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Una nueva táctica escalofriante en Nicaragua: detención, luego silencio

Tue, 07 Oct 2025 06:00:00 +0000

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Una nueva táctica escalofriante en Nicaragua: detención, luego silencio

El gobierno autoritario de Nicaragua ha empezado a retener a disidentes sin revelar su paradero ni reconocer su detención. Dos han aparecido muertos.

The New York Times Company

7 de octubre de 2025 | 00:00h

Al menos 15 organizaciones nicaragüenses opositoras en el exilio solicitaron a la Justicia de Costa Rica frenar la extradición del disidente Pedro Javier Fernández . La disidencia sufre persecución. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una noche de enero, la policía llegó a la casa de José Alejandro Hurtado, en la capital de Nicaragua, y le dijo que tenía que acudir a la estación porque alguien había alquilado un coche utilizando su identificación y el vehículo había sido robado. Fue la última vez que se le vio. Hurtado, de 57 años, ingeniero informático y activista político desde hace mucho tiempo, es una de las casi tres decenas de personas que, según grupos de derechos humanos, han sido desaparecidas a manos de las autoridades nicaragüenses, arrebatadas sin que los funcionarios reconozcan su detención ni revelen su paradero.

Esas desapariciones constituyen una violación del derecho internacional y tienen especial resonancia en América Latina, donde esta práctica ha sido un sello distintivo de dictaduras brutales. En Nicaragua, han estado sucediendo en los últimos dos años, la mayoría de ellas más recientemente. Casi la mitad de los 73 presos políticos que los grupos de derechos humanos han documentado oficialmente en Nicaragua no aparecen en ninguna base de datos judicial pública. No han tenido contacto con sus familias y se desconocen los delitos de los que se les acusa. Las familias han ido de prisión en prisión, de estación de policía en estación de policía, en busca de sus seres queridos, sin tener éxito, dicen los grupos de derechos humanos.

El torrente de detenciones arbitrarias sin un proceso judicial transparente constituye una nueva táctica, según los grupos de derechos humanos, en una oleada de opresión política que ha durado ya varios años en Nicaragua. Allí, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobiernan como copresidentes, han eliminado desde el 2018 casi cualquier vestigio de oposición que pudiera amenazar su control del poder. Esto muestra cómo, incluso después de detener y asesinar a cientos de manifestantes y de enviar al exilio a otros cientos, el gobierno autoritario de Nicaragua encuentra nuevas formas de sofocar la disidencia y sembrar el terror entre la población.

Los familiares de los presos desaparecidos temen ahora lo peor, después de que dos de los desaparecidos fueran devueltos recientemente a sus familias, muertos. El 25 de agosto, el cuerpo de Mauricio A. Petri, quien había sido detenido 38 días antes junto con su esposa y su hijo como parte de un golpe contra miembros de una iglesia perseguida por el gobierno, fue entregado a su familia. Las autoridades citaron a los familiares en la oficina de un forense y los escoltaron hasta un cementerio para enterrar a Petri sin darles la oportunidad de realizar una autopsia, dijeron grupos de derechos humanos.

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Cuatro días después, el cuerpo de Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia Católica, que también ha sido objeto de ataques por parte del gobierno, fue devuelto a su familia. Llevaba 15 días detenido. No se facilitó la causa de la muerte en ninguno de los dos casos, y el gobierno no se ha pronunciado públicamente al respecto. stas muertes han alarmado a las familias de los demás detenidos sobre quienes las autoridades no han revelado nada. De esos 33 detenidos desaparecidos, al menos una decena tiene más de 60 años, y varios, como Hurtado, padecen diabetes e hipertensión. Uno de los detenidos desaparecidos tiene 81 años.

Los agentes de policía que se presentaron sin orden judicial para detener a Hurtado y registrar su domicilio en Managua sugirieron cinco estaciones de policía donde la familia podría encontrarlo más tarde, dijo Adolfo, hermano de Hurtado. La esposa y dos hermanos de Hurtado pasaron semanas visitando estaciones de policía y prisiones, donde dijeron que se enfrentaron a rodeos burocráticos y horas de espera. Adolfo Hurtado dijo que cree que fijaron a su hermano como objetivo porque había hecho pública una propuesta de diálogo nacional y elecciones para abordar la crisis política del país.

Los copresidentes de Nicaragua, pero sobre todo Murillo, parecen obsesionados con limpiar el panorama político de cualquier voz independiente que pudiera amenazar la capacidad de Murillo de gobernar si Ortega, que cumplirá 80 años el mes que viene, muere. Murillo, de 74 años, quien también actúa como vocera del gobierno, no respondió a las solicitudes de comentarios. Las desapariciones forzadas tienen una larga y dolorosa historia en Latinoamérica. El término “desaparecido” se convirtió en sinónimo de represión política entre 1976 y 1983 en Argentina, cuando una dictadura militar secuestró hasta 30 mil personas acusadas de disidencia, las torturó y, en cientos de casos, las arrojó al mar desde aviones.

Y en toda Latinoamérica, cientos de miles de personas desaparecidas desde la década de 1970 fueron llevadas a centros de detención secretos, torturadas y ejecutadas. Muchos de sus cuerpos nunca fueron encontrados. Aunque cientos de personas acabaron siendo juzgadas en Argentina, muchos casos de desaparecidos quedaron impunes, dijo María Adela Antokoletz, quien dirige la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Nos damos cuenta de que sigue siendo utilizada la práctica aberrante de la desaparición forzada como un medio de acallar denuncias”, dijo.

Si el Estado se los ha llevado y no dice a las familias dónde están, eso es una desaparición

México, El Salvador y Colombia son tres países de la región donde esta práctica sigue produciéndose, aunque con mayor frecuencia perpetrada por bandas o carteles con el consentimiento de la policía local o los alcaldes, dijo Antokoletz. Las autoridades están obligadas por el derecho internacional a informar a los familiares si tienen detenido a alguien, dijo Barbara Frey, profesora jubilada de la Universidad de Minnesota que coeditó un libro sobre las desapariciones en la América Latina contemporánea. “Si el Estado se los ha llevado y no dice a las familias dónde están, eso es una desaparición”, dijo Frey. “Eso es exactamente lo que dice la definición”.

El término se había aplicado históricamente a las personas desaparecidas durante períodos prolongados, dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas. Pero las autoridades internacionales han reconocido cada vez más que también se aplica incluso a las detenciones secretas de corta duración, como las de Nicaragua, dijo. Brody dijo que se creía que los 33 casos documentados en Nicaragua eran un recuento por debajo del real porque muchas familias tienen demasiado miedo para presentar una denuncia ante organizaciones de derechos humanos.

Las familias han denunciado haber sido hostigadas y amenazadas con ser detenidas o con la confiscación de sus bienes si persisten en su intento de localizar a sus seres queridos, dijeron los expertos en derechos humanos. Entre los desaparecidos hay dirigentes comunitarios, maestros, líderes indígenas, periodistas y pastores. En al menos cinco casos, se detuvo a varias personas de una misma familia. Muchos fueron detenidos durante el verano, cuando más de 50 personas fueron arrestadas en redadas simultáneas. “Es difícil saber por qué se detiene y se desaparece a algunas personas”, dijo Brody.

Angélica Chavarríahas fue vista por última vez en mayo de 2024, el mismo día en que su pareja, Humberto, hermano de Daniel Ortega, fue puesto bajo arresto domiciliario, según organizaciones de derechos humanos. Humberto Ortega murió el año pasado. Thelma Brenes dice que tiene una teoría sobre las desapariciones. Su padre, Carlos Brenes Sánchez, de 70 años, y su pareja, Salvadora Martínez, de 67, según dijo Brenes, fueron detenidos el 14 de agosto en su casa de Jinotepe, a unos 145 kilómetros al norte de Managua. “Si están desapareciendo a personas a quienes no registran en la cárcel, ¿cómo se puede demostrar que hay presos políticos en Nicaragua?”, dijo. “No hay fotos. No está en el sistema. ¿Podemos demostrarlo?”.

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Brenes es coronel militar retirado y opositor de Ortega desde hace mucho tiempo. Fue detenido en 2018 cuando denunció los abusos del gobierno tras unas protestas callejeras masivas, pero quedó en libertad un año después en virtud de una ley de amnistía. Había estado cumpliendo las condiciones de su excarcelación, como presentarse periódicamente ante la policía y no salir del país, cuando fue detenido sin explicación alguna, dijo su hija. “Queremos una prueba de vida”, dijo Brenes.

Claudia Pineda, portavoz de Blue and White Monitoring Group, organización de derechos humanos que realiza un seguimiento de las detenciones por motivos políticos, dijo que la asamblea legislativa controlada por los sandinistas modificó el código penal en 2021 para permitir que una persona permanezca detenida sin cargos hasta durante 90 días. Una posible vía de ayuda para los detenidos desaparecidos y sus familias sería presentar un recurso de habeas corpus para exigir su puesta en libertad.

Pero el gobierno ha inhabilitado a cualquier abogado que pudiera estar dispuesto a aceptar casos tan arriesgados, dijo Salvador Marenco, abogado nicaragüense de derechos humanos que huyó a Costa Rica hace dos años. Todas las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, incluida la suya, han sido clausuradas por el gobierno, y algunas se trasladaron a Costa Rica. “Entonces, ¿hubo oportunidad de usar un recurso de apelación? ¿Hubo oportunidad de presentar alguna prueba? ¿Hubo oportunidad de que alguien dijera ‘esta persona es inocente’?”, dijo Marenco. “La respuesta es no”.

Es difícil, dijo, defender a alguien contra un “caso fantasma” que, oficialmente, no existe.

Congreso sin agenda clara para el primer receso legislativo de 2025

Wed, 28 May 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Congreso sin agenda clara para el primer receso legislativo de 2025

La oposición asegura que se debe seguir con la agenda que ordenó la CC, pero el oficialismo considera que se puede promover una nueva agenda bajo consensos.

Douglas Cuevas

28 de mayo de 2025 | 00:05h

El pleno del Congreso levantó su última sesión por inasistencia de diputados.(Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

El Congreso no tiene una ruta de trabajo definida para el primer período de receso legislativo, que comprende del 16 de mayo al 31 de julio. Lo que podría significar semanas de inactividad a cambio del cobro de robustos salarios, al seguir vigente el incremento de sueldo para los congresistas.

La razón de la inactividad, a criterio de diputados de oposición, se debe a que algunas fuerzas del oficialismo se han dedicado a “bloquear” las sesiones, impidiendo continuar con el trabajo desde el pleno del Congreso.

Por su parte, el oficialismo considera que todo se debe a que hace falta llegar a acuerdos entre los distintos bloques, añadiendo que se encuentran en procesos de diálogo para poder definir una agenda parlamentaria de país.

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Independientemente de cuál de las dos versiones sea la acertada, los diputados no tienen un plan de trabajo claro ni siquiera para junio, según diputados consultados de distintos bloques parlamentarios.

“Creo que el tema debería de comenzar a encausarse. Lamentablemente no ha habido los consensos necesarios y eso es evidente. Se evidencia que no hay mayores acuerdos dentro de los bloques legislativos”, opinó el diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor.

