La institución informó que terminó el operativo, coordinado por la Fiscalía de Derechos Humanos, y no fue posible encontrar a Ovalle.

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La alerta a Interpol está activa desde el 17 de marzo de 2017.

Coronel en el grado militar, Ovalle es acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, por su presunta participación en 88 masacres durante el conflicto armado, entre 1981 y 1986.

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Para llegar a estas instancias, Ovalle fue despojado de su inmunidad por la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de la Fiscalía el 6 de enero de 2016.

Ovalle fue acusado el 6 de enero de 2016, el mismo día en que fueron arrestados 14 militares retirados por los mismos hechos.

El caso acusa a los militares retirados de ser los autores de la muerte de 558 personas en el antiguo destacamento militar de Cobán, Alta Verapaz, que ahora se denomina Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz).

Los restos tienen indicios de tortura, vendas en los ojos, lazos en los tobillos o cuello, así como tiros de gracia, según análisis de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93 por ciento de los casos, ocurridos entre 1960 y 1996.

Según organizaciones civiles, aquel fue un lugar clandestino para que fuerzas del Estado cometieran detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales.

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El exdiputado abandonó el Congreso luego de perder su inmunidad como diputado y se desconoce su paradero. La orden de captura fue girada el pasado 18 de marzo.

Ovalle es acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil, en un caso denominado Creompaz. Según la fiscalía, en el área del actual Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz), antes base militar, se torturo y ejecutó extraoficialmente a más de 500 personas, entre 1981 y 1988.

La imputación también incluye a 14 militares en condición de retiro, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, exjfe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García. Todos fueron enviados a juicio y guardan prisión desde el 6 de enero de 2016.

“La Fiscalía ya ingresó la solicitud de alerta roja” a la Interpol, dijo a la AFP Yecenia Enríquez, jefa del departamento de Información y Prensa de la entidad investigadora.

La funcionaria explicó que la petición de búsqueda internacional se hizo por si el congresista abandonó el país, tras una orden de captura emitida el viernes por un juzgado local.

Ovalle, uno de los estrategas del partido FCN-Nación, que llevó al poder al presidente Jimmy Morales, está acusado de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad, por su presunta participación en 88 masacres en comunidades indígenas durante el conflicto armado entre 1981 y 1986.

El miércoles, la Corte Suprema de Justicia le retiró al congresista la inmunidad de que gozaba.

El diputado Javier Hernández, jefe del bloque oficialista en el parlamento, explicó a periodistas que Ovalle se ha ausentado de sus labores por casi un mes debido a una enfermedad estomacal pero dijo desconocer el paradero del militar retirado.

Ovalle fue acusado el 6 de enero de 2016, el mismo día en que fueron arrestados 14 militares retirados por los mismos hechos, de los cuales ocho fueron enviados a juicio aunque el debate no ha iniciado.

Como parte de las investigaciones contra Ovalle y los militares arrestados, forenses han localizado 558 osamentas en exhumaciones realizadas en un antiguo cuartel militar en la ciudad norteña de Cobán.

En el lugar ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz).
El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93% de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.

El diputado de FCN-Nación es implicado en violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno, entre 1981 y 1988 en Alta Verapaz. 

El Ministerio Público informó por medio de su cuenta de redes sociales sobre la orden de captura, que fue solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos.
 https://twitter.com/MPguatemala/status/842791922129387521

Según investigaciones, en el referido período se cometieron violaciones a derechos civiles, que involucraba a efectivos castrenses y el alto mando de la entonces Zona Militar 21, Cobán, Alta Verapaz, donde actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Sin inmunidad

El miércoles los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron para discutir el informe de la jueza pesquisidora Benicia Contreras, en el mismo ella había recomendado retirarle la inmunidad al congresista.

El vocero del Organismo Judicial informó a los medios de comunicación que la resolución fue de manera unánime por considerar, luego de un análisis, que existen medios suficientes para una investigación formal.

Ovalle Maldonado está arraigado desde el miércoles en latarde, luego de la petición del Ministerio Público en el Juzgado de Diligencias Urgentes.

Al suplente

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, aseguró que de ser capturado Ovalle y quedar ligado a proceso, se deberá llamar al suplente.

“Ya sea que se le declare prófugo, si es ligado a proceso o se le capture y envíe a prisión preventiva, deberemos llamar a quien le sigue en el listado”, indicó Chinchilla.

El presidente del Legislativo indicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les detallará a quién le corresponde asumir la curul de Ovalle, pero que según el listado de candidatos del partido de gobierno, le correspondería a Juan Adriel Orozco Mejía.

En la actualidad Orozco Mejía dirije la la prevención de delito en Gobernación, fue portavoz del Frente de Convergencia Nacional, y también actuó junto al presidente Jimmy Morales en el programa de televisión Moralejas.

En el primer caso se trata del congresista Édgar Justino Ovalle, quien hasta hace pocas semanas era el jefe de bancada del partido oficialista, FCN-Nación, pero que muy curiosamente desapareció de sus labores y de la vista pública desde hace más de un mes. Apenas se conoció de un también muy extraño permiso para faltar por cuatro semanas, en vez de solicitarlo por un mes.

Llama la atención esa ausencia por haberse producido justo cuando una jueza pesquisidora recomienda retirarle el derecho de antejuicio y luego la Corte Suprema de Justicia ratifica la solicitud y lo despoja de toda inmunidad para que, debido a ello, pueda ser investigado por el Ministerio Público, que lo vincula con desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.

El segundo caso se refiere al también diputado oficialista Armando Melgar Padilla, quien hizo señalamientos contra el MP ante supuestas investigaciones por la muerte de su padre y de lo cual circuló un video del sicario responsable de esa muerte relatando que había sido por un asunto relacionado con una herencia. Ocurrió sin que nadie supiera de qué se trataba y al final se convirtió en una coartada muy mal ejecutada. La difusión obligó a autoridades del MP a advertir de que sí existía una investigación por la muerte violenta del padre de Melgar Padilla.

