Un reo de 53 años fue ejecutado el miércoles en Arizona mediante inyección letal, en la primera ejecución en ese estado del suroeste de Estados Unidos en más de dos años.

Aaron Gunches, que renunció a los esfuerzos legales para detener su ejecución, fue sentenciado a muerte por el homicidio en 2002 de Ted Price, el exesposo de su novia.

“Finalmente se hizo justicia para Ted Price y su familia“, dijo a periodistas la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, tras la ejecución en una prisión estatal en el condado de Florence.

Testigos de los medios de comunicación dijeron que Gunches fue puesto en una camilla en la cámara de ejecuciones en la que sus brazos y piernas fueron inmovilizados con sujetadores.

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Al preguntarle si tenía unas últimas palabras, Gunches solo movió su cabeza para decir que no. Era el primer prisionero en ser ejecutado en Arizona desde noviembre de 2022.

Aaron Gunches was executed by the state of Arizona today, the state’s first execution in nearly two years. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. End the death penalty. #DeathPenalty #StopExecutions pic.twitter.com/uE6kVa8NBR

— Amnesty International USA (@amnestyusa) March 19, 2025

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La sorpresa ante el inesperado resultado del partido no fue lo único que impactó al mundo, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que el régimen reinstauró la pena de muerte para delitos no violentos.

Según la ONU, desde el 10 de noviembre la Administración Penal ejecutó a 17 personas en 12 días por delitos relacionados al tráfico de drogas.

La Organización indicó que los ejecutados a la fecha son cuatro sirios, tres paquistaníes, tres jordanos y siete saudíes.

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“La reanudación de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudita es una decisión que lamentamos profundamente, aun teniendo en cuenta que se produce pocos días después de que la mayoría de los países pidiera en la Asamblea General de la ONU una moratoria mundial de la pena de muerte”, dijo Liz Throssell, portavoz del Alto Comisionado.

La portavoz indicó que no existe compatibilidad con aplicar la pena de muerte por delitos relacionados a estupefacientes puesto que resulta incompatible con las normas internacionales.

Asimismo, aseguró que no cuentan con información sobre cuántas personas puedan ser ejecutados, ya que estas solo son confirmadas una vez acontecen.

“Pedimos a las autoridades sauditas que adopten una moratoria oficial sobre las ejecuciones relacionadas con delitos de drogas y que garanticen a todos el acceso a un juicio justo, acorde con las obligaciones internacionales”, agregó.

De acuerdo con los registros de las Naciones Unidas, Arabia Saudita aplicó la pena de muerte a 144 personas en 2022. De ellas 47 fueron ejecutadas por motivos políticos y 56 por asesinato.

#SaudiArabia: The resumption of executions for drug-related offences is a deeply regrettable step. We call on the authorities to adopt a formal moratorium on executions for drug-related offences. https://t.co/E1mfkIvlSB #EndDeathPenalty pic.twitter.com/ucN4iD1yn4

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 22, 2022

Una ONG denominada Reprieve en la línea con la denuncia de las Naciones Unidas realizó una crítica al primer ministro, Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita por su vínculo con la violación de derechos de las personas.

Según el señalamiento indica que el primer ministro estaba gozando del Mundial Qatar 2022 mientras un taxista jordano, Hussein, estaba siendo torturado en una celda para que hiciera una confesión falsa sobre el contrabando de drogas.

La ONG indicó que 12 días lleva encerrado el jordano, bajo condiciones de tortura. El viernes pasado dijo que sería trasladado a la prisión donde hacen las ejecuciones.

Reprieve dijo: “Un grupo de expertos legales de la ONU publicó su opinión sobre el caso de Hussein. Descubrieron que no hay base legal para su detención, dijeron que su sentencia de muerte debería ser anulada y que debería ser liberado de inmediato”.

URGENT: While all eyes are on the World Cup, Saudi Arabia is carrying out a horrifying execution spree.

The Kingdom has executed 15 people convicted of drugs offences in the last 12 days, breaking a promise to end executions for non-violent crimes pic.twitter.com/BXVGfqZk0n

— Reprieve (@Reprieve) November 21, 2022

Un segundo video aparentemente muestra a los mismos armenios siendo disparados, con las manos detrás de la espalda.

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Las autoridades armenias han identificado a los hombres como Benik Hakobyan, de 73 años, y Yuri Adamyan, de 25 años. Azerbaiyán ha desestimado los videos como falsos.

El principal organismo de salvaguarda de los derechos humanos de Europa, el Consejo de Europa, ha dicho que recibió el video e investigará todos los presuntos abusos contra los derechos humanos.

Los enfrentamientos estallaron el 27 de septiembre en torno al enclave del Cáucaso, reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán pero bajo control armenio.

Los enfrentamientos rápidamente se convirtieron en un conflicto a gran escala, con bombardeos indiscriminados sobre pueblos y ciudades y presunto uso de munición de racimo prohibida.

Ambas partes anunciaron un alto el fuego el 10 de octubre y, de nuevo, el 18 de octubre, pero los ataques han continuado.

Se reportó que murieron varios miles de personas y que los bombardeos mataron a civiles tanto en Armenia como en Azerbaiyán. Decenas de miles huyeron de sus hogares.

Advertencia: algunas de las imágenes de esta historia pueden herir su sensibilidad

¿Qué es verdadero, qué falso?

Combatientes de ambos bandos publicaron imágenes y videos que muestran a prisioneros de guerra y cuerpos de soldados de la oposición.

La BBC analizó varios videos distribuidos por ambos bandos enemigos en las redes sociales, que supuestamente muestran a prisioneros de guerra siendo heridos o asesinados. Solo estos dos videos pudieron ser verificados como lo que pretendían mostrar.

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Un clip que circula ampliamente en los canales de la aplicación Telegram, que afirma mostrar a un prisionero de guerra azerbaiyano muerto a tiros por soldados armenios, es en realidad un video de Rusia que apareció por primera vez en las redes sociales en 2013. Otros carecen de detalles suficientes para ser verificados.

