La semana pasada la Constitución Política de la República de Guatemala cumplió 38 años, pero lejos de que sus bases legales sean los pilares de una nación, sus interpretaciones antojadizas han ido fragmentando la democracia, opinan tres constituyentes que fueron consultados a propósito del aniversario de la ley suprema, que se celebró el 31 de mayo.

Los tres coinciden en que la Constitución creada en 1985 era perfecta, tenía fundamentos de Derecho que a su consideración forjaban los cimientos de una democracia de altura y de un robusto sistema jurídico. Aunque dicen que esos textos necesitan reformas, indican que actualmente no hay las condiciones para que sea modificada.

También coinciden en que, con las reformas que se dieron en 1994, tras el autogolpe de Jorge Serrano, se mató el espíritu original de la Constitución.

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Actualmente, la Corte de Constitucionalidad (CC), el órgano máximo de Guatemala que está para velar por el cumplimiento de la Constitución, es objeto de críticas, debido a una serie de resoluciones que, a criterio de las fuentes, han minado el estado de Derecho y hasta la democracia.

Incumplimientos

Entre algunos de los artículos de la Constitución que no se han cumplido resalta, a criterio de los entrevistados, el 208 que habla del periodo de funciones de las autoridades del Organismo Judicial (OJ),  el cual se estipula, será de cinco años.

El 113 es otro de los que se duda de su cumplimiento, según los constituyentes, el que habla de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que sirve de filtro para optar a un cargo público o de elección popular, y que cobra mayor relevancia cuando con cada proceso electoral.

También ha sido objeto de debate las prohibiciones constitucionales para optar al cargo de presidente y vicepresidente que están contenidas en el artículo 186, incisos a), c) y f), y que hacen referencia a los familiares, de hasta un cuarto grado de consanguinidad, de aquellos que participaron en un golpe de Estado, y a ministros de culto o religión.

Privatización del Estado

Para Aquiles Faillace, uno de los constituyentes entrevistados, las reformas de 1994 son el inicio de una serie de errores sistemáticos, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho ha servido para minar a la nación.

“La reforma constitucional nos robó tres cuartas partes del sueño constituyente porque destruyó al Organismo Judicial (OJ) y todos los problemas que vivimos hoy se pueden retrotraer a ese momento”, señaló.

Incluso las próximas elecciones generales que se celebrarán en Guatemala el próximo 25 de junio serían completamente distintas, si no se hubiera tocado la Constitución.

“Destruyó el sistema político —la reforma de 1994— porque todos los problemas de clientelismo, alcaldes que nunca dejan el cargo y diputados… se destruyó porque en la Constitución de 1985, la mitad del Congreso y la mitad de los alcaldes se renovaban cada dos años”, recordó Faillace.

También criticó la creación de las comisiones de postulación, un término que no aparece en la Constitución original, ya que es “privatizar las decisiones públicas. “Ahora, 32 universidades privadas nombran a los máximos oficiales públicos”, indicó.

“Lo que tenemos al día de hoy es un remedo de Constitución, un remedo de república y un remedo de democracia que pinta el panorama electoral de hoy, elegir entre el sida, el cáncer y el herpes”, puntualizó el constituyente.

Poco claros

Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, coincide que en 1994 se mató el espíritu de la Constitución original y “hoy estamos pagando las consecuencias”.

“La aplicación de la Constitución ha tenido altas y bajas en estos casi 40 años”, considera Alejos, quien estima que un error que cometieron los constituyentes fue “no ser del todo claros”.

Por ejemplo, considera que se necesita ser más preciso cuando se habla de quienes no pueden optar al cargo de presidente y vicepresidente; qué es una persona idónea, hasta el rol y peso que se le ha dado en la actualidad al finiquito.

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“Los constituyentes no pretendimos parar la participación de nadie, con excepciones como el caso de militares hasta después de cinco años de retiro”, es necesario que estos temas mejoren, a consideración de Alejos.

“La Constitución no se respeta, y la no elección de magistrados de la CSJ y magistrados de Sala digamos que es el ejemplo más grande y claro”, aseveró.

Para el exdiputado es preocupante el que Guatemala “va en camino a una anarquía”, porque la ley ya no se respeta, empezando por la Constitución”.

Mala interpretación

Según la visión de Carlos Molina Mencos, el otro constituyente consultado, en el país “tenemos una excelente Constitución”, pero “el gran problema es que no se aplica de la manera correcta”.

“Hemos desperdiciado la Constitución y se ha violado por capricho de todos, la aplican de acuerdo a lo que me favorezca y no de acuerdo a lo que dice”, expuso el jurista.

Esta serie de interpretaciones, que desde su punto de vista podrían ser inclinadas, sesgadas o hasta antojadizas, afectan al sistema guatemalteco, porque afirma que la ley se tiene que respetar al pie de la letra.

“Tenemos una CSJ con años de excedente en el nombramiento; hay amparos que presenta el Estado cuando el amparo está hecho para que la persona se defienda”, refirió.

Recomendaciones

Los tres constituyentes recomendaron a los actuales magistrados de la CC y otras cortes reorientar el sentido de la Carta Magna.

“La república se basa en el respeto a la Constitución y cuando los magistrados no llenan los requisitos, llegan a destruir la república; en el TSE con doctorados falsos y en la CSJ usurpando el poder por años, entonces desconocen la ley y, por lo tanto, la violan”, señaló Faillace.

Para Alejos, “en la CC siempre quisimos un órgano de control, así como lo hicimos, pero es necesario que se hagan reformas profundas a esa ley para que la CC no siga siendo la corte celestial que es, en donde todo para”.

Por último, Molina Mencos pidió que la Constitución se aplique “como debe ser”.  “Que la apliquen como debe de ser, la letra muerta, eso es lo que hay que hacer toda la vida, no tratar de interpretarla para favorecer a alguna persona o a un momento”.

Reformar la Constitución guatemalteca es un tema que con cierta frecuencia se habla en círculos políticos, legales o académicos. Muchos creen que los cambios son urgentes para modificar el sistema político o judicial y hacer más funcional al Estado, aunque otros opinan que la actual carta magna debe permanecer igual.

Estos argumentos saltan de nuevo a la palestra a raíz de que el pasado 4 de septiembre se celebró un plebiscito en Chile, mediante el cual el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric buscaba el beneplácito de la ciudadanía para aprobar una nueva Constitución; sin embargo, se topó con un rechazo abrumador.

Unos 15 millones de chileros respondieron a la convocatoria. La opción de rechazo obtuvo más del 62 por ciento de los votos.

El plebiscito representó un duro golpe para el mandatario de 36 años que recién asumió el puesto en marzo pasado y que, cuando era diputado en 2019, fue uno de los principales impulsores del pacto político que permitió iniciar el proceso de redacción de la nueva Constitución.

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El impacto fue tal que dos días después de la votación Boric hizo cambios en su gabinete y designó en puestos claves a figuras de centro-izquierda, a la que tanto criticó tras 30 años de gobernar Chile.

El caso Guatemala

En Guatemala, expertos en derecho constitucional consideran necesario reformar algunos textos de la Constitución; no obstante, coinciden en que no es el momento apropiado.

Después de ser aprobada, la carta magna guatemalteca ha sufrido solo una reforma, la de 1993 que se impulsó luego de que había sido suspendida parcialmente por el presidente Jorge Serrano Elías.

Mediante reformas a siete artículos se aumentó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se introdujeron cambios al sistema de elección de estos, así como a los de las Cortes de Apelación, mediante una nómina de candidatos propuestos por una comisión de postulación.

Además, se creó la figura del Ministerio Público, independiente de la Procuraduría General de la Nación.

En 1999, a raíz de los Acuerdos de Paz firmados tres años antes, hubo otro intento de reformar la Constitución. En esa ocasión 51 artículos. Pero, aunque los cambios fueron aprobados por el Congreso no contaron con el apoyo de la ciudadanía en la consulta popular que se celebró el 16 de mayo.

El abogado Aquiles Faillace, constituyente de 1985, expuso que los cambios a la Constitución son “imperativos”, pero reconoce que “con el Congreso actual no es el momento oportuno”.

En tal sentido, subrayó que el país se encuentra en una especia de “callejón sin salida” porque es el Legislativo el que debe hacer las reformas. Pero antes, a su juicio, debe cambiarse el sistema político con el cual son electos los diputados para que, quienes estén a cargo de los cambios sean verdaderos representantes de los guatemaltecos y no inspiren desconfianza, como los actuales.

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“No es oportuno —hacer cambios— mientras no se reforme el sistema electoral porque lo que va a llegar al Congreso y a una constituyente son los mismos”, señaló Faillace. Este cambio pasa por reformar “en todo su espíritu” la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp)”, añadió.

Faillace dice que hay una veintena de cambios que se requiere hacer a la Constitución, entre estos, reconocer los distritos electorales y modificar la forma como se elige a magistrados de las cortes, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a otros puestos.

Según el experto, fue un error haber introducido en las reformas de 1993 a una comisión de postulación para que propusiera a candidatos a estos cargos porque se produjo “la corporativización del ejercicio público” al incluir a “36 universidades privadas con fines de lucro”.

El enredo se produce porque con este sistema se eligieron a los actuales magistrados del TSE que, asegura Faillace, “no da confianza ni certeza de imparcialidad”.

