El congresista Linares indicó que la el robo y hurto de fluido eléctrico ha ocurrido particularmente en el altiplano del país, por lo que propone endurecer la penas y además que se catalogue como bandas de crimen organizado a quienes se asocien para cometer este delito.

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Linares-Beltranena indicó que cree que “el tipo delictivo no sirve de disuasivo fuerte como hace 30 o 40 años para las personas que roban y hurtan electricidad y que están revendiéndola de una forma coercitiva y luego se agencian de esa diferencia”.

Agregó que esta situación provoca que las empresas pierdan pues si hay una comunidad de 300 personas donde solo hay cinco conexiones legales no pueden cortar el suministro porque es una conexión central la que abastece a todos.

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“Que exista esto hace mucho daño a las empresas, no se pueden mantener y una empresa quebrada es una empresa que no solo va a causar despidos, sino que va a dejar de suministrar electricidad a la gran mayoría”, justificó el congresista.

Penas

Las penas que propone la iniciativa son para hurto de fluidos se aumenta la multa que actualmente es de Q200 a Q3 mil para que quede de Q1 mil a Q5 mil, y cuando el hurto sea realizado por grupo delictivo u organización criminal será sancionara con prisión de tres a seis años.

Mientras que para el robo de fluidos que actualmente es de prisión de seis meses a 2 años de prisión, se propone cárcel de tres a seis años y cuando el robo sea cometido por grupo delictivo u organización criminal la pena será de seis a 12 años.

Por último, la iniciativa propone que se introduzca a la ley contra la el crimen organizado los delitos de hurto de fluidos, robo de fluidos, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

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Esto se hace con el afán de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil pueda utilizar todas las herramientas necesarias para investigar y combatir estos delitos.

“Lo interesante es que agregamos un elemento, el uso de la delincuencia organizada porque creemos que hay estructuras de poder que contemplan todos los ingredientes de crimen organizado”, afirmó Linares-Beltranena.

Precisó que al modificar el Código Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada el robo de fluidos por parte de grupos organizados se “tome igual que narcotráfico y delitos de corrupción”.

“Se pueden utilizar todos los medios de investigación, puede haber interceptaciones telefónicas que aplican también los delitos de asociación ilícita conspiración. Esto es darle herramientas al estado para combatir esto”, finalizó el diputado.

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En la propuesta de dictamen de la Ley Electoral, solo se puede negar esa constancia a quienes tengan una sentencia en firme que los relacione con irregularidades en el manejo de fondos públicos. Hasta ahora se debían dilucidar todos los procesos o demandas para poder obtener el documento y participar en un cargo de elección popular.

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Eliminar de los requisitos la constancia transitoria es un proyecto presentado a la Comisión de Asuntos Electorales por el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Para algunos, la propuesta de la Comisión podría contravenir el artículo 113 constitucional, que exige  capacidad, idoneidad y honradez para optar a un cargo público.

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Es una garantía

El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, explicó  que  la constancia es prueba de  que el funcionario o empleado público no ha incurrido en alguna irregularidad en el manejo de recursos públicos.

“La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que quienes han manejado recursos públicos para poder optar a un cargo deben tener esta constancia; por supuesto que hay situaciones en  que las personas consideran que se viola el principio de inocencia, porque no han sido condenadas”, dijo Mencos.

Por su parte, el subcontralor de Probidad, César Elías, indicó que la constancia transitoria debe seguir vigente, porque  garantiza que los funcionarios han manejado dentro de la legalidad los recursos estatales y son idóneos para seguirlo haciendo.

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“Es importante hacer la aclaración de que la constancia transitoria no es el finiquito. Regularmente las personas le llaman así, pero este se da luego de 20 años. Lo que los funcionarios deben hacer es solventar su situación ante la Contraloría y agotar todas las instancias administrativas para que se les pueda dar la constancia, y si hubo una acción legal deben, con mayor razón, presentar toda su argumentación para que cese la persecución penal”, dijo Elías.

Un retroceso

El consultor de Acción Ciudadana, Marvin Flores, manifestó que lejos de atender el clamor popular de mejorar los controles, la fiscalización y la rendición de cuentas, dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo que están haciendo algunos “malos diputados” es deslegitimar todo el clamor ciudadano por mejorar la actual norma.

“Eso va evidentemente en contra de los principales reclamos de la Plaza, y se suma a que algunos diputados ya boicotearon el voto uninominal junto a la posibilidad de que comités cívicos puedan postular a diputados”, criticó Flores.

