PGN acciona por supuesta vulneración de derechos de adolescentes en colegio de la capital

Ante información que circula en redes sociales sobre la supuesta vulneración de derechos de adolescentes en un centro educativo privado de la capital, las autoridades anunciaron acciones legales.

Pavel Arellano

12 de agosto de 2024 | 21:11h

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Foto Ilustrativa. Las autoridades han anunciado este lunes que tomarán acciones ante un supuesto caso de vulneración de derechos de adolescentes en un centro educativo privado. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Este lunes 12 de agosto circula en redes sociales un hecho supuestamente ocurrido en un centro educativo privado de la capital, donde se presume que se habrían violentado los derechos de algunas adolescentes que estudian en el plantel al colocar sus fotografías en contenidos pornográficos por medio de inteligencia artificial.

Ante esta información, sumado a un video donde supuestamente se observa una reunión entre padres de familia con una mujer que se presume es la directora del centro educativo, las autoridades han informado que emprenderán acciones legales.

Por un lado la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que ha presentado una denuncia en el Ministerio Público (MP) para que inicie con las investigaciones del caso, así como la deducción de responsabilidades.

La PGN indicó que otras de las acciones que llevarán a cabo será la asignación de un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, con el objetivo de movilizarse a dicho centro educativo para constatar el estado de las adolescentes.

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Además, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, dijo en su cuenta de X que, en coordinación con la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, se han empezado a coordinar acciones con el Ministerio de Educación ante esta situación.

#ComunicadoPGN| Respecto a información que circula en redes sociales, relacionada a la vulneración de derechos de adolescentes en un centro educativo se informa: pic.twitter.com/o0uUDCiEqh

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) August 13, 2024

Herrera mencionó que una de las acciones a hacer son capacitaciones a los maestros del centro educativo, más otras acciones que no detalló en su publicación de X.

Desde la @ViceGuatemala, a través de la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas (@secretariasvet), se están coordinando acciones con el @MineducGT, como la capacitación de los maestros de este centro educativo en relación con este tema tan importante, entre… https://t.co/WlXJ7oVgFa

— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) August 13, 2024

Hecho

La vicepresidenta citó una publicación en X en donde se denuncia a un centro educativo privado por vulnerar los derechos de algunas adolescentes mediante el uso de inteligencia artificial.

En la publicación también se compartió un video de una supuesta reunión entre padres de familia y una mujer que presuntamente es la directora del centro educativo.

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En dicho video, donde aparentemente se habla del hecho, la directora del centro educativo afirmó que los alumnos responsables de la situación “no lo hicieron con maldad”, lo que causa la queja de los padres de familia.

Jorge Flores, subdirector médico de ese hospital, refirió que a la Emergencia de Adultos y Pediatría del Hospital General San Juan de Dios, fueron trasladadas por los cuerpos de socorro las 13 personas de sexo femenino en edades comprendidas entre 14 y 17 años, con diagnóstico de intoxicación por inhalación de humo.  

Agregó que se procedió a atender de forma inmediata la emergencia, logrando estabilizar a las menores. 

Comentó que todas los pacientes recibieron evaluación y tratamiento médico encontrándose estables, pero en el caso particular de una menor presentaba quemaduras menores, no graves, en diferentes partes del cuerpo por lo que está siendo atendida por el departamento de Cirugía. 

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Las autoridades confirmaron que de las 13 pacientes, 11 fueron egresadas por estabilidad hemodinámica y dos permanecieron bajo observación, para evaluar su evolución.  

La mañana de este 8 de mayo las autoridades de ese hospital informaron que otra menor fue dada de alta y solo quedó una hospitalizada. 

En horas de la tarde, las autoridades de Bienestar Social informaron que la última de las niñas que estaba hospitalizada fue dada de alta.

También informaron que una menor abandonó el proceso en el hogar durante el incidente, pero que fue localizada y ya está nuevamente dentro del programa.

La Procuraduría de Derechos Humanos informó que la Defensoría de Personas Víctimas de Trata en coordinación con Defensoría de Niñez verifican en Juzgado de Paz situación y condiciones de adolescentes que se encontraban en residencia que se incendió.  

Por su parte la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público coordinó la atención integral y protección, a través del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, para aproximadamente 20 adolescentes luego del incendio en una residencia de la Secretaría de Bienestar Social. 

“Por último, se informa que se está a la espera de que todas las adolescentes asistan a sus audiencias ante el respectivo juzgado, para concluir con este proceso”, se lee en el comunicado.

Tuvieron que forzar la puerta

El diputado Édgar Batres, presidente de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso acudió en la noche al sitio del incendio para verificar la situación de las menores.

“Hacemos responsables a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia por el incendio ocurrido esta noche en un “¿hogar seguro?”, donde 35 niñas resultaron intoxicadas por inhalación de humo y condiciones inadecuadas de existencia en el lugar”, escribió en Twitter.

“Debemos subrayar, de nuevo, la irresponsabilidad del personal de ese centro de abrigo, pues no actuaron con los protocolos de protección necesarios o, en definitiva, carecen de ellos”, escribió en otro mensaje.

“Tenemos conocimiento que los bomberos socorristas debieron derribar la puerta principal para poder realizar sus labores de rescate”, agregó.

El incendio 

El incendio en ese hogar ocurrió a eso de las 20 horas del pasado sábado 7 de mayo y los cuerpos de socorro llegaron para atender a las menores. 

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia comentó en un comunicado de prensa que se trató de un conato de incendio y que se cree que el fuego se originó por un cortocircuito.  

Añade que las 53 jóvenes que estaban en ese hogar fueron atendidas en el programa y se les dio también atención emocional por parte de psicólogos de los equipos multidisciplinarios de dicha secretaría y paramédicos de la Cruz Roja Guatemalteca. 

La agresión fue grabada en video y viralizada en las redes sociales, donde cientos de personas la han condenado.

También se ve el momento cuando una de las mujeres toma una piedra y la lanza contra su víctima, quien, sin poder defenderse se cubre el rostro.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), abrió un expediente de oficio por la agresión, ahora el Ministerio Público ha dado nuevos detalles con relación al ataque.

El MP ha confirmado que el hecho deriva de una manifestación de una asociación de pilotos de mototaxi que se encontraba frente a la comuna.

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Ante ello, el ente investigador ha requerido informes a la Municipalidad y a Renap para identificar a los posibles responsables, así como el registro de quienes integran dicha asociación.

La PDH ha señalado que la justicia es individual y aunque sea una organización se tiene que identificar con nombres y apellidos a los agresores.

“No pueden continuar este tipo de hechos es importante marcar un precedente de este tipo de delitos, para evitar que se continúe con los ataques”, comentó, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Agresión fomenta cultura de violencia

Este no es el primer caso que se registra de agredir a una mujer en la vía pública, el 16 de julio de este año, una mujer estaba en la zona 1, cuando un grupo de hombres, la agarraron por atrás y le robaron sus pertenencias, pero a eso se le sumó que uno de los delincuentes le pego y la patio, dejándola tirada en el suelo.

Posterior a ello, la Policía Nacional Civil capturó a Sergio Alexander Castellanos Pérez, de 24 años, quien era el presunto responsable de robarle a la mujer.

Sin embargo, en el juzgado de Femicidio MIAMI, señalaron que no ameritaba su consignación.

Para la psicóloga Claudia Pérez, con este tipo de resoluciones afecta la salud mental de las víctimas, al no contar con un respaldo ante la ley.

“Lo que sucede es que genera incertidumbre en las mujeres y eso hace que no quieran denunciar cuando son víctimas, por ejemplo, que hubiera pasado si no existiera un video en el primer caso, tal vez, ni siquiera las autoridades se hubieran dado cuenta y el delito quedaría impune”, aseguró la profesional.

Cuatro días han pasado desde la agresión y las investigaciones continuarán para identificar a los responsables.

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El pasado 13 de enero, Silvia Escobar como directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) fue destituida por “irregularidades en proceso de licitación durante su gestión”, informó en ese entonces el Ministerio de Economía.

Luego, en marzo de este año, las autoridades del Mineco juramentaron como director a Héctor Fernando Caal Klarks, quien renunció, días después, por motivos de salud.

