Uso del NIT y CUI para facturar no cambia, según expertos tributarios, mientras la SAT informó que acatará suspensión de la Corte para unificarlos

La SAT informó que acatará la resolución de la CC con lo que ya no podrá continuar con la unificación de estos registros, según expertos tributarios, quienes también explican otras implicaciones al haber sido suspendida la resolución 393-2025 de la entidad.

Rosa María Bolaños y Natiana Gándara

15 de mayo de 2025 | 06:10h

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El Documento Personal de Identificación (DPI) contiene los dígitos del Código Único de Identificación (CUI).(Foto Prensa Libre: Renap)

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional la resolución SAT-DSI-393-2025, con la cual se establecieron medidas administrativas para la unificación del Número de Identificación Tributaria (NIT) con el número del Documento Personal de Identificación (DPI) o Código Único de Identificación (CUI), mediante un proceso de armonización paulatino.

La decisión de la Corte fue tomada el 13 de mayo, y aún debe ser publicada en el diario oficial para que la ressolución quede suspendida y se continúe con el proceso.

El CUI contiene los dígitos que aparecen en el DPI, los cuales, según la resolución, serán adoptados para el NIT. La adopción comenzó en octubre de 2023, pero deben actualizarse al menos 200 sistemas informáticos de la SAT para poder armonizar los NIT emitidos antes de esa fecha.

Acatarán orden

La SAT informó, la noche del miércoles 14 de mayo, que fue notificada por la CC de la decisión que suspende la resolución mencionada la cual se refiere a las disposiciones administrativas para la armonización del CUI con el NIT en los sistemas informáticos de la institución.

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Al respecto refirió que acatará lo indicado por la Corte. Además que, respetuosa de las disposiciones legales establecidas en leyes vigentes, continúa implementando procesos de modernización y facilitación en beneficio del contribuyente que son pilares fundamentales del Plan Estratégico Institucional. Sin embargo, la institución no explicó las implicaciones de esta suspensión en el uso del NIT y del CUI.

Alcances

Óscar Chile Monroy, auditor de la firma MGI Chile Monroy y Asociados, expuso que con la suspensión  de la CC a dicha resolución de la SAT, ya no se podrá efectuar la unificación del NIT con los dígitos del CUI.

Además, a su criterio, tampoco se podrá usar el NIT en otras áreas aparte del tema fiscal, como la civil, judicial, financiera y otras, como se mencionaba en esta misma resolución.

No obstante, comentó que para emitir facturas sí se podrá usar el NIT o el CUI, ya que esta disposición está establecida en el artículo 30 del Reglamento a la Ley del impuesto al valor agregado (IVA), que sigue vigente.

Este artículo se refiere a los requisitos para las facturas, facturas especiales, facturas de los Regímenes de Tributación Simplificada, notas de débito y de crédito. Estos deberán cumplir como mínimo con los requisitos, datos y características, entre ellos el NIT del adquirente, pero refiere que si éste no tiene NIT, el emisor deberá consignar el CUI que se encuentra en el DPI o bien el número de identificación de persona natural extranjera o jurídica extranjera.

Para consignarse como Consumidor Final (CF) según otra legislación vigente, el monto de la factura debe ser menor de Q2 mil 500.

Por aparte, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es del criterio de que esa resolución nunca debió ser publicada en el Diario de Centro América para que cobrara vigencia, porque se trata de aspectos internos, es decir, es una instrucción del superintendente que ocupaba el cargo en ese entonces hacia el personal operativo de la entidad.

Respecto a la implicación de quedar suspendida la resolución, según Barrientos, habría que estar atentos al pronunciamiento de la SAT y considera que el Directorio debe salir a aclarar la situación y qué pasará al respecto, porque quedan muchas dudas.

En cuanto al uso del NIT o del CUI para la emisión de facturas, coincide en que la suspensión no afectará que cualquiera de los dos identificadores se use para consignarlo en las facturas.

Necesita aprobación del Congreso, argumentan abogados

El abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien accionó contra la resolución de la SAT, explicó que, por la tarde del martes 13 de mayo, fueron notificados por la CC de dicha suspensión.

El profesional indicó en marzo que la presentación de la inconstitucionalidad fue de manera personal junto a los abogados Ricardo Sagastume Morales y Marcella Orr Solares.

Explicó además que en la resolución de la Corte se unificaron dos expedientes, el presentado por ellos y otro presentado por la abogada Nadia Castellanos.

Luego de ser publicada en el diario oficial la resolución surte efectos jurídicos, y se les debe dar a las partes la audiencia por quince días.

Sagastume argumentó que detectaron varias violaciones a la Constitución ya que esas medidas no se pueden hacer a través de una resolución administrativa sino que debe ser por medio de un decreto del Congreso.

La Superintendencia de Administración Tributaria Informa a la población en general pic.twitter.com/KKb0Zv8vyE

— SAT Guatemala (@SATGT) May 15, 2025

¿Se puede seguir usando el NIT o se debe usar el CUI para las facturas?

Del total de 10.4 millones de Números de Identificación Tributaria (NIT), que existen, el 5% ya está armonizado con los dígitos del CUI, y el restante, un 95%, será de forma progresiva en el plazo de cinco años, informó la SAT.

Rosa María Bolaños

31 de marzo de 2025 | 15:15h

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La armonización de los dígitos del CUI con el NIT, sigue causando dudas a los contribuyentes, pero la SAT explica que el objetivo es administrativo y no fiscalizador. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indicaron que se continuará con las modificaciones y actualizaciones en sus sistemas internos para completar el proceso de armonización del Código Único de Identificación (CUI) y el Número de Identificación Tributaria (NIT).

• Actualmente, hay 10 millones 384 mil 422 NIT, según datos al 16 de marzo del 2025.
• De estos, 10 millones 098 mil 526 son de personas individuales, los que serán afectos a la armonización.
• Mientras que 285 mil 896 se mantendrán sin cambios porque al no ser personas individuales no poseen CUI.
• Del total de personas individuales, alrededor del 5%, es decir 543 mil 236, ya tiene NIT armonizado con los primeros nueve dígitos del CUI, ya que a partir de octubre de 2023, todos los nuevos registros de personas individuales ante la SAT obtienen automáticamente ese formato, como parte del proceso de armonización, agregó la entidad.