Lo preocupante en ambos casos es que estos dos parlamentarios evidencian haber tenido informaciones precisas previas sobre su situación, pues resulta inexplicable que alguien desaparezca de la escena pública siendo jefe de bancada del partido oficialista y que se haga un misterioso relevo de su cargo sin saber si se han cumplido los requisitos legales. Para colmo, el segundo mando del partido intenta infructuosamente  hacerle creer a la población que no sabe dónde se encuentra Ovalle.

Es una  muestra de la delicada situación por la que atraviesa el país, pues es obvio que los militares muy cercanos al presidente Jimmy Morales cuentan con información privilegiada del Organismo Judicial y del ente de persecución penal. Esta infiltración, a su vez, ratifica el poder de algunas estructuras paralelas para tener acceso a datos sobre investigaciones o decisiones judiciales en marcha, lo cual se traduce en una muy seria amenaza para el sistema jurídico y mina aún más la confianza popular.

Esas maniobras, de una burda audacia, se unen a otras muy similares que también efectúan otros sectores para frenar el avance de la justicia, y se ratifica con las acciones repudiables emprendidas en el Organismo Legislativo, donde un pequeño grupo de diputados cuestionados intentaron infructuosamente favorecer la nefasta impunidad mediante una legislación descabellada, cuyo objetivo principal era blindar a los corruptos protagonistas de la época de   mayor rapiña cometida en el Estado de Guatemala.

Cabrera dio a entender que no tiene nada que ver con las polémicas decisiones tomadas tanto por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el gobernante, Jimmy Morales.

El vicepresidente participó en la reunión de  la Comisión Contra la Adicción y el Tráfico Ilícito de Droga (CCATID) y luego ofreció una conferencia de Prensa.

En principio Cabrera Franco fue consultado sobre qué opinaba de la ley que impulsa la bancada de FCN-Nación que pretende brindar amnistía  a legisladores que pudieran estar implicados en casos de corrupción en el Congreso.

“No fui compañero de partido del señor diputado —Javier Hernández Franco— porque a mí me llamaron para acompañar al presidente, Jimmy Morales”, respondió el vicepresidente.

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Agregó que “esa ley está siendo analizada para saber si finalmente la proponen, es lo que me enterado por los medios de comunicación”.

El vicemandatario también fue consultado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarle la inmunidad al diputado Édgar Ovalle por delitos contra la humanidad y si tenía acercamientos con él.

“Es parte del proceso de la justicia de Guatemala, quieren investigar un caso que viene desde hace mucho años. Creo que será en los tribunales donde se dilucidará  su situación”, respondió Cabrera Franco.

Los periodistas insistieron y cuestionado si estas situaciones aunado a los otros señalamientos en contra de diputados oficialistas restaban credibilidad al trabajo de la Presidencia.

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“Estamos abiertos a que se respete la justicia, si se le está imputando un cargo se debe dilucidar. No solo el FCN tiene estos problemas también hay otras bancadas, nosotros como ejecutivo debemos seguir trabajando”, aseveró el funcionario.

Los gobernadores

El vicepresidente también fue consultado sobre cuál fue el proceso para elegir gobernadores ya que sociedad civil y los mismos diputados oficialistas señalan que los candidatos no son idóneo y que hasta pudo existir pago de favores.

“Ese tema lo maneja la Secretaria Privada y el presidente, al vicepresidencia no tuvo ninguna participación en la elección de Gobernadores”, se limitó a responder Cabrera Franco.

Quien no respaldó la decisión del presidente que a principios de la semana fue cuestionado pero evitó dar declaraciones al decir que el momento —conferencia sobre Hogar Seguro Virgen de la Asunción— no era el adecuado y aunque ofreció información esta no ha trascendido.

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Critica diferencias

El vicepresidente también fue consultado sobre las diferencias de criterios que tienen la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público (MP) con relación al tema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

“Fundamentalmente ese es un problema que tenemos los guatemaltecos, que cada quien quiere plantear sus propios pensamientos y no trabajamos en conjuntos. Si todos cambiarnos tendríamos una mejor alternativa  de desarrollo para el país”, respondió  el funcionario.

Agregó que sería saludable poder plantear y no decir cosas que muchas veces que no mejorar las condiciones del país.

Cabrera Franco resaltó que “el tema lo lidera la Presidencia y estamos abiertos a dialogar no solo con la fiscal y el procurador sino con todo aquel que quiera hacer algo positivo por Guatemala”. 

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Por último, a Cabrera se le consultó si con la fiscal general, Thelma Aldana, había discrepancias en este momento.

La pregunta surgió porque en ocasiones anteriores ha dicho que falta apoyo presupuestario al MP y ayer no estuvo de acuerdo con la idea del Ejecutivo de que los apoye el FBI en las investigaciones de Hogar Seguro.

El vicemandatario negó que existan discrepancias y argumentó que esa pregunta habría que hacérsela a ella —fiscal general— porque “el Ejecutivo no tiene ninguna” diferencia con la Fiscalía.

El vicepresidente @drjafethcabrera dirige la primera reunión del 2017 de la Comisión Contra la Adiccion y el Tráfico Ilícito de Droga. pic.twitter.com/wjKPMogHnG

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 16, 2017

Orozco Mejía es conocido no por su trayectoria política, sino por haber sido uno de los actores, que junto con el ahora presidente Jimmy Morales, parodiaron la labor del ejército.

En la actualidad, el actor dirige la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, cargo que podría durarle poco, ya que según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, si se emite orden de captura contra Ovalle, se llamará a su suplente.

