionarios que impulsaron la acusación.

13 de octubre de 2025 | 19:19h

Los acusados, sus abogados, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B y fiscales del MP participan en la audiencia en la que se dictó la absolución en el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió este lunes 13 de octubre a los cinco acusados en el caso TCQ, incluido el exmagistrado Duglas Charchal y el exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez Luna. Además, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar a los fiscales que firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con Juan Carlos Monzón.

La jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, también instruyó que se certifique lo conducente para que se investigue al excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y al juez contralor del caso, Miguel Ángel Gálvez, por un posible incumplimiento de deberes.

En su fallo, Castellanos sostuvo que Gálvez debió declarar falta de mérito para los señalados. El tribunal consideró que el expediente carecía de prueba concluyente para emitir una condena.

Fueron absueltos Mario Ruano San José, Julio Norberto Esquivel, Lázaro Noé Reyes Matta, Gustavo Martínez Luna y Duglas Charchal.

El jefe actual de la FECI, Rafael Curruchiche, declaró que el Ministerio Público intentó rescatar el caso, pero no logró sostenerlo en juicio. Añadió que el MP abrirá de oficio una investigación contra quienes elaboraron la acusación y firmaron el acuerdo con Monzón.

El caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) salió a la luz en abril de 2016, cuando la CICIG y la FECI denunciaron una trama de corrupción vinculada a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La acusación se centró en la adjudicación de un contrato de usufructo por 25 años (prorrogables) para el desarrollo de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, sobre un terreno de 34 hectáreas. Ese contrato implicaba una inversión proyectada de al menos US$ 255 millones en fases de construcción e implementación.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), el contrato fue negociado con sobrecostos y mediante pagos de sobornos entre empresarios involucrados y funcionarios públicos.

El MP presentó como evidencia declaraciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti, quien actuó bajo la figura de colaborador eficaz y brindó audios y testimonios sobre la negociación de estos pagos.

Durante el juicio, el MP exhibió un audio en el que Monzón relata que inicialmente se ofrecieron US$ 10 millones y luego se estableció que el monto total ascendería a US$ 30 millones para garantizar el usufructo de la terminal.

En sus intervenciones, los acusados cuestionaron la solidez de esos testimonios y la admisión de evidencias de la Contraloría General de Cuentas, argumentando que carecían de sustento formal.

Asimismo, investigaciones han vinculado al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a la trama. Correos interceptados revelaron comunicaciones entre los empresarios navieros españoles Pérez Maura y el gobierno guatemalteco, sugiriendo pagos de sobornos para obtener ventajas en la concesión.

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Tribunal anunciará el 13 de octubre sentencia contra implicados en el caso TCQ

Tue, 30 Sep 2025 23:39:39 +0000

Justicia

Tribunal anunciará el 13 de octubre sentencia contra implicados en el caso TCQ

El Tribunal de Mayor Riesgo B fijó para el 13 de octubre la fecha en que dictará sentencia en el juicio por el caso TCQ, relacionado con presuntos actos de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

30 de septiembre de 2025 | 17:39h

El Tribunal escucha a los sindicados antes de fijar la fecha de sentencia por el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El Tribunal de Mayor Riesgo B anunció este martes 30 de septiembre que el próximo 13 de octubre dictará sentencia en el proceso penal por el caso TCQ, en el cual están implicados exfuncionarios y empresarios señalados de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

La fase final del juicio avanzó este 30 de septiembre con la presentación de las conclusiones y el derecho de última palabra de los sindicados. Entre ellos figura Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien afirmó que ha enfrentado el proceso “con la frente en alto”.

Durante la audiencia, varios acusados cuestionaron a las antiguas autoridades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes señalaron por supuestas irregularidades.

El Ministerio Público (MP) pidió penas de hasta 10 años de prisión, multas que alcanzan los Q500 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por considerar que los procesados formaban parte de una estructura criminal operativa desde la EPQ.

El caso TCQ investiga presuntos actos de corrupción cometidos en la adjudicación de un contrato para operar una terminal de contenedores.

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Caso TCQ: Durante juicio MP reproduce declaración de exsecretario de Roxana Baldetti

Tue, 09 Jul 2024 23:30:48 +0000

Justicia

Caso TCQ: Durante juicio MP reproduce declaración de exsecretario de Roxana Baldetti

En el desarrollo del juicio contra implicados en el caso TCQ, el MP reprodujo un audio con el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti.

Hedy Quino y Elmer Vargas

9 de julio de 2024 | 17:30h

Este martes 9 de julio se desarrolló el juicio en contra de un grupo de personas implicadas en el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este martes 9 de julio se desarrolló el juicio en contra de un grupo de personas implicadas en la firma de un contrato para lograr un usufructo para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal a cambio de sobornos, investigación conocida como caso TCQ.

Se trata de Gustavo Adolfo Martínez, Lázaro Noé Reyes, Julio Nolberto Esquivel, Mario Ruano y el exmagistrado Douglas René Charchal, quienes son enjuiciados por distintos delitos.

El juicio en contra de los acusados se celebró en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Durante el desarrollo del debate oral y público, como parte de las pruebas presentadas ante el Tribunal, el Ministerio Público (MP) presentó la reproducción de un audio con la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien la hizo bajo la figura de colaborador eficaz dentro del proceso judicial.

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Testimonio de Carlos Monzón

En la grabación se escucha a Monzón brindar detalles sobre la negociación de la entrega del Puerto Quetzal a TCQ.

“Les hice la propuesta, que les urgía. Ellos tenían ese tema de la suspensión del usufructo. Les urgía que yo les aceptara las formas de pago. Yo me fui a Cancún, les dije que si les interesaba que el presidente les levantara la suspensión del usufructo, que llegarán allá conmigo y que ahí lo negociarían. Efectivamente se fueron para Cancún. (…) Un Martes Santo 26, ahí se cerró un negocio del usufructo señor juez”, se escuchó en los parlantes de la sala de audiencias el relato de Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti.

“Inicialmente me dijeron que me iban a pagar US$10 millones y el resto me lo iban a pagar a diciembre de 2015”, se escuchó a Monzón en la grabación, refiriéndose al posible pago de US$30 millones en total.

Durante su testimonio, Monzón también hizo referencia a las comunicaciones que habría tenido con el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

“Verónica hágame un favor, la señora vicepresidenta me acaba de autorizar de que le hablé al señor presidente para decirle que yo ya solventé la parte que me correspondía con el usufructo de Puerto Quetzal, que ya le puede dar viaje al tema del terreno”, dijo Monzón en la grabación.

Durante el desarrollo del debate oral y público se reprodujo la declaración de Juan Carlos Monzón. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Juicio continúa

La jueza presidente del Tribunal, en la audiencia anterior, dio oportunidad a los sindicados de declarar y únicamente lo hizo Gustavo Adolfo Martínez, yerno de Otto Pérez Molina, sindicado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

El juicio continuará y se espera que se retome la diligencia de pruebas y la comparecencia de testigos ante el Tribunal.

PGN esperará tres días antes de accionar por anulación de contratos de APM Terminals

Tue, 11 Jun 2024 21:39:15 +0000

Guatemala

PGN esperará tres días antes de accionar por anulación de contratos de APM Terminals

La empresa portuaria anuncio mediante un comunicado que analiza las acciones legales a tomar, luego de las últimas notificaciones judiciales que resuelven anular los contratos del Estado con APM Terminals.

Douglas Cuevas

11 de junio de 2024 | 15:39h

APM informó que continuará sus operaciones hasta que le sea permitido por las autoridades competentes. Fotografía: Prensa Libre.

El cierre de operaciones de APM Terminals en Guatemala todavía no ha quedado firme. Pese a las últimas notificaciones que confirman la demanda que ganó la Procuraduría General de la Nación (PGN) en 2016, la empresa podría recurrir a acciones que todavía podrían retrasar la ejecución de la sentencia.

