El retraso en la elección de cortes, la transparencia en el proceso de selección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y la “rampante corrupción” en el Estado, son temas que le preocupan a la Conferencia Episcopal de Guatemala que, además, señala desigualdad social y manejo deficiente de los recursos públicos.

De acuerdo con los religiosos que integran la junta directiva de la Conferencia Episcopal, Guatemala atraviesa situaciones difíciles, principalmente en temas relacionados con la administración de justicia, pues hay “dudas y sospechas” de cómo es que está se maneja en el país, incluso, mencionan que algunas instituciones han sido “penetradas por el narcotráfico”.

“Vemos las necesidades de nuestras comunidades y nos hacemos solidarios con aquellos que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y los otros males que nos aquejan. Nos hiere la desigualdad social, el manejo deficiente de los recursos y la rampante corrupción”, señala la Conferencia en un comunicado.

Además, el retraso en la elección de los 26 nuevos magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 225 de Salas de Apelaciones, quienes debían haber sido electos en 2019 y tomado posesión el 13 de octubre del mismo año, es un tema que llama la atención de la Iglesia Católica, puesto que la renovación de cortes es trascendental en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

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“Tenemos una Corte Suprema de Justicia que debió haber sido reemplazada, por imperativo constitucional expreso, hace más de dos años. No haberlo hecho constituye una flagrante desidia de quienes debieron haber cumplido con su responsabilidad constitucional”, refiere la Conferencia Episcopal en su comunicado.

Añade que “urge acelerar con honestidad la elección de magistrados y de fiscal general y cumplir con los plazos para su designación. Urgen legisladores que fortalezcan un sistema de justicia que retome leyes olvidadas y exigidas por la Constitución de la República e implemente nuevas leyes necesarias”.

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La Conferencia Episcopal también destaca que los procesos de postulación de candidatos a fiscal general “requieren de la participación de los mejores profesionales, dispuestos a arriesgarse, por amor a Guatemala y por la búsqueda de la justicia”, por lo que demandan a los integrantes de las Comisión de Postulación que “actúen con independencia y profesionalismo recordando que las consecuencias de la impunidad son graves y que la no aplicación de la ley y la justicia provoca más violencia”.

Señalan que habrá candidatos a fiscal general señalados o que puedan “tener vínculos con situaciones de crimen”, por lo que el proceso es complicado.

También muestran preocupación por persecución penal en contra de jueces y exfiscales que han trabajado en temas relacionados con la corrupción.

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“Hay un ambiente claro de duda y de sospecha, por no decir palabras más fuertes, de que el modo en que se está operando hoy la justicia no se corresponde con el modo que debiera hacerlo. Creo que una cosa son las intenciones o declaraciones que se puedan dar, pero por sus frutos los conoceréis, dice el evangelio”, señaló Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo metropolitano.

Giammattei se aleja

Agregó que la relación con el presidente Alejandro Giammattei para tratar esos temas ha sido inexistente en los últimos tiempos y que les nos preocupa el tema de justicia y la corrupción; además, considera necesario entablar un diálogo entre sectores de la sociedad “que creemos que las cosas no están bien y en ese sentido tenemos que participar.

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Por su parte el Cardenal Álvaro Ramazzini dijo: “Yo a partir de alguna experiencia en la que verifiqué que no se podía tener un diálogo decidí cortar toda relación con el presidente (Giammattei), pero lo hago a título personal, pero a nivel institucional hay una disponibilidad siempre de buscar el bien común”.

En tanto, Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, se refirió a la corrupción en el sistema de justicia y dijo que “es una tarea pendiente, el gran problema, por lo menos de la región de dónde vengo, es que hay mucha penetración de la influencia del narco en los medios judiciales, poderes que nosotros creemos que no existen porque no se ven, pero justicia retardada es justica negada, cuando más bien se dice justicia pronta y cumplida que es el lema de la Corte Suprema. No todos los jueces son corruptos, pero aquellos que lo hacen dejan una mancha muy grande de desesperación y frustración”.

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La Conferencia Episcopal de Guatemala ve con preocupación la no elección de cortes y señala que ese proceso es impostergable; además, hizo un llamado a los guatemaltecos para que afronten con compromiso y esperanza el reinicio de las relaciones sociales, luego de que el Ejecutivo dieran por concluido el estado de Calamidad a causa de la pandemia de Coronavirus.