Orozco Mejía se integraría al partido Frente de Convergencia Nacionalista (FCN-Nación). En su participación en la programa de la pantalla chica interpretó al Soldado Melroso, en el sketch La Tropa Loca, del programa de televisión 'Moralejas', en el que las estrellas principales era el presidente Morales y su hermano Samuel Morales.

En su gestión como director de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, ha brillado, no por su capacidad para actuar, sino porque en 2016 gasto Q1.5 millones en asesores.

En tanto, el diputado Ovalle continúa ausente del Congreso, luego de haber solicitado permiso desde el 20 de febrero, con goce de salario.

El miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiro el antejuicio y pidió arraigarlo para evitar que salga del país. Aunque algunos congresistas aseguran que ya se encuentra en Nicaragua.

Javier Hernández, jefe del Frente de Convergencia Nacional, insistió en que Ovalle está convaleciente debido a que padece de pólipos.

Sin inmunidad

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, declaró el miércoles con lugar el antejuicio presentado contra el diputado de FCN-Nación, Edgar Ovalle, señalado en el caso Creompaz.

“El análisis del informe y del expediente en su totalidad, hizo que los magistrados declararan de manera unánime retirar el antejuicio”, explicó Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial.

Horas más tarde el Juzgado de Diligencias Urgentes decretó el arraigo en contra de Ovalle, con lo cual se le prohíbe salir del país sin autorización judicial previa.

La orden deriva de una solicitud que la Fiscalía de Derechos Humanos planteó a la jueza Claudia Blandón Alegría.

El oficialista Ovalle es señalado de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno, entre 1981 y 1988 en Alta Verapaz.

Catorce militares ya fueron detenidos por este caso, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

La jueza pesquisidora Benicia Contreras entregó su informe a la Corte, en el que recomendó retirar la inmunidad, que este miércoles la CSJ confirma.

“En pleno ordinario estuvo el conocimiento del informe de la juez pesquisidora, quien determinó que es conveniente retirar la garantía de antejuicio. El análisis del informe y del expediente en su totalidad, hizo que los magistrados declararan de manera unánime retirar el antejuicio”, explicó Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial.

Pineda afirmó que lo que procede es notificar  a las partes y enviar el expediente a gestión penal para que comience el proceso penal contra Ovalle.

Arraigado

En horas de la tarde, el Juzgado de Diligencias Urgentes decretó el arraigo en contra de Ovalle, con lo cual se le prohíbe salir del país sin autorización judicial previa.

La orden deriva de una solicitud que la Fiscalía de Derechos Humanos planteó a la jueza Claudia Blandón Alegría.

La resolución fue enviada a la Dirección General de Migración para completar el trámite y que se informe a todas las delegaciones de la institución, para que se conozca el motivo por el cual se niega el derecho de salir del territorio nacional al parlamenterio.

En la nota se indican los datos personales de Ovalle, entre los que figura su nombre completo, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, código único de identificación, lugar de residencia, estado civil, entre otros.

Se detalla que: “la anotación respectiva deberá ser realizada bajo apercibimiento que el incumplimiento a lo ordenado, dará lugar a certificar lo conducente en contra de quien resulte responsable por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes”, según la notificación.

Juzgado de Diligencias Urgentes prohíbe a Ovalle salir del país sin previa autorización judicial. @prensa_libre (F: Caldh) pic.twitter.com/s4enDvH8MR

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) March 15, 2017

Ausente

El diputado ha estado ausente en el Congreso desde febrero pasado.

Pineda refirió que los magistrados analizaron el informe y resolvieron que hay indicios para que el proceso se resuelva en un proceso penal, para saber si debe ser condenado o absuelto.

El pasado 19 de enero la jueza Claudette Domingo retiró la orden de arraigo que impuso en diciembre contra el militar retirado, esta mañana familiares de víctimas del caso Creompaz pidieron ante la Corte de Constitucionalidad anular dicha resolución.
 

Van a juicio:

1. Byron Humberto Barrientos Díaz
2. Carlos Augusto Garavito Morán
3. César Augusto Cabrera Mejía
4. César Augusto Ruiz Morales
5. José Antonio Vásquez García
6. Juan Ovalle Salazar
7. Manuel Benedicto Lucas García
8. Raúl Dehesa Oliva

La Jueza Benicia Contreras entregó su informe este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y los magistrados podrían conocerlo en el pleno del miércoles.

El diputado del Frente de Convergencia Nacionalista (FCN-Nación), Edgar Faustino Ovalle Maldonado, fue denunciado en el Ministerio Público por supuestamente haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.

La denuncia se remite a desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988. Además del congresista hay 14 militares que ya están siendo procesados, entre los que destaca Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente Romero Lucas García.

La jueza pesquisidora ya se había excusado de seguir el proceso de antejuicio, bajo la excusa de tener vínculos a afinidad con militares.

La Corte le dijo a Contreras que los jueces deben ser imparciales y por esa razón ella debía seguir el procedimiento.

Ovalle Maldonado planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad porque la CSJ “obligó” a la jueza a continuar con el procedimiento.

Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A revocó la medida de arraigo que ordenó el pasado 5 de diciembre de 2016 a petición de la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).
  
Según la jueza: “Ha transcurrido más de un mes sin que la Fiscalía haya agilizado las diligencias de antejuicio, no ha presentado a la juzgadora alguna resolución emitida que se pueda dar continuidad a la persecución penal”.
 
La decisión judicial permite diputado salir del país luego de permanecer más de un mes arraigado.

La Fiscalía y organizaciones sociales que figuran como querellantes en el proceso denominado Creompaz, en el cual investiga el vínculo de militares asignados a la antigua zona militar número 21 ubicada en Cobán, Alta Verapaz, entre 1981 y 1983, con delitos contra civiles.
 