El par de videos que la BBC verificó se publicaron en un canal anónimo pro Azerbaiyán en ruso en Telegram la semana pasada.

¿Qué pasa en los videos?

El primer video parece mostrar a los armenios Benik Hakobyan y Yuri Adamyan siendo capturados como prisioneros.

En el video, alguien que habla ruso con un fuerte acento azerbaiyano ordena a los hombres que caminen hacia adelante, entreguen las armas y levanten las manos. Habla con los otros soldados en azerbaiyano y les dice que no golpeen a los cautivos.

El prisionero más joven, Yuri Adamyan, se quita un casco y la chaqueta antes de levantar las manos y salir de la escena que está siendo grabada.

Aunque el hombre mayor, Benik Hakobyan, lleva una chaqueta de camuflaje de estilo militar, no está claro si es un soldado. Lo empujan al suelo y parece gemir de dolor.

Al primer video le siguió un segundo que muestra la aparente ejecución de los dos hombres.

Los prisioneros parecen tener las manos atadas a la espalda y están envueltos en las banderas de Armenia y de la república no reconocida de Nagorno Karabaj.

Están sentados sobre una pequeña pared y se les puede ver moviéndose ligeramente. Entonces alguien ordena en azerbaiyano: “Apunta a sus cabezas”. Se escuchan múltiples disparos y los presos caen al suelo.

Videos rechazados por ser falsos

La BBC confirmó que el hombre que da órdenes en ambos videos es una persona nativa de Azerbaiyán con acento regional. Los prisioneros del primer video también parecen ser los hombres ejecutados en el segundo, ya que usan la misma ropa.

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El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán rápidamente negó que se tratara de sus tropas y calificó los videos como una provocación. Los clips se eliminaron poco después.

Al día siguiente, el fiscal general de Azerbaiyán anunció que una investigación había concluido que los videos eran falsos.

¿Pero son reales?

La BBC analizó los videos y confirmó que fueron filmados en Hadrut, una ciudad que ha sido testigo de intensos combates. Está en el sur de Nagorno Karabaj, cerca de Fuzuli.

Es probable que los videos se hayan grabado en algún momento entre el 9 y el 15 de octubre.

Azerbaiyán anunció que Hadrut había sido tomada el 9 de octubre, aunque más tarde se supo que, si bien habían ocupado algunos puntos estratégicos alrededor de la ciudad, el 12 de octubre todavía se estaban librando feroces combates por el control de la ciudad.

Los primeros videos que mostraban al Ejército de Azerbaiyán en el centro de la ciudad aparecieron el 15 de octubre. Los videos de los prisioneros de guerra aparecieron por primera vez el 15 de ese mismo mes.

Los investigadores de código abierto de Bellingcat fueron los primeros en publicar su análisis sobre la autenticidad de los videos.

La ubicación del primer video es el costado de la carretera en la parte norte de Hadrut (39 ° 31’25.9 “N 47 ° 01’40.8” E).

En la imagen de arriba, hay cuatro edificios que aparecen en el video que coinciden con estructuras identificables en una vista satelital de la región.

El video de la ejecución parece estar filmado en un parque aproximadamente a un kilómetro de distancia en el sur de la ciudad.

Al comparar una imagen del video antes de que los hombres recibieran los disparos con una foto satelital de la ciudad y las imágenes de un reportaje de televisión local, es posible identificar que la ubicación exacta es el parque junto a la calle Mkrtchyan (39 ° 30’53.4 “N 47 ° 02’01.8” E).

Bellingcat identificó los mismos lugares y períodos de tiempo para ambos videos y confirmó que los cascos y rifles vistos en los soldados coincidían con los utilizados al menos en algunos casos por militares azerbaiyanos.

Bellingcat escribió que su análisis “parecería indicar que estos dos hombres eran de hecho combatientes armenios que fueron capturados entre el 9 y el 15 de octubre por soldados azerbaiyanos, posiblemente fuerzas especiales, y probablemente ejecutados poco tiempo después”.

Los comentaristas en internet de Azerbaiyán cuestionaron la autenticidad del video, al señalar la aparente falta de sangre como resultado del tiroteo, pero los expertos militares entrevistados por la BBC consideran que el video parece real.

“Hollywood refleja mal cómo se ven las heridas de bala”, dijo Rob Lee, un experto militar del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres.

La BBC habló con un exoficial de inteligencia militar británico que accedió a comentar el caso bajo condición de anonimato por razones de seguridad. “Estas son balas reales, esto es una matanza real. Esto es real, y no veo ninguna razón para suponer que está manipulado”.

Se podía ver masa encefálica saliendo de una herida de bala, dijo.

¿Qué dice Armenia?

El defensor de los derechos humanos de Armenia, Arman Tatoyan, calificó oficialmente la ejecución de dos prisioneros de guerra por Azerbaiyán como un “crimen de guerra innegable”.

“En estos videos, miembros del Ejército azerbaiyano humillan a los prisioneros de guerra y luego los matan brutalmente con un cinismo extremo”, escribió en Facebook.

Tatoyan dijo que los representantes de Armenia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya habían pedido copias de los videos. Tatoyan dijo que compartiría los videos con el comisionado de derechos humanos de la ONU, el Consejo de Europa y otros organismos internacionales.

Una portavoz de la comisionada de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, confirmó que se habían recibido ese material y que la comisionada estaba “siguiendo de cerca la situación y examinará todas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos y tomará las medidas cuando lo considere oportuno”.

Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja dijo a la BBC que, aunque la organización hizo un seguimiento de todas estas acusaciones, no habló públicamente sobre incidentes específicos.

El defensor del pueblo de Nagorno-Karabaj, Artak Beglaryan, le aseguró a la BBC que los hombres en los videos eran dos lugareños. Dijo que Benik Hakobyan no era un soldado sino un civil de Hadrut y que Yuri Adamyan probablemente era un militar de una aldea vecina.