Eso, según las declaraciones de Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, quien explicó a Prensa Libre la ruta legal que ha tenido el caso de APM Terminals, antes conocida como la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Negociación de usufructo que fue uno de los primeros procesos penales por corrupción contra el binomio del desaparecido Partido Patriota (PP), liderado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Saavedra explicó que la nulidad de los contratos provienen de una sentencia dictada el 16 de octubre del 2017, y una ampliación resuelta el 21 de diciembre del mismo año, pero luego de esas resoluciones hubo impugnaciones.

El caso se elevó mediante casación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que desestimó las acciones legales y motivó acciones de amparo que no fueron resueltas de manera favorable para las partes, manteniendo la sentencia que ordena la nulidad de los contratos de APM Terminals.

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La Sala envió en julio de 2023 la resolución, en donde confundió los términos, ya que solicitaba que se “ejecutara el proceso”, cuando lo correcto era “ejecutar la sentencia”, según la explicación de Saavedra.

Esa equivocación hizo que la PGN presentara un nuevo recurso de aclaración; mientras que APM Terminals presentó una reposición y la Empresa Portuaria Quetzal pidió una ampliación y aclaración. Las tres acciones fueron resueltas, únicamente de manera favorable a la PGN, pero todas fueron notificadas el pasado 10 de junio, confirmando, nuevamente, la nulidad de los contratos.

Los siguientes pasos

Aunque la demanda fue resuelta de manera favorable para la PGN, todavía no puede pedir que se ejecute y se anule el contrato. Según el procurador General de la Nación deben esperar si las otras partes no presentan recursos o acciones legales.

“Las otras partes, es decir, EPQ y APM Terminals, tendrán que evaluar si van de alguna manera a impugnar esto. Toda resolución para que cobre firmeza deben de transcurrir por lo menos tres días, en tanto eso no ocurra, no podemos pasar a la siguiente parte”, indicó Saavedra.

Las siguientes etapas sería pedir a la sala que emitió la sentencia para que se proceda legalmente con la ejecución. Para lo que tendrían que enviar notificaciones al Registro General de la Propiedad.

“Ya el viernes vamos a poder presentar un escrito solicitándole a la sala que extienda el despacho para poder cancelar el usufructo en el Registro General de la Propiedad”, indicó el procurador.

Luego de esto, corresponde también pedirle a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que tome acción. “Una vez el Registro General de la Propiedad lo cancele, ya se notifica a la SAT para que tome cartas en el asunto, que se traduce a la resolución donde la SAT le otorgaba el depósito aduanero terminal a APM Terminals, donde dejaría de tener vigencia”.

Saavedra evitó valorar si la sentencia podría afectar al Estado o traer complicaciones a TCQ, ya que como procurador General de la Nación tan solo puede explicar el proceso legal del caso.

APM analiza acciones

Mientras tanto, un comunicado de APM Terminals informó que están analizando las acciones legales a seguir. Esto luego de ser notificados de los últimos fallos que anulan los contratos de sus operaciones.

“APM Terminals Quetzal S.A se encuentra revisando la juricidad de dichas resoluciones y está evaluando las siguientes acciones legales que corresponden”, señaló.

Indican que son respetuosos de las decisiones judiciales y que acataran las mismas, añadiendo que “APM Terminals Quetzal S.A continuará operando con altos estándares, transparencia y eficacia para contribuir al normal funcionamiento de la cadena logística de Guatemala, hasta el momento en el que le sea permitido por las autoridades competentes”.

Señalados por firma de contrato irregular en caso TCQ enfrentan juicio

Tue, 11 Jun 2024 04:04:08 +0000

Justicia

Señalados por firma de contrato irregular en caso TCQ enfrentan juicio

Investigación del MP en el caso TCQ señala a implicados de haber hecho negociaciones a cambio de recibir sobornos.

Elmer Vargas

10 de junio de 2024 | 22:04h

En el Tribunal de Mayor riesgo B se lleva a cabo el inicio de juicio contra cinco acusados en el caso TCQ, señalados de actos de corrupción en Puerto Quetzal en 2016. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Cinco personas implicadas en el caso TCQ enfrentan juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B. La investigación detalla que habrían participado en la firma de un contrato para otorgar un usufructo para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal a cambio sobornos.

Los acusados son Gustavo Adolfo Martínez, quien es acusado por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude; Lázaro Noé Reyes Bata, acusado de enriquecimiento ilícito; Julio Nolberto Esquivel Orellana, de enriquecimiento ilícito; y Mario Ruano San José, de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Además, el exmagistrado Douglas René Charchal es acusado de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

El Ministerio Público durante la acusación dio detalles sobre el caso.

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“Se realizó una serie de negociaciones entre la entidad Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ-, filial de la compañía Group Maritime TSVSL con sede de negocios en Barcelona, España, titular e interesada en dicho proyecto que consistió en pagos de comisiones millonarias a algunas personas entre servidores públicos e intermediarios que participaron en el proceso de adjudicación del contrato de usufructo oneroso y de la construcción de la terminal de contenedores y en otros casos en la no obstaculización para que se llevara a cabo dicho proyecto.”, detalló el fiscal durante su intervención.

El fiscal también dijo que los acusados recibieron beneficios económicos como consecuencia de haberse aprobado el contrato en usufructo. Además, detalló que los sindicados se comunicaban y coordinaban para realizar dicho proceso.

“Durante el desarrollo del debate, el Ministerio Público quebrantará la presunción de inocencia que enviste a los acusados y una vez finalizada la producción del material probatorio, requerirá que se emita una sentencia ajustada a derecho de carácter condenatorio”, puntualizó.

El tribunal cedió la palabra a los abogados defensores para sus alegatos de apertura a juicio, donde indicaron que durante la investigación no se comprueba la participación de sus defendidos en los delitos que se les sindican.

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El abogado Juan Alberto Guevara está a cargo de la defensa del exmagistrado Douglas Charchal y durante su intervención indicó que a su defendido se le solicitó el retiro de antejuicio por el cargo que ostentaba como magistrado de la CSJ.

“El Ministerio Público lo acusaba para impresionar a juzgadores, porque cuando se le solicitó su antejuicio nunca fue por el delito de asociación ilícita, sino que únicamente por el delito de tráfico de influencias y fue en audiencia inicial donde sorprendieron a la defensa incorporando el delito de asociación ilícita”, recalcó el abogado.

Guevara indicó que como parte de la acusación se presentan informes de la Contraloría General de Cuentas y que estos carecen de sustento.

“Presentan unos informes de la Contraloría General de Cuentas, ni firmados, ni sellados y totalmente ilegales. No sé cómo fueron admitidos. Hay algunas circunstancias que el tribunal deberá valorar”, agregó el defensor.

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Por último, el profesional también hizo referencia a los informes presentados por al CICIG e indicó que en ninguno aparece el exmagistrado Charchal.

“Vamos a ir demostrando como no existe prueba porque no participó en los hechos, sino estuviera allí presentada por el Ministerio Público. Al final del debate oral y público no va a quedar más que solicitar una sentencia absolutoria en favor del Licenciado Douglas René Charchal”, finalizó el abogado.

Otro de los abogados dentro del debate es Francisco García Gudiel, quién indicó que las acusaciones en contra de su defendido, Mario Ruano San José, quien fungía como secretario privado del exmagistrado Douglas Charchal.

García Gudiel indicó que la acusación planteada contra su patrocinado carece de sustento y que la vinculación se da por el puesto que desempeñaba como secretario privado de Charchal.

Otro de los sindicados es el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Se trata del abogado Gustavo Adolfo Martínez, quien está a cargo de su propia defensa. El debate continuará el próximo 24 de junio.

Caso TCQ: España extraditará a Guatemala a empresario implicado en trama de sobornos

Thu, 09 Mar 2023 18:22:17 +0000

William Anthony Schwank López, ligado al expresidente Otto Pérez, condenado en diciembre a 16 años de cárcel por encabezar una millonaria red de fraude que le costó el puesto en 2015.