El Ministerio de Economía a través del departamento de Comunicación respondió que aún están evaluando nuevos perfiles y que la tardanza se debe a que la persona debe de cumplir con requisitos específicos de Contraloría General de Cuentas, pero aseguran que la institución “continúa con sus funciones de vigilancia y protección al consumidor”.

“Sí hay opciones que se están evaluando para definir a la persona idónea en calidades técnicas y éticas para llevar a cabo esta importante labor de protección al usuario y al consumidor. Es importante resaltar que se debe de cumplir con requisitos específicos de Contraloría General de Cuentas. Es importante reiterar que la labor que realiza la Diaco continúa desarrollándose”, informó la entidad.

El Mineco agregó que en cuanto a la ausencia de director, el consumidor no está desprotegido porque las acciones de la Diaco continúan en todas las líneas.

“Un ejemplo de lo anterior es que la Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor ha mantenido los monitoreos constantes en los productos que integran la canasta básica.

Además, es importante resaltar el acompañamiento estratégico y operativo del Viceministerio de Inversión y Competencia al cual pertenece DIACO, para áreas que requieren un impulso adicional al que se llevaba previo al 2020:

1. Contratos de adhesión
2. Aceleración de resoluciones de expediente de quejas
3. Se está trabajando en la aplicación web de la DIACO para reducir tramitología, tiempos y costos

Falta de certeza

Fernando Trabanino, defensor del consumidor delegado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) consideró lamentable el que aún no se haya nombrado a la persona idónea para el cargo, porque el usuario se queda sin certeza, porque se da en un contexto de una crisis sanitaria mundial y que también afecta a la población guatemalteca.

Otro aspecto que señaló el defensor de la PDH es el descuido del centro de llamadas, que ya no está funcionado como el año pasado, y con el que se obtuvieron buenos resultados.

Durante la pandemia se adoptó una modalidad de conciliaciones virtuales. Estas abarcaron un 70 por ciento, y un 30 por ciento se llevó a cabo de manera presencial, para poder atender los casos con el objetivo de privilegiar el diálogo; y fue así como se llegaron a conciliaciones que beneficiaron a los usuarios que presentaron sus quejas a través de esa vía.

Al cierre del 2020, los cinco sectores que recibieron más denuncias ante la Diaco fueron: comercios, canasta básica, telefonía celular, energía eléctrica, y colegios y universidades.

“Los resultados del año pasado demuestran que es urgente retomar los temas de prevención en los abusos de cobros en los centros educativos, la venta de comercios al crédito, y vigilancia de los productos de la canasta básica, resaltó Trabanino.

El Mineco dijo que actualmente en temas de precios de mascarillas y alcohol en gel se requiere un rol menos activo de la Diaco porque el nivel de competencia de proveedores privados ha llevado a una caída significativa de precios.

El objetivo para este trimestre es dar seguimiento y monitoreo permanente a los productos de la canasta básica, a la vigilancia de colegios a quienes incluso les han brindado capacitaciones para prevenir incumplimiento o abusos a los usuarios, explicó la institución.

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A nivel país, se ha verificado que hay sedes departamentales que están cerradas, por lo tanto, no están recibiendo y atendiendo las demandas de los consumidores en la provincia, que no se deben olvidar o dejar de lado; y desconocemos las razones por las que no están funcionando todas las sedes, puede ser por un tema de presupuesto.

Vigilancia de precios

El aumento de los precios de algunas materias primas a nivel internacional incide directamente en toda la cadena de producción local y los productos de consumo final, afirmó Juárez.

“Un aumento de precios derivado de lo anterior lo utilizan las empresas para cubrir el aumento de sus costos. El problema radica cuando varias empresas coluden para desligarse de los precios de mercado y arbitrariamente aumentan sus precios, sin tener consecuencias -ya que no existe competencia-”, señaló Fabián Juárez, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes).

Por lo anterior, en el corto plazo, se deben atender las denuncias presentadas por los consumidores y tener una especial vigilancia en aquellos productos y servicios que han sido objeto de prácticas anticompetitivas en el pasado. “No obstante, la falta de autonomía de la institución y sus alcances -delimitados en su marco normativo- siempre dejarán un vacío en el campo de acción para defender los derechos de los consumidores y la libre competencia”, concluyó Juárez.

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Desprotección de antaño

Juárez opinó que el consumidor guatemalteco ha estado desprotegido desde hace mucho tiempo por varios factores.

El primero, por la falta de competencia que existe en algunos mercados; y el segundo es la falta de una entidad que tenga las capacidades de velar por la libre competencia y evitar que las empresas utilicen prácticas en detrimento de los consumidores.

Por ejemplo, las concertaciones de precios y calidad de los productos entre varios competidores, repartición del mercado, carteles, entre otros.

Además, de una causa estructural que es la ausencia de una Ley de Competencia en Guatemala, la cual ya se viene discutiendo hace varios años y en la que se contempla una autoridad autónoma que vele por los derechos de los consumidores y sancione e investigue las prácticas en detrimento de la competencia.

La Diaco tiene facultades y recursos limitados, enfatizó Juárez, es por eso que su campo de acción es insuficiente. En el contexto actual, la Diaco es la entidad a la que los consumidores deben avocarse en caso de verse vulnerados en sus derechos.

En el Congreso de la República se presentó una Ley de Competencia. Guatemala y Cuba son los únicos países de la región que aún no poseen este marco normativo. Existen ya varias iniciativas, -la 5074 es la más avanzada- y este esfuerzo debería se liderado por la Comisión de Economía del Congreso y el Mineco.

Nota del editor: Esta nota se actualizó el 5 de abril de 2021 para ampliar la postura del Mineco sobre la ausencia de director en la Diaco.

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Rayovac abrió operaciones en Guatemala en la década de los 60, pero en el 2018 el grupo Energizer Holdings Inc. acordó comprar el negocio de baterías e iluminación de Spectrum Brands Holdings Inc. por US$2 mil millones; y con esa compra absorbía las marcas Varta y Rayovac.

Energizer, que fabrica las baterías homónimas y las luces portátiles EverReady, obtuvo un negocio con una diversidad de baterías recargables, alcalinas, de carbón-zinc, para audífonos y de níquel e hidruro metálico, así como cargadores, dijo en un comunicado la empresa, con sede en San Luis, Misuri.

Es así como después de más de seis décadas en el país, el grupo Energizer Holdings Inc. decidió trasladar la operación a Brasil y tercerizar servicios en Centroamérica.

La tercerización incluye el almacenamiento y la distribución de las baterías de litio que producen también serán realizadas por una tercera empresa y las baterías de carbón que era producidas acá serán absorbidas por la planta que la transnacional tiene en Indonesia.

Sin previo aviso

Según los trabajadores no recibieron ningún aviso previo, entre trabajadores de mantenimiento, bodega, torneros, electricistas y otros departamentos hay personas con más de 30 años laborando para Rayovac.

Este 19 de diciembre Prensa Libre, llamó a la empresa Rayovac para solicitar información de la situación y respondió un guardia de seguridad, quien afirmó ya no se encontraba ningún directivo en las oficinas.

“Aquí ya no hay nadie, solo dejaron un correo para quienes estamos de seguridad durante este fin de semana, puede ser que la próxima semana se presenten los ingenieros”, expresó el guardia, quien prefirió no identificarse.

Los delegados del sindicato de trabajadores se reunieron el viernes 18 de diciembre con la gerencia dentro de la planta sin la presencia de los trabajadores, la reunión duró más de dos horas y al finalizar la empresa entregó los cheques de indemnización y prestaciones laborales a los 68 trabajadores que fueron despedidos.

Luis Eduardo Reyes, defensor de las personas trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos  y la Inspectora General de Trabajo verificaron el viernes la situación de los trabajadores de la empresa Rayovac con el objetivo de que se cumplieran con los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Cierre agudiza crisis de empleo

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, afirmó que las autoridades de la empresa dejaron entrar a los delegados de ambas instituciones, quienes fueron atendidos para explicar la situación.

En opinión del procurador el cierre de la empresa agudiza la crisis humanitaria que vive la población debido a los efectos de la pandemia del covid-19 porque los derechos fundamentales de alimentación y trabajo se ven vulnerados.

“La forma en como los trabajadores se enteraron del cierre no fue la adecuada, a través de una manta, para ello existen las notificaciones y comunicaciones internas para que los trabajadores con tiempo asimilen el proceso y puedan empezar a reubicarse en otros puestos de trabajo”, expresó Rodas.