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En un comunicado emitido este viernes 2 de octubre, la Iglesia Católica muestra su postura sobre la pandemia de coronavirus, la falta de elección de cortes, las caravanas de migrantes y el aborto.

La misiva detalla: “El final del estado de Calamidad y la apertura de diversas actividades es ocasión para reiniciar con esperanza las relaciones sociales, conservando siempre la prudencia indicada por las autoridades sanitarias para prevenir una nueva ola de contagios”.

Por lo anterior, la Conferencia Episcopal ha diseñado una normativa de medidas higiénicas para la celebración de misas, el cual se aplicará de acuerdo con semáforo de alertas.

La Conferencia resalta la crisis institucional que afecta al país, al referirse a la falta de elección de cortes. “La urgente elección de las cortes es impostergable. El extenso periodo sin su realización dice mucho de la crisis institucional en Guatemala. La elección legitima de los promotores de justicia será un signo de esperanza para los muchos que esperan una Guatemala distinta”, agrega el comunicado.

Además, se pronuncian sobre el aborto y aseguran que esa practica no dignifica a la mujer. “El derecho al respeto a la vida desde su concepción  hasta su final natural indica que la verdadera dignificación de la mujer no está relacionada con la promoción del crimen del aborto (…). La Constitución de Guatemala tiene ese compromiso y el futuro de la nación dependerá de la salvaguarda de la vida de las generaciones presentes y futuras”.

Por último, llaman a no criminalizar a los migrantes que por varias razones pasan por Guatemala, pues estoy huyen de sus países donde viven en medio de la pobreza. “La consideración fraternal a los migrantes, cuya nueva ola de paso por Guatemala vuelve a evidenciar este drama humano, nos llama a considerar sus historias de sufrimiento y pobreza. Que los estados y cada uno de nosotros no caigamos en la tentación de criminalizar su presencia sino considerarlo como una voz urgente para crear mejores condiciones que eviten la migración de la propia tierra”, concluye el comunicado que, además fue leído por el Arzobispo Metropolitano, Gonzalo de Villa.

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El texto destaca que el 2019 estará marcado en Guatemala por las campañas electorales y las elecciones a cargos públicos en los tres poderes del Estado, lo que implica desde ya una toma de conciencia de la responsabilidad que eso significa para todos los ciudadanos. 

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Citando palabras del Pontífice, la CEG resaltó que el proceso democrático en el país se ha visto socavado por varios vicios, entre ellos la corrupción, que sólo pueden ser contrarrestados con el contrapeso de la constancia en el bien. 

“En la política, desgraciadamente (…) no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones (…) son vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social”, enfatizó el comunicado.

El llamado también estuvo dirigido a los laicos para que participen como ciudadanos responsables de este proceso, principalmente a la juventud.

Para la Iglesia, los jóvenes son quienes tienen en sus manos recuperar “una política sin los vicios actuales que promueva la participación y la confianza mutua entre las generaciones”, según el texto, firmado por Gonzalo de Villa, obispo de Sololá y presidente de la CEG, así como de Domingo Buezo, obispo vicario de Izabal y secretario general de la Conferencia. 

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Este fue el resultado de la manifestación más grande de los últimos 40 años en Nicaragua

La Conferencia condenó los acontecimientos violentos ocurridos la noche del miércoles durante la masiva protesta, los cuales que aseguraron haber vivido con “profundo dolor”.

“Rechazamos absolutamente esta agresión organizada y sistemática en contra del pueblo, la cual ha dejado decenas de heridos y algunas personas muertas”, apunta.

La Conferencia Episcopal apunta que, los actos de represión en contra de los ciudadanos que protestan vienen de “grupos cercanos al gobierno” de Daniel Ortega.

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El 15 de mayo la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó a un diálogo nacional, cuando estaba por cumplirse un mes de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que, para entonces ya sumaban 54 muertos.

El objetivo del dialogo era tratar “el tema de la institucionalidad, para ir allanando el camino a la democratización”, señalaba el documento emito por la conferencia previo al inicio del mismo.

La convocatoria del diálogo se produjo luego de que Daniel Ortega autorizara el ingreso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país y concluyó que hubo graves violaciones de derechos.