Pero aunque el escenario no parezca el más alentador, la diputada Victoria Palala, electa por Movimiento Semilla, asegura que es posible llegar a acuerdos para que se concreten proyectos legislativos de país en las semanas de receso parlamentario.

“Esperamos que el Congreso se desentrampe y se logre contener lo que se estaba dando. Creo que hay una conciencia de los diputados en retomar la agenda de país y estamos buscando esos acercamientos”, dijo.

¿Agenda establecida?

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al pleno del Congreso sesionar con una agenda establecida, debido a que la sesión anterior se levantó, quedando en el aire una serie de temas que fueron mocionados por diputados de oposición, quienes llegaron a la Corte por medio de un amparo que fue otorgado de manera provisional.

Entre los temas incluidos en esa sesión se encuentra la elección del primer secretario de la Junta Directiva, la elección del representante del Congreso ante la Junta Monetaria y la posible reasignación de las presidencias de las comisiones de Finanzas y Energía y Minas.

Para el oficialista Samuel Pérez, electo por Movimiento Semilla, quien recientemente presentó el proyecto político Raíces, esa agenda ya no se debe volver a incluir, ya que el Congreso convocó con esa propuesta de temas.

“Es un buen momento para reconstruir las mayorías dentro del Congreso, para reorganizar las fuerzas internas. Creo que sí podemos dar resultados si llegamos a los consensos de la agenda legislativa”, dijo Pérez.

Pero el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, considera que la visión del oficialismo es equivocada, ya que aunque esa sesión comenzó, la misma se levantó por falta de quórum, lo que impidió abordar cada uno de los temas que ordenó en el provisional la CC.

“¿Qué clase de convocatoria puede hacer el presidente del Congreso si ni para conocer acciones propias del Congreso lo ha llevado a cabo? Tenemos una falta de liderazgo muy evidente”, indicó Aldana.

Por su parte, Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, ve complejo que se pueda avanzar en algún tema durante junio, pero destaca que por ahora ellos siguen trabajando. “Cabal es una bancada distrital y todos los diputados están trabajando en sus distritos hasta que exista convocatoria al pleno”.

Estancamiento legislativo: el Congreso cierra primer periodo en disputa por puestos de poder

Wed, 14 May 2025 06:08:00 +0000

Guatemala

Estancamiento legislativo: el Congreso cierra primer periodo en disputa por puestos de poder

La décimo novena sesión ordinaria, que se reanudó en tres ocasiones se levantó por falta de quorum. Ni la oposición ni el oficialismo logran mayoría para definir la primera secretaría, presidencia de comisiones y otros cargos clave.

Carlos Gómez

14 de mayo de 2025 | 00:08h

Los diputados durante la sesión del 13 de mayo en la que se trató de continuar con la agenda de la alianza de oposición. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

A pesar de haber contado por segunda ocasión con el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) para continuar con la décimo novena sesión ordinaria, los bloques opositores no lograron aprobar una agenda legislativa que les beneficiara con la redistribución de comisiones, cambios en la Junta Monetaria y principalmente en la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Esta situación ha provocado que el primer período ordinario de sesiones de este año finalice con un estancamiento en el Legislativo, ya que tanto los bloques que apoyan al oficialismo como la alianza de oposición no cuentan con los votos suficientes para poder impulsar una agenda que tenga beneficios para todas las partes.

Al inicio de la sesión, el presidente del Congreso, Nery Ramos, solicitó al segundo secretario, Mario Ernesto Gálvez, que se corroborara de manera física la asistencia de los diputados, en cumplimiento de lo ordenado por la CC en el expediente 3051-2025, que dio con lugar la debida ejecución que fue presentada por los bloques opositores encabezados por Allan Rodríguez, de Vamos.

Fue así como se procedió a tomar la asistencia de viva voz de los diputados, por medio del listado y en orden alfabético, que dio como resultado la asistencia de 146 diputados presentes y 14 ausentes en el hemiciclo.

Posteriormente, Gálvez procedió a leer la resolución de la CC que ordenaba nuevamente la reanudación de la sesión. También se dio lectura a la resolución del amparo otorgado al bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que solicitó la destitución de la diputada Karina Paz de la primera secretaría del Congreso, lo que terminó con su remoción.

Además, se leyó el oficio del jefe de bancada de VOS, Jairo Flores, quien comunicó la decisión de su bloque de no ocupar nuevamente dicho cargo, argumentando diferencias con las decisiones del resto de la directiva.

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Una vez finalizada la lectura de resoluciones y oficios, se procedió a abordar el primer punto de la agenda propuesta por la oposición: la elección del nuevo primer secretario. Fue entonces cuando el diputado Nery Rodas, del bloque Cabal, solicitó la revisión del quorum.

Ramos accedió a la solicitud y ordenó a los parlamentarios registrar su asistencia mediante huella digital. No obstante, solo 75 diputados permanecían en el hemiciclo, por lo que se declaró la falta de quórum y se levantó la sesión.

Reacciones

Al término de la sesión, Samuel Pérez del bloque oficial, afirmó que esta era “otra gran derrota para Allan Rodríguez, Sandra Torres y sus diputados”, al evidenciar que no contaban con los votos necesarios para aprobar la agenda que impulsaban, y que así seguirá ocurriendo “las veces que sean necesarias”.

En cuanto al interés del bloque opositor para elegir en esta sesión al primer secretario de la Junta Directiva, Pérez dijo que los intereses son “golpistas y son en contra del pueblo de Guatemala”, ya que pretenden volver nuevamente al “sistema de corrupción y saqueo del erario”. También aseguró que buscarán consenso con otros diputados afines para proponer a un candidato a ocupar la primera secretaría.

Rodríguez, jefe del bloque Vamos, comentó que los diputados afines al Gobierno rompen quórum, ya que “tienen temor” de que la alianza opositora cuenta con los votos para aprobar la agenda que impulsan. También indicó que tuvieron conocimiento de que diputados de varios bloques legislativos fueron citados al Ministerio de Finanzas, donde fueron “amenazados” por el ministro Jonathan Menkos para que apoyaran al bloque oficial, ya que de lo contrario no recibirían fondos para proyectos en sus localidades, por lo que varios accedieron.

Además, el opositor puntualizó que su bancada desistió de proponer a algún candidato a la primera secretaría, y se consensuó con diputados de otros bloques para que ellos propongan al candidato a ocupar el cargo.

Ni de un lado ni del otro

Inés Castillo, jefe del bloque UNE, resaltó que el resultado que pudo observarse la tarde de este martes en el hemiciclo refleja que “no están los votos de ningún lado”, por lo que ahora procede buscar un acuerdo político a este problema que mantiene estancado al Congreso.

“Aquí hay que discutir una agenda política, hay que limar las asperezas de lo que ha pasado en el Congreso de la República y que el presidente -Ramos- también le baje un par de rayitas a su comportamiento”, expresó el parlamentario, quién agregó que la alianza de oposición no ha perdido fuerza.

En cuanto a un posible candidato a la primera secretaría, indicó: “Conforme se van comportando las fuerzas políticas será en el momento de la propuesta que se conocerá quién es el candidato”.

Asimismo, acerca del desarrollo de la sesión ordinaria, el presidente del Congreso, Nery Ramos, declaró que se realizó “en estricto cumplimiento a lo establecido por la Corte de Constitucionalidad”. Así también, hizo un llamado a los diputados de los diferentes bloques para que continúen el proceso de diálogo y buscar los acuerdos en torno a una agenda legislativa que atienda las demás de los guatemaltecos.

En cuanto a la primera secretaría, expuso que continuarán los diálogos y se agendará dentro del plazo establecido en la ley del Organismo Legislativo.

Termina el primer periodo ordinario de sesiones

Debido que en la última semana no se convocó a la instancia de jefes de bloque y no se aprobó ninguna agenda de sesiones para esta semana a consecuencia de la resolución de la CC para continuar con la 19 sesión ordinaria que se realizó el pasado martes, no habrá sesión ordinaria el jueves 15 de mayo, por lo que concluye el primer período ordinario de este año.

Para conformar la comisión permanente, sin dar detalles, Ramos informó que se estará llevando a cabo dentro del plazo que la ley determina.

Oposición y oficialismo medirán fuerzas por la primera secretaría del Congreso

Tue, 13 May 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Oposición y oficialismo medirán fuerzas por la primera secretaría del Congreso

Se espera que la elección se concrete hoy en la continuación de la décimo novena sesión ordinaria. El puesto en la junta directiva quedó vacante por la expulsión de la diputada Karina Paz del bloque VOS.

Carlos Gómez

13 de mayo de 2025 | 00:05h

Los diputados que integran la alianza opositora, que lidera el jefe del bloque Vamos Allan Rodríguez, lograron un amparo que ordena la continuación de la décimo novena sesión ordinaria del Congreso. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Tres posibles candidatos se mencionan para ocupar la primera secretaría del Congreso, uno de los principales puntos en la agenda que la alianza de bloques de oposición busca abordar en la continuación de la décimo novena sesión ordinaria, para cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad.

La alianza, encabezada por los diputados Allan Rodríguez, Álvaro Arzú Escobar, Inés Castillo y Felipe Alejos, logró que la Corte declarara con lugar la debida ejecución de un amparo que interpusieron para continuar con la plenaria.

Entre los candidatos a ocupar la primera secretaría se menciona a los diputados Héctor Antonio Aldana Reyes y Ronald Portillo Cordón, ambos del bloque legislativo Vamos, así como al diputado César Augusto Fión Morales, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien forma parte del grupo de diputados disidentes de esa bancada.

Por su parte, la diputada Hellen Ajcip sería otra opción, propuesta por el grupo de bancadas opositoras. La parlamentaria preside actualmente la Comisión de Probidad.

Según se tiene conocimiento, la candidatura de Héctor Aldana estaría siendo promovida por los bloques opositores que buscan cambios en la agenda legislativa y que están integrados por diputados de Vamos, Todos, Unionistas, Valor, Nosotros, Elefante y diputados de la UNE afines a Sandra Torres.

Mientras tanto, la propuesta de César Fión contaría con el respaldo de bloques que apoyan al oficialismo, entre ellos los diputados del Movimiento Semilla —declarados independientes por orden judicial—, Cabal, Creo, Partido Azul, Victoria, Bien y disidentes de la UNE, grupo del cual Fión forma parte. El congresista comentó que no ha recibido una propuesta formal sobre su participación para ocupar la primera secretaría y confirmó que, si su nombre ha sido sugerido, es por parte del grupo de disidentes al que pertenece, y no del grupo afín a Sandra Torres, encabezado por Inés Castillo.

En cuanto a la propuesta del diputado Ronald Portillo, se menciona que podría ser una opción apoyada incluso por diputados de la alianza oficialista. Sin embargo, Portillo afirmó desconocer el tema de su posible postulación a la primera secretaría.

En la tarde del lunes también surgieron los nombres de las diputadas Sonia Gutiérrez, de Winaq, y Hellen Ajcip, del bloque Elefante, como posibles candidatas a ocupar la primera secretaría. En 2024, la diputada Sonia Gutiérrez integró la primera Junta Directiva del Congreso, presidida por Nery Ramos, en la cual ocupó la quinta secretaría. Según se ha conocido, la diputada estaría siendo propuesta por el grupo de bancadas que apoyan al oficialismo en el Congreso. Actualmente, Sonia Gutiérrez preside la Comisión de la Mujer.

