Un informe de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos revela que miles de niños de Guatemala laboran en actividades agrícolas, y también en la producción de piedrín para construcción.

El documento detalla que menores de edad están involucrados de forma obligada en la creación y producción de fuegos artificiales o pirotecnia que son utilizados en fiestas de fin de año.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, durante la gestión del presidente Bernardo Arévalo se perciben “avances moderados” en la lucha contra el trabajo infantil en sus primeros meses, al igual que otras 65 naciones en el mundo.

En ese sentido, el informe señala que Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador y Moldavia son los país con más avances significativos contra la explotación infantil.

Lea más: Condenan a responsables de explotar laboralmente a menor durante 7 años  

Según investigaciones, el trabajo infantil ha estado vinculado históricamente en Guatemala a algunas actividades agrícolas.

Datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) indican que alrededor de 350 mil niños entre 10 y 14 años trabajaban en lugar de estudiar, equivalente a casi el 20 % de la población de esa edad.

La misma institución detalla que en Totonicapán, Chimaltenango y Alta Verapaz se registran las tasas más altas de trabajo infantil.

En Guatemala, el 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Uno de cada dos niños padece desnutrición en su fase de crecimiento, según datos oficiales.

Condenan a responsables de explotar laboralmente a menor durante 7 años  

Un hombre y una mujer fueron hallados culpables de explotar laboralmente a un menor en Esquipulas, Chiquimula.

Óscar García

17 de julio de 2024 | 14:41h

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Tribunal de Zacapa dictó sentencia contra dos personas por un caso de trata y explotación laboral. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Pexels)

Un hombre y una mujer fueron hallados culpables por un caso de trata de personas en modalidad de explotación laboral.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 17 de julio que Dilma Méndez Rosa y Pedro Ramos Zelaya fueron condenados a ocho años de prisión inconmutables.

El personal fiscal demostró que ambos cometieron los hechos en agravio de un menor desde que este tenía 7 años hasta que cumplió los 14.  

Según el MP, el menor fue obligado a vender frutas y verduras en barrios y colonias de Esquipulas, Chiquimula.

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Además, los sometían a jornadas de trabajo en horario de 7 a las 17 horas.

Cuando la víctima no lograba vender el producto, era castigada y agredida físicamente, según la investigación.

Las pruebas fueron diligenciadas por la Agencia Fiscal Región Nororiente de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Para leer más: Una tienda de fachada y los otros detalles de cómo operaba un “maestro” para abusar de menores

La condena contra ambos la dictó el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacapa.

Información anónima a Crime Stoppers ha permitido el rescate de 30 niños

De enero a mayo del 2024, las autoridades han rescatado a menores de la explotación laboral y han capturado a siete tratantes, gracias a los reportes al 1561 y tupista.gt

Andrea Motta, comunicación Crime Stoppers

10 de mayo de 2024 | 05:15h

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Personal de varias instituciones participan en el rescate  niños y adolescentes víctimas de explotación laboral en Quetzaltenango, en el 2019. (Foto Prensa Libre: María Longo)

¿Cómo termina un menor de edad trabajando largas jornadas lejos de su hogar? La respuesta más generalizada es debido al engaño. A la mayoría de las víctimas de explotación laboral les ofrecen empleos soñados o bien, un ingreso superior al promedio.

Así fue como muchos de los menores rescatados en los últimos meses llegaron a la capital provenientes de departamentos como Quiché y Totonicapán, según agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) que participaron en los operativos. Sus padres les permitieron partir porque los tratantes les ofrecieron un buen sueldo, casa y comida como parte del acuerdo. Al llegar, la realidad fue muy distinta.

Solo de enero a mayo del 2024, 30 menores han sido liberados de explotación laboral gracias a denuncias anónimas al 1561 y en la web tupista.gt de Crime Stoppers Guatemala. Los menores rescatados tienen entre 1 y 17 años. Además, han sido capturados siete tratantes.

El delito de trata de personas es el cuarto más denunciado durante los primeros meses de este año en las plataformas de denuncia anónima, pues representa un 9% del total. En los últimos 16 meses se han abierto 177 casos de investigación.

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El inspector Edwin Monroy, vocero de Policía Nacional Civil (PNC) destacó “la importancia del trabajo coordinado que la sección de trata de personas de Deic realiza junto con otras instituciones” para poner a disposición del juzgado a las personas que explotan a niños y adolescentes.

Pedro Cruz, director de Crime Stoppers Guatemala, explicó: “La explotación laboral es una actividad lamentable y desafortunada. Vemos con buenos ojos cómo los ciudadanos están identificando este delito tan grave y doloroso. Cada vez se está denunciando mucho más de manera anónima a través de las plataformas que Crime Stoppers pone a disposición de la ciudadanía, en donde los agentes policiales están al tanto y pendientes de lo que los guatemaltecos comparten a través de la denuncia anónima”.

No es normal

La explotación laboral es un delito. Es una modalidad de trata de personas reconocida y castigada por el Código Penal guatemalteco.

No es normal que un niño trabaje más de 12 horas. No es normal que una adolescente deba tortear en un ambiente altamente inseguro. Sin embargo, en los últimos operativos se encontraron a menores siendo vulnerados.

De acuerdo con el reporte policial, del último operativo en el que se rescató a 12 menores, después de abandonar su hogar con engaños y “llegar a la ciudad capital no realizaban las actividades que les ofrecían, explotándolos laboralmente de lunes a domingo, en horarios de 5 a 22 horas. Únicamente descansaban un día al mes y dormían en los locales. El pago mensual era entre Q1 mil 200 y Q1 mil 400, pero dependía de la venta”.

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Los 30 menores liberados en lo que va del 2024 eran explotados en negocios como tortillerías, tiendas de barrio y venta de madera.  

Al momento del rescate, los menores tenían un mal aspecto físico. Las adolescentes que trabajaban en las tortillerías presentaban laceraciones y quemaduras debido a altas temperaturas y la manipulación de cal con agua caliente. Dormían en el local junto al comal y al cilindro de gas.

“Es lamentable que nuestros niños y adolescentes sufran de la explotación laboral. Felicito y agradezco la valentía de los ciudadanos guatemaltecos que de forma anónima están reportando este delito. Pero también felicito a los policías que están al tanto para atender esta información. Juntos podemos desarticular estas estructuras criminales. Invito a la población guatemalteca a seguir denunciando a través del teléfono 1561 y en la web tupista.gt, en donde les garantizamos el anonimato”, expresó Cruz.

¿Cómo funciona la denuncia anónima?

Crime Stoppers trabaja desde el 2017 en Guatemala. Desde el inicio realiza su trabajo de la mano de las autoridades. La Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Policía Nacional Civil son actores cruciales para obtener buenos resultados.

Cuando un ciudadano hace una denuncia anónima, un agente con entrenamiento especializado la recibe y analiza. En el caso de un reporte de trata de personas, la información se traslada a la sección de Deic que atiende este delito. Los investigadores enriquecen los casos ya existentes o abren nuevos. Luego, se pasa a la fase operativa en la que se ejecutan los allanamientos, se captura a tratantes y se rescata a menores.

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Las denuncias pueden hacerse para reportar cualquier modalidad de trata: explotación sexual, laboral, producción de pornografía, mendicidad, servidumbre, matrimonio forzado, cualquier tipo de esclavitud, tráfico de órganos, reclutamiento de menores para grupos delictivos, embarazo forzado y adopción irregular.

En las denuncias web es posible adjuntar evidencias como imágenes, videos, documentos y audios.

Un problema mundial

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “de los 352 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan en el mundo, 180 millones (1de cada 12) lo hace en situaciones de explotación, enfrentándose a las peores formas de trabajo infantil. Esto significa que realizan trabajos peligrosos, son sometidos a esclavitud o trabajos forzados, son reclutados por grupos armados o son utilizados para su explotación sexual comercial o para realizar actividades ilegales. El 97% de ellos pertenecen a países en desarrollo”.

Deic rescata a 15 menores por explotación infantil en tortillerías de Guatemala

Las investigaciones señalan que los niños eran traídos bajo engaños desde Quiché al departamento central y comprenden las edades de 4 a 16 años.

