Debido a que padecen de quebrantos de Salud, seis implicados en el caso de defraudación aduanera La Línea solicitaron salir de prisión, entre ellos Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el Teniente Jerez.

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La cuenta bancaria que compartían Pérez y Baldetti

Debido a que el juez Miguel Ángel Gálvez está de vacaciones, la jueza suplente María Mercedes Rodriguez lleva el proceso penal.

El pasado miércoles otro grupo de seis acusados en este proceso también solicitó medidas sustitutivas, entre ellos Geovanni Marroquín Navas y Álvaro Omar Franco Chacón, exintendente de la SAT.

No obstante, el juez suplente Fredy Ariel Leonardo Hernández, benefició solo a tres personas, Gilda Marina Maldonado García, Carlos Ixtuc Cuc, Melvin Gudiel Alvarado de León a quienes les dio arresto domiciliarios y fianza de Q50 mil.

Otros procesados

Se prevé que un tercer grupo de igual número de acusados, entre ellos Claudia Méndez, solicite medida sustitutiva la próxima semana.

Ozama Aziz Aranki y Sebastián Herrera Carrera, vinculados mismo caso, fueron beneficiados por Gálvez con arresto domiciliario y la obligación de firmar el libro cada 15 días.

El juzgador aceptó otorgarle arresto domiciliario a Aziz Aranki porque padece cáncer pulmonar y requiere atención médica especializada. Aziz Aranki es señalado de casos especiales de defraudación aduanera y cohecho activo.

En cuanto a Herrera Carrera, quien ocupaba el puesto de jefe de Recursos Humanos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cuando se dieron los hechos por los cuales se le juzga, Gálvez consideró que ya cumplió un poco más de la mitad de la pena —tres años— para el delito de asociación ilícita.

Por este caso ya fueron enviados a juicio los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, supuestos cabecillas de la red de defraudación aduanera La Línea.

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Fuente: Anthony Swana, Gerente de CPX. Tel: 2311-2929

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La protesta se dio luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) sacaran a luz la red de defraudación aduanera conocida como la Línea, y que involucraba a altos funcionarios públicos y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Álvaro Montenegro, integrante de JusticiaYa!, indicó por teléfono que para conmemorar esa fecha importante para la ciudadanía, desde mañana, en la Casa de Cervantes, ubicada en la 5a. calle y 5a, avenida de la zona 1, se sostendrá una reunión con todos los colectivos para aportar ideas y sacar un manifiesto que se haría público el 25 de abril.

“Queremos hacer una asamblea ciudadana el 23 de abril; pero para esto vamos a tener una reunión en la Casa de Cervantes, zona 1, a las 16 horas, y lo que buscamos es tener un lineamiento de todos los colectivos para sacar un manifiesto ciudadano que tenga exigencias y una ruta de hacia donde debemos ir”, explicó Montenegro.

La reunión se hará luego de que finalice una manifestación en favor de la salud, la que se convocó para las 15 horas.

Sector Justicia

Montenegro señaló que los lineamientos incluyen darle seguimiento a la reforma constitucional del sistema de justicia, que es continuidad de lo que se exigió en el 2015 para fortalecer la carrera judicial.

Las manifestaciones en la Plaza de la Constitución se dieron para exigir la renuncia, primero, de Roxana Baldetti y, posteriormente, la de Otto Pérez Molina.

Los ciudadanos manifestaron durante 20 sábados seguidos para expresar así su malestar y rechazo por los actos de corrupción e impunidad en el país.

Roberto Garza, portavoz de la entidad, dijo que por orden de juez a la exmandataria se le han efectuado 18 evaluaciones médicas desde que fue detenida y ha manifestado problemas de salud.

La nueva orden llegó este jueves al Inacif. Garza explicó que los médicos deben entregar su informe en las próximas 48 horas por lo que podrían llevar a cabo el chequeo y entregar el informe antes del domingo.

El vocero explicó que a la ex vicemandataria le hacen un chequeo general que incluye medición de la presión arterial, temperatura y signos vitales entre otros.

Trasladada

El 6 de noviembre último, Baldetti fue trasladada a un hospital privado en la zona 4 de Mixco por orden del juez Gálvez.

En esa fecha, el juzgador autorizó el traslado de la exfuncionaria al centro asistencial para que la evaluaran y ordenó que le retiraran el catéter que le habría provocado deterioro de su salud.  También pidió que la ex vicepresidenta permanezca el tiempo necesario en el nosocomio hasta que su salud sea estable.

