Los magistrados Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol resolvieron con lugar una acción que interpuso el abogado César Calderón a favor de su cliente, quien espera el inicio del debate por su implicación en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea y sigue en primera instancia de otro caso, Cooptación del Estado.

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Cuatro años después, implicados en caso La Línea esperan día y hora del debate

La resolución de la Sala fue haber admitido la queja y le ordena al juez Miguel Ángel Gálvez que programe una fecha para desarrollar la audiencia de revisión de medidas de coerción, sin especificar más detalles.

El 5 de febrero, Calderón acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B y le solicitó al juzgador que programara la audiencia de revisión. El argumento es que Pérez Molina sufre quebrantos de salud por los problemas cardíacos que padece. Como el juez evitó pronunciarse el penalista interpuso la queja ante la Sala.

La audiencia de revisión ya había sido solicitada desde hace más de un año, indicó Calderón, aunque no había sido programada.

Padecimientos

Pérez Molina sufre de problemas del corazón desde hace varios años, sin embargo, recibió un golpe en el pecho cuando practicaba deporte la noche del 7 de agosto pasado, el cual le causó una complicación. Fue evaluado por médicos del centro de detención y fueron estos quienes ordenaron su traslado. Un día después fue remitido al Centro Médico Militar.

En enero pasado el juez Gálvez recibió un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) que detalló que la entidad carece de un lugar para atender los problemas cardíacos de Pérez Molina.

En aquella ocasión, el abogado Calderón indicó que el exmandatario usa un cardiodesfibrilador que le habían colocado en 2004.  Según el abogado, el dispositivo tiene capacidad para efectuar seis descargas, de las cuales se registraron cuatro, cuando llegó al máximo de potencia. Por esta razón le implantaron un nuevo aparato el 4 de septiembre del año pasado.

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Volvió a prisión

El 2 de abril último Gálvez ordenó que Pérez Molina volviera a la prisión militar Mariscal Zavala. La resolución especificó que si existe alguna complicación fuera remitido a un hospital.

Señalamiento

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan a Pérez Molina de haber liderado la estructura inmersa en las aduanas Central, Quetzal y Santo Tomás del 8 de mayo del 2014 al 16 de abril del 2015 que cobraba sobornos a los importadores.

“El uno”, “El dueño de la finca” y “El mero mero” era como los integrantes de la supuesta estructura criminal llamaban al expresidente. Este caso hace falta que se realice la audiencia de ofrecimiento de las pruebas previo a iniciar el debate en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 15 años y seis meses de prisión por el caso Agua Mágica- también está implicada en este caso y espera un debate.

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El abogado César Calderón reiteró su solicitud del pasado 6 de febrero, cuando comenzó la audiencia de acusación del caso, en la cual había recusado a Gálvez por supuestas dudas de su imparcialidad y agregó que en la entrevista publicada por este matutino, en la edición del 30 de diciembre del año pasado, el juez respondió a una entrevista en la cual ellos ven un sesgo en su función.

“En la página de internet de Prensa Libre aparece la entrevista, y en ella una pregunta en la que dice: ¿Cómo enfrenta usted las críticas de los defensores cuando le llaman el juez de la Feci —Fiscalía Especial contra la Impunidad—?, y en una parte responde: No es que sea tan de la Feci”, leyó de una hoja el profesional del Derecho.

Calderón aclaró que en parte de la respuesta el juez se refirió al caso Cooptación del Estado de Guatemala.

Trámite

Gálvez rechazó por segunda vez la petición de la defensa del exdignatario, por considerar que no era cierto lo que se decía en su contra, pero decidió darle trámite después de haber analizado nuevamente su fallo, por solicitud de varios abogados de la defensa, quienes le pidieron explicar las razones por las cuales aceptaría o rechazaría la recusación y trasladarla a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que decida su continuidad en el proceso.

Gálvez indicó que hoy resolverá si acepta los argumentos de Calderón y que de oficio trasladará el expediente a la referida sala, como lo señala el Código Procesal Penal.

“No puedo conocer más cosas que las de urgencia, porque presentada la recusación el juez está imposibilitado para tramitar cualquier petición, por lo cual queda en suspenso el proceso”, dijo Gálvez.

La Fiscalía, Pérez Molina y sus abogados deberán acudir hoy ante el juez para escuchar su pronunciamiento.

Piden fianza

La defensa de Mónica Jáuregui y José Gil Monterroso solicitó al juzgador que se devuelva a sus clientes los montos que el 22 de abril del 2015 depositaron en la tesorería del Organismo Judicial como fianza, impuesta por el Juzgado Octavo.

Jáuregui depositó Q200 mil y Gil Monterroso entregó Q250 mil, como parte de las medidas sustitutivas que en esa ocasión les fijó la jueza Marta Sierra de Stalling, quien entonces controlaba el caso.
 

Las actividades estaban suspendidas luego de que se descubriera un contrato de usufructo irregular.

Por ese caso enfrentan proceso el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 10 personas más quienes se habrían beneficiado con US$24.4 millones en sobornos.

Parte del dinero recibido, según las indagaciones, fue utilizado para la compra de varios bienes como yates, vehículos, y viviendas.

Desde Panamá

Alexander Aizenstatd, interventor de TCQ, por medio de una convocatoria a la Prensa a un acto especial, confirmó el arranque de operaciones.

