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¿Qué color viste y qué transmite?

“Como me ve me siento… y tener una imagen pulcra, manteniendo, en lo que cabe, nuestro propio estilo conservará el autoestima y buena actitud para enfrentar lo difícil que es guardar esta cuarentena en casa”, dice el profesional.

Cuidados y recomendaciones

Para el cuidado del cabello de los niños es importante que el champú  sea sin sal o especial para bebés, es lo recomendado, dice el estilista Jorge Pidrahita.   “Si se utiliza un champú muy abrasivo el cabello se puede empezar a caer”, explica el especialista.

También se recomienda el uso de acondicionador siempre que no se utilice directamente en el cuero cabelludo, solo de medias a puntas.  Pidrahita explica que este producto hace que el cabello esté más sano y permite un mejor balance.  Para enjuagar el champú puede utilizarse agua tibia y para el acondicionador, más fría.

El especialista Carillo también comenta que la pomada en el cabello es básica para un buen peinado. “Sé que muchos pensarán ‘para qué si igual no salgo a la calle'”; sin embargo, insiste que se asiste a clases virtuales, conferencias en tiempo real con videollamadas, teletrabajo  e incluso es positivo para las publicaciones en redes sociales.

Durante esta época, Carrillo recomienda no cortarle el cabello a los niños, a menos que se tenga alguna experiencia. “Mencioné en una ocasión la analogía que podría tener el equipo y materiales para pintar su carro, pero el resultado final es lejano de lo que hubiera recibido en un taller de enderezado y pintura; así podría tener una máquina rasuradora y tijeras en casa, pero se necesita mucho más que la buena voluntad para tener un buen corte de cabello”, dice el especialista.

“Las tijeras especializadas son diferentes a las que se tienen en casa y no es lo mismo a utilizar una tijera de cocina o de papel, que incluso pueden cambiar la estructura del cabello”, agrega Piedrahita.

La estilista Aremy Cancinos recomienda aplicarle gel, ceras y espumas que se convierten en protectores y podrían ayudar a darle forma a cabellos difíciles.

Por su parte la estilista Sonia Benitez dice que podrían hacerse algunos recortes, como las puntas, pero es necesario una tijera especial y no todos los cabellos son dóciles ni fáciles, así que es necesario tener cuidado y lo mejor es esperar para ir con un especialista.  En los varones podría utilizarse una máquina para hacer algunos recortes.

Carrillo comenta que arriesgarse sin experiencia podría llevar a un resultado terrible.  “Por regla general quien inicia cortando izquierda, luego derecha, evalúa, mide, corta de nuevo izquierdo, corta lado derecho, y así sucesivamente hasta terminar rapado resultado de la frustración”, expresa.

Peinados y soluciones

Para los niños en casa podría utilizarse colas, cintas y gorras para que se sientan cómodos.

“A los niños no les molesta tener el cabello en la cara, somos nosotros los que le damos ese cuidado de que tengan su cabello bonito”, agrega Piedrahita.

Compartimos algunos videos de peinados para niñas, niños y adolescentes.

–Aquí seis peinados para practicar en casa.

-El youtuber Samuel Salcedo muestra también cómo peinar el cabello largo en varones.

-Para los más creativos el canal Troom Troom  presenta algunas ideas y travesuras.

Esta situación,  de persistir,   vislumbra una crisis en ese órgano estatal que sería crucial en la  problemática que  afrontan  el Ejecutivo y el Congreso. “Se agravaría la crisis en el país”, alertaron varios grupos.      

Justicia

Por qué la CSJ elige al nuevo presidente del OJ con 12 magistrados y no con 13

Elección

Hoy, a las 14 horas, se reunirán de nuevo los magistrados para  una segunda ronda  de elección. Por lo que ha sucedido en  administraciones anteriores, cuando incluso la Corte de Constitucionalidad (CC) ha tenido que intervenir, se prevé una serie de reuniones que podrían prolongarse hasta  al 13 de octubre, fecha límite para que asuma el nuevo titular de ese órgano estatal.

Los desacuerdos entre los magistrados podrían agravar la situación del país y, además, poner en riesgo   la elección de fiscal general y algunos procesos penales  relacionados con actos de corrupción que alcanzan a funcionarios y exfuncionarios.

• Elección en CSJ será crucial para relevo de fiscal general

“En la primera sesión del lunes último se evidenció la división  en la Corte Suprema de Justicia. Hay intenciones de retrasar el proceso. La magistrada Silvia Patricia Valdés dijo que la elección  era ilegal, por no estar integrado el pleno; sin embargo, la CC fue clara al decir que se puede hacer con magistrados titulares”, explicó  Lizandro Acuña,  investigador del área de  Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

El Movimiento ProJusticia enfatizó que se le debe aclarar a  Valdés sobre la integración del pleno, para evitar que se trunque la elección, y llamó a la reflexión a los magistrados para evitar llegar  a una situación   tensa y   rondas interminables de votación que  desgasten.

Hugo Leonel Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, insistió en que los grupos en la Corte solo   provocan  división.

posibles escenarios

Sin elección

Que lleguen a la fecha límite sin consenso. Que asuma Silvia Patricia Valdés, por ser vocal I. Ha sido   señalada de   tener vínculos con el Ejecutivo.

Nombrar al  no idóneo

 Ante un posible consenso, que elijan al nuevo presidente, pero se corre el riesgo de favorecer a una persona que    responda a intereses muy oscuros.

Consulta a la CC

Que desgasten el proceso  con innumerable rondas y después de varias semanas consulten a la CC sobre  si la elección es legal con  12 magistrados.

El viernes 18 de agosto fue la última vez en la que el mandatario aceptó preguntas de la prensa, cuando visitó la Comisaría 14, en la colonia Centro América, zona 7.

En esa ocasión, opinó acerca del traslado de reos a hospitales nacionales y de la labor del ministro de Comunicaciones, Aldo García.