La primera secretaría quedó vacante por la expulsión de la diputada Karina Paz del bloque Voluntad, Oportunidad y Desarrollo (VOS), que ha desistido de su interés por mantener esa posición en la directiva. La alianza opositora también persigue el cambio en las presidencias de salas de trabajo, como la de Energía y Minas y la de Finanzas, así como la representación ante la Junta Monetaria.

Un cargo de peso

Entre las principales funciones del primer secretario está velar por el cumplimiento expedito de las resoluciones de los asuntos que se discuten en el Congreso, así como de las 32 comisiones de trabajo. También debe garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas internas. Otra función relevante es la fiscalización de los gastos, compras y administración de los recursos del Legislativo, así como el control de las contrataciones.

Cabe recordar que el tema de las contrataciones ha estado bajo la lupa en el Congreso, debido al uso de plazas como pago de favores políticos y a negociaciones para beneficiar a diputados y allegados. En la séptima legislatura, durante la presidencia de Luis Rabbé, en 2016, varios diputados fueron beneficiados con plazas fijas y fantasmas, y fueron ligados a proceso penal, incluido Rabbé.

En 2024, cuando la diputada Karina Paz estuvo al frente de la primera secretaría, se realizó una revisión de los contratos de todos los trabajadores y asesores bajo el renglón 022, así como de los salarios que devengaban. Según afirmó en su momento la congresista, las contrataciones y los salarios se dispararon durante la novena legislatura, presidida en sus primeros dos años por Allan Rodríguez y en los dos años restantes por Shirley Rivera, ambos del bloque Vamos. Por ello, el año pasado se suspendieron las contrataciones en el Congreso.

Oposición sin los votos

Respecto de los tres posibles candidatos a la primera secretaría del Congreso, el diputado Samuel Pérez, del bloque oficial, indicó que únicamente ha escuchado que se quiere impulsar a Héctor Aldana.

Se buscó la postura del diputado Héctor Aldana sobre su posible nominación pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Sobre los otros cambios en la agenda que la oposición busca aprobar este martes, Pérez indicó: “Se han escuchado algunos movimientos; sin embargo, como quedó evidenciado en la sesión pasada, no tienen los votos. Yo creo que eso es lo que se va a repetir en esta sesión, y más bien hay conversaciones de parte nuestra también con varios diputados para poder orientar de una manera correcta la sesión plenaria”.

Apoyo de la CC a la oposición

“La CC lo que está haciendo es respaldar a la alianza de oposición, respaldar la continuidad de este quiebre democrático en el país, porque ellos están especialmente interesados en la continuidad de estas lógicas de cara a los procesos claves que vienen el otro año, entre ellos el cambio de los magistrados de esa instancia. Probablemente, algunos de ellos quieren continuar como magistrados de la CC”, afirmó el politólogo Renzo Rosal, en relación con la orden de esa Corte para que hoy se continúe con la décimo novena sesión ordinaria.

Perfiles de los posibles candidatos

Héctor Aldana fue electo por el partido Vamos en 2023. Ocupó varios cargos en el gobierno de Alejandro Giammattei: asesor en el Organismo Ejecutivo en 2020; en 2021 fue nombrado subsecretario general de la Presidencia, cuando la actual magistrada de la CC, Leyla Lemus, se desempeñaba como titular de la citada secretaría. En 2022 fue nombrado viceministro de Transporte del CIV. En 2023 trabajó como asesor del bloque Vamos y ese mismo año fue nombrado fiscal del partido ante el TSE durante el proceso electoral.
Ronald Portillo fue electo por el partido Vamos en 2023. Antes de ser diputado se desempeñó como viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito en 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. En 2017 y 2018 trabajó como asesor de la Comisión de Gobernación y como asesor de bancada en el Congreso de la República.
César Augusto Fión fue electo como diputado al Congreso de la República por primera vez en el proceso electoral de 2019 con la UNE, y fue reelecto en el proceso electoral de 2023 nuevamente con dicho partido. Forma parte del grupo de diputados disidentes de la UNE que se han desligado de las directrices de Sandra Torres y que han apoyado en varios temas e iniciativas a los diputados que respaldan al oficialismo.
Sonia Gutiérrez fue electa por la coalición URNG-Winaq en 2023. Formó parte de la primera Junta Directiva del Congreso presidida por Nery Ramos, en la cual ocupó la quinta secretaría. Llegó al Congreso por primera vez en la novena legislatura, electa por el partido Winaq.
Hellen Ajcip fue electa por el partido Comunidad Elefante en 2023. Llegó al Congreso por primera vez en la novena legislatura con el partido VIVA. En 2020 fue vinculada con el caso denominado “Comisiones Paralelas”, investigado en ese entonces por la FECI, a cargo del exfiscal Francisco Sandoval.

La presidencia del Congreso coordina seguridad

El presidente del Congreso, Nery Ramos, giró instrucciones a la Guardia Parlamentaria para que coordine con el Ministerio de Gobernación y que, por medio de la Policía Nacional Civil, se garantice el ingreso al pleno de los 160 diputados, y así continuar con la reanudación de la 19ª Sesión Ordinaria.

Ramos también envió un oficio al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para que se realicen las gestiones necesarias para cumplir con la orden de la CC y se designe a los elementos de la PNC que resguarden las instalaciones del Congreso de la República y la seguridad de los diputados durante el desarrollo de la sesión, que ha sido convocada para este martes 13 de mayo a las 14 horas.

Fracturas y reacomodos en los bloques redibujan el poder en el Congreso

Mon, 12 May 2025 06:09:00 +0000

Guatemala

Fracturas y reacomodos en los bloques redibujan el poder en el Congreso

El primer periodo de sesiones del Poder Legislativo entra en su recta final con cambios, recomposición y divisiones, tras la fractura de algunas alianzas y acuerdos entre las bancadas.

Carlos Gómez

12 de mayo de 2025 | 00:09h

Interacción entre los diputados de diferentes bloques el 8 de de mayo, antes de continuar con la interpelación al ministro de Salud. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

El Congreso cuenta con 16 bloques, y al menos ocho integran la alianza de oposición. No obstante, las pugnas y divisiones internas hacen que no todos los integrantes de las bancadas voten en el mismo sentido.

La votación para modificar el orden del día de la décimo novena sesión ordinaria, el pasado 29 de abril, permite identificar a los bloques que comparten el interés por concretar cambios en la primera secretaría del Congreso, en las presidencias de comisiones de trabajo y en la representación ante la Junta Monetaria.

El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, propuso un cambio en el orden del día, que contó con el apoyo de 89 diputados de 12 bancadas. Los bloques Elefante, Nosotros, Todos, Unionista, Valor, Vamos y Vos votaron de forma unánime a favor.

En ese punto, la sesión se levantó por falta de quórum, aunque la oposición señala al presidente Nery Ramos de actuar de forma irregular, por lo que acudieron ante la Corte de Constitucionalidad para que se reanude la sesión. Este extremo deberá cumplirse mañana, 13 de mayo.

UNE: entre reconciliaciones y rupturas

El desglose de los votos aporta datos sobre fracturas, como la del bloque UNE, que se ha dividido en dos grupos. El jefe de la bancada, Inés Castillo, forma parte del grupo afín a Sandra Torres —secretaria general del partido—, pese a que, a inicios de la décima legislatura, en 2024, Torres promovió su expulsión del bloque UNE, en represalia por el respaldo que Castillo y otros diputados le concedieron a Bernardo Arévalo para que tomara posesión como presidente y para que se eligiera una junta directiva afín al Poder Ejecutivo.

Este año parece que se han limado asperezas y se buscaría un fin común dentro del Legislativo, al apoyar la agenda impulsada por la alianza de bancadas opositoras en el Congreso. Cabe recordar que, en las últimas legislaturas, Torres ha incidido en las decisiones de la bancada UNE con la finalidad de mantener cuotas de poder al apoyar ciertas iniciativas.

El segundo grupo de la UNE está encabezado por el diputado Adim Maldonado, quien ha expresado inconformidad con las acciones y directrices de Torres. Esto se evidenció en enero de 2024, cuando Maldonado había sido propuesto como primer vicepresidente del Legislativo dentro de la planilla conformada por bancadas afines al oficialismo; sin embargo, al final tuvo que desistir, debido a que la dirigencia de la UNE solicitó su expulsión del bloque.

Vamos mantiene fortaleza numérica

“Los votos están y están cada vez más firmes y, ojo, cada vez están viniendo más diputados”, afirmó el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, en referencia a que la alianza entre los bloques opositores se mantiene firme y no hay divisiones de algún tipo.

El bloque Valor, encabezado por el diputado Elmer Palencia, tampoco se ve exento de estas divisiones, ya que en la continuación de la décimo novena sesión ordinaria, del pasado 6 de mayo, algunos de sus integrantes no apoyaron la continuación de la lectura de la moción privilegiada que había sido presentada por Palencia. Esto se reflejó en el marcaje de la asistencia de los diputados a dicha sesión.

“Las fuerzas se están poniendo más sensatas; vemos que va perdiendo el grupo presidido por Allan Rodríguez, por el partido Todos, por el partido Valor. El partido Valor se ha partido en sus votaciones. Entonces, de alguna forma, está privando la sensatez”, afirmó el diputado Julio Héctor Estrada, integrante del bloque Cabal y presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Sobre las posibles diferencias en la bancada Valor, Palencia afirmó que todo lo que está sucediendo en el Congreso, así como la conflictividad partidaria e interpartidaria, ha generado un estancamiento en el Legislativo, debido a los conflictos entre los propios partidos políticos y entre los bloques legislativos. “El bloque Valor, los 10 diputados, nos mantenemos unidos, y nuestros conflictos y situaciones los resolvemos de manera interna y salimos como bloque a las sesiones plenarias”, afirmó el congresista, descartando cualquier tipo de divisiones.

“Nuestros conflictos y situaciones las resolvemos de manera interna y salimos como bloque a las sesiones plenarias”.
Elmer Palencia, jefe de bancada Valor.

“Las divisiones de los partidos políticos siempre han existido, pero se consideraban problemas internos y era papel del comité ejecutivo nacional mantener al partido unido. Aunque en la bancada pensaran de manera distinta, se mantenía unida, y el que no estaba de acuerdo con el partido se iba. Pero eran partidos fuertes, con mucho respaldo popular. Así era como se pagaba el costo de irse de un partido”, afirma el constitucionalista y exdiputado Roberto Alejos.

También opina que hoy en día los partidos políticos son tan débiles que a los diputados no les cuesta nada salirse de ellos. Además, dice que la creación de la instancia de jefes de bloque ha debilitado mucho a las direcciones de los partidos. Eso se nota en las divisiones que hay actualmente en el Congreso.

Cabal: Apoyos divididos entre el oficialismo y la oposición

“Las fuerzas se están poniendo más sensatas; vemos que va perdiendo el grupo presidido por Allan Rodríguez, por el partido Todos, por el partido Valor”, expresó Julio Héctor Estrada, diputado del bloque Cabal.

