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Finanzas descarta una reforma tributaria, pero analistas sugieren retomar el Pacto Fiscal  

La posible discusión de una reforma integral a la política fiscal es uno de los planteamientos que se empieza a escuchar, pero más relacionada con los gastos que con los ingresos.

Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

3 de junio de 2024 | 05:00h

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El país debe modernizar su sistema de ingresos y gastos, según analistas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

“Como nos comprometimos en el plan de gobierno, nosotros no tenemos contemplado crear nuevos impuestos ni elevar tasas y nos vamos a dedicar en estos cuatro años a transparentar, rendir cuentas, a crear las condiciones para que el poder público sea efectivo y en eso estamos enfocados”.

Esa fue la respuesta del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, a la pregunta de si el gobierno se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma tributaria integral.

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No obstante, realizar modificaciones a la actual política fiscal, es uno de los temas que ya empieza a generar ciertas expectativas y diversos especialistas ven la posibilidad de empezar a construir sus eslabones.

Durante el primer semestre de este año, la Comisión de Finanzas del Congreso entró a conocer la iniciativa 6348 que busca eliminar el impuesto de solidaridad (ISO), y a partir de ese momento se entró en un debate más profundo sobre cambios al sistema tributario.

En tanto, una de las conclusiones que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita a Guatemala del Articulo IV, indica que para subsanar las actuales brechas sociales y de infraestructura, será necesario reforzar la movilización de ingresos y la eficiencia del gasto. “Una reforma tributaria integral es esencial en este sentido”.  

Pero las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin), que tienen a su cargo la rectoría de la política fiscal en Guatemala, descartan la posibilidad de incluir en este periodo gobierno un programa que lleve a una reforma tributaria, relacionada con los ingresos tributarios, pero no indica nada sobre el tema fiscal, que también incluye la distribución de los recursos públicos.

La última reforma tributaria ocurrió con la aprobación del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Pero lo que confirmaron las autoridades de la cartera del Tesoro, es promover solo una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuál es el origen

El pasado 21 de mayo, durante una conferencia de prensa, Marco Livio Díaz Reyes, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dejó clara la reflexión de apoyar una reforma fiscal, al consultarle que “si no aumentan la base y la carga tributaria ¿se requerirá una reforma tributaria y aumento de tasas?”

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Entonces, la SAT hizo un llamado a facturar correctamente como una de las medidas para ampliar la base tributaria (cantidad de contribuyentes efectivos), aumentar la recaudación y la carga tributaria (porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado al pago de impuestos). “De lo contrario, el país tendrá que hacer una reforma tributaria y subir las tasas”, advirtió.

El funcionario recordó que ha sido un reclamo del sector privado organizado, y de muchos sectores de la sociedad, que la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria, sin embargo, mencionó que una de las medidas es el control de la facturación para consumidores finales.

“A mí, como superintendente, me extraña mucho, que las cámaras (empresariales) siempre protestan porque la SAT no trabaja en ampliar la base tributaria y ahora que tenemos herramientas para hacerlo, en lugar de colaborar con la superintendencia y con el país, no se esfuerzan por hacerlo bien”, se quejó el funcionario, aunque durante la referida conferencia amplió indicando que no es una práctica generalizada, sino que “de algunas organizaciones”.

Díaz Reyes expuso: “Este también es un mensaje para estas empresas. Yo creo que después de lo que está viviendo nuestro país, habrá que subir los ingresos del Estado y si no hay más contribuyentes que paguen impuestos, la otra opción es que les suban las tasas a las compañías. O sea que las empresas mismas que no quieren que les suban las tasas de impuesto sobre la renta y de tributos específicos, ayudan a evadir y no colaboran en ampliar la base tributaria. Es decir, ellos mismos están trabajando para que después tengan que pagar más impuestos”.

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El superintendente afirmó que comportamientos como el fraccionamiento de facturación por consumidor final, es competencia desleal contra las personas que están haciendo lo correcto, porque quien no quiere ser controlado, prefiere comprarle a alguien que está haciendo fraccionamiento. “La compañía que está fraccionando las facturas está ayudando a evadir los impuestos que debe pagar su cliente”, dijo el superintendente.

Carga tributaria

Consultado acerca de cambio en las tasas de los impuestos y la carga tributaria, también brindó una explicación.

El superintendente exteriorizó que el Banco de Guatemala ajustó las cifras macroeconómicas y aumentó el valor nominal del PIB y ese aspecto hace que la carga tributaria correspondiente al año 2023 se situara en 11.7%, y a su parecer debieron de mantenerla al 12%.

Sin embargo, aclaró que “no hay ninguna intención en este momento de subir las tasas y que haya una reforma tributaria”, pero que esto puede cambiar con las circunstancias, ya que “si no hay una colaboración del sector privado y si no se logra recaudar más, eso va a obligar al país a entrar a una reforma tributaria”.

“No estamos hablando de reforma tributaria en este momento, lo que estoy diciendo es que si esto sigue y volvemos a cerrar el año con una baja (en la carga tributaria), calculo que eso sí nos va a obligar a hacerlo”. A su juicio, eliminar el ISO obligaría a subir la tasa del ISR del 7% al 9% y la tasa del 25% al 30%.   

“No se trata de controlar el consumo personal por alto que sea sino el consumo que va dirigido al comercio”, enfatizó.

¿Qué tipo de reformas se necesitan?

Prensa Libre consultó a especialistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) e Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), sobre qué tipo de reformas se necesitan y brindaron sus perspectivas sobre hallazgos interesantes.

Cien: Retomar el Pacto Fiscal

Para Jorge Lavarreda, del Cien, no es relevante que, al bajar la carga tributaria respecto al PIB, se pueda hacer una reforma tributaria “y simplemente es una mención de la actividad económica”, por lo que no es un argumento para trabajar en este asunto.

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Aunque reconoció que el país tiene una baja recaudación y ya se llegó a un cuarto de siglo del Pacto Fiscal, sin lograr la meta establecida. Este pacto fue un acuerdo alcanzado en el año 2000 y suspendido poco después, que consistía en un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir sus funciones.

“Como país no hemos logrado un nivel de recaudación que se haya fijado como sociedad. Es un error solo ver una cara de la moneda. Lo que se necesita es una reforma fiscal y ver más temas”.

Por tanto, recomienda retomar la discusión del Pacto Fiscal, en base a los aciertos y desaciertos que ha habido. “¿Qué país queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto nos cuesta? Eso nos fijaría una meta, como parte de una discusión general más amplia”.

“La forma de recaudar como de gastar, no estamos logrando los resultados que nos hemos propuesto. Entonces, es una reforma fiscal amplia, que incluso, en mi opinión, tenemos poco margen de maniobra en el presupuesto, que también deber ser parte de esa discusión”.

Recordó que se han promovido reformas tributarias subiendo tasas, pero con un destino especifico y “se llega a un punto en que la administración ya no puede decidir la asignación de los recursos porque eso ya se estableció”. 

Asíes: Debe ser gradual

El analista Pedro Prado, de Asíes, es de la idea que en el país se necesita una reforma tributaria y los cambios tributarios serían parte de una nueva estructura fiscal.  “Los ingresos siguen siendo insuficientes para las grandes brechas de desarrollo, lo que se evidenció con el efecto de la pandemia que afectó los temas de salud y educación”.

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Prado afirmó que es evidente que se necesitan más recursos, pero con el mal manejo de los fondos públicos, la mala gestión y los casos de corrupción en años recientes, la ciudadanía quiere ver muestras claras sobre el gasto.

“Pienso que debemos hacer una reforma fiscal profunda de manera integral que muestre a la ciudadanía que hay cambios en el lado del gasto y luego, entrar poco a poco a una reforma tributaria”.

Coincidió en que se debe retomar el Pacto Fiscal, porque estableció principios, que tienen que ver con la evaluación del gasto, la transparencia y la sostenibilidad, precisamente por su importancia para el

desarrollo del país.

Aunque no adelantó cuáles cambios de impuestos pueden realizarse, Prado considera que todo esto se debe analizar despacio y que las propuestas que surjan de los consensos.

Icefi: Combatir la evasión

Abelardo Medina, del Icefi, indicó que finales del año pasado se presentó una medición sobre la evasión del ISR y se encontró que la mayor parte de empresas en el país, “si cumple con lo establecido en la ley, pero el problema es que la ley fue diseñada para no pagar ese tributo”.

Ejemplificó que en esa reforma, se permitió que las empresas se beneficiaran de los mecanismos el arbitraje interno, lo cual significa que por la contratación de alguien en un régimen especial, que solo liquida el 4% de impuestos, se puede deducir el 25%. Eso, supuestamente permite que las empresas se ahorren entre 20 a 25% de impuestos en cada transacción de ese tipo y es un mecanismo generalizado incluido en su planificación fiscal.

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“Nos sorprende que el superintendente -Díaz Reyes- por las vinculaciones empresariales que tiene, no lo haya denunciado. Solo en esos mecanismos de arbitraje, el país pierde el 3.5% del PIB, que son Q30 mil millones”, afirmó.

El analista del Icefi, reiteró que es indispensable que en el país haya una reforma tributaria, pues mientras se mantengan todos los mecanismos que están en la legislación, simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Y ahí estoy de acuerdo con el superintendente, pues las empresas reaccionan a lo que hace la SAT en cinco o seis meses y establecen mecanismos que afectan el efecto recaudatorio que se pretendía”.