Política

A dos años de haber ganado la primera vuelta, inmunidad de Jimmy Morales está en juego

El proyecto de presupuesto para el 2018 y el cabildeo  para su aprobación en el Congreso son unos de ellos.
Además, como jefe de Estado, debiera opinar acerca de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), así como los planes de acción para los más de 39 mil guatemaltecos afectados.La renuncia de varios funcionarios y el incremento en la gasolina son otros ejemplos.

Cambio de planes

Ayer estaba prevista la participación del vicepresidente Jafeth Cabrera en una actividad en la zona 10, pero su vocero informó que   no asistiría debido a una conferencia de prensa “junto al señor presidente de la República, en el Palacio Nacional”, pero esta nunca se dio.

El departamento de comunicación de la Vicepresidencia rectificó luego que Cabrera y Morales se reunirían en privado.
El gobernante participó junto a la canciller Sandra Jovel en la recepción de cartas credenciales de embajadores, pero ambos se retiraron sin hablar con los medios.

El vocero presidencial Hiemann, consultado al respecto, dijo el martes: “Sobre la atención que pueda brindar a los medios de comunicación, es decisión de él en qué momento y en qué forma los puede atender. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, estoy a sus órdenes”.

A la nueva canciller se le quería preguntar acerca del Daca y de guatemaltecos afectados por el huracán Irma. A pesar de los requerimientos en los canales de comunicación de Cancillería —donde se han obtenido respuestas anteriormente—, pasaron horas para que se conociera de alguna información, y se hizo por  Twitter.

Sin conocer  postura

Comunicados y otros medios impersonales han sido los conductos para evitar cuestionamientos.

• El presidente se refugió en videos para transmitir su descontento con Iván Velásquez.
• El vocero Heinz Hiemann ha dado la cara ante los medios de comunicación en varias ocasiones.
• Está pendiente   que el mandatario  hable sobre el aumento a la gasolina y la cancelación del Daca.
• Se desconoce su posición respecto del proceso para retirarle el antejuicio, la renuncia de ministros y el presupuesto del 2018.

Sin embargo, a pesar de haber hecho esa promesa, ayer las cosas cambiaron e incluso el diputado Gabriel Heredia,  miembro de la Comisión, pidió que se reunieran en privado.

En una cita que dejó más dudas que respuestas, Ixcamey informó que no solo  consideraba “ilegal” la decisión del pleno de estipular cinco días, sino que  “podrán” pedir prórroga si no culminan en ese plazo el informe que deberá conocer el pleno.

Política

A dos años de haber ganado la primera vuelta, inmunidad de Jimmy Morales está en juego

El diputado no supo explicar por qué y solo argumentó: “Tenemos un gran expediente que leer y analizar, no sabemos cuánto tiempo nos tomaremos ni qué tiempo necesitaremos para definir a quiénes citar”.

De acuerdo con la información proporcionada en la Dirección Legislativa del Congreso, el expediente  consta de tres tomos y 963 folios, en los que la Fiscalía contra Delitos Electorales detalló en su investigación preliminar los hechos por los cuales considera que el mandatario podría estar implicado en la procedencia de recursos   no reportados durante la campaña electoral del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Asesores de la Unidad Nacional de la Esperanza, bancada a la que pertenece Ixcamey, explicaron que el problema es que no se cuenta con la presencia del secretario de la Comisión, Juan José Porras, quien  fue electo mientras se encontraba en Chile, en un foro organizado por la Organización de los Estados Americanos.

Incluso  no quedó claro si se reunirían hoy o cuándo se volverá a convocar  para continuar con la discusión sobre el antejuicio.

De acuerdo con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicios, la pesquisidora deberá escuchar a las partes que solicitaron el antejuicio y al acusado; es decir que en los próximos días las autoridades del Ministerio Público y   la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tendrían que acudir al Congreso para ratificar su denuncia, aunque no se tiene fecha para ello.

Pese a que la Ley indica que se debe “escuchar” a las partes, en los antejuicios promovidos contra el expresidente Otto Pérez Molina  y la exvicepresidenta Roxana Baldetti ninguno de los dos se presentó al Congreso, sino que enviaron informes. Aunque   no está confirmado, los  diputados  buscan que Morales haga lo mismo.

En  días anteriores, el vocero presidencial, Heinz Heimman, explicó que la ley permite que el mandatario envíe a sus representantes.

¿Prórroga?

Según el presidente de la comisión pesquisidora,  es ilegal establecer un plazo, por lo que podrían pedir una prórroga.
 
“Con todo el respeto que me merecen los diputados, pero hay muchos que solo levantan la mano. Lo que hicieron —dar un plazo de cinco días—, para mí es ilegal… La ley, para mí, no establece plazo”, afirmó Ixcamey.

De cumplirse los cinco días establecidos por el pleno  y solicitados por el partido del Gobierno, el informe debería   estar terminado y entregado el domingo próximo.

Aunque pareció extraño que FCN-Nación apresurara la discusión de la pesquisidora, algunos congresistas dijeron que tiene lógica la estrategia, ya que en este momento se podrían tener los votos para librar a Morales de perder la inmunidad, pero con el pasar de los días los acuerdos podrían cambiar, según los ofrecimientos y circunstancias que se den.

A puerta cerrada

Aprovechando la reunión de la pesquisidora, los jefes de bloques se reunieron a puerta cerrada en la oficina de sesiones de la presidencia del Congreso.

Aunque evitó dar detalles sobre la reunión, el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, aseguró que solo se trató de definir una agenda para la próxima semana pero no se alcanzaron acuerdos ni para los días que deberán reunirse, sobre todo cuando se tiene  contemplada una sesión solemne para conmemorar el aniversario de la Independencia.

Financiamiento ilícito

• “No es una sentencia la que dará el Congreso”

La fiscal general, Thelma Aldana, al referirse  al antejuicio contra Morales, afirmó  que espera que se cumpla con la Ley en Materia de Antejuicio y que haya comprensión, ya que es necesario transparentar el financiamiento electoral.

“El comisionado ha señalado que el financiamiento es el pecado original de la democracia guatemalteca. Yo he agregado que con estos casos de financiamiento electoral ilícito estamos atacando el corazón de la corrupción en Guatemala”, expuso.