La fiscal Elena Mijangos explicó a la jueza que retirarle el arraigo al diputado se corre el riesgo que abandone el país,  puso de ejemplo el caso del diputado Luis Rabbé, quien huyó hacia Nicaragua dos días antes de haberse retirado el derecho de antejuicio por un caso de corrupción.

Militar y político con señalamientos

• El diputado Édgar Justino Ovalle Maldonado es un militar de carrera, quien al salir de las filas castrenses participó en la fundación de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua).
• El partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN) fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral en el 2008. En ese momento, el secretario general era José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua, y Ovalle Maldonado era uno de los tres secretarios adjuntos.
• En el 2011, FCN participó en las elecciones a diputados al Parlamento Centroamericano. Ovalle Maldonado ya se encontraba a la cabeza de la agrupación.
• El militar invitó a Jimmy Morales —actual presidente de la república— a unirse a la agrupación, y fue designado  secretario general.
• Actualmente es diputado al Congreso y subjefe de la bancada FCN-Nación.

El congresista argumentó la recusación en que su abogado defensor tiene enemistad con la jueza Contreras, vocal primero de la Sala Cuarta del Ramo Penal.

El diputado y militar retirado, Edgar Faustino Ovalle Maldonado, fue denunciado por el Ministerio Público (MP), por supuestamente haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La jueza Contreras ya se había excusado de continuar el caso por vínculos o afinidad con militares. Esta situación había suspendido temporalmente el proceso.

El 1 de diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le ordenó a la togada continuar el procedimiento contra Ovalle Maldonado, pero ahora es él quien la recusa.

La Corte le indicó a Contreras que los jueces deben ser imparciales y por esa razón debía seguir el procedimiento.

Ovalle Maldonado también planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad porque la CSJ “obligó” a la jueza a continuar con el caso.

La juzgadora debía seguir las pesquisas para emitir una conclusión en donde indique si es viable o no, retirarle la inmunidad al diputado para comenzar una investigación formal.

Investigación los relaciona

Las investigaciones del MP vinculan a Ovalle Maldonado con 14 militares que ya fueron detenidos, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

Los militares son investigados por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y fungió como uno de los estrategas del partido que llevó al poder a Jimmy Morales.

Según documentos desclasificados por Estados Unidos, Ovalle Maldonado fue oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil, durante septiembre de 1981 a septiembre de 1982.

Durante este año, indican los documentos, ocurrieron 77 masacres en la región, las que contabilizaron más de mil 700 indígenas muertos y hace que se considere el año más sangriento.

Por ese incumplimiento el caso es investigado por el Ministerio Público (MP), luego de que las autoridades del órgano electoral lo denunciaran.

Argumentos

Morales, durante su visita al Hospital General San Juan de Dios y después de 27 días de no hablar a fondo con la Prensa, brindó declaraciones y se refirió al incumplimiento de los informes de gastos de campaña.

“Ya solicité que presenten toda la información que se pide. No era yo el encargado de las finanzas, yo era el secretario general —el diputado Édgar Ovalle—. He pedido que entreguen toda la documentación”, indicó el gobernante.

Morales reiteró que su función en el partido oficial no fue el manejo de las finanzas, pero aún así garantizó que no hubo financiamiento ilícito.

“Insisto, mi función como secretario general era ser secretario general. La persona que tiene que dar la información de finanzas es el secretario financiero y administrativo del partido — que fue Édgar Ovalle—, pero le puedo garantizar que no se recibió un financiamiento ilícito”, insistió.

Por no haberse presentado la documentación financiera de los gastos de campaña electoral, también se responsabiliza a la contadora del partido oficial Ana Gloria Pérez Monterroso.

Morales señaló: “Con relación a la contadora, no sé cuál es el tema de ella. Lo que sí es cierto es que se decidió cambiar de contadora por este tema”.

Según el TSE,  el partido FCN-Nación no presentó informes completos sobre  la contratación o donación de uso de un helicóptero  vinculado con Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia.

Morales aceptó que viajó en helicóptero tres veces durante su campaña y justificó: “No sé el nombre de los propietarios de los helicópteros”.

El politólogo Ricardo Barreno indicó que este caso contradice la transparencia que prometió  en campaña, y que exigió la ciudadanía.  “Podría ser un caso de desorden, pero también genera suspicacia que se quisiera ocultar el financiamiento o un intento de   no mostrar en total del gasto de campaña”, advirtió el experto.

Inconsistencias

FCN-Nación

Origen de fondos
El presidente Jimmy Morales, al ser consultado sobre el incumplimiento de reportes de gastos de financiamiento electoral ante el TSE, dijo que  ignoraba la razón por la que no se entregaron  porque no era él el encargado de esos temas. “Insisto, mi función como secretario general era ser secretario general”, respondió y señaló al secretario financiero del partido de ser el responsable de rendir cuentas ante el órgano electoral.

Funciones en Ley
La Ley Electoral y de Partidos Políticos determina que  el secretario general de un partido político es el responsable de representar a la agrupación durante un período de administración ordinaria. Entre las atribuciones del secretario general en el  artículo 33 e, inciso b) de la Ley, se  establece: “Ejercer la representación legal del partido, en juicio y fuera de él, y en todos los actos y contratos que sean de la administración ordinaria del mismo”.

Helicópteros

Financistas
“Yo no sé de quién son los helicópteros en el país”, se excusó el presidente  Morales al aceptar que viajó en esas aeronaves durante su campaña electoral e indicar que desconocía quién aportó ese tipo de transporte.  Morales sugirió que la información  se debe pedir a los propietarios. “Yo me transporté tres veces en  helicóptero, la persona que aportó ese vehículo es quien tiene que dar la información, solicítenla a la persona correcta y yo creo que van a tener las respuestas correctas”, dijo.