El encargado de conciencia afirmó que la empresa cumplió con el pago de las obligaciones laborales, y no quedó ningún adeudo pendiente a los trabajadores. El cierre de operaciones es “completo” en todas las líneas de trabajo.

“La empresa colaboró con los delegados de la PDH y del Ministerio de Trabajo, quienes llegaron a brindar un acompañamiento a los trabajadores, y supervisaron el cumplimiento del pago por parte de la empresa”, informó Rodas.

Defensor de las personas trabajadoras de @PDHgt y la Inspectora General de Trabajo @MINTRABAJOGuate verifican situación en Empresa @rayovac ante cierre de labores en #Guatemala y respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras pic.twitter.com/RTFYoN4NDY

— PDH Guatemala (@PDHgt) December 18, 2020

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Este martes 18 de agosto se conoció la resolución de los magistrados de la CSJ, que pide al MP que se deduzca la responsabilidad penal en la que hubiere incurrido el Procurador de los Derechos Humanos, al no haber dado exacto cumplimiento a lo resuelto, se impone una multa de Q4 mil a Rodas, la cual deberá hacer efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La PDH en el 2015, durante la gestión de Jorge de León Duque, distribuyó el manual Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes; que según sectores varios sectores, promovía el aborto en lugar de la vida, que es el fin de la institución del procurador.

El pasado 8 de diciembre del 2017, la CSJ amparó en definitiva a la asociación La Familia Importa, en el fallo se ordena al procurador que cese la presentación y distribución del documento y que se abstuviera de emitir cualquier manual o hacer cualquier actividad que buscara apoyar y fomentar el aborto o prácticas abortivas.

La resolución también ordenaba al procurador contrarrestar los efectos que la distribución del material haya podido tener, mediante material que sea congruente con los derechos garantizados por la Constitución, que se defendiera el derecho del niño no nacido, realización de conferencias en las cuales se promueva el derecho humano a la vida desde la concepción y se exponga públicamente la postura oficial de la PDH que es promover la vida humana desde la concepción y condenar el aborto en cualquiera de sus formas.

En la resolución se señaló que la entidad Asociación La Familia Importa dice que esto no ha quedado evidenciado en ninguna actuación pues el procurador Jordán Rodas, quien únicamente se ha limitado a defender el derecho a la vida en general, haciendo una breve reseña a la vida desde de la concepción.

Añade que esta entidad cree que el procurador continuó promoviendo el aborto, haciendo referencia a este como una obligación del Estado de Guatemala, y ha motivado la adopción de las “observaciones” que el Comité de Derechos del Niño ha realizado a Guatemala mediante el documento identificado con  número CRG/GTM/CO/5-6 que implican que el Estado de Guatemala adopte el aborto como legal, conforme lo establece el párrafo 33 inciso B del documento citado.

Responde el PDH

El procurador Jordán Rodas expresó que presentó un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad ante la resolución que calificó como “arbitraria, sin fundamento legal y subjetiva” de la CSJ por haber citado una frase del Comité de Derechos del Niño en el informe sobre matrimonio infantil.

Dijo que espera que este ocurso de queja sea resuelto con lugar y así impere el estado de Derecho y se deje, según él, de “desestabilizar la frágil institucionalidad del Estado de Guatemala y seguir atacando a la Procuraduría de Derechos Humanos”.

En la noche, Rodas declaró en un comunicado que desde el 8 de diciembre de 2017, cuando la CSJ lo ordenó, suspensió el manual derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y atención de embarazos en niñas y adolescentes.

Aceptado para su trámite

Este jueves 20 de agosto, la CC aceptó para su trámite el ocurso de queja presentado por Rodas y señala un plazo de 24 horas a la CSJ, constituida en Tribunal de Amparo, para remitir copia del Amparo No. 1434-2017.

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El estudio del Inacif es parte de los indicios que usará el Ministerio Público para esclarecer el deceso de García Salas.

El miércoles por la noche los Bomberos Municipales Departamentales de San Lucas Sacatepéquez atendieron una llamada de emergencia en la casa del exprocurador de los Derechos Humanos en Santa Lucía Milpas Altas, kilómetro 32 de la ruta que conecta con Bárcenas Villa Nueva.

Mario Upún, vocero de los bomberos informó que la emergencia la cubrieron a las 23.45 horas del miércoles y que encontraron a la víctima en una habitación de la residencia por lo que alertaron al MP.

Upún añadió que la víctima tenía señales de haber sido estrangulada, pero los socorristas descartan que se trate de un suicidio, pues no encontraron ninguna soga.

Agregó que el cuerpo de la víctima mortal se encontraba en el suelo.

El jueves último Morales confirmó que el deceso “ocurrió el miércoles por la noche en su residencia”.

Según el exprocurador, su esposa se encontraba sola en su habitación porque quería hablar con sus hermanos, pero que su hija llegó a tocar a su puerta para alertarlo sobre que su madre se encontraba inconsciente, por lo que llamó a los bomberos e intentó darle respiración.

En la casa en que murió García Salas también se encontraba la empelada doméstica.

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Salubristas en Huehuetenango denunciaron que el Área de Salud distribuyó dos mil cascarillas “sencillas” como si se tratara de las famosas N95, varios empleados no aceptaron el protector porque el material de protección no corresponde a tipo mascarillas que les prometieron entregar.

El Colectivo Departamental de Auditoría Social de Huehuetenango denunció a través de las redes sociales el caso, explicaron que Salud entregó dos mil mascarillas a personal de los distritos para protección durante la actual emergencia del coronavirus; sin embargo, el material de la mascarilla, según médicos, no es de calidad; empleados devolvieron los tapabocas.

Manolo Ordóñez, coordinador del colectivo, detalló que se enteraron del caso porque personal de salud denunció que les entregaron un tipo de mascarilla, pero en el documento que les hicieron firmar decía que eran N95.

Para Ordóñez, el caso es “una estafa” y Salud habría incurrido en la comisión delitos cuya responsabilidad subrayó debe investigar el Ministerio Público.

Hallazgos

Érick Villatoro, auxiliar de la PDH, informó que abrió un expediente que incluye documentos y testimonios del personal médico. Para el auxiliar de conciencia la pesquisa cuenta con evidencia que podría respaldar que hubo irregularidades en la compra de dos mil mascarillas por un monto de Q1 mil 200, según el portal Guatecompras.

La compra se efectuó el 14 de noviembre de 2019, –cuando no sabía nada de la pandemia en el país–, según Salud, fue una compra de baja cuantía. La empresa que ganó el concurso fue Multiproductos Hospitalarios e Industriales, Sociedad Anónima; en la descripción del producto se detalla que son mascarillas con válvula y filtro N95 con elásticos de la marca Operson.

“Al menos 500 mascarillas fueron devueltas a el Área de Salud porque el personal se dio cuenta que no son de la calidad que se necesitan; el resto se vio obligado a usarlas”, expresó Villatoro.

El defensor del pueblo mencionó que varios empleados de Salud fueron amenazados para recibir el material médico.

“Se abrió un expediente de oficio porque al personal se les estaba haciendo entrega de mascarillas N95, cuando la realidad son mascarillas de una calidad muy baja”, dijo.

Según la PDH, el producto cuenta con certificado de calidad que respaldan la compra; sin embargo, “no se necesita ser experto para saber que lo que se distribuye no corresponde a la calidad”.

“Cuando destapan las cajas el personal se da cuenta que no son de la calidad que se estableció, nos preocupa porque se pone en peligro al personal que evaluará a pacientes sospechosos –de covid-19– con un equipo que no es el adecuado. Se debe establecer la responsabilidad contra quien pudo participar en esta compra, en las cajas hay calcomanías sobrepuestas donde están las especificaciones relacionadas al certificado de N-95 y dentro de las cajas hay producto sencillo de muy baja calidad”, dijo.

La PDH solicitó a Salud suspender el uso de las mascarillas del personal en Huehuetenango, pero la petición no tuvo eco.

La Procuraduría abrió otro expediente por no brindar el equipo básico de protección que incluye batas, guantes, mascarillas, alcohol en gel y otros insumos.

Personal de salud que pidió no ser citado, confirmó desde el comienzo de las medidas de contingencia, carecen de insumos para atender a la población.

“Solo tenemos mascarillas quirúrgicas, pero no hay N-95, no tenemos termómetros a pesar del riesgo para el personal”, denunció.