Douglas Cuevas

3 de marzo de 2024 | 14:01h

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Los niños más pequeños tenían como tarea el cobro de las tortillas, según el reporte oficial. Fotografía: PNC.

Por una denuncia anónima que ingresó al 1561 de Crime Stoppers fue posible el rescate de un grupo de niños y adolescentes. Los menores eran explotados en tortillerías del departamento de Guatemala.

Los indicios recabados por la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), dan cuenta que los niños tenían que trabajar de las 5:30 de la mañana a las 9 de la noche. Además, algunos de ellos presentaban lesiones físicas.

Por ejemplo, algunos de los menores tenían laceraciones y quemaduras de distintos grados en las palmas de las manos. A pesar de verse obligados a trabajar, no contaban con la supervisión de un adulto, indica el reporte.

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“Es lamentable que nuestros niños y adolescentes sufran explotación. Al mismo tiempo, agradezco la valentía del ciudadano que de forma anónima reportó este delito. Invito a la población a que lo siga haciendo, pueden llamar al 1561 o ingresar a la web tupista.gt”, dijo Pedro Cruz, director de Crime Stoppers.

Los menores, además de sufrir de explotación infantil, no contaban con un lugar adecuado para descansar luego de las actividades de trabajo impuestas. Dormían dentro de un local, al costado de un comal y un cilindro de gas, según documentaron los investigadores.

Durante la acción de rescate, los agentes lograron la captura de dos mujeres que tendrán que responder ante las autoridades por los señalamientos de explotación infantil. Se trata de Lucía Gamez López de 23 años y  Rosa Us Tojín de 32.

De acuerdo con la Casa Presidencial, ambas partes se comprometen así a profundizar los mecanismos de combate contra la trata y explotación sexual de menores, y a promover una mayor protección hacia la niñez y adolescencia ante acciones que afectan su vida, su integridad física y mental.

“Trabajaremos como gobierno para compartir el tráfico infantil y para llevar este mensaje tan importante a todos”, señaló el mandatario salvadoreño.

El actor mexicano, por su parte, apuntó que “el que estemos aquí, en El Salvador, no es un accidente. Es un evento histórico en que unimos fuerzas con el Gobierno del presidente Bukele para la protección de la niñez”.

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“Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza vamos a acabar con el tráfico de niños (…) Gracias por su compromiso, por su valentía”, apuntó.

Luego de la reunión el Presidente @nayibbukele ha firmado junto a @EVerastegui, una Carta de Intención para la erradicación del tráfico infantil.

El Gobierno de El Salvador es el primero en firmar una Carta de Intención con el Movimiento Viva México, fundado por @EVerastegui,… pic.twitter.com/lJPxW9zuwC

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) July 28, 2023

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Verástegui también habló sobre la película Sound of Freedom (Sonido de Libertad), un filme de la que es productor, que cuenta con la actuación del actor Jim Caviezel en el papel principal que fue escrita y dirigida por el también mexicano Alejandro Monteverde.

Levanta la mano si apoyas a Nayib Bukele y al movimiento Sound of Freedom. pic.twitter.com/ClWCXfAvsi

— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 29, 2023

“La película podría ser un detonador para un movimiento global, que termine con un problema global”, dijo.

Gracias, presidente @nayibbukele , por invitarnos a presentar Sound of Freedom en El Salvador. Gracias, por su decisión y valentía, al firmar un convenio de trabajo y cooperación para impulsar una lucha sin cuartel contra el crimen feroz de la trata de niños. Celebramos haber… pic.twitter.com/irXWrRRNsE

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 30, 2023

Bukele, mientras tanto, señaló que el filme “cubre un tema del que se habla muy poco, se dice muy poco de algo tan importante. ¿Qué más importante que los niños en una sociedad?, ¿Qué más importante que nuestros niños?”, acotó.

“Esta película ha tenido tanto éxito precisamente porque toca un tema tan importante, un tema que poca gente quiere tocar, probablemente muchos por medio de los que están detrás de esta red de trata, de los cliente y de los que compran a estos niños”, añadió.

El mandatario agregó que “a los que tenemos familia, hijos, sobrinos, nietos o amigos, sí queremos que se proteja a la niñez, sí queremos velar por los derechos humanos de los niños, de la gente honrada y vulnerable”.

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Las detenciones las efectuaron investigadores en un allanamiento en la colonia Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, Guatemala.

Se trata de Yulissa “N”, de 26 años, y Luis” N”, de 27, quienes son requeridos por el Juzgado de Primera Instancia Penal con competencia específica en Delitos de Trata de Personas de Guatemala.

Según indicaron los investigadores, estas personas supuestamente reclutaba niños de 9 a 14 años y los mandaban a vender dulces.

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Además, les exigían una cuota diaria de Q500 y cuando no entregaban la cuota requerida eran agredidos física y psicológicamente, hechos ocurridos en el 2022.

Según la PNC, a Yulissa “N” le aparece un antecedente del año 2022 por el mismo delito.

Caso similar

El 26 de mayo de 2022, el Ministerio Público (MP) informó que en seguimiento a las diligencias realizadas por la Fiscalía contra la Trata de Personas y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) se lograron tres capturas en Villa Nueva.

Las aprehensiones se llevaron a cabo en seguimiento a una investigación luego de una denuncia interpuesta en la que se informó que un niño de 10 años, de origen hondureño, era obligado a pedir dinero y vender golosinas en diferentes calles y colonias de Villa Nueva.

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Una pareja presunta responsable de trata de personas en su modalidad de explotación laboral y maltrato de personas menores de edad, fue capturada por investigadores de la #DEIC que realizaron un allanamiento junto al #MP en la colonia Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa pic.twitter.com/BVWyqjyulX

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 12, 2023

El informe Desigualdad los tres tiempos se efectuó en Huehuetenango, Quetzaltenango, Jalapa, El Progreso y Guatemala, con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (Usaid), y su finalidad es concienciar sobre las condiciones laborales en esos negocios y la violación a los derechos humanos de las trabajadoras.

Hay tortillerías que funcionan en locales de lámina y madera y otras en cuartos de concreto. Sin embargo, los cuerpos de socorro enfatizan que estos negocios, por lo general, no cuentan con ventilación y ante una fuga de gas o incendio es más probable que personas resulten heridas.

En algunos casos las mujeres cargan a un bebé sobre la espalda mientras trabajan y lo exponen a los mismos riesgos.

Problema general

De acuerdo con informes del Ministerio de Trabajo, en el área metropolitana, y en especial en la capital, se detectan más casos de explotación laboral, pues es donde se concentra el mayor número de fuentes de empleo.

En el caso de los menores, muchos son rescatados en restaurantes, ventas de licor, abarroterías y tortillerías, víctimas de redes de trata de personas.

La explotación laboral también ocurre en áreas de producción de brócoli, maíz, caña de azúcar, café y en los lugares donde se fabrica pirotecnia.

Al concluir el juicio, la Fiscalía contra la Trata de Personas informó del proceso y así se reveló que la niña fue retenida en una aldea en Siquinalá, Escuintla, y que luego, fue llevada hasta El Sabinalito, en Chiapas, México.

Una vez allí, la menor quedó en cautiverio en un bar llamado “El Cafetalito”, retenida por una mujer identificada como Armida Julieta Franco Ávila, quien fue procesada por el caso.

La fiscalía logró probar las acusaciones en contra de la sospechosa y el Tribunal sentenció a Franco Ávila a 13 años de prisión y pagar una multa de Q300 mil tras ser hallada culpable por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

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La niña, que logró escapar con ayuda de otra víctima de nacionalidad hondureña, fue privada de libertad y sometida a ser explotada sexualmente desde abril hasta noviembre de 2020.

Casos recientes

En octubre de 2022, la Fiscalía contra la Trata de Personas dio a conocer el caso de una joven de 15 años quien presentó ella misma una denuncia por explotación sexual.

La menor fue víctima en dos ocasiones, primero por su mamá y luego por su tía.

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Anterior a ese caso, en agosto de 2022, también se expuso el caso de otra adolescente de 14 años que incluso tenía una alerta Alba-Keneth y también fue forzada a permanecer en un centro nocturno en el municipio de San José Pinula.

La niña que había abandonado su hogar por conflictos familiares, fue localizada por la alerta y pudo regresar con su progenitora. Sin embargo, la estructura criminal siguió acosándola y persiguiéndola.

