Presentan amparo contra resolución que suspendió el juicio contra Benedicto Lucas García

El general retirado Benedicto Lucas García enfrenta a la justicia por estar señalado dentro del caso Ixil.
 

Óscar García y Elmer Vargas

10 de diciembre de 2024 | 11:09h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Abogado y representante de las víctimas presentan amparo por la suspensión del juicio contra Benedicto Lucas García. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Este martes 10 de diciembre fue presentado en la Cámara de Amparo y Antejuicio un amparo contra la resolución de la Sala Primera de Corte de Apelaciones que resolvió el pasado 28 de noviembre la suspensión del juicio contra Benedicto Lucas García señalado dentro del caso Ixil.

El juicio contra el general retirado Lucas García, de 92 años, es por un caso de genocidio durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996). La suspensión del juicio se dio cuando ya se estaba a punto de dictar sentencia.

Mario Trejo, abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, indicó que en el marco del Día de los Derechos Humanos presentaron el amparo contra la resolución que decidió apartar al tribunal de sentencia que conocía la fase de debate contra Lucas García.

Añadió que se estaba por llegar a la etapa de sentencia y el tribunal fue apartado del caso por una solicitud de recusación planteada por le defensa del señalado.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Indicó que lo resuelto por la Sala manda a conocer el caso en otro tribunal de sentencia. “Esto significa volver a repetir la fase de debate”, afirmó Trejo.

Dijo que el amparo está en el plazo legal establecido y busca restablecer los derechos de las víctimas y que se anule la decisión de la Sala para continuar como estaba la fase del debate.

Agregó que la resolución ya asignaba un nuevo tribunal de sentencia de mayor riesgo para conocer el caso.

Eliodoro Osorio, representante de las víctimas, informó que durante ocho meses de audiencias los testigos llegaron al tribunal para declarar y no ve justo la decisión tomada por la Sala.

Añadió que no tiene que quedar impune lo que vivieron las víctimas durante la guerra interna.  

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala pide disculpa pública por desaparición de escritora Alaíde Foppa en 1980

Corte IDH culpa a Guatemala por desaparición de defensores de DDHH durante el Conflicto Armado Interno

Lucas García enfrenta a la justica por su supuesta responsabilidad en la muerte de unas 1 mil 200 personas entre 1978 y 1982 mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.

El juicio, que inició el 4 de abril pasado y que según esta resolución deberá ser trasladado a otro tribunal, estaba en fase de conclusiones y se trata del segundo proceso por genocidio tras la condena al expresidente de facto Efraín Ríos Montt en 2013.

Para leer más: Testigos hablan en juicio contra Benedicto Lucas, señalado de masacre ixil

El 8 de noviembre recién pasado, la fiscalía pidió una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García por su supuesto rol en la matanza de personas señaladas de haber apoyado a guerrilleros entre 1978 y 1982.

El MP remueve a 14 fiscales a cargo del caso genocidio Ixil  

En medio del juicio contra militares retirados, acusados de genocidio, autoridades del Ministerio Público remueven a los fiscales a cargo del caso.  

Rubén Lacán, Fátima Najarro y ACAN-EFE

15 de noviembre de 2024 | 16:30h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

MP pide que el militar retirado Benedicto Lucas sea condenado a 2 mil 870 años de prisión por los delitos de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y genocidio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio contra indígenas denunciaron que 14 fiscales de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), fueron removidos en la recta final del juicio contra los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas acusados de los delitos de deberes contra la humanidad y genocidio.

Lucas García es señalado de la masacre de decenas de indígenas del pueblo maya Ixil en Quiché, en 1981, cuando fungía como jefe del Estado Mayor en el gobierno de su hermano Jorge Lucas García. 

La fiscalía de Derechos Humanos del MP, donde estaban asignados los 14 empleados del MP, fue la que acusó los militares de crímenes cometidos en contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno. La pesquisa señala que se cometieron 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas. 

La defensa técnica de uno de los acusados – Benedicto Lucas- denunció a los fiscales que estaban a cargo del caso.

“Los fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos, fueron trasladados a la Fiscalía de Casos Especiales en virtud de que dicha fiscalía está conociendo el fenómeno de estafas en todas sus modalidades y está siendo fortalecida con la finalidad de dar respuesta efectiva y pronta ante el alza de denuncias por este fenómeno delictivo”, respondió el MP.

Según explicó el ente investigador, los traslados obedecen a los conocimientos y experiencia que tienen. En relación con los expedientes, el MP indicó que estos fueron reasignados. Puntualizaron que los traslados se efectuaron en el transcurso de la semana anterior.

LECTURAS RELACIONADAS

MP pide 2 mil 860 años de prisión para Benedicto Lucas García, señalado de masacre ixil

Sala Segunda de Apelaciones anula caso Creompaz y ordena la libertad para los militares señalados

“En estas semanas han removido y trasladaron a 14 fiscales de la unidad de víctimas del conflicto armado interno, como parte de los intentos por detener el proceso de genocidio cuando estamos a punto de llegar a una sentencia histórica”, dijo en rueda de prensa, Victoria Aguilar, representante de sobrevivientes del genocidio indígena. 

El fiscal Erick de León, quien era el encargado de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996), fue separado de su cargo el pasado 4 de noviembre, explicó Aguilar. 

El pasado 8 de noviembre la fiscalía solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “A” una condena de 2 mil 870 años por la desaparición forzada y masacre de al menos 70 indígenas en contra del general de 92 años. 

Detener el juicio

La defensa de Lucas García presentó esta semana un recurso para separar al juez Gervi Sical del proceso y detener el juicio en su etapa final.

“En las últimas semanas se ha evidenciado la intención de los abogados defensores de retardar o detener el avance del juicio luego de más de 95 audiencias y a las puertas de una sentencia”, advirtió a EFE el abogado de las víctimas, Mario Trejo. 

Lucas García, de 92 años, está acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, ubicada en el departamento (provincia) de Quiché, al norte del país, y de determinar como “el enemigo interno” a toda la población indígena de la zona que fue arrasada. 

Durante más de 90 audiencias, desfilaron más de 50 testigos y decenas de expertos que narraron las acciones del ejército en distintas comunidades del norte de Guatemala, donde señalan a los soldados de haber realizado masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas. 

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, causó más de 250 mil víctimas, hasta la firma de la paz en 1996. 

La audiencia que estaba programada para ayer -14 de noviembre- fue suspendida debido a que una de las juezas del tribunal se reportó enferma y aún no existe fecha para reanudar la fase final del juicio.  

El juicio por genocidio en contra del general retirado guatemalteco Manuel Benedicto Lucas García continuará el próximo 14 de mayo, tras ser reprogramado este lunes debido a fallas técnicas en la conexión virtual con el sindicado, quien se encuentra en un hospital.

El Tribunal “A” de Mayor Riesgo del Organismo Judicial tomó la decisión de cancelar la audiencia de este lunes y continuar mañana ante los problemas de carácter técnico registrados en la conexión con el hospital donde es atendido Lucas García, de 91 años, por quebrantos de salud.

El general retirado es acusado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de 844 indígenas, cuando era el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante el gobierno de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), según ha explicado el Ministerio Público en el debate oral y público.

Hasta el momento han pasado por el estrado más de una docena de testigos, quienes relataron las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala contra poblaciones indígenas.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Según la Fiscalía, en el proceso judicial aún falta el testimonio, en las próximas semanas, de más de 60 personas.

Desde 2018, Lucas García cumple una pena de 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en octubre de 1981.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, más del 90 por ciento a manos del Estado, según investigaciones de organismos internacionales.

El proceso judicial en contra del militar retirado se lleva a cabo desde este mes por las masacres perpetradas por el Ejército en el departamento de Quiché, en el norte de Guatemala, hace 42 años.

“Los soldados quemaron mi casa. No sé por qué motivo lo hicieron. Nosotros no teníamos armas. No teníamos nada“, relató este martes María Avilés Torres, una indígena ixil que perdió a sus padres y tres hermanos por el Ejército de Guatemala, en el juicio por genocidio en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García.

María Avilés Torres, ahora de 63 años, narró en su idioma natal que los militares llegaron en enero de 1982 a su hogar en San Juan Cotzal, municipio del departamento (provincia) de Quiché, situado unos 250 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y quemaron sus mazorcas y su ropa.