¿Qué es un crimen de guerra?

• Los crímenes de guerra son acciones que violan las reglas internacionales de guerra definidas por un conjunto de leyes, sobre todo los Convenios de Ginebra.
• Los signatarios de los Convenios -todos los estados miembros de la ONU, incluidos Azerbaiyán y Armenia- deben proteger a los prisioneros de guerra, así como a los enfermos y heridos, de cualquier daño.
• Torturar, herir o matar a un prisionero constituye un crimen de guerra.
• Los Convenios de Ginebra también protegen a los civiles.
• Desde la escalada del conflicto el 27 de septiembre, tanto las fuerzas azerbaiyanas como las armenias han bombardeado ciudades y pueblos. Decenas de civiles murieron y cientos han resultado heridos, en lo que podría definirse como un crimen de guerra.

Guerras de información

La publicación de estos videos es parte de un nuevo frente en un conflicto que ha durado décadas.

Nagorno Karabaj está poblada principalmente por armenios étnicos, pero es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Hasta 30.000 personas murieron entre 1988 y 1994 en una guerra por el control de la región.

Las atrocidades cometidas por ambas partes definieron las actitudes de las poblaciones de Azerbaiyán y Armenia entre sí.

Los armenios recuerdan a las víctimas del pogrom de Sumgait en 1988 cuando turbas de azerbaiyanos atacaron y mataron a personas de etnia armenia.

A su vez, los azeríes lloran a quienes huyeron de la ciudad de Jóyali en 1992 y fueron asesinados por las fuerzas armenias.

La publicación de videos tan explícitos se ha convertido en una parte tan importante del conflicto como la propia disputa.

“Las redes sociales han sido un componente clave de las campañas de ambas partes. Ganar apoyo internacional y demostrar el éxito militar a las poblaciones nacionales ha sido muy importante”, dijo el experto militar Rob Lee.

“Así que los soldados pueden sentir que su liderazgo los alienta a publicar videos de cuerpos y tal vez ir más lejos”.

“Se convierte en una pendiente resbaladiza donde los líderes de ambas partes alientan o no castigan la publicación de videos de cuerpos. El siguiente paso podría ser cuando los cuerpos sean profanados o los prisioneros de guerra sean ejecutados”, dijo Lee.

¿Implicaciones para la paz?

Los combates en Nagorno-Karabaj en la década de 1990 terminaron con un alto el fuego, pero a pesar de numerosos intentos, nunca se llegó a un acuerdo de paz.

Es poco probable que la publicación de imágenes tan provocativas ayude a cualquier intento de mediar entre las fuerzas respaldadas por Azerbaiyán y Armenia.

“Es lo peor que puede pasar”, dijo Laurence Broers, director del programa para el Cáucaso de la organización dedicada a la consolidación de la paz Conciliation Resources, con sede en Londres.

Para los armenios de Karabaj, los informes de incidentes como este refuerzan los temores de que si los civiles armenios se encuentran con el Ejército o las fuerzas especiales de Azerbaiyán, es probable que acaben muertos, apunta Broers.

También señala otro incidente durante la última escalada de hostilidades en abril de 2016, cuando cuatro civiles armenios ancianos aparentemente murieron por el avance de las tropas azerbaiyanas.

“En ambos lados, los informes de las atrocidades confirman los peores estereotipos culturales de la barbarie y el terror, y para los armenios de Nagorno Karabaj hoy, generan temores sobre una limpieza étnica. Los informes de crímenes de guerra tienen un impacto devastador y radicalizador”, asegura Broers.

Desde la aparición del video de Hadrut, ambas partes emitieron declaraciones identificando a varios prisioneros de guerra. Azerbaiyán mostró a dos armenios cautivos recibiendo atención médica y los armenios publicaron imágenes de un prisionero azerbaiyano en tratamiento en un hospital de Karabaj.

Hay quienes consideran que el señalamiento no ha lugar porque el delito del que se acusa es materia juzgada y no puede perseguirse de nuevo, y están los que identifican aportes que no habían sido judicializados con anterioridad y estiman que existe causa penal. También quienes argumentan que la persecución no es tardía porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, aunque en su momento con el genocidio reprocharon justamente el retraso interesado por años, y aquellos otros que se preguntan por qué no denunciaron esos delitos en el 2007 si desde entonces existen los testigos y los peritajes forenses. Algunos avivan la tesis de que, como hay una persecución contra la Cicig por parte de ciertos sectores y del gobierno, el caso aparece justamente en una coyuntura que viene a politizar la justicia para obtener ventaja; otros, sin embargo, aducen que en justicia no hay momentos. Encontrará seguramente más razones para poner en cualquiera de los platillos de esa balanza ficticia. De una parte, pareciera que hay una explicación injustificable, de la otra se aprecia una justificación inexplicable, todo en un contexto difícil de interpretar, digerir y asimilar. La coyuntura, además, genera más preguntas que respuestas y excita los ánimos ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿O habría que preguntarse: cuánto de razón tiene cada quien?

No nos rasguemos las vestiduras, aunque percibamos motivos aparentes para ello. Osama Bin Laden fue vaporizado por los USA al mejor estilo orwelliano, el gobierno ruso intentó asesinar al espía Serguei Skripal en Londres y el periodista Khashoggi estrangulado, descuartizado y desaparecido en el consulado saudí en Estambul, amén de otros casos. Si en Guatemala se hiciera una consulta sobre la aceptación de la denominada “limpieza social” puede que el resultado sorprenda ¡No nos engañemos! Es la contraposición entre violencia y autoridad descrita por Michael Oakeshott en Lecciones de historia del pensamiento político, quien agrega: “nada de lo que los hombres han pensado o hecho será inteligible si no es tomado en su propio contexto y bajo sus circunstancias”. No justifico conductas pero diferentes países han tolerado actuaciones que se consideraron “aceptables” frente a situaciones especiales de inseguridad. Duro de entender, fácil de explicar y real como la vida misma.