“Retirar la inmunidad al señor presidente de la República  nos va permitir profundizar en la investigación; no es una sentencia la que va a dictar el Congreso, ya que se debe respetar  el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo Aldana.

La fiscal se refirió al tema durante su participación en la firma de un convenio con la Contraloría General de Cuentas.

Los senadores Ben Cardin, Tim Kaine y James Lankford pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la embajadora ante la ONU, Nikki Hailey, tener en cuenta que la ley estadounidense requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la ayuda a Guatemala si el gobierno no toma medidas efectivas de “cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad”.
 

Congreso

Pesquisidora conoce el antejuicio contra presidente Jimmy Morales

•    Un Congreso señalado decidirá sobre antejuicio del presidente Jimmy Morales

La fiscalía y la Cicig acusan al presidente Morales de financiamiento ilícito en 2015, cuando fue candidato presidencial y secretario general del partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder.
 
El trámite jurídico contra Morales fue iniciado el pasado 25 de agosto y dos días después el mandatario declaró non grato al jefe de la Cicig y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.
 

Congreso señalado decidirá antejuicio

Hasta ayer a las 18 horas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no había notificado al Legislativo sobre la decisión de darle trámite al documento.

Sin embargo, de hacerlo hoy antes que se inicie la sesión plenaria, convocada para las 14 horas, dicha comisión tendría que ser integrada.

Ejecutivo espera que ONU responda sobre situación de Cicig

La tómbola será la herramienta que determine el nombre de  los cinco congresistas que estudiarán la investigación preliminar del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La elección llega a un Congreso dividido, no solo por ideologías políticas, sino   también por posiciones encontradas sobre el papel de la Cicig,  específicamente por el trabajo del comisionado Iván Velásquez y de la Fiscal General, Thelma Aldana,  debido a que muchos legisladores enfrentan  investigaciones, las cuales, argumentan, han sido un medio para presionar a los opositores.

A favor de Morales

Todo indica que la balanza se inclina a favor de Morales, pues, aunque la comisión pesquisidora que se integre esté compuesta por bancadas de oposición y  recomienden quitarle el antejuicio, podría dificultarse lograr  los 105 votos para ello.

La mayoría de diputados ha optado por no emitir opinión sobre retirarle   la inmunidad al mandatario, pues señalan que si lo hacen podrían perder la imparcialidad y cualquiera podría impugnar su participación en la comisión pesquisidora, si resultaran electos para integrarla.

No obstante, en el Congreso ya se suman y restan votos a favor y en contra de retirarle el antejuicio a Morales para que sea investigado sin protección alguna respecto de un posible financiamiento electoral ilícito.

• Las 10 cosas que molestaron de Cicig al Gobierno

Entre las bancadas que buscarían favorecer al presidente estaría la oficialista, FCN-Nación, que buscaría el apoyo de  sus bloques aliados,  Movimiento Reformador (MR), con 20 diputados, y Alianza Ciudadana, 13; para sumar 70 parlamentarios.

Entre quienes podrían apoyar que se le  retirare la inmunidad al gobernante se encuentran  la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que cuenta con 32 votos; Encuentro por Guatemala (EG), con siete; Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),  con un diputado cada una, lo que totalizaría 41 de los 105 votos que se requieren.

Existen  bloques que  están divididos; por ejemplo, la Unión del Cambio Nacional. Algunos diputados han participado en varias reuniones en las que han ofrecido el apoyo a Morales; sin embargo, el secretario general de esa agrupación política, Mario Estrada, aseguró que apoyan la labor de la Cicig y de Iván Velásquez.

También habría divisiones en los bloques Todos, que tiene 16 congresistas, y   Compromiso, Renovación y Orden, que representa cinco votos.

Pero esa incertidumbre podría reducirse porque muchos de los legisladores independientes habrían acordado apoyar al gobernante, entre ellos Stella Alonzo, nuera del expresidente Otto Pérez Molina,  igual que  Germán Velásquez, otro diputado del Partido Patriota. También Conrado García y Gustavo Medrano, quienes enfrentan procesos judiciales y provienen de Libertad Democrática Renovada.

Para el politólogo Ricardo Barreno, la decisión de los legisladores podría inclinarse de acuerdo con la presión ciudadana.

“Hay un esmero por blindar al presidente, pero también entre sí, ya que muchos diputados se han visto limitados por sus malas decisiones y sus casos de corrupción que ha evidenciado la Cicig y el MP. Todo dependerá de cómo actúe la ciudadanía”, manifestó.

Agregó: “Los votos van a ser en función de los intereses de los congresistas” Su futuro electoral podría depender de esta decisión.

El presidente pidió la extensión del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como parte de los compromisos que hiciera durante su campaña electoral en la que fue electo como presidente de la República.

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¿Cuáles fueron las razones de Jimmy Morales de declarar "non grato" al jefe de la Cicig?

Este lunes fue publicado en el Diario de Centro América el texto de la declaración del presidente Morales por medio de la cual acordó con la ONU extender la vigencia de la Cicig, al mismo tiempo el abogado Pablo Gabriel Pallarés Cruz solicitó un amparo contra el presidente porque, según él, aprobó la ampliación sin la refrenda de sus ministros.

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El jurista explicó que su postura es para que se aplique el mismo criterio que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) expresaron en el amparo otorgado el 29 de agosto pasado, donde resolvieron sobre la orden de expulsión del comisionado de Cicig, Iván Velásquez. Uno de los criterios de la CC para frenar la orden de Morales fue que actuó sin el respaldo de los ministros, como manda el artículo 182 de la Constitución de Guatemala.

“Mi postura es que se cumpla con la ley. Nace primero de un canje de notas que solo suscribe el presidente, lo hace únicamente él. Al momento de preparar el amparo no había salido la publicación de hoy en el diario oficial, que lleva solo la firma de la viceministra, no el ministro y tampoco hace la especificación que esté actuando como encargada del despacho”, explicó Cruz.

La expulsión

El presidente Jimmy Morales viajó a Nueva York en agosto de este año para reunirse con António Guterres, actual secretario general de la ONU, con la supuesta intención de pedir la remoción de Iván Velásquez al frente de la Cicig.