Carmelino García, director del Área de Salud, manifestó que ellos cuentan con toda la documentación que respalda la compra, respecto a la calidad del producto dijo que tienen un certificado de calidad.

“Nosotros no somos expertos para establecer si son N95 las mascarillas o no, enviamos una muestra al laboratorio nacional para que ellos den un dictamen y depende de eso para tomar acciones”, dijo.

Agregó que se suscribió un acta para devolver el producto en total fueron 500 mascarillas, el resto el personal aceptó lo que se les entregó. “Estamos pendientes del informe si es o no, esperamos esos resultados para presentar la denuncia porque como médicos no tenemos la facultad de hacer eso”.

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Los dos amparos se han presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la CNEE, debido a resoluciones en las que se modifica la forma de aplicar el cargo por distribución de energía. entre otras también piden que se suspendan los ajustes trimestrales a la tarifa social y no social que entró en vigencia el 1 de noviembre y que cubriría hasta el 31 de enero del 2020.

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Los ajustes estarían afectando al usuario con alzas, en opinión de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la bancada legislativa UNE.

Ambas entidades refieren que con las resoluciones 219-2019 y 220-2019, de la CNEE, se estarían violando 12 artículos de la Constitución, 4 de la Ley General de Electricidad y uno del reglamento, referentes a los procedimientos legales y la defensa del consumidor.

Con estas se aprobó en octubre pasado una metodología para unificar criterios para el cálculo de las tarifas eléctricas, pero según denuncias de la UNE, y el posterior amparo presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se estaría modificando la aplicación del Valor Agregado de Distribución (VAD), además de que representan alzas para los usuarios.

Ese cambio solo se puede hacer cada cinco años, han expuesto, aunque cuestionan que con esas resoluciones se han hecho modificaciones fuera del plazo y del proceso que establece la ley.

Según la bancada de la UNE, se mantenían escondidas hasta que se empezaron a hacer averiguaciones y su denuncia la centran en que se ha tratado de favorecer a las distribuidoras de Energuate (Deocsa y Deorsa).

El diputado Carlos Barreda expuso que no solo se busca la suspensión de tales resoluciones, sino que quede sin efecto el ajuste trimestral de la tarifa de energía —social y no social— correspondiente al 1 de noviembre del 2019 a enero del 2020, tomando en cuenta que ya se basaron en la nueva metodología.

Piden suspensión de 6 resoluciones:

• Resoluciones 219-2019 y 220-2019 de la CNEE que incluyen la metodología para unificar criterios para el cálculo de las tarifas eléctricas.
• Además, las resoluciones 247, 248, 248 y 250 del año 2019 que contienen la aprobación de la documentación de soporte para el ajuste trimestral que estaría en vigencia para el trimestre de noviembre 2019 a enero del 2020 para los usuarios de tarifa social y no social de Deocsa y Deorsa.

La Une también pide que se compense en la factura siguiente tanto al usuario como al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) el cobro extra realizado, según el documento de amparo.

El Inde es el ente que cubre el costo del subsidio de energía para los usuarios de 1 a 100 kilovatios hora al mes que son parte de la Tarifa Social.

Defendieron su postura

Los directores de la CNEE, en una reciente reunión sostenida en el Congreso durante la primera semana de diciembre negaron los señalamientos e indicaron que no han modificado ni subido el VAD, por lo que aseguran que no han caído en ilegalidades. Este 9 de diciembre no han respondido a la nueva solicitud de información.

Los comisionados explicaron que al menos US$21 millones se empezaron a trasladar a la factura de energía de usuarios de Energuate derivados de la nueva metodología, aunque Barreda mencionó que el nuevo cobro sumaría US$35 millones.

Entre los cambios se establece que varios cargos por inversiones que la empresa deberá hacer en el plazo de cinco años que establece el VAD serán reconocidos como inversiones efectuadas.

Según los comisionados, son obras que ya se reconocieron en el VAD quinquenal, pero el cambio se refiere a que ya no se esperará a que las ejecuten para incluirlas en la factura a los usuarios, sino que se trasladarán cada mes.

Se necesita certeza jurídica

El expresidente de la CNEE Carlos Colom explicó que, aunque no conoce los ajustes recientes, la estructura del VAD —cargo máximo que se cobra por la distribución de energía— solo se puede modificar cada cinco años. Además, refirió, está diseñado de esa manera por varias razones de fondo, como la certeza jurídica, tanto para el consumidor como para el propietario de la red.

“Habrá que ver si se modificó la estructura del VAD y definir sus efectos”, agregó.

Sin embargo, dijo que suspender el ajuste trimestral también es difícil porque podría traer problemas al sistema de electricidad, ya que los ingresos por el cargo del VAD son lo que sostienen a las distribuidoras de energía.

Más detalles

Se cuestionó en septiembre del 2019 la destitución de los directores Minor López, Julio Campos y Miguel Santizo porque el Presidente de la República Jimmy Morales no presentó los argumentos en los que se basó para dicha decisión.

En su lugar fueron nombrados Rodrigo Fernández, quien la preside, Rafael Argueta y Ángel García.

Los primeros dos directores mencionados explicaron a Prensa Libre la semana pasada que las resoluciones en mención (por las cuales se presentó amparo en la CC), abarcan a cinco distribuidoras.

Según las resoluciones 219-2019 y 220-2019 de la CNEE, los criterios que componen la nueva metodología para calcular las tarifas deben ser aplicados de forma obligatoria por las distribuidoras cuyos pliegos tarifarios del VAD fueron aprobados durante el año 2018 a la fecha.

Estas son:

• Deocsa
• Deorsa
• EEGSA
• Empresa Eléctrica Municipales de Zacapa
• Empresa Eléctrica Municipales de Retalhuleu

La Une se ha concentrado en denunciar alzas en tarifas en Deocsa y Deorsa, VAD que fue aprobado en el segundo semestre del 2019.

• Barreda declaró que los aumentos para el usuario son de Q0.07 centavos por kilovatio hora (kWh) al mes en Deorsa, alrededor del 14%, ya que los cargos aplicados a octubre del 2019 eran de Q0.50 y subió a Q0.57.
• En tanto para Deocsa era de Q0.54 por kWh y en noviembre subió a Q0.63 por kWh, (17%)
• Los cargos fijos que se cobran en la factura a cada usuario también aumentaron, criticó el parlamentario.

Energuate impugnó el VAD

Energuate declaró en julio del 2019 su desacuerdo por el pliego tarifario y VAD aprobado para el período 2019-2024 debido a que no se reconocen todas las pérdidas solicitadas incluyendo las derivadas de la conflictividad.

Además, argumentaron que hubo una baja adicional en el tarifario por el monto de US$35 millones (unos Q262.5 millones) solo para el 2019.

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Sin embargo, a las personas aliadas a los diputados si se les permitió entrar desde tempranas horas de este martes para observar el cuestionamientos que los legisladores harían hacia Rodas.

El motivo del cierre es la citación convocada por diputados de la Comisión de Derechos Humanos contra Rodas este martes a las 9 horas.

El PDH fue citado por el diputado Aníbal Rojas, presidente de dicha comisión respecto a la solicitud de removerlo de su cargo que hizo Juan Manuel Giordano, diputado oficialista.

#Ahora | Procurador de la @PDHgt cuestiona a los agentes de la PNC por prohibir el paso de peatones en la 8 avenida, zona 1. ► https://t.co/GdvKTzfXq7 pic.twitter.com/8AvCrULUrm

— Prensa Libre (@prensa_libre) October 29, 2019

#LRN La PNC no deja ingresar a personas frente a la casa Larrazabal. pic.twitter.com/1hIDwGRlK1

— La Red (@Lared1061) October 29, 2019

Por su parte, Rodas denunció que se trata de “erosionar” la institución de la PDH al no otorgarle el presupuesto necesario para funcionar por un año y al acusarlo de argumentos “espurios”.

“Llevar a cabo mi mandato sin ambages me ha convertido en blanco de ataques políticos de diputados que han visto amenazados sus intereses espurios y que son parte de las redes que capturan al Estado”, dijo Rodas en un comunicado de prensa.

Ante la citación que se anunció la semana pasada, grupos de la sociedad civil y personas particulares mostraron su interés en asistir a la convocatoria, sin embargo, la entrada al Congreso podría complicarse debido a la presencia de elementos policiales.