El primer buque que llegará a TCQ viene procedente de Panamá y la empresa propietaria es Maersk. Tiene 266 metros de longitud y 37.5 metros de ancho. Tiene una capacidad de 5 mil contenedores de 20 pies.

La nueva terminal tiene una capacidad de recepción de buques de hasta 300 metros de longitud y 48 de ancho, se informó en la convocatoria.

En TCQ laboran 84 personas, y el 25 por ciento son mujeres. El 88 por ciento son residentes de Puerto San José y municipios cercanos.

Javier Reyes, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Organizados de la Empresa Portuaria Quetzal, aseguró que hay descontento y que desde el viernes organizan medidas de hecho y de derecho por ese inicio de operaciones.

Beneficios

TCQ firmó un convenio con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por 25 años prorrogables, por un terreno de 34 hectáreas en el que tenían contemplado un proyecto de tres fases por US$255 millones.

Los implicados esperan que se programe la audiencia de etapa intermedia del proceso. Los delitos por los que se ordenó investigar a Pérez y Baldetti son cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.

Entre los otros 10 procesados están Gustavo Martínez, yerno de Pérez, y el entonces gerente de TCQ, Juan José Suárez, empresa con la que se firmó el contrato.

De acuerdo con la pesquisa, la empresa Tigsa habría pagado Q7 millones 599 mil 181 según las facturas y depósitos bancarios por servicios de transporte de fertilizante; el MP presume que podría ser el dinero de las coimas provenientes de las compras de fertilizantes durante el gobierno del Partido Patriota (PP) durante tres años.

En el expediente de la fiscalía figuran cinco empresas relacionadas con Víctor Hugo Hernández, el excontador de las empresas de Juan Carlos Monzón,  y la esposa de Hernández, quienes extendieron facturas por el servicio de distribución de fertilizante.

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Monzón mencionó en sus declaraciones a la fiscalía la existencia de dos grupos dedicados al negocio de los fertilizantes. El primero estaba integrado de acuerdo a su jerarquía, por Otto Pérez Molina,  Gustavo Martínez, Juan Carlos Monzón y Diego Castillo Góngora. El segundo, lo conformaban Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y Julián Muñoz.

Diego Castillo fungió como un representante de los intereses de la empresa Tigsa, “ofreciendo, pactando y entregando el dinero, no solo a través del señor Juan Carlos Monzón Rojas, sino a través del señor Gustavo Martínez Luna”, de acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Mynor Berganza, abogado defensor de Castillo, sostiene que todas las facturas que sustentan el pago de los sobornos de parte de Tigsa son de las empresas de Hernández y no vinculan a Castillo Góngora, el último  de los señalados que se ha presentado ante el Juzgado de Mayor Riesgo B.

“El gobierno del PP autorizó el uso de los fondos para la compra de fertilizantes por medio del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades) que generó contratos de compra por excepción que luego fueron subidos a Guatecompras y con posterioridad asignados en lotes a las empresas Mayafert y Tigsa”, explica Berganza.

“Fonades pagaba a Tigsa y Tigsa pagaba las coimas por medio de las facturas de las empresas de cartón”, agrega el abogado.

Las empresas que extendieron facturas son Multiempresariales  Jayes, Multiempresarial HJ&AV, Bienes Inversiones y Arrendamientos Vida S.A., Alta Vista S.A. y Adquisiciones Inversiones y Servicios S.A. y según las constancias del Registro Mercantil que contiene el expediente están vinculadas a Hernández y su esposa Raymunda Jayes Ramírez.

Evidencias

En los dispositivos electrónicos de Monzón fueron encontrados 32 documentos entre facturas, cuadros de pago y depósitos bancarios. Estas pruebas son del año 2012. Martínez, quien renunció en junio del 2015, figura en los cuadros como exsecretario y el enlace entre el gobierno y Tigsa.

En el curso del proceso, el juez contralor a cargo del caso, Miguel Ángel Gálvez, dictó falta de mérito a favor de Muñoz.

Jonathan Villatoro, abogado defensor del exsecretario general explicó que “en relación a Tigsa no hay ningún documento que implique a su defendido. El juez no aceptó ampliar la imputación de los hechos que pidió el Ministerio Público. Del caso de Cooptación del Estado, en el que está esta causa, él está desligado”, comentó.

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Los concursos

En el 2012 fue alojado en el portal Guatecompras el concurso con el NOG 2017704 por un monto de Q106 millones 95 mil 673.95 que fue adjudicado a Tigsa.  Ese año Multiempresarial  HJ&AV S.A.  y la empresa Adquisiciones Inversiones y Servicios facturaron Q500 mil 925 por servicios de transporte.

En el 2013 el concurso NOG 2454971 fue adjudicado en febrero del 2013 a Tigsa por Q137 millones 589 mil 384.03 . En los meses siguientes Multiempresariales Jayes y Multiempresarial HJ &AV y Bienes y Arrendamientos Vida S.A. emitieron facturas por Q1 millón 941 mil 6.

En el 2014  Multiempresarial HJ&AV S.A., Alta Vista S.A. Adquisiciones Inversiones y Servicios S.A. por Q 5 millones 157 mil 250.  Ese año el contrato adjudicado a Tigsa fue por Q86 millones 585 mil 692.66.