Al final, Morales no pidió en la reunión con Guterres el retiro de Iván Velásquez, pero un día después de su regreso a Guatemala, por medio de un video publicado en las redes sociales del Gobierno, declaró non grato al comisionado e intentó expulsarlo del país.

La orden quedó sin efecto dos días después, por un amparo definitivo otorgado por la Corte de Constitucionalidad al Procurador de los Derechos Humanos.

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Cicig

Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la Cicig el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.

La creación de la Cicig como un órgano independiente de carácter internacional, fue creado con la finalidad de apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.

La Cicig ha sido prorrogada cuatro veces por la ONU y el Gobierno de Guatemala, en 2009, 2011, 2013 y 2015. Esta última culminó el 3 de septiembre de 2017 y la nueva prórroga entró en vigencia a partir de hoy y culmina el 3 de septiembre de 2019.

Según la Alianza, la CSJ debe priorizar el antejuicio presentado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), por supuestamente haber obtenido financiamiento electoral ilícito para la campaña de 2015, cuando fue secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación).

Entérese

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Piden Inhibirse

El pronunciamiento sugiere que, como una forma de despejar las dudas sobre el fallo que emita la corte, los magistrados Sergio Pineda, Nester Vásquez, Vitalina Orellana y Silvia Valdés se inhiban de conocer los antejuicios, por aparentes vínculos personales que pudiesen tener con el presidente. 

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No conocieron 

En el pleno de este miércoles los magistrados de la CSJ no conocieron ninguna de las solicitudes de antejuicio contra el gobernante, según informaron fuentes de ese organismo. 

El vocero de la Corte, Ángel Pineda, dijo que no hay una fecha estimada para que la CSJ conozca dichas acciones porque “aún depende de la carga de trabajo”.

Está programado que los magistrados se vuelvan a reunir el miércoles de la próxima semana, o pudieran hacerlo antes si deciden realizar un pleno extraordinario.

Reuniones

Este miércoles, el presidente Jimmy Morales sostuvo reuniones privadas con varios sectores, entre ellos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en la que, según los empresarios, enfatizaron la importancia de resolver la situación del país, basados en los mecanismos legales entre Guatemala y la Organización de Naciones Unidas.

Los empresarios reiteraron el llamado al presidente para que se tome en cuenta los planteamientos de diálogo que sugieren diversos sectores del país.

El mandatario también recibió en la Casa Presidencial a los integrantes de la directiva de la Alianza Evangélica de Guatemala y posteriormente a los dirigentes sindicales del magisterio nacional, encabezados por Joviel Acevedo.

La sede de la Cicig luce diferente esta mañana, ya no hay personas que han manifestado afuera de las instalaciones, pero fueron instaladas barricadas como medida de seguridad.

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Las personas colocaron varias plantas y sobre ellas carteles con letras, las cuales formal la frase “Guatemala Florecerá”, “Aquí se siembra justicia”.

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Al parecer esta inusual manifestación se muestra a favor del comisionado Iván Velásquez, quien ayer fue amparado en definitiva por la Corte de Constitucionalidad (CC), dejando sin efecto la orden de expulsión del país que hizo el presidente Jimmy Morales el pasado domingo.

Barricadas, flores y un letrero adorna la sede de la @CICIGgt en una inusual manifestación. Video E. Paredes pic.twitter.com/E1g31VNXfr

— Roni Pocón (@rpocon_pl) 30 de agosto de 2017

La CC resolvió el amparo promovido por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien desde el domingo en la tarde fue amparado provisionalmente.

La declaración de non grato y la orden de expulsión que emitió el presidente contra Velásquez contenía algunas inconsistencias, según lo señaló la CC, que bajo ese argumento dejó sin efecto la orden de Morales.

El órgano constitucional argumentó que el presidente tomó la decisión sin el acompañamiento de sus ministros, como ordena la Constitución, incongruencia en las fechas y no utilizar el proceso para resolver controversias establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los magistrados de la CC abordaron el tema en las últimas dos sesiones plenarias y este martes emitieron la resolución definitiva, a raíz de una acción de amparo interpuesta por la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Los diputados pidieron a la corte revocar del cargo a los gobernadores designados por el presidente Morales donde no se tomó en cuenta la terna propuesta por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), como lo ordena la ley.

El diputado Orlando Blanco, jefe del bloque UNE, informó que este martes fueron notificados sobre la decisión de la CC.

La resolución que deja sin efecto las designaciones de los 16 gobernadores se originó por un amparo contra el nombramiento de Carlos Moreira, gobernador de Sacatepéquez. 

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Presiones complican labor de gobernadores

El vocero de la CC, Santiago Palomo, dijo que el fallo que revoca el nombramiento de Moreira aplica para todas las designaciones similares en las que el mandatario no tomó en cuenta la propuesta de los consejos de Desarrollo.

Fallo

La resolución de la corte dice: “Se determina que el presidente de la República incurrrió en violación al principio jurídico del debido proceso, al emitir el Acuerdo Gubernativo número 4 mediante el cual nombró a Carlos Rafael Moreira Salazar gobernador de Sacatepéquez, sin tomar el efecto en consideración el contenido del artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en cuanto que para efectuar el nombramiento al cargo de gobernador Departamental, debió tomar en cuenta a los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural del respectivo departamento”.

La CC había otorgado varios amparos provisionales a la UNE y organizaciones sociales que accionaron contra los nombramientos de gobernadores.

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Hará caso

Durante una actividad sobre desarrollo el pasado 6 de julio, el mandatario Jimmy Morales dijo que los gobernadores tienen que estar presionando a los alcaldes para que presenten proyectos, aún cuando se los quitan cada semana, en alusión a los fallos judiciales contra los nombramientos de gobernadores.

“Ojalá la Corte de Constitucionalidad proteja la Constitución, y si no, de todas maneras el Ejecutivo, obediente, hará caso. Ojalá que la supremacía constitucional, pero si no, el Ejecutivo ejecuta y lo vamos a hacer”, señaló el presidente.