La Fiscalía inició una investigación a partir de la denuncia del caso. Fue así que como se efectuó un operativo y se capturó a 11 presuntos implicados.

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Víctimas de explotación

La trata de personas se ensaña en la población infantil y juvenil debido a su vulnerabilidad por su exclusión socioeconómica, por baja formación educativa y pocos ingresos familiares.

Las redes de trata operan bajo distintas modalidades, entre estas al ofrecerles un empleo, aunque su objetivo es la explotación sexual o laboral de sus víctimas.

La mayoría opera en la informalidad y ahora a través de las redes sociales.

En la primavera de 2021, Linda Brandmiller trabajaba en un estadio de San Antonio convertido en albergue de emergencia para niños migrantes. Miles de niños dormían en catres mientras el gobierno de Biden lidiaba con una cifra sin precedentes de menores que cruzaban a Estados Unidos sin sus padres.

El trabajo de Brandmiller consistía en ayudar a verificar a los patrocinadores y la habían capacitado para identificar posibles casos de trata. Durante su primera semana, le llamaron la atención dos casos: un hombre le dijo que iba a patrocinar a tres niños para emplearlos en una constructora. Otro, que vivía en Florida, estaba tratando de patrocinar a dos niños que tendrían que trabajar para llegar al norte.

De inmediato se puso en contacto con los supervisores que trabajaban con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia federal responsable de estos niños. “Esto es urgente”, escribió en un correo electrónico analizado por The New York Times.

Pero en unos días, se dio cuenta de que al hombre de Florida le iban a entregar a uno de los niños. Escribió otro correo electrónico, esta vez solicitando la “atención inmediata” de un supervisor y agregó que el gobierno ya había enviado a un niño de 14 años con el mismo patrocinador.

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Brandmiller también le envió un correo electrónico al director del albergue. Unos días después, se le retiró el acceso al edificio durante su hora de almuerzo. Nunca le dijeron por qué la habían despedido.

En los últimos dos años, más de 250 mil niños migrantes han llegado solos a Estados Unidos. Miles de niños han acabado en trabajos penosos en todo el país (en el turno de noche en los rastros, cambiando tejados, operando maquinaria en fábricas) que, como demostró una investigación reciente del Times, infringen las leyes de trabajo infantil. Después de la publicación del artículo en febrero, la Casa Blanca anunció cambios en las políticas públicas y sanciones estrictas contra las empresas que contrataran menores de edad.

Pero en todo momento hubo indicios del crecimiento explosivo de esta mano de obra, así como advertencias que el gobierno de Biden ignoró o pasó por alto, según ha descubierto el Times.

Una y otra vez, funcionarios veteranos y contratistas externos informaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Xavier Becerra, de que los niños parecían estar en peligro. El Departamento del Trabajo publicó comunicados de prensa en los que señalaba un aumento del trabajo infantil. A altos funcionarios de la Casa Blanca se les mostraron pruebas de explotación, como grupos de niños inmigrantes que habían sido encontrados trabajando con equipo industrial o productos químicos cáusticos.

Mientras el gobierno se apresuraba a desalojar los albergues que estaban saturados, los niños eran liberados con poco apoyo en manos de patrocinadores que esperaban que aceptaran trabajos agotadores y peligrosos.

En entrevistas con el Times, los funcionarios expresaron su preocupación por los niños migrantes, pero evadieron la responsabilidad de no protegerlos.

Las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmaron que esta agencia investigaba lo suficiente a los patrocinadores, pero que no podía controlar lo que les ocurría a los niños después de ser entregados a sus patrocinadores. Señalaron que la supervisión de los lugares de trabajo correspondía al Departamento del Trabajo.

Fuentes del Departamento del Trabajo afirmaron que los inspectores se habían centrado más en el trabajo infantil y que compartían detalles sobre los trabajadores con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero afirmaron que este no era un organismo de asistencia social.

Por su parte, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que, si bien los dos departamentos habían ofrecido información sobre el trabajo infantil migrante, los informes no se marcaban como urgentes y no dejaban clara la magnitud del problema. Robyn M. Patterson, vocera de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el gobierno estaba aumentando el escrutinio de los empleadores y revisando su proceso de investigación de patrocinadores.

“Es inaceptable que las empresas estén empleando menores y este gobierno continuará trabajando para fortalecer el sistema a fin de investigar estas violaciones y hacer que los responsables rindan cuentas”, decía el comunicado.

Pero la Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre por qué no reaccionó antes a las señales reiteradas de que los niños migrantes estaban siendo explotados de manera generalizada.

“Si yo lo vi, ellos también podrían haberlo hecho”, dijo Brandmiller, quien también es abogada de inmigración. “Hubo tantas oportunidades de atar esos cabos y nadie lo hizo”. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia no tenía registro de las inquietudes de Brandmiller. La empresa que gestionaba el albergue de emergencia declinó hacer comentarios.

Brandmiller comentó que seguía preocupada por Antonio Díaz Méndez, el niño de 14 años.

Antonio vive en Florida City, Florida, lejos de su familia en Guatemala. En una entrevista el verano pasado, estaba sentado en el porche enmohecido de una casa abarrotada de otros niños inmigrantes. Dijo que trabajaba largas jornadas en un almacén de refrigeración, empacando verduras para distribución nacional y que hacía meses que no veía a su patrocinador.

Extrañaba a su abuela y a veces pasaba días sin hablar con nadie. Quería ir a la escuela, pero se sentía atrapado porque necesitaba ganar dinero para pagar sus deudas, mantenerse y ayudar a sus hermanos.

Dijo que nadie había ido a ver cómo estaba.

‘Esto es mentira’

Poco después de que el presidente Joe Biden llegó a la presidencia, el creciente número de niños inmigrantes provocó tensiones entre el nuevo gobierno y los funcionarios veteranos.

El presidente había prometido atenerse a una ley de 2008 contra el tráfico de personas que obliga al gobierno federal a aceptar a los niños que viajan solos desde la mayoría de los países y les permite permanecer en Estados Unidos durante el proceso de solicitud de estatus legal, que dura varios años.

Pero la ley no preveía que una pandemia causara estragos en las economías de los países centroamericanos. Los padres, sumidos en una pobreza cada vez mayor, empezaron a enviar a sus hijos a Estados Unidos para que ganaran dinero, como parte de un fenómeno que algunos defensores de los inmigrantes denominan “separación familiar voluntaria”.

En 2021, mientras las imágenes de niños que dormían bajo mantas de aluminio en centros abarrotados acaparaban los titulares, Susan E. Rice, directora de políticas internas de la Casa Blanca, dijo a su personal que la situación era frustrante, según cinco personas que trabajaban con ella. Rice se desahogó en una nota que garabateó sobre un memorando en el que se detallaba la postura de los defensores, que creían que el cierre de la frontera durante la pandemia estaba obligando a los padres a enviar a menores no acompañados, a los cuales a veces se denomina por sus siglas en inglés UC (“Unaccompanied Children”).

“Esto es mentira”, escribió Rice, según una copia del memorando revisado por el Times. “¡Lo que está ocasionando la separación ‘voluntaria’ es nuestra generosidad con los UCs!”.

En un comunicado, Patterson, la vocera de la Casa Blanca, declaró que cualquier sugerencia de que Rice se sentía limitada por las exigencias de la ley era falsa y que estaba “orgullosa de hacer lo correcto y de tratar a los niños con dignidad y respeto”.

Según la ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de investigar a los patrocinadores para asegurarse de que velarán por el bienestar de los niños y los protegerán de la trata o la explotación. Pero a medida que los albergues se iban llenando de niños, el departamento empezó a relajar algunas restricciones en la investigación y a instar a los gestores de casos a acelerar el proceso.

Funcionarios que ya llevaban varios años en el departamento se quejaron de que los cambios ponían en peligro a los niños. Los asistentes de la Casa Blanca y los funcionarios del gobierno se exasperaron, pues creían que estos servidores públicos se aferraban a protocolos que mantenían a los niños en refugios cuando lo mejor para ellos era estar en un hogar con un adulto.

“Era una locura”, afirmó Vivian Graubard, asesora de la Casa Blanca que trabajó con Rice en asuntos relacionados con niños migrantes.