En la visión del Icefi, es que hay que impulsar una reforma tributaria que no necesariamente implique la elevación de tasas, y lo primero que hay que hacer es combatir la corrupción y la evasión, así como una reforma que corrija los desaciertos detectados.   

Finanzas: Reforma descartada

El ministro Menkos comunicó que hay claridad en que el incremento en la recaudación será resultado de la mejora en los impuestos actuales, la lucha contra la evasión y el contrabando, así como minimizar los flujos financieros ilícitos que también provocan una disminución del cobro impositivo.

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“Con esto tenemos más que suficiente, de acuerdo con nuestro plan, para mejorar la carga tributaria y hacer que los recursos que llegan por la tributación se conviertan en un mejor gasto e inversión pública que genere bienestar y crecimiento económico”, comentó.

Al insistirles sobre una reforma tributaria, el ministro de Finanzas, la descartó de su parte, y lo que podría haber es una reforma a la actual Ley de Contrataciones del Estado, que se necesita modernizar, pero nada más.

“Estimados amigos empresarios: Les escribe Marco Livio Diaz, superintendente de SAT. A la puerta de elecciones hay grupos que quieren causar el caos. La SAT y el Minfin (Ministerio de Finanzas Públicas) no promueve ninguna reforma a escondidas o por sorpresa. La misma fue distribuida en la Mesa de Dialogo y después de Semana Santa recibiremos las opiniones de todas las cámaras empresariales, el día 25 de abril”, comienza el mensaje.

“Falta mucho camino por recorrer, para llevarla al Congreso después de consensuarla. Faltan, por ejemplo, los dictámenes de diferentes instituciones del Estado. No sé si será posible hacerlo en este período de gobierno. Es cierto se reforman 10 leyes. El 80% solucionando problemas”, agregó Díaz.

Según con el superintendente, entre los cambios figura que se amplía el plazo de tres a 10 días para presentar papelería a la SAT; se rebajarán multas del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y se permitirá la acreditación de impuestos para solucionar la presa de pagos en exceso e indebidos.

“Se aclaran muchos temas, como la deducibilidad de las retenciones cuando la asume el contribuyente y, efectivamente, se necesitan algunas facultades para combatir el contrabando y la defraudación, para que todos compitan en forma leal, pero ninguna relacionada con pedir información bancaria o al extranjero”, amplía el texto.

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Con pdf adjunto

Y al mensaje se adjuntó un documento denominado Principales Propuestas de Facilitación a la Legislación Tributaria según el cual, el objeto de la iniciativa es dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes, así como proveerles de herramientas tecnológicas que les faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

Además, subsanar contradicciones, repeticiones y lagunas legislativas existentes en el marco jurídico tributario, así como habilitar a la Administración Tributaria para gestionar de manera eficiente sus funciones para una mejor atención de los contribuyentes.

Como propuestas de facilitación al Código Tributario se enumeran las siguientes:

• Facilidades de pago antes del requerimiento de información y rebajas en sanciones.
• Aumento del importe mínimo a cobrar por parte de la SAT y de declaración de incobrabilidad.
• Ampliación del plazo para emisión y validación de Solvencia Fiscal.
• Intereses a favor del contribuyente, cuando el pago es inducido o forzado por la SAT.
• Pago voluntario del IVA e impuestos retenidos de forma extemporánea, aplica infracción de mora (antes multa del 50%).
• Habilitar por un plazo improrrogable de 10 días, la entrega de documentos relacionado con resistencia a la Acción Fiscalizadora (antes, 3 días).
• Nuevas rebajas en sanciones, al momento de la rectificación y presentación extemporánea dentro del plazo del requerimiento de información.
• Dar al contribuyente las facilidades necesarias, utilizando de libros y registros computarizados (incorporación gradual).
• Incluir en el beneficio del mecanismo para resolución de conflicto tributario (RCT) los casos del IVA e impuestos retenidos, así como resistencia a la acción fiscalizadora.
• Nuevas reducciones y rebajas en el conferimiento de audiencia, dentro del procedimiento administrativo.
• Permite que pueda darse la devolución, acreditamiento o compensación de impuestos a futuros, realizando la modificación del procedimiento de devolución de pago de impuestos en exceso o indebidos.
• Habilita para que pueda ser deducible el pago de intereses de préstamos del contribuyente en el exterior cuando se presente a la Administración Tributaria contrato o título de crédito.
• Planilla IVA aumenta la posibilidad de acreditar hasta Q24,000 y reintegro de Q1,200.
• Abre la posibilidad para que pueda ser deducible el impuesto pagado, cuando el agente de retención pague en nombre del contribuyente, incrementando la renta en el monto correspondiente.

Como cambios para facilitar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se enumeran los siguientes:

• Exención del IVA en el Programa de Alimentación Escolar.
• Actualización y simplificación de requisitos en devolución de Crédito Fiscal.
• Crédito Fiscal: El contribuyente podrá solicitar el crédito fiscal no reportado, luego de las verificaciones de realidad económica de dichas transacciones y documentación de respaldo.
• Habilita el pago de IVA por sistemas y medios digitales.
• Ampliar la tarifa del Impuesto del Régimen del Pequeño Contribuyente de Q150,000 a 125 salarios mínimos vigentes no agrícola (Q395,797.50).
• Crea el Régimen Simplificado de Servicios Digitales.

Y la facilitación en otras leyes incluye:

• Sustitución del acreditamiento en cuenta bancaria. La Administración Tributaria, a solicitud de los contribuyentes, podrá resolver permitiéndoles acreditar el saldo a su favor al pago de los impuestos que mediante declaración determine a futuro. Dto. 20-2006.
• Aclara que la mejora en Ley de Intereses Preferencial, respecto a impuesto acreditar corresponde únicamente al ISR y al ISO (Impuesto de Solidaridad).
• Se habilita el acreditamiento del ISO pagado extemporáneamente y ampliación a 4 años del remanente considerado como gasto.
• Implementa la activación por retiro temporal de vehículos, por enajenación.
• Propone que el contribuyente se habilite como agente de retención en una sola calidad (actualmente dualidad de retención) Dto. 20-2006.
• Conservación de Libros o Registros en casos que exista proceso administrativo o judicial pendiente de resolver, según el Código de Comercio.

Una buena propuesta

En opinión de Abel Cruz, exsuperintendente de la SAT, la propuesta de reformas tributarias de la SAT “es buena y todavía se queda corta”, en el sentido de que se han dado grandes avances en el gobierno electrónico, pero “hace falta darle un impulso más agresivo en el tema tributario”.

A su criterio, el último censo de población indicó que el 60% de guatemaltecos tiene menos de 30 años, y ese un tema que tanto la Administración Tributaria como las iniciativas de los partidos políticos deben considerar. “Tenemos que pensar que el servidor público está atendiendo cada vez más a gente joven”.

Según Cruz, la propuesta de la SAT está encaminada a darle al contribuyente mayor facilidad para que pueda autogestionarse, por ejemplo, si se da cuenta de que no había presentado una declaración, poder resolverlo sin tener que ir a la SAT.

“Por otro lado, algo que también se queda corta es la propuesta de subir el monto del pequeño contribuyente de Q150 mil hasta más de Q395 mil. Yo aplaudo esa propuesta, pero hubieran sido un poco más agresivos y tal vez ponerlo hasta en Q500 mil”, subrayó.

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Cambios cosméticos

Por su lado, Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que hasta ahora desconocía esta propuesta de la SAT, por lo que consideró necesario que este tipo de iniciativas se socialicen con diferentes sectores, incluido el académico, para que pueda aportar un punto de vista científico.

E indicó que el documento compartido por el titular de la SAT recoge ideas de lo que será la propuesta de reformas, por lo que queda pendiente saber cómo se van a concretar. Sin embargo, adelantó que en la iniciativa destaca tres puntos.

El primero se refiere a la disposición de que una vez exista un contrato de crédito, se permitiría la deducción de cualquier cantidad o tipo de interés. “Eso que está proponiendo la Administración tributaria, es una de las prácticas más comunes para lo que se conoce con el nombre de capitalización débil”, indicó.

“Muchos empresarios lo que hacen es aparentar que le están dando préstamos a sus empresas en lugar de capitalizarlas. Con eso pueden deducir intereses y consecuentemente pagan menos ISR y entonces no reciben el dinero vía ganancias, sino vía intereses. La Ley de Actualización Tributaria eliminó esa posibilidad, lo que significa que esta propuesta sería un retroceso”, justificó.

El segundo aspecto que Medina destacó es el incremento del acreditamiento del IVA en la planilla del ISR de Q12 mil hasta Q24 mil. “De entrada podría sonar interesante porque si las personas que van a acreditar la planilla del IVA piden facturas, entonces va a mejorar la facturación del IVA, pero no es cierto, porque la misma SAT tiene dos estudios en donde demuestra que del 95% al 97% de las facturas que se acreditan son de grandes contribuyentes, quienes facturan electrónicamente desde 2011”, indicó.

Y el tercer aspecto es sobre el incremento de la tarifa del Pequeño Contribuyente, de alrededor de Q150 mil hasta casi Q400 mil. Según el analista, si bien se ha cuestionado que Q150 mil había quedado bajo.

“Aquí el problema es que la simplificación en extremo va a tener algún impacto tributario, por lo que habrá que preguntarle a la SAT cuánto se perdería en ISR, porque sucede que, en Guatemala, muchos empresarios fraccionan las empresas y esta medida les facilitaría hacerlo, y en la propuesta no se mencionan qué mecanismos se utilizarán para evitar los precios de transferencia internos y el fraccionamiento ilegal de compañías”, agregó.