Que se elimine la constancia como requisito “generaría mucha más impunidad, y es un retroceso, debido a que ya está normado en la Ley Electoral. Lo que debiera legislarse es que personas condenadas por actos de corrupción no pudieran optar a un cargo público”, afirmó Flores.

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Falta de finiquito los dejó fuera

Édgar Rolando Zamora

No pudo asumir como diputado el 14 de enero del 2016, por una denuncia de la Contraloría, que le impidió obtener la constancia.

Salvador Gándara Gaitán

No guarda prisión, pero sigue en proceso penal. Se rechazó su inscripción al  revocársele  el documento, debido a que tenía acciones pendientes en la Contraloría.  

Julia Maldonado Echeverría

A pesar de que fue absuelta, estuvo señalada de  haber desviado Q3.9 millones cuando era directora del Conjuve, entre el 19 de febrero y 30 de junio del  2009.

Manuela Victoria Osorio

Sobrina de Arnoldo Medrano  y concejal segundo de Chinautla. El MP asegura que  fueron desviados Q741 mil 367 de esa comuna  a otras cuentas.  

Rubelio Recinos Corea

 Insistió  postularse  como alcalde por quinta vez de Barberena, pero los reparos en la Contraloría  evitaron que se le extendiera la constancia transitoria.

Bernardo  López Reyes

Participaba como candidato a alcalde, no obstante su constancia  fue revocada, y además estaba en prisión  por los delitos de atentado y  coacción.

Linares dijo que la amenaza la recibió el pasado miércoles en su cuenta de Facebook.

Según el legislador, un usuario que se identificó como Alex Estuardo escribió: “Un día de estos una de mis balas estará en tu cabeza por corrupto”.

Explicó que desconoce quién es el que le amenaza, ya que pudo determinar que ese perfil en Facebook es fantasma.

“En lo que pude, averigüé que la fuente es un correo fantasma, pero debe investigarse por este ministerio”, indicó, sin entrar en más detalles.

El parlamentario dijo que le envió una carta a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, para que se investigue el origen de la amenaza de muerte en su contra.

Linares es un diputado controversial para la opinión pública. Se opone al proyecto de ley a favor de personas con discapacidad y ha protestado contra posibles presiones de la Cicig para la aprobación de las reformas constitucionales a favor de la justicia.

Por su cuenta impulsó una campaña de bumper stickers con el lema Yo quiero al Congreso de la República y en una sesión esta semana mostró ante el pleno un arma de plástico para promover la reforma a la Ley de Armas.

También ha promovido sin éxito acciones contra el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y se ha interesado en presidir la junta directiva del organismo.

Los cambios a la Ley de Armas y Municiones quedaron establecidos en el decreto 6-2017.

El diputado Napoleón Rojas, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que el 70 por ciento de armas no están registradas, lo que se hacía necesario ampliar el plazo.

El trámite de registro seguirá siendo ante la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam).

El diputado Fernando Linares llamó la atención en la sesión plenaria cuando sacó un arma de plástico. Su intención era ejemplificar que las armas antiguas y que están en los armarios deben quedar registradas.

Algunos diputados rieron durante la intervención de Linares, otros levantaron las manos como si fueran víctimas de un asalto.

El legislador aclaró que la que mostraba era un juguete y no de verdad, como sí hizo en 2004 el diputado Pablo Duarte en la discusión de reformas a la Ley de Armas y Municiones.

El fiscal del PAN adujo que la organización política que impulsó la candidatura presidencial de Manuel Baldizón excedió sus gastos de campaña.

Agregó que es necesario cancelar dicho partido, debido a que si no se hace, se sentará un precedente negativo para los futuros eventos electorales.

El magistrado Julio Solórzano respondió que la decisión debe ser tomada en pleno por los magistrados y que por el momento no puede emitir opinión sobre el tema. Carlos Milian, fiscal del partido Líder, no se presentó a la reunión.

Linares Beltranena también pidió al TSE que especificara hasta donde es delito coaccionar al voto luego de las elecciones.

El presidente del TSE, Rudy Pineda, respondió que eso deberá responderlo otros órganos jurisdiccionales e instó a los nuevos diputados a trabajar para realizar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Debilitado

Tras ocupar el tercer lugar en la elección presidencial efectuada el pasado 6 de septiembre, el partido Líder se ha debilitado por la salida de diputados y de Baldizón.

El 14 de septiembre recién pasado, un día antes que el TSE oficializara los resultados, Baldizón anunció que se iba de esa organización e instó a sus simpatizantes a trabajar para fortalecer al partido.

Dos días después, diez legisladores anunciaron que se marchaban de Líder. Además, indicaron que otros diez diputados podrían hacer lo mismo en los próximos días.