Schwank López, de 57 años, es reclamado por la justicia de su país por “formar supuestamente parte de un grupo criminal junto con el expresidente Otto Pérez Molina y la que fuera vicepresidenta Roxana Baldetti, para cometer múltiples delitos”, indicó en una nota de prensa la Audiencia Nacional, alta jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones.

Según el tribunal, al empresario, detenido en febrero pasado en Madrid a solicitud de Guatemala, se le atribuye haber formado parte, entre 2012 y 2015, del “grupo criminal” liderado por los entonces presidente y vicepresidenta del país, que buscó “obtener beneficios económicos ilícitos” a través de la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

Por dicho proyecto, obtendrían una comisión tanto el presidente y la vicepresidente del país como el equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, de la que formaba parte Schwank López, agregó la Audiencia Nacional.

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Tanto el general retirado Otto Pérez como la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron condenados en diciembre a 16 años de cárcel por liderar la red criminal de fraude en las aduanas.

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Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos US$3.5 millones, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi US$10 millones durante la operación entre 2013 y 2015.

El caso de corrupción provocó indignación y protestas callejeras que desembocaron en la renuncia de Pérez, en septiembre de 2015. Días después, fue encarcelado.

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Caso TCQ: empresario implicado en trama de sobornos advierte en España sobre posibles represalias si es extraditado a Guatemala

Mon, 06 Mar 2023 17:03:54 +0000

La Audiencia Nacional española celebró una vista sobre el pedido de extradición a Guatemala por su supuesta implicación en un caso de sobornos por el que fueron procesados el expresidente de este país Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Tras manifestar no tener claros los hechos por los que se le reclama, Schwank López advirtió de una convulsa situación política en su país y de que “el juez Gálvez” que instruyó la causa por la que se pide su entrega se encuentra huido desde octubre pasado.

Los fiscales que estaban “a cargo de las acusaciones”, prosiguió, uno también está en busca y captura y el otro detenido.

“Tengo miedo al mecanismo politizado de Guatemala”, señaló por su temor de que “puede llegar otra revancha” dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá un juicio justo.

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Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España, con su “colaboración” con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo, “porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala”.

Su abogado criticó la “ausencia” de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la “lamentable” situación de las prisiones en Guatemala, con “grave riesgo” para su seguridad “tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo”, algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas.

La Fiscalía, por contra, entiende que se dan los requisitos para la entrega, al no ver motivación política ni considerar prescritos los delitos, que en España serían análogos a los de pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.

El empresario es reclamado por haber supuestamente recibido sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado en un caso contra José Villarejo, un excomisario de la Policía española imputado en varios procesos.

A Pérez-Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó, tras ser acusado en Guatemala de sobornar al Gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

La comisión se pagó supuestamente entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta, entre otros, al parecer para que la naviera, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal, obtuviera de forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Por estos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Schwank López, detenido hace un año en Madrid, al que se le acusa de haber recibido 900.000 dólares “por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto”.

El caso

El 15 de abril de 2016 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ahora exitnta, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, revelaron un caso de corrupción que vinculaba al entonces presidente, Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria, Roxana Baldetti.

Según la Cicig, Pérez y Baldeti, y otras 15 personas eran sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

Estas personas eran sindicadas por un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas en la que se iba a edificar la nueva terminal.

El proyecto contemplaba un desarrollo de tres fases con una inversión de por lo menos US$255 millones.

Se suponía que TCQ dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad con lo cual se garantizaría eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

Hasta 2023 se conocerá el caso del naviero Pérez-Maura quien pagó una millonaria cantidad para evitar ser extraditado a Guatemala

Fri, 26 Aug 2022 11:00:29 +0000

Mientras que en Guatemala el grupo señalado en el caso TCQ, aún espera que se abra un juicio por su supuesta participación en un entramado de corrupción para el control del puerto más grande del país, en España, se lleva desde el 2019 una investigación en contra de los hermanos Pérez-Maura por su participación en este negocio oneroso y opaco.

Ángel y Álvaro Pérez-Maura son dos empresarios navieros en España. Ángel fue quién negoció con el binomio Pérez Molina y Baldetti, supuestamente a través de Juan Carlos Monzón, la adjudicación a su empresa para la administración del Puerto Quetzal, a cambio de coimas que superan los US$24 millones.

Junto a los Pérez-Maura fue detenido en 2019, Adrían de la Joya y otras dos personas más. Todos recobraron su libertad ese mismo año luego del pago de fianza de hasta 750 mil euros. La Fiscalía Anticorrupción de España sospechaba que los sobornos a los exmandatarios de Guatemala tendrían como fin conseguir la licitación del Puerto Quetzal, por lo que se les imputó los delitos de falsedad, cohecho y encubrimiento.

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Ángel Pérez-Maura es requerido por Guatemala en el caso TCQ, pero por ser ciudadano español se negó la extradición en 2018. Un año después se abrió una causa penal en España en las que se le involucró al instructor judicial José Manuel Villarejo, a quién Ángel Pérez-Maura habría pagado unos 7.5 millones de euros a cambio de no autorizar su extradición.

La Audiencia Española siguió con la investigación en España y para el 2021 ya formaban la tesis de que existió “un pacto de apoyo económico” de US$1 millón pagados por los Pérez-Maura a Jose Suárez Messeguer para no ser involucrados en el caso de TCQ y borrar cualquier vínculo con los exmandatarios guatemaltecos.

Suáres Messeguer habría actuado como enlace del Grupo Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona, empresa que había conseguido la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, a través de sobornos supuestamente.

De acuerdo con la tesis de la fiscalía española, mientras Suárez Messeguer guardaba prisión en Guatemala, ligado al caso TCQ, los Pérez-Maura habrían hecho los pagos a cuentas en Bulgaria.

Actualmente la Audiencia Nacional Española lleva el caso, denominado Tadem, es una macrocausa que incluye otras menores, entre ellas la denominada PIT, que se refiere a un agente encubierto que habría abierto otra línea de investigación en la que se involucra al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria.

PIT, el agente encubierto que consta en la microcausa, habría contado con la ayuda económica del empresario De la Joya, para impulsar la presidencia de Guatemala de Ligorría y que éste a su vez interviniera a favor de Ángel Pérez-Maura. Se trató de establecer un contacto con el exembajador pero el número de teléfono obtenido no recibe llamadas.

En esta causa, el agente encubierto señaló, de acuerdo con la versión publicada por el diario español La Información, que el “negocio” se cerró en una reunión en Nueva York, Estados Unidos, donde participó Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente Donald Trump, que según el medio el Periódico de España, en unos chats escritos entre el empresario De la Joya y Enrique Maestre Cavana, revelan que en el pago a Villarejo, quien evitó la extradición de Pérez-Maura, se involucró a Manafort, ya que si ganaba las elecciones Trump en 2016, este influiría en las autoridades de Estados Unidos para poder apartar al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, que era quien acusaba a los Pérez-Maura.

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Hasta el año pasado, la causa en España, a cargo del Juez García Castellón, se enfocó en rastrear unos 30 millones de euros que se habrían pagado en sobornos en Guatemala, entre 2012 y 2015. Para el efecto ya han solicitado a Guatemala información del caso TCQ, la cual está pendiente de ser recibida en el país europeo, según informó el medio de comunicación La Razón, en una nota periodística.

El medio detalla que también se acordó citar a William Anthony Schawank, otro de los empresarios españoles que trabajó de la mano con el ex interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, ya que pueden aparecer nuevos datos para avanzar en la investigación. En la nota se lee que Schawank, quien está en prisión provisional desde el pasado 24 de febrero en Cataluña, España, determinaría cómo fue que se “ejecutaron las mordidas”

La justicia española indaga si los hermanos Pérez-Maura cometieron el delito de cohecho internacional, esto por haber pagado dicha cantidad para quedarse con el proyecto de la construcción del puerto.