Retomar Acuerdos de Paz

Para Oswaldo Samayoa, doctor en Derecho Constitucional, una reforma a la ley fundamental sería “importante” para consolidar una institucionalidad democrática que gire en torno a los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, para introducir a la Policía Nacional Civil como la responsable de la seguridad interior.

Coincidió en que los cambios constitucionales también son necesarios para reformar el sistema de justicia y su forma de organización y selección de jueces, así como para introducir el derecho de los pueblos indígenas, postergado por “el poco conocimiento y la manipulación tendenciosa e incorrecta de lo que implica”.

En relación con la coyuntura política para impulsar las reformas, calificó de “difícil” que se alcance con el actual Congreso “porque no tiene capacidad técnica y doctrinaria de cuidar a la Constitución, sino solo intereses que son lejanos a lo que implica una carta magna”.

Stuardo Ralón, abogado constitucionalista presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), considera que Guatemala tiene “una muy buena Constitución”, y aunque reconoce que aún hay “muchos desafíos y espacio para mejorar el estado de Derecho”, no cree que reformar la carta magna deba ser la primera opción para fortalecerlo.

Para alcanzar tal fin, más que una reforma constitucional, Ralón afirma que el país necesita es reformar la Lepp para privilegiar la transparencia y fiscalización de los partidos y eliminar normas que, por su redacción ambigua, restringen el debate político.

Consecuencias de postergar reformas

Otras normas que precisan de ser reformadas tienen que ver con el servicio civil, las contrataciones y los procesos de oposición que premien el mérito y la capacidad para optar a cargos públicos, dijo el jurista.

Aparte de la Lepp, enfatizó, se deben reformar la Ley de Servicio Civil, de Contrataciones del Estado, de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial, entre otras.

“Todas estas reformas legales son necesarias y urgentes. Mejorar en esos ámbitos no pasa por una reforma constitucional —que— sin reformas legales previas puede profundizar ciertos problemas”, subrayó.

Samayoa agrega que “no sirve de mucho una reforma a la Constitución” en ciertos aspectos porque “hay leyes que no desarrollan sus preceptos”, como el Código Civil, que es de 1965 y que viene de la Constitución anterior.

En contraparte manifiesta que no efectuar cambios a la carta magna repercute en que el país tenga “un sistema de justicia inviable en su independencia judicial”.

En este sentido, Faillace enfatiza en que no cambiar la Constitución ya repercutió en la “pérdida de la república desde hace tres años cuando no se eligieron a las cortes” puesto que se “perdieron los pesos y contrapesos”.

“Al perderse eso, el sistema republicano dejó de existir porque el Congreso no lo representa a usted, las cortes usurpan el poder, y entonces el presidente hace lo que se le da la gana”, señaló.

Los efectos de postergar las reformas, dijo, también son sociales porque el Estado ha dejado de tener como fin el bien común lo cual se refleja en malos servicios, en salud, educación, infraestructura y el aumento de la desnutrición, por ejemplo.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió de manos de su vicepresidente, Félix Ulloa, un anteproyecto para reformar más de 200 artículos de la Constitución, según informó este jueves un enlace de prensa del vicemandatario.

“Tenemos el gusto de entregar el documento del estudio de las posibles propuestas de reforma constitucional” porque “El Salvador entra en una fase fundacional, estamos fundando un nuevo país”, dijo Ulloa en un video difundido por la Vicepresidencia en redes sociales.

A pesar de que Ulloa señaló que el documento es uno “de estudio”, este se difundió y presentó ante algunos sectores de la sociedad salvadoreña como un anteproyecto de reforma constitucional y así consignaba la versión pública hasta antes de su presentación a Bukele.

En el anteproyecto se propone 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente, de las que 182 son “reformas puntuales a artículos, 7 son nuevos artículos incorporados, 8 son sustituciones de artículos y 19 son derogatorias, de acuerdo con el documento.

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Entre las reformas que se proponen se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años.

Diversas organizaciones sociales han criticado el proyecto por la redacción de varios artículos y la supresión de disposiciones.

En una entrevista con Efe a finales de agosto, el director ejecutivo de la organización Cristosal, Noah Bullock, señaló que estas reformas pueden abrir la puerta a un sistema de partido único al eliminar la prohibición que expresa la Constitución actualmente.

“Se ven elementos (en el anteproyecto) que te permiten imaginar que lo que se busca al final es normalizar y dejar puesto en la Constitución un sistema de Gobierno de un partido que tenga un control muy fuerte sobre las otras instituciones”, indicó.

En el anteproyecto presentado a Bukele se agregó la prohibición, tal como está en la Constitución vigente.

Por otra parte, el artículo 7 de la Constitución actual indica que “se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”.

En la primera versión se suprimía esta prohibición, pero en documento final se agregó nuevamente.

Para que dicho proyecto de reformas constitucionales ingrese a la Asamblea Legislativa debe contar con el respaldo de al menos 10 diputados, contar con 43 votos para su aprobación y ser ratificada en la siguiente legislatura (2024-2027) con 53 votos de los 84 diputados.

Hasta este día se desconoce con precisión cuáles serás las modificaciones que se tiene prevista para la Constitución Política de la República de Guatemala, pero la jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, solicitó que el documento sea socializado.

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La fiscal general participó el pasado viernes en una reunión en la Casa Presidencial, donde el mandatario informó sobre algunos de los cambios que se busca para la elección y nombramiento de magistrados al Organismo Judicial (OJ).

“Fuimos invitados para poder escuchar el proyecto que tiene el Ejecutivo en cuanto a reformas constitucionales. En términos generales manifestarle que son pocos los artículos que se está pensando reformar, específicamente en cuanto a la integración de cortes, tanto de Salas de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia”, explicó Porras.

Sin embargo, asegura que es necesario que todos los sectores sociales conozcan a detalle las propuestas de cambio para que en conjunto se reciban comentarios que puedan enriquecer el documento que ya tiene el Ejecutivo.

“Yo personalmente solicité que esta propuesta se pudiera socializar con todos los sectores del pueblo de Guatemala, a manera de que en principio se conozca, y en segundo lugar se aporte cualquier recomendación para poder ser discutida, y sobre la base de estas sugerencias poder construir una propuesta única que refleje el pensar y el sentir de todo el pueblo de Guatemala”, precisó la jefa del Ministerio Público.

Cambios al OJ

Lo que hasta el momento se conoce es que las eventuales reformas a la Carta Magna estarían eliminando las Comisiones de Postulación para elección de magistrados judiciales, en un afán de eliminar los inconvenientes de las últimas postuladoras.

El número de magistrados de la CSJ actualmente es de 13, y la sugerencia busca aumentar el número a 15, los cuales serían electos tres de ellos por el presidente en Consejo de Ministros, tres más por el Congreso de la República, una cantidad similar por magistrados de Salas, así como los decanos de las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.

Cuatro preguntas contestó el pueblo peruano, la primera: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?; la segunda: ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?; la tercera: ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? y, por último: ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son procesados por la justicia penal y todos vinculados con corrupción. El actual mandatario, Martín Vizcarra, no fue electo de manera directa, era el vicepresidente de Kuczynski, y al haber este renunciado tuvo que subir al sillón presidencial. En este contexto se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición y a la vez existe un ambiente político tenso porque el fujimorismo, que tiene un aceptable apoyo popular a pesar de ser la encarnación de la dictadura —como lo que sucede en Guatemala, solo que con otros apellidos—, también enfrenta procesos penales e investigaciones por corrupción y abuso.

Vizcarra entendió el momento en el cual le toca dirigir el país y por eso es sano hacer el paralelismo con lo que ocurre en Guatemala, pregunta por pregunta.

Los guatemaltecos tuvimos hace dos años una propuesta de reforma constitucional y dentro del paquete se proponía la conformación de un nuevo órgano dentro del sistema de justicia, con el objeto de que el Congreso ya no tuviera cheque en blanco para elegir magistrados cada cinco años, como juegan ahora las reglas —acá ni consejo de magistratura hemos tenido—, los magistrados de apelaciones estarían electos por plazo indefinido y se instituía un nuevo sistema de disciplina judicial y evaluación del desempeño. Así mismo, para ser magistrado de la Corte Suprema se atendería a razones de especialidad y así se respetaría una lógica elemental. El statu quo salió dando el grito al cielo y diputados oficialistas junto al presidente boicotearon el esfuerzo. Hoy, Arzú, Alejos, Galdámez y otros miembros de la Junta Directiva andan a la caza de magistrados para el próximo año, y por supuesto la UNE, la otra gran bancada, busca los suyos. Si esto es construir república, seguramente reprobamos.

La segunda pregunta es similar al caso guatemalteco, el financiamiento a los partidos políticos nos ha tenido ocupados buena parte de los últimos dos años. La interrogante es: ¿somos serios en nuestro proceso? Desde mi punto de vista, no; parches para la reforma electoral, una estupidez del Congreso en la reforma al Código Penal más peligrosa que hemos tenido al haberse “equivocado” los diputados y hacer excarcelables decenas de delitos para terminar con una modificación al famoso artículo 407 “N” —financiamiento ilícito—, que a la fecha el sistema discutirá si es un borrón y cuenta nueva o solo una pena más benigna.