 
La consulta, sin la participación del Consejo Nacional Electoral  (CNE) -acusado por la oposición de servir al gobierno-, se celebrará dos semanas antes de la elección de los asambleístas de la Constituyente, un “suprapoder”  que regirá al país por tiempo indeterminado.

Durante un acto en Caracas con sectores sociales, la  oposición dijo que el plebiscito marcará la “hora cero”  de un “levantamiento”  masivo y simultáneo contra Maduro.

“Convocamos este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana” , dijo Julio Borges, jefe del Parlamento, de mayoría opositora.

La oposición instalará unos 1.600 sitios de recolección de votos para la consulta, que celebrará en paralelo a las protestas que realiza desde hace tres meses contra Maduro, y que dejan 89 muertos.

 La oposición considera la Constituyente un “fraude”  con el que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela  (PSUV) pretende perpetuarse en el poder y esquivar elecciones, incluidas las presidenciales de fines de 2018.

 “Punto de quiebre”

Para el politólogo Luis Salamanca, el plebiscito es un acto “no vinculante”  y “moralmente simbólico”  que no detiene la Constituyente, pero “sirve para movilizar a la gente” .

“El gobierno no le va a parar (lo ignorará). Sólo una declaración de la Fuerza Armada -que ha declarado lealtad a Maduro- podría parar esta locura” , dijo a la  AFP .

En la consulta también se preguntará a los venezolanos el papel que demandan a la Fuerza Armada “para restituir el orden constitucional”  y si respaldan la “renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución” .

“Se hará como una gran encuesta nacional, tratando de fundamentarse en el principio de soberanía popular, buscando deslegitimar al régimen, la Constituyente, a Maduro, y buscar una transición” , dijo a la  AFP  el constitucionalista José Vicente Haro.

Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos rechazan la Constituyente.

La oposición asume el plebiscito como un “punto de quiebre” . “Vamos a iniciar la fase final, todos los mecanismos de protesta en todo el país, al mismo tiempo y de manera indefinida” , advirtió el diputado Freddy Guevara.

 “Estamos entrando a la hora cero. El gobierno fijó el 30 de julio para formalizar la dictadura y entonces hay que echar todo” , señaló el gobernador Henrique Capriles.

La oposición convocó a un bloqueo de calles en todo el país este martes para escalar la “presión” , aseguró Guevara.
    

“Luchemos por la democracia”

El mandatario asegura que las protestas buscan derrocarlo con apoyo de Estados Unidos y sostiene que la Constituyente traerá “la paz”  y “la recuperación económica”  al país, sumido en una grave crisis con una inflación descontrolada y escasez de alimentos y medicinas.

“Es la solución porque es más y mejor democracia” , expresó Maduro este lunes en un acto de campaña para la Constituyente.

 Varios de sus funcionarios afirman que la Constituyente tendrá poder para anular el Parlamento y destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, militante chavista devenida en dura crítica del gobierno.

En vísperas de su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , que decidirá si le abre un juicio que llevaría a su destitución, Ortega llamó este lunes a los venezolanos a luchar por el restablecimiento de la democracia.

 “Ahora más que nunca tenemos que unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos” , dijo Ortega en un video que difundió en Twitter.

Poco antes, había pedido lo mismo en un inédito discurso ante el Legislativo: “Luchemos por la democracia. No importa que piensen distinto a nosotros” , pidió a la amplia mayoría opositora.

En tanto, el oficialismo siguió estrechando el cerco en torno a la funcionaria. El TSJ -acusado de estar bajo control del gobierno- anuló la citación que la Fiscalía había hecho a dos generales de la Fuerza Armada acusados de violaciones de derechos humanos y la declaró el desacato.

Mientras, la Contraloría inició un auditoría para establecer posibles irregularidades administrativas durante la gestión de Ortega, que por su parte reiteró un pedido e información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, detenidos en ese país por narcotráfico.

La fiscal fue acusada fue acusada por el oficialismo de mentir al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en 2015, por parte de la anterior mayoría chavista. Aún no confirma si asistirá o no a la audiencia.

Durante la reunión del pleno que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) efectuaron este jueves, fue conocido y resuelto en definitiva el amparo con el cual se mantenía en suspenso la vigencia del Código de Migración, aprobado por el Congreso el 12 de octubre del 2016.

En la resolución del tribunal constitucional se indica que: “a juicio de esta Corte, las circunstancias no hacen aconsejablemantener la protección temporal concedida, revoca el amparo provisional otorgado en auto de 16 de diciembre del 2016”, se señala.

En el pleno participaron los magistrados titulares José Francisco de Mata Vela, Dina Josefina Ochoa Escribá, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Pórras Escobar, y por ausencia de Neftaly Alndana Herrera, integró la suplente María Consuelo Porras Argueta.

Novedoso

El decreto, al que le corresponde el número 44-2016, es el trabajo que duró más de tres años. En la sesión en la que fue aprobado, se obtuvo 109 votos en favor.

Derivado de esta normativa, el Estado debe crear la Autoridad Nacional Migratoria, la carrera de servicio migratorio, el Instituto Nacional de Migración, que elimina la Dirección General de Migración.

También se debe ampliar la red de servicios consulares y crear albergues para el abrigo y protección temporal de migrantes extranjeros y guatemaltecos que soliciten ayuda para retornar al país.

Algunos aspectos que quedaron fuera del Código, después de la discución, son el pasaporte diplomático para la familia del presidente o vicepresidente de la República y la expulsión de extranjeros involucrados en política interna, los cuales paralizaron el avance en su trámite ordinario.

Paul Bailey, jefe de policía del condado Berrien, dijo que la información que tuvo el lunes por la noche era errónea cuando dijo a la prensa que Larry Darnell Gordon no estaba esposado cuando trató de escapar mientras era llevado de su celda a la corte en St. Joseph, a unos 160 kilómetros  (100 millas) al noreste de Chicago.      

“Después de una investigación de parte de técnicos en escena de crímenes podemos decir que el sospechoso estaba esposado cuando ocurrió este incidente” , dijo Bailey.       