Francisco García, médico del Inacif, dijo durante la audiencia que el catéter podía ser retirado en el centro preventivo para mujeres. García también recomendó someter a Baldetti a un examen gástrico para saber si hay riesgo de otras infecciones.

En la misma audiencia se conoció que el cuadro diarréico y fiebre que aquejan a la exfuncionaria se derivan de una cirugía estética a la que se sometió.

Baldetti es señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser una de las cabecillas de La Línea y está sindicada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El juzgador señaló en su resolución que hay posibilidades de obstaculizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por lo que ordenó su internamiento en la referida cárcel. Mientras que por el delito de prevaricato dictó arraigo y una medida sustitutiva de Q200 mil.

“Es una resolución ridícula”, dijo jueza Marta Sierra de Stalling luego de oír que va a prisión.

“No me arrepiento”

La juzgadora indicó que es “contradictoria” la resolución porque por un delito le otorga medida sustitutiva y por otro la envía a prisión preventiva. Al mismo tiempo afirmó “no me arrepiento de nada -de haber otorgado medidas sustitutivas a seis presuntos cabecillas de la red La Línea-, porue esa fue mi decisión fundamentada en derecho y objetiva y no soy un monigote ni un títere”.

Agregó “ninguno se acercó a hablarme ni abogados defensores ni sindicados, los únicos que ingresaron a mi despacho que llegaron a hacerme solicitudes fueron los tres fiscales del Ministerio Público”.

Subrayó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decieron retirarle la inmunidad por el “miedo” que le tienen a la Cicig, “ahorita nos tienen de rodillas a todos porque no podemos resolver conforme a la ley ni en forma objetiva sino que estamos supéditados a las órdenes de la Cicig”, puntualizó la jueza.

Sierra de Stalling, señaló que tenía previsto retirarse del Organismo Judicial este año.

Se incurre en prevaricato cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Las palabras que el juzgador dijo a Sierra de Stalling al tomar la decisión fueron: “Creame que es una decisión difícil de tomar”.

Cambia abogado

A partir de ahora se conoce que el abogado Francisco García Gudiel, será el defensor de la jueza en sustitución del profesional Eddy Enrique Siu Puac.

Se sabe que García Gudiel laboró con Sierra de Stalling como oficial en el Juzgado Octavo de Instancia Penal. La jueza ha estado a cargo de dicha judictura el año 1997.

Sierra de Stalling, fue detenida ayer martes después de perder la inmunidad el pasado nueve de septiembre, supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a integrantes de la estructura de corrupción aduanera La Línea, que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) establecieron que dicho acuerdo para liberar a los integrantes de la red fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los líderes de “La Línea”, y quien se encuentra prófugo de las autoridades.

Sierra de Stalling se presentó este martes de manera voluntaria al Juzgado Undécimo de Instancia Penal, el cual ordenó su captura señalada por el MP y la Cicig por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, por su presunta vinculación con el denominado Bufete de la Impunidad, que habría beneficiado a integrantes de la estructura de defrauduación aduanera conocida como La Línea.

Según fuentes oficiales, el 16 de abril último, cuando se efectuaron las capturas de los integrantes de La Línea, una persona cercana al Juzgado negoció con varios de los abogados que tomaron la defensa del caso, entre quienes está Jorge Luis Escobar Gómez.

Se cree que la negociación habría sido para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura señalada por supuestamente haber defraudado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de las aduanas.

La Fiscalía y la Cicig detallaron que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad a Javier Francisco Ortiz Arriaga, alias el Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana, Estuardo González Álvarez, alias Eco, y otros cuatro supuestos integrantes de la red.

El MP cuenta con grabaciones de las conversaciones telefónicas sostenidas por los defensores con los detenidos en el caso La Línea, en las cuales se menciona a la jueza y a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, presidenta de la Cámara Penal, de la CSJ. Las funcionarias son cuñadas.

Ortiz Arriaga, Lemus Aldana, González Álvarez y Mónica Patricia Jauregui Zamora fueron beneficiados con libertad por el pago de una fianza de Q200 mil cada uno, mientras que José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc cancelaron cauciones económicas de Q250 mil cada uno.

Vengo a que se aclare mi situación

La juzgadora indicó que se presentó a su judicatura de forma normal y se enteró que había una orden de aprehensión en su contra por lo que acudió al Juzgado Undécimo de Instancia Penal para aclarar su situación jurídica.