Al menos cinco servidores públicos del departamento presentaron quejas y dijeron que fueron despedidos por decir que les preocupaba la seguridad de los niños.

Jallyn Sualog era la funcionaria de carrera más veterana de la división del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de los niños migrantes no acompañados cuando Biden asumió el cargo. Había ayudado a crear el programa tras la aprobación de la ley de 2008 y, como demócrata de toda la vida, había celebrado la victoria de Biden.

Pero poco después, comenzó a enterarse de que los niños eran entregados a adultos que habían mentido sobre sus identidades o que planeaban explotarlos.

Advirtió a sus jefes en un correo electrónico de 2021: “Si no se sigue haciendo nada, se producirá una catástrofe”. Siguió enviando correos electrónicos sobre situaciones que describió como “críticas” y que “ponían en peligro a los niños”.

Preocupada porque nadie la escuchaba, Sualog presentó una denuncia en otoño de 2021 ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el organismo de control interno de la agencia, y solicitó la protección de los denunciantes. También dio el inusual paso de hablar con miembros del Congreso sobre sus preocupaciones.

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“Solo me faltó salir a protestar a las calles, hice todo lo que pude para advertirles”, afirmó Sualog. “Sencillamente, no quisieron escuchar”, concluyó.

A fines de 2021, fue retirada de su cargo. Presentó una queja ante la oficina federal responsable de hacer cumplir las reglas de protección de los denunciantes, con el argumento de que había sido víctima de represalias ilegales.

En otoño pasado, la Oficina del Inspector General dio a conocer un informe sobre el caso de Sualog y varios descensos de categoría y despidos en la agencia que “podrían equivaler a intimidación de denunciantes”.

Sualog llegó a un acuerdo con la agencia, que acordó pagar sus costas legales, y renunció el mes pasado.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó hacer comentarios sobre la denuncia de Sualog, pero afirmó que la agencia no toma represalias contra los denunciantes. Aunque algunos empleados no estaban de acuerdo con la estrategia del gobierno, dijo el portavoz, se necesitaban cambios significativos para hacer frente al aumento de niños migrantes no acompañados.

Mientras los empleados veteranos se marchaban, otros seguían activando las alarmas. En enero, poco antes de que se publicara la investigación del Times, un grupo de trabajadores envió otro memorando a sus jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos en el que afirmaban que el sistema había permitido entregas poco seguras de niños. “Estamos quitándole lo humano a ‘Salud y Servicios Humanos’”, escribieron.

Tendencias preocupantes

Algunas de las advertencias más insistentes de que los niños estaban siendo canalizados hacia trabajos peligrosos provenían de fuera del gobierno. El Departamento de Salud y Servicios Humanos entrega a la mayoría de los niños a sus patrocinadores sin ningún tipo de seguimiento, pero contrata a organizaciones para que proporcionen a miles de los niños de mayor riesgo servicios de apoyo durante varios meses.

La primavera pasada, Matt Haygood, director sénior de servicios infantiles del Comité Estadounidense para los Refugiados y los Inmigrantes, una de las organizaciones más grandes de este tipo, envió un correo electrónico con el asunto: “Preocupaciones de trata” a varios funcionarios del departamento.

“Hemos identificado algunas tendencias preocupantes en el área metropolitana de Chicago”, escribió, como camionetas que recogen a los niños a horas inusuales, lo cual sugiere que se les lleva a trabajar a fábricas. Haygood le pedía al departamento que considerara incluir a este barrio a una lista de vigilancia, de modo que los posibles patrocinadores fueran investigados con mayor detalle.

Un empleado del departamento contestó que más de 200 niños, la mayoría originarios de Guatemala, habían sido entregados recientemente en el barrio y confirmó que muchos de esos casos habían sido marcados como sospechosos: los adultos patrocinaban a varios niños y los menores trabajaban en lugar de asistir a la escuela.

“Ciertamente, hay muchas otras señales de alerta relativas al tráfico de personas”, escribió el empleado del departamento. Haygood esperaba que la agencia añadiera más salvaguardias para los niños liberados en la zona, Little Village, pero el departamento consideró que no eran necesarias.

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En respuesta al Times, un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que este ya había instaurado protecciones para los niños que eran entregados en algunas calles de la ciudad y que en ese momento consideró que ampliar esas medidas era una extralimitación.

Otras organizaciones de servicios sociales afirmaron que también habían detectado una serie de casos sospechosos, por ejemplo, en Nashville, Tennessee, y Dallas.

“Estamos esperando la comparecencia ante el Congreso que plantee la pregunta: ‘¿Cómo fue que les pasó esto a todos estos niños?’”, comentó Haygood. En los últimos dos meses, líderes en el Congreso de ambos partidos han cuestionado por qué tantos niños migrantes terminaron en trabajos de explotación y hay dos audiencias de supervisión programadas para el martes en la Cámara de Representantes.

Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia era consciente de que algunos niños migrantes trabajaban muchas horas porque enfrentaban una intensa presión para ganar dinero, pero que la responsabilidad legal de la agencia sobre los niños termina una vez que son puestos en libertad. Aun así, aseguró que el departamento está trabajando para proporcionar unos meses de seguimiento de casos a todos los niños migrantes no acompañados.

Por ahora, la mayoría de los niños entregados a patrocinadores cuentan con poca asistencia, fuera de una línea de atención telefónica del departamento. Según documentos internos obtenidos por el Times, las denuncias de trata a esa línea de atención telefónica aumentaron alrededor de un 1300 por ciento en los últimos cinco años.

En una llamada del año pasado, un niño que vivía en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que su patrocinador le había encontrado un trabajo en un restaurante y le dijo que “necesitaba trabajar para comer”. En otra, un menor contó que su patrocinador nunca lo inscribió en una escuela después de que un albergue en El Paso, Texas, se lo entregó, y lo obligaba a pagar la renta y la comida.

Un vocero del departamento dijo que la agencia pide a las autoridades locales que vayan a ver a los niños que pudieran estar en peligro.

Señales de alarma

En la Casa Blanca, Rice estaba en el centro de la crisis de los niños migrantes. Mientras presionaba para sacar a los niños de los refugios con mayor rapidez, empezaron a surgir pistas sobre lo que les ocurría al salir.

En el verano de 2021, antes de llegar al momento más álgido de la crisis en la frontera, los responsables del Departamento de Salud y Servicios Humanos redactaron un memorando en el que detallaban su preocupación por el aumento de informes que indicaban que los niños trabajaban con sus patrocinadores, un indicio de posible tráfico ilegal de mano de obra. El equipo de Rice recibió el memorando, y también se informó a Rice de lo que decía, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Andrew J. Bates, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, rebatió esa afirmación, con el argumento de que Rice “no vio el memorando y no se le hizo partícipe de su contenido”.

Más o menos al mismo tiempo, el equipo de Rice fue informado de la preocupación por un gran grupo de niños que habían sido liberados en una ciudad de Alabama, según seis empleados actuales y anteriores. La situación fue objeto de frecuentes actualizaciones, ya que el departamento envió a gestores de casos a la ciudad para comprobar el estado de los niños y se coordinó con el Departamento del Trabajo y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para averiguar si trabajaban en plantas avícolas.

Un exasesor de alto nivel de la Casa Blanca recordó haber pensado en aquel momento que lo que estaba sucediendo era preocupante y que sugería que otros casos podrían estarse pasando por alto.

Un vocero de la Casa Blanca negó que altos funcionarios hubieran sido informados de la situación.

Unos meses después, el personal de Rice se enteró de que el departamento no podía establecer contacto con un número cada vez mayor de niños apenas un mes después de su salida de los albergues, según un ex alto funcionario de la Casa Blanca.

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Pero la Casa Blanca trató en gran medida estos sucesos como hechos aislados, no como indicios de un problema creciente.

Tyler Moran, quien era asesora sénior de Biden en materia de migración en aquel momento, comentó que dependía de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijera cómo sopesar la información, como el memorando de los directivos preocupados del departamento y las llamadas sin respuesta a los niños. Los empleados de la agencia, afirmó, no habían señalado que hubiera una crisis de trabajo infantil más grande. “La Casa Blanca dejaba en manos de las agencias la tarea de hacernos saber cuándo de verdad estábamos ante un problema”, comentó Moran.