En conclusión, indicó que “la iniciativa tiene elementos interesantes, pero parecen más cosméticos; o sea no hay un tratamiento real que nos diga que va a cambiar la recaudación. Si el criterio no es solo de simplificación, como se ve con dos de los elementos que mencioné, por qué desperdiciar una importante oportunidad legislativa cuando realmente se puede aprovechar para avanzar en una propuesta que permita combatir la evasión y ayude a la SAT a mejorar su control tributario”, concluyó.

No ha recibido la propuesta

Al ser consultado al respecto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), informó que algunas cámaras sí han recibido la propuesta de la SAT, pero no ha sucedido lo mismo como ente que aglutina a las organizaciones gremiales empresariales.

“CACIF no ha sido parte de esas mesas técnicas, por lo que no hemos recibido ninguna propuesta. Algunas cámaras las han recibido, pero como CACIF, no”, según la respuesta obtenida por Prensa Libre.

El monto proyectado por la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (Minfin) estaría por encima del convenio de metas que se suscribió con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por Q85 mil 765 millones.

Aunque las cifras son iniciales y optimistas, la tendencia se estaría confirmando en el primer trimestre del año, cuando se realice la liquidación anual del impuesto sobre la renta (ISR) que concluye el próximo 31 de marzo.

Contar con un excedente fiscal, en este caso de hasta Q7 mil millones, permitiría a las autoridades hacer frente a situaciones de choques externos, como programas de contingencia o la aprobación de apoyos temporales para reducir los precios de productos estratégicos como los combustibles.

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Escenario optimista

Jorge López Urizar, director de Análisis y Política Fiscal del Minfin, conversó con Prensa Libre y explicó que la estimación de recaudación se ubica entre las cifras mencionadas y es la información que se le estará presentando a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitará el país a finales de mes para llevar a cabo la llamada revisión del Capítulo IV, que consiste en un examen anual de los indicadores económicos de Guatemala, por parte de ese organismo financiero.

En reiteradas ocasiones, tanto el FMI como otros organismos internacionales y agencias de calificación de riesgo-país, han señalado que Guatemala es una de las naciones que cuenta con una de las menores cargas tributaria, pues no fue sino hasta el año pasado, que esta llegó a 12.1% del PIB, un nivel propuesto desde 1996.

La SAT y la FEL

Al preguntarle al funcionario qué estaría explicando el comportamiento alcista extraordinario de la recaudación, afirmó que es resultado de todas las mejoras que la SAT está realizando, sobre todo en materia de implementación de la tecnología en procesos masivos, como la Factura Electrónica en Línea (FEL).

Y ejemplificó que, a diciembre del 2022, hubo una variación del 23% en el volumen facturado respecto a lo registrado en 2021, que tiene incidencia en el ISR y en el impuesto al valor agregado (IVA) de todo el año.

En el convenio de metas mencionado, se proyectó que por la recaudación del ISR se calculan Q23 mil 566 millones y por el IVA local, Q17 mil 678 millones, que en su conjunto hacen Q41 mil 244 millones.

Para el caso del IVA importación, la meta es de Q23 mil 28 millones y por derechos arancelarios, Q3 mil 908 millones que supondrían una cobranza de Q26 mil 936 millones.

Ambos tributos sumarian Q68 mil 180 millones, lo que equivale al 79% del recaudo total programado para el administrador tributario y ahí depende el financiamiento del presupuesto.

Mapa de riesgos

El funcionario reiteró que, dadas las condiciones actuales, se prevén estos resultados; pero también es un poco arriesgado asegurar que así será, ya que según los resultados preliminares, se superó la meta de recaudación del año anterior, pero habría que esperar el primer trimestre del año para tener el dato real.

En todo caso, la referida dirección tiene desplegado un mapa de riesgos, que en su mayoría consisten en factores externos que podrían incidir en la economía local. “En este momento no se observan riesgos que sean altamente dañinos para la economía a muy corto plazo”, manifestó.

El año pasado en estas fechas, ya se veía venir un conflicto geopolítico internacional, lo que comenzaba a incidir en las expectativas, pero tampoco se puede asegurar que ese problema persista durante todo el 2023 o que concluya. Ambos escenarios influirán sobre el comportamiento de la economía global.

A nivel local y en referencia a una posible incidencia del evento electoral, López Urizar afirmó que se desconoce aún la expectativa de los agentes económicos, pero los escenarios previstos por la banca central se encuentran en el informe de “Evaluación de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia, a noviembre de 2022 y Perspectivas Económicas para 2023”.

Y aclaró que sobre el componente político “nadie sabe cómo pueden reaccionar los agentes económicos”.

El planteamiento en análisis incluirá solo leyes en materia fiscal y descartó la modificación de tasas de impuestos, aunque reconoció que Guatemala tiene la carga tributaria más baja en la región y es parte de los señalamientos que hacen las agencias de calificación de riesgo país.

Esta es la conversación con Prensa Libre:  

¿Cuáles son los términos de la propuesta de reforma fiscal?  

Hay que dejar claro que no es una reforma tributaria como tal o una modificación a tasas impositivas, sino una revisión, actualización y mejora de seis leyes, que se está trabajando en la SAT. Incluso, dentro de este paquete esta la misma ley orgánica del administrador tributario.

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¿Qué objetivo se persigue?  

Revisar algunos artículos, con el fin de facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes, para que no tengan mucho tropiezo, aunque la recaudación se ha incrementado este año y muchos contribuyentes han cumplido sus obligaciones.

¿Qué normativa tributaria se estaría modificando?  

El Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley del impuesto al valor agregado (IVA), la Ley de Actualización Tributaria (decreto 10-2012) pues por el tiempo (de vigencia) ya es necesario actualizarlas y lograr una mejor recaudación, por medio de la ampliación de la base tributaria.

Ahora se ha logrado incrementar la carga tributaria, sin una reforma, y este año esperamos llegar al 12% respecto al PIB, aunque en el mediano plazo esperamos llegar al 15%, que es lo que se busca. Eso le daría al país una mejor posición respecto a las agencias de calificación, que es parte del trabajo a realizar.

En el Congreso, ¿qué escenario presentarán con el proyecto?  

Que es una facilitación para los contribuyentes, por lo que al momento de que se conozcan estas leyes en el Congreso, debería haber una aprobación rápida, porque no se estarían aprobando aspectos que afecten a los contribuyentes, sino al contrario, otorgarles facilidades.

El enfoque es poner a disposición herramientas más versátiles.

¿Cuándo se presentará? 

La SAT está avanzando y estamos por conocerla, ya que el manejo de la política fiscal le corresponde al Ministerio de Finanzas, y por eso tiene la presidencia del Directorio.

Entonces, si se está hablando del 2023 ¿cómo han analizado el ambiente político?  

Es una ley que busca brindar las facilidades y por su puesto el próximo año es electoral, así que será una decisión de los diputados cuándo conocerla y el mecanismo que utilizarán para aprobarla.

No creemos que se quiten votos, porque no se están modificando tasas (impositivas), ni nada de eso, sino que es revisar y actualizar procedimientos y poner herramientas que faciliten el pago de impuestos.

¿Por qué no se aprovecha para proponer también tasas impositivas? 

Eso requiere de más debate, análisis y estudios, que es más complicado, y por eso reiteramos que no es una reforma tributaria, sino una mejora de leyes.

¿Qué dice sobre retomar o llamar a un pacto fiscal? 

Eso siempre se ha venido platicando en los gobiernos y de trabajar con todos los sectores, para lograr un consenso.

¿Qué escenarios tienen tras año de vigencia, si se aprueba la actualización?    

La perspectiva y visión del gobierno es lograr 15% de carga tributaria. El año pasado se logró 11.4% y ahora esperamos llegar al 12%.

Hay estudios anteriores y de muchos años, que se preguntaban cuándo Guatemala iba a superar el 8% de carga tributaria, que duró muchos años, y se ha logrado mejorar porque la SAT ha ido modernizando y actualizando aspectos como la Factura Electrónica en Línea (FEL), el trabajo que se está realizando en el servicio aduanero, los centros de control institucional, y otros mecanismos que se han estado sistematizando con tecnología. Y al hacer la revisión de estas leyes, se permitirán mejores controles, reducir la evasión y ampliar la base tributaria.

En estos momentos, ¿dónde han analizado que está la mayor evasión tributaria?  

En aduanas, por lo que la SAT ha realizado un trabajo más profundo para ir disminuyendo el contrabando.

En temas de la FEL se ha mejorado la recaudación, y eso ya facilita que exista un cruce de facturas de la SAT con los contribuyentes y eso brinda más certeza; también el control en aduanas con la automatización que se está llevando a cabo para reducir el contrabando y más controles que mejoran la recaudación. Pero a la vez se les brinda certeza a los contribuyentes, porque saben lo que están pagando y lo que se busca es evitar la discrecionalidad, y que todo sea electrónico en función de las bases de datos, así como en la legislación existente para poder pagar.  O sea que se están tocando varios frentes.

Lo que hemos observado en 2021 y 2022 es que se ha incrementado la recaudación, y aunque hubo efecto rebote, también es parte de los controles, y los contribuyentes deciden acercarse para poder pagar.

El administrador tributario ha facilitado eso y no se ha puesto a hacer una cobranza legal, sino que busca consenso, analiza cada caso y así se está logrando una mejora de la recaudación, y por eso hablamos de que la meta se logrará este año.  Hay que verlo de una forma integral, no solo aduanas o la FEL.