Junto a María rindió testimonio su hermana menor, Juana, de 59 años. Ataviadas con la indumentaria indígena, explicaron en su idioma que los militares ingresaron a su hogar y asesinaron a sus padres Diego Avilés y Catarina Cruz Torres.

“Primero”, a la madre de ambas, “la violaron, la mataron y luego la quemaron“, aseguraron las hermanas, con cierta dificultad dada la carga emotiva y apoyadas en un intérprete.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Las hermanas se salvaron de morir ya que se encontraban lejos de su vivienda en ese momento, trabajando como agricultoras en un campo de siembra de maíz.

El testimonio tuvo lugar este martes en el juicio que enfrenta Lucas García, de 91 años, acusado de dirigir entre 1981 y 1982 operaciones militares en el noroeste de Guatemala, donde murieron más de 1 mil 770 indígenas a manos del Estado.

Todo ello en la etapa más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala, que durante 36 años (1960-1996) dejó más de 240 mil personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a informes de organismos internacionales.

El debate oral y público fue instalado el pasado viernes y se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo “A” del Organismo Judicial.

Lucas García, preso desde 2018 por otro caso vinculado al conflicto armado interno, sigue el juicio de manera virtual desde el hospital militar donde está internado.

El general retirado es acusado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de 844 indígenas, puesto que era el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante la dictadura militar de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), según ha explicado el Ministerio Público en el debate oral y público.

Como Jefe del Estado Mayor del Ejército, Lucas García identificó como “el enemigo interno” a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicados en Quiché, y se ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región.

“El 13 % de las víctimas de este genocidio eran niños entre 0 a 3 años, fueron muertas mujeres embarazadas y ancianos desarmados por considerarlos afines a la guerrilla”, indicó en la apertura del juicio la fiscal, Cándida Morales Santos.

LECTURAS RELACIONADAS

Inicia juicio contra Benedicto Lucas García señalado en masacre ixil

Caso Genocidio Ixil: Tribunal suspende persecución penal contra Manuel Callejas, pero Benedicto Lucas seguirá en prisión

Al menos unas 50 familias indígenas golpeadas por las masacres cometidas en estos pueblos del norte de Guatemala forman parte del proceso penal contra Lucas García por medio de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).

Otras más de 926 personas masacradas se atribuyen a la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien fue sentenciado por el genocidio del pueblo maya ixil por la continuidad entre 1982 y 1983 de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García en 1981.

Sin embargo, la condena de 80 años impuesta contra Ríos Montt fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma y tras pronunciamientos de los principales grupos económicos contra la sentencia.

Inicia juicio contra Benedicto Lucas García señalado en masacre ixil

Benedicto Lucas García es señalado de crímenes durante el conflicto armado interno en el área Ixil.

Oscar García, Elmer Vargas y EFE

5 de abril de 2024 | 20:56h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Benedicto Lucas García compareció por medio de videoconferencia en audiencia de caso en su contra. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)   

A sus casi 92 años, el general en situación de retiro, Benedicto Lucas García, compareció este viernes 5 de abril por medio de videoconferencia en el comienzo del juicio en su contra en el que es señalado de crímenes durante el conflicto armado interno en el área Ixil. El debate se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Previo al inicio del debate, la abogada Karen Fisher solicitó formar parte del equipo legal que defendería a Lucas García; sin embargo, se le negó la participación. El Tribunal argumentó que una de las razones obedece a que en la audiencia anterior que fue suspendida, el general solicitó ser defendido por la Defensa Pública Penal.

Ante la negativa de la solicitud, Fisher se retiró de la sala de audiencia. El juez Gerbi Sical Guerra empezó el juicio y dio el espacio para que el Ministerio Público (MP) iniciara con los alegatos de apertura a juicio.

Lucas García cuenta con arresto domiciliario y compareció en la audiencia a través de videoconferencia. Según el tribunal, los delitos por los que enfrenta juicio son deberes contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

El militar fungía como jefe del Estado Mayor del Ejército y según la investigación, habría ordenado operaciones militares donde fueron asesinadas más de mil 400 personas en el área Ixil, en el departamento de Quiché.

“Los municipios de Chajul, San Juan Cotzal y Santa María Nebaj forman un triángulo que, para el sistema de operaciones del Ejército de Guatemala, se le da el nombre de Triángulo Ixil. Son personas que comparten el mismo idioma maya, vestimenta y costumbres y que fueron perseguidos por la razón de vivir en esta ocupación”, detalló ante el tribunal la fiscal del MP.

Los alegatos continuaron por parte del MP y detalló que estarán presentando los diferentes medios de prueba entre testimonios, documentos y reproducción de videos.

Le puede interesar: “Floreceremos”: Memorial virtual recuerda historias de víctimas del conflicto armado interno de Guatemala

“Es así honorables miembros del tribunal que se desarrollará el debate conforme las reglas que corresponde y en el cual el Ministerio Público probará su tesis acusatoria y que en su momento procesal oportuno solicitará la condena que en derecho corresponde.”, finalizó la fiscal.

Abogadas defensoras de Lucas García también plantearon sus alegatos. “Desde ya, indico que, en su momento procesal oportuno, la defensa técnica del general Manuel Benedicto Lucas García solicitará una sentencia absolutoria con inmediata libertad”, inició su intervención una de las abogadas.

LECTURAS RELACIONADAS

Tribunal ordena investigar a Francisco García Gudiel en caso de asesinato

“Nos secuestran y nos roban la cita con Migración en EE.UU.”: la nueva modalidad de los carteles mexicanos para extorsionar a los migrantes en la frontera

Querellantes en el caso también intervinieron en la audiencia, aunque su participación fue protestada por la defensa. Durante el debate, compareció un perito propuesto por el MP, durante su intervención confirmó las conclusiones de los peritajes efectuados.

El juicio contra Benedicto Lucas García continuará el próximo lunes 08 de abril.

Claves del juicio

Estas son las cinco claves para entender los señalamientos que se le atribuyen al general retirado, que fungía como jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante la dictadura militar de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982).

1. Los crímenes

Entre 1981 y 1982, el Ejército de Guatemala implementó destacamentos militares y desplegó fuerzas de tarea en las regiones del país consideradas como “amenaza guerrillera”, principalmente en los municipios maya Ixil de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, en Quiché, a 202 kilómetros al norte de la capital, según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

En estos municipios, la aplicación de las nuevas estrategias militares causaron la muerte de un mínimo de 1 mil 771 personas, dentro de las que se identificaron a 1 mil 072, habiendo niños, ancianos y mujeres embarazadas entre las víctimas, según la misma fuente.

Los asesinatos sucedieron durante 32 masacres diferentes concentradas en al menos 23 aldeas que fueron arrasadas con la quema de viviendas, cosechas, destrucción de herramientas de trabajo, bombardeos aéreos, y todos estos factores obligaron a huir rumbo a las montañas a los indígenas que sobrevivían a los ataques.

2. El militar acusado

Lucas García, de 91 años, es considerado por el MP de Guatemala como el autor de las estrategias militares que provocaron estas masacres.

De acuerdo con la Fiscalía, que ha presentado testimonios, pruebas forenses y documentos oficiales, Lucas García es el supuesto responsable de planificar y ordenar la estrategia de contrainsurgencia del Ejército e identificar a los municipios mencionados como “zona del enemigo”, provocando la eliminación de más de mil civiles.

El general, especializado en contrainteligencia, paracaidismo y con estudios en Francia, desplazó a las fuerzas armadas principalmente en las zonas de Quiché cercanas a la Franja Transversal del Norte, una región de Guatemala que atraviesa importantes zonas de interés petrolero, agrícola y comercial, cuya tenencia de la tierra fue disputada en medio del conflicto armado interno.

En la actualidad, Lucas García se encuentra cumpliendo una pena de 58 años de prisión porque en mayo de 2018, junto a otros cuatro altos militares, fue condenado por los delitos de falta a los deberes de la humanidad, violación agravada de una estudiante y la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, en octubre de 1981.

3. Más de 40 años de espera

Han pasado 42 años desde que sucedieron estas masacres en el norte de Guatemala y el inicio del juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo A, este viernes, es un evento esperado por los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas o desaparecidas que han testificado en busca de justicia.