Multitudinaria marcha

El miércoles 30 de mayo, cuando en Nicaragua se conmemoraba el Día de las Madres, miles de personas salieron a las calles de Managua para participar en una protesta, la cual consideran como la más grande de los últimos 40 años en ese país.

Diferentes sectores salieron a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega, incluidos muchos empresarios que por años han sido aliados del Gobierno.

Aún no se establece la cifra oficial de heridos y muertos, después de que grupos intentaran reprimir a los manifestantes con el uso de fuerza y violencia, que concluyó en enfrentamientos.

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Estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) denunciaron que dos compañeros suyos murieron esta madrugada en un ataque armando, en el que posiblemente se usaron armas con silenciador, de acuerdo con su explicación.

La Upoli ha sido blanco de constantes ataques que los estudiantes atribuyen a la Policía y a los grupos de choque oficialistas conocidos como turbas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) elevó este miércoles su lista de fallecidos confirmados de 54 a 58, y está constatando la denuncia de los sucesos de la Upoli esta madrugada. Otros organismos humanitarios cuentan 65 muertos a lo largo de la crisis.

El martes, después de 24 horas de violencia en la ciudad de Jinotega, al norte de Managua, se reportó una nueva víctima mortal, identificada como Wilder Reyes, de 37 años, trabajador de la Alcaldía de Matagalpa (norte), según dijo a medios oficiales el alcalde de esa ciudad, Sadrach Zeledón.

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Este miércoles para garantizar la seguridad de Ortega durante el diálogo en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad de entre 200 y mil metros de extensión.

Asimismo, la Policía dio permiso para que miembros del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), un sindicato aliado de Ortega que es dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, se manifestara a 200 metros de la mesa de diálogo, pero mantuvieron a mayor distancia cualquier manifestación contra el presidente.

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Los ciudadanos “autoconvocados” de Nicaragua se citaron para hacer un plantón cerca del perímetro de seguridad establecido por la Policía, para mostrar respaldo a los participantes en el diálogo que no pertenecen al Gobierno.

Aunque en Managua la mayoría de los bloqueos en las calles fueron disueltos por la Policía, al menos 45 ciudades de todos los departamentos de Nicaragua permanecen con sus vías principales obstruidas, tanto para protestar como para evitar ataques de policías y fuerzas no oficiales del Gobierno.

Tanto la empresa privada como la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora y testigo del diálogo, han insistido en que las protestas en Nicaragua han iniciado de forma pacífica, pero terminan en violencia a causa de la represión del Gobierno, que se han extendido por más de 14 horas, como fue el caso de Masaya, o más de 24 horas, como ocurrió en Matagalpa.

Este miércoles se cumplen 29 días de una crisis causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que comenzaron con protestas en contra de unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.

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De un tiempo para acá los partidarios de la impunidad perdieron definitivamente las formas. No es que se distinguieran por respetar la ley, pero no habían llegado a este punto de descaro, en el que con tal de conseguir sus propósitos hacen uso de todo tipo de artimañas, se saltan los procedimientos, retuercen el contenido de las normas, amenazan públicamente e incluso hacen apología del delito.

En el discurso y en los hechos queda claro que están dispuestos a utilizar cualquier vía con tal de frenar las investigaciones y los procesos penales en los que están involucrados. Cada vez se parecen más a los políticos hondureños que fueron capaces de robarse una elección con tal de mantener los privilegios e inmunidades (¿o impunidades?) que devienen del poder.

A partir de que Álvaro Arzú llamó a utilizar la violencia contra los medios y periodistas independientes, se han sucedido una serie de acontecimientos que lo confirman. Ahí tienen ustedes la condecoración que el ejército le dio a la canciller Sandra Jovel por su “servicio a la patria” después del vergonzoso viaje en el que fue a ratificar ante el secretario general de la ONU la exigencia de despedir a Iván Velásquez de la Cicig, recibiendo por respuesta un “hasta siempre” del funcionario internacional.

O la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó sin efecto la orden de captura contra el general Érick Melgar Padilla, argumentando que el acusado goza de derecho de antejuicio por pertenecer a un tribunal militar, ya que si bien la Constitución no lo establece, tampoco lo prohíbe.