Mientras que para el 95% se efectuará un proceso de armonización paulatina y progresiva.

Según el superintendente interino Armando Pokus, este proceso paulatino les requerirá alrededor de 5 años.

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Preguntas y respuestas sobre la armonización del CUI y el NIT

El funcionario refirió que el proceso se lleva a cabo con base en el Decreto número 90-2005, que contiene la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), disposiciones que no son nuevas y que con base a éste varias entidades ya han adoptado esa armonización.

Para ejecutar la armonización de forma progresiva la SAT aprobó la reciente resolución SAT-DSI-393-2025, con la cual permitirá que el CUI se convierta en el identificador único para la mayoría de las gestiones estatales de los guatemaltecos, facilitándoles el acceso a los servicios y gestiones tributarias, así como reduciendo la posibilidad de errores en los registros de la Institución, aseguró el  funcionario.

Qué entidades ya han armonizado su identificación con el CUI

A la fecha ya varias instituciones han adoptado los primeros nueve dígitos del CUI para su identificación dentro de esas entidades como:

• El número de pasaporte (ahora a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración).
• El carné universitario de la Universidad de San Carlos (USAC).
• La licencia de conducir (Departamento de Tránsito de la PNC).
• El padrón electoral en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
• Y, el número de afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
• SAT comenzó el proceso adoptando los primeros 9 dígitos del CUI de los guatemaltecos como NIT para los nuevos inscritos al Registro Tributario Unificado (RTU).

¿Puedo usar el NIT o el CUI para facturas o documentos tributarios?

Según la SAT ya se pueden emitir todos los documentos tributarios utilizando el NIT o el CUI.

Sin embargo, la SAT ira cambiando progresivamente el resto de sus sistemas informáticos para permitir la armonización completa de forma ordenada.

Desde que empezó a usarse la Factura Electrónica se dio la opción para que las facturas fueran emitidas con el NIT, el CUI o una identificación (ID) de extranjeros que puede ser el pasaporte.

Según un informe del sistema de Factura Electrónica en Línea (FEL) de noviembre del 2018 al 15 de marzo del 2025 del total de 1 mil 712 millones 910 mil 798 documentos electrónicos emitidos de personas individuales (son contar jurídicas o consumidor final),  el 96.22% se ha emitido con NIT, 3.5% con CUI, y 0.28 con pasaporte.

Según Pokus, las facturas con consumidor final pueden seguir existiendo, cumpliendo con las más reciente disposición. Esta estableció que de montos de Q2 mil 500 para arriba no se puede usar solo CF como identificador, sino brindar NIT, CUI o pasaporte.

¿Podrá acceder a información bancaria?

La SAT explicó que durante el proceso de armonización no será necesario que los contribuyentes realicen ningún trámite ni pago adicional, y que se trata de un proceso informático interno, automático y progresivo, “sin afectar las gestiones habituales de quienes ya poseen un NIT, y además pueden seguir utilizando ambos números indistintamente ante la SAT”.

La entidad refiere que las transferencias bancarias no generan automáticamente impuestos ni existen cobros tributarios por su simple uso.

Y, que el proceso de armonización del CUI y el NIT “no otorga acceso automático a información bancaria, ya que dicha información solo puede ser requerida mediante orden de juez”.

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Tampoco implica la creación de nuevos impuestos, ya que dicha función corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

Ni la inscripción de oficio ante la SAT, sino que busca promover el cumplimiento voluntario, facilitar las gestiones y fortalecer la cultura tributaria en beneficio del país que todos queremos.

Además de Pokus, brindaron declaraciones los intendentes de recaudación Érick Echeverría y de asuntos jurídicos Óscar Perdomo.

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Empresas de la estructura B410, denunciada por la SAT, tienen contratos adjudicados este año por Q36.3 millones

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que al menos a seis compañías denunciadas por la SAT tienen aprobadas contrataciones este año en distintas instituciones y comunas y explica qué procede.

Rosa María Bolaños

19 de agosto de 2024 | 05:00h

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La SAT divulgó que denunció ante el juez una estructura en la que identifica relaciones entre contribuyentes (empresas y personas individuales), abogados y socios para supuestamente defraudar al fisco. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Varios ministerios, dependencias y municipalidades han adjudicado contrataciones en el año 2024 por Q36.3 millones a contribuyentes identificados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como parte de una estructura de supuesta defraudación tributaria e incluidos en el grupo de nueve empresas que venden directamente al Estado, según una revisión que realizó el Ministerio de Finanzas (Minfin) el viernes 16 de agosto.

Luego de que la SAT denunciara la semana pasada, tanto pública como judicialmente, una estructura de 410 empresas con posible participación en defraudación tributaria, Prensa Libre solicitó información al Minfin sobre compras o contrataciones, situación en el Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) y el proceso de revisión o decisiones de las autoridades respecto a esas contrataciones.

Dicha cartera respondió de forma institucional, que con datos de Guatecompras (revisados a las 11:30 horas del 16 de agosto de 2024) y con base en la identificación de contribuyentes divulgados por la SAT, seis de las nueve empresas citadas por esa entidad han sido contratadas por entes del Estado en el año actual, en su mayoría bajo la modalidad de baja cuantía y por un monto total de Q36.3 millones.

Entre las entidades compradoras están varios ministerios, municipalidades y otras entidades. Este es el detalle:

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• Por Número de Publicación Guatecompras (NPG): Grupo Basado, S. A., con Q33 millones 716 mil 136.76; Consorcio Las Mallorcas, S. A., con Q970 mil 750.50; Commerce Madness, S. A., con Q280 mil 552; Kaizen Inc, S. A., con Q408 mil 947.83; Calakmul, S. A., con Q514 mil 250.
• En el caso de Inversiones Caddie, S. A., le aparecen compras con NPG por Q413 mil 250 y otra identificada con el NOG 23797088 por la entidad CDAG con estatus de en evaluación.
• En tanto Grupo Propela, S.A.; Inversiones Humedales, S. A., y Megalodon, S. A., aparecen sin información publicada en Guatecompras a la fecha consultada.