Gordon, de 44 años, aprovechó una pelea en un área fuera de la vista pública en la corte para desarmar al agente James Atterberry Jr. No dio más información sobre cómo ocurrió el incidente del lunes por la tarde, excepto que “no es algo fácil de hacer” .      

La gente trató de protegerse luego que Gordon disparó contra Atterberry y luego mató a Joseph Zangaro, de 61 años, y Ronald Kienzle, de 63 años, ambos policías retirados.

También disparó a una mujer en el brazo, dijo el jefe de policía.       

Gordon, quien estaba detenido por varios cargos de delitos graves, tomó rehenes por un breve lapso, antes de tratar de salir por otra puerta, dijo Bailey.      

Otros dos guardias de la corte que llegaron a ayudar mataron a tiros a Gordon, agregó Bailey.       

“Estaba tratando de escapar” , dijo el jefe de policía.       

En abril, Gordon fue acusado de secuestro, ataque con arma peligrosa y conducta sexual criminal, de acuerdo con archivos de la policía estatal. No hubo más detalles disponibles el martes.   

La medida fue dictada por el Teori Zavascki, uno de los 11 magistrados del Supremo, que la fundamentó en las numerosas acusaciones que pesan contra Cunha por el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras, por las que incluso ya se ha iniciado un juicio formal en su contra.

Cunha es el segundo en la línea de sucesión del Estado brasileño y podría convertirse en el primero si prospera el juicio político que tramita contra Rousseff y es separada del cargo por el Senado y sustituida por el vicepresidente Michel Temer a partir de la semana próxima.

La posibilidad de que Cunha asuma la presidencia en forma interina ante un eventual viaje de Temer al exterior, en caso de que éste sustituya a Rousseff, causó preocupación en el Supremo, que el jueves mismo tenía previsto analizar esa situación.

Sin embargo, Zavascki se adelantó y decidió por adoptar la medida cautelar, que atendió una petición formulada por la Procuraduría General.

Además de los procesos en la Corte Suprema, el Consejo de Ética de la Cámara Baja investiga si Cunha mintió al Congreso al negar la existencia de esas cuentas, que fueron confirmadas por la propia justicia helvética, que colabora con las autoridades brasileñas.

Cunha es actualmente el segundo en la línea de sucesión presidencial y, si Rousseff es suspendida por el Senado para iniciar un juicio de destitución, quedará como el primero en la línea detrás del vicepresidente Michel Temer, que reemplazaría a la mandataria.

La decisión del Senado está prevista para el 11 de mayo.

Polémico y poderoso legislador que se convirtió en la némesis de Rousseff, Cunha es además el único político protegido por fueros que está siendo juzgado por la corte suprema en una causa que indaga si cobró al menos 5 millones de dólares para facilitar un negocio con navíos sonda en la estatal Petrobras.

En diciembre, cercado por denuncias en su contra y amenazado en la propia cámara de diputados con perder su mandato por faltas éticas, autorizó un pedido de impeachment contra la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.

Ese proceso dejó a Rousseff al borde de perder la presidencia de una de las mayores economías del mundo y desató una crisis política sin precedentes en la historia moderna del país.

Cuando los inmigrantes se presentan en la corte, las autoridades federales pueden hacer un seguimiento de los casos de asilo para asegurar que aquellos que pierden el caso regresen a casa.      

Los activistas quieren que los inmigrantes asistan a las audiencias porque creen que muchos que llegaron de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen una buena oportunidad de recibir asilo, pero deben presentarse en el tribunal para hacerlo. Los jueces emiten rutinariamente órdenes de deportación para aquellos que no se presentan.       

Unas 800 familias que pasaron una revisión inicial de asilo pueden unirse al programa en Los ngeles, Nueva York, Washington, Chicago y Miami a partir del jueves.

Los trabajadores sociales ayudarán a los inmigrantes de reciente arribo con tareas tales como encontrar transporte al tribunal de inmigración y matricular a sus hijos en la escuela.      

El programa costará 11 millones de dólares al año y alcanzará a una diminuta parte de los 54 mil inmigrantes centroamericanos con niños que han llegado a la frontera suroeste desde octubre del 2014.      

El gobierno de Obama encara limitaciones impuestas por la corte sobre la detención de familias inmigrantes, y a inicios de mes, las autoridades comenzaron a arrestar a aquellos que perdieron sus casos de asilo.       

Las personas elegibles para el programa incluyen mujeres embarazadas, madres lactantes e inmigrantes con enfermedades mentales, dijo el ICE.       

“Estamos orientados a las madres centroamericanas, en su mayoría jefas de familia, porque esa es la que vemos ahora como la población más grande a ser atendida” , dijo Andrew Lorenzen-Strait, subdirector de vigilancia y remoción del ICE.       

Desde 2014, las familias inmigrantes han sido enviadas a los centros de detención familiar o han sido dejadas en libertad y se les ha dicho que comparezcan en el tribunal de inmigración.       

Los defensores acogieron el nuevo programa con la esperanza de que los inmigrantes puedan probar que huyen de la persecución y ganen el derecho a permanecer en Estados Unidos. El programa enfrenta la oposición de aquellos que quieren que el gobierno investigue rápidamente a los inmigrantes en la frontera y regrese a aquellos que no califican para el asilo.   
    
“El gobierno sigue tomando medidas que alientan más inmigración ilegal, tales como ofrecer beneficios tributarios a aquellos que han venido aquí de manera ilegal” , afirmó el representante Bob Goodlatte, el republicano que preside la comisión de asuntos jurídicos de la Cámara de Representantes.       

Los defensores de los inmigrantes dijeron que los recién llegados a menudo son abrumados cuando empiezan una vida aquí y pueden pasar por alto audiencias clave si son empantanados con matricular a sus hijos en la escuela u olvidan actualizar su dirección con los tribunales.       

El aumento de llegadas en la frontera ha avivado el debate estridente durante la campaña presidencial y en Washington. El gobierno de Obama detuvo hace varias semanas a 121 personas sobre las que pesaban órdenes de deportación, en redadas dirigidas a los centroamericanos que llegaron aquí en años recientes.       