En un video publicado el pasado viernes en redes sociales, el diputado Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, afirmó que los diputados que integran las diferentes bancadas no deben dejarse influenciar por los problemas personales que existen entre él y el diputado Allan Rodríguez, los cuales vienen desde el año anterior, cuando se tuvo conocimiento de un altercado entre ambos congresistas, aparentemente por reclamos hechos por parte de Rodríguez sobre el apoyo que Aguirre brindó a la ampliación presupuestaria presentada por el Ejecutivo en agosto, y para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Ya los números no están como estaban, ya hay alguna intención de enderezar el camino que traía bien establecido el Congreso el año pasado. Entonces, vamos a empezar a tener reuniones con los diputados para poder plantearles una agenda enfocada”, afirmó Aguirre.

“Ya los números no están como estaban, ya hay alguna intención de enderezar el camino que traía bien establecido el Congreso el año pasado”
Luis Aguirre, partido Cabal.

Las divisiones no alcanzan solo a las bancadas opositoras, ya que también se han observado entre los diputados electos por el Movimiento Semilla, quienes no son reconocidos como bloque a partir de una orden judicial. Ese grupo de 23 diputados constituye la mayoría entre los 34 diputados independientes.

En la sesión ordinaria del 29 de abril, el diputado Samuel Pérez presentó una moción para llevar a cabo la discusión de las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, sus colegas José Carlos Sanabria, Brenda Mejía y Mirna Godoy no apoyaron la propuesta. Oficialmente, los diputados de Semilla han negado divisiones internas.

La propuesta de Pérez tuvo el respaldo de 41 congresistas, entre ellos 11 de Cabal, 2 de la UNE y 3 de Vos, además del apoyo de los bloques minoritarios.

Bancadas pequeñas: el peso estratégico de las minorías

El bloque Nosotros, que inició la décima legislatura con tres diputados, se fraccionó desde inicios de 2024, cuando los diputados Vivian Preciado y Rudy Pereira fueron expulsados del bloque porque no estaban afiliados al partido. Únicamente Nadia de León Torres, hija de Sandra Torres, quedó como representante de dicha agrupación, y también se ha aliado con la oposición.

Los bloques minoritarios como Viva, Victoria, Creo, Unionista, Elefante, Winaq y Cambio se han mantenido en su línea y juegan un papel importante en las negociaciones, ya que los votos que aportan pueden hacer la diferencia en la aprobación de leyes y decretos.

¿Qué puntos importantes se definen esta semana en el Congreso? Dos fechas clave marcarán el pulso político

Mon, 12 May 2025 01:00:41 +0000

Guatemala

¿Qué puntos importantes se definen esta semana en el Congreso? Dos fechas clave marcarán el pulso político

Mientras los bloques se disputan espacios clave, temas como la anulación del aumento salarial podrían quedar aplazado.

Sandy Pineda

11 de mayo de 2025 | 19:00h

La pugna política ha dejado temas importantes en pausa, como la anulación del aumento salarial que se aprobaron. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Esta semana será decisiva para el Congreso de la República. Dos fechas marcarán el rumbo del Legislativo: el martes 13 de mayo, cuando debe reanudarse una sesión suspendida por falta de quórum, y el jueves 15, cuando cierra el período de sesiones ordinarias.

La atención está puesta en la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó repetir la sesión plenaria suspendida el pasado 29 de abril.

Según el fallo, los diputados debían retomar el orden del día exactamente donde quedó, lo que implicaba volver a conocer una moción presentada por el diputado Élmer Palencia, del partido Todos.

La próxima sesión ya fue convocada para el martes 13 a las 14.00 horas, pero no será una jornada sencilla. En el último intento, el 8 de mayo, la falta de quórum obligó a suspender la plenaria, pese a tres llamados de asistencia y reclamos de diversas bancadas.

Pugna por el control

Las intenciones de los bloques de oposición, encabezados por los diputados Allan Rodríguez (Vamos), Felipe Alejos (Todos) y Álvaro Arzú Escobar (Unionista), es avanzar en su agenda antes del cierre del período ordinario.

Según los congresistas de diversas bancas, entre sus objetivos están:

Designar a su representante ante la Junta Monetaria
Colocar a un diputado afín en la primera secretaría de la Junta Directiva, en sustitución de Karina Paz
Asumir el control de comisiones clave como Finanzas y Energía y Minas.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, ha denunciado que algunos bloques buscaban “tomar por asalto” la Junta Directiva, mientras que diputados opositores interpusieron el amparo ante la CC por considerar que se les estaba bloqueando el ejercicio de sus funciones.

El pasado 9 de mayo, al intentar cumplir con la resolución de la Corte, Ramos volvió a suspender la sesión ante la imposibilidad de alcanzar el mínimo de 81 diputados presentes.

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Aunque el tablero electrónico marcaba entre 79 y 82 presentes, varios congresistas denunciaron “boicot” y bloqueo de accesos al Legislativo, así como manipulación del sistema de asistencia.

Declaraciones cruzadas

El diputado Samuel Pérez (Semilla) celebró que el fallo de la CC haya impedido “un intento de tomar el control político por la fuerza” y calificó como un “fracaso” los movimientos del diputado Rodríguez.

Según Pérez, el amparo ya no tiene materia, por lo que la sesión pendiente “no tiene sentido político”.

Por su parte, Rodríguez denunció que fueron “boicoteados” para evitar que alcanzaran el quórum, asegurando que a algunos diputados se les impidió ingresar. Afirmó: “Querían bloquear el acceso y aun así algunos logramos colarnos para lograr la mayoría y continuar con la sesión”.

A su vez, el diputado Inés Castillo (UNE) aseguró que hubo “manipulación del tablero” y pidió que el conflicto se resuelva políticamente dentro del pleno.

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Temas relegados

Mientras tanto, otros temas importantes han quedado en pausa, entre ellos la anulación del aumento salarial que los propios diputados se aprobaron semanas atrás.

Aunque varias bancadas se comprometieron a revertir ese beneficio, la confrontación por el control político ha relegado esta discusión y podría no avanzar antes del receso legislativo.

¿Qué viene el jueves?

El jueves 13 de junio es el último día del período de sesiones ordinarias. Ese día vence el plazo para que el Congreso designe a los tres secretarios de la Comisión Permanente, que será la encargada de mantener algunas funciones del Legislativo durante el receso.

En la actual Junta Directiva, solo continúan los vicepresidentes, por lo que hay expectativa sobre quiénes asumirán esos cargos clave.

El cierre del período se convierte, así, en el último escenario para definir cuotas de poder y perfilar la correlación de fuerzas para el segundo semestre del año legislativo.

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La alianza opositora calibra fuerzas frente a las elecciones de segundo grado de 2026

Thu, 08 May 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

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La alianza opositora calibra fuerzas frente a las elecciones de segundo grado de 2026

La imposición de la agenda para tomar puestos de poder en el Congreso, opinan analistas, es sólo un tanteo del terreno político en el que se disputará la renovación de cargos en el MP, la CC, el TSE y la Contraloría.

Carlos Gómez

8 de mayo de 2025 | 00:10h

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, en una reunión con diputados el 7 de mayo de 2025. En la comisión de Asuntos Electorales, bajo la presidencia del partido Vamos, se abordaron diversos temas, como el presupuesto electoral. (Foto Prensa Libre: Bancada Vamos)

El segundo año de la décima legislatura del Congreso de la República ha estado marcado por un reacomodo de fuerzas y la reconfiguración de la alianza opositora encabezada por Allan Rodríguez, del bloque Vamos, y respaldada por otros diputados como Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Felipe Alejos, de la bancada Todos, y Álvaro Arzú Escobar, del partido Unionista.

La alianza ha procurado imponer una agenda que busca ocupar la primera secretaría de la directiva, realizar cambios en las presidencias de las comisiones de Energía y Minas, y de Finanzas Públicas y Moneda, además de relevar al representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Estas dos comisiones son clave para la aprobación del presupuesto del próximo año, previo al proceso electoral, y para una posible ampliación del contrato de explotación petrolera a cargo de Perenco.

De fondo, analistas consideran que el grupo también calibra fuerzas frente a las elecciones de segundo grado, previstas para el próximo año.

El objetivo es recuperar espacios de decisión en el Congreso y definir la agenda y los temas que deben ser conocidos y aprobados dentro del hemiciclo. La alianza tendría como meta, antes del 15 de mayo —cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones—, establecer una agenda de temas puntuales para el segundo periodo, que iniciará en agosto.

Acomodo de cuotas

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, afirmó que la agenda orientada a cambiar a los presidentes de algunas comisiones o a sustituir al representante del Congreso ante la Junta Monetaria tiene un tinte inusual. Obviamente, la oposición liderada por Rodríguez, Arzú y otros busca acomodar las cuotas de poder, ya que ostenta —en este momento— la mayoría parlamentaria.

También aseguró que, de concretarse este aspecto, se alteraría la aplicación de la normativa, la cual establece que los presidentes de comisiones y los representantes del Congreso ante las instituciones son electos por un determinado periodo, por lo que solo sería viable hacer cambios si ocurre una ausencia definitiva, renuncia, fallecimiento, cambio de partido o falta de afiliación partidaria.

Perenco y las comisiones estratégicas

En cuanto a los cambios en las presidencias de las comisiones, Rosal afirma que es evidente que existen intereses específicos, como la aprobación del presupuesto para el año 2026 y la continuidad de las operaciones petroleras de la empresa Perenco, en el parque nacional Laguna del Tigre, en Petén.

“La Comisión de Finanzas y Moneda es determinante porque emite dictamen, discute y hace todos los arreglos en el proyecto de presupuesto para 2026 que el Ejecutivo presentará dentro de unos meses”, dice Rosal.

Y la Comisión de Energía y Minas también es fundamental en torno a Perenco, añade el politólogo. “Recordemos que desde hace algunas semanas se viene planteando el tema de ampliación de la operación de la empresa que explota el petróleo en Guatemala, y esa oposición ha dejado ver su intención de respaldar la continuidad de las operaciones, contrario a la posición del propio Ejecutivo”, afirma.

Agenda de país e intereses

Según el diputado Rodríguez, del bloque Vamos, la agenda que junto a otros bloques legislativos de oposición están impulsando es una “agenda de país”, por medio de la cual se busca la participación de todos los bloques, y no solo de interés para algunos grupos. También aseguró que no persigue intereses particulares o sectoriales, sino de interés común.

El diputado Inés Castillo, del bloque UNE —que también forma parte de esta alianza de oposición— afirmó que, ahora que se han agrupado y organizado, “no les ha gustado a algunos diputados porque, obviamente, van a imponer ciertos temas en la agenda política”. Contrario a lo expresado por Rodríguez, afirmó que todos los diputados tienen intereses dentro de los cuatro procesos de elección de funcionarios que se realizarán el próximo año en el Congreso de la República.

“Como todos los 160 diputados van a tener intereses en esos procesos, que ya tienen plazos establecidos, va a haber interés tanto de la oposición como del partido oficial. Eso es natural; esos intereses se tienen que dar, entonces si vienen esos procesos…”.