Hoy, Castillo Góngora se presentará a la fiscalía junto con Vivian Urizar, amiga de Roxana Baldetti y quien está vinculada a la compra del hotel Mansión de la luz,  en el caso Cooptación del Estado.

Pese a las fortunas extinguidas, la fiscal contra el Lavado de Dinero, Sara Sandoval, calcula que aún es poco el dinero que ha pasado a poder del Estado.

El MP detalla que bajo medidas cautelares se encuentran fondos por Q51 millones 607 mil 65 con 58 centavos. En dólares están, bajo similar condición, US$2 millones 787 mil 757 con 64 centavos, equivalentes aproximadamente a Q20 millones 958 mil 130, a un tipo cambio de Q7.51792 por dólar, vigente ayer, monto que, sumado, da los Q72.56 millones, sujeto a variaciones leves según fluctuaciones.

La Fiscalía considera, sin embargo, que aún hace falta dinero, pues según la acusación, los sindicados “depositaron poco en cuentas”, en otros casos adquirieron bienes o abrieron cuentas a través de terceros o empresas sin aparente relación, lo que dificulta rastrearlos.

Propiedades

Sesenta y siete bienes tienen medidas cautelares o han sido extinguidos. La mayoría pertenece al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y otros, al ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

En las próximas semanas se prevé que pase a extinción de dominio la finca Boca Ancha, ubicada en Lívingston, Izabal, así como dos helicópteros, todos vinculados con Pérez Molina.

Rápidas fortunas

Las principales razones para que la Fiscalía solicite el embargo de bienes es la imposibilidad de los sindicados de demostrar el origen lícito de estos.

Por esa causa el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de Q3 millones 328 mil 223.05 y US$460 mil 72.17 en cuentas a nombre de Rosa Leal y Lisette Pérez Leal, esposa e hija del exmandatario Otto Pérez Molina, respectivamente, por su presunto origen ilícito.

También figura el reciente embargo de cuentas de la empresa Los Guacalitos, que sumó más de Q23 millones bajo pesquisa.

Los Guacalitos es la supuesta propietaria de los terrenos donde fue construida la casa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en Los Eucaliptos, Santa Catarina Pinula, inmueble que pasó al Estado el 9 de septiembre último.

En Antigua

Hace dos semanas, Juan Carlos Monzón, sindicado y colaborador del MP, entregó la documentación a la Fiscalía Especial contra la Impunidad de dos viviendas ubicadas en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cada una valorada en US$1.5 millones, informó el abogado defensor del exfuncionario, Alexis Calderón.

Esas propiedades fueron adquiridas por medio de una offshore —entidad fuera de plaza— y un médico que es investigado porque habría servido como testaferro..

Se suman un chalé en El Pumpo, Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, con lo que se elevaría a 70 el número de bienes extinguidos en estos casos.

La finca La Montagna, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango — en proceso de ser valuada—, y el hotel boutique Mansión de La Luz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, pendiente de ser intervenido por la Fiscalía, se consideran propiedad de Baldetti.

Bajo medidas tutelares se encuentran un apartamento, tres parqueos, tres bodegas de un edificio de apartamentos en la zona 10, cuatro cuentas bancarias y cuatro terrenos relacionados con la ex vicemandataria.

Recientemente fue extinguida una de las dos casas de descanso de Pérez Molina en Taxisco, así como la finca Zaragoza, en Chimaltenango, dos lanchas y un helicóptero.

Durante sus años al frente del Ejecutivo, el exmandatario Otto Pérez no ocultó su pasión por el futbol, pero más por el Real Madrid.

En su visita a Guatemala, en junio del 2014, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez le regaló una camisola del equipo merengue. En la espalda, tenía el nombre de “Otto”.

La evidencia fue presentada hoy en el  caso Cooptación del Estado, la cual encontró el Ministerio Público en la finca Los Cocos, ubicada en Taxisco, Santa Rosa y que según argumenta se compró supuestamente con dinero ilicito.

El 8 de marzo del 2012, el expresidente participó de un encuentro amistoso entre las estrellas del Real Madrid y figuras del balompié nacional. 

En el once inicial de las figuras del futbol nacional apareció el entonces presidente, que momentos previos al duelo brindo una recepción a las estrellas del Real Madrid.

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Pérez Molina y Roxana Baldetti despilfarraron Q302.7 millones

La cooptación del Estado es un término popular actualmente, sin embargo la palabra cooptación se deriva del latín Cooptatio, aquí el significado.

Otra definición más amplia de cooptación, señala que  “es un sistema de nombramiento o reclutamiento por nominación, por el cual una asociación cualquiera de personas nombra internamente a sus propios miembros, sin dependencia de criterios externos”, según The Free Dictionary.

¿Por qué Cooptación del Estado?

Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), en el desarrollo de la investigación por el caso La Línea, así como del análisis de la documentación incautada físicamente y dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.

Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG como La Línea, la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y el Caso del Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones en curso.

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“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala, y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dice el comunicado de la Cicig del 2 de junio último.

Agrega el documento: “así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”.

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Por este caso se lleva a cabo la audiencia de primera declaración, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, contra 57 señalados por el ente investigador de formar parte de la red.

¿Cuáles han sido las denuncias e inconsistencias encontradas?