¿Es necesario empezar a hablar sobre un pacto fiscal a futuro?   

Siempre se ha hablado de eso y cada ministro que viene y más cuando inicia un nuevo gobierno, trata de revisar el pacto fiscal, lograr consensos y hacer planteamientos de todos los sectores. Al país siempre le resulta muy positivo contar con una carga tributaria más alta.

¿Cómo será el 2023 para la economía de Guatemala? Regístrese sin costo al webinar Perspectivas Económicas 2023: Rutas posibles para Guatemala, organizado por Prensa Libre.

“El paquete está dividido en varias secciones porque la intención es solucionar el conflicto tributario que existe entre varias leyes. Algunos temas no están claros por el avance tecnológico y el crecimiento económico, lo que se debe regular”, dijo el funcionario.

Ejemplificó que ahora los contribuyentes tienen tres días para presentar la documentación que ampara las operaciones contables en empresas de gran tamaño, lo que es insuficiente, y se buscaría ampliar el plazo de entrega a diez.

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“También se reformaría el plazo de entrega de los dictámenes de auditoría sobre precios de transferencia, que están muy pegados con el cierre de la declaración (anual); fortalecer el tema de las cuentas corrientes para efectos de la solicitud de devolución de recursos, que es tardío, o alguna compensación pendiente de tributos”.

Por otro lado, se propondría regular las capacidades de la SAT en fiscalización, la revisión de los montos de multas y actualizar los valores, que, según Díaz Reyes, son muy antiguos, como el del máximo de facturación anual de los pequeños contribuyentes, que es de Q150 mil, “y quedó muy pequeño, de acuerdo con el tamaño de la economía”.

Reiteró que no se tocarán bases impositivas o tasas de impuestos, sino la regulación del sistema tributario, y el paquete de normativas a presentar ya se encuentra en la recta final antes de ser enviada al Minfin y luego, al Legislativo.

Prensa Libre publicó el pasado lunes 28 de noviembre una entrevista con Jorge López Urizar, director de Análisis y Política Fiscal del Minfin, quien confirmó que la SAT está trabajando un pliego de reformas encaminadas a cuestiones administrativas y algunos aspectos de fiscalización y control.

¿Cómo será el 2023 para la economía de Guatemala? Regístrese sin costo al webinar Perspectivas Económicas 2023: Rutas posibles para Guatemala, organizado por Prensa Libre.

Jorge López Urizar, director de Análisis y Política Fiscal del Minfin, brindó a Prensa Libre los lineamientos de ese planteamiento, el que ya cuenta con avances.

El pasado 26 de octubre, el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, había convocado a una conferencia de prensa de la llamada Mesa de Diálogo, con el título de reforma fiscal, pero fue cancelada horas antes.

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Esto fue lo que declaró el funcionario:

Hace algunas semanas, la SAT iba a presentar un pliego de supuestas reformas, ¿de qué se trata?

Sí, pero van encaminadas a cuestiones administrativas. Existe el tema de que la ley establece ciertos plazos para que una empresa fiscalizada pueda entregar la información. Viene la SAT y de conformidad a la ley, pide que se demuestren ciertas operaciones y el contribuyente tiene tres días para acatar la disposición.

Pero hay empresas grandes, que en tres días no pueden generar esa información o envía camionadas de papelería para ser auditada, y por esa razón se está migrando al esquema electrónico, para que por medio a la Factura Electrónica en Línea (FEL) se pueda controlar y mejorar algunos plazos y otras cuestiones.

O sea que el enfoque de la reforma es administrativo y no de política que tenga que ver con tasas o devoluciones. Es para fortalecer las capacidades administrativas y se tendrá que acudir al Congreso porque se necesita una reforma legal, para mejorar esas capacidades de la SAT. La parte reglamentaria le corresponde al Minfin.

¿Qué normativa tributaria se estaría abordando?

De momento se tendría que ver a detalle la propuesta de la administración tributaria, y tengo entendido que en las próximas semanas se estará trasladando al Minfin, como conducto para poder enviarla al Congreso.

La iniciativa pretende mejorar las facultades de la SAT, pues los niveles actuales de recaudación no hacen necesaria una reforma tributaria en el sentido de modificar las tasas. Solo se necesitan algunos ajustes administrativos para garantizar que el cumplimiento tributario que se está  observando ahora, sea sostenible.

La propuesta de la SAT cuando venga al Minfin se tendrá que evaluar y trasladarlo en las siguientes semanas. Luego se entra a un análisis en el Ministerio de Finanzas, se elabora el expediente y la ruta que se debe seguir e ir a otras dependencias para formar el expediente y trasladarlo al Congreso.

Siempre se ha hablado reformas fiscales y de revisar la normativa, especialmente en cuanto a incentivos fiscales ¿qué hay de momento?

Al ver los niveles de recaudación actuales, producto de medidas administrativas, nos damos cuenta de que probablemente el sistema tributario es el adecuado y que lo único que hace falta es utilizar las herramientas que se tengan para garantizar que todos los contribuyentes contribuyan con lo que les corresponde de conformidad con la Constitución.

Claro que dependemos de lo que se aprueba en el Congreso, pero debemos considerar lo que se considera como riesgos recurrentes y ahí podrían generarse algunas propuestas de reformas, pues  tal vez lo que hace falta es establecer algunos mecanismos de control y evaluar en plazos de unos cinco años, la efectividad de los apoyos tributarios que reciben algunos sectores para que exista la posibilidad de revertirlos, si no se está logrando el objetivo que se persigue.

¿Hay algún inventario de iniciativas que llamen la atención?

No, pero sí hay una reciente, que al parecer persigue una cierta regularización del sector informal, y sobre todo de las operaciones que se realizan en los mercados básicamente, donde hay bastante comercio y manejo de volúmenes altos de efectivo, con márgenes de utilidad relativamente bajos, y hay una iniciativa con la que se pretende regularizarlos.

Recordemos que el sector informal es significativo, pero la contribución que se pueda tener con respecto al producto interno bruto (PIB) podrí ser muy baja, y se tendría que evaluar costo-beneficio; cuanta carga administrativa puede tener la SAT para atender estos microsistemas, respecto a la captación de recursos.

¿En qué impuestos se debe enfocar una mejora de la cobranza?

Con el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR), se tiene el 80% de la recaudación. El IVA tiene dos vertientes: el de importaciones y el doméstico, que en su conjunto representa el 50% de la recaudación y otro 25% lo representa el ISR, y ahí es donde se tiene que focalizar.

Entonces, si nos enfocamos en estos dos impuestos, que son los que más contribuyen a los indicadores de carga tributaria, no hay necesidad de reformar tributarias, aparte de que hay suficientes recursos para atender las necesidades de gasto. Las reformas que se han tenido en Guatemala se han enfocado en tasas y medidas de recaudación, pero ahora no se necesita eso. Solo necesitamos es fortalecer las capacidades administrativas para controlar.

¿Cuál es la previsión de carga tributaria para el presente ejercicio fiscal?

Con los niveles de recaudación que se vienen observando durante el año, se ha superado la meta establecida, y consideramos que el indicador se ubicará en 12% del PIB, que será un nivel histórico, y eso es gracias a la gestión que se ha realizado.

¿Qué explica ese comportamiento?

Las medidas de administración que se están tomando: el uso de toda la información que recopila la SAT a través de la factura electrónica hace minería de datos; cuenta con nuevos esquemas de fiscalización sectoriales; se establecen indicadores de rendimiento; y lo más importante es un mecanismo de solución de conflictos por la vía administrativa.

Ahora con la información disponible, se llama a los contribuyentes, se demuestra cuál es la situación y su voluntad para contribuir con lo que les corresponda.

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Con la previsión de carga tributaria, ¿cuánto aporta esta inteligencia de datos a la recaudación?

Es difícil poder segmentarlo, pero digamos que, con la diferencia entre el crecimiento nominal de la economía, y los niveles de recaudación que se está obteniendo, se podrá considerar que eso es producto de las medidas administrativas.

Ver crecimientos interanuales de dos dígitos, implica que el administrador tributario está realizando una buena gestión.

¿Cómo se puede definir ese doble digito en medio de un proceso de recuperación?

A pesar de la pandemia, se lograron buenos resultados de recaudación. La apertura de la economía y los controles en la recaudación permitieron garantizar esa cobranza. El año pasado se dio el efecto rebote, pero ahora se sigue creciendo a doble digito y esa es una buena señal.

Para 2023, esperamos que la recaudación siga creciendo, tal vez ya no a ese mismo nivel, pero si en porcentajes importantes. La carga tributaria y según el presupuesto se ubicaría en 11 por ciento, y se espera que sea sostenible.

Desde 2006, se había experimentado 11 por ciento de carga tributaria, y no se había observado el 12% con el que se podría cerrar en 2022.

¿Hay riesgos fiscales para 2023?

Son situaciones contingentes y no hay certeza al respecto: el país es vulnerable al cambio climático y sabemos que todos los años hay afectaciones, pero eso no lo sabemos a plenitud, aunque existen las medidas fiscales para atenderlos.

Es incierto aún un shock externo, es algo que no se puede predecir, y únicamente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impactado en el tema de precios.

Respecto al tema electoral, el Minfin es una dependencia eminentemente técnica, y esperaremos el desenlace de esto y observar los planes que se presenten, pero no hay cambios significativos porque el Estado debe seguir operando. Sobre todo, esta cartera, que tiene obligaciones muy particulares, como el tema de recaudación, manejo de la deuda y atender el gasto en función de las prioridades de cada una de las instituciones.

