Horacio Aguilar Salguero, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, explicó que actualmente el Estado tiene una deuda de arrastre de Q1 mil 500 millones con constructores, por lo que demandan que el Gobierno se comprometa a pagarla. 
 

Le podría interesar

Denuncia penal podría afectar transfugismo de diputados

Lea también: Congreso se enfrasca en discusión del presupuesto

“Hay ingenieros que ya murieron porque la deuda los agobió de tal manera que ya no pudieron manejarla. Estamos viviendo una situación bastante complicada. Vamos a seguir luchando y nuestro objetivo es que se honre esta deuda”, acotó Aguirlar Salguero.

Javier Hernández Franco, presidente de la mesa técnica del presupuesto y jefe de la bancada oficial, explicó que las funciones de la comisión no son de ver el presupuesto de este año ni tampoco ver el tema de deuda.
 
“Sin embargo, para que se sientan escuchados se hizo el compromiso de tratar de mediar entre ellos y el ministro, de tal manera que se les pueda ayudar siempre y cuando cumplan con las condiciones”, señaló el congresista.
 
Hernández Franco señaló que estudiarán si hay la posibilidad de crear una enmienda para apoyar a los constructores el próximo año, para lo cual revisarán la ejecución del programa de conservación vial, Covial, para poder dar este apoyo.

Lea más: Ejecutivo tendría facultades para combatir pandillas mediante estado de Sitio

Los diputados también solicitaron al ministro de Finanzas, Víctor Martínez, para que busque la forma de readecuar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y se traslade a las unidades ejecutoras y en caso no ejecuten, que se pague la deuda de arrastre.

Más fondos

Representantes de los centros regionales de la Universidad de San Carlos (Usac), también se reunieron con los miembros de la mesa técnica del presupuesto.

Los representantes señalaron que actualmente 33 centros regionales y escuelas no facultativas atraviesan problemas para continuar prestando servicios.

En total los centros regionales y escuelas no facultativas de la Usac necesitan Q134 millones para poder operar durante el 2019.

Lea además: Se acorta el tiempo para revivir el transfuguismo

Javier Hernández Franco, señaló que “la cantidad que están solicitando es muy alta” y se le pidió a la Usac que demuestre qué economías hará.
 
“Estamos obligando a muchos ministerio a hacer recortes, pero no hemos visto una propuesta por parte de la Usac. Queda pendiente ver si se puede hacer una enmienda en este caso”, señaló el legislador.

Cabildea préstamo

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, se presentó ante la Instancia de Jefes de Bloques del Congreso.
 
La fiscal presentó a los diputados el proyecto “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público” que se financiaría con un préstamo del BID de hasta US$60 millones.
 
Porras pidió a los diputados analizar la posibilidad de aprobar el apoyo presupuestario para el Ministerio Público, el que calificó de importante.

Contenido relacionado

> Presupuesto del 2019 compromete funcionamiento del Sector Justicia

> Presupuesto del Estado del próximo año es aprobado en tercer debate

>  Congreso aumenta presupuesto para viáticos y asesores

Según Jorge Benavides, analista de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la actividad menos productiva es agricultura y ganadería, con una media de US$9 mil 697, mientras que el promedio nacional es de US$26 mil.

Según el analista, entre los 25 cadenas productivas que se han identificado en Guatemala, la construcción es la que crece menos.

La construcción se queda muy atrás si se compara con la productividad de minas y canteras, que es de US$128 mil 007.

Otro dato que reveló la investigación es que de los 308 mil trabajadores que aproximadamente tiene el sector, solo cinco de cada 100 laboran en empresas formales.

En Guatemala, la informalidad alcanza aproximadamente el 80%.

Benavides presentó los hallazgos más relevantes de su investigación sobre la competitividad y oportunidades de negocios del sector ayer, durante la reunión mensual de socios de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

José González-Campo, presidente de la CGC, durante una conferencia de prensa informó que el presidente Jimmy Morales  había derogado  los acuerdos ministeriales 7,8,9,10,11,12,13,14, pero el director de la Unidad de Saneamiento del Ministerio de Salud los reactivó y esto ha creado la presa de licencias sin autorizar.

Según González-Campo, solo en la ciudad de Guatemala esto provocó que estén pendientes de autorización 1.27 millones de metros cuadrados de construcción, lo que se traduce en 83 mil 776 empleos no generados y alrededor de Q1mil 100 en ingresos para el fisco.

El presidente de la CGC agregó que en el área metropolitana (que comprende el municipio de Guatemala y los aledaños a la ciudad  capital),  el número de metros cuadrados de construcción suma 2.61 millones, que representa 172 mil 166 empleos no generados y Q2 mil 145 millones no generados para el fisco.

González-Campo manifestó que el sector  requiere y exige urgentemente una solución inmediata al problema de expedientes retrasados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Además, pidió agilizar el tramite de expedientes de licencias de construcción en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y crear una mesa técnica para la realización de un Acuerdo Gubernativo en el espíritu de los acuerdos ministeriales derogados que dé cumplimiento a lo establecido en el Código de Salud.

En el largo plazo, se pide la integración de una mesa técnica para la implementación de una Ventanilla Única de entidades del Estado involucradas en el proceso de licencias de construcción, que evite duplicidades y de agilidad a los procesos.