Por entidad estatal

La SAT denunció que detectó las nueve empresas anteriores han sido proveedoras directas del Estado a las que del 2021 al 2023 se le adjudicó contrataciones por Q81.7 millones. Y en el 2024, estas son las entidades del Estado que les han comprado:

• La mayoría de las contrataciones (Q35 millones 439 mil 387), están registradas como compras de baja cuantía, según el artículo 43 inciso a de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).
• El monto acumulado más alto es del Ministerio de Gobernación con Q34 millones 686 mil 887. Aunque en los datos proporcionados por el Minfin no se detalla, en Guatecompras aparecen más de 1,900 registros por compras para alimentos para la Policía Nacional Civil (a la empresa Grupo Basado, S.A.). con montos que van desde Q5 mil hasta alrededor de Q23 mil cada una.
• Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, Q24 mil.
• Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Q280 mil 552.  
• Municipalidad de Coatepeque (Quetzaltenango), Q31 mil 400; y la de San José el Ídolo (Suchitepéquez) Q7 mil 600.
• Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Q358 mil 977.
• Registro Nacional de las Personas (Renap), Q49 mil 970.

• Con procedimientos regulados por el artículo 44 de la LCE que se refiere a casos de excepción aparece la municipalidad de San Gabriel (Suchitepéquez), con Q350 mil 250.
• Cómo adquisición o arrendamiento de inmuebles (basado en el artículo 43 inciso e de la LCE) está la Dirección General de Las Artes del Ministerio de Cultura, con Q514 mil 250.
  
  

Cómo se procederá, según el Minfin:

En el caso de las compras por entidades estatales mencionadas, el Minfin expone que la revisión corresponde a cada una de las entidades contratantes, ya que la Ley Orgánica del Presupuesto (en los artículos 17, 29 y 29 bis) establece que cada entidad pública es responsable de la ejecución de su presupuesto y por lo tanto, de verificar el cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones y procedimientos establecidos en la LCE, su reglamento y demás normas legales aplicables.

La cartera agrega que la evaluación y fiscalización en los procesos de adquisiciones es competencia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y de acuerdo con su Ley Orgánica, le corresponde determinar si la gestión de las entidades contratantes se realizó bajo criterios de probidad, transparencia, competencia y economía, así como determinar el cumplimiento de los procesos, procedimientos, formalismos y plazos establecidos en las leyes aplicables.

La investigación de la SAT sigue en curso, pero de las 410 empresas detectadas como parte de la estructura, 32 fueron denunciadas por esa entidad la semana pasada y 239 han sido investigadas, refirió el ente tributario.

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En cuanto a si se suspenderán las compras o contrataciones efectuadas (en este u otros años) explicó los siguientes aspectos basados en la legislación del país:

La literal b) del artículo 80 de la LCE establece que no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado, quienes tengan obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria; y que esa literal faculta a la SAT para registrar la inhabilitación.

Con base en esa misma norma, así como en el artículo 60 del Reglamento de la LCE y los artículos 32 y 33 (numeral 2) de las Normas de uso del Sistema Guatecompras (Resolución Número 001-2022 de la DIGAE), corresponde a cada entidad contratante:

• Determinar a partir de la fase en que se encuentren los procesos, si deciden rechazar la oferta, improbar o prescindir de la negociación, no suscribir el contrato o improbar el contrato, en caso de que ya haya sido suscrito.

• Y en caso de que el contrato se encuentre en ejecución, corresponderá a las autoridades de la entidad contratante, previo análisis técnico y jurídico, resolver lo procedente (rescindir el contrato / Inhabilitar al contratista).

¿Prohibirán compras?

En otra de sus respuestas, el Minfin explicó que no emitirá disposiciones para que estas entidades del Estado o el Organismo Ejecutivo ya no compren a estas empresas, pues de acuerdo con el caso presentado y lo dispuesto en la literal b) del artículo 80 de la LCE, corresponderá a la SAT registrar la inhabilitación de los contribuyentes para ser contratistas o proveedores del Estado y a partir de ello, la decisión de realizar o no las compras a estas sociedades recae en cada entidad pública, según lo ya expuesto.

La cartera agregó que apoyará a la SAT, CGC y demás entidades en la generación de información que coadyuve con la investigación de este caso. Pero además, el superintendente Marco Livio Díaz informó que el miércoles 14 de agosto se desactivó o inhabilitó el Número de Identificación Tributaria (NIT) a los contribuyentes que han aparecido en esta investigación. Con esa medida ya no podrán realizar algunas transacciones incluyendo emisión de Facturas Electrónicas en Línea (FEL).

También dio a conocer que hace alrededor de dos semanas se emitió un dictamen que cambia el sentido de omisos ante la SAT, y que ahora ya no solo se considera omiso el que no presenta declaración o pago de impuestos, sino todo aquel que no paga correctamente sus tributos.

Qué registros hay en el RGAE

La SAT indicó el 14 de agosto que como parte de la investigación de las empresas detectadas en la estructura de posible defraudación, solicitó información al Registro General de Adquisiciones el Estado (RGAE) pero hasta esa fecha no había recibido la información.

Consultado el Minfin respecto a revisar la información que existe en el RGAE, explicó que en el marco de la LCE, dicho ente tiene por objeto registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que puedan participar en cualquiera de las modalidades de adquisiciones del Estado establecidas en la Ley.

Agregó que la inscripción ante el RGAE habilita al proveedor a participar en compras directas, mientras que para las modalidades de cotización, licitación, subasta electrónica inversa, contrato abierto y casos de excepción establecidos en la LCE, deberá obtener la precalificación.

Sin embargo, explicó también que el artículo 9 del Acuerdo Ministerial Número 563-2018 que contiene los Requisitos y metodología de inscripción y precalificación ante el RGAE, refiere que los proveedores de la modalidad de baja cuantía no necesitan estar inscritos y precalificados.