Se requiere una reforma integral

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) indicó no tener conocimiento de ninguna convocatoria para discutir algún tipo de propuesta de reforma tributaria.

“En definitiva, el país sí necesita una reforma, pero de carácter integral. Esto incluye no solamente lo tributario sino todos aquellos principios que en su momento se acordaron en el Pacto Fiscal y que siguen siendo una tarea pendiente, principalmente en lo referente a seguir avanzando por el lado de la priorización del gasto público y el fortalecimiento de la transparencia. Esto es fundamental para fortalecer la moral tributaria de la ciudadanía, que espera que sus impuestos se vean reflejados en la atención de sus necesidades, en la productividad y en un crecimiento económico sostenido”.

Añadió que por el lado los ingresos, obviamente, aún es una tarea pendiente incrementar la carga tributaria al nivel que recomendaban los Acuerdos de Paz y que fue recordado por el Pacto Fiscal. “Habría que revisar si en realidad responde a las nuevas necesidades del país, porque ha pasado bastante tiempo”.

En cuanto a una reforma tributaria, dijo que lo recomendable es que sea un cambio gradual. Empezar por mejorar la transparencia y la calidad del gasto público, reflejados en indicadores concretos, para que, posterior a ello, que los diferentes sectores se sienten en la mesa para discutir reformas por el lado tributario. Esto debe hacerse en la línea de impulsar un sistema tributario de carácter progresivo, donde cada contribuyente tribute al fisco, atendiendo a sus capacidades de ingreso.

Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también dijo no tener información oficial ni extraoficial sobre una reforma tributaria próxima, pero “el Icefi ha reiterado en muchas ocasiones que Guatemala necesita una reforma fiscal integral, que abarque transparencia fiscal, de calidad, eficiencia y eficacia del gasto público, balance fiscal y política de endeudamiento público y un componente tributario”.

A su juicio, una reforma tributaria debe privilegiar dos criterios importantes: uno es el de la justicia tributaria y el otro es el de suficiencia de ingresos. “O sea, la reforma tributaria debe tratar de superar la histórica insuficiencia de ingresos para financiar el gasto público y, por otro lado, el sistema tributario actual del país se caracteriza principalmente por tener impuestos regresivos. Lo cual quiere decir que quienes ganan menos terminan pagando más impuestos, así que debería orientarse a la capacidad de pago”.

Y explicó que, por un lado, se debe entender el principio de justicia tributaria, de manera horizontal donde dos contribuyentes en condiciones iguales deberían pagar igual, y por otro, de manera vertical, que es la que llama a buscar una estructura progresiva en el sistema tributario y, básicamente, trata de que quienes ganan más deben tributar proporcionalmente más.

“Sin embargo, nos asalta la duda de que si estos lineamientos se contemplan en lo que estaría preparando el gobierno”.

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En ese sentido, el coordinador del estudio, Jordi Prat, comentó que la región debería “aumentar” el llamado “buffer fiscal”, que es el “margen para enfrentar” eventuales crisis.

“Ahorrar para los tiempos de vacas flacas”, añadió el economista, que recordó que “justo antes de la crisis financiera” del 2008 “todos los países de la región tenían posiciones fiscales relativamente buenas, déficit pequeños y deudas que venía cayendo”.

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Ello permitió una rápida expansión del gasto con el impulso de “programas sociales o salarios públicos”, lo que a la postre causó un deterioro fiscal.

El estudio del BID indica que “para atender la crisis del 2008-2009, los países se embarcaron en políticas anticíclicas que dejaron déficits fiscales que persisten”.

Precisa que entre 2010 y 2014, el déficit fiscal promedio de los países centroamericanos y República Dominicana fue de 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) y para el 2016 se ubicó en el 2.5%.

El informe dice que “para el 2018, el resultado fiscal esperado sería de 2.4 por ciento del PIB, es decir, mayor al del 2017”, una expectativa que “refleja la naturaleza del ajuste que ha venido haciendo la región”.

Así, explica que “en general los países han hecho progresos en temas de administración tributaria y control de gasto, en particular gasto de inversión”, pero aclara que “este tipo de ajuste no es fácil de predecir”.

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El escenario fiscal, continúa el análisis del BID, “pone de manifiesto los límites de las políticas de ajuste que se han hecho”.
“Por un lado, la reducción del gasto de inversión tiene un límite y sus consecuencias se ven en los déficits de infraestructura”, indica el informe.

Añade que además, “si bien la región tenía deficiencias de administración tributaria que ha venido corrigiendo, las demandas sociales, así como la necesidad de mejoras en el resultado fiscal para generar buffers fiscales que le permitan a la región enfrentar crisis adversas, generan presión sobre los ingresos”.

Por lo tanto, subraya el estudio, “va a ser necesario plantearse reformas fiscales que contemplen acciones estructurales (de largo plazo), tanto en el gasto (en particular el gasto corriente) como en el ingreso”.

“En resumen, en un contexto externo relativamente favorable para la región, parecería que se están dando los ajustes necesarios. Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer y persiste el reto de que la región acelere su crecimiento”, de acuerdo al estudio del multilateral.

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Promesa

La norma implica, entre otros aspectos, la rebaja del impuesto que pagan las empresas del 35 % al 21 %, y en menor medida para los trabajadores.

Explicó, además, que ratificó la norma antes de partir de vacaciones para cumplir con su promesa de rubricarla antes de las Navidades, como dijo a finales de verano.

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El recorte de impuestos aprobado supone agregar US$1.5 billones a la deuda pública, que actualmente ya supera los US$20 billones, en los próximos diez años, según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), algo que el mandatario considera se equilibrará con el impulso generado en la economía.

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Republicanos a favor de empresas y los ricos

Aunque el plan de los republicanos era que el Congreso aprobase este martes el proyecto, el voto que emitió la Cámara de Representantes quedó invalidado por tecnicismos y deberá repetirse de aquí unas horas, por la mañana.

El resultado del voto invalidado en la Cámara Baja fue de 227 a favor (todos republicanos) y 203 en contra (los demócratas y 12 votos conservadores).

Si el resultado se repite y el proyecto queda finalmente aprobado por el Congreso, Trump podrá ratificarlo hoy mismo.

El texto está fundamentalmente dirigido a recortar impuestos a las empresas, al reducir sus aportes al fisco de un 35 % a un 21 %, y a las grandes rentas, con la creación de siete nuevas horquillas de pago fiscal para los individuos.

Según el cálculo efectuado por la Oficina independiente de Presupuesto del Congreso (CBO), la reforma que impulsan los republicanos sumará 1,45 billones al déficit nacional de Estados Unidos en la próxima década.

Otro de los puntos destacados es las reducción de impuesto de sucesiones: la reforma dobla la actual cifra libre de impuestos en las herencias, que pasa de 5,5 a 11 millones de dólares para los individuos y de 11 a 22 millones para los matrimonios.

Estas y otras medidas forman parte del que se considera como el mayor recorte impositivo desde el de Ronald Reagan en 1986.

Además de la bajada de impuestos, los republicanos han incluido aspectos todavía más controvertidos dentro de su reforma fiscal.

Por un lado, deroga la obligación a todos los ciudadanos de tener un seguro médico que figura en la actual ley sanitaria, conocida como Obamacare; y por el otro, autoriza por primera vez las prospecciones de gas y petróleo en una parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

La presumible aprobación de la reforma fiscal de aquí unas horas supondrá el primer éxito legislativo de Trump, que lleva meses presionando a los congresistas republicanos tras varios sonados fracasos, como la derogación fallida de Obamacare.

“Hoy es un gran día, no solo para la Casa Blanca, no solo para el Congreso, sino también para Estados Unidos”, aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anticipando que el proyecto llegaría al escritorio de Trump esa misma noche.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificó el día de “histórico”, y afirmó que los republicanos están cumpliendo con su compromiso de “devolver a los estadounidenses su dinero”, ya que a su juicio, el actual código fiscal “castiga el trabajo duro”.

En un tuit posterior, el propio Trump felicitó a los líderes republicanos: “¡Felicidades a Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers y a todos los maravillosos republicanos de la Cámara que votaron a favor de recortar vuestros impuestos!”.

En este clima eufórico y cuando el debate ya había empezado en el Senado, los demócratas hallaron fallos técnicos en el texto aprobado por la Cámara Baja que torcieron los planes de los republicanos y que fuerzan un nuevo voto por la mañana.
Si la votación sigue, ahora sí, de acuerdo con lo previsto, el presidente podría ratificar hoy mismo el proyecto y lograr así su primer éxito legislativo desde que llegó a la Casa Blanca hace casi un año.

El texto fundamentalmente está dirigido a recortar impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de un 35 % a un 21 %, mientras que genera siete horquillas de pago fiscal para los individuos.

Además, según el cálculo de la Oficina independiente de Presupuesto del Congreso (CBO), la reforma que impulsan los republicanos sumará 1,45 billones al déficit nacional de Estados Unidos.

La deuda del país entre 2008 y 2015 aumentó del 27 % al 45 % del producto interior bruto  (PIB) , y se estima que si las autoridades gubernamentales no aplican las medidas correctivas necesarias llegaría al 55 % en 2019.

El déficit fiscal anual de Costa Rica fue del 5.4 % del PIB en 2016.

Además el presupuesto de Costa Rica, que asciende a 9.3 billones de colones  (unos US$16 mil118 millones) , está conformado con un 90 % de gastos ineludibles.