Pero por si había alguna duda, los diputados terminaron de despejarla con la citación que hicieron al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que se presente al pleno del Legislativo este martes y así “acallar una voz que por razón de su cargo tiene prestigio y autoridad”, como señala el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal que se hizo público este sábado.

“Nos parece sospechosa, mal intencionada e incorrecta la manipulación de este hecho alentada por algunos diputados firmantes del llamado pacto de corruptos”, se lee en el texto, lo que no viene sino a confirmar que esto es una estrategia más del bloque pro-impunidad, al igual que la declaratoria de persona non grata del comisionado Velásquez y el intento por prohibirle entrar al país; la tentativa de declarar interdicta a la magistrada del tribunal constitucional Gloria Porras o la intención de procesar a la fiscal general, Thelma Aldana.

La ira de los diputados contra el PDH es de tal magnitud que hicieron caso omiso de la disposición que señala que la única sala del Congreso que puede citarlo es la de Derechos Humanos y obviaron seguir lo establecido en el artículo 32 constitucional que dice textualmente que “no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia”. Pero no es de extrañar porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana en lugar de lo que la ley les faculta.

A Jordán Rodas no le están cobrando su presencia en la Plaza, le quieren pasar la factura por haber impedido por la vía de un amparo que Jimmy Morales concretara su intención de sacar del país a Iván Velásquez y, más aún, su “deslealtad” porque en lugar de responder a los intereses de quienes lo eligieron Procurador (es decir, los “honorables” diputados), se sumó al “bando” de quienes apoyan la lucha contra la corrupción y la impunidad. En resumen, se sienten “engañados” y quieren cobrar venganza.

@MarielosMonzon

Óscar Julio Vian Morales murió y los homenajes corrieron por cuatro días. La muerte del Arzobispo tiene especial importancia, primero, por ser la máxima autoridad de la iglesia que aglutina la mayor cantidad de fieles y, en consecuencia, muchos lo entendemos como el representante del Papa en el país (aunque en Guatemala haya dos arquidiócesis); y segundo, porque el contexto social y político de la iglesia católica es innegable.

Para quienes abogamos por el Estado Laico, sobre todo en estos momentos, donde al parecer el discurso fundamentalista protestante está de moda y se pretende introducir la Biblia como parte de un plan de gobierno, como ocurre en Guatemala y Costa Rica, la autoridad es quien debe funcionar como laica pero la población tiene todo el derecho de profesar la religión o creencia es vital.

Óscar Julio Vian Morales, perteneciente a la orden salesiana, vivió la enseñanza de Don Bosco y ahora que ha salido publicado tanto de su vida nos damos cuenta de por qué su discurso de alegría para la juventud fue su común denominador. Crear y mantener una juventud alegre es la fuente del pensamiento salesiano porque “Dios favorece al hombre alegre”.

La muerte del Arzobispo sucede en un momento histórico delicado, no solo por la fragmentación social, sino porque al parecer existe una sociedad perdida, al no saber si “es bueno” seguir con el combate de la corrupción o bien “es preferible” dejar las cosas como están porque muchos cambios son “peligrosos”, y por ello es que siendo un católico pirujo me animo a escribir estas líneas.

Conocí a Monseñor Vian Morales, como lo conocimos la mayoría, por noticias de prensa, por alguna misa a la que asistimos de forma ocasional, o bien, en algún acto eclesiástico, cultural o social. No tuvimos ningún trato personal y de allí surge el deseo por hacer patente su legado, porque el mejor homenaje a su vida no es haber asistido a sus honras fúnebres, sino por el contrario, poder ser replicadores de un mensaje de alegría y claridad. Por ejemplo Monseñor sostenía que debía haber juicios justos, pero, de plano, el que había sido ladrón debía devolver lo que se robó. Un mensaje así de claro no tiene nada de complejo y lo entendemos todos.