Montenegro: Nos encontramos con que el negocio que se estaba pretendiendo y que al final se consumó era bastante anómalo. Primero, porque desde el 2011 se había intervenido esta portuaria por parte de Álvaro Colom, y  además de intervenir creó la figura del subinterventor, dándole facultades de gerente.  En el 2012, los interventores estaban arrogándose funciones que le competían a la Junta Directiva, y empezaron a crear un contrato de usufructo oneroso.  

Marroquín: Había tantas irregularidades e ilegalidades abiertas que se dijeron en su momento. Un ejemplo muy sencillo: una concesión tiene que ser licitada, primero porque es una obra grande, es el principal puerto de entradas y salidas de mercancías de Guatemala.  Segundo, cómo pueden pretender hacer una obra tan grande sin un plan de desarrollo territorial de toda la zona.    

¿Cuál fue su impresión al salir a  luz el caso?

Montenegro: Ratificamos ahí el porqué se había subvaluado el terreno.   Lo concesionaron con una simulación de contrato de usufructo de US$0.20, en lugar de  US$8, porque de ahí iba a salir la  coima. Lo hicieron así  quienes ya estaban recibiendo  mordida, según se dice ahora, de millones de dólares.

Aquí, además de los grandes responsables en este negocio, los primeros que  pudieron haber detenido esto fueron  los procuradores generales que estuvieron desde el 2012. Ninguno actuó para parar este proceso; habría que deducirles alguna responsabilidad.

¿Considera que se creó una estructura dentro del Gobierno?

Montenegro: Yo diría que sí, se creó toda una estructura criminal para saquear al Estado.

¿Hay más usufructos similares al de TCQ?

Montenegro: Hay muchos contratos que sí deberían ser declarados lesivos.  Por ejemplo, en el aeropuerto,  una serie de empresas del Estado en donde nunca se ha querido pronunciar la Procuraduría General de la Nación.    

¿Cuál es el estatus del caso TCQ?

Montenegro: Luego de lo dicho por la Cicig, el caso va a avanzar; pero avanza a paso muy lento, y pareciera que hay intención de que todo quede como está.  Lo que pedimos es la nulidad total.

¿Considera que se cae en el discurso de robar poco, pero con un proyecto de beneficio?

Montenegro: Nadie está en contra de que el Estado avance y de que la Portuaria Quetzal se convierta en una terminal internacional competitiva, siempre y cuando las cosas se hagan en forma legal, y no bajo mordidas y subvaluando, engañando y simulando.  Bajo esas circunstancias, es inaceptable decir “bueno aunque sea así sigamos”.

Marroquín: Son mensajes decepcionantes el hecho de que directivos empresariales estén como quien dice borrón y cuenta nueva. Por esa forma de pensar en los negocios es que Guatemala está cundida de corrupción.    

¿Cuánto puede llevar el proceso contencioso administrativo?

Montenegro: Depende de la voluntad de los juzgadores. Después de tres años y medio,  el usufructo de TCQ deberá ser anulado por completo  y restablecer todo a como estaba antes.   

¿Cómo debe tomarse la inversión del Banco Mundial en el caso TCQ?

Montenegro: Es lamentable. Acción Ciudadana les  había alertado de las anomalías que habían en este proceso. Ellos tendrán a nivel internacional que dilucidar esa problemática y ver cómo entre los particulares se resarce económicamente.

Marroquín: Le escribimos al Banco Mundial, haciéndole un recuento de las irregularidades para que no le diera un préstamo a algo tan anómalo, y aun así siguió adelante con el negocio. Ahora tiene grandes repercusiones.

¿Habría que investigar a los exministros?

Montenegro: Sí, pero insisto en el papel de los procuradores generales, porque hubieran rescindido el contrato, declarado lesivo o anularlo.   

Marroquín:  Si llegas a una posición de ministro y no te das cuenta de semejante ilegalidad es porque te haces de la vista gorda o eres parte, o no estabas en capacidad de ser un funcionario público.   

¿Sorprende que llevaran dinero en efectivo a la Casa Presidencial?

Montenegro: Indigna, pero ya no nos sorprende nada. Con tanta podredumbre y corrupción, era obvio que ellos no querían dejar evidencia, y por eso era el dinero en efectivo.
Marroquín:  El tema es de dónde salieron esos dólares, ¿de un banco local?, ¿por aviones privados? ¿comerciales? La segunda fase de la investigación es muy importante.

¿Los tres casos que implican al exbinomio  terminan con la poca credibilidad de políticos?

Marroquín: En este caso eran bandas constituidas, disfrazadas de partido político, pero cuyo fin era el saqueo del Estado.  Se frenó, se hizo un alto a todas las bandas que estaban organizadas para actuar políticamente para ir a saquear el Estado.

Montenegro: Lo que se destapó es positivo.  Esto nos va ayudar a que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más.

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) impugnó la resolución del juez, por considerar que hay actividad procesal defectuosa.

Además, un fiscal refirió que entre los riesgos que existen al confirmarse la separación del juez está que no hay autoridad para que ordene diligencias futuras en el proceso penal, sumado al retraso.

El representante del MP explicó que fueron notificados el lunes último por correo electrónico, y aseveró que aunque la Ley le permite al juez notificar de oficio, lo adecuado era que efectuara una audiencia, para que las partes procesales se pronunciaran.