Los expertos concluyen que existe la necesidad de que el gobierno trabaje en la competitividad y que mejore los procesos de recaudación de los tributos actuales, antes de pensar en la aplicación de nuevos impuestos.

IVA en lugar de impuesto de venta

La mayoría estuvo de acuerdo en adoptar el Impuesto de Valor Añadido  (IVA) en lugar del actual impuesto de ventas, y que se fijara “entre el 13 % y el 15 %”  según propuso Fabrizio Zarcone, representante para Costa Rica y El Salvador del Banco Mundial.

Por su parte, Eduardo Espinoza, director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, señaló que en Costa Rica existen 1.259 exclusiones de impuesto, lo que se debería revisar.

Tanto Zarcone como Espinoza señalaron la necesidad de controlar el gasto público y, para ello, abogaron por la aplicación efectiva de los presupuestos de las instituciones y revisar la duplicidad, ya que se pueden encontrar entidades públicas con funciones similares.

Además, destacaron la necesidad de aplicar una reforma tributaria integral con el fin de generar más ingresos al Estado, que si bien cuenta con instrumentos de materia tributaria, no necesariamente son suficientes ni rentables a la hora de cobrar los impuestos.

Ambos expertos añadieron que se necesita fomentar un diálogo nacional para analizar tanto el gasto público como la reforma tributaria, ya que en la Asamblea Legislativa no hay consenso, y menos ahora con las elecciones presidenciales del 4 de febrero próximo en el horizonte.

Sobre la Reforma Procesal Laboral, Osvaldo Madriz, del bufete Consortium Legal, señaló que desde que entro en vigor hace dos meses se han presentado 5 mil denuncias en los tribunales, de las cuales 1 mil 160 han sido por discriminación.

Dijo que en el sector empresarial hay ansiedad, ya que la reforma obligará a las compañías pequeñas, medianas y grandes, a buscar asesorías legales para hacer cambios internos y reducir riesgos de demandas de sus colaboradores.

Además señaló que “podría darse una afectación en la atracción que busca el país de Inversión Extranjera Directa, ya que ahora Costa Rica va a tener un nivel mayor de litigios” .

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, respondió que “la reforma mete más presión al país al demandar más recursos para atender las necesidades” .

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, manifestó que la reforma laboral desmotiva a los empresarios a contratar y puede alejar la Inversión Extranjera Directa, lo que generaría más problemas al país de los que ya tiene pendientes en infraestructura y tipo de cambio, entre otros.

Otros expertos representantes de distintas cámaras costarricenses coincidieron en la desventaja en la que quedan los pequeños y medianos empresarios para defenderse ante futuros litigios ocasionados por la reforma laboral, dado su poder financiero, en comparación con las grandes compañías, que pueden destinar recursos para asesorarse.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, también expuso a los diplomáticos la necesidad de incrementar los ingresos.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, informó ayer que el objetivo de retomar una reforma fiscal va en dos vías: aumentar la recaudación y ampliar la base tributaria.

En cuanto a la fecha, el funcionario prefirió ser cauto y solo indicó que es “a futuro”. “Es una necesidad de país, y será cuando estén listas las condiciones, porque nunca van a estar listas para este tipo de temas, pero corresponde al Ministerio de Finanzas”, afirmó Hiemann.

Al preguntarle si se retomarán partes de la reforma fiscal presentada este año al Legislativo y retirada después por el Ejecutivo, el vocero presidencial  respondió escuetamente: “Es posible”.

En etapa inicial

Fuentes cercanas al Ministerio de Finanzas aseguraron esta semana que se encuentra en discusión una reforma fiscal que entrará a consulta con diferentes sectores en el primer trimestre del 2017.

El planteamiento de la iniciativa tiene un acompañamiento por organismos financieros internacionales.
 Por ahora se desconoce cuál sería el contenido exacto y qué tributos podrían modificarse o, en todo caso, si se contempla la creación de nuevos impuestos.

Otras medidas en vigor

Juan Carlos Paredes, consultor fiscal, opina que este no es el momento para discutir una reforma fiscal, por la desaceleración de la economía para el 2017, así como la opaca ejecución del gasto público.

Lo que puede darse, señaló, es una discusión de reforma para que cobre vigencia en el 2018 o en el 2019, inclusive para el ingreso de un nuevo gobierno.

“Con la entrada en vigencia de nuevas medidas, como la liberación del secreto bancario y otras acciones de fiscalización, se podrán recaudar más recursos, sin necesidad de que se implemente una reforma”, dijo.

Carlos Aníbal Martínez, analista político y económico, coincidió con Paredes en que la viabilidad política no está del todo asegurada, por dos razones: el Gobierno no emitió las señales suficientes para generar confianza política y tampoco hubo suficiente capacidad técnica en la ejecución presupuestaria como para decir “somos un gobierno altamente eficiente y competente”   para generar más ingresos.

“Dentro de la gestión de un gobierno hay un momento político donde tiene la confianza de la ciudadanía y fuerzas políticas que le darían cierta legitimidad, pero ese momento político se da en el primer año de gobierno, no en el segundo”, refirió Martínez.

Dispuestos al diálogo

José González-Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), enfatizó que hasta ahora desconocen sobre la existencia de una discusión de parte del Estado, sobre reforma fiscal.

“Estamos en la disposición de discutir una reforma que sea integral, porque creemos que el Estado necesita más recursos, como lo afirmamos este año”, expuso.

Sin control político

Cuesta arriba volverá a estar el apoyo en el Congreso a una reforma fiscal, considera el analista Carlos Aníbal Martínez, debido a que el oficialismo —FCN-Nación—, si bien consiguió controlar la Junta Directiva para 2017, no tiene el control de todo el Legislativo, que está “bastante fragmentado”.

“La agenda del Ejecutivo no está del todo asegurada en el Congreso, porque no tiene una operación política eficaz”, aseguró.

Este lunes por la mañana se reunieron más de mil empresarios de la Cámara de Comercio, la actividad se denominó “Hacia el colapso del Estado”.

El 95.4% de los empresarios asistentes desaprobó la reforma fiscal que presentó el gobierno de Jimmy Morales.

En la actualidad, el mandatario retiró la iniciativa propuesta ante el Congreso y sería analizada una nueva iniciativa que aumentaría los impuestos en las armas y municiones.

El analista Mario Fuentes Destarac dijo que hay que hacer cambios en el país.

Jorge Briz, presidente de Cámara de Comercio, dijo que las reformas fiscales planteadas no responden a las necesidades del país.

El economista Hugo Maúl, opinó que “el gasto público se queda en las capas medias y no le llega a la mayoría, por lo que hay que aprovechar el poder que tiene la ciudadanía en este momento”.

¿Está usted de acuerdo con la reforma fiscal que recientemente presentó el Presidente Morales al Congreso de la República? Ante esa pregunta, el 95.4% de los empresarios respondió que no, mientras que el 4.6% dijo que sí. 

Reforma propuesta

La propuesta aumentaría el impuesto sobre distribución de petróleo (IDP), que sería superior en Q3 al vigente y se cobraría de manera uniforme por el consumo de cada galón de diésel y gasolinas superior y regular.

incluye la modificación a las tasas del impuesto sobre la renta (ISR), con potencial de recaudo de Q2 mil 755.2 millones, el 47 por ciento de la proyección total.

Por ejemplo, se plantea un ajuste en la tasa del régimen de utilidades —que se aplica a grandes empresas— del 25 al 29 por ciento.

En el caso de los ingresos brutos —régimen para pequeñas y medianas empresas— el planteamiento es pasar del 7 por ciento al 12 por ciento.

En el caso de las personas asalariadas, hay incremento en la tasa del 5 al 7 por ciento para las personas con ingresos anuales arriba de los Q300 mil, lo que constituiría una medida progresiva, es decir, el que más tiene más paga, afirmó el ministro de Finanzas.

*Con información de Guillermo Ramírez

El manifiesto estaba listo y 38 horas antes de su publicación, el mandatario decidió retirar la propuesta del Congreso, por lo que el G4 ya no lo presentó.

“A veces presentamos cosas que no están bien consensuadas y a veces cosas que les falta algunos elementos, que por supuesto tienen que ser retiradas para ser revisadas, y más que todo para que los demás puedan dar su consentimiento o puedan ver si hay alguna cosa que no está bien porque ya después de ser aprobadas tenemos que cumplir esas leyes aunque no nos guste, y muchas veces el pueblo se disgusta”, indicó monseñor.

Vian agregó: “Creo que de su parte hizo muy bien el señor presidente, ir a retirarla para revisarla antes de esto fuera tratado en el Congreso, pero lo prudente hubiera sido no presentarla”, aseveró.

Monseñor Vian dice en homilía que se debe ser humilde y manso de corazón F. P. Raquec @prensa_libre pic.twitter.com/dlRte8RGk6

— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) August 28, 2016

Revisar protocolos

En cuanto al ataque ocurrido el viernes en el cual murieron un reo, un custodio y dos particulares, Vian criticó que todavía se mezclen a privados de libertad con personas libres que esperan atención médica. “Es lógico que aprovechen aquellos que quieren quitarle la vida a estos que salen de las cárceles y eso lo tenían que haber previsto antes”, aseveró.

Resaltó que lo mejor es que los reos sean atendidos en las cárceles, y que se creen hospitales para privados de libertad que tiene enfermedades graves, porque de lo contrario estos grupos aprovechan para vengarse y quién sufre es el mismo pueblo.