De acuerdo con el medio español Libertad Digital, Pérez Maura, reprochó al juez que lleva el caso del agente encubierto que dio datos nuevos en relación de cómo Villarejo favoreció al naviero español para no ser extraditado. El medio de comunicación agrega que el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional prorrogó por un período de seis meses (enero 2023) la investigación del caso PIT y también solicitó la presencia del ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como perjudicado en este caso.

Cómo el testimonio de Juan Carlos Monzón destapó una trama de US$24 millones para cooptar el Puerto Quetzal

Fri, 26 Aug 2022 11:00:21 +0000

“Si bien ustedes recordarán durante mi declaración como colaboración eficaz en el tema de TCQ, pues indiqué, efectivamente, que Roxana me había enviado a hablar con Guillermo Lozano a su apartamento en zona 13, en especial por ese tema; sin embargo, él fue claro en que toda la información en relación a TCQ me la podía proporcionar Allan Marroquín y Bill Schwank”, así se lee uno de los extractos de la declaración de Juan Carlos Monzón en el caso de corrupción de sobornos entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S. A. (TCQ), y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el cual involucró a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como a 17 personas más.

Pero el testimonio de Monzón, exsecretario privado de Baldetti, podría ser anulado, si las acciones judiciales en otro caso en donde fue colaborador eficaz quedan sin materia. De acuerdo con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, es falso que la Fiscalía vaya a pedir que se revoque el acuerdo de colaboración eficaz de Monzón, al menos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

Curruchiche agregó que, en ese caso específico, el órgano investigador no pedirá que se revoque su declaración, aunque no aclaró si de la misma forma actuará en todos los procesos judiciales en que Monzón colaboró con información, uno de estos el contrato oneroso entre TCQ y EPQ.

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“Un grupo criminal”

En el 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la Feci y el Ministerio de Gobernación, en conferencia de prensa, revelaron una estructura liderada por Pérez Molina y Baldetti. Se aseguró que se firmó un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas, sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, con una inversión de por lo menos US$255 millones. Los entonces gobernantes recibirían al menos en comisión ilícita US$24.5 millones.

El negocio se inició en el 2012, meses después de que el binomio del Partido Patriota (PP) obtuviera la Presidencia. La propuesta de Pérez era que TCQ, S.A., dotara a la EPQ de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores. Pero, para ello, según el ente investigador, operó un grupo criminal integrado por 17 personas en total, en donde cada uno tenía un rol definido.

La rosca

A meses de haber tomado posesión, Pérez Molina designó como operador de la EPQ y enlace al empresario y piloto de aviación Guillermo Lozano Bauer, quien también era la persona que volaba los helicópteros en los que se desplazaba Pérez como candidato a la Presidencia de la República en época de campaña. El entonces mandatario, a recomendación de Lozano, designó como interventor de la Portuaria al abogado Allan Herbert Marroquín Castillo, y este incluyó en su equipo a William Anthony Schwank López, empresario español que tiene solicitud de extradición a Guatemala.

Por el lado de la Vicepresidencia se designó a Julio Rolando Sandoval Cano para que ocupara el puesto de subinterventor de la EPQ y sería el encargado de firmar todos los documentos del usufructo oneroso, en tanto que la negociación ilícita entre Guatemala y los empresarios españoles estuvo a cargo de Monzón.

Una de las reuniones pactadas entre Monzón y los empresarios de TCQ Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez se realizó en Cancún, México. Ahí, según el colaborador del caso, Pérez y Baldetti requirieron por medio del entonces secretario privado que el pago de las comisiones que les correspondía fuera en efectivo y que estos no tendrían que extenderse más allá del mandato, por lo que el binomio presidencial exigió que el último desembolso se entregara en octubre del 2015.

“Pérez Molina utilizó su cargo como presidente para facilitar el negocio e intervino de manera decisiva en la entrega de los terrenos a TCQ, S. A., promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con el respaldo gubernamental”, se lee en el informe de la Cicig.

En ese caso, también sobresale el nombre de Gustavo Martínez, quien fue secretario privado del exmandatario Pérez Molina y quien enfrenta a la justicia por cohecho activo. Según el MP, su función fue interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto portuario.

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Los otros implicados

Jhonatan Harry Chévez era el encargado de adquirir bienes e inmuebles para la expareja presidencial para lavar el dinero adquirido de forma ilícita. Además, se hizo mención de Lázaro Noé Reyes Mata, quien fungía como secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal; Julio Norberto Esquivel Orellana, líder sindical de EPQ; Julio César Zamora Álvarez, dirigente del sindicato, asesinado en abril del 2020 en Puerto San José, Escuintla, y Samuel Aceituno Juárez, quien era el administrador de la empresa Proyecto Rentables de Inversión, S. A., ligada a Baldetti.

El MP dijo en su momento que esa asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la concreción de ese proyecto, del cual los involucrados obtendrían lucro, y dirigían acciones llamadas a ocultar y blanquear el dinero recibido de origen ilícito.

Tanto el proceso de TCQ como Cooptación del Estado están pendientes de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por Miguel Ángel Gálvez, el cual ha sido suspendido por varios años.

Francisco Rivas, exministro de Gobernación, quien participó en la conferencia del 2016 cuando se reveló el caso de la Portuaria Quetzal, dijo: “Existe una clara línea de impunidad que ha trazado la mafia política corrupta en relación con los casos que la Cicig evidenció. El riesgo es inminente, en donde seguramente los dejarán sin efecto, para que los responsables queden en impunidad”.

Así habrían pagado US$1 millón empresarios españoles Pérez-Maura para salvarse de la cárcel en Guatemala

Sun, 05 Dec 2021 01:25:59 +0000

Un “apoyo económico” de US$1 millón habrían pagado los hermanos Pérez Maura a Juan José Suárez Messeguer para comprar su silencio y librarse de la trama de sobornos que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) habría pagado al expresidente Otto Pérez Molina a cambio de adjudicar a su empresa la construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.

La evidencia que comprueba los pagos ha sido presentada al juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional de España, donde se presentan detalles de cómo los navieros pagaron a su socio para que no los involucrara en el proceso judicial que se seguía en Guatemala.

Suárez Messeguer era el apoderado de TCQ y guardó prisión en el país por el proceso irregular para la adjudicación de la obra en Puerto Quetzal.

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El medio español La Información destaca que la esposa de Suárez Messeguer, Alejandra Ochoa, abrió una cuenta bancaria en Bulgaria a nombre de una empresa para canalizar así el pago acordado con los Pérez-Maura.

“Según el extracto de la cuenta bancaria abierta por la mujer de Suárez Messeguer en el banco Tokuda Bank Ad, incluido en la documentación que recientemente ha remitido Bulgaria a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario, fue Ángel Pérez -Maura García quien desde una cuenta suiza hizo dos transferencias por el importe de US$500 mil dólares”, cita el medio español.

Las transferencias fueron hechas el 4 de junio y el 20 de septiembre de 2018.

Entre los documentos que ya se encuentran en poder del juez para confirmar los pagos está el acta de constitución de la empresa Altima BG Eood, a nombre de la cual se abrió la cuenta en Bulgaria, constituida “por tiempo indefinido” y con una razón comercial de “fabricación y venta de todo tipo de mercancías, prestación de todo tipo de servicios, prestación de servicios de consultoría e intermediación, comercio interior y exterior con todo tipo de mercancías y servicios, construcción, distribución y servicios de ingeniería, así como cualquier otras actividad no prohibida por la ley”.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conversan con sus abogados después de que el Ministerio Público pidió que fueran ligados a proceso por caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Investigaciones

Otra causa abierta contra los hermanos Pérez-Maura también incluye al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien supuestamente habría recibido 7.5 millones de euros a cambio de frenar la solicitud de extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, reclamación que finalmente fue denegada en mayo del 2018 por la Asamblea Nacional.