A ciertas sociedades de postconflicto les resulta difícil superar momentos históricos complejos. Se ha propuesto como “solución” el olvido —borrón y cuenta nueva—, leyes de punto final, leyes de memoria histórica o justicia transicional, todas cargadas de la parcialidad propia de quienes lideran los procesos porque las rencillas o las injusticias permanecen por generaciones y peor aún, son tomadas como bandera de lucha por muchos que no vivieron aquellos instantes pero impregnan el problema de emotividad y pasión más que de razón y conocimiento, lo que genera más tensión. Dicho lo anterior, me quedo con la mitad —y solamente la mitad— de la frase atribuida al militar y condestable francés —siglo XIV— Bertrand du Guesclin, y modifico la segunda parte como sigue: “No quito ni pongo rey, pero me preocupa lo que pasa y el impacto que tiene”.

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Es de su interés

Por esta razón la pena de muerte ya no podrá ser aplicada en Guatemala<br />

“Ya no podemos seguir esperando sentados a que lleguen los medicamentos”, dijo el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, quien no detalló cuándo planea poner el método a la práctica.

“Utilizar (nitrógeno) será efectivo, fácil de administrar, fácil de obtener y no requiere procedimientos médicos complejos”, agregó.

Este método consiste en administrar nitrógeno al preso privándolo de oxígeno, causándole así la asfixia.

Oklahoma autorizó en 2015 este método para ejecutar a presos en caso de que el estado no dispusiera de inyecciones letales.

Este estado sureño suspendió indefinidamente sus ejecuciones en octubre de 2015 no solo por la falta de acceso a los componentes letales, sino también por una serie de episodios que lo pusieron en el foco nacional e internacional.

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Desde una ejecución en la que usaron una dosis insuficiente de fármacos que provocó una agonía de 43 minutos al reo, hasta la utilización de un componente erróneo en otra inyección letal.

Una investigación oficial de los hechos halló un sinnúmero de irregularidades en los protocolos de ejecución.

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, Oklahoma ha ejecutado a 112 presos, una cifra solo superada por Texas y Virginia.

Oklahoma tiene actualmente 48 presos condenados a muerte y una quincena de ellos ya han agotado sus recursos.

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historia

La pena de muerte en el país tiene su origen a mediados del siglo XIX

Un total de 86 de cada 100 guatemaltecos estuvo de acuerdo con ella y que se aplicara en casos de secuestros.

Un 73 por ciento consideró que la ejecución de varios condenados haría disminuir la delincuencia, un pensamiento que estaba más arraigado entre los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Se preguntó a los guatemaltecos si perdonarían la vida a Martínez Coronado, condenado por haber dado muerte a una familia en Chiquimula, y apenas un 18 por ciento dijo que sí, mientras que un 79 por ciento se mostró inflexible y enfatizó que no lo haría.

Los guatemaltecos se mostraban inflexibles sobre el tema, al extremo de que un 82 por ciento estuvo de acuerdo con que se aplicara la pena de muerte a las mujeres por delitos graves, como asesinato y secuestro.

Fusilamiento

No obstante que Martínez Coronado no sería el primer ejecutado con la aplicación de inyección letal, un 75 por ciento opinó que lo mejor era que continuara el fusilamiento, mientras que apenas un 23 por ciento aprobó el nuevo método.

El punto donde hubo más controversia fue que si debía transmitir por televisión las ejecuciones; un 48 por ciento opinó que sí, mientras que un 51 por ciento dijo que no.?

Otro aspecto que se comprobó con la encuesta es que la mayoría, un 65 por ciento, estaba a favor de denunciar el Pacto de San José para que se pudiera aplicar la pena de muerte a los secuestradores, hasta ahora protegidos por este convenio internacional de Derechos Humanos.

Finalmente, un 88 por ciento de los guatemaltecos rechazó cualquier intervención de organismos internacionales en la ejecución de Martínez Coronado.

La encuesta

Se hizo por medio del método de entrevista cara a cara, y se contempló que la misma fuera de acuerdo con los niveles de población socioeconómicos.

Los grupos de edad se contemplaron de la siguiente manera: 18-25 años; 26-35 años; 36-45 años; 46-55 años, y más de 56 años.

La metodología utilizada permite garantizar una pureza en el resultado con un margen de error de más menos cinco por ciento, que se considera adecuado para este tipo de análisis.

Abolir pena de muerte

La mayoría de países del mundo abandonan el sistema de la pena de muerte como castigo, pero el debate Internacional no termina.

Estados Unidos, un crítico a las violaciones de Derechos Humanos en otros países era fuertemente señalado debido a que aplicaba la pena de muerte, violando así numerosas normas internacionales.

De acuerdo a estadísticas de Amnistía Internacional (AI) más de la mitad de los países del mundo ya no aplicaban la pena de muerte.

Al menos 58 países han abolido la pena capital para todos los delitos. 15 más lo han hecho para delitos comunes y 27 más se consideran abolicionistas.

Entre estos había varios que mantenían la pena de muerte en su legislación, pero no la aplicaban por haber suscrito tratados internacionales, como el caso del Pacto de San José.

En Estados Unidos había en 1998 más de 3 mil condenados a muerte en 34 estados, una cifra sin precedentes, aunque en torno a la mayoría de estos casos se libraba toda una batalla jurídica.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Resolución 1997/12, aprobada el 3 de abril de 1997, según la cual, la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo pedía a los países donde todavía se imponía la pena capital que consideraran suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte.

Show morboso

El entonces jefe de la Oficina de Información del Arzobispado, Carlos Aldana, se mostró en contra de la pena de muerte por considerar que no solucionaría el problema de la criminalidad en el país.

Sin embargo, hizo ver que si no se podía abolir, la inyección letal era la mejor opción, pues evitaría el morbo y es humanitaria.