**Es a las 9:00 am
Les comparto la citación que me hizo la Comisión de Derechos Humanos, para el próximo martes 29oct a las 9:00am, en Casa Larrazábal en el Congreso de la República de Guatemala, desde ya agradezco la intención de varias personas y organizaciones de acompañarme. pic.twitter.com/KEOwZDCGn2

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) October 25, 2019

La citación se lleva a cabo en Casa Larrazábal y están presentes el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y los diputados Juan Manuel Giordano, Luis Hernández Azmitia, Estuardo Galdámez y Fernando Linares Beltranena, entre otros.

Al iniciar la sesión, Rodas rechazó la decisión del Congreso de impedir el ingreso de personas interesadas en esta citación, a lo que el presidente del Congreso, Arzú Escobar, respondió que se trata de “grupos delincuenciales”.

"Otro grupo es la AEU que se especializa en la toma de edificios públicos y otro grupo que está ahí se dedica a la invasión de fincas", dijo Arzú Escobar quien fue aplaudido por quienes sí lograron entrar al salón Larrazabal

— Mariajosé España (@mespana_pl) October 29, 2019

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El salón de actos “Juan José Arévalo Bermejo” es uno de los lugares más afectados, además de otras áreas, comentó Víctor Ochoa, director del centro educativo.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró inhabitable el lugar y el área permanece circulada para evitar que los estudiantes ingresen a la zona.

“Hay otras dos aulas que tienen grietas, pero no fueron declaradas inhabitables, en ellas se imparten clases”, señaló Ochoa.

“Enterarnos de que no habrá reconstrucción es como echarnos un balde agua fría, vamos a cumplir siete años y seguimos sin salón de actos las paredes de varias aulas tienen grietas y esperamos en Dios no haya otro terremoto”, manifestó el director.

Ochoa comentó que este año visitaron la escuela ingenieros y personal de tres constructoras, “vinieron a conocer cómo estaban los daños y qué trabajos se necesitaban, les expliqué los problemas que tenemos, ellos me comentaron que vinieron porque estaban interesados en la reconstrucción”.

El acto reclamado era una resolución del @PDHgt declando vulneración a #DDHH de estudiantes de la escuela tipo federación Ulises Rojas, #SanMarcos ya que la UCEE no realizó el proyecto de mejoramiento por restauracion de la escuela tras el terremoto que afectó la región.

— PDH Guatemala (@PDHgt) September 24, 2019

Evelio Fuentes, director departamental de Educación de San Marcos, acudió en mayo al Congreso y fue testigo del compromiso que las autoridades del CIV adquirieron con la diputada Vivian Preciado Navarijo para reconstruir la escuela Ulises Rojas.

“En san Marcos son dos centros educativos que necesitan reparaciones, la escuela Ulises Rojas y otra que está en la Boca Costa. Es urgente que el Estado invierta en reparar salones de clases, techos y salones de usos múltiples”, detalló Fuentes.

En las instalaciones de la escuela Ulises Rojas funcionan dos centros educativos, por la mañana, asisten unos 400 estudiantes de primaria, y por la tarde, son 380 jóvenes de la Escuela Nacional de Educación Física.

Ochoa y Fuentes explicaron que la diputada Preciado Navarijo citó en varias oportunidades a funcionarios del CIV y del Ministerio de Educación para conocer el avance de la reconstrucción de los edificios escolares, ambos aseguraron que lo poco que lograron fue gracias a la gestión de la parlamentaria.

La diputada Preciado Navarijo a través de un mensaje de texto confirmó que ha dado seguimiento al tema de las escuelas en San Marcos, pero no respondió las llamadas efectuadas a su teléfono celular.

En la Unidad de Construcción de Edificios del Estado se informó que toda información debe solicitarse a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

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“Se está violando el derecho a la dignidad, el debido proceso y a la libertad”, dijo la PDH a través de una sentencia firmada por el procurador, Jordán Rodas. La acción de amparo implica al procurador y a la procuradora adjunta, Miriam Roquel.

El amparo busca que la PDH cese la intromisión en procesos judiciales pendientes de resolver, ya que con ello está vulnerando la independencia judicial.

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#AHORA | Magistrados suplentes de la CSJ otorgan amparo en definitiva a presidente del OJ y suspende condena moral emitida en favor de exfiscal López. Además certifica lo conducente al @MPguatemala para determinar si @JordanRodas habría cometido algún delito. | Vía @mhernandez_pl pic.twitter.com/xuxbdXxCWt

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 31, 2018

PDH interviene

El 24 de mayo la PDH denunció a través de una resolución que se violaba “la dignidad, el debido proceso y la libertad” del exfiscal Ronny López y Mynor Macario Rojas, detenidos el 17 de febrero y hasta esa fecha no habían sido escuchados en una audiencia de primera declaración.

La procuradora adjunta, Miriam Roquel, firmó la resolución y admitió que los detenidos solo fueron informados de los delitos, pero no habían sido presentados ante el juez para su primera declaración.

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La PDH señaló que el Estado de Guatemala debe ser el responsable de los abusos contra López y Rojas, por la inacción de la jueza A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, así como el juez de primera instancia penal, Juan José Lemus Chacón por el uso excesivo de la prisión provisional de los afectados.

Golpe político

Carmen Aida Ibarra, directora del movimiento ProJusticia, afirma que esta resolución se trata más de un golpe político que de uno judicial, pues las resoluciones del PDH son morales; además, señala, la Ley del PDH es de rango constitucional y le faculta a hacer incursiones en oficinas públicas sin previo aviso.

“Esto es prácticamente una declaración de guerra, muchos lo han intentado desde el Congreso y ahora desde la CSJ, se trata de una confrontación de orden político”, señala Ibarra.

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La activista considera que en el caso por el que se pide investigar al PDH, “él ha considerado que hay violación a los derechos humanos, que ha retrasado diligencias en algunos casos judiciales y actúa en el ámbito de su competencia como lo han hecho otros procuradores”.

En este caso, según Ibarra, el MP tiene que analizar la situación, “hay fiscales competentes que van a ver el despropósito de esta acción de la CSJ”, indica. Además, hace referencia a que la fiscal general, Consuelo Porras, tiene conocimiento en temas constitucionales y puede determinar la forma en que encuadra la figura del PDH en la Constitución.

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Por su parte, el diputado Fernando Linares Beltranena, señala que al Congreso le corresponde, cuando sea el caso pertinente, analizar el retiro del derecho de antejuicio del PDH, para lo cual debe conformarse una comisión pesquisidora.

“Presuntamente es un delito, porque –el procurador-, intervino en la independencia del Organismo Judicial, ya que toca conocer la denuncia primero hay que escucharlo y luego emitir la decisión, “hay que determinar si es político, legítimo o espurio según la Constitución”, señala Linares Beltranena.

El congresista también indicó que en este caso la CSJ traslada al Congreso la decisión del antejuicio porque no puede ser juez y parte, pero debería hacerlo con todos los casos que señala la Constitución, “la corte ha usurpado funciones de diputados al conocer todas las denuncias presentadas durante los últimos años”, indica.

Postura

El procurador Jordán Rodas se pronunció sobre el amparo. 

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El nuevo director de la PNC perteneció a la extinta Policía Nacional. Hay un registro de él en el AHPN.

Colom Argueta, tiempo después, fue dirigente del partido Frente Unido de la Revolución (FUR) y alcalde de la capital entre 1970 y 1974 por la Unidad Revolucionaria Democrática (URD).
Por eso, este líder opositor fue víctima de acoso político por 22 años, desde 1957 hasta su asesinato, en 1979.
“Tal persecución es comprobable al consultar documentos que están al resguardo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)”, indica su director, Gustavo Meoño Brenner.
El fondo documental, tanto los pertenecientes a la extinta Policía Nacional (PN) como a la Policía Nacional Civil (PNC), tiene más de 80 millones de folios.

El descubrimiento

“Todo estaba tirado, desordenado y sucio; muchos papeles estaban humedecidos y, además, proliferaban las plagas”, rememora Luisa Fernanda Rivas, encargada de Comunicación y difusión del AHPN. “El trabajo de rescate se llevó a cabo casi de inmediato”, agrega.