Al menos unas 50 familias indígenas golpeadas por las 32 masacres cometidas en estos pueblos del norte de Guatemala forman parte del proceso penal contra Lucas García por medio de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).

Para leer más: Familia Molina Theissen: “Hemos cerrado un capítulo de búsqueda de justicia”

4. Una sentencia anulada

En 2013, el general Efraín Ríos Montt, quien dirigió una dictadura militar entre 1982 y 1983, fue sentenciado por genocidio del pueblo maya ixil por la continuidad de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García un año atrás.

Sin embargo, la condena de 80 años impuesta contra Ríos Montt fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma y tras pronunciamientos de los principales grupos económicos contra la condena.

5. Un conflicto sangriento

El conflicto armado interno en Guatemala fue uno de los más sangrientos del continente y dejó al menos 240 mil personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a cifras de informes divulgados por Naciones Unidas.

La guerra finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin al conflicto que se extendió por 36 años. EFE

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

LE RECOMENDAMOS

Capturan a Orlando López, el exfiscal que llevó a juicio a Efraín Ríos Montt por genocidio

Conmemoran con ceremonia maya los 10 años de la condena contra Efraín Ríos Montt por caso de genocidio

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

LE RECOMENDAMOS

Suspenden audiencia del juicio contra militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas, acusados de genocidio

Caso Genocidio Ixil: envían a juicio a militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años 1980, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales. Horas después le confirmó a la cadena CNN en Español que se considera un exiliado más.

Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.

“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.

El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.

Denuncia amenazas

Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.

El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.

Casos de alto impacto designados al juez Miguel Ángel Gálvez

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.

• Diario Militar

Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.

A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.

• La Línea

El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023. 

• Cooptación del Estado

El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas a cambio del pago de comisiones ilícitas.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.

Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.

• Sepur Zarco

En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.

El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.

¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción. 

El Tribunal determinó la responsabilidad del Estado en “la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de siete personas y sus núcleos familiares”, en una sentencia del 3 de noviembre publicada el martes por el ente internacional con sede en Costa Rica.

Asimismo, la Corte-IDH estimó que hubo “violación del derecho a la niñez de seis niños y niñas” y “violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas, como consecuencia de la masacre perpetrada”.

Lee también:

Juan Luis Font y Alejandro Sinibaldi comparecen ante juez por señalamientos de corrupción

La Corte también ordenó, como forma de reparación, “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso” en el que no hay imputados después de 39 años.

De esa manera, se podrá “iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso”.

La masacre de la aldea Los Josefinos ocurrió en el marco de la guerra civil que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996, y sucedió el 29 de abril de 1982 en el municipio de la Libertad, en el departamento de Petén.

Ese día, miembros de una guerrilla realizaron una “acción de ajusticiamiento” en una cancha de fútbol de la localidad contra dos personas a quienes acusaron de estar vinculadas al Ejército de Guatemala durante la dictadura de Efraín Ríos Montt.

Por la tarde, guerrilla y ejército se enfrentaron, causando que estos últimos sitiaran la aldea para no dejar salir a nadie.

A medianoche, los soldados ejecutaron a patrulleros rebeldes en la calle y a personas que estaban en sus viviendas, incluyendo a hombres, mujeres, niñas y niños. También quemaron sus casas.

Durante la mañana del 30 de abril, miembros del ejército acudieron a la aldea, recogieron a 19 personas asesinadas, las subieron a un carretón y las enterraron en una fosa común ubicada en el cementerio de la aldea.

Tras los hechos algunas personas huyeron, refugiándose en otros lugares e incluso fuera del país, en México o Belice.

Una comisión auspiciada por la ONU documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. El conflicto dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe presentado en 1999.

Ríos Montt falleció en 2018, a los 91 años, mientras era procesado por otra matanza acontecida en diciembre de 1982 y el genocidio de indígenas maya-ixiles en el oeste del país.

Lucas y Callejas, que deberán afrontar juicio por decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, son señalados de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. 

Desde marzo de 2020, el Ministerio Público (MP) le hizo la solicitud a Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

LE PUEDE INTERESAR:

CIDH recomienda otorgar medidas provisionales al exjefe de la Feci, mientras PGN dice que no es necesario

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

Lea también: Arrestan en Escuintla a dos guatemaltecos por transportar a migrantes de Uzbekistán, Venezuela y otros tres países

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

“Momento histórico”

La Oficia de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) señaló como “momento histórico” la decisión de Gálvez, “décadas después” de las masacres cometidas contra el pueblo ixil.

“Celebramos hoy la justicia, tardía, pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas”, dice el texto.

MOMENTO HISTÓRICO: Juez Miguel Ángel Galvez dicta apertura a juicio en contra de Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, por Genocidio, Delitos de Lesa Humanidad y Desaparición Forzada, cometidos en contra de la población Ixil. pic.twitter.com/HknXIaHPHi

— odhag_gt (@odhag_gt) August 30, 2021

Las mil 148 tumbas en total tienen algo en común: estaban en el sitio o cerca de donde funcionaron internados gubernamentales y operados por la Iglesia católica para niños indígenas en el país.

Entre 1883 y 1996, más de 150 mil menores indígenas fueron separados de sus familias y enviados forzosamente a colegios de ese tipo, donde sufrieron abusos físicos, sexuales y enfermedades.

Los recientes hallazgos causaron indignación alrededor del mundo, pero no todos se asombraron en Canadá.

“Es algo que como indígenas siempre supimos, pero ahora hemos tenido la posibilidad de confirmarlo en la sociedad”, dice Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes de Canadá.

Esta parlamentaria de 27 años y del grupo indígena inuit (comúnmente denominados esquimales) afirma que la idea de que los canadienses son “muy diversos, inclusivos, felices y geniales” está lejos de ser compartida por los pueblos originarios del país.

“Canadá no se construyó a partir de gente blanca, en realidad se construyó a costa de los pueblos indígenas”, sostiene Qaqqaq, representante del centroizquierdista Nuevo Partido Democrático, en entrevista con BBC Mundo.

¿Qué muestran los hallazgos recientes de tumbas sin marcar en Canadá acerca de la historia de este país?

Creo que muestran muchas cosas. Lo primero: es la historia de Canadá; no es historia indígena.

Para los pueblos indígenas, esto no es un descubrimiento. Es solo una confirmación: sabían que sus seres queridos estaban en algún lugar del suelo, en tumbas sin marcar, pero no sabían exactamente dónde.

Para otros canadienses confirma que cuando hablamos de la historia, en específico para los pueblos indígenas de Canadá, en su mayor parte es muy oscura y perturbadora.

Lo importante más allá de eso es enfatizar que estos son individuos, personas con un trasfondo común de ser indígenas, primeros pueblos de este país. Y que todos estos son, en última instancia, cuerpos morenos.

Es algo que como indígenas siempre supimos, pero ahora hemos tenido la posibilidad de confirmarlo en la sociedad.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá indicó hace unos años que hubo un “genocidio cultural” en estos internados. ¿Son estas tumbas nueva evidencia de eso?

No creo que genocidio cultural sea una opción disponible. Creo que es genocidio y punto.

Porque cultura proviene de una persona o de un grupo específico de personas. Y cuando miramos lo que sucedió con los pueblos indígenas en todo el país, lo que vemos no es necesariamente una cultura específica, sino un estilo de vida y visión del mundo.

A lo largo de la historia en Canadá se enseña que eso está mal, que es horrible y repugnante.

Es algo que los internados machacaron en los pueblos indígenas de Canadá. Era una conversación constante sobre “tu forma de vivir, ser, pensar no encaja en la sociedad occidental blanca, por lo tanto está mal y necesitamos enseñarte más, mejor y separarte de tu forma de pensar y de tu estilo de vida”.

Dimos muchos ejemplos de colonización en el mundo.

Está empaquetado y lo presentan de una manera muy linda: “Somos Canadá, muy diversos, inclusivos, felices y geniales”.

En realidad, los indígenas no lo vemos así. Y creo que cada vez más canadienses se están dando cuenta de eso.

Usted habla de genocidio, que por definición es el exterminio sistemático de un grupo racial, étnico, cultural, político o nacional. ¿Es lo que dice que sucedió en Canadá?

Sí, creo que hubo un proceso muy estratégico, bien pensado y metódico para lo que seguimos viendo desarrollarse.