María Estela de Aguirre, de la agrupación Madres Angustiadas, dijo en aquella ocasión que los condenados a pena de muerte no merecían consideración, porque ellos no fueron humanitarios con las personas a las que dañaron, señaló.

Alejandra García de Álvarez, madre de una niña de cuatro años violada y asesinada, dijo: “ Yo no quiero que los fusilen; quiero que les arranquen un dedo, luego un brazo y, poco a poco, otras partes del cuerpo para que de verdad sientan y que paguen lo que le hicieron a mi hijita”.

Por este hecho fueron condenados a la pena de muerte por medio de fusilamiento los campesinos Roberto Girón y Pedro Castillo.

El entonces presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Manuel Humberto Toledo Solares, manifestó que aunque su misión es proteger y salvar vidas, consideraba que la pena de muerte era algo necesario para la sociedad.

Martínez Coronado

Martinez Coronado fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. En aquella ocasión (1998) fue trasladado a una celda ubicada en el módulo de ejecución, para pasar allí sus últimas 48 horas de vida.

Según el entonces Inspector General de Presidios, Ever Flores, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, dijo que Martínez se encontraba tranquilo, pues pasaba muchas horas leyendo la Biblia y recibió la visita de pastores evangélicos.

Según la ley, Martínez debería ser trasladado al lugar donde sería ejecutado.

Martínez fue hallado culpable en todas las instancias legales de la masacre de siete miembros de una familia perpetrada el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, Quezaltepeque, Chiquimula.

Las víctimas fueron Juan Bautista Arias, de 58 años: su esposa, Rosalbina Miguel, 30: sus hijos Francisca, 12: Joyita, 8: Arnoldo, 5, y Aníbal, 2, así como la tía de los niños Emilia Arias, 68.

Un tercer implicado en el múltiple crimen fue Roberto Coronado, prófugo de la justicia y hermanastro del condenado a muerte.

Últimos fusilamientos

En Guatemala, el 13 de septiembre de 1996, Pedro Castillo y Roberto Girón, acusados de la muerte y violación de una niña, fueron llevados al paredón para ser fusilados por un pelotón de la Guardia Penitenciaria.

Quienes fueron los primeros

Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, de la banda Los Pasaco, fueron los primeros en ser ejecutados por la inyección letal tras ser condenados a la pena capital por estar acusados del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.

Sentencias similares

Caso Beverly

El 31 de agosto 2000 el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a la pena de muerte a Gustavo Adolfo Carranza, Carlos Enrique Chun Choc y Douglas Montt Solórzano, por el secuestro y asesinato de Beverly Ann Sandoval Richardson, y también por los secuestros de Salomón del Cid, Cristóbal Mendoza Tipaz, María del Carmen Chavarría Coy, los hermanos Jorge, Fernando Salazar Nájera, y Melvin González Santacruz.

Banda Agosto Negro

22 de marzo 2000 el Tribunal de Retalhuleu dicta pena de muerte contra Carlos Amílcar González Díaz, Audelio Díaz González, Tirso Román Valenzuela Ávila, José Luis López Galindo, Waldemar Hidalgo Marroquín y Jaime Quesada Corzo por asesinato de la fiscal Shilvia Jerez de Herrera.

Además, Pedro Rax Cucul es sentenciado por haber dado muerte a machetazos a María Tec Chub en la aldea Chipoc , Cahabón, Alta Verapaz.

Banda El Tejano

El 18 de junio de 1999 el Tribunal de Sentencia de Mixco condena a la pena capital a Moisés Esteban Santizo Olay y Edward Mike Pineda Morales integrantes de la banda acusados del secuestro de dos personas en los años 1996 y 1997

Patrulla 603

Los ex policia nacionales (PN) de la autopatrulla 603, Aníbal Archila Pérez, Miguel Angel López Caló y Miguel Angel Rodríguez Revolorio, quienes secuestraron y a Luis Pedro Choc y Estuardo Motta, quien sobrevivió luego que los implicados los sacar de un bar ubicado en la calle Martí zona 6 donde les dispararon y dejaron abandonado en el bulevar Austriaco, zona 16.

Fermín Ramírez Ordóñez

El 6 de marzo de 1998 el Tribunal de Sentecia de Escuintla condena a la pena de muerte por medio de la inyección letal a Fermín Ramírez por haber sesinado y violado a la niña Grindi Yasmín Franco Torres de 10 años, hecho ocurrido en Escuitla en el año 1997.

Caso Corzo y Spillari

El 28 de agosto de 1998 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a muerte a José Luis Barahona, Alfredo Carrillo, Jorge Antonio Alvarado Fredy Avila Ruano García, y Hugo Avila Lemus , responsables de los plagios del empresario Enrique Corzo de la Cerda, su hijo de 6 años Enrique Corzo Spillari y del empresario Roberto Robles y Mateo Ramazzini.

Banda Los Mazate

El 9 de febero de 1998 son condenados a la pena capital Jorge Arturo Mazate Paz, Bernardino Rodríguez Lara y Elmer Orlando Virula Marroquín, condenados a la pena capital por el secuestro de Rosario Elizabeth Villata, hecho ocurrido el 12 de febrero 1996 en Amatitlán .

Prófugo

El 9 de marzo de 1997 Ever Gabriel Alvarado, alias Lito el negociador, integrante de la banda de secuestradores Los Pasaco, se fuga del Centro Preventivo para hombres de la zona 18, Alvarado había sido condenado a la pena de muerte por el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, el 18 noviembre 1996.

Banda de El Canguro

Henry Geovanni Rosales Alarcón, presunto integrante de la banda de secuestradores El Canguro, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango a la pena de muerte el 6 de mayo 1997.

Los secuestradores Marco Antonio Fuentes Marroquín y César Augusto Soto Rivera fueron condenandos a la pena de muerte por el secuestro del finquero Adolfo Santizo Gramajo el 17 de octubre 1995.