“Me enteré a raíz de todos los movimientos que observé anoche alrededor de mi casa que tenía que tratarse de un hecho proveniente de este proceso, por lo cual esta mañana me presente aquí en el juzgado -Undécimo de Instancia Penal- y me enteré que efectivamente hay una orden de aprehensión en mi contra por lo que me presento en forma voluntaria a resolver mi situación jurídica esperando que con los elementos que existen dentro del presente proceso se evidencia que son imputaciones completamente falsas”, afirmó la juzgadora en la sala de audiencias a la espera de la diligencia en donde el juez José Eduardo Cojulún llevará a cabo la diligencia de primera declaración.

Explicó que su defensa se fundamenta en las actas y resoluciones que ella emitió al momento de ligar a proceso a los detenidos por el caso La Línea.

Argumentó que se le recrimina el otorgamiento de medidas sustitutivas a los presuntos cabecillas de la red de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria. “La Ley me otorga la potestad de poderlas otorgar siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la legislación establece y que supuestamente yo habría recibido una cantidad de dinero”, expresó Marta Sierra.

Calificó su situación como “muy delicada” y que tendrá que resolver su situación jurídica. Además señaló que con los señalamientos en su contra “se evidencia una inestabilidad en el sistema judicial”.

Manifestó que tiene 38 años de laborar en el Organismo Judicial y que éste es el primero señalamiento en su contra.

Al final el juzgador decidió suspender la audiencia para este miércoles y enviar a prisión a la cárcel de Matamoros a Marta Sierra.

Una desmejorada Claudia Méndez se presentó por tercera vez ante el juez Gálvez, está vez a diferencia de la audiencia del pasado viernes la detenida llamó la atención  de los fiscales y del propio juez, Méndez tuvo un derrame en el ojo izquierdo, un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses la evaluó y explicó que la detenida también padece infección urinaria y amigdalitis.

En la audiencia que duró cinco horas la ex intendente de Aduanas respondió a cada pregunta que le hiceron los fiscales del Ministerio Publico y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), además del representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Usted recibió autorización para tocar temas de la SAT con el señor Estuardo González? ¿Puede precisar?, preguntó el fiscal de la CICIG a Méndez, ella respondió: “Fueron verbales, cuando el señor Omar Franco nos llevó a todos, al  gerente de planificación a todos los intendentes a la mesa con Siglo 21. Las reuniones con Siglo 21 comenzaron con el anterior intendente, Carlos Muñoz, y se materializaron con Omar Franco”,

“Hay publicaciones de prensa de esas reuniones”, dijo Mendez.

En otra parte de la declaración menciona que Eco, fue respetuoso con ella, contó que hablaron de cómo está la familia. “A veces uno se convierte el paño de lágrimas de otras personas, pero no sabe la lección de vida que tengo con esto”.

Otra pregunta fue, ¿usted se reunió con el señor González fuera de las instalaciones del SAT? “Me recuerdo de él – Eco – lo identificaba bastante bien, en esa oportunidad a mí me llevó el superintendente en su vehículo a atender una reunión a la Presidencia de la República, en la reunión se habló de qué estaba pasando con los temas de recaudación”

Méndez detalló que ella sabía que los problemas estaban en tributo interno, “me percate que estaba presente este señor  – Eco –,  ahí supe que había conocimiento entre el Ejecutivo y la persona y lo confirme con una publicación que hizo Siglo 21 de dos páginas y aparece este señor González dándole la mano al señor presidente”.

¿Quiénes concretamente asistieron  en esa reunión? “A él lo ubique –Estuardo González–,  de la  SAT, el  superintendente y mi persona, ¿quiénes eran las demás personas? No lo sé. Yo iba a las reuniones por orden del superintendente hay reuniones donde habían personas extranjeras.

¿Y del gobierno, qué personas estuvieron presentes? El superintendente y de ahí de las demás no había personas del Ejecutivo que yo recuerde.

¿Esa reunión dónde se llevó a cabo? En casa presidencial. ¿Y no había alguien del gobierno? Bien, El señor presidente.

¿Usted sabía cuando era intendente de aduanas de la existencia de una organización que estuviera relacionada con unos cobros de cola para afectos de agilizar el ingreso de mercadería al país? “Que existiera una estructura como tal, no, con nombres y apellidos, no, que había problemas en las aduanas, yo mismo le dije a usted –fiscal de la CICIG– y a su investigador cuando llegué a la oficina de Cicig que algo estaba pasado porque nuestras auditorias reflejaban que habían muchos problemas de valoración y de mala clasificación arancelaria. Yo no sabía con nombres y apellidos de todas esas personas que han aparecido”.