“La nota que se recibió dice: Después de tener conocimiento de los hechos, la judicatura estableció, que si bien, existen personas en el caso Aceros de Guatemala, que tuvieron relación con La Línea (…), se determinó que no tiene vinculación con la estructura liderada por Otto Pérez. En ese orden de ideas esta judicatura considera que debe inhibirse”, indicó el fiscal, quien agregó que además de impugnar la excusa, mañana presentarán una apelación.

“Sobre todo porque no se debe inhibir el juez”, manifestó.

Confirma decisión

Gálvez confirmó haberse excusado y descartó que su decisión se debiera a amenazas o intimidaciones. “Para mí, sí existe relación; pero creo que era preferible separar los casos”, afirmó Gálvez.

En ese proceso están sindicados Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovanni Marroquín, enlace de la estructura; además de otras 13 personas, entre funcionarios y particulares.

Cada 7 de diciembre, desde finales del siglo XVII, en Guatemala se festeja la quema del diablo, una celebración folclórica y religiosa que ha ido cambiando con el pasar del tiempo.

Este año el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, señalados por el Ministerio Público (MP) de ser los jefes de la red de defraudación aduanera denominada La Línea, fueron representados en piñatas que ardieron en llamas.

En la 16 avenida y 2a. calle de la zona 1 capitalina, los vecinos se organizaron para elaborar una piñata gigante con la figura del diablo. A las seis de la tarde prendieron fuego a la imagen y quemaron cohetes. 

Un grupo de ciudadanos se reunió frente al Congreso de la República y llevó una piñata del diablo con el rostro del diputado Luis Rabbé, presidente del Organismo Legislativo, que prendió en llamas. 

Instantes después de las 18 horas, cuando con cohetillos y fogarones fue quemado el diablo, la imagen de la Virgen de Concepción salió en procesión para recorrer el torreón en el Cerrito del Carmen.

Devoción

El origen de la devoción viene del simbolismo del fuego como elemento purificador en los ritos de diferentes culturas, indicó Miguel Álvarez, cronista de la ciudad.

El antecedente de esta tradición proviene del siglo XVII, con las luminarias, que eran adornos festivos usados en celebraciones civiles religiosas.

#QuemaDelDiablo transcurre sin incidentes en Santa Cruz del #Quiché pic.twitter.com/Ea5F0Qbjoi

— Óscar Figueroa (@OGFigueroa_EU) December 8, 2015

El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías señalados por el Ministerio Público (MP) de ser los jefes de la red de defraudación aduanera denominada La Línea, que habría desfalcado al Estado por varios millones de quetzales, fueron representados en piñatas.

A dichas piñatas les fueron añadidos cuernos y cola para hacer una representación del diablo, además de un uniforme blanco con rayas negras, característico de los presos. Según los vendedores fueron de los modelos más solicitados por los compradores.

Piñateros elaboraron varios diseños entre ellos de exmandatarios Otto Pérez y Roxana Baldetti. #LaQuemaDelDiablo pic.twitter.com/QHR2Jg3WKG

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) December 7, 2015

Marta Rodríguez*, quien elabora piñatas desde que tenía 8 años y atiende un negocio frente al Parque Colón en el Centro Histórico de la capital guatemalteca comentó que la idea de crear esos modelos surgió por los comentarios de los mismos compradores.

“Una señora me preguntó sí iba a tener diseños diferentes de diablos este año, le dije que sí y que si quería uno en especial lo elaboramos. Me dijo: ?Debería hacer unas de Pérez y Baldetti, esa gente es el puro diablo porque se robaron el dinero de los hospitales'.  Así nació la idea”, dijo Rodríguez.

Comentó que cada una de esas piñatas vale Q125 y que para iniciar elaboró 10, cinco de Pérez Molina y cinco de Baldetti Elías.

“Las vendimos rápido y la gente seguía pidiendo por eso hicimos otras 10 que se terminaron de vender ayer; para no tener pérdidas ya no hicimos más, aunque hoy ya vino una persona a preguntar si teníamos esos diseños”, aseguró Rodriguez.

La vendedora afirmó que las personas que compraron estos modelos creen que los exmandatarios son unos traidores. “Varias personas me han dicho que ellos —Pérez Molina y Baldetti Elías—traicionaron la confianza que el pueblo les dio y por eso merecen ser comparados con el diablo”, explicó.

Otros modelos

Rodríguez comentó que un comprador le preguntó si tenía una piñata que representará a Juan Carlos Monzón, exsecretario Privado de la Vicepresidencia, quien también es señalado de ser uno de los jefes de La Línea.

“No teníamos ese diseño pero lo elaboramos, hicimos una piñata que simulada ir corriendo, porque este señor se fugó un buen tiempo, además como adorno le colocamos una bolsa llena de dinero”, precisó la vendedora.

Piñatas para celebrar #LaQuemaDelDiablo cuestan desde Q10 hasta Q1,800, dependiendo el tamaño. pic.twitter.com/DBKMcb2DoR

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) December 7, 2015

Relató que fue hasta este año que las personas comenzaron a preguntar y comprar por modelos de piñatas de personajes de la vida política al indicarle si ha hecho el de otros personajes contestó: “No, pero si quieren vengan con una foto y nosotros se la hacemos”.