Fechas claves

17 de octubre de 1997

El presidente del Organismo Judicial, Ángel Alfredo Figueroa, anuncia un anteproyecto de ley para abolir la pena de muerte

7 de agosto de 2002

El presidente, Alfonso Portillo, presenta al Congreso de la República una iniciativa para abolir la pena de muerte. En esa ocasión el mandatario la envía a la Comisión de Legislación para que emita dictamen.

6 de julio de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado el procedimiento de indulto para los condenados a muerte, y revoca la pena capital impuesta a Fermín Ramírez.

Comision de los 30

7 de febrero de 1985

El 7 de febrero de 1985 los diputados Rafael Arriaga Martínez, Telésforo Guerra Cahn, Édgar Gudiel Lemus, Carlos González Quezada, Alfonso Alonzo, Luis Alfonso López, Miguel Ángel Ponciano, quienes intrgraban la Comisión de los 30 de la Asamblea Nacional Constituyente redactaron la nueva carta magna y en uno de los puntos fue sobre la pena capital.

Los legisladores mencionados suprimieron el recurso de gracia para sentenciados a muerte.

También hicieron énfasis en que el recurso de gracia quedaba eliminado del anteproyecto de la Constitución.

Quienes no podían ser ejecutados

La comisión redactora decidió que la pena de muerte no podría aplicarse en los casos de presunciones, a mujeres , los mayores de 60 años, a reos de delitos políticos ni a reclusos cuya extradición habia sido concedida bajo esa condición.

También quedó claro que solo el Congreso de la República podía abolir la pena de muerte, con las dos terceras partes de sus miembros.

Lista de condenados a  muerte

20 sentenciados por secuestro:

• Aurelio Díaz González
• Ronald Raxcacó
• Hugo Humberto Ruiz
• Carlos Enrique Chun
• Bernardino Rodríguez
• Pablo Arturo Ruiz
• Ligar Pineda
• Antonio Israel Jiménez
• Otto Sopón Bámaca
• Ramiro Padilla
• Gerson Alonso Escoto
• Gustavo Carranza
• Adolfo Rodas
• Samuel Cogox
• Humberto Portillo
• Marvin Ramos
• Dimas Samayoa
• Moisés Santizo
• Jorge Mazate
• ByronOrtiz

14 condenandos por asesinato:

• Mario Huales Ramírez
• Vicente Huales
• Édgar Ceseña
• Tirso Román Valenzuela
• Fermín Ramírez Ordóñez
• Santos Hernández
• Adolfo Siliézar
• Juan Pablo Eduardo
• Miguel Ángel López
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Los procesados en la lista se salvaron de ser ejecutados luego de ser suspendida la pena de muerte debido a los convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco, como el Pacto de San José.

Larry, el marido de Teresa de 63 años, fue sólo la primera vez.

“Tenía mucha curiosidad. Le llevé hasta el lugar y le hice muchas preguntas”, explica ella. “Luego me dijo: tienes que ver esto”.

Finalmente, ella también fue. En 1998 presenciaron la ejecución de Douglas Buchanan, Jr, condenado por matar a su padre, a su madrastra y a dos hermanastros.

Que haya testigos en las ejecuciones como Teresa y Larry Clark es una necesidad legal.

En Virginia, al igual que en otros estados de Estados Unidos donde está vigente la pena de muerte, la ley requiere que personas sin conexión con el crimen estén presentes en todas las ejecuciones.

Los voluntarios son considerados “testigos públicos, y en las ejecuciones toman el lugar del público general”, dice Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

“Es el reconocimiento de que este tipo de procedimientos tienen que llevarse a cabo bajo el ojo público”.

“Estoy listo para irme”

En la noche de la ejecución el bus de la cárcel pasó a recoger a Teresa, Larry y a los otros voluntarios y los llevó a la penitenciaría de Greensville en Jarrat (Virginia).

Tras pasar un tiempo junto a los reporteros en la cafetería, los llevaron a una pequeña habitación.

La habitación estaba bien iluminada y tenía una gran ventana. Cuando se abrieron las cortinas, vieron la camilla. Luego entró Buchanan.

Cuando le preguntaron si quería decir sus últimas palabras, el reo respondió: “Empecemos el viaje. Estoy listo para irme”.

Durante las ejecuciones, explica Teresa, los prisioneros miran a la derecha, hacia la galería de los testigos, y la habitación se mantiene en silencio.

“Es bastante extraño ver a alguien mirarte mientras se prepara para morir”, admite ella.

Tras la ejecución, el doctor dictamina la muerte del reo y se cierran las cortinas. Se agradece su presencia a los testigos y éstos se van a casa.

Avalancha de voluntarios

Este proceso figuró en los titulares recientemente cuando Wendy Kelley, directora del departamento correccional de Arkansas, pidió voluntarios en un encuentro comunitario.

El estado planeaba ejecutar a un número récord de siete reos en 11 días, pero no encontraba a suficientes personas dispuestas a mirar.

La ley estatal de Arkansas establece que al menos seis “ciudadanos respetables” tienen que estar presentes en cada ejecución para “verificar que se ha llevado a cabo en la forma requerida por la ley”.

La publicidad funcionó. Arkansas tiene ahora una avalancha de voluntarios.

Beth Viele, de 39 años, escribió una carta a Kelley comunicándole su interés.

“Por favor, acepte esta carta como petición formal para ser testigo voluntaria para las ocho ejecuciones que se van a producir”, escribió.

“Me gustaría ser parte de la ayuda a las familias de las víctimas para que puedan ver cómo se hace por fin JUSTICIA”.

En apoyo a la ley

Frank Weiland, de 77 años, trabaja como artesano del metal en Lynchburg, también en Virginia. Ha sido voluntario en cuatro ejecuciones. Dice que va como muestra de apoyo a los cuerpos del orden.

La última ejecución que presenció fue en el 2006, cuando Brandon Hedrick eligió la silla eléctrica como modo de morir en lugar de la inyección letal.

“Este tío no vivía lejos de mi, y conozco a alguna gente que lo conocía”, afirma.