“En ese sentido, de las nueve empresas que realizan negocios con el Estado y fueron mencionadas por la SAT en la conferencia de prensa realizada recientemente, únicamente cuatro se encuentran habilitadas en el RGAE y han cumplido con los requisitos establecidos en el marco normativo” y agrega que no obstante, desde la perspectiva de un incumplimiento tributario aplicaría lo establecido en la literal b) del artículo 80 de la LCE para inhabilitarlas. Este el estatus que aparece en el registro, según datos brindados por el Minfin, actualizados al viernes 16 de agosto de 2024:

• Grupo Basado, S. A., no inscrito
• Grupo Propela, S.  A., aparece como no actualizado porque se inscribió en 2022 y no se actualizó posteriormente.
• Inversiones Caddie, S. A., se inscribió en 2020, se precalificó en 2021 y aparece habilitado. Cuenta con precalificación como proveedor de obras vigente hasta el 08 de marzo de 2026.
• Inversiones Humedales, S. A., aparece con inscripción y precalificación transitoria en 2019, en 2020 finalizó la inscripción y precalificación de sociedad de proveedores de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas y posteriormente actualizó su inscripción todos los años (de 2021 a 2024). En el año actual, posee un proceso de solicitud de precalificación como proveedor de servicios de obra y servicios relacionados con las obras públicas. Está habilitado.
• Consorcio Las Mallorcas, S. A., no inscrito.
• Commerce Madness, S. A., se inscribió en 2023 y no se actualizó posteriormente por lo que su estatus es no actualizado.
• Kaizen Inc, S. A., se inscribió en 2023 y se actualizó en 2024. Aparece habilitado.
• Megalodon, S. A., se inscribió en 2020 y se precalificó en 2021 (la cual venció en noviembre de 2023). En 2022 fue el último año que se actualizó y está como inhabilitado.
• Calakmul, S. A., se inscribió en 2019 y posteriormente se ha actualizado todos los años (2020-2024), por lo que aparece habilitado.

La SAT explicó en la conferencia de prensa de la semana pasada que en la investigación de la red de 410 empresas, se identificó a tres tipos de actores diferentes, y otros más están en investigación.

Lea también: La SAT explica de qué manera ha operado una estructura de 410 empresas para evadir impuestos

Por aparte la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), actuarán desde el marco de su competencia según explicaron a Prensa Libre el viernes. Mientras ese mismo día el MP dio a conocer que inicio diligencias con base a la denuncia presentada por la SAT. 

Lea además: Entidades estatales verifican compras a presuntas empresas falsas, tras denuncia de la SAT

La SAT detecta fraccionamiento de facturas emitidas a consumidores finales

En el 2023 se emitieron 186 millones de facturas sin datos de los compradores, un 28% más que durante el año anterior, afirma la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Rosa María Bolaños

21 de mayo de 2024 | 15:58h

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Se efectuarán auditorías y los contribuyentes que resulten implicados en fraccionamiento de facturación serán sancionados, anunciaron las autoridades de la SAT. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó el supuesto fraccionamiento de la facturación emitida por miles de contribuyentes que extienden esos documentos consignando Consumidor Final (CF) en lugar del nombre y número de identificación tributaria (NIT) de los compradores. 

Durante todo el 2023 se detectó a 2 mil 650 contribuyentes que realizan estas prácticas y de enero a mayo del 2024 ya van 1 mil 939, según la entidad, a pesar de que el Acuerdo Gubernativo 12-2023 que reformó el Reglamento de la Ley del impuesto al valor agregado (IVA), solo las facturas menores a Q2,500 pueden emitirse a CF.

Dicha regulación le ha permitido a la SAT detectar cambios en el comportamiento de los contribuyentes, comparando los años fiscales, afirmaron el superintendente Marco Livio Díaz y el intendente temporal de Recaudación,  Érick Echeverría.

En uno de los rangos analizados, se refleja que durante el año 2022 se emitieron 145 millones de facturas a CF por montos inferiores a los Q2 mil 500. Sin embargo en 2023, se llegó a 186 millones de facturas, lo que representa un incremento de 41 millones de facturas o un 28.3% más.

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“Este comportamiento sugiere que algunos compradores han estado fraccionando las operaciones para eludir la normativa”, indicaron los funcionarios, quienes dijeron que con informes más detallados se confirmó esa práctica.

Varias modalidades

También expusieron que antes de aplicar la regulación indicada, muchas transacciones comerciales mayores a Q2 mil 500 se emitían como CF, como es el caso de una compañía que antes emitía 10 mil facturas al mes incluyendo muchas de CF con montos de Q15 mil a Q30 mil, pero luego de entrar en vigencia los controles, emiten 30 mil facturas, por cantidades de Q2 mil 500 o menos.

Además al revisar otro tipo de estadísticas respecto en la concentración de facturación detectaron en 2022 que los montos de la mayoría de facturas eran de Q1 a Q1 mil y se observaba que no había concentración de grandes emisiones de facturas de Q1,000 a Q2,500. Pero en 2023 se elevó la concentración de emisión por sumas cercanas a Q2,500.

“Estas empresas están fraccionando las facturas, y en lugar de emitir una factura con Q5 mil sin identificar ahora emiten 2, o en lugar de una de Q10 mil emiten 4 cercanas a Q2,500”, dijo Díaz.

Detectaron también que hay compañías que antes emitían una factura de Q500, otra de Q2000 otra de Q400, otra de Q300 y luego de otra de Q2,400, pero ahora se ven compañías que emiten una tras otra, con una diferencia de tiempo que dura segundos, varias facturas de Q2,400 posiblemente solicitadas por el cliente.

“Las empresas deben darse cuenta de que este comportamiento se va a notar, porque la entidad tiene varios mecanismos para detectarlo por medio de las formas de pago, direcciones de envíos y otros”, se indicó.

Auditorias y sanciones

Por lo anterior, va a dar inicio una serie de auditorías y los contribuyentes que resulten implicados en estas prácticas serán sancionados. Por lo pronto, ya están seleccionadas las primeras empresas “que son grandes y se dedican a diferentes ramas del comercio, bebidas gaseosas, distribución de boquitas (snacks) y creo que vamos a empezar con las compañías más grandes para que dejen de fraccionar sus ventas y nos permitan controlar ese comercio informal al que le están vendiendo”.

Otro sector donde se ubica dificultades es en el de vehículos incluyendo partes y repuestos, lubricantes y otros.