El Departamento del Trabajo estaba enviando sus propias señales. En 2022, los investigadores comenzaron a dar a conocer indicios de trabajo infantil migrante en lugares de trabajo industriales, incluidas varias fábricas de autopartes del sur. El departamento emitió comunicados de prensa que advertían de un aumento de las violaciones relacionadas con el trabajo infantil.

El verano pasado, los investigadores laborales realizaron un operativo importante en una empresa de limpieza con el que descubrieron que más de cien niños, en su mayoría hispanos, estaban trabajando en el turno de la noche limpiando plantas empacadoras de carne de todo el país. Muchos de los niños habían pasado por el sistema de albergues para migrantes y habían sido entregados a patrocinadores.

A medida que los investigadores descubrían que cada vez había más niños migrantes trabajando para la empresa de limpieza en todo el país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó al equipo de Rice sobre la situación con cierta regularidad a lo largo de varios meses, según dos personas familiarizadas con las conversaciones.

El Departamento del Trabajo también incluyó detalles sobre la empresa de limpieza y las fábricas de autopartes en informes semanales a nivel de gabinete. “La situación era: ‘Tenemos problemas aquí’”, dijo Martin J. Walsh, secretario de Trabajo hasta el mes pasado. “Enviábamos informes a la Casa Blanca, para que supieran que estábamos trabajando en ello”, agregó.

Cuando el Departamento del Trabajo actualizó su tablero público en diciembre, mostró un aumento del 69 por ciento en las violaciones de las leyes de trabajo infantil desde el año 2018.

Un vocero del Departamento del Trabajo afirmó que la Casa Blanca sabía del aumento del trabajo infantil porque fue de conocimiento público. Pero Bates, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, dijo que los funcionarios de ese organismo no supieron del aumento del trabajo infantil sino hasta el informe de febrero del Times.

En agosto de 2022, la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo inició una investigación luego de una denuncia que revelaba que la empresa Packers Sanitation Inc. (PSSI) contrató a 50 niños latinoamericanos en ocupaciones peligrosas dentro de un matadero.

La denuncia, que tiene algunas otras parecidas desde 2016, resaltan que en los niños eran explotados en “turnos de noche en mataderos de tres estados, donde limpiaban pisos de sacrificio y varias máquinas, incluidas sierras para cortar carne y huesos y un máquina trituradora”.

La investigación amplía que “varios niños comenzaban sus turnos en las instalaciones a las 23 horas y trabajaban hasta las 5, 6 o 7 horas. Algunos trabajaban hasta seis o siete días a la semana y al menos tres niños sufrieron quemaduras químicas como consecuencia de trabajar en los mataderos”.

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Muchos de estos menores dejaron de asistir a la escuela, u otros que sí iban, se quedaban dormidos en el salón de clases mientras los maestros les daban la instrucción.

Ahora investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, según NBC News, investigan si los 50 niños latinos, algunos de solo 13 años, además de ser empleados en forma irregular, fueron víctimas de tráfico laboral de alguna red internacional de trata.

Los agentes federales han entrevistado a los niños que trabajaban dentro del rastro JBS Foods en Grand Island, Nebraska. También se ha entrevistado a empleados de la empresa quienes han confiado a medios norteramericano que los “niños son mayas-guatemaltecos”.

La investigación contra la empresa no la alcanza por trata de personas, pero sí indagan, según los medios estadounidenses, “para descartar la posibilidad de que los traficantes externos hayan obligado a los niños a trabajar para PSSI y se hayan beneficiado de su trabajo”.

En diciembre de 2022, como resultado de la investigación del Departamento de Trabajo y una demanda civil presentada contra la empresa por el gobierno, PSSI acordó “cumplir con las leyes de trabajo infantil”. 

Los funcionarios federales, según NBC News, argumentaron que la compañía violó la Ley de Normas Laborales Justas, que prohíbe el “trabajo infantil opresivo” y que los menores trabajen en cualquier tipo de empleo peligroso, según la denuncia de diciembre del año pasado.

El Departamento de Trabajo en un comunicado reveló que en todo Estados Unidos han visto un aumento del 50 por ciento en las violaciones del trabajo infantil desde 2018.

“Existen restricciones sobre los tipos de trabajos que pueden realizar los trabajadores jóvenes menores de 17 años, y sobre la cantidad de horas y horas que pueden trabajar los jóvenes de 14 y 15 años”, agregaron.

Y puntualizaron “este caso debería servir como un claro recordatorio para todos los empleadores de que el Departamento de Trabajo de EE. UU. no tolerará violaciones de la ley, especialmente aquellas que pongan en riesgo a los niños vulnerables”.

Esto dice el Minex

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó por medio de un comunicado que “el 18 de noviembre del año 2022, el medio noticiero Telemundo, dio a conocer la información sobre 31 menores de edad migrantes entre 13 a 17 años, quienes fueron contratados para limpiar con peligrosos químicos y manejar equipo de alto riesgo durante los horarios nocturnos en las empacadoras de carne localizadas en el Estado de Nebraska y Minnesota”. 

Ante eso, agregan, “el Consulado General de Guatemala en Denver, Colorado inició comunicaciones con la Secretaría de Trabajo Federal de los Estados Unidos de América, asimismo con el Departamento de Policía y Trabajo del Estado de Nebraska para obtener mayor información del caso, tal como la nacionalidad e identidad de los menores de edad, con el objetivo de brindar asistencia, atención y protección a los mismos”. 

Sin embargo, expresa el Minex, “dichas autoridades han manifestado que el caso se encuentra en un proceso legal, el cual involucra a menores de edad y al ser federal, ha sido manejado de manera confidencial”.  

“Con la finalidad de obtener mayor información, la misión consular antes mencionada tuvo acercamiento con los líderes comunitarios de Grand Island, y Nebraska para obtener información con las familiares de los menores de edad, no siendo satisfactoria”, expusieron.    

Según la Cancillería “la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos, sostuvo reunión con el Departamento de Trabajo, para verificar la identidad de los menores de edad, sin embargo, este Departamento no brindó la información, ya que reiteran que la misma se encuentra en investigación por ser un proceso federal”.    

La Conferencia Episcopal de Guatemala teme que nueve casas del migrante bajo su cargo dejen de funcionar, pues una reforma a la Ley de Migración prohíbe y sanciona el alojamiento de quienes van en … https://t.co/ZbPpatZg2u

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 28, 2023

Aseguraron que el Consulado General realiza constantes comunicaciones telefónicas con líderes religiosas y comunitarios en diferentes ciudades del Estado de Nebraska, solicitando apoyo en localizar cualquier recurso o información que puedan obtener. 

“Hasta la fecha, tanto el Consulado General como la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos de América, han brindado el seguimiento correspondiente al caso en referencia”, indicaron.  

Preocupante

El analista en temas de migración Pedro Pablo Solares recordó que el aumento de la migración guatemalteca ha estado vinculada con ciertas industrias en Estados Unidos y una de esas tiene relación con la avicultura y el procesamiento de carne de res en mataderos.

Sobre el caso que ocurre en Nebraska, Solares expuso que no es algo nuevo, aunque eso no significa que sea bueno y una regla general. Recordó haber estado en esa región en Grand Island, y observar casos de explotación laboral infantil hace algunos años.

“Este hallazgo no es nuevo, y, aunque podríamos decir que sea una norma general, creo que es más porque no ha habido interés para encontrar más casos, y no porque no existan”, explicó.

Solares habló sobre un caso que ocurrió en 2015, en Ohio, en donde hallaron a niños trabajando en una fábrica, y luego de una investigación desarticularon a la red que los traía desde Guatemala, y los mantenía en condiciones de explotación laboral.

“Los menores de edad saben que van a trabajar cuando migran”, aseguró el analista.

“Visité esas ciudades en 2016, y la población que ha migrado lo hizo porque en los últimos años los trabajos han atraído a mucha gente nueva. En ese lugar vi a mucha población indígena, campesina, originaria del norte de Huehuetenango”, recordó.