El terror

“Dentro de la información se descubrió que la PN redactaba fichas de control criminal, pero también de seguimiento político y social, tal como lo demuestran los casos de Colom Argueta u Oliverio Castañeda, ambos perseguidos por el Cuerpo de Detectives, el departamento encargado de llevar a cabo el trabajo de inteligencia”, indica Meoño Brenner.

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Control ciudadano

La obra Del Silencio a la Memoria; revelaciones del AHPN indica que existía otro seguimiento similar denominado Registro Maestro de Fichas, el cual se implementó entre 1935 y 1986, tiempo en el que se calcula que hubo al menos un millón de personas registradas.
Asimismo, en el marco de la estrategia de contrainsurgencia, se construyó una idea básica sobre las fuerzas enemigas para así controlar y actuar en contra de la población, de los líderes y de organizaciones políticas, sociales, religiosas o guerrilleras.

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También resulta interesante saber que la PN manejaba información sobre la vida cotidiana, la cual plasmaba en informes llamados “novedades comunes”, en los que se incluían accidentes, eventos sociales, culturales, económicos, religiosos y deportivos. De esa cuenta, las fuerzas de seguridad controlaban los movimientos de la población calificada como “sospechosa” o “peligrosa”, aunque solo fuesen caminando por la vía pública. “… A eso de las 17.20 horas sospechosamente se encontraba un individuo a inmediaciones del Parque Central, por lo que procedieron a detenerlo preventivamente; al identificarlo este responde al nombre de Francisco Sar Barrios”.

Rescate y transparencia

En el archivo de la PNC, dirigido por el experto en investigación criminal Fernando Rodríguez Klarck, se conserva toda la información para transparentar la labor policial. “Aquí se guarda todo, desde las denuncias de los ciudadanos o prevenciones policiales, hasta las papeletas de servicio diario u órdenes de captura”, explica.
“La importancia de estos archivos es que así es posible rescatar la memoria histórica de nuestro país, así como de acercarnos a la verdad y a la justicia”, expresa Rivas.

Informes secretos

La Policía Nacional (PN) reclutó a agentes confidenciales, que eran personas particulares que apoyaban a esa institución en materia de control ciudadano e inteligencia. Estos entregaban información a sus contactos en la PN acerca de supuestos “subversivos”, “reductos guerrilleros” u opositores al régimen. Fuente: AHPN

Transcripción

(Documento fechado el 16 de septiembre de 1970).

Señor jefe,
Adjunto a la presente le remito un folleto de propaganda subversiva que el muchacho Carlos Alfredo Sam dejó la semana pasada sobre mi escritorio en una de las aulas del departamento de Mercadotecnia de la Universidad Landívar.
De lo anterior, puedo dar fe con toda seriedad puesto que vi personalmente a dicho compañero repartir los folletos.
Con todo respeto y consideración, me suscribo atentamente,
Julio César Valdéz
P.D.: El mencionado compañero dejó de asistir a clases hace algunos meses y solo llega de vez en cuando.

Los aportes

El Archivo Histórico de la Policía Nacional tiene numerosos documentos que han contribuido en el ejercicio de la justicia, pues han servido como base para investigación criminal y como elementos de prueba en la persecución penal.

Quema de institución diplomática

El 31 de enero de 1980, la sede de la Embajada de España en Guatemala fue tomada por campesinos y estudiantes que intentaban llamar la atención internacional por los abusos y la represión que cometía el Ejército en contra de la población de Quiché.
Ese día, las fuerzas de seguridad del Estado incendiaron la sede diplomática con lanzallamas y vedaron el ingreso de los cuerpos de socorro para controlar el fuego.
Por esa masacre, el 1 de octubre del 2014 empezó el juicio contra Pedro García Arredondo, entonces jefe del Comando 6 de la extinta Policía Nacional; el 20 de enero del 2015 fue sentenciado a 40 años de prisión inconmutables y a 50 años más por la muerte de los universitarios Jesús Alberto España Valle y Gustavo Adolfo Hernández González, quienes participaron en el cortejo fúnebre de las víctimas.

Desaparición forzada

El 4 de marzo de 1981, el estudiante sancarlista Édgar Enrique Sáenz Calito fue capturado por agentes del Comando 6 de la Policía Nacional (PN), acusado de tener propaganda subversiva.
El 9 de junio del mismo año recobró su libertad; minutos después de salir de la carceleta del segundo cuerpo, cuando apenas había caminado unos 123 metros, hombres fuertemente armados, presuntos miembros de la PN vestidos de particular, lo detuvieron y lo metieron en un vehículo. Nunca más se volvió a saber de él.
Sobre el caso fueron localizados 646 documentos dentro del AHPN, los cuales fueron vinculados al expediente judicial. Por ese motivo, Pedro García Arredondo, jefe del Cuerpo de Detectives de la PN por entonces, fue capturado en julio del 2011 y fue ligado a proceso. Fue condenado a 70 años de prisión inconmutable por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Diario Militar

En 1999, este expediente le fue entregado extraoficialmente a Katherine Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional de EE. UU., y se convirtió en la “prueba reina” sobre la sistematización de la represión en Guatemala durante la Guerra Interna.
En su contenido se detalla la desaparición forzada y el destino que supuestamente tuvieron algunos de los 198 capturados durante agosto de 1983 a marzo de 1985, que fue la muerte bajo tortura o por ejecución extrajudicial.

Resueltos y en curso

El AHPN ha brindado documentos para esclarecer casos como el de la masacre ocurrida el 24 de noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, Chimaltenango, donde fueron ejecutados 22 campesinos. El imputado: Fermín Felipe Solano Barillas, excombatiente de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (Orpa), quien fue sentenciado a una larga condena de prisión inconmutable.
Otros peritajes pendientes de sustentarse en debate oral y público son los que se refieren a las desapariciones forzadas de Marco Antonio Molina Theissen —cuatro militares enfrentan cargos— y de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez. 

“Los 31 hogares privados cuentan con equipos multidisciplinarios para atender a la población abrigada. Sin embargo, la falta de traslado oportuno de expedientes por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), especialmente médicos, psicosociales y educativos, hacia los hogares a donde fueron reubicados los niños y adolescentes, ha causado dificultades para el abordaje especializado y asertivo”, dijo Zepeda.

Agregó que además de afectar el seguimiento de cada caso, da lugar a la revictimización de los menores que tuvieron que ser reevaluados.

Gabriela Tuch, defensora de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), indicó que para un menor que se encuentra en un hogar de abrigo y protección es importante y necesario que se le faciliten todos los medios para construir y continuar con su plan de vida individual.

¿Hogar Seguro?

Niñas huían de la violencia y de la precariedad

El CNA resaltó que los hogares privados financian sus programas con fondos propios, pero  es necesario que la SBS, en coordinación con otros ministerios e instituciones, retome las responsabilidades en cuanto al acogimiento residencial.

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“También en programas de prevención, fortalecimiento familiar y cuidados alternativos para garantizar el derecho de los menores a crecer en un ambiente familiar y que la institucionalización no sea prolongada con la finalidad de no afectar su desarrollo integral”, dijo el vocero.

Según Zepeda, no se  encontró hacinamiento en los hogares privados, pero el Consejo ha recomendado no exceder sus capacidades de atención, físicas y de personal, para que todos los menores abrigados se encuentren en condiciones de dignidad y se beneficien de los programas de atención que implementan.

Añadió que la mayor dificultad que tienen los juzgados está en  ubicar a los adolescentes, ya que en su mayoría los hogares  privados tienen un perfil de ingreso de niños de 0 a 12 años.

Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, señaló que debido a que se hace énfasis en la desinstitucionalización de menores, los jueces evitan enviarlos  a hogares. Pero cuando hay casos de violación sexual o donde la vida del menor corre riesgo  sí debe ser enviado a un albergue,  allí hay problemas porque los hogares privados en su mayoría  están llenos, además de que estos trabajan con  cooperación y ayuda internacional.

“Cada uno de los hogares privados tiene una limitación en cuanto a los casos que puede atender, tanto para adolescentes hombres o mujeres, entonces tenemos un colapso de protección a nivel  de onegés  porque ya no  hay capacidad para seguir atendiendo a más”, indicó.

Se solicitó información a la SBS sobre la razón de por qué no se han remitido los expedientes, sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.