Muchas veces nos perdemos en la búsqueda de excusas y explicaciones, pero acá, frente a la muerte de un hombre alegre, no nos queda más que recordarnos de las palabras de la Conferencia Episcopal del 19 de enero, donde dijeron y por supuesto Monseñor Vián estuvo de acuerdo: “El sistema político vive bajo la dictadura de la corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia… El Congreso de la República sigue su carrera hacia el abismo, al haber elegido una Junta Directiva, cuyos miembros fueron firmantes del así llamado “Pacto de Corruptos… el Organismo judicial no está a la altura de lo que debe ser, cuando en diversos casos se atrasan los procesos judiciales o algunos de sus miembros emplean recursos reñidos con la ley, sin ética alguna y ceden a sobornos y amenazas… el organismo ejecutivo toma algunas decisiones que muestran su incompetencia para dirigir el país o sencillamente no las toma para resolver los problemas crónicos de la población…”.

Cada quien cargue sus pecados y culpas. Estas líneas no tienen ninguna otra intención que replicar un mensaje de alegría, aunque algunos cumplieron por protocolo en esos actos fúnebres, pero su alma y su billetera están llenas del oprobio, así que mejor dejar que eso caiga sobre sus espaldas y den cuenta a Dios y a la patria sobre lo que hicieron o dejaron de hacer.

¡Ojalá nos llenemos de alegría y busquemos siempre mensajes claros. Ese sería el mejor homenaje para Monseñor Óscar Julio Vian Morales!

La Conferencia Episcopal denuncia la falta de rumbo que muestran los organismos del Estado, lo cual atribuyen a “la dictadura de la corrupción”, capaz de poner en peligro la existencia misma de la institucionalidad, porque paralelamente ha crecido la desconfianza y el descontento de la población.

Es muy probable que muchos de los integrantes de este ilustre foro vayan a ser vilipendiados, o acusados de practicar doctrinas exóticas, como fue común en las últimas décadas del siglo XX, pero también porque se ha resucitado esa práctica contra quienes repudian el abuso de poder, el latrocinio y la escasa moralidad con la que se conducen demasiados de los funcionarios públicos.

Esa campaña de desprestigio sin duda cuenta con millonarios recursos y por ello ahora se puede hablar con absoluta propiedad de los nuevos sicarios de las redes sociales, que alquilan su voz y los medios a su alcance para atacar a quienes critican el desgobierno o a quienes piden responsabilidad y eliminación del abuso con los recursos de los guatemaltecos, porque se está llegando a niveles intolerables de dispendio y aprovechamiento de dinero para negocios y caprichos personales.

Algunos de estos mercenarios no dan la cara, y quienes los financian, aun contra los intereses de los guatemaltecos, se equivocan al creer que tanto los obispos como los medios de comunicación y los periodistas independientes no deben criticar a la clase política que ostenta el poder simplemente por haber sido elegida por la mayoría de una minoría.

La labor de la prensa independiente es, debe ser y será, fiscalizar el poder público en todas sus expresiones, lo que en Guatemala es intolerable para una casta que se considera privilegiada, inmaculada y ajena a la rendición de cuentas. Deben hacerse a la idea de que en una democracia real, no solo electoral, tal actitud no solo es intolerable, sino ilegal.

El pronunciamiento de los obispos constituye una visión ajena a esas pasiones y adquiere mayor relevancia, al provenir de un cuerpo colegiado que ha de haber meditado profundamente las palabras a incluir en su comunicado y lo que cabe esperar es que por el bien del país se pronuncien también otras corrientes religiosas, universidades y sectores de pensamiento, porque el futuro de Guatemala está en juego.

Debe quedar claro que no se trata de descalificar a un sector, sino de denunciar a quienes han hecho de sus cargos y de los recursos públicos una billetera personal para cubrir hasta sus más vanales caprichos, pagar sus campañas electorales, subvencionar a sicarios o para alimentar negocios de delincuentes. El comunicado de los obispos demuestra que en el tema de pronunciarse al respecto de la situación del país, todas las instituciones nacionales están obligadas a pronunciarse.

La legitimidad de la administración de justicia está cuestionada, opina el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Gonzalo de Villa, quien analiza la polémica por el reconocimiento de las jurisdicciones indígenas en las reformas constitucionales, y considera que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) debe continuar en el país.

¿Cómo ve el panorama de  reformas constitucionales?

El tema de mejorar la administración de justicia y la mayoría de las propuestas están bien, y ojalá salgan. Lo que se atravesó fue el caso del artículo 203, que lamentablemente no ha dado lugar a debates serios, sino a polarizaciones muy extremas, y eso nunca nos ayuda como país.