Desde el año pasado, las autoridades federales han liberado a familias de inmigrantes con mayor celeridad de los centros de detención luego de que un juez federal dictaminó que las madres con niños no podían ser retenidas por periodos prolongados. A algunas se les colocaron tobilleras con rastreo al ser liberadas.       

Antes de lanzar el nuevo plan, el ICE ejecutó un programa piloto con dos instituciones sin fines de lucro en las que los participantes casi siempre asistieron a sus audiencias de inmigración y las citas, dijeron las autoridades de la agencia.  

“Muchas de estas personas no van a ser deportadas” , afirmó Annie Wilson, directora de estrategia para el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados. “¿Las preguntas más importantes son: Cómo debemos tratar a las personas que van a estar aquí y cómo van a ganar el asilo?” .   

Se espera que los jueces del Supremo, el máximo tribunal del país, escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre del 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo del 2012 conocido como Acción Diferida  (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “dreamers”   (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños en el seno de familias de indocumentados.

La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres  (DAPA) , que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero recién pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión.

El Gobierno de Obama decidió entonces presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.

El presidente se comprometió por primera vez en el 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.

Autoridad cuestionada

Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.

    El martes, Paxton señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial “fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una presencia legal de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente” .

    Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el costo adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de licencias de conducir para los inmigrantes regularizados.

    De acuerdo con Paxton, “al decidir analizar el caso, la Corte Suprema reconoce la importancia de la separación de poderes” .

    El anuncio, en cambio, fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles.

    Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama “están plenamente apoyados en la ley, y por ello la decisión de la Suprema Corte de analizar la situación es un paso ” en la dirección correcta“.
    

“Salir de las sombras”

En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El líder del bloque del Partido demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó este martes que las medidas firmadas por Obama ” se basan en su bien establecida autoridad constitucional, y tengo la seguridad de que la Suprema Corte fallará a favor de implementarlas“.

    En la visión de Reid, a las familias que ya tienen hijos regularizados ” se les debe permitir salir de las sombras y contribuir plenamente al país que aman y consideran su hogar“.

    Por su parte, el legislador Luis Gutiérrez, apuntó que ” la ley, los precedentes legales y la propia gente están del lado del presidente“.

    Para Gutiérrez, quienes se oponen a la inmigración desea que las personas que aún están en situación irregular ” sigan viviendo en un limbo, viviendo y trabajando aquí pero siempre bajo la amenaza de una deportación inminente”.

    Presionado por las críticas a la amnistía, el gobierno autorizó en diciembre pasado la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.

    Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas -incluyendo familias con niños- que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de Centroamérica.

    Notorios aliados de Obama -como los propios congresistas Reid y Gutiérrez, y la aspirante presidencial Hillary Clinton- criticaron ásperamente esas redadas, alegando que esas personas debían ser consideradas refugiados y no inmigrantes económicos.

 Indocumentados optimistas

 Activistas e indocumentados ven hoy con optimismo la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revisar la apelación del Gobierno a la decisión judicial de paralizar la entrada en vigor de las medidas ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama.

Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de los ngeles  (Chirla) , dijo a Efe que “pronto”  habrá “justicia para millones de familias que viven en las sombras” .

Para Frank Sharry, director ejecutivo de Americas Voice, “este es un gran día para millones de inmigrantes y sus aliados” , porque tendrán “una completa y justa audiencia”  ante el máximo tribunal del país.

Sharry también dijo ser “optimista”  de que el dictamen, que se conocerá en junio, será favorable. “El Tribunal Supremo usará el sentido común para promover el bien común. La justicia está cerca, finalmente” , afirmó.

El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida  (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes “soñadores”  que llegaron al país siendo niños en el seno de familias de indocumentados.

La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres  (DAPA) , que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados, la mayoría republicanos, y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión, por lo que el Gobierno decidió apelar ante el Supremo.

Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, aplaudió la decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso, después de un año en el que se negó el alivio de los deportaciones a unos cinco millones de inmigrantes, “incluyendo niños ciudadanos de padres elegibles para DAPA” .

“La demanda de Texas es mezquina, inmoral y sin mérito. Finalmente, la lucha por la justicia ha llegado a la Suprema Corte” , agregó.

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, aseguró que esperaba que el Supremo tomara el caso y confía en que “prevalezca el punto de vista del presidente” .

En un comunicado difundido por su oficina en Washington, el legislador, uno de los abanderados de la defensa de los indocumentados en el Congreso federal, expresó que “la ley, el precedente legal y la gente están del lado del presidente” .

Por su parte, el Center for American Progress también confió en que los jueces harán lo correcto y rechazarán la demanda.

“Una demanda motivada por disputas políticas partidistas bloqueó iniciativas basadas en un precedente jurídico fuerte e histórico” , dijo Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del centro.

“La comunidad inmigrante, una fuerza económica y social integral en el país, merece la oportunidad de obtener un estatus legal” , señaló.

En tanto, el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes  (NIJC) saludó el anuncio del Supremo y dijo que un fallo que acepte la legalidad de los decretos presidenciales “sacará del limbo”  a miles de familias que viven amenazadas por la deportación.

“Todos los días vemos familias que corren el riesgo de separación y están desesperadas por un alivio” , declaró en un comunicado la directora ejecutiva del centro, Mary Meg McCarthy. 

Con la resolución provisional de la CC, se deja en suspenso la autorización del Ejecutivo que pretendía otorgar un salario mínimo de Q1 mil 954.95 al mes para trabajadores de industria ligera de Masagua, Escuintla; Estanzuela, Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso.

El Ejecutivo autorizó este monto el 31 de diciembre pasado, con el argumento de transformar a esas localidades en polos de desarrollo para la industria de manufactura.
Las reacciones de entidades internacionales, académicos y movimientos sindicales, fue en rechazo a la medida que fue calificada de desigual y violatoria de Derechos Humanos.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó la propuesta de “una medida regresiva”, que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores.