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Juez imputa a español que habría pagado sobornos por €30 millones al expresidente Otto Pérez Molina

El plan elaborado por el agente encubierto, bautizado como ‘Pit’, habría contado con la ayuda económica de otro de los imputados, el empresario Adrián de la Joya, para impulsar la candidatura a la presidencia de Guatemala del exembajador en Estados Unidos Julio Logorría, con el fin de que éste librase al naviero de la causa por corrupción por la que estaba siendo investigado.

Este “negocio” se cerró en una reunión en Nueva York en febrero de 2017, en la que habría participado Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según quedó registrado en un audio grabado por el propio comisario y que obra en el sumario de la causa.

*Con información de el Diario La Información y La Razón

Juez imputa a español que habría pagado sobornos por €30 millones al expresidente Otto Pérez Molina

Fri, 24 Sep 2021 04:31:25 +0000

El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, imputó este jueves 23 de septiembre al exconsejero de la constructora Copisa, Francesc Xavier Tauler, implicado en un caso de sobornos por €30 millones al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en un proceso relacionado con el caso TCQ en Guatemala, según medios españoles.

En el proceso también se investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado €7.4 millones a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

De acuerdo con “El Periódico de España”, el juez pone el foco sobre Tauler por el pago de una comisión de €30 millones para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para directivos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Se detalla que lo que se investiga es la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala, pero que por medio de sobornos se habría buscado “eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación”.

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El juez sitúa a Tauler en el centro de la operación, ya que en la fecha de los hechos “era el presidente del Consejo de Administración de COPISA”. Precisamente, TCQ habría contratado a Copisa Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.

En este sentido, García-Castellón señala que de las diligencias practicadas se desprende la relevancia de la intervención de Copisa, ya que se ha constatado la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por importe de más de Q36 millones.

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Detalles

Correos electrónicos interceptados dentro del “Caso Villarejo”, que se desarrolla en España, revelaron un pago millonario en sobornos de empresarios españoles al gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), también investigado en Guatemala por el caso TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal).

Según una publicación del diario digital español El Confidencial, las comunicaciones arrojaron más datos sobre “el cobro de mordidas” por concesiones en Guatemala en un caso que implica también al excomisionado español José Manuel Villarejo.

De acuerdo con la investigación de El Confidencial, los correos interceptados y que ya estaban en manos del juez del caso, van de marzo a diciembre del 2012, y revelan que los empresarios españoles Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a varios directores de sus empresas ofrecieron al gobierno de Pérez Molina €30 millones por que fueran favorecidos con un proyecto en la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.

También lea: Iván Velásquez aparece de nuevo en caso para evitar extradición de multimillonario español de TCQ

Las comunicaciones se dieron entre los empresarios navieros y Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, según el diario.

La investigación aclara que, una vez descubiertos por las pesquisas, los implicados españoles contrataron al excomisionado de ese país José Manuel Villarejo para que los librara de la extradición a Guatemala para enfrentar a la justicia, de donde toma su nombre el caso español. El diario revela que con Villarejo los empresarios pactaron US$10 millones en 2016 “para que moviera sus hilos”.

¿Qué dicen los correos?

El primer correo, fechado el 29 de marzo de 2012, está redactado con órdenes de Ángel Pérez Maura a sus directores para que siguieran al pie de la letra el proceso de “negociación” que se tenía con Guatemala, así como las formas de pago respecto de la misma. Los pagos deberían hacerse de una forma “que no sea discutible y nos dé tranquilidad para los próximos 25 años”, cita EL Confidencial.

Especial atención para las pesquisas merece el correo interceptado con fecha 21 de noviembre de 2012, donde la exvicepresidenta Baldetti les pide otros Q6 millones, que completarían Q30 millones, para ser favorecidos con el contrato de construcción en la portuaria. Sin embargo, en el comunicado Pérez Maura se queja con sus directivos de que la vicepresidencia “quiere imponerles al constructor” del proyecto, lo que le parece una alternativa que no puede ser aceptada.

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“Vuelve a la cifra de 30 (…) y para colmo (la vicepresidenta) se saca ahora que el constructor tiene que ser obligatoriamente amigo suyo”, se queja el empresario español. El correo, resalta la nota del diario digital, es enviado por el entonces secretario privado Monzón.

Los próximos correos develan las claras instrucciones de los empresarios españoles de enfocar esfuerzos para que todos los procesos “aparenten normalidad en el ámbito público”.

El último correo lo recibió personalmente Ángel Pérez Maura. En este se detalla la reunión de ese empresario con Juan Carlos Monzón, en donde abordan temas como la situación de ese entonces de la portuaria, la postura de Baldetti, cómo quedarían las comisiones y las formas y calendario de los pagos por las concesiones.

Caso TCQ: revelan correos que incriminan a Pérez Molina y Baldetti en supuestos millonarios sobornos a empresarios navieros españoles

Fri, 18 Jun 2021 00:05:08 +0000

Correos electrónicos interceptados dentro del “Caso Villarejo”, que se desarrolla en España, revelan un pago millonario en sobornos de empresarios españoles al gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), también investigado en Guatemala por el caso TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal).

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De acuerdo con la investigación de El Confidencial, los correos interceptados y que ya están en manos del juez del caso, van de marzo a diciembre del 2012, y revelan que los empresarios españoles Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a varios directores de sus empresas ofrecieron al gobierno de Pérez Molina US$30 millones por que fueran favorecidos con un proyecto en la terminal de contenedores de Puerto Quetzal.

Las comunicaciones se dieron entre los empresarios navieros y Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, según el diario.

La investigación aclara que, una vez descubiertos por las pesquisas, los implicados españoles contrataron al excomisionado de ese país José Manuel Villarejo para que los librara de la extradición a Guatemala para enfrentar a la justicia, de donde toma su nombre el caso español. El diario revela que con Villarejo los empresarios pactaron US$10 millones en 2016 “para que moviera sus hilos”.

¿Qué dicen los correos?

Especial atención para las pesquisas merece el correo interceptado con fecha 21 de noviembre de 2012, donde la exvicepresidenta Baldetti les pide otros Q6 millones, que completarían Q30 millones, para ser favorecidos con el contrato de construcción en la portuaria. Sin embargo, en el comunicado Pérez Maura se queja con sus directivos de que la vicepresidencia “quiere imponerles al constructor” del proyecto, lo que le parece una alternativa que no puede ser aceptada.

“Vuelve a la cifra de 30 (…) y para colmo (la vicepresidenta) se saca ahora que el constructor tiene que ser obligatoriamente amigo suyo”, se queja el empresario español. El correo, resalta la nota del diario digital, es enviado por el entonces secretario privado Monzón.

Los próximos correos develan las claras instrucciones de los empresarios españoles de enfocar esfuerzos para que todos los procesos “aparenten normalidad en el ámbito público”.

El último correo lo recibió personalmente Ángel Pérez Maura. En este se detalla la reunión de ese empresario con Juan Carlos Monzón, en donde abordan temas como la situación de ese entonces de la portuaria, la postura de Baldetti, cómo quedarían las comisiones y las formas y calendario de los pagos por las concesiones.

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El papel de Pérez Molina

Ante la inconformidad con las condiciones de Baldetti, los investigadores del caso en España dicen que los empresarios siguen adelante con su estrategia: que uno de sus contactos “hable directamente con el presidente Pérez Molina”. Esta instrucción alude, dice el diario digital, a que deben “medir bien” los pasos que den.

De esa cuenta, y en contubernio con la Embajada Española en Guatemala, se efectuará una campaña en los medios de comunicación “para aparentar normalidad en el ámbito público”. “Es importante que se transmita el mensaje de respetar los compromisos para no dejar heridos peligrosos en el camino”, dicen los correos.

Además, las operaciones efectuadas, así como los pagos, deberían pasar obligatoriamente por el filtro de los abogados de las empresas. Eso incluía facturas, convenios y otros documentos, “para aparentar legalidad”.

Un detenido clave

Actualmente, el juez designado para la investigación dentro de la Audiencia Nacional española ya ordenó a los investigadores que determinen el destino de US$10 millones recibidos por “medio mundo” en presuntas comisiones y por diversas entidades bancarias y financieras en este caso.