Estilos y precios

Desde hace unos 25 años, surgió la idea de crear piñatas con la figura del diablo para quemarlas el 7 de diciembre. Una de las razones fue las innumerables críticas que recibía la tradición porque muchas personas optaban por quemar basura y desechos ese día.

La idea rápidamente cobró popularidad y año con año los diseños y precios han ido cambiando. Actualmente se pueden conseguir piñatas desde los Q10 hasta los Q1,800, dependiendo del tamaño y el diseño de la misma.

“Las más grandes las hacemos por encargo, generalmente son varias familias que viven en una misma cuadra quienes colaboran para comprar las piñatas más grandes y celebrar La Quema del Diablo en sus barrios”, comentó Rodríguez.

*Nombre ficticio a solicitud de la entrevistada.

El martes por la noche trascendió un  rumor que sugería un presunto plan de fuga orquestado por Roxana Baldetti, con la complicidad de la actual ministra de Gobernación Eunice Mendizábal.

Aunque el rumor no fue confirmado por ninguna autoridad, el MP cree que existe la posibilidad y este miércoles la vocera del ente investigador Julia Barrera, manifestó que pidieron al Ministerio de Gobernación (Mingob) reforzar la custodia que tiene actualmente la exfuncionaria.

Actualmente Baldetti se encuentra internada en el Hospital de Especialidades Médicas, situado en la zona 4 de Mixco, afectada por una baceria hospitalaria que, según informes forenses, la obliga a estar hospitalizada. 

“Como MP pedimos redoblar las medidas de seguridad en el hospital, pero sólo podemos solicitarlo ya que su resguardo es competencia del Mingob por medio del Sistema Penitenciario”, enfatizó Barrera.

Sosa afirmó este miércoles que no podía emitir una opinión respecto a la posible fuga de Baldetti porque desconocía la situación.

Ligada a proceso

El pasado 25 de agosto el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal a la ex vicemandataria por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Según el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina son los presuntos cabecillas de una estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Por ese caso se encuentran en prisión preventiva Roxana Baldetti, Pérez Molina, Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia, y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Luego que Martínez solicitó cambiar los delitos por los cuales fue enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en el caso Redes, la jueza Judith Secaida rechazó la petición del exsecretario general de la Presidencia durante la gestión Pérez Molina.

César Medina Farfán, también supuesto integrante de la red de tráfico de influencias denominada Redes, hizo la misma petición que Martínez pero le fue negada por la juzgadora.

Filadelfo Reyes, otro presunto miembro de la estructura, corrió con la misma suerte pues deberá seguir en prisión al igual que Martínez y Medina Farfán.

Por su parte, Karen Cancinos, quien según el Ministerio Público (MP) prestó su cuenta bancaria para que la empresa Jaguar Energy efectuara el pago de un soborno a Martínez para que arreglara una reunión con Pérez Molina, fue beneficiada con libertad condicional.

Gustavo Martínez acudió ante el Juzgado Quinto por una reforma de auto de procesamiento. Foto: A. Interiano. pic.twitter.com/F90mdEH4Sm

— Sara Melini (@smelini_pl) December 2, 2015

Secaida argumentó que Cancinos únicamente está señalada por el delito de lavado de dinero, mientras que Martínez, Media Farfán y Reyes son señalados por el MP de asociación ilícita.

Los casos

Por medio de escuchas telefónicas el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) establecieron que Carlos Muñoz, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de Medina Farfán gestionó estando en ese cargo, que se le desestimará un caso que tenía abierto desde el 2004 por los delitos de estafa propia, peculado, entre otros, en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, presidido por el juez Jose Luis Patán.

En el segundo caso se evidenció cómo la empresa Zeta Gas requirió las gestiones de Medina Farfán para realizar las gestiones y eliminar los obstáculos para poder obtener el depósito aduanero de tránsito de gas por el país, para lo cual se fijaba una póliza de US$5 millones -unos Q39 millones-.

Según la investigación, a través de las conversaciones entre empleados de la empresa con el presunto cabecilla de la red de tráfico de influencias y el ex jefe de la SAT, Carlos Muñoz, nombrado por Otto Pérez Molina, se logró reducir a Q5 millones, equivalente a US$650 mil.

El tercer caso tiene que ver con la empresa Jaguar Energy en donde Ernesto Córdova solicita la actuación de un intermediario para obtener ciertos privilegios y tener así una posición privilegiada.

De esa cuenta contacta a Medina Farfán, quien habría conversado con Gustavo Martínez, su amigo personal y en ese entonces secretario general de la Presidencia, para que incluyera en la agenda del expresidente Pérez Molina una cita con ejecutivos de la entidad comercial.

La primera reunión de transición entre Álvaro Colom y Otto Pérez se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2011 en la sala de segiones del Gabinete. En el asiento principal se colocó el entonces presidente, Colom Caballeros, y a su derecha, Rafael Espada, entonces vicepresidente.

La fotografía de portada de Prensa Libre del 15 de noviembre destacó a Pérez y a Baldetti que presentaron oficialmente a los primeros cinco ministros integrantes de su Gabinete.

Eduardo Stein, jefe del equipo de transición, no participó en la junta. En su lugar estuvo Emmanuel Seidner, coordinador técnido del Partido Patriota.