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Los funcionarios también explicaron las consecuencias legales respectivas: 

• Denuncia por defraudación tributaria (que incluye por simulación, ocultación, maniobra, ardid o engaño), que implica de uno a seis años de prisión y multas por el impuesto omitido, según el artículo 358 A del Código Penal (CP).
• Inicio de averiguaciones respecto al fraccionamiento por parte del vendedor. Con sanción administrativas, penales o cierre temporal del negocio. (Artículos 38 y 358 B del CP).
• Solicitud de cierre de empresas (contribuyente inscrito que compra como CF y vende sin factura). Cierre de 10 a 20 días (con orden de juez) o multa del 10% de sus ingresos brutos (según artículo 86 CP).
• También se puede estar cayendo en lavado de dinero, por lo que se enviarán informes a la Intendencia de Verificación (IVE) de la Superintendencia de Bancos. En este caso son de 6 a 20 años de prisión y multa igual al valor de los bienes de objeto del delito. (Según artículo 2 de la Ley contra el lavado de dinero y otros activos).

Advierten sobre posible necesidad de reforma tributaria

¿Si no aumentan la cantidad de contribuyentes ni la recaudación se requerirá una reforma tributaria?

Esa es la pregunta que se planteó el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, durante la conferencia en la que dio a conocer el fraccionamiento de la facturación a consumidores finales.

El funcionario hizo un llamado a facturar correctamente como una de las medidas para ampliar la base tributaria (cantidad de contribuyentes), subir la recaudación (cobro de impuestos) y la carga tributaria (porcentaje de los ingresos destinados a la tributación). “De lo contrario, el país tendrá que hacer una reforma tributaria y subir las tasas”.

También indicó que ha habido un reclamo del sector privado organizado y de muchos sectores de la sociedad, respecto a que la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria. “A mí, como superintendente, me extraña mucho que las cámaras (empresariales) siempre protestan porque la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria y ahora que tenemos herramientas para hacerlo, en lugar de colaborar con la superintendencia y con el país, no se esfuerzan en hacerlo bien”, dijo.

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El primero de ellos está relacionado con la prohibición de facturar a Consumidor Final las ventas de Q2,500 en adelante, normativa que por el momento continúa vigente; y la segunda, respecto al inicio de vigencia de la obligación para la habilitación de los Pequeños Contribuyentes como emisores de Factura Electrónica en Línea (FEL), para lo cual se prorrogará el plazo por 60 días.  Estas son las declaraciones del funcionario:

¿Cómo queda la situación de la facturación a Consumidor Final, CF?

En primer lugar, en cuanto al acuerdo gubernativo que estableció los Q2 mil 500 como límite para facturar a consumidores finales, sigue vigente, por lo que los compradores que no tengan Número de Identificación Tributaria (NIT), deben seguir proporcionando el número de su Documento Personal de Identificación (DPI) o de Pasaporte.

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Esta medida se acordó que seguirá vigente durante dos meses y en ese lapso (60 días), se abrirán mesas técnicas de trabajo, para identificar los elementos que se incorporarán al nuevo acuerdo gubernativo, de manera que se resguarde toda la operación (sobre todo agrícola) que se desarrolla en regiones como los 48 Cantones.

Por el momento ¿qué deben hacer los vendedores y compradores?

El contribuyente puede seguir emitiendo facturas CF entre cero y Q2 mil 500; con eso no hay ningún problema porque la disposición sigue vigente.

Pero al ponernos de acuerdo durante los diálogos, incluso se podrá revisar el tema de los Q2 mil 500, aunque ese monto no les afecta. Entonces, quedará derogado el acuerdo gubernativo que contiene esa disposición y tras los ajustes legales correspondientes, se emitirá otro con las autoridades competentes, de tal forma que se establezcan los nuevos lineamientos, como el monto límite que se podrán facturar como CF.

Entonces, estas decisiones se conocerán en este período de 60 días

Es correcto; y vale la pena indicar que, en ese plazo, también se incorpora una medida que la SAT está por publicar, respecto a la ampliación del plazo para que los Pequeños Contribuyentes se incorporen al régimen FEL.

Hasta este 28 de marzo, 43 mil contribuyentes eran los que aún no se habían afiliado y eso representa menos del 0.1% de la recaudación. Así que esto también es parte de las medidas acordadas.

¿Se podría poner en riesgo la cobranza de impuestos?

Recordemos que estos procesos son paulatinos y no se implementan de una vez por todas. El mismo modelo de FEL se empezó a implementar en noviembre del 2018; o sea que el proceso lleva cuatro años. Y si se pone en riesgo algún monto, puede ser marginal; pero en ese sentido no quisiera adelantar criterio, pues es parte de los temas que se discutirán en la mesa técnica.

Es posible que después de las reuniones haya modificación del monto o no; pero eso se sabrá hasta su momento. Lo importante que debe saber la población, es que los acuerdos siguen vigentes por el momento.

 ¿Qué ha detectado la SAT desde la vigencia de la disposición sobre la facturación CF?

Uno, es que verificamos la emisión de facturas a CF por montos grandes, lo que alimenta las líneas de informalidad en el país, así como el comercio ilegal (contrabando). Y los mismos grupos son los  que utilizan estos recursos vía el CF.

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Lo otro es que, a partir de enero, ha habido fragmentación de facturas y en los sistemas lo podemos observar perfectamente: por ejemplo, una facturación de Q10 mil, ahora la reducen a cuatro por Q2 mil 500. Entonces, la SAT realiza los análisis respectivos para poder identificar esas malas prácticas por parte de los contribuyentes.

Vale la pena indicar que, en la reunión de los 48 Cantones, se expresó la duda de que si se vende un cerdo, la SAT los iría a fiscalizar, pero eso es falso. Claro que si es una persona vende 100 cerdos cada semana, se trata de un negocio activo y como todo guatemalteco, debe pagar impuestos.  Pero si es una actividad familiar o la venta de un animal de granja una vez al año, no aplica.

¿Hay otros esquemas de anomalías a partir de la medida?

Estos son los grandes esquemas que hemos identificado. Por eso se ha solicitado al sector privado y a las cámaras, el tema de la facturación para que no se alimenten los procesos de informalidad, que están vinculados principalmente al contrabando. Por ejemplo, cuando se han realizado incautaciones, el 60% es producto local y el 40% es contrabando, por lo que estas disposiciones sobre las facturas a CF son parte del combate a ese delito.

¿Qué resultados podríamos esperar?