En tanto Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, enfatizó: “Me sorprende la insistencia en aprobar los salarios diferenciados. Nos oponemos porque no genera desarrollo el abaratar la mano de obra”.

El presidente Maldonado dijo que lo dispuesto por la CC es la última palabra, pero se debe esperar una resolución definitiva.  Afirmó que primará el criterio de las nuevas autoridades del Gobierno, ya que la Corte da un período de 15 días para presentar pruebas, y él ya no estará al mando, mientras que la acción es contra el Ejecutivo.

Para hablar del tema fueron invitados este 08 de enero al programa Diálogo Libre Adolfo Lacs Palomo, dirigente sindical y secretario general de Fesebs, y Julio Girón, alcalde de Estanzuela, Zacapa, a partir de las 15:30 horas. 

El tribunal concluyó que “el Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz”, indica el fallo.

La Corte consideró que el Estado “no demostró haber implementado las medidas necesarias, de forma que los funcionarios responsables de recibir denuncias de desaparición tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad de las mismas frente al contexto de violencia contra la mujer, así como la voluntad y entrenamiento para actuar de inmediato y de forma eficaz” .

Otro punto del fallo señala que las autoridades guatemaltecas “no actuaron con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente la muerte y agresiones” sufridas por la víctima.

Claudina Isabel Velásquez Paiz desapareció el 12 de agosto de 2005 y su cadáver fue encontrado al día siguiente con señales provocadas por actos de extrema violencia, incluida violencia sexual.

El mismo día de su desaparición, sus padres acudieron a interponer una denuncia ante las autoridades pero se les indicó que debían esperar 24 horas.

Por otro lado, la Corte constató la existencia de “diversas irregularidades en la investigación”  a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima y posteriores actuaciones de los funcionarios estatales.

“Los estereotipos de género derivaron en que el caso no se investigara de manera diligente ni con rigor. En este sentido, el Tribunal consideró que el Estado incumplió su obligación de investigar la muerte como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género”, asegura la sentencia.

Los jueces determinaron que hubo violencia contra la mujer y una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género.

En ese sentido, la CorteIDH concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho a la igualdad ante la ley.

En cuanto a los familiares de la víctima, los jueces indicaron que debido al trato que recibieron, el Estado violó su integridad personal, el respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad.

La Corte ordenó al Estado indemnizar a la familia de la víctima, investigar y sancionar a los responsables de los hechos, realizar un acto de disculpas públicas e incorporar al currículo del sistema educativo un programa permanente sobre la necesidad de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer.

Además, el Estado guatemalteco deberá implementar programas y cursos permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres, sobre estándares en materia de prevención, sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre la normativa internacional en la materia.

El parecer del máximo tribunal podría reiniciar el trámite en el Congreso para determinar la admisibilidad del pedido de juicio a la mandataria -presentado por un grupo de juristas y apoyado por la oposición- por aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales.

Hace una semana, una votación secreta en la Cámara de Diputados en la cual una lista opositora derrotó holgadamente a la apoyada por Rousseff eligió a una comisión legislativa que analizará si el procedimiento de impeachment debe proseguir o no.

Los legisladores pidieron a los jueces que clarifiquen si la votación no debió haber sido pública, si la mandataria no tiene derecho a una defensa previa y si el Senado no debe ratificar una potencial decisión afirmativa de los diputados para separarla del cargo.

    La sesión de la Corte Suprema es un paso más en la judicialización del impeachment, que ha estado salpicado de recursos jurídicos mucho antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidiera este mes aceptar uno de los varios pedidos de destitución de la presidenta presentados en el 2015.

    Según “el rito”  más aceptado hasta el momento, Rousseff será suspendida de la presidencia por hasta seis meses si la cámara baja aprueba con dos tercios de los votos un eventual parecer positivo de la comisión.

    En ese caso, el Senado debe juzgar a la presidenta y decidir si la destituye o no.

Enfrenta tormentas

    Rousseff, una exguerrillera de izquierda de 68 años reelecta para un segundo mandato hace menos de un año, enfrenta tormentas en todos los frentes, con la economía en recesión desde el segundo trimestre, déficit fiscal, una inflación superior a dos dígitos y un desempleo creciente.

    La coalición de gobierno está fisurada, un megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras salpica a todo el establishment político y el Congreso demora en aprobar el crucial plan de austeridad presentado por el gobierno.

Es “una forma de golpe”

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró este miércoles que el juicio político solicitado por la oposición en su contra es “una forma de golpe”, durante un acto con jóvenes en el que estuvo acompañada por el exmandatario uruguayo José Mujica.

“Lucharé contra la interrupción ilegítima de mi mandato con todas las herramientas que da el Estado Democrático de Derecho”, declaró la mandataria ante miles de estudiantes congregados en la apertura de una conferencia nacional sobre la juventud.

“Está en curso una batalla, una lucha que dictará los rumbos de nuestro país”, afirmó la presidenta, que puede ser sometida a un juicio con miras a su destitución por maniobras financieras que ha hecho su Gobierno para maquillar los resultados fiscales.

Pese a la firmeza de la presidenta, la Corte Suprema aclaró hoy que el trámite para un juicio político en su contra iniciado en la Cámara de Diputados se ajusta a derecho y a lo contemplado en la Constitución para un trámite de esa naturaleza.
Sin embargo, Rousseff insistió más de una vez en que la oposición “intenta interrumpir un mandato popular conquistado legítimamente en las urnas” y afirmó que “esa falta de razón se llama golpe”.

Admitió, no obstante, que la Constitución brasileña prevé la posible destitución de un mandatario, pero volvió a arremeter contra sus adversarios al afirmar que las leyes al respecto “no prevén la invención de motivos para derrumbar a un presidente legítimo”.

Según Rousseff, “los que buscan atajos para el poder quieren derrumbar una mujer, pero también quieren derrumbar un proyecto que ha incluido al pueblo en los presupuestos gubernamentales”.

La mandataria fue aclamada por los jóvenes presentes, que también ovacionaron al expresidente José Mujica, quien se limitó a acompañar a Rousseff en el escenario pero no pronunció ningún discurso.