En cuanto a la reforma del acuerdo de distribución de comisiones para la redistribución de las comisiones de Finanzas y de Energía y Minas, afirmó que “es una facultad del pleno y, si el pleno acuerda reformar este acuerdo, se va a hacer”, por lo que asegura que no existe ilegalidad alguna.

Acuden de nuevo a la CC

Las bancadas opositoras, encabezadas por el diputado Allan Rodríguez, nuevamente acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar que se dé con lugar la debida ejecutoria y así continuar en la sesión ordinaria del próximo martes 13 de mayo, con los puntos de la agenda que quedó pendiente tras ser levantada por el presidente del Congreso, Nery Ramos, el pasado 6 de mayo por falta de quórum.

En esta acción, los opositores afirman que se violaron derechos, así como el principio de certeza y seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad. También desmienten las declaraciones del presidente del Legislativo, quien ordenó el cierre de la sesión.

Además, denuncian las acciones de personas que bloquearon el paso en las entradas del Congreso de la República para impedir el ingreso de diputados a las instalaciones, y afirman que hubo manipulación del tablero electrónico al momento en que se levantó la sesión.

Posiciones de poder

Entre las prioridades figuran la elección de la primera secretaría de la Junta Directiva, la presidencia de las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Energía y Minas, así como el cambio del representante del Legislativo ante la Junta Monetaria. Una silla en esa instancia tiene incidencia directa en la elección del vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sala de Finanzas está a cargo de Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, quien en declaraciones a la prensa, asegura que ha dialogado con algunos de sus colegas e indica que el relevo es totalmente ilegal. “El articulo 31 habla que las comisiones son nombradas de manera anual y en ningún parte aparece que se puedan cambiar por decisiones arbitrarias o por cambios de coyuntura”, expuso.

A criterio del analista Renzo Rosal, se había tenido una percepción equivocada acerca de la pérdida de fuerza de la alianza que, durante los últimos dos gobiernos, fue oficialista. Está claro que, por ejemplo, la bancada Vamos —que ahora protagoniza este grupo de oposición— se fortaleció, al igual que otras agrupaciones, afirmó Rosal.

En 2024, esa alianza estuvo más bien disminuida y en proceso de recomposición, debido a la incorporación de un considerable grupo de nuevos diputados en casi todos los bloques parlamentarios. Además, en buena medida, esta misma alianza opositora se benefició de algunas iniciativas de ley impulsadas o respaldadas por el oficialismo, explicó Rosal.

Según el analista, entre estas iniciativas se encuentran el presupuesto 2025, la ampliación presupuestaria y la ley ganadera, entre otras, que dieron una impresión —a su juicio, falsa— de que esta legislatura sería más eficiente y tendría un mayor desempeño dentro del Legislativo.

El grupo opositor en el Congreso también busca ocupar el espacio en la Junta Directiva que se libera con la salida de Karina Paz de la primera secretaría. Los diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) afirmaron que no disputarán ese cargo.

En opinión de Rosal, “la primera secretaría se ha convertido en un punto de inflexión porque, dependiendo de qué grupo se quede con él —ya sea el grupo cercano a Nery Ramos o el grupo de oposición de Allan Rodríguez y compañía—, orientará o desequilibrará la tendencia de la Junta Directiva, clave para la toma de decisiones y para ir planteando la agenda legislativa, especialmente en el segundo período de sesiones”.

Sobre el tema de la primera secretaría, Ibarra afirma: “En el caso de Karina Paz sí hay precedentes. Fue electa sin tener partido porque, según entiendo, no se afilió a VOS y tampoco llegó a esa posición con el aval del partido y de la bancada. Se fue por sus propios medios”.

Según Rosal, otro aspecto que cobrará notoriedad en 2026 es la elección de cargos en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, instancias en las que el Congreso de la República ejerce un rol determinante.

“Si todas estas tácticas le dan más espacio de maniobra a la oposición, van a poner contra las cuerdas al presidente Arévalo, por lo que, finalmente, el grupo de oposición podría salirse con las suyas detentando el control tanto en la agenda del Congreso como en estas cuatro instancias que se disputarán el próximo año”.

Diputados de oposición señalan a OEA sobre posible cooptación de instituciones del Estado por parte del gobierno y sus aliados

Sun, 29 Nov 2020 20:51:50 +0000

Los diputados de oposición de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Victoria, Semilla, Winaq y BIEN se reunieron esta mañana con la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que arribó al país esta semana.

Encapuchados incendian unidad del transurbano durante manifestación del 28N

Los legisladores aprovecharon para darle a conocer a Fulvio Pompeo, quien preside la misión internacional, que la actual crisis no se debe únicamente a la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2021, aunque éste fue engavetado días después por la presión ciudadana.

“Tratar de reducir la problemática de Guatemala a la coyuntura específica del presupuesto sería un enfoque reduccionista, se lo hemos aclarado a la misión”, dijo el diputado de la UNE, Orlando Blanco.

Los legisladores señalaron la mala gestión de Alejandro Giammattei e injerencia que el gobierno central desea tener ante el Congreso de la República.

“Aquí en Guatemala no se trata de si queremos dialogar o no, el problema es que el gobierno de encabezado por Giammattei está delineando una estrategia de cooptación de las diferentes instituciones del Estado para fomentar la corrupción y la impunidad”, agregó Blanco.

La misión presidida por Fulvio Pompeo está entrevistando a diferentes sectores de la sociedad civil para conocer los motivos por los que el país se encuentra en una crisis institucional aunado a las generadas por la pandemia del covid-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA que dejó a miles damnificados.

“Dejamos muy claro que nosotros somos grupos de oposición, pero no somos grupos de desestabilizadores”, dijo Evelyn Morataya del bloque BIEN.

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Según expresaron los diputados, la OEA debe tomar en cuenta las acciones que ha tomado el actual gobierno y la junta directiva del Congreso en contra de instituciones como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Corte Suprema de Justicia al no convocar para votación para la elección de cortes.

Además señalaron cómo el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) ha reprimido las manifestaciones ciudadanas que han salido a las calles para expresar su descontento.

“Las demandas como la destitución del ministerio de Gobernación no son antojadizas sino porque se enmarcan en un proceso de deterioro institucional, así como la renuncia de la Junta Directiva del Congreso y el retardo malicioso de la elección de autoridades de la Corte Suprema de Justicia” dijo Samuel Pérez Álvarez.

Esta misión tiene planeado reunirse en los próximos días con el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), con la Conferencia Episcopal de Guatemala, con el cardenal Álvaro Ramazzini y el presidente de la Alianza Evangélica.

Además también están invitados los rectores de las universidades de San Carlos, Rafael Landívar, Francisco Marroquín y Del Valle.

Además de entidades de la sociedad civil, sector de mujeres, grupos empresariales y comunidad internacional.

Alexei Navalny: hospitalizan al líder opositor ruso por “envenenamiento”

Thu, 20 Aug 2020 11:30:32 +0000

El líder opositor ruso Alexei Navalny, una de las voces más críticas con Putin, fue ingresado este jueves y su estado es de gravedad.

Según su portavoz Kira Yarmysh, el activista fue “envenenado”.

El opositor comenzó a sentirse mal durante un vuelo y el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, en Siberia, señaló Kira Yarmysh en Twitter.

La hospitalización del activista fue también confirmada por la agencia rusa TASS, que citó al personal médico que lo atiende.

La portavoz explicó que sospechaban que Navalny había sido envenenado con alguna sustancia que echaron en su té.

Las acusaciones no han sido confirmadas de manera independiente.

Quién es Alexei Navalny, el mayor crítico de Putin en Rusia

Navalny es un destacado crítico del presidente ruso, Vladimir Putin.

El pasado mes de junio, describió la votación sobre la reforma constitucional en Rusia como “un golpe de Estado” y una “violación de la Constitución”.

Las reformas permitieron a Putin permanecer en su cargo otros dos mandatos más.

¿Qué busca Vladimir Putin con su reforma constitucional que llevó al gobierno ruso a dimitir en bloque?

Qué se sabe de lo ocurrido

La portavoz del activista explicó en Twitter que Navalny estaba volviendo a Moscú desde Tomsk cuando “se puso enfermo”.

“El avión realizó un aterrizaje de emergencia. Alexei sufre un envenenamiento tóxico. Estamos yendo al hospital”, escribió.

Yarmysh apuntó a una sustancia que pudo haber sido mezclada en el té que tomó el activista.

(Foto Prensa Libre: EPA)

Navalny es una de las voces más críticas con el presidente Putin.

“Fue la única cosa que tomó desde la mañana. Los médicos dicen que el agente tóxico fue absorbido más rápido a través del líquido caliente”.

“Ahora mismo Alexei está inconsciente“, añadió.

Posteriormente, la portavoz informó que el activista está en cuidados intensivos.

Crisis en Nicaragua: qué dice la carta del exjefe del Ejército a su hermano, el presidente Daniel Ortega, un mensaje que fue elogiado por la oposición

Fri, 13 Dec 2019 03:17:19 +0000

Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente Daniel Ortega, volvió a dejarlo claro en un contundente mensaje en el que exigió al mandatario medidas concretas para salir de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que dejó cientos de muertos y decenas de miles de exiliados.

En una carta publicada este miércoles en el diario La Prensa, el general retirado pidió al mandatario liberar a “los prisioneros de esta crisis política” y apostó por la celebración de unas “elecciones libres”.

El gobierno nicaragüense no se pronunció al respecto, si bien el presidente Ortega no oculta sus discrepancias con su hermano y el año pasado lo acusó de ser “un peón de la oligarquía y del imperio”.

¿Qué dice la carta?

En la carta, Humberto Ortega llama al Ejecutivo a dar “pasos sabios, firmes y justos” como la liberación de personas encarceladas en el marco de este conflicto.

“Que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a los prisioneros de esta crisis política estar libres”, abogó el general retirado.

El hermano del presidente defendió su propuesta al considerar que “esta justa decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral lejos de la violencia y la destrucción, libertad plena que critica el poder establecido, el autoritarismo, ir recuperando la economía”.

Humberto Ortega pidió a su hermano liberar “a los prisioneros de esta crisis política”.

“En estos momentos, su gobierno, presidente Ortega, tiene la oportunidad para un gesto justo hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados”, emplazó directamente a su hermano.

“Así gane quien gane las elecciones libres pueda con menos dificultades convocar un Acuerdo Nacional que sustente debidamente su programa de gobierno”, agregó.

BBC Mundo contactó con Humberto Ortega para conocer más detalles de su posición, pero su equipo de colaboradores aseguró que no está ofreciendo entrevistas e insistió en que “uno de sus objetivos inmediatos es contribuir a la libertad de los presos políticos”.

Nicaragua vive una crisis social y política desde hace más de año y medio protagonizada por protestas ciudadanas que exigen la renuncia de Ortega tras 12 años consecutivos en el poder y denuncian la violencia con que fueron reprimidas, que dejó entre 300 y 650 muertos, según organismos de derechos humanos.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizaron al gobierno de graves abusos a manifestantes y opositores como torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Daniel Ortega negó las acusaciones y aseguró que se trata de un intento de “golpe de Estado” en su contra.