Aquí hay dos elementos que la población debe saber. Si uno es un contribuyente pequeño, de mercado o con actividades propiamente de economía familiar, para la SAT no reviste interés de recaudación o de fiscalización.

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Ahora, las actividades comerciales grandes con operaciones de millones de quetzales que no se facturan, no aparecen en el Registro Tributario Unificado (RTU) ni tienen actividad registrada, sí nos interesa.

Ahora tenemos sistemas cuantitativos y cruces de información para poder identificar a esos grandes evasores, y no hablamos de la economía familiar, sino de personas que manejan millones de quetzales en actividades, pero cuya tributación es nula.

A partir del 1 de enero del 2020, quedarán sin validez las facturas que fueron autorizadas antes del 9 de enero del 2013 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de acuerdo con las nuevas disposiciones.

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Eso significa que, para la SAT, las facturas que fueron autorizadas y que los contribuyentes pueden presentar para la deducción del impuesto sobre la renta (ISR) o para la devolución del crédito fiscal, que correspondan antes a esa fecha (9 de enero 2013) ya no tendrán vigencia.

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La medida se fundamenta en el acuerdo Gubernativo 222-2019, que es el reglamento de la Ley de Reactivación Económica del Café, que entró en vigor en noviembre último y que también hace modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), explicó a Prensa Libre el intendente de Fiscalización, Sergio Monterroso.

Uso de factura electrónica

El contenido del reglamento, según el funcionario, tiene tres aspectos:  elimina las facturas antes del 9 de enero del 2013; valida las facturas desde esa fecha y permite la autorización de las facturas impresas por un período de seis meses (180 días) con opción de hacer la renovación por un plazo similar al contribuyente, si así lo desea.

Anteriormente las autorizaciones de facturas por la SAT no tenían un período y era indefinido, sin embargo, con el reglamento cambia las autorizaciones de los documentos por seis meses.

Monterroso confirmó que la idea es que los tributantes individuales y jurídicos vayan inclinándose para utilizar la Factura Electrónica (FEL), que lleva sus fases de implementación y que, para el administrador tributario, le permitirá hacer mayores controles de fiscalización, cruce de información, archivo electrónico y auditorías focalizadas, entre otros.

La FEL es un sistema automatizado. La medida es muy diferente al período de prescripción de las facturas por cuatro años, aclaró y que sigue vigente.

Documentos no válidos

El intendente indicó que los registros señalan que hay aproximadamente 150 millones de documentos contables, es decir facturas autorizadas, que no se han emitido y quedarán inhabilitadas la próxima semana.

“No sabemos por qué no están emitidas estas facturas. Si no hay ventas o los negocios no han caminado bien en estos siete años”, afirmó Monterroso.

La base de esas facturas corresponde a un millón de números de identificación tributaria (NIT) y a unos dos millones de resoluciones que autorizan esos documentos, por parte de la SAT.

¿Qué hacer?

Los contribuyentes que tengan facturas por confirmar su vigencia, podrán hacer las consultas en la plataforma de la SAT sobre la autorización.

“Se pueden presentar varios casos y lo recomendable es que los usuarios hagan las consultas”, recomendó el funcionario.

En todo caso, recomendó acudir con sus proveedores para hacer las correcciones.

Vigencia

El intendente de Fiscalización confirmó que el 1 de julio del 2021 los nuevos contribuyentes deberán estar en el régimen FEL.

“A partir de esa fecha todos los nuevos contribuyentes se incorporarán a la FEL”, afirmó el funcionario, quien recordó que implica tanto para individuales como jurídicos.

En la actualidad se están trabajando en los grandes contribuyentes especiales, en los medianos y en los pequeños.

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Los registros de la base tributaria señalan que en hay 900 mil pequeños contribuyentes, mil 600 medianos y 550 grandes especiales; así como dos millones 400 mil contribuyentes individuales.

Además, el 1 de marzo del 2020 entrará en vigor el Registro Tributario Unificado (RTU) digital.

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Entre estos cobros adicionales están el pago de servicio de transporte escolar, compra de uniformes, útiles y otros, en los cuales los establecimientos no entregaron ningún documento contable.

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Esos son los casos que están en proceso, y se realiza una auditoría donde llega el personal de la SAT. De los 244, 74 centros educativos fueron notificados y deben presentar sus pruebas de descargo.

La Intendencia de Fiscalización de @SATGT iniciará proceso administrativo a 244 colegios, en su mayoría por no emitir factura dice intendente Villamar. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/GqMmaO81L5

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) February 26, 2018

Además, las autoridades fiscalizadoras notificaron que en siete casos hubo resistencia al proceso de fiscalización, cuatro en la región central y tres en el área nororiente del país, eso significa que las personas se resistieron a la actividad fiscalizadora.

El programa de fiscalización también alcanzó a los arrendamientos de edificios, apartamentos y viviendas. La SAT notificó 48 en la región central, se entrego información a 27, y están pendientes de entregar información 16 contribuyentes.

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Villamar expuso parte de sus planes a llevar a cabo este año y proyectan un recaudo con estas acciones en aproximadamente Q250 millones.

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La emblemática y conocida Panadería Berna que se ubica en 10ma. Calle 5-18, Zona 1 corre el riesgo de ser sancionada con un cierre temporal por no entregar factura, según indicó el jefe de la SAT por medio de su cuenta personal de twitter y solicitó a los usuarios que le informaran si continuaba abierto el lugar, porque ese ente ya había dado la órden de cerrarla.

Sin embargo no será de inmediato. En otro tuit, Solórzano informó a los usuarios que la panadería ha sido sancionada ocho veces por no entregar factura, pero será hasta marzo cuando se podrá determinar el destino de ese negocio, porque la audiencia donde podrán aclarar su situación fue programada hasta ese mes.

• SAT solicitó cierre definitivo

La SAT informó, en sus redes sociales, que solicitó en diciembre del 2016, al Juzgado 8º. de Paz Penal de Guatemala, el proceso de cierre de la Panadería Berna, pero la audiencia para solventar dicho proceso les fue programada para marzo del 2017.

Agregaron que la panadería tiene siete expedientes por no emitir facturas, cuatro generados en el 2014 y tres el 2016.