¿Por qué cree que eso generó tanta polarización?

Hay tres interpretaciones posibles: una es el racismo ancestral de Guatemala, otra es la imprecisión del artículo en su redacción. Uno no sabe qué alcance tiene, en qué circunstancias va a operar;  muchas cosas muy indefinidas. En tercer lugar, los más partidarios de que se apruebe  lo hacen más, creo yo, para darle un rango constitucional a la dignificación del pueblo indígena en su lucha, cosa que me parece muy bien, pero de eso no se trata el artículo.
Hasta ahora la Iglesia Católica no se ha volcado en apoyo a grupos indígenas.

¿Lo hará?

Hace cuatro meses, en un comunicado, abordamos este tema y mostramos algún grado de preocupación de que el tema podría ser más divisivo y confrontativo que resolutivo. Evidentemente queremos apoyar a la población indígena, son nuestros feligreses,nuestros curas, nuestros seminaristas.La posición de la Iglesia tiene que ser, en principio, mesurada. Parte de lo valioso en la Iglesia es la libertad para hablar en nombre de la verdad, pero no ser forzados a decir lo que no queremos decir.

¿Cómo evalúa, en general, la situación de los pueblos indígenas?

En general, en el mundo indígena en Guatemala  los niveles educativos han ido mejorando, hay muchos más profesionales indígenas, y la globalización también ha impactado. Cosas de mucho aislamiento que se mantuvieron por generaciones de pronto se rompen. Hay valores inmensos en la cultura indígena que enriquecen al país y son, de alguna manera, el rostro de Guatemala.

¿Cree que no aprobar el Derecho Indígena  pueda ser un detonante social?

Teóricamente podría ocurrir. El campo del diálogo está no solo abierto, sino que en estos momentos, inexplorado. En declaraciones de distintos grupos o liderazgos indígenas en los últimos días he visto también unas posiciones muy maximalistas y otras mucho más abiertas al debate.

Siempre creo que el diálogo es importante y es parte  de lo que la población indígena asume que es el modo de la justicia indígena, a través del diálogo.El gran tema es el derecho maya, y parece que nadie se interesa en el antejuicio.Así es.

El haber metido el artículo 203 junto con todo lo demás no creo que haya sido lo más inteligente. Yo no digo que no se hubiera podido meter en su momento antes o después, pero haberlo metido junto es hasta cierto punto una manera de obstaculizar muchos de los otros puntos.

Hablando de la coyuntura institucional, ¿ha cambiado después de los acontecimientos del 2015 contra la corrupción?

En el tema de la impunidad, como algo que ya no es lo habitual, hay un gran avance, y también creo que a la hora de procesar los casos tampoco hay que ir al linchamiento antes del juicio.

La institucionalidad del país está en una situación particular porque tenemos a un presidente que llegó con poca experiencia política y con su bandera de “ni corrupto ni ladrón”, pero a la hora de conformar equipo y gabinete ha tenido dificultades  de generar una sensación de que hay un presidente que representa la unidad nacional.

¿Los  organismos transmiten confianza?

El Congreso está muy cambiante, siempre lo ha sido, pero quizá en estos momentos más. La administración de justicia está muy cuestionada en su legitimidad, en su autoridad; a veces también en sus conocimientos jurídicos.

¿Es Jimmy Morales el líder anticorrupción que el país necesita?

Lo que creo es que sí fue una cierta sorpresa su triunfo y marca también una corriente que no es única en el mundo. Sí creo en la buena voluntad del presidente Morales. Ahora, qué diputados tiene, qué experiencia de juego político tiene, ahí las horas de vuelo que tiene.

¿La Cicig debe continuar?

Creo que sin la Cicig no se hubiera hecho toda la lucha contra la impunidad que se ha logrado. Sin duda, la Cicig ha sido muy determinante y creo que es muy importante que siga”, afirmó Gonzalo de Villa, presidente de la CEG.

A su juicio, el aplaudir a la Comisión no significa que no cometa errores, porque sí los ha cometido, pero resalta que “sí hay que apoyarla”.  En cuanto a los ataques, De Villa cree que provienen de varios ámbitos, no solo de sectores vinculados con exmilitares. “También puede haber hasta sindicalistas contra la Cicig”, añadió.