¿Cuáles fueron las reacciones al mensaje?

La oposición en Nicaragua valoró positivamente el mensaje de quien hace décadas fuera mano derecha de Daniel Ortega.

El empresario y miembro de la organización opositora Alianza Cívica, Mario Arana, dijo que la carta fue “una contribución valiosa” de “una figura que ha jugado un papel histórico” en el país.

“Yo diría que haría bien el presidente Ortega en escucharla”, declaró al diario La Prensa.

La oposición recomendó a Daniel Ortega seguir las recomendaciones de su hermano Humberto.

“Humberto está poniéndole a (Daniel) Ortega un puente, por eso es que hace esa larga explicación histórica, para darle un sustento y para decirle: aquí hay un puente por donde te podés apear”, dijo al mismo medio la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, aliada del presidente en el pasado.

Sin embargo, desde el oficialismo restaron importancia al mensaje al considerar que su petición principal no tiene “ninguna base real”.

“Ortega liberó a 170 terroristas que habían incendiado alcaldías, casas de sandinistas, radios… No hay un solo preso político en Nicaragua”, rechazó el exguerrillero sandinista Edén Pastora.

En conversación con BBC Mundo, el históricamente conocido como Comandante Cero admitió haberse “sorprendido” por la carta de Ortega. “Definitivamente, tendrá una razón poderosa económicamente para decir las barbaridades que dijo”, afirmó.

En su opinión, lo único que hay en las cárceles de Nicaragua son delincuentes comunes. “Si Humberto y los antisandinistas quieren que el presidente libere a 5.000 o 7.000 asaltantes, criminales, violadores… no los vamos a liberar nunca”.

La Asociación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua, por su parte, cifra en al menos 168 las personas que permanecen encarceladas en el marco de la actual crisis.

¿Cuál es la relación entre los hermanos Ortega?

Humberto Ortega fue uno de los “nueve comandantes” de la Revolución sandinista que lideraron la lucha contra el gobierno militar de la familia Somoza en Nicaragua.

Tras su triunfo en 1979, fundó y fue primer comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista hasta su salida en 1995. También fue ministro de Defensa entre 1979 y 1990.

Su hermano Daniel era otro de los comandantes que integraban la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, pese a que no destacaba particularmente, fue propuesto por Humberto como coordinador de la Junta de Gobierno para garantizar así el equilibrio de poder.

Daniel y Humberto Ortega estuvieron al frente de la presidencia y el Ejército de Nicaragua, respectivamente, aunque hoy su relación es inexistente.

“Humberto vendió la idea diciendo que Daniel, por falta de relevancia, no era el más peligroso, alguien que quisiera o pudiera hacerse con el poder, porque no sabía hablar, no era carismático. Esa fue la manera de venderlo”, le dijo a BBC Mundo en 2016 el novelista Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega de 1984 a 1990.

Con Daniel en la presidencia y Humberto al frente del Ejército, sin embargo, el poder del primer comenzó a crecer hasta que los sandinistas perdieron el poder en 1990.

Entonces llegaron las divisiones en el partido y también las discrepancias entre los dos hermanos, que aumentaron cuando Humberto decidió seguir al frente del Ejército en el nuevo gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

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Daniel Ortega volvería al poder en 2007, pero el distanciamiento con su hermano -al igual que con otros reconocidos exguerrilleros sandinistas- era ya insalvable.

Humberto Ortega fue jefe del Ejército Popular Sandinista entre 1979 y 1995.

Su mala relación en la actualidad es más que pública. En julio del año pasado, Humberto responsabilizó al gobierno liderado por su hermano de la actual crisis, pidió elecciones anticipadas y que pusiera fin a las acciones de grupos paramilitares.

“El principal responsable de la situación que estamos viviendo es el Estado de Nicaragua”, dijo durante una entrevista en CNN en español.

Daniel Ortega respondió duramente a su hermano, a quien acusó de “pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones” (en 1990) y de “convertirse en peón de la oligarquía y del imperio”.

Más de 200 años de cárcel para dos líderes opositores en la atribulada Nicaragua

Tue, 19 Feb 2019 02:32:35 +0000

Mairena recibió una condena de 216 años de prisión por “terrorismo” y otros seis delitos atribuidos por la Fiscalía a su participación en las protestas, entre ellos la muerte de cuatro policías y un civil, afirmó el abogado Julio Montenegro, de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

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La sentencia fue dictada por el juez Edgard Altamirano, quien en su resolución también condenó a Mena a 210 años de cárcel por terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas cuya represión dejó 325 muertos y cientos de detenidos, agregó Montenegro.

Son penas “demasiado exageradas” que “nunca antes se habían contemplado” en Nicaragua, dijo. No obstante, los acusados sólo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense.

Las sentencias fueron dictadas después que el juez declarara a ambos culpables en diciembre pasado, en una audiencia en la que la Fiscalía había pedido una pena de 76 años de cárcel para Mairena y de 63 para Mena, explicó Montenegro.

“Lo tomaron con fortaleza”

Ambos opositores fueron trasladados este lunes de la cárcel a los juzgados de Managua a escuchar sus sentencias sin previo aviso a su abogado, quien logró, sin embargo, obtener el acta condenatoria y hablar unos minutos con sus defendidos.

“Tomaron la sentencia con mucha fortaleza”, dijo Montenegro, quien anunció que apelarán las condenas porque en el proceso se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo.

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Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se formó en mayo pasado con diversos sectores para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas.

También participó en un proceso de diálogo que no prosperó y hundió al país en una severa crisis política y económica que lleva ya 10 meses.

Mairena es además el principal líder del movimiento campesino que protesta desde 2013 contra la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, actualmente suspendido, que amenazaba con desalojar a miles de personas del sur del país.

Mena, en tanto, también integra el movimiento campesino anticanal y la alianza opositora que participó en un malogrado diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para una salida a la crisis política, dijo su abogado.

Mairena fue detenido en julio y está recluido igual que su compañero Mena en la temida cárcel número “300” del Penal La Modelo, 22 km al este de la capital.

Ahí, convive con “insectos” en una “celda pequeña, sin luminaria y poca ventilación”, relató el abogado.

Según Montenegro, el opositor le informó que recientemente le pusieron grapas en la comida, y que permanece bajo mucha tensión.

Organizaciones pro derechos humanos critican las medidas represoras del gobierno nicaragüense en manos de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Condena en medio de posible diálogo

La condena contra los opositores se produce en medio de los esfuerzos que realiza el sector privado para intentar reanudar el diálogo con el gobierno, tras reunirse el sábado con Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Tras conocer la sentencia contra los líderes campesinos, el escritor Sergio Ramírez la calificó de “barbara, ilegal e injusta”, en Twitter.

“Sin su libertad y la de todos los presos políticos no hay diálogo que pueda avanzar”, añadió.

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“¿Cómo puede ser que haya conversación para un diálogo cuando hoy se ha condenado” a Mairena y Mena, reprochó por su lado la también líder del movimiento contra el canal Francisca Ramírez, en un video difundido desde su exilio en Costa Rica.

Francisca Ramírez coincide con sectores de la oposición, familiares de presos políticos y la Iglesia Católica, que exigen la liberación de esos presos como condición para retomar el diálogo.

Ortega, en el poder desde el 2007, fue sacudido entre abril y octubre pasado por masivas protestas en contra de una reforma al sistema de pensiones que derivó en una demanda de salida de su gobierno y adelanto de las elecciones de 2021.

La represión dejó más de 750 detenidos que son acusados de “terrorismo” y otros delitos en base a una ley aprobada en julio pasado que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión. A Mairena y Mena les multiplicaron los 20 años por los delitos imputados.

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Oposición venezolana

Thu, 22 Nov 2018 06:00:00 +0000

“La política es el arte de lo posible”. Frase que se le atribuye a Aristóteles, a Maquiavelo y a Bismark, entre otros. En cambio, Arístides Calvani, un maestro de mi juventud, nos decía que era el arte de hacer posible lo deseable. La unidad de la oposición indudablemente sería deseable, particularmente frente a la comunidad internacional democrática que quisiera tener un interlocutor unitario. La transición chilena es el ejemplo histórico preferido para aquellos que creen que la unidad de la oposición, no sólo es deseable sino es necesaria para la transición del actual “totalitarismo fallido” a la democracia y al Estado de derecho. Sin embargo, algunas veces, lo deseable, por irreal, no es factible hacerlo posible.

El régimen madurista está dispuesto a reprimir violentamente, recordemos los 150 muertos de las manifestaciones del 2017. Casi todos los dirigentes de la oposición democrática están encarcelados, exiliados, inhabilitados o asilados en embajadas y los demás intimidados, buena parte de los partidos políticos, incluyendo la coalición electoral ganadora de las elecciones parlamentarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), está ilegalizada. Hay terror de Estado en Venezuela.

Las transiciones chilena, española y polaca, tienen muy poco que ver con Venezuela. En cambio las transiciones que, “mutatis mutandis”, más podrían ser útiles para entender nuestro caso son la Nicaragua de las décadas 1980 y 1990 y la de África del Sur. Contra la primera dictadura sandinista hubo sanciones y presiones internacionales individuales, diplomáticas y financieras, existía también la presión interna de la acción política pacífica y no violenta de la Unión Nacional de Oposición (UNO), que finalmente llevó Violeta Chamorro a la presidencia, pero también había la presión guerrillera de la Contra. En África del Sur el régimen del apartheid fue derrotado por la acción de diversas presiones. Hubo sanciones y presiones internacionales, había la guerrilla del African National Congress de Mandela y también existía la acción política, pacífica y no violenta del Partido Progresista de Reforma, que luego adoptó el nombre de Partido Progresista Federal, dirigido por Helen Suzman, así como la acción de oenegés, como las iglesias cristianas, recordemos a este respecto el premio Nobel de la paz Desmond Tutu.

Estas dictaduras fueron derrotadas exitosamente a través de diversos “caminos” simultáneos, que no eran excluyentes sino complementarios, en otras palabras, que se reforzaron mutuamente. Pero es muy importante resaltar que los integrantes de los diversos caminos no perdían tiempo en atacarse e insultarse, sino cada uno hacía lo que creía conveniente para enfrentar la dictadura.

En Venezuela es irreal, en la actual coyuntura, hacer posible la deseable unidad de la oposición. El régimen está debilitado por la progresiva sangría en las filas de sus dirigentes, por el trágico fracaso socioeconómico y la cada vez más fuerte protesta social, por la carencia creciente en el apoyo popular y por el aislamiento internacional.

La presencia de los gobiernos de Iván Duque y Jair Bolsonaro en las principales fronteras es una seria preocupación para Nicolás Maduro. A esto habría que agregar la intranquilidad en los cuarteles, demostrada por los centenares de oficiales encarcelados. Por tanto, hay que seguir presionando por todos los caminos posibles, sin “disparar a los lados”.

@sadiocaracas

Expresidente salvadoreño Saca confiesa desvío de más US$300 millones

Fri, 10 Aug 2018 00:40:26 +0000

“Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas”, dijo ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia.