“Dicen que le daban miedo las jeringuillas”, afirma Weiland riéndose.

Él vio cómo a Hedrick lo ataban a una silla y cómo el guardia le ponía una esponja en la cabeza para ayudar a la corriente eléctrica a trasmitirse más rápido.

“Y lo siguiente que ves, es ¡boom!”, relata Weiland.

“Vi sus manos en los brazos de la silla y me dije, bueno, si queda algo de vida ahí, se agarrará, y no se agarró”.

“No se convulsionó ni nada. De hecho, si yo tuviera que elegir, también elegiría la silla”.

“Lo único que indicaba que le estaba llegando la corriente era la forma en que sus piernas humeaban, un poco”.

Sin pena

Aun así, ver tres muertes deja huella.

“Lo he vuelto a rememorar muchas veces en mi mente”, dice. “No sé por qué, pero lo he hecho”.

Teresa Clark cuenta la historia sobre la noche posterior a la primera ejecución que presenció.

“Estaba sentada en mi carro en un semáforo y miré por el retrovisor, y juro que vi al hombre que acababa de ver morir”.

“La imagen como que se te queda dentro”.

Pero ella sigue convencida.

“Si me llamaran ahora diciendo que necesitan a alguien, yo iría”.

“Pensé, y todavía pienso, que esta gente sabe cuándo van a morir, mientras que la gente a la que mataron no lo sabía. Ellos pueden despedirse, así que realmente no puedo sentir pena por ellos”.

    Este afroamericano pasó 36 años entre rejas por el asesinato en 1979 de Roger Tackett, un empleado blanco de una gasolinera en un suburbio de Atlanta.

Jones se negó a pronunciar sus últimas palabras ante los testigos que presenciaron la ejecución pero accedió a que se leyese una oración.       

Georgia no anuncia a qué hora exacta administra la inyección letal, y los observadores no pueden presenciar este momento.

Pero el alcaide salió de la sala de ejecuciones a las 00:30, y los registros de ejecuciones similares muestran que la droga suele empezar a fluir uno o dos minutos después de este momento.  

    Sus abogados trataron hasta el último momento de suspender la ejecución, incluso con un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En vano.

    Los críticos denunciaron este caso como un ejemplo del “doble castigo”  que se imponen a algunos condenados a muerte que pasan décadas confinados en solitario con la muerte como única expectativa.

    Además, sus detractores consideran que muchos condenados fueron sentenciados en un periodo en el que no podían contar con una defensa satisfactoria y que si fueran juzgados hoy en día, el veredicto sería distinto.

    “El caso de Jones plantea preguntas sobre la proporcionalidad y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte” , denunció en un comunicado el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

    “Él y su coacusado Van Solomon – ambos afroamericanos -, fueron sentenciados a muerte (…) por matar a un vendedor blanco en una gasolinera durante un robo” . “Jones negó haberle disparado y la acusación nunca determinó quién hizo el disparo fatal” , según la nota.

    Solomon murió en la silla eléctrica en 1985.

    Durante las décadas que pasó entre rejas, Jones leyó mucho y se dio a conocer por sus escritos sobre la vida en prisión y cuestiones raciales.

    Actualmente, 75 hombres se hallan en el corredor de la muerte en Georgia. El año pasado, el estado suspendió las ejecuciones durante varios meses debido a una polémica sobre las sustancias usadas en las inyecciones letales.

    Estados Unidos ejecutó a 28 personas en el 2015, el número más bajo desde 1991.

El portavoz del ministerio del Interior saudita, Mansur Al Turki, calificó de “irresponsables”  estas declaraciones y dijo que su país “no se preocupa por lo que piensan los demás” .

Asimismo, Riad acusó a Irán de ser un país “sin vergüenza” , de apoyar al “terrorismo”  y menoscabar la estabilidad regional.

“El régimen iraní es el último en poder acusar a otros de apoyar al terrorismo, en tanto él mismo lo hace” , declaró un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores a la agencia oficial SPA. Riad había anunciado una convocatoria al embajador iraní por las declaraciones “agresivas”  de Teherán.

En tanto, se produjo un ataque de manifestantes contra la embajada saudí en Teherán. Manifestantes encolerizados por la ejecución del dignatario chiita lanzaron cócteles Molotov contra la sede de la embajada y alcanzaron a penetrar en el recinto diplomático para luego ser expulsados por la policía.

Mohammed al Nimr, hermano del líder chiita, una figura de la oposición al régimen saudí, advirtió que esta ejecución “provocará la ira de los jóvenes”  de esta comunidad minoritaria en Arabia Saudita, un país dirigido por la dinastía sunita de los Al Saud.

“Habrá reacciones negativas en el interior del reino y en el extranjero, pero esperamos que sean pacíficas”, declaró por teléfono a la  AFP.

Los condenados -45 saudíes, un egipcio y un chadiano- fueron ejecutados en doce ciudades, precisó el ministerio del Interior en una declaración oficial. Los ejecutados suelen ser decapitados con un sable.

Según las autoridades, fueron condenados por diferentes delitos, en especial por haber abrazado a la ideología radical “takfiri”   (término generalmente utilizado para designar a los grupos radicales sunitas) , por haberse unido a “organizaciones terroristas”  y por haber realizado “complots criminales”.

Nimr al Baqer Nimr, de 56 años, crítico feroz de la dinastía Al Saud, fue el líder de un movimiento de protesta que estalló en 2011 en el este del país, donde vive la mayor parte de la minoría chiita, una comunidad que se siente marginada.

El jefe religioso fue condenado a muerte en octubre de 2014 por “sedición” , “desobediencia al soberano”  y “tenencia de armas”  por un tribunal de Riad especializado en casos de terrorismo.

Reacciones diversas

La Unión Europea  (UE) expresó este sábado sus “serias inquietudes”  por su ejecución.