Rendir cuentas 
Todo partido político debe presentar informe de  financistas, sin importar que los recursos sean en efectivo o en especie. En este caso, si fue donación debió extenderse un recibo. El artículo 13 del reglamento de control y fiscalización del financiamiento público y privado de la Ley dice: “Todo ingreso proveniente de aportaciones o recaudaciones dinerarias, así como aquellas aportaciones no dinerarias, que reciban las organizaciones políticas de personas individuales o  jurídicas, deberán acreditarse en recibos”.

Gira órdenes

Debe dar la cara 
Durante su visita al Hospital General San Juan de Dios, el mandatario reiteró que no tiene responsabilidad en la omisión de entrega de documentación financiera de campaña electoral ante el TSE.
Asimismo indicó que Édgar Ovalle debe rendir cuentas porque él fue el encargado de las finanzas. “Solicité que presenten toda la información. No era yo el encargado de las finanzas, yo era el secretario general”, adujo.

Se desvincula
Morales, en al menos dos ocasiones y de manera pública, ha sostenido que no pertenece al partido FCN-Nación y tampoco influye en la agrupación. Una de las veces fue cuando el bloque en el Congreso aceptó diputados tránsfugas. El  jefe del bloque, Javier Hernández, dijo que Morales no incidía en esa bancada. En esa ocasión el presidente indicó que no estaba de acuerdo con la práctica, pero “respetaba la independencia de poderes”.

Al ser consultado sobre la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra FCN-Nación ante el Ministerio Público, Cabrera intentó restarle importancia y señaló que eran “situaciones de facturación” las que se habían omitido y que tendría que solventar el secretario del partido, Édgar Ovalle”,  pero al preguntarle de nuevo afirmó que él fue invitado a participar en el partido.

El vicepresidente recalcó que el mandatario, Jimmy Morales, pidió a Ovalle atender los requerimientos del TSE y aseguró que el “presidente fue secretario del partido, y si en el momento que él fue secretario hay algún reparo tendrá que comparecer para entregar esas facturaciones”.

Cabrera aseguró que se gastaron Q4 millones en la segunda vuelta electoral y que no vio nada ilícito mientras estuvo en campaña.

Heinz Hiemann, portavoz presidencial,  afirmó que no es de su competencia “hablar sobre partidos políticos. Ni corregir, ampliar o negar declaraciones del vicepresidente”.

Prensa Libre intentó obtener una postura del diputado Ovalle, pero no respondió su celular.

“Esta es una situación extremadamente complicada para el Gobierno y el partido oficial porque generaría una división y debilita su poca credibilidad. El presidente debería de tener la madurez para entregar cuentas”, refirió Jorge Wong, analista de la Escuela de Ciencias Política de la Universidad de San Carlos.

Compañías inusuales

Los listados de FCN-Nación muestran inconsistencias en los financistas.

Reporta a firmas inhabilitadas en Guatecompras, como Éxito Construcciones, que otorgó Q1 mil al partido, pero el Registro Mercantil no la tiene inscrita como empresa.

Interés en conflicto

Dos empresas podrían tener problemas por su relación con el Estado.

Fersa S.A. otorgó  Q64 mil 562 a la organización en enero del 2015. La entidad recibió una adjudicación del Estado.

Pedreiro S.A. dio Q50 mil, su representante es la madre del ministro de Finanzas.

Militares servidores

Electos diputados fueron los militares Édgar Ovalle, Alsider Arias Rodríguez y Javier Hernández Ovalle, quienes financiaron al partido.

De todas las personas que figuran en los listados de financistas 17 personas son funcionarios públicos o seleccionados por el Gobierno.

Sin identificarse

Los nombres de quienes están en los listados de financistas no se pueden verificar.

El 74 por ciento de las 119 personas que aportaron a FCN-Nación solo tienen un nombre y un apellido, además el TSE ocultó el número único de identificación y el de Identificación Tributaria.

“El señor Presidente era el secretario (general) del partido (mayo de 2015) y si en el momento en el que él fue secretario del partido hay un reparo de alguna factura, él tendrá que comparecer para entregar esas facturaciones”, dijo hoy el vicepresidente Jafeth Cabrera en una rueda de prensa tras una reunión de trabajo oficial.
 
El caso fue elevado a la investigación penal por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante una denuncia planteada ante el Ministerio Público (MP) el 30 de noviembre.
 
Esto después que el actual secretario general del oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el diputado Edgar Ovalle, no atendiera los llamados de auditoría del TSE.
 
Cabrera defendió que “desde el momento que el Tribunal Supremo Electoral pidió que se aclarara la situación del financiamiento, se inició un proceso y el encargado es el (actual) secretario (general) del partido, el señor Edgar Ovalle”.
 
Destacó que el presidente “le dio instrucciones (a Ovalle) para que se evacuara esa solicitud del TSE”.
 
El pleno de magistrados del TSE resolvió remitir el caso ante la Fiscalía (MP), después del informe de auditoría según el cual Ovalle no atendió el requerimiento para aclarar la situación en dos ocasiones.
 
“En virtud de las situaciones expuestas, se recomienda que se presente la denuncia, para que mediante una investigación se logre establecer si existe la comisión de algún delito por parte de la organización política”, consigna el informe que originó la acción legal.
 
El tema viene a comprometer a Morales, quien prometió “cero tolerancia a la corrupción” tras los sucesos de 2015 que provocaron la dimisión de su antecesor Otto Pérez (2012-2015), actualmente en prisión por diversas causas relacionadas a este flagelo.
 