Migrantes

En cuanto a la situación de niños migrantes detenidos en las fronteras de Estados Unidos, monseñor señaló que los gobiernos deben tratar más estos problemas, involucrarse e intervenir, porque aunque no estén del país son responsabilidad y tratar con el gobierno del país del norte porque otros vecinos como El Salvador y Honduras tienen privilegios, mientras que acá se quedan callados.

A la consulta sobre el informe de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) a favor del Belice por la muerte de menor guatemaltecos, señaló que estar abiertos a la verdad, pero hay que tener cuidado porque “como ellos hablan inglés, les es más fácil comunicarse con los demás y nosotros a veces hasta tenemos miedo y vergüenza de hablar inglés y entonces nos quedamos callados y esto no puede ser”.

“Es un golpe duro a la credibilidad, por las posibles enmiendas que se puedan presentar”, criticó Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien explicó que el proyecto de la reforma fiscal no contaba con una estructura que la hiciera ideal, además de que no fue discutida.

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Por su parte, Eduardo Velásquez, investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos (Ceur), explicó que tal como se había planteado la reforma, tendría un impacto en la clase media, sobre todo por la intención de gravar a los derivados del petróleo.

Sondeo

Para conocer la percepción de los guatemaltecos sobre el retorno de la propuesta al Ejecutivo, se lanzó una encuesta en la red social Twitter y se preguntó lo siguiente:

¿Cree que el Ejecutivo pierde credibilidad con haber solicitado la devolución de la reforma fiscal?

Los resultados finales reflejaron que después de haber solicitado su retiro, el 82% (668 votos) de las personas que respondieron afirmó que la medida siginifica una pérdida de credibilidad  para el Ejecutivo, mientras  el 18% dijo que no. Del  18% de los que respondieron que no es un desgaste para la administración de Morales, algunos que decidieron argumentar que es de sabios rectificar.

#VotoLibre ¿Cree que el Ejecutivo pierde credibilidad con haber solicitado la devolución de la reforma fiscal?

— Mundo Económico (@Economia_pl) August 27, 2016

Durante la última semana, la iniciativa que nunca fue conocida en el pleno del Congreso, recibió constantes críticas y rechazada por los sectores a los que se les pretendía incrementar impuestos, entre estos a la distribución de cemento y las regalías por la extracción minera.

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Sin embargo, a pesar de esto, Luis Chang, ministro de Energía y Minas, durante una citación en el Legislativo, afirmó que el aumento del IDP era viable y no repercutiría en el aumento de otros precios, entre estos el transporte y productos de la Canasta Básica.

En esa oportunidad, un sondeo similar con la pregunta: ¿El  ministro d eEnergía y minas asegura que el impuesto al combustible no impactará en el precio de los alimentos ¿Que opina?

De los 575 votos que registró el sondeo, el 97% afirmó que estos si tendrían un impacto directo, mientras que el 3% dijo que esto no sucedería.

El ministro de Energía dijo que aumentar el impuesto al combustible no subiría los precios de alimentos ¿Qué opina?

— Mundo Económico (@Economia_pl) August 25, 2016

Según el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, la revaluación no debería demorar porque la intención del Ejecutivo es plantearlo para este período y cobre vigencia en el 2017 e indicó que evaluarán los tiempos.

Aunque la convocatoria no se compara con la de hace un año, cuando incluso el sector privado permitió a sus trabajadores abandonar sus labores y sumarse a la protesta, un grupo preparó afiches, mantas y consignas en contra del presidente Jimmy Morales y su desempeño en ocho meses de gobierno.

La protesta este sábado se centró en la reforma fiscal y la intención del Gobierno de incrementar la carga tributaria, además se suman el tema del Congreso y los diputados oficialistas que enfrentan un proceso de antejuicio.

EL MENSAJE DEL 27A 2016 EN 10 FOTOS— Recopilación de los mensajes más repetidos durante la manifestación de esta tarde, en conmemoración del paro nacional y protesta masiva que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Perez; en esta ocasión los guatemaltecos salieron a las calles para pedirle transparencia al presidente Jimmy Morales y que no suba los impuestos. Fotografías del periodista gráfico de #PrensaLibre @pauloraquec #RetoinstagramPL

Un vídeo publicado por Prensa Libre (@prensa_libre) el 27 de Ago de 2016 a la(s) 5:57 PDT

Este sábado grupos de estudiantes universitarios, familias y jóvenes convocados a través de las redes sociales, se hicieron presentes frente al Palacio Nacional, con la promesa de volver cada sábado hasta que se atiendan sus demandas.

¿Dónde está el Presidente?

El presidente Jimmy Morales, hacia quien va dirigida la manifestación, no se encuentra en la Casa Presidencial.

Morales participó en una actividad de una entidad privada en la mañana, en la zona 13 y por la tarde fue a visitar a la selección de futbol, en Proyecto Gol, en la zona 15.

La última semana el Presidente solicitó al Congreso que remitiera la iniciativa de ley de reforma fiscal al Ejecutivo, reconociendo que se necesita una revisión de la propuesta.

Explicó que ayer le solicitaron al Congreso “nos retorne temporalmente la iniciativa presentada para fortalecerla con las sugerencias obtenidas del importante debate social que esta propuesta generó”.

Morales mencionó entre las sugerencias la necesidad de crear los mecanismos que garanticen que los recursos obtenidos lleguen a los destinos más prioritarios como salud, seguridad, educación e infraestructura vial.

“Para el efecto tomaremos el tiempo que sea necesario y prudente, pero teniendo siempre presente que Guatemala tiene grandes brechas sociales que debe reducir”, dice el texto.

La propuesta del Ejecutivo, que ha generado una gran controversia en la sociedad guatemalteca, pretende captar unos Q5.800 millones de quetzales al elevar los impuestos a los combustibles, el cemento y la regalía que las mineras dan al Estado por la explotación de minerales preciosos.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas Públicas explicó ayer que la decisión de pedir que se retire “temporalmente” esta iniciativa es para permitir que sea discutida “de una manera más amplia” con sectores representativos de la sociedad, “de cara a un consenso más amplio y a una propuesta más integral”.

En el mismo escrito, la cartera indicó que “en las próximas semanas” se darán a conocer los resultados que se alcancen con “diferentes sectores del país”.

La iniciativa fue presentada al Legislativo el 12 de agosto y desde entonces ha sido un centro de discusiones, a favor y en contra, de la intención del Ejecutivo de incrementar algunos tributos como el Impuesto Sobre la Renta.

La carta, fechada este viernes, fue recibida en la presidencia del Congreso, firmada por Jimmy Morales y el secretario privado de la Presidencia, Carlos Adolfo Martínez.

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El Ministerio de Finanzas a través de un comunicado expicó que el retiro de la iniciativa del Congreso obedece a la necesidad de revisar las tasas y sujetos gravados, sin descartar que otro tipo de tribuos que se puedan analizar.

Según Finanzas explica que la propuesta debe ser “enriquecida con lineamientos claros de calidad, destino y resultados esperados de los recursos a invertir”. 

De acuerdo al comunicado, al retirar la iniciativa del Congreso también se abre un proceso de discusión más representativo para alcanzar un consenso “más amplio y una propuesta más integral”.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dijo que el regreso de la reforma obedece a la necesidad de incluir nuevos capítulos a ese instrumento, definir normas de gasto, establecer destinos específicos, así como modificar tasas impositivas, sin dar más detalles.

Para el funcionario, la reforma buscará ser ampliada, balanceada y sencilla. Ahora que el Ejecutivo vuelva a tenerlo en manos, el paquete tributario será discutido a fin de que regrese al Congreso este año y cobre vigor a comienzos de 2017 junto con el presupuesto. Asimismo, reconoció que haber retirado la propuesta puede acarrear un desgaste político a la administración de Morales.

Por más de Q5 mil millones

“Tenemos brechas sociales que cerrar y la única manera para financiar es con el incremento de las tasas”, justificó  el ministro de Finanzas Héctor Estrada al presentar la iniciativa de ley al presidente del Congreso, Mario Taracena, el pasado 12 de agosto.

Estrada subrayó que en la propuesta del impuesto sobre la renta (ISR) se establece que  quien tiene mayores ingresos va a pagar más en los distintos regímenes planteados.

a las tasas  al impuesto a la distribución de petróleo (IDP) y al cemento, no han tenido ninguna variación desde que fueron aprobadas, justificó Estrada.

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Reforma propuesta 

• Proyecto otorgará facilidades de pago a contribuyentes con adeudos.
• En el artículo  25 del proyecto se otorgará una amnistía fiscal, ya que  concede a los contribuyentes 12 meses para que soliciten y rectifiquen ante la SAT sus declaraciones de impuestos, sin importar si han sido auditados o si se  encuentran en alguna fase  de impugnación por la vía administrativa o de lo contencioso-administrativo.
• Faculta a la SAT para suscribir convenios de pago hasta  por 24 meses.
• También ordena al órgano recaudador otorgar las facilidades y mecanismos para llevar a cabo las rectificaciones de impuestos.
• La reforma fiscal contiene 28 artículos. En esta se incluye el incremento de Q3 a la base impositiva por la distribución de petróleo para las gasolinas superior y regular, así como diésel, queroseno y para avión.
• Aumento de Q1.50 a Q5 por la venta de saco de cemento y aumento a las regalías por  extracción de oro, plata, platino y otros materiales.
• Además, modificación a diferentes tasas del ISR.