“El caso específico del jeque Nimr al Nimr levanta serias inquietudes sobre la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos de base, que deben ser respetados en todos los casos, inclusive en la lucha contra el terrorismo” , declaró la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

Para el departamento de Estado norteamericano, esta ejecución amenaza con “exacerbar las tensiones sectarias en momentos en que urge calmarlas” .

“Estados Unidos exhorta al gobierno de Arabia Saudita a permitir que la oposición se exprese pacíficamente” , agregó el portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby, en un comunicado, señalando la “particular preocupación”  del gobierno en Washington por esta situación.

En Bagdad, el primer ministro iraquí Haider al Abadi manifestó que esta ejecución significó “un gran shock” , y señaló que puede tener un efecto desestabilizador.

“La libertad de expresión y la oposición pacífica son derechos humanos de base garantizados por las leyes divinas e internacionales. Violarlas tiene consecuencias sobre la seguridad, la estabilidad y el tejido social de toda la región” , dijo en un comunicado.

Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio, señaló en una entrevista a la  AFP : “las autoridades saudíes dicen haber realizado estas ejecuciones para preservar la seguridad. Pero la del jeque Nimr Baqer al-Nimr sugiere que las utilizan para zanjar cuentas políticas (…) bajo la cubierta de lucha contra el terrorismo” .

Según la ONG de defensa de los derechos humanos, Arabia Saudita es uno de los países que más aplican la pena de muerte en el mundo, junto a China, Irán y Estados Unidos.

Tras esta ejecución, un dirigente del partido chiita Dawa, en el poder en Irak, llamó a tomar medidas de represalia, como el cierre de la embajada saudita en Bagdad  (recientemente reabierta) o la ejecución de “terroristas”  saudíes detenidos en el país.

Por su parte, el movimiento chiita libanés Hezbolá denunció “un crimen odioso perpetrado sobre la base de falsas acusaciones”.

En cambio, las monarquías sunitas de la región, entre ellas Bahréin y Emiratos rabes Unidos, saludaron la actitud de Arabia Saudita. No obstante, en el primero de estos países varios jóvenes de la mayoría chiita se concentraron en los suburbios de Manama para protestar contra estas ejecuciones.

Entre las personas decapitadas el sábado se encuentran también yihadistas sunitas condenados por su implicación en atentados en 2003 y 2004, reivindicados por Al Qaida.

Estas ejecuciones fueron las primeras en el 2016. Arabia Saudita es un país muy rígido al aplicar una versión rigorista de la sharia  (ley islámica) para todo tipo de delitos.

A un cadáver le faltaba un ojo y tenía la cara cubierta de moretones, a otro le faltaban todos los dientes. Adicionalmente, otro mostraba un orificio de bala en la coronilla.

Las autoridades dicen que los pandilleros abrieron fuego sobre la Policía en este estado donde impera el narcotráfico, desatando el enfrentamiento más mortífero de los últimos tiempos.

La mayoría de las víctimas procedían del vecino estado de Jalisco, donde tiene su sede el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, al que se atribuyen la muerte de 15 policía estatales en una emboscada en abril y el derribamiento el 1 de mayo de un helicóptero militar mediante un lanzacohetes, hecho inédito en la historia mexicana.

Vea el video donde Policías se enfrentan a presuntos delicuentes en México. (Youtube/Excelsior).

“No hay una sola ejecución” en el tiroteo del viernes dijo el jefe de la policía federal, Enrique Galindo, a la prensa local. “Te lo digo categóricamente” agregó.

Si no hubiera llegado el helicóptero, “quizás los números de bajas habrían sido diferentes”, aseguró. Según el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, los análisis de los cadáveres revelaron que les habían disparado desde “una distancia significativa… de decenas de metros” y descartó que hubiese disparos a quemarropa.

• La muerte de 42 pandilleros y un policía en una batalla de tres horas fue el enfrentamiento más cruento en su tipo en la historia reciente.

Un funcionario del gobierno de Michoacán dijo que los 42 fallecidos eran hombres y que la mayoría eran originarios de Jalisco.

La mayoría murió por heridas de arma de fuego, agregó el funcionario, quien habló a condición de permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas.

Sin embargo, la cifra mínima de bajas federales, junto con algunas fotografías que muestran entre otras cosas que algunos cuerpos habrían sido movidos de lugar, ha provocado dudas sobre la veracidad de la versión oficial.

Fotos del sitio mostraron cuerpos de hombres sin camisa y algunos sin zapatos. Algunos parecían yacer junto a fusiles semiautomáticos en un campo donde había maquinaria agrícola y otros en un patio entre charcos de sangre, ropa, colchones y sacos de dormir.

Un video de la batalla obtenido por The Associated Press muestra a varios policías recibiendo disparos. El 30 de junio, en el Estado de México, ocurrió un caso similar cuando el ejército dijo que en un supuesto enfrentamiento habían muerto 22 presuntos delincuentes y solo un soldado había quedado herido.

Una investigación de la AP reveló que varios de los sospechosos fueron ejecutados después de que se rindieron en una bodega de la municipalidad de Tlatlaya.

Las autoridades negaron que el tiroteo fuera similar al de Tlatlaya, por el que están acusados siete soldados. “De ninguna manera tenemos una aproximación a lo sucedido en Tlatlaya”, aseguró Galindo.

Fuentes oficiales dicen que la superioridad de fuego y entrenamiento, así como la falta de preparación de los sospechosos, explican la diferencia. Galindo dijo que no todos los sospechosos en el rancho murieron. Tres se rindieron y están presos y unos cuantos lograron escapar. “Calculamos que podía haber entre 60 y 70 personas, porque hay algunos que se fueron, huyeron”, dijo Galindo.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, también rechazó hoy la ejecución de presuntos delincuentes el viernes pasado y atribuyó el saldo desigual “a la capacitación y la formación” de las fuerzas de seguridad.

El intercambio de disparos por más de tres horas se produjo tras una denuncia de la invasión por parte de un grupo armado del rancho El Sol, en la comunidad de Tinaja de Vargas, que motivó el viernes un operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.