Entre el 15 y 16 de noviembre de 2011, Pérez Molina y Roxana Baldetti, entonces presidente y vicepresidenta electos, respectivamente, recibieron el primer informe de parte de Colom Caballeros, quien dejaba el poder luego de cuatro años de gobierno.

Empezaba, entonces, el proceso de transición, el cual traería sorpresas, como el nombramiento de ministros de Estado y el cambio de personal en decenas de secretarías y dependencias de Estado. Ya había pasado un poco la psicosis de quién ganaría, pero empezaba la migración de cientos de empleados que habían obtenido contratos con Colom.

El 15 de noviembre de aquel año, a la reunión con Colom y el entonces vicepresidente, Rafael Espada, asistieron los ministros que Pérez Molina ya había nombrado. Entre estos figuraban cinco funcionarios seleccionados por el binomio Pérez-Baldetti:  Mauricio López Bonilla, para la cartera de Gobernación; Pavel Centeno, Finanzas; Harold Caballeros, Relaciones Exteriores; Francisco Arredondo, Salud Públcia, y Alejandro Sinibaldi, Comunicaciones.

Irónicamente, ninguno de los cinco terminaría su gestión con Pérez Molina. De hecho, ni Pérez ni Baldetti verían el final feliz de su gestión, debido a que guardan prisión por señalamientos de liderar un banda defraudadora del fisco.

Evaluación

Como parte de la transición, el 15 y 16 de noviembre de 2011 se evaluó en una reunión previa aspectos vinculados con salud, educación y programas sociales. Era notorio que uno de los caballitos de batalla de Colom habían sido los programas sociales, los cuales iban a dar un giro radical con la llegada de Pérez y Baldetti. Parte de ese plan fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el impulso del plan Hambre Cero.

Uno de los puntos más candentes de aquel primer encuentro fue que Colom admitió que Mi familia progresa, uno de los programas de su gobierno, carecía de fondos en el proyecto de presupuesto del 2012.

Antes de la reunión, Pérez Molina descartó crear un “Plan de los cien días”, lo cual consideró una pérdida de tiempo y de recursos, ya que esto crearía “falsas expectativas”. Además, aseguró que el primer día de su gobierno se notaría el cambio.  Cuatro años después, en 2015, Alejandro Maldonado, quien terminó el fallido período de Pérez Molina, también rinde cuentas a Jimmy Morales, presidente electo en octubre de 2015.

Otros ministros de Pérez

Durante la transición Colom – Pérez Molina, se dio a conocer que el nuevo ministro de Economía sería Sergio de la Torre, quien provenía del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Era un empresario textil próspero que tampoco terminó su gestión durante el mandato de Pérez Molina.

Para la cartera de Agricultura, Pérez designó al ex rector de la Universidad de San Carlos Efraín Medina; y para la cartera de Cultura a Carlos Batzín, entonces Secretario de Pueblos Indígenas. Ninguno de los dos terminó su gestión. Batzín fue llevado a interpelación al Congreso durante más de un año.

Respecto de De la Torre, Pérez Molina dijio entonces que era “una persona trabajadora y comprometida”.  No cabía duda que el nuevo mandatario tomaba de la iniciativa privada a un ejecutivo con trayectoria en el campo de las exportaciones, la industria textil y la banca.

Por aparte, Caballeros y Medina, quien habían hecho mancuerna en las elecciones por el partido Visión con Valores, llegaban derrotados de una contienda política poco amistosa. Cuatro años más tarde, en el 2015, Zury Ríos, también se embarcaría por la Presidencia con ese mismo partido, pero sería relegada al quinto espacio en las casillas.

Para la cartera de Trabajo, Pérez Molina y Baldetti eligieron a Carlos Contreras. “Es un abogado laborista y experto. Recibió capacitación y profesionalización en resolución de conflictos”, dijo Pérez aquel año.  Contreras también había ejercidio como abogado del binomio electo, que interpuso una demanda contra Sandra Torres Casanova, ex exposa de Colom, por usurpación de funciones y abuso de autoridad. Contreras tampoco terminó su gestión en Trabajo, pues fue nombrado presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en sustitución de Juan de Dios Rodríguez, vinculado con una red de corrupción en esa entidad.

El congresista de San Marcos, Luis Contreras y el legislador de Quiché, Estuardo Galdámez, renunciaron al Partido Patriota (PP), el cual llevó a la presidencia de la República a Otto Pérez Molina.

Contreras y Galdámez anunciaron que se integrarán al bloque Independiente, que se conformó el pasado 8 de octubre con 11 diputados disidentes del PP que son considerados afines a Pérez Molina, quien guarda prisión por su presunta vinculación en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.

“A partir de la presente fecha renuncio a pertenecer al bloque del Partido Patriota y me incorporo al bloque legislativo Independiente”, refiere la carta que Contreras envió a la Dirección Legislativa.

Aunque siempre pregonó que no abandonaría el PP, Galdámez también dejó dicha agrupación. El parlamentario dijo este martes que las bases le pidieron que renunciara.

Jefe de la bancada Independiente, J. Fernández confirma que Estuardo Galdámez y Luis Contreras se suman a su bloque pic.twitter.com/PAjWW2nYh1

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 27, 2015

Con la incorporación de Contreras y Galdámez, la bancada Independiente suma 15 legisladores. Hace un mes el PP tenía en sus filas a 31 diputados y ahora sólo le quedan 15.