El asunto, argumentó Solares, es que las autoridades estadunidenses creen que “el problema solo es de los coyotes – traficantes de personas -, pero no ven que en las comunidades guatemaltecas estos personajes tienen cierto grado de aceptación y respeto para llevarse a los menores a Estados Unidos”.

El especialista en temas migratorios aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias y fronterizas entre 2012 y 2013 cambió la forma de viajar irregularmente. Frenó el ciclo circular de migración, de aquellas personas que se iban dos años, volvían, y luego regresaban para seguir trabajando.

Los cambios en esas políticas, dijo Solares, obligó a las familias a quedarse y a buscar las formas de reunificarse. Es por eso que muchos niños, niñas y adolescentes no acompañados comenzaron a emprender el viaje.

#PLPlus Enormes montañas, bosques, clima frío y hermosos paisajes caracterizan a los municipios del altiplano occidental guatemalteco. Pero esconde otra realidad, es el lugar donde se produce la mayor migración de guatemaltecos. https://t.co/naBWMGzklB

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 19, 2023

“Ellos tienen claro que van a trabajar, y no a estudiar. Quieren hacer lo mismo que en el país, pero que les paguen por ello y ayudar a sus familias”, reflexionó el experto.

La primera ola migratoria de niños y adolescentes fue en 2014 y ahora se vive algo parecido. “Sobre el caso de 57 niños migrantes rescatados en México, son nuevas olas de este fenómeno que está instalado”.

Según Solares lo que se mira en las comunidades de estos migrantes es que migrar en forma irregular ya es una forma de vida instalada. “Ya está en la cultura del lugar”.

Pero eso sí, sentenció Solares, detrás de todo esto que se vive actualmente con los menores de edad es que “hay una actividad criminal multimillonaria, fuerte, que los estados no pueden contrarrestar.

“A mi no me gusta pensar que esto solo lo propician los coyotes nada más. No creo que sea el caso. La teoría es que los padres los mandan a estudiar y se ven sorprendidos porque están trabajando”, explicó.

Solares agregó: “En la práctica, los padres y los menores conocen y agradecen trabajar en Estados Unidos porque así cambian la condición del trabajo que no es bien pagado en Guatemala”.

El excónsul general de Guatemala en Los Ángeles, Tekandi Paniagua, opinó que los casos recientes de niños, niñas y adolescentes trabajadores en Alabama y Nebraska, más el hallazgo de 57 niños hacinados en un camión a escasos kilómetros de la frontera sur de EEUU “no solo denotan una conexión causal y una modalidad clara de explotación y trata, sino evidencia el absoluto fracaso de la coordinación de las partes involucradas en la protección de la niñez por parte de los gobiernos, la sociedad civil y la academia”.

De acuerdo con Paniagua, el hecho de que haya una investigación federal en curso “nos dice que las organizaciones criminales están más sofisticadas y articuladas ahora”.

Para el especialista en temas migratorios “el Minex tiene alcances limitados en operación y presupuesto. Esto los obliga a jugar un papel reactivo y no preventivo. A esto hay que sumar la desconfianza, ya que las agencias federales conocen las causas de migración de países con índices altos de pobreza y corrupción, por lo tanto los consulados no tendrán mucho alcance para incidir o profundizar en los casos”.

Instituto Guatemalteco de Migración da a conocer estadísticas de deportaciones y reincidencia desde Estados Unidos y México durante el año pasado. https://t.co/JZMf01K9Cm

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 10, 2023

“La responsabilidad de la Cancillería es denunciar estos abusos laborales y buscar la protección y un alivio a las familias”, dijo Paniagua, quien coincidió en que ese lugar se han asentado conciudadanos que llegaron desde comunidades de Huehuetenango.

Para Paniagua es importante que entidades como el Registro Nacional de las Personas (Renap) revisen sus protocolos porque en muchos casos de niños no acompañados se ha detectado que llevan certificaciones de nacimiento falsas y van acompañados por adultos que se hacen pasar por sus padres. “Es un problema que las certificaciones de nacimiento no lleven una fotografía. Es necesario reforzar esto”, expresó.

El último caso

El 26 de enero las autoridades migratorias de México informaron sobre el rescate de 67 migrantes guatemaltecos, entre ellos 57 niños no acompañados, que viajaban en el furgón de un vehículo que transitaba en la ruta Chihuahua-Juárez. Su destino era Estados Unidos.

Los 67 guatemaltecos viajaban hacinados en el remolque del vehículo, el cual fue ubicado en un punto de verificación migratoria en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Los migrantes guatemaltecos están comprendidos entre los 14 y 17 años. Son 43 niños y 14 niñas, todos no acompañados. Además, ocho hombres adultos y un núcleo familiar integrado por una madre y su hija, todos con estancia irregular en México.

El caso pasaría como uno más en esta crisis migratoria actual que ha orillado a miles de guatemaltecos a viajar en forma irregular hacia los Estados Unidos.

El Minex sobre este caso

Por medio de la Red Consular de Guatemala se ha comenzado a brindar atención a los migrantes rescatados el 26 de enero en la carretera en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez, en México.

Se ha constatado que de los 71 connacionales, 61 son niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados; 8 adultos, y 1 núcleo familiar (madre e hija). Todos están bien de salud, y ya se llevaron a cabo entrevistas con cada uno de ellos. Asimismo, se trabaja en asistirlos con la documentación para su pronto retorno a Guatemala.

Los menores están al resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los adultos en una estación migratoria.

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Rescatan a 22 menores víctimas de explotación laboral

Los fiscales desarrollaron 33 allanamientos en Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes y Villa Canales.

El objetivo es evitar el empleo de personas menores de edad en actividades laborales que lesionan su integridad física, además de estar sufriendo malos tratos por parte de los empleadores, informó el MP.

En las diligencias participaron más de 70 fiscales, personal de la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil y Secretaría de Bienestar Social.

Desde el 2017 se han reportado 172 cateos en los operativos por la niñez. En este caso fue denominado operativo navideño contra el trabajo infantil.

Los menores son reclutados generalmente en los departamentos y son llevados a la capital para realizar diferentes labores en comercios.

Los fiscales encontraron a los niños durmiendo entre costales o en cuartos con bebidas alcohólicas.

En las acciones de la #DEIC de la #PNCcontralatrata
enmarca en la #OperacionItzel las cuales son en los municipios de San José Pinula, Santa Catarina Pinula y Villa Canales, preliminarmente se reporta el rescate de 5 niños quienes sufrían de explotación laboral. pic.twitter.com/EIoQIh2x0T

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 25, 2019

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Se determinó que los niños eran buscados por los explotadores, dueños de abarroterías y tortillerías, quienes ofrecían a los padres sueldo y lugar para vivir a fin de conseguir el permiso para que los menores fueran a trabajar a la metrópoli, dijo Marvin Orellana, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Cuando los menores de entre 12 y 17 años llegaban a la capital, les asignaban tareas de atender tortillerías y tiendas, oficios para los cuales eran obligados a trabajar hasta 16 horas diarias. Les pagan entre Q800 y Q1 mil.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que durante los allanamientos fueron rescatados 43 niños y adolescentes. “Todos fueron entrevistados por trabajadoras sociales y psicólogos para conocer las condiciones en las que trabajan”, agregó la PGN. 

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“Hemos documentado que trabajan desde las 5 hasta las 21 o 22 horas, de lunes a domingo”, dijo el investigador.

Muchos de ellos viven y trabajan en el mismo lugar, por lo cual no pueden salir, y el trabajo es el único lugar que conocen como distracción porque no tienen salida hasta que terminan su mes o dos meses y regresan a su lugar de origen”, dijo Orellana.

La PNC informó que los menores recibían salarios de entre Q900 y Q1 mil mensuales, y que viven en condiciones inadecuadas.

Uno de los allanamientos en Amatitlán para rescatar a menores que eran explotados laboralmente. Video: Érick Ávila. pic.twitter.com/zi5lHSrTOR

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) June 11, 2018

El caso

El MP explicó que la investigación se derivó de las denuncias hechas por autoridades municipales, quienes concluyeron, después de un censo, que los niños que atendían los locales eran originarios de municipios rurales y se encontraban en esos comercios en calidad de empleados.