La tercera interrogante fue un claro mensaje de poder a los congresistas: el pueblo peruano no quiere reelección. La decisión puede resultar difícil y gravosa, pero en la coyuntura se entiende; y por último, también allá en el sur se apoyó al mensaje presidencial y se logró el rechazo para instituir el bicameralismo, así que se quedan con el unicameralismo, lo cual es lógico cuando allá, como acá, el descrédito del Legislativo es fuerte.

Perú propone cuestiones concretas y con apoyo político, en Guatemala el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no proponen nada y cuando se plantea lo vetan, lo más fregado es que grupos tradicionales de influencia apoyan el ejercicio indolente y abusivo del poder en Guatemala para luego, en foros internacionales, hablar de República y certeza jurídica. Los peruanos nos dan un ejemplo, ojalá lo entendamos.

@Alex_balsells

La intención fue confirmada por el diputado independiente José Conrado García Hidalgo, quien indicó que firmó la iniciativa y que se están recolectando firmas desde hace al menos tres días.
 

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El legislador confirmó que la iniciativa ya se puede presentar, pero que se está esperando tener más firmas antes de presentarla a la Dirección Legislativa.
 
“Yo no soy el que la promueve, pero creo que se podría presentar antes de fin de año, ya está armada solo es que se sumen más firmas”, aseveró el diputado, quien indicó que la iniciativa no está siendo promovida por el diputado Estuardo Galdámez, como se había mencionado.

Se tramitaría

Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, fue consultado sobre esta iniciativa de ley, y explicó que se ha enterado del proyecto por lo que se ha dicho en los medios de comunicación.
 
“Entiendo que hay una iniciativa en ese sentido, para un proyecto de reforma constitucional, al final los diputados tienen el derecho de proponer reformas constitucionales y si en algún momento se presenta se le dará el trámite correspondiente como dice la Constitución”, señaló el presidente del Legislativo.
 
Resaltó que cuando se presenta una iniciativa de este tipo “se le tiene que dar un trámite inmediato” por lo que esta se leería ante el pleno y se enviaría a una comisión de trabajo para que elabore un dictamen ya sea favorable o desfavorable.

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No es una simple iniciativa

Según Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista y exmiembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), esta no es una simple propuesta pues su aprobación conlleva un trámite distinto a otras iniciativas.
 
“El único procedimiento que podría darse —para la iniciativa— es el de reforma a la Constitución, la iniciativa considera la posibilidad de que 10 o más diputados al Congreso presenten la iniciativa de reformas constitucionales”, explicó el experto.
 
Fuentes Destarac señaló que aunque desconoce el contenido del proyecto, “es una posibilidad de que los diputados preparen una iniciativa pues los artículos relacionados a la CC están previstos dentro de las atribuciones que el Congreso podría reformar”.
 
Explicó que para darle trámite a esta iniciativa se necesitan al menos 105 votos, es decir la mayoría calificada de diputados que integran el Congreso.

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“Luego de que ese proyecto sea aprobado por el Congreso tendría que ser sometido a Consulta Popular, pero es después de todo este procedimiento, no es solo cuestión de hacer un referéndum para saber si es aceptable la CC, tiene que existir una reformas constitucional con todo los pasos que establece la misma Constitución”, señaló el jurista.
 
Se le consultó su opinión sobre esta iniciativa y respondió: “Esto ya es palabra mayor porque se estaría modificando la Constitución en lo que respecta a una institución del sector Justicia”.
 
“Habría que ver en qué consiste esa pretendida reforma y cuál es la sustitución al tribunal constitucional que plantean. Pero en este momento es un poco aventurado hacer elucubraciones sobre esto porque desconocemos de qué se trata la iniciativa”, afirmó Fuentes Destarac.

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Si uno se detiene a considerar los antecedentes que paso a paso han desembocado en la actual crisis político- institucional, opino que el punto de inflexión fue el abandono del proceso de reforma constitucional. Dicho proceso había concentrado la atención y esfuerzos de los órganos del Estado, de la Cicig y de los principales actores de la vida nacional. Como era inevitable, la propuesta de reforma mereció las opiniones favorables de algunos, como también lo contrario. Esto es lo normal. Más bien hubiese sido insólito que mereciera una aprobación o un rechazo unánime.

En cierto modo creo que era inevitable que la terminación abrupta del proceso de reforma diera paso a una crisis político-institucional. Me refiero a que el sistema de justicia no había rendido los resultados esperados tras una década de acciones legales promovidas por el MP y la Cicig y no había motivos para esperar que eso iba a cambiar. ¿Qué más se podía hacer?

Pienso que no hace falta ser un experto en asuntos de Estado y de relaciones internacionales para entender que el actual estado puede derivar, fácilmente, en graves confrontaciones interinstitucionales. El ya débil Estado guatemalteco puede desarticularse más hasta fracturarse. La ya frágil y vulnerable economía nacional puede pasar de un crecimiento insuficiente a un estancamiento o una recesión.

Mientras tanto, las posiciones de los diversos grupos e instituciones confrontados se van radicalizando. El riesgo de que se rebasen los límites de un posible diálogo aumenta y un rompimiento fuera de las reglas constitucionales deviene una hipótesis factible. Tengo la plena seguridad de que nadie desea que se llegue a un punto tal. Sin embargo, como reza la popular metáfora: “algunos están jugando con fuego”.

Creo que no hay otra salida con fruto más que regresar al proceso de reforma constitucional. Pero con visión de largo plazo, para que las generaciones por venir, cien, doscientos años en el futuro, al analizar este momento de la historia de Guatemala se digan: aquellos guatemaltecos actuaron con responsabilidad, con sentido de justicia y para crear mejores instituciones que perduraran en el tiempo.

Esa vuelta al proceso de reforma puede y debiera ser liderada por el jefe de Estado. Él representa la unidad nacional y tiene en sus manos las herramientas constitucionales y la legitimación democrática para ser el conductor de un tal proceso. Los demás poderes del Estado y actores principales de la vida nacional debieran complementar, con un hondo sentido de responsabilidad histórica, un esfuerzo por remontar la crisis. Pero más importante todavía, un esfuerzo auténtico por refundar el sistema de justicia del Estado para que, con base en unos cimientos sólidos de independencia judicial, se logre la certeza jurídica que emana de la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones.

De esta gran crisis puede surgir una gran reforma. De esta gran crisis puede brotar un renacer ciudadano para fundar un verdadero Estado de derecho. Un régimen del Imperio del Derecho en el que, cualquier ciudadano, del lado de la Ley, sea inviolable en su persona y sus derechos.

La comunidad internacional, creo yo, aportaría decididamente el cúmulo de experiencias vividas por los pueblos de todos los Estados que han aportado sus recursos y buena voluntad para que Guatemala encuentre un mejor cauce para su vida institucional.

eduardomayora.com

En su artículo 68, el proyecto define el matrimonio como la unión concertada “entre dos personas (…) y no dice de qué sexo”, explicó en el plenario de la Asamblea Nacional el abogado Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado.

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“Es un acto de justicia que refuerza esos principios de humanismo, de equidad, y (que busca) evitar esa discriminación que por distintas razones y durante tiempo se ha padecido”, añadió Acosta y subrayó que la nueva “Constitución no podía eludir este asunto”.

Sin embargo, el funcionario dejó claro que el cambio de concepto no supone automáticamente la legalización “del matrimonio igualitario”, asunto que “requiere un desarrollo legislativo posterior” para que “en el futuro eso se pueda incorporar”.

“La pelea no será fácil”

El periodista y reconocido activista gay Francisco Rodríguez (Paquito), también miembro del gobernante y único Partido Comunista, recibió la novedad con un escrito en su blog que tituló “El matrimonio entre dos personas o la revolución del 68”.

“Sería la puerta abierta para poder avanzar con posterioridad en la legalización de las parejas homosexuales”, dijo “Paquito”, que aludía con su título a la coincidencia del número 68 del artículo del proyecto con la fecha de 1868, que marca el inicio de la guerra de independencia de los cubanos contra el colonialismo español.

Además, subrayó, el proyecto “incorpora el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género”, lo que permitiría adoptar “otras normas jurídicas y políticas públicas” para proteger los derechos de la comunidad LGBT cubana.

Sin embargo, “Paquito” destacó que la modificación conceptual “es solo el primer paso”, y que en esa materia “la pelea no será fácil”.

“Hay posturas ideológicas y políticas opuestas a estos cambios, cuyos representantes harán todo lo posible porque estos sueños, hoy posibles y ya tan cercanos, naufraguen”, consideró.

Desde hace casi tres décadas, la ahora diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, encabeza la defensa de las minorías en Cuba, donde la Revolución que triunfó en 1959 persiguió en sus primeros años a los homosexuales. Incluso los envió a campos de trabajo forzado para “reeducarlos”.

Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, fallecido en 2016, ofreció disculpas por la represión y el castigo de los homosexuales y aclaró que no fue una política de Estado.

Como líder del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro promueve políticas en favor de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT). Entre los temas que agita figura el matrimonio homosexual, que desata fuertes controversias en la isla.

“Darles derechos a los que no los tienen no implica quitárselo a los que ya los tienen”, aclaró Mariela en los debates parlamentarios, según imágenes difundidas el viernes por la televisión local.

En esas discusiones, otro diputado elogió la modificación del matrimonio “como un gran salto de Javier Sotomayor (recordista mundial cubano en salto de altura, ndlr)”, pero expresó su preocupación por la posibilidad de que una pareja homosexual adopte niños, un punto que no forma parte de este debate constitucional.