La gente piensa que la colonización es algo que ya no enfrentamos como indígenas, lo cual es completamente falso.

Los pueblos indígenas de Canadá se vieron obligados a vivir situaciones por las que ahora carecemos de derechos humanos básicos.

Estamos luchando por una vivienda segura, agua limpia y una vida asequible, mientras el resto de Canadá, principalmente los canadienses blancos, no están preocupados por ese tipo de cosas.

Volviendo a la pregunta, a través de los internados, cuando miras la experiencia del norte y los inuit específicamente, a través de la matanza de perros de trineo, la reubicación forzada, el traslado forzoso de familias para el tratamiento de la tuberculosis, entre muchas otras estrategias bien pensadas, la institución federal estaba tratando de eliminar de nuestras vidas a los “indios”, las Primeras Naciones, los inuit o cualquier aspecto de ser los primeros pueblos de este país.

Lo hemos visto muy horriblemente y seguimos viéndolo. Aproximadamente la mitad del sistema de acogida en Canadá está compuesto de jóvenes indígenas (que son apenas 8% de la población infantil).

Hemos visto patrones que se repiten una y otra vez que no funcionan para los pueblos indígenas; principalmente funcionan para la institución federal, los que tienen el poder y están ganando mucho dinero.

Nadie pidió pobreza, nadie pidió que lo metieran en una epidemia de suicidios, nadie pidió ser sumergido en inmensas cantidades de abuso. Pero los inuit nos hemos visto obligados a vivir en esas situaciones, día tras día.

Buscamos derechos humanos básicos para que los inuit tengan las mismas oportunidades que los canadienses del sur.

Los primeros pueblos de este país siempre han luchando mucho, nuestras vidas se tratan principalmente de sobrevivir y luego ayudar a otros a sobrevivir. Y eso no es justo.

Cualquiera debería tener derecho a perseguir lo que desea.

El último internado en Canadá cerró hace 25 años. ¿Cree que pese a eso aún existe un sistema que obliga a los niños indígenas a ser separados de sus familias?

Sí, gracias por mencionar lo cerca que está el tiempo.

Canadá en sí mismo es una amplia variedad de cosas y de historia.

Por ejemplo, yo soy inuit. No me identifico como Primera Nación, pero ambos somos indígenas, pueblos originarios de este país.

Tenemos ciertos puntos en común en términos de visiones del mundo y creencias, de cómo vemos todo como holístico, pero la forma en que practicamos eso puede parecer diferente para los pueblos indígenas a lo largo de Canadá.

En el sur del país verás una historia mucho más larga, de 100 o 150 años, que refiere a esa relación entre la institución federal y los pueblos indígenas, mientras que para los inuit y en el norte eso ha sucedido mucho más en los últimos 70 años.

Mi abuelo nació y se crió en la tierra, tuvo a mi padre que nació en la tierra y fue trasladado a la comunidad. En este proceso, nací en un hospital y me crié en una comunidad. Es un cambio drástico en la forma de vida.

Es importante que los canadienses, así como otros, entiendan que Canadá no se construyó a partir de gente blanca. En realidad, se construyó a costa de los pueblos indígenas.

El año pasado usted viajó a diferentes lugares para constatar de primera mano las condiciones de vida de los pueblos indígenas en Canadá hoy. ¿Qué más puede contarnos sobre lo que vio?

Si una persona se siente deprimida o estresada, a menudo puedes ver eso reflejado en su condición de vida.

Lo que vi cuando pasé por las comunidades y me reuní con la gente, fue que estaban luchando.

Si estaban bien, se sentían muy afortunados, pero en última instancia querían sentirse más conectados, que no son las únicas personas que están pasando por esa situación en particular y pueden estar bien.

En Nunavut la gente se refiere a sus viviendas como cajas de fósforos porque las sienten pequeñas como latas de sardinas. Se pueden ver en las comunidades los asentamientos que se están creando, y cómo el edificio era el hospital, la Policía Montada…

A menudo había edificios gubernamentales y carpas o iglús alrededor, porque desde el comienzo de la reubicación forzosa los inuit nunca recibieron viviendas adecuadas.

Mezclaron esa gente para que Canadá pudiera establecer un pedazo de tierra.

Y así es como se crearon las comunidades inuit que vemos en Canadá, para que el gobierno pudiera decir “esta tierra nos pertenece, tenemos suficiente gente aquí y esta es nuestra gente”.

Los derechos de los aborígenes son reconocidos en la Constitución canadiense desde 1982. ¿Eso cambió algo?

Siempre es un paso positivo que las cosas se reconozcan en papel o mediante una ley, pero a veces eso también puede ser muy simbólico.

Los pueblos originarios de Canadá han pasado por mucho. Y cuando llegaron los colonos, formaron el gobierno canadiense, que quería poder sobre la tierra y usar sus recursos.

En lugar de interactuar y negociar con los primeros habitantes, derribaron cada oportunidad y decidieron usar sus propias leyes para decidir cómo vivirían otros.

La gente tampoco se da cuenta de que si Canadá se hubiera construido de forma pacífica, no sería un país blanco.

Canadá no es principalmente un país blanco, las primeras personas de Canadá son morenas. Nuestras Primeras Naciones, los inuit, los métis son personas que no se parecen a lo que asumimos que es Canadá, de ninguna manera.

¿Quién es responsable por lo que describe sobre el pasado y presente de Canadá?

La institución federal, la institución de la Policía Montada y quienquiera que dirija esas instituciones en este momento es responsable.

El primer ministro Justin Trudeau puede decir todo lo que quiera, que no fue él quien implementó estas cosas, pero aún está llevando a los niños indígenas a los tribunales, sigue sin proporcionar agua potable a las reservas en todo el país, una vida asequible.

Todavía una de cada tres personas en Nunavut vive en viviendas superpobladas, todavía tenemos la tasa más alta de suicidios.

Entonces, cuando él dice que la relación con los pueblos indígenas de Canadá es lo más importante, es ridículo porque se da la vuelta y no hace nada por los pueblos indígenas de Canadá.

El primer ministro Trudeau ha llamado a reconocer los “terribles errores del pasado”. Eso para usted eso no es suficiente…

Absolutamente no. Hay miles de registros que tiene la institución canadiense sobre estos depredadores, estos pedófilos que se enfocaron en los niños indígenas durante los tiempos de los internados.

El Departamento de Justicia de Canadá tiene miles de nombres y siguen señalando con el dedo y diciendo que es la Iglesia católica, lo cual es verdad en cierto sentido, pero también es completamente falso.

Necesitamos ayuda, pero la institución federal que se supone que nos representa se niega a darla.

¿Reclaman algo específico del Vaticano o del papa Francisco?

No necesariamente de algún Papa o tipo de figura semejante. Personalmente creo que es importante que ocurra ese tipo de disculpas y discusiones.

Necesitan disculparse, decir algo, asumir alguna forma de responsabilidad. Y la negativa a hacer eso es otra bofetada en la cara de la gente morena.

Lamentablemente, la religión se ha utilizado como herramienta para oprimir a la gente.

Aunque puede ser útil para las personas, ha sido perjudicial en última instancia para los pueblos indígenas.

Y aquellos que están detrás de esas ideas también deben participar en lo que hablamos de avanzar.

La semana pasada, el 1 de julio, el día de Canadá, tuiteó: “Hoy celebro el fracaso de Canadá en erradicar los pueblos indígenas, de costa a costa. Estamos aquí, somos fuertes”. ¿Qué significa Canadá para usted?

Ser miembro del Parlamento y tener el privilegio de crecer en mi puesto me ha permitido darme cuenta de que nunca tuve el derecho a la autodeterminación, a las oportunidades.

Ahora que estoy aprendiendo cuáles son mis gustos, deseos y necesidades a los 27 años, creo que es muy interesante.

Hay mucho más espacio para que otros sigan cualquier sueño que quieran. Al menos está la posibilidad de pensar en eso libremente, en lugar de imaginar cómo sobrevivir.

Y creo que más indígenas en Canadá tienen ese espacio.

Estamos viendo avances, cambios, por supuesto no en la forma que necesitamos, pero las cosas se están moviendo.

Tengo esperanza en el sentido de que nuestra juventud es fuerte.

El deseo de mejorar es tan fuerte, que creo que hay un potencial bueno para que las cosas cambien.