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El expresidente salvadoreño, que pactó con la Fiscalía su confesión a cambio de recibir una condena mínima, aseguró ante los jueces que para respaldar el desvío de los fondos emitió el reglamento, para que la información relacionada fuera considerada como secreto de Estado.
Detalló que el dinero fue transferido durante sus 5 años de gestión a 13 cuentas particulares de su exsecretario privado Elmer Charlaix y otros dos empleados de la Presidencia, y que buena parte se retiro en efectivo.
Añadió que para lavar el dinero pactó “sin licitación y de manera ilegal” con 3 agencias de publicidad el pago mensual de unos US$100 mil, y que las empresas se quedaban con el 20 por ciento y el 80 por ciento era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50 y 90 por ciento de las acciones.

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El exmandatario, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), apuntó que para que este dinero llegara a su patrimonio personal y “cubrir el origen ilícito” dichas sociedades, le pagaban un salario mensual de entre 4 mil y US$60 mil.

"Entre el 2005 y el 2006 se propuso extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado, por lo que mediante testaferros fundó varias sociedades para que fingieran prestar servicios de publicidad al Gobierno..

Acotó que entre el 2005 y el 2006 se propuso “extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado”, por lo que mediante “testaferros” fundó varias sociedades para que “fingieran” prestar servicios de publicidad al Gobierno.
Saca, quien antes de convertirse en empresario y presidente se dedicó al periodismo deportivo, confesó que estas empresas compraron diversos inmuebles en ese país.
Declaró, sin la presencia de los otros seis imputados en la sala de audiencias, que el partido político Arena recibió “varios millones de dólares” para “actividades que no tenían ninguna relación con la Presidencia”.

Explicó que también pagó a ministros, viceministros y presidentes de entidades autónomas de su Gobierno cantidades de entre 5 mil y US$10 nil mensuales y en efectivo como “sobresueldos”.

"Dicha normativa me permitía asegurar la aparente legalidad en el manejo de los fondos públicos, aprovechar su uso y apropiármelos en beneficio personal y de otras personas".

Además pagó a Jorge Hernández, acusado en un proceso paralelo y expresentador de noticias de la principal cadena de televisión, un salario “ilegal” de US$10 mil mensuales para recibir una “cobertura amplia y favorable”.
Con esta confesión se espera que los jueces impongan una sentencia de 10 años de prisión a Saca, pena acordada con Fiscalía y menor a la condena máxima de 30 años que estable la legislación salvadoreña por peculado y lavado de dinero.
También los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, aceptaron el proceso “abreviado”, junto a los exempleados de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, que se espera que confiesen por este caso..
Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en enfrentar un juicio por delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, fue enviado a esta etapa en el 2015, pero falleció antes de que se instalara.

Arena perdió datos contables

La opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador reaccionó sobre los fondos que supuestamente el expresidente Elías Antonio Saca, procesado por corrupción, dio a ese instituto político en el período 2004-2009 y aseguró que los registros contables de esos años “desaparecieron”.

Arena, que llevó al poder a Saca, recibió US$7.6 millones de los más de 300 millones que supuestamente malversó el expresidente, quien gobernó al país del 2004 al 2009, según explicó el miércoles uno de los fiscales del juicio que enfrenta el exmandatario.

"Durante el período 2004-2009, Antonio Saca fue presidente de la República y de Arena simultáneamente (...) los registros contables de esa época desaparecieron en el partido".

La formación de derecha, que ha guardado silencio ante los señalamientos de la Fiscalía, reveló que “los registros contables de esa época (2004-2009) desaparecieron del partido”.
“Durante el período 2004-2009, Antonio Saca fue presidente de la República y de Arena simultáneamente (…) los registros contables de esa época desaparecieron en el partido”, publicó la opositora en sus redes sociales.

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El principal partido de oposición del país centroamericano también aseguró que “hemos colaborado en lo pertinente con @FGR_SV (Fiscalía) en el #CasoSaca”.
La Fiscalía sostiene que para trasladar los fondos estatales a las cuentas del partido Arena, ahora en la oposición y con mayoría en el Congreso, se utilizaron cinco cuentas bancarias de particulares, que “se encargaron de recibir el dinero que se sustrajo ilegalmente de la Presidencia de la República”.
Esta no es la primera vez que Arena es salpicada por los casos de corrupción, dado que en 2015 el difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004) fue enviado a juicio por supuestamente apropiarse de 5 millones de dólares donados por Taiwán y desviar otros 10 millones a las cuentas de Arena.

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Ortega y oposición miden fuerzas mientras violencia se agrava en Nicaragua

Thu, 12 Jul 2018 01:09:03 +0000

Policías vigilan las entradas de Masaya, 35 km al sur de Managua, haciendo temer una violenta incursión antes de que el Gobierno celebre el “repliegue”, una caravana encabezada por Ortega, quien anualmente llega a esta ciudad para recordar una gesta de la revolución de 1979.

“No al repliegue”, “Jamás nos rendiremos. Muerte a Ortega”, “Monimbó resiste hoy, mañana y siempre”, se lee en paredes y barricadas que reforzaron los pobladores de este aguerrido barrio del sur de Masaya.
Sus pobladores están en guardia. “Estamos pendientes de si el régimen nos viene a atacar. Nos quieren intimidar, pero Monimbó está resistiendo, fuerte y firme para protegerse y combatir”, dijo Wilfredo, transportista de 25 años, cerca de una trinchera.
En las últimas semanas el Gobierno intensificó la llamada “operación limpieza” con fuerzas combinadas (policías y paramilitares) para derribar las barricadas de adoquines que levantaron los manifestantes en las calles. Pero en Monimó aún hay decenas en pie.
Con banderas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), decenas de seguidores de Daniel Ortega se manifestaron en el centro de Masaya, cerca de la estación de policía, sin acercarse a Monimbó.

“Aquí los esperamos”

El dirigente de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) de Masaya, Danilo Martínez, denunció que la ciudad “está asediada por una fuerza de más de mil hombres paramilitares, policías y armamento pesado”.

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“Aquí los esperamos en Monimbó, no tengo miedo. Pasé las guerras civiles de los 70 y los 80. Estamos en resistencia porque queremos la patria libre. El régimen de Daniel ha matado, ha golpeado a sacerdotes”, dijo a la AFP María González, de 78 años, quien vendía mamones junto a una barricada.
La situación en Nicaragua es crítica, según expuso este miércoles en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el consejo permanente de la OEA, que cifró en 264 las muertes en la ola de violencia desatada durante casi tres meses de protestas.

"Aquí los esperamos en Monimbó, no tengo miedo. Pasé las guerras civiles de los 70 y los 80. Estamos en resistencia porque queremos la patria libre. El régimen de Daniel ha matado, ha golpeado a sacerdotes".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está “profundamente preocupado por los continuos actos de violencia en Nicaragua y su intensificación”, según la cuenta de Twitter de Naciones Unidas.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- llamó a la denominada marcha “Juntos somos un volcán” para este jueves y a un paro nacional el viernes, el segundo durante la crisis.
“Queremos instar a Nicaragua y hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas y de las manifestaciones que siguen, así como la seguridad e integridad de todas las personas”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, sobre la situación en Nicaragua.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó el informe de la CIDH de “prejuicioso y carente de objetividad”. “No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas”, sostuvo.

Uso de armas de guerra

La ANPDH exigió este miércoles al ejercito investigar denuncias de uso de armas de alto calibre como lanzagranadas RPG7 y ametralladoras .30 por parte de grupos armados ilegales que actúan con la Policía en la “operación limpieza” y para reprimir las protestas.

"Queremos instar a Nicaragua y hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas y de las manifestaciones que siguen, así como la seguridad e integridad de todas las personas".

Existen “evidencias por denuncias de la ciudadanía de utilización de armas de guerra de alto calibre y granadas de demolición de uso exclusivo del ejército” en algunas ciudades, dijo el secretario de ANPDH, Alvaro Leiva.
El Ejército de Nicaragua afirmó el martes que tiene “control absoluto” de su arsenal y negó cualquier involucramiento en actos de represión a manifestantes.
Las manifestaciones contra el gobierno iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendió a la exigencia de salida del poder de Ortega, que lleva 11 años consecutivos en el gobierno y a quien acusan de instaurar una dictadura junto con su esposa, Rosario Murillo.
A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios del 2021 al 2019 en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Pero el sábado, el mandatario, de 72 años, descartó anticipar los comicios.

Tras esas declaraciones y una violenta incursión el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el suroccidental departamento de Carazo, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad el diálogo.
Pero el martes decidió seguir como mediadora de las conversaciones, incluso luego de una agresión que sufrieron el lunes obispos y sacerdotes en la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe.

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Opositores en Nicaragua alistan nuevas protestas ante estancamiento del diálogo

Tue, 26 Jun 2018 23:02:25 +0000

Integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada por estudiantes, empresarios, campesinos y otros grupos civiles, se reúnen para definir estrategias, luego de que el lunes último reanudaron conversaciones con delegados del Gobierno, bajo mediación de la Iglesia Católica.

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La jornada de pláticas no tuvo mayores avances pues Daniel Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- aún no responde a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis de ese país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al Gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas y e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.

Pánico en las calles

Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la segurida social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.

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Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas. La lista detalla la identidad de 262 víctimas.

"Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo".

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado a ese país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo torturando asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.

El pánico que siembran en Nicaragua estos grupos de hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días, se han multiplicado las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de defensa y seguridad, Elvira Cuadra.

“No vemos voluntad”

El presidente de CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.

"Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo".

Las mesas de diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica no se reunieron este martes, pero la misión de la CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“Hasta ahora no vemos voluntad del gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que, hasta esta crisis, había sido aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.

En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar del informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, “muy especialmente el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.

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Suspenden mesas del diálogo nacional por incumplimientos del Gobierno

Tue, 19 Jun 2018 00:27:50 +0000

“Se suspenden las tres mesas del Diálogo Nacional por incumplimiento del Gobierno de Nicaragua que no presenta las cartas de invitación a los organismos internacionales (@CIDH, @ONU y @UNIONEUROPEA a visitar el país, como se acordó en la plenaria del Diálogo el viernes pasado”, informó el obispo Silvio Báez en Twitter.

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El Gobierno de Daniel Ortega aceptó el viernes pasado invitar de manera “inmediata” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Estamos viendo una falta de voluntad política del gobierno, porque en la alianza prevalece el deseo que estos organismos vengan para darle garantías al pueblo de Nicaragua de que no va a seguir la represión", dijo Tunnerman.

Las partes también consensuaron ese día “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar ‘in loco’ para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables” desde el pasado 18 de abril.
El diálogo entre el Gobierno y la oposición se reanudaría este lunes, luego que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
Las partes constituyeron la Mesa Electoral y la Mesa Judicial, integradas cada una por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, miembros de la sociedad civil y campesinos.

"Vaya usted a su oficina, redacte las cartas, mande las invitaciones y traiga copia de esas cartas para el plenario del diálogo el martes", declaró el académico Carlos Tunnerman, delegado de la sociedad civil, al canciller Denis Moncada,

Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.
Las partes también conformaron la denominada “Comisión de Seguridad y Verificación”, que estará integrada por 12 miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos de ese país.
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 a 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.

Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.

Nicaragua necesita buscar la “verdadera paz”

El nuevo nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, le dijo al mandatario Daniel Ortega que el país necesita buscar la “verdadera paz”, durante la presentación de sus cartas credenciales como representante del Vaticano.
Waldemar se presentó oficialmente este lunes, cuatro días después de haber llegado a Nicaragua, que se encuentra en una crisis sociopolítica que ha dejado cerca de 200 muertos en dos meses, sin que haya una solución a la vista.

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“Y va a llegar a una vía de paz y reconciliación, que no es guerra, hay que buscar este camino, el único camino que todos tenemos. No solamente aquí, sino todo el mundo necesita buscar la paz, la verdadera paz”, dijo Waldemar, a Ortega, según reportó el Gobierno en una nota de prensa.

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Opositor Ledezma pide a comunidad internacional que intervenga en Venezuela

Tue, 20 Feb 2018 17:03:43 +0000

En una entrevista con la AFP realizada durante la conferencia de derechos humanos en Ginebra, Ledezma dijo que cuando “un régimen aplica medidas represivas masivas y sistematicas”, “el principio de autodeterminación de los pueblos debe dar preeminencia al principio de injerencia humanitaria”, dijo.

Ledezma, considerado por las autoridades venezolanas como uno de los opositores más radicales, escapó en noviembre pasado del arresto domiciliario que cumplía desde principios de 2015 y se refugió en España, donde el gobierno de Mariano Rajoy es uno de los más virulentos críticos de Caracas.
“Venezuela necesita que la comunidad internacional deje de desarrollar una diplomacia contemplativa y se ejerza una diplomacia efectiva para liberar a los venezolanos secuestrados por la narcotiranía”, señaló Ledezma.
En las últimas semanas Ledezma ha realizado varios viajes -Lima, Santiago, Buenos Aires-, para pedir medidas contra Venezuela, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea y Estados Unidos.

Maduro afianza su poder sobre una oposición fracturada

Tras la dura crisis económica y política que atraviesa ese país caribeño, Ledezma consideró que “lo que queda es pedir auxilio de la comunidad internacional, que se aplique en Venezuela un plan Colombia como el que se aplicó cuando (el líder narco) Pablo Escobar y los narcotraficantes querían asaltar el poder”, dijo.

Luego de referirse al plan de paz lanzado por Colombia y Estados Unidos en 1999 por los expresidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, afirmó que en Venezuela la situación es más grave que la colombiana en aquella época.
Porque en el país petrolero “ya los narcotraficantes tienen el poder por lo tanto se justifica una intervención humanitaria en el marco de ese plan Venezuela que estoy proponiendo a la comunidad internacional”, aseveró.

Respuestas

Ledezma fue enfático con respecto al papel de los organismos internacionales en la crisis que sufre su país.
“La ONU no puede estar pintada en la pared. No puede ser un foro donde se hagan ejercicios retóricos mientras la gente se muere de hambre (…), mientras la gente es asesinada por un régimen que persigue, que hostiga a la disidencia”, dijo Ledezma.
“Nosotros pedimos una respuesta de toda la comunidad internacional, de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea entre otros”, sostuvo.
En las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro ocurridas entre abril y julio de 2017, murieron 125 personas.
El país sufre una severa escasez de productos básicos, sobre todo de medicamentos y alimentos, y una inédita escalada inflacionaria que alcanzará en 2018 13 mil por ciento, según la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Pero ya se ha agravado tanto la crisis que no basta una simple ayuda de alimentos, de medicamentos porque eso sería un simple paliativo”, consideró el exalcalde.
“Nosotros estamos planteando salir de esta dictadura, que se establezca en Venezuela un gobierno de transición que lo más pronto posible pueda organizar elecciones transparentes para que se normalice la situación de gobernabilidad que tenemos en el país”, explicó.

Las declaraciones de Ledezma en Ginebra se producen en momentos que la oposición venezolana está dividida sobre su eventual participación en las presidenciales del 22 de abril, pero se inclina por marginarse al considerar ilegítima una posible reelección de Nicolás Maduro.
El opositor cree que participar en esas elecciones es “un suicidio”.
“Esas no son elecciones, son trampas y sería absurdo que la oposición democrática que representa a la inmensa mayoría de los venezolanos, que quieren un cambio de verdad en el país, nos prestemos a lavarle la cara a un régimen que está manchado de frecuentes elecciones fraudulentas”, dijo.
Electo en 2013 tras la muerte del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), Maduro enfrenta una impopularidad del 70%, según la encuestadora Delphos, pues muchos venezolanos lo culpan de la hiperinflación y la grave escasez de alimentos y medicinas que agobia al país petrolero.

Sin oposición hay desastres

Wed, 31 Jan 2018 06:00:00 +0000

Es fácil achacar todos los males solo a quienes han gobernado, esa es la actitud más simple y fácil. No debemos caer en el error de ser tan ingenuos. Si el gobierno del Partido Patriota hizo lo que hizo, hay grandes responsables que vemos solo de reojo; el primero es de la oposición democrática representada en el Congreso y en las corporaciones municipales. Si bien lo que ha salido de Manuel Baldizón dibuja que la “gran oposición” era teatro, el sistema político queda en evidencia y quizás otros diputados pudieron haber hecho mucho más ante el robo descomunal. Por otra parte, la autonomía municipal existe con el objeto de garantizar eficiencia en los servicios públicos locales, pero también para ser contrapeso político. Los alcaldes tienen muchísima responsabilidad ante el descalabro del PP y vemos que, de nuevo, en la elección de la Anam el fin de semana, no son más que comparsas del poder central y cometen el mismo error.

Mientras el poder local funcione así, vislumbrar un horizonte con más posibilidades dentro del juego democrático electoral actual será imposible. Quetzaltenango y Antigua Guatemala, por omisión, así como Mixco y Villa Nueva, por acción, llevan “a tuto” mucho del desastre actual.

Los segundos grandes responsables (institucionales) de que el Partido Patriota haya hecho lo que hizo fueron quienes debían controlar a poder. Sería ilustrativo que pudiéramos evaluar la dinámica de los principales medios de control del poder, entre los que sobresalen el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad, y, ojo, menciono algunos, pero sería sano evaluar a todos ahora que la “emotividad” de la coyuntura pasó. Todo el sistema preventivo fracasó y por eso los casos penales abundan y seguirán en aumento.

En este contexto es sano voltear a ver a la Ciudad de Guatemala y su alcalde, quien está metido en una seria imputación penal. El partido Creo nació de la candidatura de Roberto González Díaz-Durán —Canela—, y así empezó, desde el mismo espectro ideológico de Álvaro Arzú a proponerse un relevo en el Palacio de la Loba. Las veces que participó Canela para alcalde perdió ante la megamaquinaria oficial, pero con muchos menos recursos pudo arrebatarle el segundo puesto a Alejandro Sinibaldi, cuando este tapizó la capital. Era evidente que sí tenía un alto grado de aceptación y así logró buen número de concejales.

Creo se convirtió en partido, a Canela le dio presidentitis y se alió con el Partido Unionista, en clara traición a su electorado, que lo había ubicado como opositor al eterno alcalde. Quedó casi en último lugar en la carrera presidencial, salió del espectro de la opinión pública, le regaló una curul al hijo de su antiguo rival, que sin él quién sabe si hubiera ganado la elección, y cuando por fin pudo Óscar Chinchilla, uno de sus diputados, ser electo presidente del Congreso, el propio Arzú le juega la vuelta, lo traiciona y monta a junior en la silla.

Si la acusación penal que apunta a Alvaro Arzú es procedente o no, lo dirán los tribunales, pero si Arzú tuviera oposición en el Concejo, manejar la Municipalidad como su feudo sería imposible, e incluso habría salido beneficiado porque hoy la percepción no le ayuda. Ahora el Concejo Municipal piensa, se defiende y reacciona igual. Así se burla el esquema constitucional que estableció a ese órgano como la mayor autoridad municipal y, de plano, ante la crisis política, los grandes problemas de transporte, basura y agua se van para otro lado.

@Alex_balsells

Huelga de policías atiza crisis en Honduras

Mon, 04 Dec 2017 20:30:38 +0000

“En estos momentos estamos de brazos caídos (…), para manifestar nuestra inconformidad por lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”, dijo a periodistas un portavoz de los manifestantes, que estaba con el rostro cubierto.

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Debido a la crisis que vive el país tras las elecciones del 26 de noviembre que, según informes oficiales, ganó el presidente actual, Juan Orlando Hernández, los agentes especiales aseguran que les han obligado a permanecer en la unidad ante cualquier disturbio que se pueda generar, lo que les ha impedido ver a sus familias.

“Si los políticos no se ponen de acuerdo en resolver sus cuestiones, nosotros no podemos prestarnos para favorecer a un candidato, nosotros nos estamos rebelando porque no podemos estar trabajando en la calle y matándonos con la gente. Los políticos tomen la determinación de solucionar sus propios problema”, enfatizó el portavoz de los manifestantes.

OEA pide acuerdo

La Organización de Estados Americanos (OEA) instó este lunes al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y al opositor Salvador Nasralla, a llegar a un acuerdo para la revisión de actas y verificar supuestas irregularidades en las elecciones, para superar así la crisis en el país por sospechas de fraude.

“El único camino posible para que el pueblo hondureño pueda aceptar y (…) reconocer ganador en este proceso electoral, es que se llegue a un acuerdo entre los principales candidatos”, declaró el jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente boliviano Jorge Quiroga, al presentar un informe preliminar.

Hernández se proyecta como el vencedor de las elecciones celebradas el domingo 26 de noviembre tras un conteo de votos que finalizó la madrugada del lunes, sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya proclamado un ganador, mientras la oposición denuncia un supuesto fraude.

No acepta resultados

El candidato opositor de las elecciones en Honduras, Salvador Nasralla, desconoció este lunes los resultados que ofreció este lunes el tribunal electoral, que cerró el conteo con ventaja para el presidente Juan Orlando Hernández, y reclamó un recuento por un supuesto “fraude” en el proceso.

El presentador de televisión y candidato de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura dijo a la AFP que no podrá “aceptar nunca” los resultados que divulgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque “no son oficiales ni definitivos”, y reclamó revisar cinco mil 173 actas en las cuales asegura que estuvo el “fraude”.
En tanto, la ONU hizo este lunes un llamamiento a la calma y la moderación a raíz de las disputas surgidas tras las últimas elecciones presidenciales de Honduras, y confía en que se resuelvan por los canales legales.

En los comicios, que se disputaron el pasado 26 de noviembre, el actual gobernante, Juan Orlando Hernández, fue reelegido con el 42.98% de los votos, de acuerdo con el escrutinio especial que cerró este lunes el TSE.

En segundo lugar quedó Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con el 41.39% de los votos.

La ONU informó este lunes que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, está siguiendo de cerca este proceso y ve “con preocupación” los incidentes violentos que se han registrado a raíz de las diferencias surgidas por los datos del escrutinio.

Las Cruces

Tue, 31 Oct 2017 06:00:00 +0000

oposición

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