El proyecto de 224 artículos, elaborado por una comisión parlamentaria que dirigieron Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, será votado por la Asamblea Nacional entre este sábado y el lunes y luego sometido a un referendo popular antes de su aprobación final.

Cómo nos suele suceder a los periodistas que hemos escrito por décadas, es imposible no repetir la misma posición sobre determinados temas cuyo abordaje sobrepasa las coyunturas y se vuelve agenda permanente pendiente.

De la “protesta sin propuesta” escribí en mayo del año pasado cuando se estaban discutiendo las reformas constitucionales, “que no se ose plantear el concepto, el argumento, la idea contraria, porque, o eres brujo del monte, miembro de la oligarquía de Salem, blasfemo y adepto de las herejías inconfesables, o un comunista con vasos comunicantes directos con los tiranos bolivarianos del siglo veintiuno, veintidós y veintitrés. Hoy estamos en la misma polarización. De la protesta, solo ha cambiado el verbo de “protestar a perseguir” sin proponer.

Y la maña —que más que maña es un constructo ético político anormal— de meter a todos dentro de un mismo saco, sigue haciéndose presente. Si uno por allá dice algo, todos lo dijeron y el argumento se hace viral en las redes. Los gritos se consignan a la misma garganta y el remitente se convirtió en voz grupal, aunque el comentario sea una crasa impertinencia. Hace poco se jactaron de haber podido eliminar mediante quejas la cuenta de un conocido tuitero señalado de ser jefe de un netcenter, a pesar de que existen innumerables cuentas y netcenters de twitter con seudónimos de ese mismo lado de la manada. ¿Entonces? ¿Dónde queda Voltaire con su “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo…”?

Se perdió el debate y se convirtió en pleito de locatarias: “Comunistas relamidos, oenegeros mercenarios, izquierdosos asquerosos…. Fascistas oligárquicos, empresarios corruptos, radicales de la extrema derecha, amigos del status quo”. La lista es larga y tediosa. El resultado, una polarización frívola y visceral.

La corrupción es un problema sistémico y cultural. Los sistemas no funcionan en la mayoría de las instituciones del Estado. Para mayor preocupación, ahora la Corte de Constitucionalidad ha tomado una posición “anticonstitucional”, violando los derechos de la propia Carta Magna, irrespetando tiempos procesales, poniendo en riesgo el patrimonio de inversiones nacionales y extranjeras; abriéndose a la vulnerabilidad interna, permitiendo que los audios de sus deliberaciones, privadas —que eran de suyo— absolutamente confidenciales, fuesen públicas. La lista de anomalías crece cada día. No extrañaría que le dieran trámite favorable a un amparo interpuesto por un conocido abogado activista en el cual pretende que se aperciba al Congreso para que no tome ninguna determinación que pueda afectar el mandato de la Cicig, amparo notoriamente improcedente, porque la misma CC ya indicó que conforme al artículo 12 del convenio, corresponde al Ejecutivo y a Naciones Unidas resolver cualquier controversia sobre el mandato. Todas estas actuaciones de la CC las señalan connotados juristas constitucionalistas.

Una fuerza enfatizando los pactos de corruptos con un discurso lineal de combatir la “pistocracia y la cleptocracia” con un enfoque carcelario, es decir, los efectos, en vez de presionar propuestas para eliminar las causas sistémicas inmersas en todo el aparato gubernamental. De este lado del río, los que aplaudimos el combate de la corrupción, pero enfatizando la aprobación de leyes anticorrupción (Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Servicio Civil, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos —demandando el voto uninominal—, entre otras). Sin esas leyes y sin la reforma al sistema de justicia, que tiene una presa de 17 mil audiencias. En al menos dos casos conocidos por mí, la joven madre de dos niños tiene programada su audiencia para enero 2019 y ya lleva un año en prisión preventiva.

Esto ya suena a letanía, pero hay que insistir.

alfredkalt@gmail.com

La consulta tuvo su origen en el golpe de Estado del 25 de mayo de 1993, conocido como el Serranazo, cuando el presidente Serrano, suprimió al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, luego de calificar de corruptos y chantajistas a los miembros de dichos organismos.

La última consulta

En 1999 se realizó la última consulta para reformar la constitución. Conozca el resultado

Días después de asumir la primera magistratura de la Nación, de León Carpio prometió una depuración del Organismo Legislativo y Judicial. Ante esa situación intentó plantear una consulta el 28 de noviembre de 1993 pero acciones legales de varios diputados la interrumpieron.

La crisis continuó durante varias semanas, hasta que la Conferencia Episcopal de Guatemala, que actuó como mediadora, logró consenso entre diputados y representantes del Gobierno para convocar a una consulta en torno a las reformas constitucionales.

¿Que se reformaría?

La ciudadanía acudiría a las urnas para votar SI o NO a la reforma de 37 preceptos de la Constitución Política y la aprobación de cinco artículos transitorios, entre los cuales estaban, a la reducción del periodo presidencial a cuatro años, suprimir gastos confidenciales, depurar la Corte Suprema de Justicia y la elección de nuevos diputados al Congreso de la República.

El clima en el país era tenso en ese entonces ya que en días anteriores se habían producido atentados terroristas atribuidos a la guerrilla, como el derribo de torres de energía eléctrica y la explosión de puentes. El gobierno creó un plan para contrarrestar el boicoteo a la consulta.

El presidente de León Carpio en los días anteriores a la consulta hizo una campaña a favor del SI en grandes concentraciones populares en los diferentes populares como una medida para acabar con la corrupción en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia. Diputados acusaron al presidente de invertir varios millones de quetzales en una campaña publicitaria a favor del Si.

Gana el Si

Como se esperaba, el resultado de la Consulta Popular fue que los guatemaltecos dieron su respaldo a las reformas constitucionales. Sin embargo el abstencionismo fue el gran ganador de la elección ya que se registró un 85 por ciento, el más alto de la historia política.

El SI obtuvo más de 530 mil votos, por su parte el NO obtuvo 105 mil, esto significaba que las reformas constitucionales entrarían a cobrar vigencia a partir del mes de abril de 1994, además de que serían convocadas elecciones para elegir nuevos diputados al Congreso de la República en el mes de agosto.

El presidente De León Carpio indicó que se mostraba satisfecho por el resultado, a pesar del abstencionismo. La cantidad de votantes superó sus expectativas ya que se percibía apatía por la participación de los electores y además por las amenazas de boicot.

Llamado nuevamente

La última consulta popular tuvo lugar el 16 de mayo de 1999 también para reformas constitucionales. El 15 de abril de 2018 los guatemaltecos están convocados a participar en la consulta popular para que los guatemaltecos voten si el diferendo territorial, marítimo e insular que Guatemala tiene con Belice debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. 

A un año de que se empezaran a discutir las reformas constitucionales en el sector de justicia, estas se encuentran “enterradas” en el Congreso, debido a la falta de voluntad de la mayoría de diputados, que se oponen a que se mejore no solo la forma de elegir magistrados, sino la de  impartir justicia.

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El 17 de mayo de este año fue la última vez que sesionaron los legisladores para aprobar la creación del Consejo de Administración Judicial, contenido en el artículo 7 del proyecto de reformas al sector justicia.

En esa oportunidad se discutieron tres enmiendas al artículo 7 pero ninguna obtuvo los votos necesarios, y cuando se aprestaban a conocer el artículo original, la sesión fue suspendida porque algunos diputados se retiraron.

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Cambio estructural

Reforma cambiaría la forma de elegir magistrados:

• Garantías sobre la independencia judicial
• Se buscaba cambiar los privilegios de los diputados
• Se trataba de eliminar el antejuicio a los funcionarios
• El tema de la jurisdicción indígena fue pospuesto
• Intentaba cambiar la forma de elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
• En la elección de fiscal general se   eliminarían las comisiones de postulación.

En más de un año solo se lograron discutir siete artículos del proyecto de ley y tres fueron aprobados, tres  rechazados y uno quedó en suspenso.

Agregó: “Lamentablemente las reformas al sector justicia no fueron  asumidas con la seriedad que se necesitaba por parte de algunos”.

La jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que las reformas constitucionales están “muertas” y que no hay forma de que eleven el vuelo o haya alguien que las esté impulsando.

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La parlamentaria manifestó que existe   falta de voluntad de muchos sectores, pero el presidente del Congreso, con el apoyo de la Junta Directiva, lo puede proponer a los jefes de bloques,  y si estos no la aceptan   se debe llevar al pleno.

Sin posibilidades

El diputado Fernando Linares Beltranena también considera “muerto” el tema. Señaló que fue el congresista Oliverio García Rodas, quien encabezaba la mesa de discusión, el que ya no convocó a reuniones.

Expresó  que las reformas se pueden volver a poner en la mesa, pero no obtendrían  apoyo. 

A pesar de que la jurisdicción indígena se dejó a un lado, debido a la falta de consensos, para avanzar en la discusión de los demás puntos de  la reforma constitucional, no se avanzó en este aspecto.