Resalta la formación de una comisión para que investigue a un banco búlgaro en el que aparece la cuenta de “un detenido en Guatemala” que vendió “su silencio sobre el naviero Ángel Pérez Maura”.

Las investigaciones españolas se efectúan en forma paralela con el caso TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal), destapado en 2016 por la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el colombiano Iván Velásquez como jefe, y un caso por el que Guatemala ha reclamado durante varios años a España la extradición del empresario naviero Ángel Pérez Maura.

Como resalta El Confidencial en otro artículo, José Manuel Vallejo, contratado por Pérez Maura parar evitar su extradición desde España, se encuentra en prisión en España desde noviembre de 2017, no solo implicado en este caso sino en otros de relevancia parar ese país europeo.

Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina guardan prisión también en la actualidad por este y otros casos relacionados con señalamientos de corrupción.

Administrador de empresa de Roxana Baldetti deja la prisión luego de sufrir fracturas en el cráneo

Wed, 10 Jul 2019 04:00:12 +0000

El juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, favoreció a Aceituno Juárez con arresto en su casa ubicada en la colonia Villa del Bosque, en la zona 3 de Mixco, sin vigilancia policial.

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La resolución subraya en las cuatro fracturas que el procesado sufrió en el cráneo después de un juego de futbol en la cárcel militar Mariscal Zavala, donde estaba desde que fue detenido el 22 de abril del 2016 y procesado en el caso TCQ -Terminal de Contenedores Quetzal-, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal.

Aún con un vendaje en la cabeza y con dificultades para hablar por las secuelas del golpe, el procesado Aceituno Juárez recordó que había sido un encuentro desafortunado con otro procesado el 22 de abril pasado cuando se fracturó.

Sufrió un empujón en la disputa del balón que del choque resbaló y se golpeó la cabeza cuando cayó afuera de la cancha. “Estuve inconsciente. Me da tristeza porque pude morir. Recibí la atención adecuada después de 24 horas”, dijo.

El juzgador le advirtió que tiene que comparecer a todas las citas médicas y a las audiencias cuando se le requiera. Además, le recordó que está procesado por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

#CasoTCQ | El procesado Samuel Aceituno recuerda que fue jugando fútbol en la cárcel militar Mariscal Zavala cuando se fracturó el cráneo y las secuelas que le dejó.
Hoy fue beneficiado con arresto domiciliario. pic.twitter.com/8uJE38v6gN

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 9, 2019

Señalamiento

En el 2015, la oficina de Proinver, ubicada en el edificio Géminis, zona 10, fue allanada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) porque la exvicepresidenta Baldetti tenía acciones en la empresa.

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El excolaborador eficaz, Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, mencionó que Proinver es una de las empresas de Baldetti que él asesoró a petición de ella.

Según el Registro Mercantil, Proinver fue constituida en mayo de 2011, su representante legal y administrador es Aceituno Juárez.

La empresa se dedica a planificar, promover, desarrollar y comercializar toda clase de proyectos inmobiliarios y de construcción. Baldetti es la principal accionista e integrante de la Junta Directiva.

Siguen en prisión

Gálvez negó el arresto domiciliario a Julio Rolando Sandoval Cano y a Jonathan Chévez, alias el Mago. En su argumentación recordó que el simple hecho que el MP ya entregó la acusación no es motivo para variar las circunstancias del peligro de la obstaculización de la averiguación de la verdad como lo ha sentenciado la Corte de Constitucionalidad (CC).

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez otorga arresto domiciliario al procesado Samuel Aceituno Juárez por enfermedad.
Mantiene en prisión a Julio Rolando Sandoval y Jhonatan Chévez, el Mago. pic.twitter.com/Mhoqb2HnRa

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 9, 2019

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Iván Velásquez aparece de nuevo en caso para evitar extradición de multimillonario español de TCQ

Fri, 31 May 2019 02:31:09 +0000

Son diez palabras que se han vuelto en un descubrimiento valioso para la policía española en la investigación que se efectúa por la extradición fracasada del empresario español Ángel Pérez-Maura quien está vinculad en el país con el pago de sobornos millonarios al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Las averiguaciones sostenidas ahora ante un juez también nombraron a Iván Velásquez, quien se reunión con dos funcionarios de justicia de España, sin embargo no quedaron evidencias de que CICIG o su comisionado gestionaran algo a favor de multimillonario que pretendía detener su extradición.

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Quién es Ángel Pérez-Maura, el empresario español relacionado con Pérez Molina y Baldetti.

La Policía española señala a Villarejo de haber cobrado a la familia Pérez-Maura más de siete millones de euros por aparentemente gestionar su salida del lío legal en el que enfrentaba el proceso de extradición, requerido por las autoridades guatemaltecas por el pago de sobornos.

Según la investigación Villarejo tuvo varias reuniones con Garzón para que usara su influencia en el sistema judicial español con el objetivo de entorpecer los procesos penales en contra del empresario español.

Planificación y comida

Según el diario El Confiencial la Policía española tiene un informe de 33 páginas y se incluye la anotación de Villarejo el 3 de julio de 2017, era la reunión que tendría con Delgado y Garzón.

“Confirmada comida mañana -programada para el 4 de julio de 2017-. Vendrá por su parte BG -Baltasar Garzón- y Lola -Dolores Delgado-”.

Las anotaciones no se limitan al previo del almuerzo, hay detalles en la agenda de Villarejo de lo que se habló en la reunión con Garzón y Delgado.

Mención de Iván Velásquez

Los investigadores de la Policía española tienen grabaciones que realizó Villarejo en las que dejó expuesta su relación con Garzón y cómo fraguaron los respaldos.

“El Mago está haciendo las cosas con los tiempos que le marcamos”, aseguró Villarejo en una de las grabaciones de reuniones que tuvo con la familia Pérez-Maura. En esas citas el comisario aseguró que Garzón se reunió en Madrid con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

Villarejo le aseguró a Pérez-Maura que el exjuez está dialogando con Velásquez, e expuso que el Mago “mantiene unas muy buenas relaciones con el colombiano -Iván Velásquez-“.

“Él -Garzón- lo está haciendo poco a poco”, le garantizó Villarejo a Pérez-Maura.

La policía española verificó las filmaciones del sistema de videovigilancia de la entidad judicial para determinar si hubo o no presencia de Velásquez, pero no logró localizar indicios.

En septiembre de 2018 la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional de España negó la solicitud del Ministerio Público (MP) de extraditar al empresario español Ángel Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita y fraude, no obstante, autorizó que fuese juzgado en ese país por el delito de cohecho activo, informó el tribunal español.

En las anotaciones del excomisario Villarejo, clave en el proceso, sostiene que Garzón ha trabado amistad con Velásquez. “El Mago mantiene unas muy buenas relaciones con el colombiano, lo está haciendo poco a poco”, anotó.

Es más, en una visita en 2017, Villarejo destinó buena parte de su proyecto a atender a Velásquez vía el exjuez español, al punto de darle un tratamiento “first class”. “Le he dicho… pero ¿a este chico qué le gusta? ¿Las chicas, los chicos?”, habría contado Villarejo.

Otro asistente de Villarejo, Adrian de la Joya contó que al reunirse con los Pérez-Maura quedó claro que el Comisionado de CICIG no accedería con facilidad a dejar el caso contra el empresario portuario. “Es un hijo de puta, peno porque sea rojo y malo (comunista) y tal, sino porque es un tipo realmente chungo (difícil o complicado)”, relató ante la policía.

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, negó cualquier acercamiento de Velásquez con los involucrados en este caso. “Desmentimos reunión del comisionado Velásquez en España vinculada con extradición de Angel Pérez-Maura. No existió esta ni ninguna otra reunión con Dolores Delgado ni con Baltazar Garzón para tratar este o cualquier otro tema en ningún lugar”, publicó en la cuenta de Twitter.