Capturados

1. Vicenta Marleni Pu Chach.
2. Mayra Marivel Lux Benito, de 24 años.
3. Sonia Josefa Sen Mejía, 23
4. Manuel Salvador Nix, 29
5. Josefa Lux Ixcoy, 43
6. Pascual Pérez López, 52
7. Henry Juan Cristián Cac Castro.
8. Juan Gómez Acabal, 41
9. Julia Mejía Mejía de Vicente, 43
10. Carlos Chaperon Grave, 36.

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“Hemos investigado otros casos similares y vemos coincidencias en estas situaciones. A los niños se les exige una cuota de al menos Q50 al día, y si no logran recaudar el dinero los padres o personas que los explotaban no les permitían ingresar a sus hogares, y duermen a la intemperie y sin comida”, aseguró Mantar.

Añadió que Ramos Felipe, originaria de El Palmar, Chiquimula, estuvo en la cárcel anteriormente por el mismo delito; sin embargo, fue dejada en libertad y ahora vuelve a incurrir en ilegalidades.

Integrantes de la Red de Paternidad y Maternidad Responsable comentaron que en la ciudad de Chiquimula estos casos son comunes, y que también en Olopa se registran, donde también varios menores han sido rescatados por las autoridades.

Preocupación

Varios chiquimultecos han expresado su preocupación por el incremento de menores que trabajan o bien son explotados laboralmente en semáforos de la ciudad, por lo que han solicitado a autoridades tomar cartas en el asunto.

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Decenas de niños han sido vistos en las esquinas y algunos semáforos realizando malabares con pelotas e incluso cuchillos, otros limpian vidrios y llevan a cabo otro tipo de acrobacias para obtener dinero. Sin embargo, algunas personas han indicado que los menores no se quedan con todo el dinero que ganan, pues deben entregar un porcentaje a los adultos que se encuentran cerca del punto donde trabajan.

Uno de los niños que realizan malabares en la calzada Héctor Augusto España Bracamonte de la zona 1, comentó que el dinero que gana le sirve para comprar sus alimentos, pero que en ocasiones otros adultos le quitan el dinero.

El menor de 8 años comentó que no estudia y que ese trabajo es el único que le permite ganar dinero de forma práctica para apoyar en la economía familiar.

Otros pobladores denunciaron que en la zona 1 se halla una adolescente de 13 años que está embarazada y trabaja en el vertedero municipal.

“Es necesario proteger a estos jóvenes que se mantienen en las calles exponiéndose a un ambiente violento y cruel con tal de ganarse unos centavos. La vida, el alimento y la salud deberían ser garantías del estado”, dijo Karla Gálvez, ama de casa.
 
Ana Lucrecia Salazar, de la oficina de la sección especializada niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil en Chiquimula, detalló que coordinan con personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para poder rescatar a estos menores, quienes  son explotados por sus padres o por otras personas.

Sindy Yuliana Vásquez Pleitez, psicóloga, resalta que el maltrato infantil es un problema grave y existe a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Además la mendicidad es una forma de crimen organizado.  

Asegura que entre la pobreza es el principal factor que ponen en riesgo a los niños para ser víctimas de maltrato y específicamente de tratos negligentes (mendicidad).

A decir de la experta, hoy en día la sociedad se ha vuelto indiferente ante el fenómeno del maltrato, pero está situación es un indicador de la falta de oportunidad para algunas personas de obtener un empleo o participar de programas sociales que les permitan tener una vida digna. 

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Manifestó que el maltrato infantil tiene serias consecuencias en la salud mental del niño, tales como la falta de autoestima, depresión, ansiedad, pensamientos negativos, actos violentos y prácticas sexuales de riesgo.

Según cifras de las autoridades, en lo que va del año seis niños han sido rescatados de las calles en Chiquimula, mientras que el año pasado fueron 18.

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En el llamado Cinturón de Cobre de la República Democrática del Congo están los depósitos de cobalto más grandes del mundo.

Pero, a pesar de su gran potencial de riqueza, el país africano es uno de los más pobres del mundo y uno de los lugares del planeta donde la explotación laboral infantil es más común.

Se calcula que alrededor de 40 mil niños trabajan en las minas de la República Democrática del Congo para extraer el cobalto o el coltán, imprescindibles para la fabricación de los teléfonos móviles.

En este trabajo, la inhalación del polvo tóxico que surge de la trituración del mineral puede causar enfermedades pulmonares mortales.

Además de trabajar durante 10 o 12 horas diarias bajo duras condiciones, muchos de estos niños no saben leer ni escribir y nunca fueron a una escuela.

Como Ziki Swaze, el niño minero que cuenta su dramática vivencia en este video.

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Casi dos millones de niños formaban parte de esa población trabajadora que requería la pujante economía estadounidense.

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Esta situación llamó la atención de un grupo de activistas que crearon el Comité Nacional del Trabajo Infantil (NCLC, por sus siglas en inglés), una ONG que desde entonces trabaja en la defensa y protección de los niños.

En 1908, el NCLC encargó al fotógrafo Lewis Hines recorrer el país documentando con su cámara la situación del trabajo infantil en Estados Unidos.


Hines se tomó el trabajo a pecho recorriendo más de 80.000 kilómetros cada año para retratar esta realidad, según comentó a The New York Times Alison Nordstrom, el curador de una exposición sobre este fotógrafo realizada en 2011 en la Fundación Henri Cartier-Bresson en París.

Ese y otros esfuerzos terminarían por hacer que en la actualidad se le considere como el padre de la fotografía documental estadounidense.

Fotógrafo clandestino

“Cuando empezó a hacer el trabajo pudo hacerlo con relativa facilidad, pero a medida que fue aumentando su fama como un fotógrafo que destapaba escándalos se le hizo cada vez más difícil entrar en las fábricas”, comentó a la BBC el historiador y crítico de arte Anthony D. Lee.

“Entonces, él empezaría a hacerse pasar por vendedor de biblias o de postales y esa excusa daba forma a su permanencia allí y a la forma cómo él se relacionaba con los niños porque él sabía que tenía que estar allí poco tiempo. Él conocía a los niños y se ganaba su amistad lo más rápido que podía porque, después de todo, él era un extraño para ellos”, agregó.




Hines retrataría el trabajo infantil en campos y ciudades. Dejando sus imágenes como testigo de las duras y peligrosas condiciones en las que laboraban los pequeños.

“Él nunca antes había visto el tipo de trabajo que se hacía en las hilanderías. Todo estaba sucio, lleno de aceite. Las máquinas necesitaban ser lubricadas constantemente, entonces el piso estaba siempre sucio con el aceite. Era una experiencia increíble para él”, apuntó Lee.

“Él no halló un único tipo de trabajo infantil. Encontró una presencia generalizada de niños a lo largo de toda la industria estadounidense de comienzos del siglo XX”, señaló.

Impulsar los cambios

Entonces, el trabajo de los niños en las fábricas no solo representaba una mano de obra barata sino también útil para determinadas tareas pues su pequeños dedos y brazos podían llegar a lugares normalmente inaccesibles para un adulto y así ayudar a poner en marcha una maquinaria imperfecta y rústica.

Pero, en esos esfuerzos, los pequeños también se jugaban su salud y su integridad física.





Las imágenes de Hines causarían estupor y rechazo en la sociedad y fueron utilizadas para persuadir a algunos legisladores estadounidenses sobre la necesidad de regular el trabajo infantil.

“Lo que Hines estaba haciendo visualmente, otras personas también lo hacían políticamente. Él era parte de una gran ola de pensamiento progresista”, explicó Lee.

Nordstrom indicó que Hines se convirtió en fotógrafo con la finalidad de hacer avanzar sus objetivos políticos y sociales. “Él dijo que 'tenía que mostrar las cosas que necesitaban ser cambiadas'”, apuntó.

En 1916 el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera ley federal sobre trabajo infantil.

Las imágenes de Hines y el activismo de muchos otros empezaban entonces a rendir sus frutos.

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Manifestaron que hay indicios de que los menores sustraían objetos en negocios cuando los propietarios se descuidaban.

El responsable de distribuir a los menores en distintos lugares del departamento, para pedir limosna, huyó al percatarse de la presencia de las autoridades.

Personal de la Comisaría de Quetzaltenango, dijeron que los menores fueron llevados a una casa hogar para resguardarlos, mientras se continúa con la investigación para dar con el responsable.