Una vez el alud ha arrasado con una aldea, no tiene lógica centrar la discusión en quién empujó el primer bodoque de nieve en la cima de la montaña. Se debe centrar la tarea en las acciones necesarias para eliminar las condiciones previas a una nueva avalancha. La comparación con los sucesos de las últimas tres semanas resulta válida porque ahora se debe pensar en cómo eliminar las posibilidades de repetir lo ocurrido. Es indispensable entonces pensar en el listado de acciones, su importancia, el orden para solucionarlas y los cambios insoslayables. En este momento, cada día se materializan en el campo político sugerencias de todo tipo, desde las válidas y serenas, hasta las imposibles o inconvenientes de realizar, por la carencia de sustento.

Conforme pasan los días deben comenzar a ser tomadas en cuenta aquellas sugerencias serias y válidas, así como las meditaciones acerca de las consecuencias de llevar a cabo cualquiera de ellas. Uno de los principales errores es el de personificar las crisis: el retiro de una persona determinada y su cambio por otra, sin a la vez establecer criterios nuevos, no se logra nada si no hay cambios fundamentales. Ese es el caso de la presidencia guatemalteca actual. Es el responsable directo del alud político actual y su salida resulta merecida, pero no significará nada, pues su sucesor durará muy poco, por las mismas razones legales, y el Congreso, si es el mismo, sin duda elegirá a un binomio igual de malo, o peor, para las 77 semanas faltantes del cuatrienio actual.

Todo lo ocurrido ha hecho salir a la superficie la miríada de necesidades de cambio, pero la simple lógica señala la imposibilidad de arreglarlas, cambiarlas o sustituirlas todas al mismo tiempo. En este momento ya quedó claro el rechazo popular, y toca entonces comenzar el cambio al Congreso, para lo cual se vuelve de fundamental importancia la tarea del Tribunal Supremo Electoral, de donde debe emanar el proyecto de cambios a las elecciones desarrollado luego de un consenso organizado por un grupo de personas –impar, no más de cinco— cuya tarea sea la de recibir y precalificar las sugerencias ahora presentadas en tropel por entidades entre las cuales algunas no tienen existencia jurídica y constituyen el resultado de grupos desconocidos.

Desde hace años existen sugerencias de cambios constitucionales apoyadas en determinados casos por miles de ciudadanos. Son válidas porque tienen la representatividad otorgada por el número, pero en este momento el orden de cambios debe comenzar con el andamiaje legal de las elecciones y los de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se debe comenzar por el principio. El Tribunal Supremo Electoral debe utilizar su poder, como lo hizo —por ejemplo— cuando desintegró a las hordas apodadas Líder y Patriota. Los dos siguientes deben ser la UNE y el FCN-Nación, cuyas marrullerías son de campeonato. Cualquier pretexto para dejarlos flotando en el mar de la política nacional sólo puede ser interpretado como una manera de proteger a malévolos.

Ante el hundimiento del Organismo Ejecutivo, es urgente convocar a sectores nacionales, eliminando, claro está, a los politiqueros, para preparar los cambios en las condiciones necesarias para fundar un verdadero partido y participar como candidato. Limitar los derechos políticos no debe asustar a nadie: la mayoría de la población tiene menos de 40 años y por eso no puede estar entre los aspirantes. Las libertades políticas, a causa del libertinaje, necesitan ser enmarcadas. Por aparte, la tarea del Congreso debe ser aprobar lo decidido por verdaderos representantes sociales. No tiene precedente la situación actual y por ello tampoco se puede recurrir a la teoría para buscar soluciones, sino a la buena voluntad y a principios de corrección, aunque parezca utópico, pero no es imposible.

El ilustre guatemalteco Dr. Manuel Ayau Cordón pasó buena parte de su vida buscando y promoviendo soluciones a los grandes problemas del país. Preocupado por cómo mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, durante mucho tiempo privilegió temas relacionados a políticas económicas. En las últimas décadas de su vida, se dio cuenta que el comportamiento de la economía y por ello, las oportunidades para el progreso, estaban determinadas por las reglas del juego y volcó con mayor ahínco su atención al Derecho. Fue así como a partir del año 2001 convocó a un equipo de expertos y amigos, para trabajar en un proyecto de reformas a la Constitución que se convertiría en Pro Reforma. El empuje inicial de trabajo se dio del 2001 al 2005, seguido por otros dos años de reflexión, crítica, discusión y afinamiento y luego se pasó a un proceso de “socialización”; cientos de visitas al interior del país, reuniones con agrupaciones, asociaciones civiles y expertos, presentaciones a los jefes de bloque del Congreso y a los partidos políticos, con la intención de lograr consenso.

El proyecto original contemplaba la elección presidencial por rondas simultáneas, reformar el IGSS para quitarle el monopolio y la eliminación de los porcentajes presupuestales para la USAC y el deporte, contemplados en la Constitución. Estos temas causaban fuerte rechazo entre muchos diputados y fueron eliminadas del proyecto Pro Reforma, para darle viabilidad. El Artículo 277 de la Constitución determina quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución y en el inciso (d) establece que “El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos…” El grupo promotor de Pro Reforma se dio a la tarea de recolectar firmas y logró que más de 73 mil ciudadanos firmaran la petición, más de catorce veces la cantidad requerida por la Constitución.

Después de ocho años de trabajo, en Marzo de 2009 el proyecto de reformas a la Constitución, Pro Reforma, fue entregado al presidente del Congreso, quien lo remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No sabiendo que hacer con la papa caliente, la Comisión le dio espacio político a opositores para que se pronunciaran. La Constitución no dice que el Congreso se encargará de darles voz a los enemigos de la petición; establece más bien que “el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”, lo que supondría un voto por el pleno. Basado en un reporte de lo actuado —no un dictamen— el presidente de la Comisión dio dictamen desfavorable al proyecto Pro Reforma. El pleno del Congreso de la República nunca conoció Pro Reforma y nunca se sometió a votación por los diputados. Es curioso que el mismo presidente de la Comisión que dio dictamen desfavorable a Pro Reforma, Oliverio García Rodas, se inhibió de conocer y dictaminar sobre el proyecto actual de reformas, impulsado por la Embajada, CICIG, MP y PDH, por no ser de su competencia.

Se puede estar o no de acuerdo con Pro Reforma, pero ese no es el punto. El Congreso, al tenor de la Constitución, tendría que haber sometido Pro Reforma a voto, y de ser aprobado por dos terceras partes, enviarlo a consulta popular. Fue engavetado, y ahora ha surgido otro proyecto, brincándose la cola. Se contrasta un proyecto de reformas con ocho años de trabajo y decenas de miles de firmas, con otro improvisado, coyuntural y apresurado. ¿Cómo se van a dar las reformas a la Constitución recién propuestas, cuando estas nacen con un proceder incorrecto? Primero en tiempo, primero en derecho.

La Constitución fue pEn 24 años el Congreso ha rechazado 14 propuestas para reformar la Constitución Política de la República. En la actualidad, la iniciativa para reformar lo relativo al sector Justicia, elaborada por la Mesa Técnica del Diálogo Nacional se encuentra varada  desde mayo, por desacuerdos y bloqueo de varias bancadas, incluyendo la oficialista.romulgada en 1985, y solo ha sido reformada en 1993,  cuando el mayor cambio consistió en quitarle la potestad al Banco de Guatemala de financiar al Estado en un momento de crisis.

Más tarde, en 1999, se intentó hacer una reforma, producto de los acuerdos asumidos después de la firma de la paz, pero tras una fuerte campaña publicitaria por el “No”, la población se volcó en las urnas en rechazo a esas reformas.

Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, después de la reforma de 1993 se han presentado 14 nuevas propuestas del Ejecutivo, sectores sociales, la Universidad de San Carlos y los mismos diputados, pero hasta ahora todas han corrido la misma suerte:  han quedado en el olvido.

En octubre  pasado, la Mesa Técnica del Diálogo Nacional, integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y organismos internacionales, presentó una nueva propuesta  que busca reformar el sector Justicia, para frenar las intromisiones políticas, pero luego de 11 meses, los sectores afectados han movido sus influencias y ahora se encuentra en un pantano legal.

La propuesta de la Mesa fue respaldada por más de 20 diputados, quienes, el día que se presentó en el Congreso, hacían cola para firmar el documento. Días después se empezó a escuchar que la iniciativa no avanzaría, con el argumento de que no se había discutido lo suficiente, pero posteriormente se supo que había rechazo a lo relativo con el reconocimiento de la justicia indígena, propuesta que se retiró para evitar polémica; no obstante, la creación de una carrera judicial y la eliminación de las comisiones de postulación fueron temas que golpearon intereses sectarios, que han hecho llegar su influencia a través de diputados y bancadas.

Nueva mesa

Desde el 10 de mayo último, el Congreso no se ha reunido para discutir las reformas de Justicia. Se aseguró que había acuerdos en base a varios cambios a la propuesta original que habrían diseñado jefes de bloques. Sin embargo,  ya no se retomó.

Desde que el Legislativo retornó del receso, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, ha insistido en retomar la discusión, pero  sin eco. El presidente de ese organismo, Óscar Chinchilla, prometió que se instauraría una nueva mesa de discusión, pero aún no se ha convocado.

Según Chinchilla no hay acuerdos y por ello se tratará que la nueva mesa esté integrada por un representante de cada bloque, para que definan las enmiendas en consenso.