Morales, quien en enero cumple un año de haber asumido la Presidencia de Guatemala, fue favorecido por el voto de los guatemaltecos en el proceso electoral de 2015, pese a que unos meses antes ni siquiera aparecía en las encuestas.
 
Su sorprendente triunfo fue considerado por los analistas como el rechazo de los electores a la “clase política tradicional”.
 
En un reciente informe, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, definió como “perverso” el sistema de partidos políticos de Guatemala.

Desconfían del oficialismo

La agrupación política que llevó a Jimmy Morales a la presidencia fue denunciada por el TSE ante el MP por incumplir con informes de financiamiento político, como lo manda la Ley Electoral.

Además de las acciones penales, según la Ley, el TSE deberá analizar una sanción administrativa en contra de la agrupación política, entre estas puede estar una multa, una suspensión o la cancelación definitiva.

La decisión sobre qué medida administrativa se imponga a FCN-Nación se discutirá en enero, según magistrados del TSE.

Con información de Carlos Álvarez y Henry Pocasangre.

El Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) obstaculizó el proceso de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el último año, lo que provocó la acción legal ante el Ministerio Público. (MP).

Además de las acciones penales, según la Ley, el TSE deberá analizar una sanción administrativa en contra de la agrupación política, entre estas puede estar una multa, una suspensión o la cancelación definitiva.

La decisión sobre qué medida administrativa se imponga a FCN-Nación se discutirá en enero, según magistrados del TSE.

Según publicó el TSE es su página electrónica, FCN-Nación no presentó informes completos sobre los gastos efectuados durante la campaña electoral, entre ellos la contratación de un helicóptero que se vincula a Alejandro Sinibaldi.

El TSE tampoco facilitó información sobre el hotel que alojó a Morales luego de su elección como y antes de asumir como Presidente.

Según el presidente del TSE, Jorge Mario Valenzuela, el partido político justificó los informes incompletos por la incomparecencia de la contadora, sin embargo una investigación logró ubicar a la profesional que, a través de un oficio, aseguró que había abandonado el cargo un año antes.

La denuncia se presentó ante el MP en contra del partido, sin embargo la responsabilidad recae en el diputado Édgar Ovalle, actual secretario general de la agrupación.

El MP durante su investigación también deberá cuestionar la gestión de Jimmy Morales durante el tiempo que estuvo como secretario general de FCN-Nación, cargo que desempeñó hasta que resultó electo como Presidente.

El Ministerio Público (MP) solicitó a la jueza Claudette Domínguez que arraigara al legislador como medida precautoria, ante los señalamientos que en su contra se hacen por su posible participación en acciones delictivas entre 1981 y 1983, en el caso denominado  Creompaz.

La investigación se hizo pública el 6 de enero pasado, cuando 18 militares fueron capturados: 14 relacionados con el caso —ocho enfrentarán juicio y otros seis fueron separados de las pesquisas— y cuatro señalados en otro proceso.

Ese día, la Fiscalía solicitó al Organismo Judicial que se retirara el derecho de inmunidad del parlamentario, que ya gozaba por haber ganado una curul en las elecciones de septiembre del 2015,  la cual asumiría ocho días después del operativo.

• Lea también: Caso Creompaz y relevo provoca pugna en Ejército

En la pesquisa se indica que en el referido período se cometieron violaciones a derechos civiles, que involucraba a efectivos castrenses y el alto mando de la entonces Zona Militar  21, Cobán, Alta Verapaz, donde actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Existe jurisprudencia que señala que con las medidas precautorias no se juzga la culpa ni la inocencia de una persona.
Prensa Libre buscó la opinión del funcionario sobre la medida judicial, pero no contestó las llamadas al celular proveído por el Congreso.

Entre los acusados en el caso Creompaz se cuenta el exjefe del Estado Mayor de la Defensa Benedicto Lucas García.
Señalamientos

Durante las elecciones del año pasado, activistas de derechos humanos hicieron señalamientos contra  Ovalle Maldonado, fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), por su postulación a un cargo público, ante la posibilidad de que hubiese cometido desapariciones forzadas en la Zona Militar 21.

Durante esa temporada, Ovalle Maldonado rechazó las críticas en su contra y aseguró que no había ningún indicio de su participación en hechos que atentaran contra la sociedad y tampoco había acciones legales en su contra para impedir su participación política.

Después de haber sido informado del antejuicio en su contra, Ovalle Maldonado accionó legalmente para impedir que se diera trámite a la petición del MP.

Actualmente, la Corte de Constitucionalidad tiene una petición para que la magistrada Benicia Contreras realice la pesquisa en contra del diputado Ovalle.

Contreras fue nombrada inicialmente como pesquisidora contra el congresista y se excusó, pero se rechazó su inhibitoria.

Hoja de vida

Militar y político con señalamientos

• El diputado Édgar Justino Ovalle Maldonado es un militar de carrera, quien al salir de las filas castrenses participó en la fundación de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua).
• El partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN) fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral en el 2008. En ese momento, el secretario general era José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua, y Ovalle Maldonado era uno de los tres secretarios adjuntos.
• En el 2011, FCN participó en las elecciones a diputados al Parlamento Centroamericano. Ovalle Maldonado ya se encontraba a la cabeza de la agrupación.
• El militar invitó a Jimmy Morales —actual presidente de la república— a unirse a la agrupación, y fue designado  secretario general.
• Actualmente es diputado al Congreso y subjefe de la bancada FCN-Nación.

La CSJ le ordenó a la jueza Benicia Contreras Calderón, vocal primero de la Sala Cuarta del Ramo Penal, que continúe el procedimiento contra Edgar Faustino Ovalle Maldonado, diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

La suspensión temporal del procedimiento se dio luego que Contreras Calderón se excusó de conocerlo por supuestos vínculos o afinidad con militares.