En los últimos 13 años dos mil 612 personas fueron víctimas de linchamientos en toda Guatemala. Casi la mitad de ellos, en Guatemala, Quiché y Alta Verapaz. Que ocurran allí desnuda una lógica perversa: en esas áreas del país también se concentraron 9 de cada 10 masacres cometidas por el Ejército durante el período más sangriento de la guerra, en los años 80.

Quienes golpearon, azotaron, mataron y lincharon durante los últimos tiempos quizás ejercieron una práctica ancestral, pero la actualizaron con un método más nuevo: hacer justicia por mano propia es producto de la ausencia y deserción del Estado moderno.

El mantenimiento de la práctica del linchamiento, y en muchos casos su acentuación, revela la incapacidad o ausencia de voluntad de las autoridades de varias administraciones para detener la violencia en el país.

De alguna forma, el Estado mató durante las guerras, volvió a matar durante la recuperación democrática, cuando se ausentó para normar la vida y aplicar la ley, y vuelve a matar ahora, cuando en Guatemala continúan los linchamientos y la Justicia tarda y en sancionar.

Los datos recogidos por Prensa Libre, al cruzar el registro de riñas tumultuosas de la Procuraduría de Derechos Humanos, el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y publicaciones de la época, demuestran que donde hubo más presencia y organización militar persisten las prácticas violentas sin control del Estado. En el caso de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, aunque no registra masacres durante el período de la guerra, su cercanía con Quiché fue aprovechada por grupos que migraron, huyendo de la guerra.

Las causas de la muerte

Alta Verapaz con 178 linchamientos y Huehuetenango con 191 son los departamentos con mayor cantidad de casos de linchamientos y muertos. Ambas, junto con Quiché fueron las áreas donde más represión hubo durante la guerra y luego de ella también se constituyeron en territorios de conflicto, fuerte organización comunitaria, pobreza y carencia de servicios básicos.

En estos territorios, el Ejército ejecutó las masacres de la base militar 21, Estrella Polar, y Quiquil, entre otras, donde alrededor de mil personas fueron asesinadas entre 1982 y 1984. Tanto en Alta Verapaz como en Huehuetenango, la guerrilla fue barrida con operaciones militares implementadas, según el Ministerio Público, bajo una política de tierra arrasada y la ejecución de planes como Sofía y Victoria 82, que iban dirigidos a eliminar a las comunidades que, supuestamente, ayudaban a la guerrilla.

No es coincidencia que el altiplano concentrase en estos años la mayor cantidad de linchamientos. Según Óscar Manuel Castellanos Martínez, sociólogo de lo urbano, los crímenes presentes en esos municipios tienen “fuertes vínculos” con grupos exparamilitares que “han resistido al tiempo y no fueron desarticulados en su totalidad”.

“Donde hubo presencia de paramilitares y ofensiva contrainsurgente y tierra arrasada reinó la ley del más fuerte, las ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden del día” dice Castellanos Martínez. “Allí en dónde quedaron feudos, en esos municipios, los comisionados militares y exparamilitares continuaron actuando con impunidad”.

En 1988 Prensa Libre publicó el linchamiento de 2 personas a manos de un grupo, liderado por un comisionado militar. En 1980, el inicio del período más sangriento de la guerra, también se registró el linchamiento de varios dos personas en Huehuetenango, esta vez fueron pobladores que rechazaban el reclutamiento forzado, las víctimas eran comisionados militares.

El sociólogo Luis Mack, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y profesor de la Universidad de San Carlos, dice que, durante la guerra, las poblaciones del altiplano organizaron estructuras como las Patrullas de Autodefensa Civil que luego mutaron a comités de vecinos o de seguridad, con la misma lógica de organización, donde un grupo de no más de tres personas decide cómo resolver los problemas de la comunidad e imparte justicia, según su criterio.

De hecho, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, el municipio con más linchamientos del departamento, un comité de vigilancia se convirtió poco a poco en un grupo de represión y autoridad paralela al Estado, obligando a las personas a prestar patrullajes “voluntarios” cada semana o pagar una cuota por el servicio. El comité además impuso reglas de convivencia y decidió qué tipo de justicia aplicaría a quien se señalase de algún ilícito.

El grupo, de acuerdo a publicaciones de Prensa Libre, restringe el horario para salir a la calle, así como quién entra y sale de su jurisdicción. El pasado 1 de marzo de 2017, un grupo de “seguridad ciudadana” de San Juan Sacatepéquez, incluso, vapuleó a tres oficiales del ejército que, en su día de descanso, ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública. 

“Puede haber relación porque los lugares donde se estableció el conflicto era donde había más pobreza y eran los más olvidados por las instituciones del Estado”, dice Mack.

Los departamentos donde más linchamientos se reportan, con excepción de Guatemala, también concentran condiciones precarias de vida. En Huehuetenango, de acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 8 de cada 10 habitantes viven en pobreza y en promedio solo van cuatro años a la escuela, mientras que en Alta Verapaz, son 9 de cada 10 quienes están en pobreza y la escolaridad se limita a cuatro años.  

No es por cultura

La práctica de linchamientos ha sido reportada desde 1970. Registros de Prensa Libre desde 1970 hasta finales de 1980 muestran que en departamentos como Chimaltenango, Quiché y Alta Verapaz era común. Por años, se extendió la creencia de que los linchamientos eran prácticas propias de las culturas precolombinas, pero la investigación de Prensa Libre no ha hallado ninguna correlación directa entre los asesinatos y crímenes de las turbas y las etnias indígenas del país.

El departamento de Guatemala es la prueba definitiva de que los linchamientos no obedecen a cuestiones étnicas: con 338 casos, casi el mismo número que Huehuetenango y Alta Verapaz combinados, es la jurisdicción con más linchamientos totales entre 2005 y abril de 2017. De acuerdo a los datos cruzados por Prensa Libre, departamentos como Santa Rosa también registran hasta nueve muertos en el último año, un lugar con el 97 por ciento de población ladina.

Según los registros, 90 personas han sido asesinadas y otras 390 heridas en linchamientos, en su mayoría en San Juan Sacatepéquez, donde la población está organizada en un comité de seguridad fuera del control de la Policía Nacional Civil (PNC). Otros hechos, ocurridos en Villa Nueva, Mixco y las zonas 1, 2, 7, 9, 10, 12 y 18 de la capital son menos recurrentes y aislados.

El departamento de Guatemala, y específicamente San Juan Sacatepéquez, es un caso especial. El departamento de Guatemala tiene la menor proporción de población indígena per cápita del país y, con la capital como epicentro, es la región menos desvalida –la pobreza a indigencia alcanza a 30 por ciento de sus habitantes— , y tiene el mayor acceso a servicios de justicia y seguridad. Pero, excluida la capital, los indicadores asemejan al departamento a otras jurisdicciones. En San Juan Sacatepéquez 5 de cada 10 habitantes viven en la pobreza o pobreza extrema.

Según Mack, los linchamientos en San Juan Sacatepéquez se explican en la migración interna de los 80 y serían ejecutados por actores ajenos a las comunidades. El sociólogo dice que durante la guerra y después de ella, familias completas migraron a otros departamentos huyendo de la represión o en busca de nuevas oportunidades de vida. Muchos de ellos se radicaron en áreas específicas de la capital o municipios cercanos.

Villa Nueva y Mixco, los dos municipios más poblados de la jurisdicción, fueron poblados por víctimas de la guerra que migraron a la capital, en busca de trabajo. Actualmente ambos lugares enfrentan serios problemas de violencia y pobreza, con fuerte presencia de pandillas que coordinan extorsiones y sicariato.

En Mixco también hay presencia militar a través de un destacamento que ofrece seguridad civil, Villa Nueva tuvo un programa de seguridad militar similar, sustituido por patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil.

Ausencia de Estado

La gravedad de la situación es tal que el propio Estado reconoce que los crímenes suceden por su incapacidad para actuar en beneficio de la población. A inicios de abril de 2017, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, dijo a Prensa Libre que los linchamientos ocurren, precisamente, porque “hay ausencia del Estado, falta de justicia, desesperanza y frustración de la población, pero no se pueden considerar una práctica legítima”.

El Procurador coincide en que los linchamientos no son una acción ligada a razones culturales o exclusivas de poblaciones indígenas, las razones que motivan los linchamientos pueden ser las mismas pero van más allá de la etnia.