Hasta ahora, de la iniciativa de 25 artículos solo se han discutido siete y uno de ellos se pospuso para conocerlo al final. Otro, que contenía cambios al derecho de antejuicio, fue rechazado, y cuatro han sido aprobados. El séptimo, que crea el Consejo de Administración Judicial, detuvo la discusión.

Pretextos

El diputado y exconstitucionalista Oliverio García Rodas aseguró que el problema ha sido la falta de voluntad.  “Existe una corriente que dice que la Constitución está bien y que en lugar de cambiarla hay que mejorar las leyes ordinarias”, detalló.

Para la diputada Montenegro el problema radica en los  sectores interesados en mantener el control y el poder del Estado, por  lo que “cada vez que se intenta modernizar se ideologiza la discusión, cuando en verdad la reforma actual no tiene nada ideológico, sino que pretende mejorar el sector Justicia”.

En el cajón del olvido

Las iniciativas para cambiar la Constitución han sido engavetadas.

Desde hace algunas semanas, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso ha trabajado en varios cambios a la Ley Electoral, los cuales van desde la creación de subdistritos electorales  hasta el establecimiento de la votación nominal para diputados y una segunda vuelta para la elección de alcaldes.

Aunque los congresistas han considerado estas modificaciones como un gran avance, ayer el pleno de magistrados del TSE ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que varios de los artículos contenidos en el borrador son inconstitucionales y que otros podrían violar  la independencia de ese máximo tribunal.

Según la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, se están estableciendo varios aspectos  muy delicados, pues se “matiza” la independencia  y se hacen varios agregados que son lesivos para la independencia del TSE.

“Nosotros vemos claramente que la intencionalidad del Congreso es que en cualquier momento  nos pueda citar y obligar a presentarnos ante ellos, y desafortunadamente es algo muy delicado, puesto que se dan muestras de que la clase política no tiene la madurez necesaria”, manifestó la magistrada.

Debe ganar el Sí

Congreso aprueba consulta popular sobre diferendo con Belice

Consideran también que las reformas para la postulación y elección de magistrados del TSE quedan destinadas exclusivamente al Congreso, lo que “mutila la independencia” de ese órgano y lo transforma “en un vasallo de los diputados”.

“Agradecemos su opinión”

Mario Taracena, legislador por la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la comisión que analiza los cambios a la mencionada ley, aseguró que ya habían solicitado una opinión a los magistrados del TSE sobre las reformas, pero estos no  habían respondido. “Hoy  —ayer— nos dieron la sorpresa con el campo pagado y agradecemos su opinión”, expuso.

“En la próxima reunión de la Comisión se tendrá que estudiar las observaciones que hace el TSE, porque hay cosas que son buenas. Por ejemplo, que el Congreso no tiene que fiscalizar, sino que debe  ser la Contraloría —General de Cuentas—, ni lo vamos a poder hacer bien”, manifestó Taracena.

En cuanto a los subdistritos y  la elección uninominal, “se va a revisar porque no se puede. Seguramente lo vamos a quitar. Luego de esto —opinión del TSE— se va a enterrar”, sostuvo el diputado.

Nineth Montenegro, también integrante de la Comisión, indicó que muchos artículos fueron propuestos por los tanques de pensamiento.

Algunos fueron retirados, pero al final toda la iniciativa debe   ser analizada con anterioridad por la Corte de Constitucionalidad, antes de que la apruebe el Congreso. “Hay cosas fuera de lugar, que deben quitarse, pero aún están en borrador”, dijo.

Artículos polémicos

Estos son algunos artículos que los magistrados del TSE rechazan.

• •Reformar el artículo 21 bis.  Busca elevar la deuda política de US$2 a US$3 por cada voto. No están en favor de elevar la deuda.
• Reformar el artículo 121. Pretenden  que  el TSE esté supeditado al Congreso, al incluirle procesos de control.   Los magistrados dicen que eso viola la independencia del Tribunal.
• Reformar el artículo 136. Se quiere que un delegado de cada partido elija a los magistrados por medio de una comisión de postulación. El TSE afirma que hacerlo así sería tener a ese organismo bajo control del Congreso  y los partidos políticos.

Belice

No hay fondos para consulta popular

 La presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos, informó que para efectuar la consulta popular sobre el diferendo territorial con  Belice necesitan unos Q300 millones y actualmente no cuentan con ello, aunque el ministro de Finanzas se comprometió a trasladar esos fondos.

 Por ahora se revisa de nuevo el plan operativo para llevar a cabo la consulta. Se evalúa si se hará en período de clases, debido a que se tienen que remozar los edificios educativos, a fin de que estén aptos para ser sedes del proceso electoral.

El Legislativo volvió ayer de su receso de medio año y se efectuó la primera reunión de jefes de bloques del segundo período de sesiones ordinarias, en la cual las reformas constitucionales fueron las notorias ausentes en   la agenda de prioridades.

La única que preguntó por este punto fue la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, cuestión ante la cual hubo un silencio elocuente.

 “¿Solo quiero saber qué va a pasar con las reformas? ¿Van a quedar como letra muerta?”, cuestionó la congresista, pero la reunión terminó y no obtuvo respuesta.

Sector justicia

Se plantean 60 enmiendas a reformas

Nueva “mesa técnica”

Carlos Fion, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, dijo que no hay consensos para continuar la discusión.

No obstante, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, indicó que se convocará a nuevas mesas técnicas, que serán integradas por delegados de las diferentes bancadas, en las cuales se discutirían las reformas, con el fin de buscar y lograr consensos.

Sin embargo, estas nuevas discusiones no tendrán plazo para entregar resultados. A decir de Chinchilla,  podrían durar unos 15 días, o es posible que se “tomen un mes o más”.

Para  Montenegro esta es una justificación para alargar la discusión, cuyo propósito es dejar las reformas a la Constitución  en el olvido. La congresista recordó que la mesa técnica de discusión ya estaba formada por los jefes de bloques; incluso, explicó, ya había acuerdos sobre enmiendas.

Juan José Porras, de Visión con Valores, aseguró: “He entendido que está la propuesta de la mesa para revisarlas y revitalizarlas. Habrá que ver que en este nuevo período el presidente retome el tema. No vi reflejado en jefes de bloques que haya consensos, no se ha retomado para definir el rumbo a seguir”.

Según algunos diputados, la intención real es crear una nueva propuesta para “quitarle el sabor colombiano” —en referencia a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, con la finalidad de que los cambios se reduzcan y el resto se haga, supuestamente,  a través de cambios a leyes ordinarias.

La fiscal general, Thelma Aldana, indicó: “No estaba enterada, pero me parece adecuada la discusión”.

A la fecha, el Congreso ha conocido hasta el artículo 6 de la propuesta. Dos artículos se perdieron, entre ellos lo relacionado con el antejuicio, tres fueron aprobados y el que se refiere a la justicia indígena se prorrogó para el final.

La invitación se hizo a representantes del sector empresarial, académicos de las distintas corrientes de pensamiento, activistas, políticos y el lector de este matutino, quien con frecuencia comenta las notas en nuestro sitio web. Algunos propusieron hasta cuatro preguntas, pero el tiempo solo permitió una.

Al terminar la ronda de cuestionamiento, el comisionado compartió lo que sintió en momentos claves, los cuales revivió con fotografías del archivo de este medio.

1. Antonio Malouf, presidente del Cacif

– Desde su perspectiva, ¿qué efectos tendrá la lucha contra la corrupción en la inversión y en la economía, en el corto y largo plazo?

Creo que la lucha contra la corrupción debe de tener un efecto positivo porque genera seguridad jurídica y eso para la inversión, para los sectores económicos debería de resultar positivo.

Otra cosa que se plantea es que la persecución penal lleve a una cierta inactividad de la economía, por las restricciones o inmovilidades del sector público, pero creo que si se logran establecer bases reales de aceptación de la legalidad, esto podría implicar un mejoramiento en la economía. Y es lo que he visto en estudios internacionales, ese es el efecto que tiene la lucha contra la corrupción.

2. Felipe Bosch, presidente de Fundesa

– ¿Por qué no se ha logrado subir la eficiencia de la justicia criminal más del 12 por ciento?

No solo es problema de la eficiencia, hay otro adicional, que es la eficacia. La eficiencia significa cantidad de, y eficacia, diríamos más bien calidad de. ¿Por qué no se ha logrado? Porque el tamaño del sistema de justicia de Guatemala es realmente muy reducido. Para subir niveles de eficiencia y de eficacia, se necesita que haya una mayor capacidad de respuesta. Cuando fiscalías de sección tienen contadas agencias fiscales y cuando además no hay presencia del Ministerio Público en el 90 por ciento del territorio nacional, pero cuando, igualmente, hay un crecimiento desigual entre instituciones del sector justicia, entonces por más que se venga desarrollando un trabajo, esto no va a elevar esos niveles de eficiencia.

¿Qué se debería de determinar? Por un lado los cuellos de botella que prevalecen en el sector justicia. Nos decía, la directora del IDPP —Nydia Arévalo Flores—, el hecho que se incrementen los juzgados, no significa que vaya a haber más sentencias, porque si no hay más número de defensores, no podrá haber más audiencias.

3. Fernando Linares Beltranena, diputado

– ¿Por qué promueve las reformas constitucionales si están fuera de su mandato?