Entre los legisladores que integran el bloque Independiente liderada por el ex subjefe de bancada Patriota José Fernández, se encuentran Arístides Crespo, de Escuintla; los hermanos Iván y Édgar Arévalo, de Totonicapán; Manuel García Chutá, de Sololá; Jimmy Ren, de Quiché; y Emmilenne Mazariegos, de Huehuetenango.

Otra renuncia

Juan Francisco Cárdenas, de Chimaltenango, presentó su renuncia al partido Libertad Democrática Renovada (Líder). 

El pasado 6 de octubre un grupo de 11 parlamentarios disidentes de Líder anunciaron la conformación de la bancada Podemos. Como jefe de bloque nombraron al diputado Nery Rodas Méndez y como subjefe a Edgar Ajcip Tepeu, quien fue secretario privado de Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Líder.

En  la bancada también figuran Gregorio Luciano Nolasco y Rubén Salvador Mazariegos, quienes renunciaron al PP el pasado 21 de septiembre.

La empresa salió a relucir ayer durante la primera declaración de Salvador González, alias Eco, ante el juzgado B de Mayor Riesgo, quien afirmó que sostuvo reuniones con el expresidente, su nuera, Luisa Issacs, y su hija Pérez Leal para conocer la situación en la que se encontraban sus compañías.

Según el portal de Guatecompras, Pixeles ha recibido contratos por Q620 mil 56, de los cuales el 93.2 por ciento se le otorgaron durante este gobierno, sólo este año se le otorgaron Q273 mil 585.

En Guatecompras se demuestra que la entidad con mayor cantidad de adjudicaciones a Pixel fue del Instituto Guatemalteco de Turismo y que más del 90 por ciento son compras directas.

Las reuniones

Durante el segundo día de declaraciones, González explicó que cada lunes se reunían en Pixel, donde participaba “la nuera –del expresidente– Luisa”, “Lissette” –hija de Pérez–, y “el contador de la empresa Mario Contreras”.

“También estaba yo y gente de la empresa, algunas veces el abogado”, manifestó González, quien rinde su declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

La relación

De acuerdo con González, conoció a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a través de su exsecretario privado y ahora prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón, quien los presentó para que él se hiciera responsable de las empresas de la exfuncionaria, quien ahora guarda prisión acusada de dirigir una red de defraudación aduanera.

Según el relato de González, ya incluido en la red denominada La Línea por la Comisión Internacional (Cicig) y el Ministerio Público (MP), Baldetti le habría recomendado al mandatario que, el también conocido como Eco, se ocupara de sus empresas, tal y como lo hizo con las compañías de su propiedad.

Entre las empresas de Baldetti mencionó: Centro Industrial de Oriente, Gardenia (que era un área inmobiliaria en Coatepeque), y Galú, la cual se supone que adquiriría un bien inmueble que pudiera servir como hotel en Antigua Guatemala.

A decir de Eco, éstas “son empresas de cartón” porque durante un tiempo tuvieron movimiento, pero en un tiempo importante no se tuvo ninguna actividad… Se veía incluso si era necesario cambiar accionistas, o cambiar administrador por representante legal”.

“Muchas de las empresas tenía capital por Q10 mil, Q5 mil, e incluso Q100 mil, pero se necesitaba llevar a capital industrial para ser sujetas de crédito”, como sucedió con Galú, por ejemplo, explicó.

A través de su cuenta de tuiter, Pezzarossi publicó una carta de agradecimiento y despedida del cargo, en la cual recuerda que este viernes -18 de septiembre- se cumplió un año exacto luego de ser nombrado ministro por el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien actualmente está en prisión preventiva por su posible vínculo en una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

“Sin duda alguna fue un nombramiento que causó mucha controversia por mi procedencia del lado del deporte. Evidentemente no era la cultura mi tema fuerte. Aun así, acepté el reto y la confianza depositada en mí”, indica la nota.

El exjugador de Comunicaciones y de la Selección Nacional de fútbol agregó que las críticas fueron y serán parte de su vida, pero nunca imaginó el nivel de las mismas en su primera experiencia en el tema político.

“Con toda humildad acepto y entiendo las críticas que he tenido y reconozco que la creatividad de los guatemaltecos me causó más de una sonrisa. Me fortalecieron y motivaron para intentar ser cada día mejor en mi trabajo como funcionario público”, explicó.

Asimismo, menciona que durante su administración seguramente hubo errores, pero garantiza que también hubo aciertos.

“En el sector público descubrí que la voluntad política es clave. Confirmé que el trabajo en equipo es fundamental en todos los ámbitos de la vida”, enfatiza el documento.

Olvida a Otto Pérez

Antes de mencionar que se retira con la frente en alto, Pezzarossi agradece al presidente Alejandro Maldonado Aguirre y al vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria.

Sin embargo, omite recordar al exmandatario Otto Pérez Molina, quien lo nombró Comisionado Presidencial de Deportes y posteriormente lo puso al frente del Ministerio de Cultura y Deportes.

El interés de deportistas en la política no es nuevo, ya que el ex jugador Martín Machón todavía dirige la Dirección General de Educación Física, dependencia del Ministerio de Educación, además en la actual contienda electoral, varios jugadores de fútbol profesional, buscaban una curul en el Congreso.