Méndez explicó habló con los investigadores de CICIG a quienes entregó información y detalles de personas, cómo trabajaba la aduana, “con ustedes fui más específica porque entendí que era una investigación”.

Volvamos a la reunión en casa presidencial, ¿el señor presidente no hizo mención cual era la razón de que estuviera el señor Estuardo en la reunión?   “No, no lo hizo, y por eso lo dije en mi declaración, para mí es frustrante, yo no estoy aquí para declarar en favor o en contra de nadie,  yo cuando vi la actitud del señor presidente, dije este señor realmente está preocupado porque decía, y le voy a decir las palabras. ¿Bueno Carlos –Muñoz– cómo estamos con los temas de recaudación? Mire presidente que la regla 97 tres, tenemos estos problemas. ¿Bueno y en la aduanas están mejorando o no, qué están haciendo? Entonces el licenciado Muñoz le decía miré yo sigo en esto y esto. ¿Hay corrupción en las aduanas? Si hay, ¿Por qué no los despide? Yo no puedo despedir a la gente porque no es mi función.

En otra parte del interrogatorio  Claudia Méndez le dice al fiscal de CICIG. “El correo que yo leí, donde dicen que yo soy la jefa junto al teniente Jerez, yo se las di a ustedes, las fotos, yo se las di licenciado, su mirada se clavó en la del fiscal de la CICIG, ahí era más concretado, lo di información y no tuve empacho.

¿Cuantas veces se reunió con CICIG? Preguntó el fiscal. “Fueron frecuentes los encuentros, yo me reuní con el señor Comisionado, luego cuando ustedes cuando llegaron para viéramos quiénes podrían ser los contactos dado a que iba a ser muy difícil que yo llegara –a la sede la CICIG–, luego se definieron quiénes iban a ser los contactos. Las reuniones fueron en el Burger King de Las Américas, Pollo Campero y otra cafetería. Yo sé lo delicado que es hablar de esto y de poner en evidencia a las otras personas.

El fiscal de CICIG, cerró su ronda de preguntas con este cuestionamiento a Méndez. Licenciada en esa ocasión que yo fui a su oficina me percate de la dificultad de entrar a su despacho, ¿por qué el señor Estuardo sí podía entrar tan fácilmente? “No sé qué tipo de dificultad usted tendría para que diga eso”, respondió Méndez.

Gálvez, juez Primera de Mayor Riesgo B, dispuso suspender la audiencia para analizar los todos los medios de prueba que fueron presentados en las dos sesiones por la fiscalía, el descargo de Pérez Molina y el argumento del abogado defensor que piden la falta de mérito por los delitos que es señalado el exmandatario.

A las 15.23 horas, el juzgador afirmó que “lo más prudente” que podía hacer era suspender la audiencia de primera deflación del exmandatario para “hacer un razonamiento lógico y profundo”, de los argumentos que expondrá para sustentar su decisión.

Tras suspendida la audiencia, el exmandatario se acercó a los medios de comunicación que estaban presentes en la sala e indicó que por sugerencia de sus abogados se abstendría de brindar declaraciones porque “el juez no ha tomado una decisión y no quiere interferir en ella con algo que diga”.

De esa forma el que hasta este jueves era el Presidente del país, pasará cuatro días en la cárcel militar del cuartel Matamoros a la espera de que el juez Gálvez determine si hay suficientes elementos de prueba para ligarlo a proceso.

Pérez Molina, es señalado por el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de cometer los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Además el expresidente también sería según el MP y la Cicig, el presunto cabecilla, junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, ya ligada a proceso, de una estructura de defraudación tributaria que habría desfalcado varios millones de quetzales al Estado guatemalteco.

Segundo día de audiencia

El expresidente llegó a las 8 horas y sumó a su defensa a Moisés Galindo, quien también es defensor de los militares retirados Byron Lima y de Efraín Ríos Montt. El juez llegó y  reanudó la audiencia de primera declaración a las 9.48 horas.

Los fiscales del MP continuaron con la presentación de escuchas telefónicas donde resaltó que miembros de la red La Línea hablaban de una reunión en la casa del presidente. También se presentó una escucha de la ex vicepresidenta que mencionaba “poco a poco me voy separando”, suponiendo los fiscales que de los negociosilícitos en las aduanas.