Las reformas constitucionales no están realmente fuera del mandato. ¿Cuál es el mandato de la Cicig? Contribuir con el MP en la identificación, persecución, desarticulación y garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad; que de la manera como hemos venido planteando su concreción actual lo podemos identificar como esas redes político económicas. Hay una posibilidad de impunidad mayor cuando no existe una independencia judicial. Se necesita generar un espacio de acción del sistema de justicia que garantice la mayor independencia y eso va a redundar en una mayor eficacia de reacción del sistema de justicia frente a la criminalidad. Por ejemplo, ¿cuál fue la participación de la Cicig en la creación de los métodos especiales de investigación en el país en el 2009 o 2010? Se prestaron herramientas para el combate del crimen organizado. En ese mismo sentido se inscriben las reformas a la Constitución, estamos interesados porque creemos que esto va a generar un mejor confinamiento del sistema de justicia.

4. Francisco García Gudiel, abogado defensor de Otto Pérez Molina

– ¿Quién le encomendó integrar la mesa técnica de reformas al sector justicia, pues su función es eminentemente penal? Y ya que habla de fortalecer la transparencia ¿cuánto gana?

¿Por qué razón no se limita exclusivamente a la persecución penal? ¿Por qué razón, por ejemplo, la Cicig estaba habilitada en julio de 2015 para presentar el informe de financiamiento ilícito de los partidos políticos? Adicionalmente, frente a una idea que ha sido de país, por lo menos de los últimos 20 años de reforma constitucional del sistema de justicia, esa idea retomada en 2015 fue luego presentada al presidente Jimmy Morales, quien hizo una convocatoria a los presidentes de los otros organismos del Estado, también del PDH y de la Fiscal General —Thelma Aldana—, y de la coordinadora residente de la ONU y del representante del alto comisionado en DDHH, para conformar ese grupo de acompañamiento e impulso del proyecto de reforma constitucional. Así fue como se constituyó esa secretaría técnica, no fue una autoproclamación.

Y ¿cuánto gano? Algo más de US$15 mil —Q114 mil— mensuales, que no son los Q400 mil o los US$45 mil —Q342 mil— que dicen otros en las redes sociales.

5. Guillermo Pellecer, presidente Asociación de Exconstituyentes

– ¿Quién le asesoró para hacer los cambios al sector justicia por la vía Constitucional? ¿Por qué está corriendo riesgo de fallar?

Lo que hicimos y de lo que asumimos responsabilidad real, es de hacer una revisión de todas las propuestas de reformas del sector justicia de los últimos 20 años. Conformamos un grupo de guatemaltecos en la Cicig que revisaron todas las propuestas de reformas constitucional y de reformas legales. Establecimos unos niveles y, en cuanto a reformas constitucionales encontramos cuáles habían sido reclamos sustanciales de reforma, en el pasado, que muestra además, que en la propuesta de ahora no hay nada novedoso, porque todo esto ha surgido en discusiones que han tenido los guatemaltecos en diversos espacios.

Por ejemplo, la separación de las funciones administrativas de las judiciales a través de un Consejo de Administración Judicial es un tema que con otros matices, o que inclusive en algunos casos con los mismos, venía siendo planteado desde el 2012, estuvo también en la propuesta de Asíes, y de las universidades Rafael Landívar y San Carlos.

En el tema de la carrera judicial ha sido siempre una búsqueda del país para encontrar cuál es el mejor mecanismo para que las personas más idóneas, más capaces y de reconocida honorabilidad ocupen estos cargos en el OJ. Luego de la integración de las cortes en el 2014, creo que hubo una reacción unánime, de que el mecanismo de Comisiones de Postulación ya estaba agotado y que se debía superarlo. La ampliación de la carrera judicial también había sido planteado desde años.

¿Pero cómo se puede dejar por fuera a importantes abogados muy capaces, de reconocida honorabilidad, que quisieran ser ahora magistrados? Se buscó el mecanismo mixto. Dos terceras partes integradas por funcionarios de carrera y una tercera parte la posibilidad de los abogados externos al sistema de justicia.

Así pues, se fue examinando en cada uno de los aspectos, pero con apoyo en lo que ha sido una discusión por años. Cuando se dice ahora que es una reforma sin discusión o a qué se debe la rapidez. Lo que uno podría preguntarse es ¿por qué han discutido durante 20 años y todavía nada se concreta? Y el riesgo de la consulta, pues es un riesgo inherente a toda reforma constitucional, depende también cuál sea la reacción o el respaldo que se pueda obtener en una reforma constitucional de los sectores que mueven igualmente la opinión y la decisión del pueblo para una consulta.

6. Armando de la Torre, académico

– ¿Qué le hace pensar, que usted puede hacer justicia en Guatemala mejor que los mismos guatemaltecos y mejor que la que usted mismo impartió en su natal Colombia?

Yo no imparto justicia. Contribuyo desde mi experiencia y conocimiento con la Cicig, que es también un órgano de apoyo, de colaboración con el MP, que tampoco imparte justicia. La justicia la imparten los jueces, y nosotros no somos jueces.

7. Roberto Alejos, exdiputado y exconstituyente

– ¿Cree que la Cicig después de haber efectuado el trabajo en Guatemala debería de convertirse en un programa permanente de la ONU?

Creo que es una posibilidad. Me parece que en todos los países que tengan una voluntad genuina por superar la impunidad o lograr una más eficiente lucha contra la corrupción, debe tener órganos de investigación independientes.

Esta experiencia de Cicig ha resultado provechosa, ha sido exitosa. Y en ese sentido digo, los países que tienen esa genuina voluntad de superar estados de injusticia o de inoperancia del sistema de justicia, la Cicig es una buena herramienta que podría contribuir en esos propósitos. Si la Cicig con la participación de la ONU, si se fuera a generalizar, es una buena opción, por lo menos es un tema que debe examinarse con cuidado, que la ONU asumiera la contribución con los países en el sistema de justicia desde comisiones de apoyo.

8. Catalina Soberanis, exconstituyente

– Parte de la población responsabiliza al MP y a la Cicig de que no avancen los procesos en los tribunales. ¿Cuál es la realidad?

La realidad es que ni la Cicig ni el MP tienen ninguna responsabilidad en que no avancen los procesos. La decisión es de jueces, los jueces son los que señalan las audiencias. Y es la actividad de los jueces lo que permiten ir superando las etapas. La parte investigadora o la acusadora, es decir el MP, acompañada por la Cicig, al mismo nivel que los procesados o los imputados y sus defensas hacen peticiones a los jueces, y son los jueces los que toman las decisiones.

Los jueces no toman decisiones para agilizar los procesos por diversas circunstancias. Una puede ser por el cúmulo de trabajo que tienen. Hemos encontrado a la fecha de hoy, mayo de 2017, audiencias señaladas para 2018 y 2019. Allí no es un problema del MP ni de Cicig.

Otra circunstancia es la utilización persistente de recursos o amparos que podría constituir el litigio malicioso. Esa combinación de factores, pero ninguna atribuibles al MP ni a la Cicig ha impedido que haya juicios prontos.

Por el contrario para el MP y la Cicig resultaría deseable que mientras más rápido hubiera juicios, más rápido podría producirse decisiones judiciales. En conjunto con la Fiscal General hemos dicho que todas las investigaciones que hemos adelantado están sólidamente sustentadas en pruebas y estamos ansiosos por que la población pueda verificarlo.

9. Edgar Gutiérrez, académico

– ¿Cuál será el legado de la Cicig para la próxima generación de guatemaltecos?

Es difícil hablar de un legado de Cicig porque es un proceso de construcción colectiva. La Cicig es un motorcito, pero son los guatemaltecos los que tienen que construir su futuro, y en qué sentido lo dirigirán.

¿Cuál es la importancia de la Cicig hoy, que podría derivar en algo así para el futuro? Yo he insistido que la Cicig no ha contribuido en la disminución de la impunidad. Son tantos los miles de casos de procesos de investigaciones que hay en el país de hechos delictivos y tan pocos en los que interviene la Cicig, que no se podría decir que por nuestra actividad se disminuya en efecto la impunidad. Pero sí hay una gran virtud en todo esto que he resaltado, la actividad de la Cicig con el MP en todo lo que hemos desarrollado desde 2014 ha permitido a la ciudadanía saber que la lucha contra la impunidad sí es posible, que si se asume con todo rigor y de manera responsable e independiente la investigación criminal es posible tener resultados positivos.

Otra parte importante es lo que ha significado la modernización de la investigación criminal, en lo que hemos participado en muy buena medida.

¿Qué aspiraría después de toda acción de la Cicig? Que haya un compromiso con la legalidad, que sí exista una sociedad formada dentro de la cultura de la legalidad, y que las instituciones de justicia funcionen adecuadamente.

10. Edelberto Torres-Rivas, académico

– Por lo que voy viendo aquí en Guatemala, la corrupción es un delito grave y por ello hay tantos detenidos. Y faltan muchos más. ¿Hay otras alternativas de castigo? La historia criminal de Guatemala muestra el contagio veloz que tienen algunos delitos. El medio ambiente criminógeno ha multiplicado a los actores de algunos hechos delictuosos. ¿Hay alguna medida de corte social que no favorezca —estimule— el crimen? Yo creo que sí, un régimen democrático fuerte.