La Corte argumentó que los jueces deben ser imparciales y ordena que el procedimiento continúe con la juzgadora.

Ahora Contreras Calderón debe reanudar las pesquisas para emitir una conclusión en donde indique si es viable o no, retirarle la inmunidad al diputado para comenzar una investigación formal.

Ovalle fue denunciado por el Ministerio Público (MP) de haber cometido violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El ente investigador relaciona a Ovalle Maldonado con 14 militares que ya fueron detenidos, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

Los militares son investigados por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y fungió como uno de los estrategas del partido que llevó al poder a Jimmy Morales.

Entregan memorial

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala entregó un memorial y acción pública a la Corte, para exigir el retiro de inmunidad del congresista Ovalle Maldonado.

Al menos 50 personas llegaron a manifestar exigiendo una investigación contra el diputado. Según la Asociación presuntamente habría participado en la desaparición forzada de más de 500 personas en la base militar 21, conocida como Creompaz, cuando fue comandante de dicha zona.

Expedientes secretos

Según documentos desclasificados por Estados Unidos, Ovalle Maldonado fue oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil, durante septiembre de 1981 a septiembre de 1982.

Durante este año, indican los documentos, ocurrieron 77 masacres en la región, las que contabilizaron más de mil 700 indígenas muertos y hace que se considere el año más sangriento.

Después de ocho meses y luego de la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC), los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron dar tramitar al antejuicio contra el diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Edgar Justino Ovalle Maldonado.

En la sesión extraordinaria de este lunes, los magistrados designaron como juez pesquisidor al Vocal Primero de la Sala Cuarta Penal, Benicia Contreras Calderón.

El Ministerio Público señala al diputado de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y hasta este lunes continuaba con sus labores en el Congreso.

Por el mismo caso en el que se señala a Ovalle Maldonado ya fueron capturados 14 militares, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

El Vocal Primero de la Sala Cuarta del ramo Penal fue designado como pesquisidor del antejuicio contra el diputado Edgar Justino Ovalle.

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) August 29, 2016

Los militares son investigados por el MP por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Ovalle Maldonado es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y fungió como uno de los estrategas del partido que llevó al poder a Morales, incluso fue él quien incorporó al presidente electo en septiembre del 2012.

Perfil

Según documentos desclasificados por Estados Unidos, Ovalle Maldonado fue oficial de operaciones de la Fuerza de Tarea Ixil, durante septiembre de 1981 a septiembre de 1982.

Durante este año, indican los documentos, ocurrieron 77 masacres en la región, las que contabilizaron más de mil 700 indígenas muertos y hace que se considere el año más sangriento.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) justifique la resolución por medio de la cual denegó la solicitud de antejuicio contra el diputado del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Édgar Justino Ovalle Maldonado

El secretario general de la CC, Martín Guzmán, explicó que el MP impugnó el 27 de enero la resolución de la CSJ porque rechazó dar trámite a la solicitud de antejuicio contra Ovalle Maldonado.

“La Corte resolvió otorgar amparo al Ministerio Público, y deja sin efecto la resolución por medio de la cual se rechaza para su trámite la diligencia de antejuicio contra el diputado Édgar Justino Ovalle Maldonado”, dijo Guzmán.

Añadió que la CSJ omitió fundamentar algunos aspectos relacionados a fechas sobre el período en que Valle Maldonado estuvo de alta en el Ejército de Guatemala.

“Son las fechas en las que estuvo destacado en el área (de Rabinal, Baja Verapaz) en donde se supone hubo violaciones a derechos humanos”, afirmó el secretario de la CC.

Hechos

En enero, el MP solicitó antejuicio contra el diputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, por un caso de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

Ese mismo mes, por unanimidad, el pleno de magistrados de la CSJ rechazó in límine la solicitud de antejuicio en contra de Ovalle.

El criterio de los magistrados se basó en que los señalamientos contra el funcionario son “espurios” y por la falta de certeza en los argumentos por los cuales se pidió retirar el antejuicio.

¿Quién es Édgar Ovalle?

• Fundador del partido FCN-Nación e integrante de Avemilgua.
• Consta en los registros del Ejército que Ovalle estuvo de servicio en la antigua Zona Militar  21, en 1983.
• Integró el Estado Mayor de esa base militar.
• Se desempeñó en la Sección de Operaciones (S3) y la Sección de Inteligencia (S2).
• Es integrante de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala.
• Fundó el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y es diputado en el Congreso. Jimmy Morales llegó al Ejecutivo con esa agrupación política.

El favorecido es uno de los fundadores del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con el que Jimmy Morales llegó a la presidencia del país; Ovalle formó parte de la plana mayor de la antigua zona militar 21, en Cobán, donde se cometieron delitos de lesa humanidad.

Por unanimidad, el Pleno de Magistrados de la #CSJ rechazó in límine la solicitud de antejuicio en contra del diputado Edgar Ovalle. 1/2

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 28, 2016

Cerca de las 9 horas de ayer jueves, la CSJ publicó por su cuenta oficial de Twitter dos comentarios. En el primero se
informó que por unanimidad se decidió de manera in limine —sin conocer los argumentos— no dar trámite a la petición de la Fiscalía, y el segundo señalaba que el criterio de los magistrados se basó en que los señalamientos contra el funcionario son “espurios”.

El vocero del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, dijo que la base de la resolución fue la falta de certeza en los argumentos por los cuales se pidió retirar el antejuicio.

“La CSJ entra a conocer los hechos y hace un análisis de los señalamientos. Se determina que no hay elementos de razonabilidad suficientes para determinar que al denunciante le conste que el denunciado haya cometido los hechos que señala”, explicó Pineda.

Ve mal precedente

Famdegua es querellante adhesivo en el caso denominado Creompaz, debido a que donde funcionaba la Zona Militar 21 se encuentra ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz).