La fiscalía también presentó escuchas donde los miembros de la estructura se alertaban de los operativos del MP y Cicig y donde además negocian una medida sustitutiva, una vez llegaran a los tribunales de justicia y de la compra de un helicóptero supuestamente para Pérez Molina.

Pérez se defiende

Luego de terminar la intervención de los fiscales el juez ordenó el primer receso. A las 11.24 horas el exmandatario comenzó su declaración en la cual comenzó restando crédito a las versiones del MP y aseguró que no le importaba el dinero.

Como ejemplo indicó que cuando en junio de 1993 capturó al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Loera, que en ese momento le ofreció entre 10 y 15 veces más de lo que hoy la fiscalía indica que presuntamente recibió por la estructura.

Pérez también afirmó que asume su responsabilidad por nombrar a los Carlos Muñoz y Omar Franco en la Superintendencia Tributaria, pero afirmó que no tiene nada que ver con la estructura y dijo estar molesto por la forma en que los fiscales se dirigieron ayer a él, pues no “respetaron su derecho de presunción de inocencia”.

Al finalizar su declaración, Pérez Molina recalcó que dará la cara, pero se negó a responder preguntas de la Fiscalía por recomendación de sus abogados, explicó. El juez ordenó un segundo receso.

Piden ligar a proceso

A las 13.50 horas continuó la audiencia y el MP presentó sus argumentos por el cual considera que el juez debía ligar a proceso a Pérez Molina. A esa petición se adhirieron como querellantes la Cicig, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación.

El abogado del exmandatario tomó la palabra y refutó las sindicaciones del MP y afirmó que “se quedó esperando el plato fuerte” y afirmó que de miles de llamadas interceptadas “solo se presentó una y fuera de contexto”.

El legalista también cuestionó el fundamento de los delitos que el MP señala en contra de Pérez y aseguró que no se sabe dónde está el supuesto dinero que el exmandatario recibió por ser integrante de la estructura.

Tras presentar sus argumentos el defensor de Pérez Molina solicita la falta de mérito de los señalamientos en contra de Pérez Molina. También dijo que el juez ya había tomado partido y que debió recusarse de conocer el caso. Acto seguido el juez suspendió la audiencia y retomarla el martes, para poder fundamentar su decisión.

Al final de la jornada y tras la salida del Juez de la Sala, Pérez Molina lució sonriente y estrechó la mano de sus abogados antes de emprender el retorno, de nuevo a la cárcel de Matamoros.

Monzón Rojas de 46 años, según la investigación del Ministerio Público (MP), salió del país el lunes 13. El MP y Cicig detallaron que la orden de captura contra el hombre de confianza de Baldetti se circunscribe al territorio guatemalteco, sin embargo el jefe de la Cicig manifestó que la orden podría tramitarse para que sea capturado en el exterior.
Hace un año, la vicepresidencia publicó que Monzón Rojas devenga un salario mensual de Q 28 mil 864.43. Detrás de Baldetti en la vicepresidencia el cargo de mayor jerarquía lo tiene el secretario privado.
La Cicig y el MP ubican a Juan Carlos Monzón Rojas como uno de los cabecillas de La Línea, su puesto dentro del Estado le habría facilitado información y la libertad para operar sin levantar sospechas dentro del Gobierno.
Con relación a las propiedades, vehículos y otros bienes a nombre del funcionario y terceras personas, la Cicig señaló que serán los tribunales quienes decidirán en su momento si procede una extinción de bienes.

El nombre de Monzón Rojas aparece en varios documentos del Gobierno de turno, pero en 2010, realizó un contrato de compra venta de mil 500 camisas tipo polo con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla por un monto de Q211 mil 400.
El año pasado el funcionario compró una propiedad valorada en US$42mil  unos Q322milen el lujoso condominio Vistas del Ángel, ubicado en Santa Catarina Pinula.
La pesquisa del ente investigador supone que La Línea y el secretario de Baldetti presionaron para que Omar Franco hasta hoy titular la se Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fuera juramentado en el cargo. La posición de Franco en la SAT generó para La Línea mayor control de la estructura paralela y hacerse de mayor ganancia.
El MP descubrió que la organización cobraba desde Q20 mil a Q100 mil quetzales, una persona pudo obtener Q2.3 millones de quetzales en dos semanas.