LE PUEDE INTERESAR

Benedicto Lucas García es el primer implicado en el caso Genocidio en escuchar imputación de hechos del MP

Noguera estaba procesado legalmente por un caso de genocidio que habría ocurrido durante el gobierno de Romeo Lucas García.

Por el mismo caso también están procesados Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas Callejas.

El deceso del militar retirado fue informado en las redes sociales del Ejército de Guatemala.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) ha informado en ocasiones anteriores, que en su investigación, registra casos de masacres, crímenes individuales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, delitos que habrían sido cometidos en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.

Noguera Argueta fue detenido el 25 de octubre de 2019, señalado de genocidio y delitos contra deberes de humanidad.

Lea también: Manuel Benedicto Lucas García dijo a víctima del conflicto armado interno: “no bombardeé aldeas, campamentos guerrilleros, sí”

El caso contra los tres militares se activó por la denuncia que interpusieron víctimas y familiares ante el MP en el 2000, por medio de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.

#NotaDeDuelo | #EjércitoGT lamenta el sensible fallecimiento del Coronel de Infantería DEM (R) César Octavio Noguera Argueta. pic.twitter.com/3BlQQTaZmb

— Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) November 20, 2020

No deje de leer:

Militares tenían altos cargos en años críticos

Lucas García saludó con un estrechón de manos a Santiago Choc, mandatario -abogado- de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), querellante en el caso.

La conversación entre Lucas García y Choc tiene un denominador común en la historia del país, ambos tienen relación en el conflicto armado interno. Choc fue parte de la población de Ixcán, Quiché; desplazada a México, por los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

Lucas García es hermano del expresidente Romeo Lucas García, quien gobernó el país de 1978 a 1982 y falleció el 27 de mayo del 2006 en Venezuela.

El diálogo de ambos duró dos minutos, pero en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B pocos pudieron comprender de qué conversaban Lucas García y Choc. Ambos hablaron en el idioma maya q’eqchi’.

Choc dijo: “Soy del Ixcán y de niño nos fuimos con mi familia a México, fue en tu época cuando hicieron el plan tierra arrasada”.

Lucas García movió la cabeza a los lados y negó el señalamiento de Choc.

“Yo nunca bombardeé allí, nunca ordené bombardear; por lo menos las aldeas. Campamentos guerrilleros sí”, respondió Lucas García a Choc.

Choc reiteró: “Hubo aldeas arrasadas”.

“No en mi tiempo… no en mi tiempo”, aseguró Lucas García mientras le daba unas palmadas a Choc en la espalda.

Lucas García saludó después a fiscales del Ministerio Público y así terminó el segundo intento por comenzar la audiencia de primera declaración en que también están implicados los militares retirados Manuel Antonio Callejas y César Noguera Argueta.

Manuel Benedicto Lucas García conversa con el mandatario de AJR Santiago Choc. | pic.twitter.com/vclIrVfCpw

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 29, 2019

Lucas García

Manuel Benedicto Lucas García fue nombrado por su hermano, en ese entonces presidente, jefe del Estado Mayor del Ejército, el 15 de agosto de 1981.

En esa época hubo altos índices de violencia. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico calificó el período de 1979 a 1985 como “agudización de la violencia y militarización del Estado”.

Según notas periodísticas de ese entonces se implementó la estrategia “acción cívica”, que consistía en acercarse a la población y ganarse su confianza para evitar el respaldo a la insurgencia.

Según el MP, Benedicto Lucas, como jefe del Estado Mayor del Ejército, tuvo injerencia sobre comandantes de la Zona Militar 21 de Cobán.

A 14 de los detenidos por este caso se les liga con 137 osamentas de seis masacres ocurridas allí, en las cuales se pudo profundizar investigaciones por la desaparición de 163 personas.

Las pesquisas de las desapariciones forzadas fueron por los casos de Pambach, Río Negro, caserío Chituj, Chiacal, barrio San Sebastián y Chisec.

Benedicto Lucas efectuó trabajos de contrainteligencia como oficial de operaciones entre agosto de 1967 y noviembre de 1969. En 1971 fue subdirector de Inteligencia del Ejército, de acuerdo con documentos oficiales.

Diligencia frustrada

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, aceptó la excusa de un abogado que no podía representar a Callejas este martes, 29 de octubre, por esa razón se reconsideró posponer la diligencia.

Gálvez aceptó efectuar la audiencia de primera declaración el martes próximo, a las 9 horas.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) aseguró al Juzgado de Mayor Riesgo B que cuenta con los indicios de prueba para efectuar la imputación a los militares en situación de retiro.

En su investigación, la fiscalía registra casos de masacres, crímenes individuales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, delitos que habrían sido cometidos en el gobierno de Romeo Lucas García, en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.

El caso se activa por la denuncia que interpusieron víctimas y familiares ante el MP en el 2000, por medio de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.

Contenido relacionado:

A sus diez años, 16 niñas han sido condenadas a la maternidad

Procesan a abogado que fraguó plan para evadir impuestos del caso Red de Poder

CIDH pide al Estado de Guatemala proteger a la jueza Erika Aifán

Jean-Pierre* dice que empezó a preguntarse quién era exactamente su padre cuando al final de la escuela primaria recibió un formulario en el que le pedían el nombre de su progenitor, además del de su madre, y él no lo sabía.

*Los nombres del joven y la madre han sido cambiados debido a la vergüenza que sienten las víctimas de violación en Ruanda.

Advertencia: algunas personas pueden encontrar perturbadora una parte del contenido de este artículo.

No tener un padre en casa no era raro en Ruanda, por los cientos de miles de personas asesinadas durante el genocidio.

Jean-Pierre había escuchado los cuchicheos de su comunidad, pero tardó años en saber toda la verdad.

La historia, dice con firmeza su madre, Carine, “no es algo que pueda asimilarse rápido”.

“(Mi hijo) había escuchado diferente información, chismes. Todos en la comunidad sabían que fui violada. No había nada que pudiera hacer al respecto”, cuenta.

“Mi hijo seguía preguntando quién era su padre. Pero entre los 100 hombres o más que me violaron, no podía decir cuál de todos era el padre”, explica.

Arma de guerra

No se sabe exactamente cuántos niños nacieron como resultado de una violación durante la masacre que se extendió de abril a julio en 1994.

Naciones Unidas está haciendo esfuerzos para poner fin a la violencia sexual relacionada con conflictos: la violación fue usada como arma de guerra de Siria a Colombia y de la República Democrática de Congo a Birmania en 2018.

• La increíble historia de la mujer que salvó a más de 100 personas de un genocidio haciéndose pasar por bruja

Los sobrevivientes compartieron historias en redes sociales con la etiqueta #EndRapeinWar (“Alto a las violaciones en la guerra”) para conmemorar el día internacional de Naciones Unidas para la eliminación de la violencia sexual en la guerra (19 de junio).

Pero no es fácil para los involucrados recordar los eventos, ni siquiera un cuarto de siglo después.

“Muchas veces quise morir”

Al escuchar la historia de Carine, queda claro por qué esperó hasta que su hijo tuviera la edad suficiente para decirle la verdad.

Ella fue una de cientos de miles de mujeres y niñas, principalmente tutsis, que se cree que fueron atacadas sexualmente por vecinos hutu, milicias y soldados.

Cuando la violaron por primera vez, muy joven, el genocidio acababa de comenzar. Durante al asalto todavía estaba sangrando por dos heridas de machete en ambos lados de la cara, que hasta hoy le dificultan comer y hablar.

• El pequeño país africano que se enfrenta a Estados Unidos porque no quiere su ropa usada

Sus agresores, personas que alguna vez habían sido parte de su misma comunidad, la habían arrastrado hasta el borde de un pozo donde estaban tirando los cuerpos de los hombres, mujeres y niños que acababan de asesinar en una escuela.

A pesar de sus heridas, a pesar del dolor, Carine no quería morir.

Tampoco quería morir cuando un grupo de soldados la asaltó sexualmente con pequeñas ramas y palos unas horas más tarde, causándole daños inimaginables.

Solo cuando otro grupo la atacó, mordiéndola por todo el cuerpo, decidió que ya no quería vivir.

“(Ahí fue que) quise morir pronto. Muchas veces quise morir”, cuenta.