Por ello la SAT, luego de las fiscalizaciones efectuadas, y derivado de los resultados obtenidos en la últimas fiscalizaciones, considera al contribuyente como reincidente, y con base en el artículo 74 del Código Tributario, se solicitó el cierre definitivo.

Cuando un negocio no emite facturas, se procede al cierre temporal, pero se realiza por solicitud de la SAT, y es necesaria una orden de juez competente, sin embargo el negocio o empresa tiene la opción de solicitar que esa sanción sea cambiada por una multa de hasta Q10 mil. 

En su comunicación, tanto Solórzano como la SAT, agregaron que el artículo 74 menciona que “si la reincidencia se produce en infracción a los supuestos contemplados en el artículo 85 de este Código, dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en que se aplicó la primera sanción, se aplicará el cierre definitivo de la empresa, establecimiento o negocio, y el Registro Mercantil deberá cancelar la inscripción y la patente de comercio”.

El administrador de la panadería, quien  no quiso brindar su nombre, dijo que les tomó por sorpresa la noticia ya que no han recibido alguna notificación y este martes se enteraron por las redes sociales. Agregó que dan factura cuando el cliente lo solicita.

La panadería tiene 17 años de operar, primero en la Plaza Vivar, y desde hace 4 años se trasladaron al actual local la 10 calle, y hace ocho meses hicieron la ampliación. Meses después de eso, empezó a operar en el paseo de la Sexta, la Panadería San Martín.

¿Apoya o no?

Usuarios en la red social Twitter también entraron en polémica ya que algunos apoyan las sanciones para mencionada panadería  y otros creen que deben sancionarse a otros tipos de negocios.

Usuarios  le preguntan al jefe de la SAT, “cuándo le entra al combustible de contrabando que están regados por las carreteras de occidente”.

Además el usuario @VinicioMontez dijo que “los panes con pollo son riquísimos, es cierto no dan factura de oficio, hasta que uno la pide y no reciben billetes grandes”.

Panadería y Repostería

La panadería Berna empezó vendiendo pan fránces, pan dulce y pasteles, con el transcurso de los años, dieron un giro al negocio y decidieron agregar licuados de frutas, fresa y banano con leche, además de vender panes con frijol y pollo.

A diario miles de asiduos consumen sus panes y licuados, ya sea como almuerzo o refacción. Este lugar alberga gran variedad de opciones, para que cada quien arme su “combo” de refacción a un precio accesible para muchos guatemaltecos.

La panadería Berna empezó a funcionar dentro de las instalaciones del Centro Comercial Plaza Vivar, en la Zona 1 y hace unos años se trasladó a unos locales que se ubican sobre la 10ma. Calle, a un costado de dicho centro comercial.

El establecimiento remodeló sus instalaciones hace algunos meses y amplió su sucursal, como respuesta a la llegada de la Panadería San Martín, que abrió recientemente en una casa ubicada en el Paseo de la Sexta Avenida, de la Zona 1.

En las redes, varios usuarios opinaron: https://twitter.com/cecijuradom/status/818948722751049730

#Berna te extrañaremos, vayan a pagar a @SATGT y den facturas y vuelvan pronto @foppaguate pic.twitter.com/q8GYC6xfAF

— Thegatman (@BarreraObdulio) January 10, 2017

Cómo así que cerraron la Berna!!!??? pic.twitter.com/KmyFcknK8M

— José Antonio (@el_josero) January 10, 2017

Se filtran imágenes de manifestación en rechazo por cierre de la #Berna @ottoangel_gtv @foppaguate pic.twitter.com/XGWUpzUKY7

— Ben Kei Chin (@ElBencho_gtv) January 10, 2017

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) encontró en la contabilidad de la firma 365 facturas emitidas por 15 proveedores inexistentes extendidas entre enero y diciembre del 2009.

En el curso de las pesquisas,  los fiscales descubrieron que uno de los supuestos proveedores era en realidad un indigente que había muerto ocho años atrás.

Indigente muerto

Editora Educativa, según el sistema de Guatecompras, ha sido adjudicada con contratos de Q106 millones 640 mil 384.77. En el 2009, el año por el que la fiscalía investigó la defraudación, ganó contratos por Q22 millones 709 mil 555.30.

La SAT investigó la procedencia de facturas que sumaron Q10 millones 233 mil 712 y encontró proveedores falsos. 
Carlos Rodas Godoy, de Central de Repuestos CRG, extendió, en teoría, a Editora Educativa Q1 millón 273 mil 983 por  el mantenimiento de maquinaria para impresión.

La casa de la viuda de Rodas Godoy es una modesta vivienda en un municipio de las afueras de la ciudad. Néstor Chinchilla se muestra incrédulo cuando se le pregunta por quién fue su cuñado. “Él está muerto desde hace muchos años”, indicó.

“Se fue de la casa en el 2004, la bebida lo perdió, meses después supimos que vivía en las calles”, señaló Chinchilla.

“Desde ese año sabemos que ya no renovó su licencia ni gestionó algún préstamo, no tuvimos alguna pista que nos dijera lo que sucedió con él”, agregó.

Rodas Godoy nunca tuvo la capacidad para montar un negocio. “Trabajaba como mensajero en supermercados, en restaurantes, pero no podía dejar de beber. Para 2009 él ya estaba muerto. Ahora tendría unos 45 años”, comentó.

Su familia vivía en la zona 3, él vivió allí durante algunos meses y después desapareció. La madre de Rodas Godoy no dejó de buscarlo y hace ocho años  tocó la puerta de la casa de sus tres nietos para contarles que su padre había muerto.  

Las facturas extendidas por el indigente “no sobrepasaron los Q50 mil cada una para evadir la obligación de bancarizar los pagos”, explicó el fiscal Andrei González, quien estuvo a cargo de la investigación en el 2015.

El domicilio fiscal que el supuesto proveedor reportó en la 32 avenida 7-39, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21 es una vivienda particular en la que aseguraron a los fiscales no conocerlo.

Durante cuatro días, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses buscó entre los registros de las personas sin identificar, pero no encontró el de Rodas.

Proveedores dudosos

Surtidores de juguetes, de ropa, hasta de insumos médicos figuran en la lista investigada por el Ministerio Público.

Además de la supuesta empresa de Rodas Godoy fueron auditadas facturas de la Importadora y Distribuidora Montego, que de acuerdo con la fiscalía, aparece en una decena de procesos.