Gestor de sobornos

La justicia guatemalteca requirió a Pérez-Maura en el 2016 tras las investigaciones que lo sindicaban de haber pagado US$30 millones -unos Q231 millones- a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en sobornos para hacerse del millonario proyecto, mediante el cual se agilizarían el desembarco de buques en Guatemala y haría al país más competitivo.

En cuanto a los delitos por los que se buscaba la extradición, los cuales eran asociación ilícita y fraude y cohecho activo, solamente sería posible, en cualquier caso, entregar a Pérez-Maura a las autoridades guatemaltecas por el último ilícito. La asociación ilícita y el fraude no aparecen en la lista de 24 delitos por los cuales es posible extraditar a un sospechoso, según el tratado de extradición firmado entre España y Guatemala.

El 15 de abril de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) revelaron un nuevo caso de corrupción que implicaba a Pérez Molina y Baldetti, el Caso TCQ. El exbinomio presidencial habría recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim-Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El grupo habría negociado sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.

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Caso TCQ: Español Juan José Suárez saldrá de prisión por fianza de Q500 mil

Fri, 03 May 2019 22:41:02 +0000

El exejecutivo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) saldrá de prisión mediante el pago de fianza de Q500 mil. También tendrá arraigo.

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El juez le había negado el arresto domiciliario el pasado 12 de septiembre con el argumento existía “duda” para acreditar el arraigo. En esa ocasión Gálvez le dijo: “El problema es cómo se puede definir el arraigo si es ciudadano español. Puede irse a cualquier embajada de Centroamérica y pedir un pasaporte nuevo y salir del país”.

Siete meses y 21 días después Gálvez cambió de parecer. Valoró que el español entregó su pasaporte en la judicatura en donde se oficiará un documento para que eviten emitir un pasaporte nuevo.

“Considero que lo prudente es decretar medida sustitutiva”, resolvió hoy Gálvez cuando le fijó la fianza. El ciudadano español fue detenido el 15 de abril del 2016 y estaba procesado por asociación ilícita y cohecho activo.

Fue enlace

La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Suárez era el enlace de la filial Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) que “negoció” con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti el pago de US$30 millones para obtener el usufructo durante 25 años de un área del Puerto Quetzal para operaciones privadas.

La investigación que fue planteada en la judicatura señaló a Suárez de haber negociado con funcionarios y sindicalistas el usufructo. En este caso declaró como colaborador Juan Carlos Monzón Rojas, quien fue secretario privado de Baldetti.

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Cicig continúa como querellante del caso TCQ a través de videoconferencia

Mon, 11 Feb 2019 18:02:27 +0000

Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, autorizó a la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que pudiera comparecer en una audiencia a través de videoconferencia, aunque finalmente la audiencia fue suspendida porque faltaba el abogado de Gustavo Martínez, sindicado en el caso.

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Hace un mes el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había dejado de asistir a las diferentes audiencias en la Torre de Tribunales, luego que el gobierno de Jimmy Morales diera por terminado de manera unilateral el convenio.

Los casos se reprogramaron y en uno hasta se decretó el abandono de la Cicig como querellante: el juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad que tiene en el banquillo a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales respectivamente-.

La mañana de este lunes 11 de febrero fue distinta. La abogada Astrid Escobedo, de la Cicig compareció a través de una videoconferencia y causo la sorpresa de algunos abogados y acusados en la judicatura.

El caso TCQ, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal, volvió a la sala de Mayor Riesgo B, dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, luego que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo así lo ordenó.

El juez verificó que todos estuvieran y explicó que la abogada Escobedo había solicitado comparecer por videoconferencia. “Está en ley debido a que cualquier persona que sea parte del proceso puede hacerlo”.

#CasoTCQ | Juez Miguel Gálvez autoriza a Astrid Escobedo, de la @CICIGgt, a comparecer por videoconferencia.
La audiencia de cumplimiento de sala a Gustavo Martínez se suspende por inasistencia de los defensores. pic.twitter.com/mDX6MWXsht

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 11, 2019

Abogado de Martínez ausente

Gustavo Martínez, exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina compareció a la judicatura sin su defensor Jhonatan Villatoro.

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Martínez explicó que el abogado tenía una cita en el Juzgado Décimo Penal desde la semana pasada y además interpuso un amparo a la resolución de la Sala que lo envió a debate por cohecho pasivo.

“En vista de la incomparecencia de sus abogados lo prudente es suspender la audiencia. Se les va a notificar cuándo será reprogramada”, informó el juez Gálvez.

La semana pasada la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le enmendó la plana a Gálvez y también ordenó un debate para Martínez por cohecho pasivo.

Martínez fue enviado a debate por asociación ilícita y fraude el año pasado. El juez Gálvez había decretado la clausura provisional por cohecho pasivo y ante eso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) interpuso una apelación.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios, y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.

En libertad

El pasado 12 de septiembre el juez Gálvez le otorgó arresto domiciliario sin pago de fianza durante una audiencia de revisión de medidas de coerción a Gustavo Martínez.

Ese día dijo: “Soy entrenador de equitación y lo aviso para que no se interprete mal si me ven montando caballos”.

Martínez goza de una jornada diurna de 7 a 17 horas para trabajar. Además, tiene prohibido salir del país y hablar con otros integrantes que están procesados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

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“Usted castiga a unas personas como que fueran animales”: El reclamo de un abogado al juez Gálvez

Thu, 07 Feb 2019 23:24:36 +0000

Todo ocurrió en una audiencia de solicitud de medidas sustitutivas.

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Los sindicados en el Caso TCQ, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal, solicitaron, a través de sus abogados la revisión de medidas de coerción. Los argumentos se centraron a la supuesta variación del proceso.

La Fiscalía se opuso con el argumento de que jamás se explicó bajo qué circunstancias se varió el proceso.

“Lamentablemente la situación primitiva del caso no ha variado. El proceso ha estado más en la sala de Apelaciones que en la judicatura. Han sido decisiones y actuaciones por declinatoria y recusaciones”, mencionó el juez Gálvez para rechazar la petición de los tres sindicados y mantenerlos en prisión.

#CasoTCQ | Defensor de Julio Rolando Sandoval Cano le recrimina al juez Miguel Gálvez "no vuelvo a compartir una sala con su persona". pic.twitter.com/fQ1M4erEHF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 7, 2019

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Al ver frustrado el objetivo de excarcelar a su cliente Julio Rolando Sandoval Cano, quien deberá continuar en prisión, el abogado Víctor Pérez le lanzó una recriminación al juez.

“Hoy en esta sala de audiencias entiendo que usted tiene una enemistad conmigo”, le dijo.

“No vuelvo a compartir una sala con su persona”, le reprochó.

Después le dijo: “No podemos volver a compartir una sala de audiencias porque usted castiga a unas personas como que fueran animales”.

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El juez Gálvez dejó que finalizara de intervenir el abogado Pérez y después le respondió: “Fíjese, licenciado, que yo hice referencia cuando hablé del plazo razonable a las diversas actuaciones del caso… yo no estoy valorando medios de investigación”.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.

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España investiga si hubo sobornos para evitar extradición de Ángel Pérez Maura por caso TCQ

Fri, 21 Sep 2018 15:19:00 +0000

De acuerdo con El Confidencial, la pesquisa se centra en las actuaciones de José Manuel Villarejo, un policía retirado que habría sido el que gestionó con la fiscalía española para evitar el envío de Pérez Maura a Guatemala. De hecho, la Audiencia Nacional española negó la solicitud en mayo de extradición a nuestro país.

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De Villarejo se sospecha que en 2016 tocó puertas en la Audiencia Nacional y, a través de una agenda de apuntes, aparece implicada Dolores Delgado, entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, a quien nombra como alias “Dos”, reporta el diario.

La investigación aún está en desarrollo para determinar si existió ese encuentro y si hubo resultados.
Delgado ha sido consultada en tres ocasiones sobre su relación con el policía Villarejo. Primero dijo que no tenía relación con él, luego que no ha tenido contacto de tipo profesional y luego que quizá tuvo pudo haber coincidido con él en algún evento.