“No sentía amor”

Pero su terrible experiencia apenas había comenzado: el hospital que intentó salvar su vida fue rápidamente invadido por la milicia hutu.

“No podía escapar. No podía irme porque tenía todo roto”, dice.

• El país que cerró más de 700 iglesias de su capital por ser demasiado “ruidosas”

“Quien quisiera tener sexo conmigo podía hacerlo. Si los atacantes querían orinar, podían venir y hacerlo en mí”, señala.

Solo cuando el rebelde Frente Patriótico Ruandés liberó el hospital, Carine finalmente recibió el tratamiento que necesitaba y se le permitió regresar a su pueblo, débil, rota, sangrando, pero viva.

Así que cuando los médicos descubrieron que estaba embarazada, se sorprendieron.

“Les preguntaba qué hacer ya que no quedaba casi nada de mi cuerpo”, recuerda.

“Cuando nació el bebé, no podía entender por qué. No podía creer que el niño fuera mío. Siempre estaba pensando en lo que había pasado. Después de dar a luz, me quedé con el bebé, pero no sentía amor”, confiesa.

“Niños abandonados”

Esta historia, o sus variaciones, se les ha relatado cientos de veces a los niños de Ruanda en los últimos 25 años, aunque rara vez se cuenta abiertamente.

“La violación es un tabú. En la mayoría de los casos, la vergüenza cae sobre las mujeres en vez de caerle a los hombres”, dice Sam Munderere, director ejecutivo de Survivors Fund (Surf), que coordina el programa de la Fundación Ruanda, que ofrece apoyo educativo y psicológico para las madres y niños nacidos como consecuencia de una violación durante el genocidio.

En algunos casos, explica, el estigma hizo que los familiares instaran a las madres a abandonar a los niños. En otros, causó la ruptura de sus matrimonios.

Mientras pudieron, las mujeres lo mantuvieron en secreto. Como resultado, muchos niños se enteraron de cómo fueron concebidos cuando, como Jean-Pierre, intentaron llenar algún formulario.

“El problema es que las madres les cuenten a los niños ahora cómo nacieron después del genocidio. Era fácil decir simplemente ‘tu padre fue asesinado durante el genocidio'”, dice Munderere.

“Pero a medida que los niños crecen, hacen muchas preguntas, y la madre queda algo obligada a decir la verdad”, añade.

El trauma de la verdad

A lo largo de los años, la Fundación Ruanda ha ayudado a las madres a encontrar las palabras para contar sus historias, pero Sam reconoce que la verdad puede causar un trauma propio.

“Los efectos pueden ser a largo plazo; pasar de generación en generación”, explica al recordar la historia de una mujer joven que ocultaba la verdad sobre su padre a su nuevo esposo.

La mujer pensaba que la información dañaría su matrimonio.

Una madre admitió que maltrataba a su hija porque creía que su conducta traviesa se debía a “cómo había nacido”.

También hay muchas madres que, como Carine, simplemente se sintieron desconectadas de sus hijos.

• Cómo el debate sobre el “genocidio” armenio acabó con una investigación al alcalde y 9 concejales de Armenia… Colombia

El impacto de esta situación todavía está por verse.

“Son consecuencias en las que no habríamos pensado”, señala Munderere. “Los jóvenes tienen sus propios desafíos y estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos a integrarse en la sociedad, a sentir que son tan buenos como cualquier otra persona joven en Ruanda”.

Perdonar

Carine finalmente le contó a Jean-Pierre la historia completa de su concepción y nacimiento cuando él tenía 19 o 20 años.

El joven lo ha aceptado, dice Carine. Pero aun así siente que hay un agujero en su vida que debería ser ocupado por un padre.

Sorprendentemente, no siente odio hacia el hombre que atacó a su madre.

Carine también ha decidido perdonar.

“Una de las cosas que más me traumatizaba era pensar en ellos (en los hombres que la violaron). Pero cuando perdonas, te sientes mejor”, dice la mujer.

“Nunca me he enfadado con él”, agrega Jean-Pierre. “A veces pienso en él: cuando me enfrento a desafíos de la vida, siento que me encantaría tener un padre que me ayudara a resolver los problemas”.

Calma

El joven planea convertirse en mecánico, ayudar a su familia y tener la suya propia.

Aunque para todo eso se necesita dinero, y el dinero es algo que escasea, dice.

Carine recibió terapia desde el inicio, lo que la ayudó a crear un vínculo con Jean-Pierre mientras el niño crecía: “Ahora siento que es mi hijo”.

Su cercanía es fácil de ver cuando se sientan en un escalón mirando hacia verdes colinas desde la puerta de su nuevo hogar, comprado con la ayuda de la fundación Surf.

Se encuentra a las afueras de la aldea donde creció Carine: la aldea de la que huyó cuando su familia trató de hacer que abandonara a Jean-Pierre, la aldea donde a este le ponían apodos cuando era más joven.

Pero ahora las cosas están en calma. Se sienten aceptados tanto por la familia como por la comunidad.

“Saben que sobreviví mucho tiempo con el trauma y estoy feliz aquí”, apunta Carine.

Jean-Pierre está muy orgulloso de su madre y de lo que ha logrado: “Es muy difícil de ver, pero estoy muy feliz con su progreso, con la forma en que aceptó lo que sucedió, la forma en que piensa sobre el futuro y el camino a seguir”.

Lee más:

Veinticuatro protestas o focos de incidentes por inconformidades de votantes se han registrado entre el sábado y este domingo

Mendoza García fue interceptado por las autoridades a los alrededores de la escuela Aldea la Unión en Salamá, donde se ubica un centro de votación.

Te puede interesar: Pobladores se enfrentan con la PNC en Esquipulas Palo Gordo

La policía traslado al exdiputado al juzgado de turno de la localidad.

#DecisiónLibre2019 | Exdiputado fue capturado después de emitir su voto. Estos son los cargos por los que la justicia lo buscaba desde el 2011. pic.twitter.com/3D6KuTIPo6

— Jorge Ovalle (@Jovalle_PL) June 16, 2019

Lee también: Tensión en varios puntos del país por acarreo de votantes

El general retirado Luis Enrique Mendoza García fue parte del alto mando del ejército, durante la época de Efraín Ríos Montt fue el jefe de operaciones del ejército.

Contenido relacionado

> Junta electoral renuncia por amenazas y suspenden los comicios en San Jorge, Zacapa

> Jornada electoral reporta conflictos en varios departamentos

> Quetzalteca en Maryland inaugura votaciones de guatemaltecos en EE. UU.

Anne-Marie es una sobreviviente del genocidio que su país, Ruanda, vivió en 1994. Más de 800 mil personas, la mayoría de ellas de la etnia tutsi, fueron asesinadas por miembros de la etnia gobernante, los hutus.

• La increíble historia de la mujer que salvó a más de 100 personas de un genocidio haciéndose pasar por bruja

Ella sobrevivió, pero gran parte de su familia no tuvo la misma suerte. Su marido y cuatro de sus hijos fueron asesinados. Dos de estos últimos murieron a manos de Celestin.

“Celestin sacó su machete y les cortó el cuello a dos de mis hijos. Yo conseguí escapar”, afirma.

Su hijo mayor, Innocent, tenía apenas 11 años.

“Era un chico tan inteligente. Me prometió cuidar de mí siempre y mejorar mi vida. Era demasiado bueno para este mundo”.

“El día en que murió, a medida que las cosas empeoraban, le dijo a un amigo que tenía el presentimiento de que alguien le iba a cortar el cuello”, dice Anne-Marie.

“Cuando recuerdo eso, siento como si mi corazón se fuera a romper”.

El rol del gobierno

El conflicto étnico que llevó al genocidio de Ruanda se había empezado a gestar décadas antes de que esta naciera como país independiente.

Mientras el territorio estuvo bajo dominio belga, los colonos favorecieron a los tutsis por encima de los hutus. Sin embargo, una vez que se fueron los belgas, los hutus se hicieron con el gobierno, que intentó invertir los roles y convertir a los tutsis en etnia inferior.

El experiodista Tom Ndahiro cuenta cómo la propaganda auspiciada por el Estado incitó al odio. En especial, la que hacía la emisora radial Radio Television Libre de Mille Collines.

“Los llamaban cucarachas, los llamaban serpientes, los llamaban de todo. Y los tutsis fueron tachados de enemigos, de enemigos y odiadores de Ruanda”, dice Ndahiro.