David Enrique Fernández, quien en la patente de comercio figura como  importador de cardamomo facilitó facturas por Q833 mil 674.

Heylin Fabiola Zúñiga, una aparente abastecedora de materiales de construcción, habría cobrado Q416 mil 784.42.

Luis Fernando Herrera Pérez, un supuesto aprovisionador de equipo médico, según la patente de comercio que tiene la fiscalía, giró facturas por Q1 millón 176 mil 240.

Sebastián Ordóñez Morales supuestamente brindó servicios de fumigación por Q1 millón 197 mil 694.

Muchos de los domicilios fiscales eran viviendas particulares, tortillerías o inexistentes, según las pesquisas.

Entre otros clientes, De León Pérez ha sido proveedor de los Ministerios de Salud y Educación, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Municipalidad de Mixco y el Organismo Judicial.

Error administrativo

De León Pérez explicó a Prensa Libre, por teléfono, que el proceso judicial en el que está involucrado es “un error administrativo y que se tomó la decisión de cancelar el adeudo”.

“Editora Educativa es una institución individual por eso aparezco yo allí”, comentó.

La compañía a la que representa pasa por un mal momento económico y tiene deudas de gobiernos anteriores, refirió De León Pérez y aseguró que antes de comenzar el debate parte del adeudo estaría cancelado.

El fiscal González afirmó que la persecución penal no se extinguirá aún cuando el sindicado pague a la SAT y deberá responder por los delitos de defraudación y casos especiales de defraudación tributaria en el juicio programado por el Tribunal Noveno.

Silvia Escobar, jefa de la Diaco, informó por lo menos 70 personas trabajarán durante la Semana Santa para verificar precios en distintos destinos, para que se brinde calidad, con los precios y que los negocios tengan disponible, para los clientes, el libro de quejas.

Directivos de la SAT reportaron que hicieron varios operativos en distintos comercios para fiscalizar si los comercios entregan y emiten facturas.

Las actividades de monitoreo y verificación, se realizan del 21 al 26 de marzo. “Haremos monitoreos en comercios, restaurantes y lugares para vacacionar. En el caso de las gasolineras, si encontramos que no sirven la calidad y cantidad, se procede a inmobilizar la manguera hasta que llegue un metrólogo, y se hacen las denuncias respectivas en contra del establecimiento”, dijo Escobar.

Agregó que las acciones interinstitucionales de fiscalización y de vigilancia de precios, buscan la protección de los derechos  de los consumidores y usuarios guatemaltecos. “Estamos pendientes de la publicidad engañosa”, concluyó la jefa de la Diaco.

Este plazo se cuenta a partir de la fecha de la resolución de autorización por parte de la SAT, basados en el reglamento de la Ley del IVA, acuerdo gubernativo 5-2013.

Según la entidad, la disposición aplica para las autorizaciones emitidas a partir del 9 de enero del 2013, cuando entró en vigor el acuerdo en mención, pero los documentos autorizados antes de esa fecha pueden utilizarse hasta agotarse su existencia.

Al concluir la vigencia de la autorización de las facturas no se puede revalidar o ampliar el plazo para usarlas, por lo que deberán ser anuladas.

Estos documentos quedarán en custodia del contribuyente, por lo que deberá solicitar una nueva autorización para imprimir nuevos documentos.

Los contribuyentes sujetos a esta medida son los afiliados al IVA. Al respecto, Chile Monroy refirió que incluye tanto al régimen general como a los pequeños contribuyentes.

Añadió que es obligación de las imprentas incluir en los documentos la fecha de la autorización, en donde el usuario puede verificar el plazo.

El experto recomienda a los contribuyentes poner atención a la medida, la cual no ha sido muy divulgada, ya que la SAT puede efectuar varias sanciones.

Si se emiten facturas vencidas, según Monroy, se le puede considerar como emisión de documentos no autorizados y la sanción puede ser cierre temporal del negocio de entre 10 y 20 días (por orden judicial), o multa de hasta Q10 mil.

Si el comprador usa esa factura para recuperar el IVA como crédito, la SAT le puede hacer un ajuste y cobrarle los intereses correspondientes, señaló.
Con anterioridad el auditor Óscar Chile Monroy, director de firma MGI Chile Monroy y Asociados, dijo que muchos, tanto contadores como contribuyentes, desconocen esta medida aplicada desde el 2013, por lo que caen en problemas.

El Reglamento de la ley del impuesto al valor agregado (IVA) establece que estos documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluyendo las facturas, tienen solo dos años de vigencia.

En el caso de la exigencia que se consigne el nombre del contribuyente comprador, si nos atenemos solo a lo que establece la ley, se puede incurrir en error cuando se trate de una persona individual, ya que la interpretación hay que completarla con lo que indica el artículo 30 del Reglamento de la Ley del IVA, Acuerdo 5-2013 el cual establece que la factura debe emitirse con los nombres y apellidos completos del adquirente, si es persona individual; razón o denominación social, si es persona jurídica. El error, en el caso de las personas individuales es que la factura se emita a nombre del negocio y ello es incorrecto.

La Ley indica que se debe emitir a nombre del contribuyente y el Reglamento al exigir que se emita a nombre de la persona individual está congruente con lo que establece la ley, ya que el contribuyente es la persona y no el negocio.

En tal sentido si la persona propietaria individual tiene 3 nombres y obviamente dos apellidos, sus facturas de compras y demás gastos, debe pedir que se incluyan esos 5 datos. En el caso de una persona jurídica, puede suceder algo parecido, que la factura se expida al nombre comercial del negocio y ello, conforme a lo indicado anteriormente no es correcto, ya que deben ser a nombre de la razón o denominación social.

Otro de los puntos importantes de resaltar y que podrían resultan con problemas fiscales, es que las facturas no contengan en forma detallada el concepto, unidades y valor de la compra y en el caso de los servicios se exige que se deben especificar. En otras palabras, todas aquellas facturas que en su descripción digan solamente por su compra o bien por servicios prestados, no estarían conforme a lo que la ley y el reglamento exigen.

Por último, lo que no aparece en la ley ni en el reglamento es la obligación de consignar la dirección del adquirente.

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