Los integrantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala afirmaron que perciben “parálisis institucional” en los tres poderes del Estado.

En el ejecutivo el conflicto es n que las autoridades tienen dificultad para desarrollar acciones concretas. Mientras que en el Congreso ven bloqueo entre los legisladores y señalamientos en contra de la mayoría.

En lo judicial, los religiosos evalúan que hay rezagos que impiden emitir justicia pronta, imparcial y ajena a las injerencias de poderes externos e internos.

La Conferencia Episcopal también considera que las demandas de la sociedad civil no han sido priorizadas en espacios públicos.

“Creemos fundamental hacer viable lo justo y anhelado para una sociedad mejor. El bien común, que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social es garantía del bien personal, familiar y asociativo”, expresó Rodolfo Valenzuela, presidente de la Conferencia.

Los religiosos resaltaron que para dirigir al país es necesario que se apliquen valores éticos y morales. “Existe una situación sociopolítica preocupante”, expuso Valenzuela.

Los religiosos instaron a la población a que “no se duerma en lo que se ha logrado”, al referirse a las protestas pacíficas del año pasado en contra de la corrupción.

Conferencia Episcopal resalta que la crisis política del 2015 despertó la consciencia popular y eso es un logro. pic.twitter.com/E55u5HbiY1

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) November 7, 2016

En las elecciones últimas, Alfonso Portillo desechó su pasado marxista para integrarse a un partido de derecha, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), cuyo principal líder de entonces se preciaba de ser “un buen pastor de ovejas”.

Ese pastor era nada menos que el patriarca del FRG, Efraín Ríos Montt, cuya habilidad para mezclar fe y política había sido hasta entonces una de sus cualidades más explotadas.

Basta viajar a 1983, para comprobarlo.

Esa habilidad para convencer arrastró también a Portillo, quien hasta entonces se había autoconsiderado y jactado de ser materialista.

En ese año, dijo Portillo, dejó de ser ateo. Para sorpresa de quienes alguna vez le escucharon hablar como un agnóstico, el semanario evangélico “La Palabra, voz del Nuevo Milenio”, publicó el 28 de marzo de 1999 en la página 6, que las biblias que le habían regalado a Portillo “milagrosamente” habían surtido el efecto deseado.

Ahora, él tenía “motivos suficientes para creer en Dios y sus milagros maravillosos”.

Como un dato colorido, Portillo dijo entonces que había recibido una profecía de que sería presidente. Para demostrar que había leído La Biblia, Portillo incluso mencionó el pasaje bíblico según el cual, había recibido la iluminación y había visto el camino hacia la primera magistratura.

Como un docto en Sagradas Escrituras, tomó el libro y lo abrió en el profeta Jeremías, capítulo 15, versos del 19 al 22: “Dios me pondrá sobre esta nación por muro fortificado de bronce y pelearán contra mí y no me vencerán, porque Él estará conmigo para guardarme y para defenderme, dice Jehová, y yo le creo”.

Entonces, como un ungido, Portillo se dijo entonces “temeroso de Dios”, y agregó en forma un tanto jactanciosa que “con principios cristianos llegaremos al poder, para empezar a cambiar lo que se debió haber cambiado hace mucho tiempo”.

Los efectos

Lo que no contaba el entonces arrogante Portillo es que siendo mandatario se olvidaría del principio fundamental de todo rey o funcionario: servir porque es el primero entre los demás, y no ser servido.

Con el paso de los años y luego de dejar el poder enriquecido y más soberbio que antes, sería perseguido y encarcelado, y entonces se tragaría sus propias palabras.

“Dios me pondrá sobre esta nación por muro fortificado de bronce y pelearán contra mí y no me vencerán, porque Él estará conmigo para guardarme y para defenderme, dice Jehová, y yo le creo”. ¿Habrá comprendido en 1999 la severidad de las palabras del profeta, o solamente hizo alarde de una falsa fe? Efectivamente, ganó la Presidencia en el 2000, pero parece que olvidó la promesa bíblica que había leído solo unos meses antes. ¿Por qué no cambio lo que se debió haber cambiado hace mucho tiempo?

Cosas de la política… cuando se mezcla con la religión.

Portillo, en una entrevista en un noticiero. (Video: Youtube)