Celestin pasó 10 años en la cárcel por sus crímenes durante el genocidio. Una vez libre, buscó perdón.

“Pedimos a todos los sobrevivientes que nos perdonen. Sobrevivieron pese a mis acciones, porque de hecho yo era un asesino salvaje. Ella vive pese a lo que hice. Dios es quien la mantiene viva”, afirma Celestin.

25 años después, las heridas que dejó el genocidio sanaron, pero el dolor sigue presente.

Anne-Marie, que todavía recuerda a sus hijos entre lágrimas, quería matar a Celestin.

• Qué es el turismo oscuro, la tendencia en auge a visitar lugares marcados por la tragedia

Pero un sacerdote la convenció de que hiciera lo contrario: perdonarlo.

“Me dijo que yo tenía la llave para liberarlo de su culpa y que Celestin también tenía la llave para liberarme a mí”.

El cura le prometió: “Si crees en esto, con la ayuda de Dios, te sanarás“.

Este artículo se hizo con información de Jean-Paul Habyarimana, Ciru Muriuki y Didier Bikorimana, de BBC Factfinnder.

Horrores del conflicto

En 1998 el Remhi presentó la cauda trágica del conflicto armado

Una denuncia presentada públicamente por el coronel Carlos Paz Tejada sobre la existencia, en Retalhuleu, de una base militar para invadir Cuba.

En una “aclaración y denuncia”, publicada en Prensa Libre, el miércoles 5 de octubre de 1960, el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Juan José Arévalo, denunció los planes de Ydígoras, “poniendo en riesgo la independencia y soberanía nacionales”.

En finca La Helvetia, según Paz Tejeda, había “un cuerpo armado (…) integrado por extranjeros y algunos guatemaltecos”. En ese sitio, agregó, se ejercía “un control y vigilancia que impedía la circulación de los ciudadanos en forma amenazadora y humillante”.

Los datos de los preparativos en La Helvetia le fueron proporcionados a Paz Tejada por militares guatemaltecos molestos por estar “de guardia de los cubanos”.

La denuncia cayó en saco roto ya que no obtuvo comentarios por parte del gobierno.

Seis meses más tarde, el 17 de abril de 1961, muchos de quienes habían sido entrenado en la finca La Helvetia, propiedad de los hermanos Alejos Arzú, intentaron derrocar al gobierno cubano. No obstante, fueron derrotados en ese capítulo que la historia consigna como “Batalla de la Bahía de Cochinos”.

Rebelión

Un grupo entre 75 y 100 oficiales se organizaron y formaron la denominada “Hermandad del Niño Jesús”, para no ser detectados. A quienes se sumaban a ésta, les entregaban una estampa con la imagen del Niño Jesús y los hacían jurar lealtad hacia el movimiento.

El 13 de noviembre los alzados toman  el cuartel de Matamoros, donde se les suman unos 200 soldados, luego de un enfrentamiento. Parten rumbo al Atlántico, y logran controlar las bases militares de Zacapa y  Puerto Barrios, Izabal. Ydígoras Fuentes decreta estado de Sitio y ordena movilizar  tropa para controlar la asonada.

En Zacapa anuncia  que la asonada fue controlada y la captura de un centenar de rebeldes. Otros oficiales, como Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, se exilian en Honduras y El Salvador. Posteriormente regresaron para formar  frentes guerrilleros que combatieron durante tres décadas contra el Ejército.

Razones

El alzamiento fue motivado por el descontento contra el régimen e inconformidad entre los militares, según mencionó el capitán Arturo Chur del Cid en una entrevista en el 2002. Estaban descontentos con que  mercenarios anticastristas, avalados por
EE. UU. e Ydígoras Fuentes, se entrenaran en la finca Helvetia, Retalhuleu.

Otros artífices del movimiento como Ismael Salazar y Alfonso Pineda dijeron días después de la asonada que “el golpe no era político. Nada de comunismo; puramente nacional, porque así lo exige la patria”.

Por esa razón, muchos no consideran este hecho como el inicio del conflicto armado interno. Las guerrillas surgen dos años después y se unen en la década de 1980 como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

César Montes, fundador de las Fuerzas Armadas Rebeldes, asegura que nunca pensaron que el conflicto, que dejó más de 200 mil muertos, duraría tanto.

Reconciliación

El conflicto armado finalizó el 29 de diciembre de 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera entre la guerrilla y el Gobierno.

fin de conflicto

En 1996 la URNG y el gobierno firman la paz

La URNG  se convirtió en partido político en 1998. En las elecciones del 2015 ganó tres alcaldías y dos escaños en el Congreso.

La institución encargada del cumplimiento de los acuerdos es la Secretaría de la Paz, la cual surgió en 1997 y depende de la Presidencia de la República. Muchos de los acuerdos, sobre todo en temas de  resarcimiento, conflictos agrarios y economía aún tienen puntos pendientes.

Como nuestro país está afectado por “la ideologización” de cualquier concepto, aclaro que lo anterior es aplicable a toda ideología y en cualquier lugar del mundo.

El 30 de noviembre de 1949 el Congreso emitió el decreto 704 por el cual se aprobó nuestra adhesión a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 1948, este instrumento fue ratificado el 13 de diciembre de 1949 y cobró vigencia el 12 de enero de 1951 al ser ratificado por el número de países precisos que se establecieron en el instrumento.

El artículo II de la Convención dice: En la presente Convención se entiende: por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

De la lectura de lo trascrito puede establecerse dos elementos fundamentales, el primero, el objetivo, es decir las acciones que encajan en las conductas señaladas; y el segundo, y más difícil de definir, el subjetivo, la intención por destruir total o parcialmente a un grupo.

Si una fuerza armada o grupo paramilitar en cualquier parte del mundo mata a mil personas y hace una masacre será un delito de lesa humanidad, pero si se mató a esas mil personas con la intención de destruir total o parcialmente al grupo nacional, étnico, racial o religioso se está frente a una acción de genocidio.

Debe distinguirse lo que es una política genocida de lo que son actos genocidas. “Hay política genocida cuando el fin de las acciones es el exterminio de un grupo en todo o en parte (el genocidio clásico) y existen actos genocidas cuando el fin es político, económico y militar, pero los medios que se utilizan para conseguir estos fines son el exterminio total o parcial del grupo”, ilustró a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el doctor Payam Akaban, fiscal del Tribunal ad hoc para la ex Yugoeslavia.

Ideologizar la discusión de si en Guatemala existió o no acciones de genocidio no contribuye a la reconciliación nacional, el debate debe trascender cualquier frontera ideológica porque en todo caso el punto central del asunto radica en que como sociedad no podamos, ni por asomo, repetir los horrores cometidos y sobre ello debemos construir una nueva sociedad siendo todos los sectores serios en el aporte.

Reconstruir el tejido social, sobre todo en áreas del país donde la pobreza y el desinterés estatal son la regla, debe guiarnos para proteger la vida en todas sus manifestaciones. Si como sociedad no podemos ponernos de acuerdo en defender la vida, como derecho sagrado, de agresiones cometidas desde el Estado o de cuerpos clandestinos, simple y llanamente estamos condenándonos a jamás superar el pasado y menos a construir un mejor futuro cuando para ello existe la justicia transicional que debemos aprovechar y no deslegitimar.

@Alex_balsells

Lea además

Absolución de Rodríguez Sánchez genera gritos de júbilo y tristeza en Nebaj

¿Qué opina de la sentencia?

Lo más importante es que el Tribunal de Mayor Riesgo B reiteró que en Guatemala sí hubo genocidio y que se cometieron delitos de lesa humanidad. Esa es la parte rescatable de la sentencia emitida la noche del miércoles.

¿Y en cuanto a la absolución de Rodríguez Sánchez?

El tribunal advirtió que es inocente; sin embargo, en su voto razonado, la jueza Sara Yoc, expresa que mediante el diligenciamiento de la prueba producida durante más de dos años, pudo determinar que el señor Rodríguez Sánchez, en su calidad de oficial de inteligencia fue responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra el grupo étnico maya ixil en los años 1982 y 1983.