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Juez Baltazar Garzón

El Ministerio de Justicia español ha dicho que Delgado no participó en ningún trámite del proceso de solicitud de extradición de Pérez Maura.

La justicia española investiga si el juez Baltazar Garzón también recibió pagos de Villarejo. El abogado español inhabilitado en sus funciones de juez es amigo cercano de Delgado y es recordado en Guatemala por la búsqueda de justicia por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, según el Confidencial.

Las investigaciones creen que la alusión de “Mago” en los apuntes de Villarejo hablan del juez Garzón, quien negó tener alguna labor de intermediación en la extradición de Pérez Maura y atribuyó el caso a un ataque contra la ministra de Justicia española.

La alusión de “el Mago” o “M.”, en recuerdo de una de las primeras operaciones que fueron labrando su imagen de “juez estrella”. La legendaria redada contra el narcotráfico gallego que dirigió en 1990 se conoció inicialmente con este nombre: “Mago”, apunta el diario El Confidencial.

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Iván Velásquez

Del caso se desprende también una posible reunión en 2017 en Madrid entre Delgado y una persona más con Iván Velásquez, quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Velásquez acudió a Madrid invitado por Oxfam Intermón y participó en una charla sobre los desafíos de la cooperación internacional, informó El Confidencial. La Cicig que él representa y el Ministerio Público lanzaron en 2016 la orden de detención contra el naviero español, lo que explicaría el interés de Villarejo y del exjuez Garzón en reunirse con él, añade la publicación.

“Desde Cicig desmentimos categóricamente una reunión del comisionado Iván Velásquez en España vinculada con la extradición del señor Ángel Pérez Maura”, aseguró el portavoz de la Comisión, Matías Ponce.

El encuentro, según las mismas fuentes consultadas por el Confidencial, se habría producido durante julio del pasado año.

Acusación

Pérez Maura, quien según El Confidencial pertenece a una de las familias más ricas de ese país, es señalado en Guatemala por haber figurado en el entramado de corrupción con el gobierno del Partido Patriota para pagar US$30 millones en sobornos para obtener el usufructo para operaciones de la portuaria Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Una de las piezas de la red era precisamente el naviero, al que se acusa de pagar al exdignatario casi 30 millones de dólares a cambio de que se le adjudicara una obra faraónica para ampliar el puerto Quetzal y construir una terminal de contenedores. La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de la firma de un sustancioso contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

De ese dinero, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti recibieron US$4.2 millones cada uno, según la investigación.
Tanto el expresidente como la exvicepresidenta están procesados por este caso, denominado Cooptación del Estado, así como en otros, como La Línea. Baldetti enfrenta otros casos, como Agua Mágica y una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Pagos

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió la pieza Pit del caso Villarejo después de que los investigadores detectaran pagos millonarios efectuados por Pérez-Maura, perteneciente a una de las familias más ricas de España, a José Manuel Villarejo e identificaran el ‘trabajo’ que este iba a llevar a cabo para frustrar la extradición del primero.

Existen además indicios de que las cantidades, millonarias, se repartían para acabar también en el bolsillo del exjuez Garzón, apuntan las fuentes mencionadas, menciona El Confidencial.

El negocio del comisario Villarejo con el empresario español Pérez-Maura tenía un precio y unos objetivos. Según información de El Confidencial el policía pactó con su cliente un precio total de seis millones de euros si alcanzaba con éxito la desvinculación del caso.

Feci pidió juicio en España

El fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval al ser consultado ante la negativa de las autoridades españolas de extraditar al empresario Pérez-Maura recordó que la resolución “deja la puerta abierta” para la acusación en Madrid por haber pagado sobornos a las autoridades guatemaltcas.

“Se hizo la solicitud de extradición. Por su nacionalidad fue negado. En realidad, los españoles no extraditan españoles, pero dejaron abierta la puerta para que sea juzgado allá. Eso dice la resolución. Vamos a empujar para que se cumpla con la persecución penal en Madrid. Seguimos el curso para que sea juzgado allá por su implicación en el caso TCQ”, informó Sandoval.

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España niega extradición del presunto gestor de los sobornos de TCQ

Tue, 18 Sep 2018 22:05:05 +0000

La Corte de España denegó la solicitud basándose en la ciudadanía española del acusado. No obstante, los magistrados dieron mérito a la imputación realizada por el MP, asegurando que “los hechos aparecen descritos con suficiente detalle y precisión como para analizar si son constitutivos de delito en España”.

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La magistrada Ángela Murillo, presidenta de la Sala, añadió que “sería fácil proceder a su enjuiciamiento en nuestro país (España) por el delito de cohecho a instancias de las autoridades de Guatemala”.

El 15 de abril de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) revelaron un nuevo caso de corrupción que implicaba al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicegobernante Roxana Baldetti, el Caso TCQ. El exbinomio presidencial habría recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim-Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Pérez-Maura, quien era vicepresidente de TCB, habría sido el gestor de los sobornos, señala la investigación.

*con información de Europa Press

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Douglas Charchal va a juicio por dos delitos en caso TCQ

Thu, 13 Sep 2018 21:20:05 +0000

La resolución de Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, es contraria a lo que Charchal había solicitado: ser juzgado mediante un procedimiento abreviado solo por el delito de tráfico de influencias, el cual aceptó.

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Incluso el Ministerio Público (MP) había planteado a Gálvez la “inusual” posibilidad de que Charchal fuera juzgado ante tribunal por asociación ilícita y ser juzgado por procedimiento abreviado por tráfico de influencias.

No obstante, Gálvez optó por enviar a juicio a Charchal por los dos delitos. “Los delitos tienen relación”, dijo.

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Argumentos

Gálvez sustentó su resolución con el testimonio, como colaborador eficaz, de Juan Carlos Monzón Rojas, del 12 de abril de 2016. “El señor Monzón se sentó acá y explicó la ayuda que tuvo del señor Charchal. Esto se sustenta con las llamadas telefónicas que salieron de la Corte (Suprema de Justicia)”, explicó.

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La acusación que hizo la Feci contra Charchal Ramos el 9 de marzo del 2017 contiene 152 páginas y se sustenta de 103 medios de convicción, entre ellos el testimonio de Monzón Rojas.

La declaración dice que Monzón contactó a Charchal antes de ser elegido por el Congreso para la magistratura 2014-2019 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El fiscal Juan Francisco Sandoval recordó que Charchal Ramos debía “llevar a buen término” el acuerdo de TCQ para obtener el usufructo millonario en la Portuaria Quetzal durante la administración de Otto Pérez.

Las pesquisas contra Charchal Ramos se derivan de la “ayuda” que le hizo a Monzón Rojas para que se otorgara un amparo en definitiva que favoreció a TCQ. La Municipalidad de Puerto San José denunció a la entidad para que pagara Q24 millones que incluían el trámite, la licencia de construcción y el pago del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).

El exmagistrado “usó su poder y la jerarquía de su investidura para servir a la agrupación del (extinto) Partido Patriota”, mencionó el fiscal Juan Francisco Sandoval.

El amparo en definitiva fue otorgado el 10 de abril de 2015 después de “las influencias” de Charchal Ramos, mencionó Sandoval.

Esa trama de TCQ se desprende de las negociaciones que hizo para obtener el usufructo de Puerto Quetzal, para lo cual, según Monzón, la compañía acordó dar US$30 millones en sobornos, pero que solo llegó a dar US$10 millones

El exmagistrado renunció al cargo el 3 de septiembre de 2016 después que el Congreso le retiró la inmunidad. Estuvo dos años en prisión.

En este caso, la semana pasada fue sentenciado a cinco años José Daniel Luna Argueta, secretario de un juzgado, por el delito de cohecho pasivo, quien aceptó su responsabilidad de haber recibido la suma de Q50 mil a cambio de una resolución favorable para la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

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