En cuatro años, del 2012 al 2015, el monto por gasto tributario   llegó  a Q60 mil  688.7 millones, y con lo proyectado para este año  se elevaría a Q73 mil 529.7 millones.

Los datos  son cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) divulgados en junio último.
La proyección no incluye el impacto que tendría la aprobación de la reforma tributaria presentada la semana recién pasada.

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En el  2015, el gasto tributario significó 2.5% del producto interno bruto (PIB) y  23.5%  de la recaudación  de ese año (Q49 mil 724. millones).

En el 2012, el monto por gasto tributario llegaba a Q26 mil 330 millones, pero  en el 2013 bajó,  debido a  la reforma de exenciones del impuesto sobre la renta (ISR) como la planilla del IVA, que beneficiaba a los trabajadores por dependencia.

Revisión es necesaria

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Pedro Prado, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), consideran que antes de hablar de aumento a impuestos se deben revisar las exenciones, exoneraciones y  ciertos incentivos.

Medina refiere que se deben eliminar los beneficios empresariales que se otorgan en forma de incentivos y que se mantienen en  la  recién aprobada Ley Emergente para la Conservación del Empleo, decreto 19-2016, que entre otros temas  modifica los regímenes de  maquilas, zonas francas y centros de llamadas.

Con ese punto coincide Carlos González,  analista de Asíes, quien considera necesaria una revisión, pero   que además   los gobiernos, tanto el actual como los siguientes, diseñen  una nueva política económica, para  no depender tanto de la maquila, sector que, comenta,  tiene mucha competencia de  países asiáticos y su permanencia no debería estar sujeta a un beneficio fiscal.  

Del 2012 al 2015, las empresas en el régimen 29-89, fomento a las maquilas, fueron exoneradas por Q 4 mil 524.43 millones, mientras que las del régimen de zonas francas  —decreto 65-89—, con Q552.82 millones, incluyendo el ISR y otros.

Una de las críticas constantes  respecto de ese régimen  es que no se tenían datos del impacto positivo de su aplicación  porque no había control de cuántos puestos de trabajo e inversión significaban.

Con base en una obligación establecida en las normas presupuestarias, este año se informó que, entre ambos sectores, durante el 2015 se generaron 163 mil 170 empleos; sin embargo, el informe es parcial porque decenas de empresas incumplieron con el reporte.

Asíes basa su propuesta de revisión de tratamientos preferenciales  en el documento Guatemala Camina.

En opinión de González, el tema es extenso y no se podía hacer en propuesta  tan rápida como la que el Gobierno impulsa. El tema, afirma, requiere  tiempo y análisis sobre la viabilidad, y enfatiza que se debe  llamar a  una revisión  de todas las exenciones, empezando por aquellas que no están establecidas en la Constitución.

“Se deben  analizar   una por una,  y ver si todavía, cada actividad, necesita estar sostenida por el Estado”, comentó González.

Agregó que la revisión debe establecer, por ejemplo, que si  se trata de actividades lucrativas pero   después de cuatro o cinco años   no generan utilidades, no debe merecer apoyo estatal y eliminarse la exoneración del ISR.  Ese apoyo, enfatizó, tiene que ser temporal y no a largo plazo.

González y Prado coinciden en que el  Gobierno tiene la facultad, por medio de acuerdos gubernativos,  de exonerar el uso de combustibles fósiles  para la generación de  electricidad, pero  ahora que ya se cambió la matriz energética, se depende menos de los combustibles fósiles, consideran oportuno eliminar ese beneficio.

Del 2012 al 2015, por generación de  energía eléctrica se han exonerado Q725.20 millones que incluye el beneficio mencionado, y otros para los renovables.  

Medina y González  indican   que si se concretan reformas a la Constitución  se debe evaluar si se mantienen  exoneraciones a   universidades, colegios privados, al IGSS, al Comité Olímpico Guatemalteco y a la  Confederación Deportivo Autónoma, así como a las iglesias.

En el 2012, los beneficios a universidades fueron por  Q1 mil 868.74 millones, y para los colegios privados en el 2015 dicho monto  sumó Q2 mil 438.96 millones.

Defiende iniciativa

El mandatario Jimmy Morales defendió la propuesta de reforma fiscal, y minimizó las críticas que aseguran que castigará, de aprobarse, a la clase media, como las modificaciones del 2012.

“Hemos sido claros, el que más gana tiene que aportar más para un momento difícil que está atravesando Guatemala. Creemos que es el momento de hacer un llamado a la población a que todos participemos, y vamos a participar con equidad y con justicia, el que más gana más va a aportar”, expresó ayer el mandatario, antes de su participación en el Desayuno Nacional de Oración, efectuado en un hotel de la zona 10.

Algunos sectores han insistido en que antes de una reforma a los  impuestos debe recuperarse la moral tributaria; el presidente asegura que eso ya se logró.

“Creemos que hemos hecho el trabajo de la recuperación de la moral tributaria. Se ha mostrado una lucha contra la corrupción como se prometió, se ha asignado mayor presupuesto a las distintas instancias, como Salud y Educación, y hoy estamos en una situación menos complicada de la que agarramos en el momento que tomamos posesión”, aseguró Morales.

Añadió que  se lleva  buena ejecución presupuestaria, especialmente en Gobernación y Educación.

Beneficios

Sectores  con mayor monto anual:

• Actividades mercantiles, Q1 mil 360.91 millones; intermediación financiera, Q1 mil 343.18 millones.
• IGSS,  Q1 mil 183.28 millones. Maquilas (29-89), Q1 mil 83.62 millones, y  zonas francas,  Q161.67 millones.
• Instituciones de  asistencia social,  Q893 millones.  
• Compras en mercados cantonales,  Q3 mil 217.12 millones.  Medina dice que aquí se debe apostar a   inscripción de contribuyentes.

Eliminación gradual

Eduardo Velásquez, exintegrante de la comisión del  Pacto Fiscal, opinó que  desde hace 18 años se había planteado la reducción gradual de las exenciones fiscales.  

“En lugar de disminuir  los privilegios, han aumentado y el Estado no puede funcionar así, otorgando privilegios fiscales a determinados sectores que  no tienen razón social”, puntualizó.

Piden revisión

Sandra Morán, diputada de Convergencia, dijo que en la propuesta de reforma fiscal que promueve el Ejecutivo se deben de  revisar las exenciones fiscales.

“En la propuesta no se incluyó ninguna medida que controle a las empresas e instituciones  que gozan de exenciones, por lo que solicitaremos hacer observaciones”, indicó.

También hubo reclamos contra el Congreso, donde esta semana surgió la propuesta de aumentar las dietas a los jefes de bloques cuando asistan a reuniones.

El Ejecutivo entregó el viernes la propuesta fiscal para captar Q5 mil 869 millones mediante modificaciones a los impuestos del cemento, ISR, derivados del petróleo y regalías por actividad minera.

El Congreso consideró que el paquete será conocido por el trámite ordinario, de tres lecturas, pero el Ministerio de Finanzas espera avances dentro de dos meses.

La iniciativa contempla amnistía fiscal, que ya concede 12 meses a los contribuyentes para que soliciten y rectifiquen ante la SAT sus declaraciones de impuestos, sin importar si han sido auditados o están en impugnación durante una fase administrativa en instancias contencioso – administrativo.

La metodología de incluir un paquete de nuevos impuestos, de la mano de la aprobación del plan de gastos, la aplicaron el Partido Patriota y el entonces ministro de Finanzas, Dorval Carías, en noviembre del 2013, cuando se aprobó una minirreforma fiscal.

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En esa ocasión, los diputados legalizaron impuestos al cemento, un aumento a las regalías por explotación minera y un impuesto al uso de las telefonías celular y fija.

Pese a ello, dos de esos tributos fueron retomados en la propuesta de reforma que se presentó ayer a la Dirección Legislativa.

Estudio

Estrada subrayó ayer en el Legislativo que se analizaron esas situaciones que se presentaron en el 2014 y las resoluciones de por qué la CC resolvió suspenderlas.
“Los impuestos se botaron porque hubo aspectos que no se evaluaron y que ahora los retomamos”, enfatizó Estrada.

El ministro dijo ayer que no existe un plan B si el Congreso no avala el paquete de impuestos, que generaría ingresos adicionales al fisco por Q5 mil 869.2 millones.

El ministro confirmó ayer que para el proyecto de gasto del 2017 no se está contando con los recursos que se obtendrían con su propuesta fiscal.

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), calificó la situación de “delicada”, porque podría traducirse en una “sobredimensión” de los ingresos al elevarse el gasto, bajo el supuesto de que aumentará la recaudación.

Ese esquema, dijo Casasola, se tradujo en una eterna contención del gasto público, que impactó a la población con una menor calidad de servicios estatales, una limitación de programas y aprobación de deuda pública que no estaba contemplada.

“Es sabio ver el pasado y no incluir el resultado, en el plan de gasto, de la reforma tributaria, porque no hay nada seguro, es una actitud prudente de parte de las autoridadades, pero es peligroso y fatal hacer una mezcla de discusión entre nuevos impuestos y presupuesto”, subrayó el investigador del Cien.

En todo caso, dijo Casasola, las autoridades deben pensar en un plan B de la reforma fiscal, como mecanismo para ampliar la base tributaria y mejorar la eficiencia de los recursos.

Estrada resaltó que hacen los últimos ajustes al proyecto del presupuesto, pero que han recibido nuevas solicitudes de incremento, sobre todo del Ministerio de Gobernación.

Por ley, el 2 de septiembre se debe presentar la iniciativa y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para conocerla.