“Nos sentimos preocupados. Da la impresión de que seguimos con la impunidad, y tenemos temor de   que se tome esta resolución como un antecedente para futuras investigaciones”, señaló Farfán.

 “Los magistrados deberían conocer todas la acciones del proceso. Las osamentas demuestran que hubo violencia”, dijo.

Crea suspicacias

De acuerdo con el fiscal de Derechos Humanos, Orlando López,  es una contradicción que se declare improcedente el antejuicio, porque 11 militares ya enfrentan a la justicia por los mismos hechos y continúa la investigación contra otros tres. También expresó suspicacias por el hecho de que la CSJ cierre la posibilidad de investigar acciones delictivas que podrían vincular a un diputado que participó en el conflicto.

“Yo no comparto la resolución de la CSJ, pero la respeto. Todavía no hemos sido notificados del fallo, pero al momento de tener el documento vamos a determinar cuáles serán las acciones que tomaremos”, indicó López.

Aseguró que existen otros militares que enfrentan a la justicia por los mismos hechos.

“Es una contradicción que por el mismo caso haya dos resoluciones distintas”, criticó López, quien fue entrevistado por la vía telefónica.

Favorece a militares

El presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, calificó el fallo como un hecho positivo y recordó que también existe la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo A, que declaró falta de mérito a tres militares, por falta de congruencia de los cargos en su contra por el caso Creompaz.

“Nuestro apoyo es a los oficiales que fueron capturados, porque consideramos que se trata de una persecución política, de una venganza”, subrayó el entrevistado.

Agregó que existe un interés por desprestigiar a los miembros de las fuerzas armadas. “Se debe destacar que es la Corte Suprema de Justicia la que en esta ocasión dice que no. Ya hay un fallo de un juzgado que beneficia a otros tres militares por el mismo caso”, recordó.

El abogado penalista Otto Paz explicó que la resolución de la CSJ puede ser impugnada mediante un amparo en la Corte de Constitucionalidad.

El caso

Las autoridades capturaron a 18 militares, el pasado 6 de enero. Ese mismo día la fiscal general, Thelma Aldana, informó en conferencia de prensa que se había solicitado retirar la inmunidad a Ovalle Maldonado, quien ya gozaba de los beneficios de un diputado, aunque no había asumido el cargo.

La petición se hizo para obtener la autorización para investigar al señalado por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, por su posible vínculo con acciones contra pobladores de Alta Verapaz entre 1981 y 1988, según una pesquisa que el MP efectúa en la antigua Zona Militar  21, ubicada en Cobán.

Después del operativo se determinó que 14 de los capturados enfrentaban cargos por la desaparición de 503 civiles en la mencionada base militar y cuyas osamentas fueron localizadas en cementerios clandestinos descubiertos en esa sede.

Ovalle Maldonado es vinculado con esos hechos porque en 1983 estuvo de servicio en esa zona militar, como parte del Estado Mayor de la base, grupo conocido como Plana Mayor.

El resto de los detenidos son sindicados por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen, caso que se tramita por separado.

Denuncia

En el expediente analizado por el pleno de la CSJ consta que el caso se originó por una denuncia planteada por Eulalio Grave Ramírez, quien acudió a la Fiscalía para que se investigaran hechos violentos durante el conflicto armado, ocurridos en Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, donde presumía que existía un cementerio clandestino.

La demanda señalaba que, entre 1980 y 1983, grupos militares cometieron abusos contra civiles, los cuales llegaron hasta la ejecución de estos. Posteriormente los cadáveres eran enterrados en fosas clandestinas.

También se indicaba que Ovalle Maldonado ocupaba un cargo de mando en esa zona militar   y que, por lo tanto, habría tenido conocimiento de acciones de inteligencia y operaciones.

En el 2012 fueron condenados cinco paramilitares como responsables de la matanza en Plan de Sánchez. En la sentencia se ordenó continuar con la investigación de los hechos y personas que aparecían en la denuncia.

Según el abogado Francisco Vivar, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), en el 2012 esa entidad denunció hechos de lesa humanidad cometidos en aquella base militar, por lo cual se emprendieron las excavaciones en busca de cementerios clandestinos.

Agregó que hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos Plan de Sánchez y Río Negro, del 2004 y 2012, respectivamente, en las cuales se condenó al Estado de Guatemala por no esclarecer los hechos, y en ambos existen declaraciones de testigos que indicaron que ingresaban personas a la Zona Militar Número 21 y que   nunca salían.

“Si tomamos en cuenta que el MP tiene que abrir una investigación de oficio cuando se entera de un hecho delictivo, podríamos decir que existen cuatro frentes de los que se genera el caso”, manifestó Vivar.

Otros castrenses vinculados

Un grupo de 11 militares enfrenta actualmente a la justicia.

El Juzgado de Mayor Riesgo A ligó a proceso penal a 11 militares sindicados por violaciones a derechos humanos entre 1981 y 1988. Se les sindica de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

• Ismael Segura Abularach: Capitán primero e integró la Sección de Operaciones (S3)
• Byron Humberto Barrientos Díaz: Ocupó el cargo de capitán primero y estuvo asignado a la Sección de Inteligencia (S2).
• Manuel Benedicto Lucas García: Fue jefe del Estado Mayor General del Ejército. Hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García.
• Juan Ovalle Salazar: Integró la S3, según los registros del Ejército.
• César Ruiz Morales: Coronel de Infantería y estuvo en la S3.
• Otros implicados son Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes, Raúl Dehesa y César Augusto Cabrera.
• En libertad, por falta de mérito a los cargos, pero vinculados a investigación, están Carlos Rodríguez López, Pablo Saucedo Mérida y Édgar Rolando Hernández.