Francisco García Gudiel: Hubo excesos, pero no hubo genocidio

Los medios que se diligenciaron como pruebas testimoniales, periciales y documentales sirvieron de base para que Yoc, considerara, que debía imponérsele una pena de prisión de 30 años por genocidio y 30 años por delitos contra deberes de la humanidad.

¿En qué situación queda lo del genocidio ixil?

Se volvió a consumar la sentencia del 10 de mayo del 2013, emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo A que también estableció que los hechos que presentó el Ministerio Público corresponden a delitos de genocidio y lesa humanidad. En esa ocasión el tribunal condenó al general Efraín Ríos Mont a 80 años de prisión y absolvió al general Rodríguez Sánchez. Esto es importante porque demuestran a la sociedad guatemalteca e internacional que el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado ejecutó una política genocida.

Después de este fallo, ¿Qué harán?

Analizaremos los argumentos de la vocal Yoc en cuanto a la participación de Rodriguez Sánchez y podríamos presentar un recurso de apelación especial, pero esto después de leer la sentencia íntegra cuando nos sea notificada.

Recordamos: Óscar Mejía Víctores fue el militar de la transición

Con este fallo, ¿se puede asegurar que hubo genocidio en el país?

Los tribunales de justicia lo han reconocido, los dos de Mayor Riesgo A y B, sus fallos han sido uniformes en cuanto a que en Guatemala sí hubo genocidio y delitos contra deberes de la humanidad. Definitivamente, no se puede negar.

Pero la sentencia contra Ríos Mont fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.

Es una cuestión de interpretación, porque algunos creen que fue anulada, pero para nosotros sigue vigente, tomando en consideración que la Corte, en ese momento, estableció que la sentencia no se anulaba, sino que se debía regresar a una fecha para comenzar nuevamente el debate.

El Tribunal A ya había emitido su fallo, por esa razón la sentencia produce efectos positivos en cuanto al genocidio, es lo mismo que sucedió el miércoles por la noche. Ambas declaran que el Ejército cometió genocidio y delito de deberes contra  la humanidad contra el grupo étnico maya ixil.

¿Hay otros casos de genocidio pendientes?

Solo queda el del oficial de operaciones Luis Enrique Mendoza García, quien se encuentra prófugo y esperamos que sea capturado y responda por los mismos delitos. Las otras personas, que en su momento fueron acusadas ya fallecieron como Efraín Ríos Mont, Óscar Humberto Mejía Víctores y Héctor Mario López Fuentes. 

Contenido relacionado

> Sepur Zarco es clave para consolidar la paz
> Militares se dividen por acción contra Ley de Reconciliación
> 1977: Matan a Mario López Larrave, miembro del CSU

En esta entrevista, el abogado opina sobre el proceso en el que fue absuelto el militar retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, por el delito de genocidio en el área ixil.

Lea además

¿Qué opinan los querellantes de la absolución de Rodríguez Sánchez?

¿Cuál es su opinión del fallo?

Realmente no hubo genocidio. Lo que hubo fueron excesos de las dos partes y ojalá Guatemala y la humanidad aprendan, para que no se repitan estas situaciones. En una guerra siempre hay daños colaterales y hechos muy lamentables. Da pavor escuchar testimonios en donde se narra que le dieron muerte a mujeres, ancianos y niños. Por supuesto que conmueven hasta el más duro de consciencia, por eso repito ojalá y no se repita en ninguna parte del mundo.

¿A su criterio hubo genocidio?

Siempre he sostenido que en Guatemala nunca hubo genocidio, de hecho los que estuvieron declarando son ixiles. Para que se cometa ese delito debe existir una política de exterminio de un grupo étnico. En este caso nunca hubo una política ni del Estado ni de la guerrilla que tratara de eliminar a los ixiles, desgraciadamente la gente vivía en esa área y fueron víctimas inocentes de una guerra absurda que vivió nuestro país.

Recordamos: Cuando Efraín Ríos Mont fue separado del poder

¿Los querellantes dicen que la sentencia afirma que hubo genocidio?

Es obvio que van a tomar esa bandera. He estado analizando la sentencia y no dice que hubo genocidio, sino que actos de lesa humanidad que dañan la conducta del ser humano y que yo le llamo los excesos de la guerra.

¿O sea que se pueden dar otras interpretaciones?

Taxativamente no dice que hubo genocidio, porque no se probó una política de exterminio hacia la etnia ixil. No hay pruebas dentro del diligenciamiento. En el primer caso de genocidio, en el cual participé como abogado de Ríos Mont, nunca se probó ni demostró que existiera por parte del Gobierno o del Ejército una política de exterminio hacia una etnia en particular. Lo que hay son daños colaterales horribles, denigrantes y degradantes de la condición humana, lo cual no puedo negar porque no se puede tapar el sol con un dedo.

En contexto: Óscar Mejía Víctores fue el militar de la transición

¿Nadie cometió este tipo de crímenes?

La guerrilla tampoco fue perita en dulce, también perpetró masacres, mató gente inocente, niños, jóvenes, ancianos y mujeres. Saquearon aldeas, votaron puentes, fueron los excesos de una guerra de 36 años. El Tribunal tampoco admite que hubo genocidio, dice que hubo excesos, se cometieron masacres lo cual ofende la condición del ser humano, eso dices el Tribunal.

¿Con este caso queda cerrado el asunto del genocidio en Guatemala?

No veo que exista otro caso, ni creo que se vuelva a levantar uno. En Guatemala se proclamó una Ley de Reconciliación Nacional y se firmaron los acuerdos de paz.  Lo que más necesita el país es dejar de lado la confrontación, tratar de buscar un rumbo y vivir en paz.
El capítulo del Gobierno y la Cicig le ha hecho mucho daño al país. Al final los guatemaltecos humildes y trabajadores pagamos la factura de estos entuertos ridículos y absurdos.

¿Hay similitud con el proceso de Ríos Montt?

Es el mismo caso, las mismas pruebas, testigos, argumentos, abogados y querellantes. La única diferencia es que Ríos Mont ya no está porque falleció y no pudo afrontar el proceso porque antes fue declarado incapaz y que no era sujeto procesal para enfrentar un proceso penal.

Se dice que está pendiente de captura Luis Enrique Mendoza, quien es acusado por los mismos delitos.

No recuerdo ese caso, pues ya pasó mucho tiempo (2013), y me aparté un poco de ese caso desgastante.

Contenido relacionado

> Sepur Zarco es clave para consolidar la paz
> Militares se dividen por acción contra Ley de Reconciliación
> 1977: Matan a Mario López Larrave, miembro del CSU

Te recomendamos leer:

Daniela Beltranena pide su libertad a puerta cerrada

“Como defensa, no estamos defendiendo al Ejército de Guatemala, estamos defendiendo al señor José Mauricio Rodríguez Sánchez”, mencionó.
Lee también: Juez Miguel Gálvez enmienda la plana al MP
La abogada preparó una presentación que proyectó en la sala de audiencias. Incluyó los relatos de agunos testigos que reprodujo para los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B.

“Mi cliente fue condecorado y sirvió al país”, mencionó Guerrero y solicitó que sea absuelto de los cargos. Rodríguez Sánchez fue director de Inteligencia Militar del 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983.

La acusación es por la muerte de mil 771 indígenas ixiles en manos de soldados cuando fue jefe de inteligencia.

La defensora Ester Guerrero argumenta sus conclusiones durante el juicio por genocidio en contra del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. pic.twitter.com/cbdkIGqdrg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 12, 2018

Lo que sigue

El 26 de septiembre próximo el Tribunal le brindará la palabra al procesado para que diga su última petición. Se espera que el militar retirado recuerde que ya fue absuelto en 2013 por los mismos cargos.

Después los jueces terminarán el debate y se retirarán a deliberar. 

“Se espera que ese día, por la tarde se lea la sentencia”, mencionó el fiscal de Derechos Humanos, Erick de León.

El Ministerio Público (MP) solicitó imponer la pena de 80 años de prisión. Por el delito de genocidio pidió la pena de 50 años de cárcel y 30 años de prisión por delitos contra deberes de humanidad.

En 2013 fue absuelto por el Tribunal de Mayor Riesgo A y solo fue condenado el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión, aunque por errores procesales la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.

Contenido relaci?onado

>Juez deja en arresto domiciliario a Gustavo Martínez

>Bandera que donó Baldetti a Casa de Dios cerca de pasar a manos del Estado