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Se trató de conocer la versión del personal de la PGN en Coatepeque, pero no respondieron las llamadas telefónicas.

Con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) publicó una guía para abordar ese problema en los programas de agricultura y alimentación en las crisis prolongadas.

Se calcula que cada año unos cien millones de niños y jóvenes sufren los efectos de los desastres naturales y que 230 millones viven en áreas de conflictos armados, circunstancias que pueden forzarlos a trabajar de la peor manera.

Precisamente un 60% de los 168 millones de niños que trabajan a nivel global lo hacen en la agricultura, aunque no toda la participación de los menores en ese sector se define como trabajo infantil, ya que pueden ayudar a sus familias siempre que no le dediquen demasiadas horas o realicen labores peligrosas, no apropiadas para su edad o dañinas para su salud y educación.

Otra especialista de la FAO, Ariane Genthon, indicó que, una vez definidos los casos de trabajo infantil, se deben entender los motivos por los que un niño se ve obligado a realizarlo.

En situaciones de crisis, las familias pueden tener dificultades para dar una alimentación adecuada, educación y protección a sus menores, aumentando la prevalencia y la dureza del trabajo infantil con prácticas como la servidumbre infantil para saldar deudas.

“Las oportunidades de ingresos y empleo suelen ofrecer alternativas a las familias para que no tengan que sacar a los menores de la escuela”, afirmó Genthon.

Jacobus de Hoop, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  (Unicef) , destacó la importancia de los programas de protección social y laboral para mejorar los ingresos familiares y reducir el trabajo infantil.

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Más de 800 mil menores trabajan

Remarcó que el acceso a la educación es “limitado”  en las emergencias humanitarias y puso el ejemplo del Líbano, donde la mitad de los niños sirios desplazados no van al colegio y muchos se ven expuestos a los pesticidas en los invernaderos donde trabajan.

Junto con el Programa Mundial de Alimentos  (PMA) y el Gobierno libanés, Unicef ha puesto allí en marcha un programa piloto de transferencias de dinero en efectivo que cubre el coste que supone para las familias mandar a sus hijos a la escuela y lo que ganarían si los pusieran a trabajar.

Con esta medida y otras como acelerar el aprendizaje para que los niños entren en el curso que les corresponde por edad, De Hoop dijo que se busca mantener a los menores escolarizados y evitar que se “pierda una generación”  de sirios.

“El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración de Guatemala no controlan la forma en que los campesinos cruzan el río Suchiate, en San Marcos, y se internan en territorio mexicano en busca de un trabajo”, señaló.

Un contratista de jornales, que por seguridad omitió su nombre, comentó que ellos solo reclutan a los jornaleros que viajan con su familia y son entregados a los administradores o propietarios de las fincas, quienes deciden por cuánto tiempo los contratan y el salario que les asignan.

Denuncia

Ramón Verdugo Sánchez, coordinador de Todo por Ellos, expuso que esa situación es aprovechada por finqueros mexicanos, lo que se agrava por la apatía y debilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, de ofrecer mayor control en la fincas de café y banano, porque algunos son explotados sexualmente.

“Es lamentable que las autoridades mexicanas no controlen la trata de personas”, dijo Verdugo.

Añadió que Todo por Ellos denunció esa violación a los derechos humanos ante la PGJE.

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Recordó que este año el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a 66 menores guatemaltecos en las fincas, cifra que según el dirigente refleja la situación de menores explotados.

Venden golosinas

Ramón Verdugo, coordinador de Todo por Ellos, alertó también a las autoridades de derechos humanos de México sobre la cantidad de niños vendedores en Tapachula, pues gran parte es de nacionalidad guatemalteca.

“Hay niños de entre 8 y 9 años, todos migrantes que se dedican a la venta de golosinas   en el parque central”, dijo.

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Abandonados a su suerte en las calles de la capital y otros centros urbanos, los niños se convirtieron en una mina de oro para grupos ilegales que se aprovechan de las condiciones de pobreza en que vive el 59.3 por ciento de los 16 millones de habitantes de este país.

Los niños “son reclutados por los tratantes que establecen acuerdos con los padres de familia, a quienes les dan una cuota por alquilar a estos niños y venir aquí a la capital a trabajar o a pedir dinero”, dijo Rosy Palma, directora de desarrollo de la ONG Refugio de la Niñez.

La entidad acompaña a instituciones estatales que realizan operativos para rescatar a menores víctimas de explotación laboral, la mayoría obligados a migrar desde los departamentos indígenas de Sololá, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán.

Aunque las autoridades estiman que un millón de niños trabajan en Guatemala, no han logrado establecer una estadística certera sobre los que son explotados en la vía pública y obligados a mendigar, señaló Palma.

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Negocio rentable

“Por las situaciones económicas de esta población, muchos grupos organizados de delincuentes han logrado captarlos”, indicó Harold Flores, protector de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, ente que ejerce la abogacía del Estado.

El funcionario explicó que los niños son forzados a extenuantes jornadas de hasta 16 horas diarias y se les fijan cuotas de unos US$13 (Q100 aproximadamente) que deben entregar al final del día, o son castigados.

“En algunos casos les indican que van a venir a estudiar, que van a venir a aprender un oficio, que van a tener una mejor vida que la que tienen en sus lugares de origen”, relató Flores.

Con frecuencia, los niños viven hacinados en hoteles precarios y no reciben más alimentación que pan y agua, lamentó el funcionario.

Palma señaló que el negocio es muy rentable para los tratantes y que se ha observado un aumento continuo en el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados.

En promedio los padres que deciden “alquilar” a sus hijos reciben unos US$25 semanales (Q200 aproximadamente), una cifra importante para familias en los límites de la sobrevivencia, apuntó la activista.

Una encuesta oficial publicada a finales de 2015 reveló que la pobreza entre los indígenas guatemaltecos, asentados principalmente en el altiplano occidental, alcanza un 79.2 por ciento.

Las comunidades indígenas representan el 40 por ciento del total de habitantes del país, de acuerdo con cifras oficiales, aunque líderes nativos señalan que en realidad constituyen más del 60 por ciento.

La explotación laboral de menores se concentra en el departamento central de Guatemala, donde se encuentra la capital, en Quetzaltenango y en pueblos fronterizos con México en el suroeste, según estudios del Refugio de la Niñez.

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Pocos esfuerzos

La Procuraduría reporta que las autoridades rescataron en todo el país a 68 menores explotados laboralmente durante el primer semestre de 2016, una cifra muy pequeña en comparación con las estimaciones oficiales sobre trabajo infantil.

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, lamenta que los operativos hayan sido insuficientes para atacar el problema.

“Lamentablemente el Estado a través de sus instituciones no ha hecho algo que valga la pena sobre el tema”, refirió Castro, quien demandó a la Fiscalía fortalecer la investigación contra las redes de trata y al gobierno atender a las familias en condiciones de pobreza.

Según la Procuraduría, la explotación laboral de menores es un problema que también incide en la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, un fenómeno social y humano de dimensiones dramáticas.

El organismo ha detectado que muchos menores explotados en las calles de Guatemala han terminado migrando a México y Estados Unidos, con el propósito de escapar a su esclavitud.

La Policía Nacional Civil capturó a María Teresa y a Marta Areli, de apellidos Xamba Sut, en el callejón El Mecánico y 9a. calle, zona 3, Puerta del Señor, Fraijanes. Se les señala de maltrato contra personas menores de edad y trata de personas.

Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescató a seis menores, de entre 1 año y cuatro meses y 17 años.

Les exigían Q100 diarios

Según la investigación, las hermanas, después de que los menores desayunaban, los enviaban a pedir dinero en camionetas de rutas del área metropolitana, y su jornada de trabajo concluía cuando obtenían Q100.

Las mujeres los habían instruido para persuadir a los pasajeros, a quienes debían decir que necesitaban ayuda económica porque una hermana se encontraba enferma y carecían de dinero para comprar las medicinas.

De no obtener esa cantidad, los menores eran golpeados y se no les daban alimentos.

En la pesquisa se pudo establecer que las jornadas de las víctimas superaban las 10 horas diarias, tiempo durante el cual no ingerían alimentos y por supuesto no iban a la escuela.