De León destaca como ejemplo a Totonicapán y su organización comunitaria en 48 cantones, un área en el altiplano del país que no registró masacres durante los años de la guerra.

“Grupos de pobladores hacen lo que el Estado no hace, imparten justicia, construyen carreteras, abastecen de agua”, dice. “Su organización es envidiable y da como resultado una comunidad armoniosa”.

En efecto, Totonicapán es el departamento con mayor población indígena del país –98 por ciento de sus habitantes pertenecen a las etnias k’iche’, pero, con 68 casos totales, registran menos linchamientos que cualquier otro departamento del país.

Otros departamentos con un bajo registro de casos de linchamientos son Zacapa, El Progreso y Jutiapa, áreas del oriente que, según la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), no sufrieron ninguna masacre relacionada al conflicto armado.

“No es un fenómeno exclusivo de poblaciones indígenas”, dice De León. “Tiene que ver con falta de justicia, desesperanza y frustración porque la justicia no llega. Hay ausencia del Estado”. 

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), se recibía “niñez y adolescencia de 0 a 18 años víctimas de

Los hogares fueron creados para reparar los daños y cubrir las carencias de la niñez en riesgo. Estaban conformados, en su concepción, como centros de atención profesional y seguridad de manera que pudieran ofrecer una vida productiva a quienes tomaba bajo su protección.

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Fueron advertidos

Desde 2015 Virgen de la Asunción comenzó a cobrar notoriedad por los malos tratos, hacinamiento y reclutamiento de menores para el tráfico sexual. Todos estos peligros ocurrían adentro del Hogar Seguro y las mismas niñas víctimas alzaron la voz, otras más decidieron escapar.

La masiva fuga del Hogar Virgen de la Asunción y el mortal incendio solo reflejan el fracaso del Estado en la protección de la niñez. El problema es tan grave y añejo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sugirió en diciembre pasado el cierre del recinto.

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Las niñas que habitaban el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no eran delincuentes, al menos no llegaron ahí a cumplir una condena correctiva. El Estado se convertía en tutor legal de las niñas que no tenían un familiar que se hiciera responsable de ellas o bien, habían sido víctimas de abusos y violencia por parte de familiares.

Virgen de la Asunción es uno de los cuatro hogares de protección y abrigo del Estado. En Quetzaltenango y Zacapa también hay dos hogares que albergan a niñez y adolescencia con los mismos problemas y uno más en la capital que recibe a niños con discapacidad mental, abandono y orfandad.

Se salió de las manos

Para la PDH, los hogares de protección deben ser temporales y en el caso del Virgen de la Asunción, es el modelo del fracaso de un sistema que se salió de control.

La niñez vulnerable debería estar, en el ideal, en el seno de su familia de origen, familia ampliada o, en algún momento, en una familia sustituta, sin embargo los programas de la SBS para familias de acogimiento no funcionan, entre otras cosas, por falta de recursos. Hasta el año pasado eran solo 35 familias sustitutas, según registros de la SBS.

El lugar

Tiene cinco módulos

En tanto la empresa encargada del mantenimiento recibía la orden por escrito, se habilitó un ascensor para el traslado de  alimentos.

Antes del cierre, los socorristas acudieron en dos oportunidades, debido a que varias personas  habían quedado atrapadas. Por ello decidieron colocar cintas amarillas para prevenir otros incidentes.

El pasado 29 de noviembre, una paciente y personal de enfermería  quedaron atrapados por más de cuatro horas en un elevador de carga, caso que ahora el Ministerio Público (MP) investiga por la muerte de la mujer que era trasladada.
Ese problema que ahora afronta el mencionado hospital es  reflejo de que la crisis en Salud persiste.

Érick García, gerente técnico de Ingeniería Universal, S. A. (Inuversa), comentó que ellos atienden ocho de los elevadores que “medio funcionan” en el  San Juan de Dios, los cuales tienen  rango de fatalidad de 88 y 97.6 por ciento; es decir, el porcentaje de riesgo que tiene una persona que usa un elevador de sufrir un accidente.

Juan Antonio Villeda, director del centro médico,  indicó que tomaron “una decisión drástica” para garantizar la vida e integridad física del personal y de los pacientes.

“No podemos seguir utilizando esos elevadores. Es una decisión dura, es una decisión difícil, pero no tenemos otro camino”, aseveró, y explicó que la rampa es la única solución que tienen por el momento.

La medida la tomó luego de  haberse reunido con los encargados de la empresa que brinda mantenimiento, quienes le informaron que desde hace varios años han  reportado a la dirección del nosocomio que esos elevadores ponen en riesgo al personal y a los pacientes.

Aníbal Flores, del sindicato de trabajadores, aseveró que esa medida afecta a los empleados, porque deberán hacer mayor esfuerzo para trasladar a los pacientes, quienes son los más perjudicados  ya que muchos deberán ser movilizados en camillas con ventilación mecánica.

“Imagínese el tiempo que se lleva  el traslado. Se puede provocar un paro cardiorrespiratorio…  Además, los médicos están expuestos a demandas en caso de que un paciente muera o haya algún daño colateral por el traslado  en las rampas”, dijo.

Al consultar al director sobre una citación que se dio en el Congreso en la cual le increparon que no hizo nada cuando fue viceministro de Salud, refirió que su función no era esa. Admitió que no sabía de otro incidente en  elevadores  de maternidad ocurrido el mismo  día en que murió una paciente.

El gerente técnico de Inuversa manifestó que hace dos años, en dos elevadores, se dieron  fallas que hicieron que las máquinas se estrellaran en la terraza, pero  afortunadamente no transportaban a nadie.

Aseguró que ninguno de los elevadores funciona adecuadamente, ni eléctrica ni mecánicamente, ya que son demasiado antiguos y aunque los repuestos se importaban de Estados Unidos, debido a que la fábrica dejó de producirlos han tenido que comprarlos en otros países. Resaltó que   la cabina  y las plataformas son de madera y tienen polilla, por lo que es necesario renovarlos.

Este martes, mientras la sesión avanzaba, un grupo decidió bloquear el acceso al Congreso, otros exigían se les diera acceso para presenciar la sesión.

Un grupo de ancianos del hogar Dulce Refugio, durante dos semanas mantuvo un plantón para que la oenegé recibiera asignación presupuestaria. Otro grupo se plantó para exigir recursos que se inviertan en vivienda popular.

La Policía Nacional Civil (PNC) intervino para disuadir al grupo que, por momentos, se enfrentó a empujones a los uniformados.

El desalojo se apresuró por la necesidad de ingresar alimentos al Congreso. 

La Procuraduría de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos enviaron delegados al lugar para verificar que no se vulnere el derecho de manifestación, mientras que el tránsito se cerró en la 8a. y 9a. avenida, entre 9a. y 10a. calle de la zona 1.

En un comunicado la SBS da a conocer que prestará toda su colaboración con los entes de investigación para esclarecer los hechos denunciados, así como por las evasiones de los recluidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
La casa hogar a cargo de la SBS tiene resguardados a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400 niños y adolescentes.

De León Duque, luego de una reunión en el Congreso de la República, llamó al Ejecutivo a utilizar algunas herramientas legales, incluso un estado de  Prevención, para que se dejen de vulnerar derechos fundamentales, como el de Trabajo y Locomoción.

“Cuando los temas son de país debe haber intervención del Ejecutivo, se están vulnerando libertades fundamentales”, señaló el Procurador, ante la poca acción del Gobierno para intervenir en el problema.

Agregó: “Se puede accionar legalmente y el Ejecutivo tendría algunas herramientas, alguna acción de amparo”.

De León Duque enfatizó que es el diálogo entre todos los sectores el que se debe privilegiar y buscar soluciones de fondo, de manera que el problema de circulación encuentre una salida definitiva.

“Esto puede ser una medida temporal y dentro de unos años seguir ampliando o reduciendo los períodos de circulación, pero no son medidas de fondo”, dijo el Procurador.

Investigan amenazas

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha recibido denuncias anónimas de transportistas que están siendo amenazados por no apoyar el paro, según el magistrado de conciencia.

De León Duque informó que se han recibido quejas sobre coacción de personas en motocicleta que detienen la marcha de transportistas que salen de los puertos hacia la capital.

La PDH estaría abriendo una investigación para determinar la veracidad de las denuncias y de ser así, se estarían tomando acciones legales porque se estaría vulnerando el derecho al Trabajo.