Estamos de acuerdo. La persecución penal no es un fin en sí mismo. La lucha contra la corrupción tampoco es un fin en sí mismo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se debe esperar de una acción cierta, real, contundente de la justicia? Que se generan condiciones sociales y políticas de mejor funcionamiento del Estado, de mejores relaciones sociales, de mejores relaciones de los ciudadanos con el Estado, y todo esto es contribuyendo a la democracia. Finalmente todo esto lo que pretende es la consolidación de un Estado de Derecho. Y que para eso la justicia es apenas una partecita, porque también habría que plantear otras cosas. Por ejemplo, algo que le faltó al profesor, la represión no cumple por sí misma una finalidad, o poder esperar la transformación de una realidad y hay condiciones de existencia de las personas que en muchas circunstancias impulsan el delito o actividades delictivas. Y no puede existir un estado de Derecho consolidado, si no hay justicia social.

11. Carmen Aída Ibarra, Movimiento Pro Justicia

– A más de tres años de haber arribado al país, ¿tiene igual energía para continuar —energía física y moral— frente a cómo se están dando los acontecimientos y cómo se convierte en una realidad su trabajo?

Sí tengo el mismo entusiasmo. De pronto un poco más, por una circunstancia, porque tengo más conocimiento de la realidad ahora que a finales del 2013, y ese mayor conocimiento de la realidad también permite poder establecer el balance entre lo ideal y lo posible. Cuando uno cree que las barreras son inflanqueables se produce desánimo y en todas las circunstancia e mantenido el optimismo. Creo que es posible contribuir a la transformación del sistema de justicia, de esta realidad, y cuando pierda energía tengo que retirarme.

12. Luis Alpírez, sindicalista del FNL

– Siempre se ha denunciado estructuras corruptas en el MSPAS, ya hasta se ha dado nombres. ¿Qué pasa con esas denuncias que se han hecho contra autoridades que forman parte de esas estructuras? ¿Por qué no hay avances? A veces se piensa que hay alianzas para que no se ventile a los responsables.

Lo que podría negar enfáticamente es que existan alianzas, por lo menos de parte de la Cicig en todo su trabajo con el MP no hay ni siquiera un espacio para la duda sobre la posibilidad de la existencia de alianzas. Y ha sido algo persistente que con la Fiscal General siempre expresamos: nosotros no transigimos con nadie, no negociamos con nadie, lo que presentamos ante los jueces todo lo que se deba presentar, pero para eso se requiere también, en el ejercicio nuestro que la actividad investigativa genere para nosotros una convicción de que lo presentamos es real, es decir, que no son suposiciones.

¿Por qué razón muchas investigaciones no han tenido un éxito o un resultado presentable a los jueces? De una parte hay investigaciones muy complejas que nos han tardado tiempo en poder desarrollarse, por otro lado hay tanto por hacer que queda muy difícil poder atender todas las necesidades o todos los requerimientos que se da por muchos sectores.

Y siempre lo vemos, cada nuevo caso, hay decenas de reclamos que se ven en las redes sociales. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque ha habido tal vez muy poca respuesta de la investigación criminal a esas necesidades. Ha habido respuestas reales relacionadas al sistema de salud, hay procesos que, inclusive, varios casos que están surtiendo su trámite ante los jueces. ¿Qué hay necesidad de extender o de profundizar? Sí, estamos de acuerdo, y en la medida de las posibilidades y capacidades se continuará en ese sentido.

13. Nineth Montenegro, diputada

– Pese a los esfuerzos de Cicig en la lucha contra el crimen organizado, pareciera que éste se acrecienta especialmente en departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Izabal, en los que se comenta la presencia de familias vinculadas con el crimen organizado en sus diversas modalidades —contrabando, narcotráfico, trata de personas— ¿han hecho investigaciones sobre las estructuras criminales y las familias que lo dirigen?

Estamos realizando investigaciones. Realmente esto también es de mucha mayor complejidad, porque se trata de estructuras de crimen organizado muy vinculadas con el tráfico de drogas que con la debilidad que hay del Estado en las regiones es siempre más difícil adelantar la labor de investigación. Hay extensas zonas del país prácticamente sin presencia del Estado que hace también de mucho mayor riesgo la posibilidad de abordar investigaciones de crimen organizado que requiere de la creación de un frente común, en el que el MP es apenas uno de sus componentes, pero que requiere estar con muchos otros.

Hemos visto regiones del país que desde que se produce el desplazamiento de uno de los investigadores, desde que está saliendo de una determinada ciudad, hacia otra región, sabemos que ya está controlado en esos desplazamientos. Es decir, grandes territorios de Guatemala, que están más bien controlados por el crimen organizado y allí la respuesta tiene que ser conjunta y múltiple.

Quienes tienen las redes de narcotráfico también desarrollan la trata de personas y también la transnacional, sino que Guatemala como país de tránsito de una parte de los otros países del triángulo norte, y de otros países.

El tema del crimen organizado debe de tener una preocupación fundamental en el país, porque de lo contrario todas las otras acciones no van a cumplir realmente el objetivo de restablecer el Estado de Derecho y la cultura de legalidad en el país.

14. Gabriel Wer, integrante del colectivo Justicia Ya

– ¿Cómo cree usted que las reformas constitucionales beneficiarán al ciudadano común?

Porque van a tener una justicia más operante que de resultados. Porque va a tener una justicia que no va a privilegiar intereses. En la medida en que se logre una mayor independencia judicial, hay un beneficio ciudadano. Porque la independencia judicial no es la independencia en beneficio del juez, sino que en beneficio de la sociedad, del ciudadano, del usuario de la justicia que tenga la certeza que el juez decide porque tiene ese criterio jurídico respecto del caso que se le plantea, y no porque hay una mayor influencia o una mayor presión de algún sector específico en la solución del caso.

Eso es tal vez en lo más inmediato para las personas que si funciona mejor el sistema de justicia, todos los ciudadanos tienen necesidad del sistema de justicia. Porque no es solo la justicia penal, ahora tal vez también porque el mayor énfasis se pone en la acción de la justicia penal se enfoca hacia allá, pero en realidad eso también se enfoca en la justicia civil, en todos los procesos normales.

Si cuando se plantea, por ejemplo, que los magistrados deben de ser especializados en su área, eso significa que la justicia civil, laboral también tendrá una mejoría. No se debe de pensar solo en lo relacionado a criminalidad, justicia penal de impunidad, sino que del mejor funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto.

15. Carlos Strems, lector de Prensa Libre

– ¿En qué punto estamos contra la lucha de la impunidad y corrupción, hasta dónde hoy los políticos se miden para robar?.

Es difícil decir en qué porcentaje de la lucha contra la impunidad estamos, porque cuando uno cree que ha visto todo aparecen otras cosas. Hay además, o por el conocimiento acumulado a partir de las investigaciones, que no se puede atender todo, una gran cantidad de pendientes, de investigaciones pendientes, de manera que para establecer un porcentaje es realmente imposible, pero creo que sí hay más temor ahora que hace dos años. Y no solo de los políticos, sino que de los sectores a los que pertenecen muchas de las personas implicadas en los casos que se han investigado.

Un mayor temor de los sectores de gobierno que no saben, o por lo menos creen que si incurren en actos de corrupción es más probable hoy que hace dos años descubrirlos y así en todos los órganos del Estado, y eso creo que algo beneficioso que aún no ha sido lo suficientemente contundente como para asegurar una respuesta a la criminalidad pero que se va en el camino correcto.

En toda discusión, pero en particular en una tan importante como las reformas a la Constitución —que por definición nos afectarán a todos durante quién sabe cuánto tiempo—, es de esperar que surjan todo tipo de argumentos, desde los más mesurados hasta los más incoherentes y estrafalarios. Lo importante es que, bajo toda la animosidad de la situación, el sistema mejore, en lugar de empeorar. A este respecto tengo mis serias dudas con algunas de las reformas actualmente en discusión.

Como marco de referencia para el análisis, a mí me gusta parafrasear “la lección de economía” planteada por Henry Hazlitt de esta manera: “Para analizar una política pública, se deben considerar sus efectos más remotos y no meramente sus consecuencias inmediatas; y ponderar las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todas las personas”.

Esta consideración es de vital importancia porque normalmente uno tiende a enfocarse en el problema a mano y pocas veces se consideran las repercusiones a largo plazo y sobre todas las demás personas que las posibles soluciones puedan tener.

La discusión actual se ha centrado en la elección de los jueces, atribuyendo al actual sistema de selección casi todas las culpas de la situación actual. Creyendo que esa es la causa de los problemas, lo que se ha planteado es un cambio a ese sistema de selección.

Pero hay que ir más a la raíz del problema. Una parte del problema es el tiempo que los jueces y magistrados están en su cargo, tema que ya se trató en la reforma al artículo 208, aunque esta no fue tan categórica como debiera haber sido. Por lo menos se quitó el período de cinco años, que era el problema principal, no solo para la independencia de los jueces, sino también para el proceso de selección, al hacer que todos los jueces y magistrados debiesen ser electos en simultáneo.

Este solo cambio era suficiente para mejorar considerablemente no solo el proceso de selección, sino también el trabajo de los jueces. Sin embargo, quienes propusieron los cambios consideran que se debe ir todavía más lejos y cambiar todo el proceso de selección, y esto es un gran error.

Entiendo que vean al proceso actual como un proceso corrupto y corruptible, pero el problema es que están viendo los síntomas y no las causas. Argumentan que el sistema está “copado”, pero la propuesta para cambiarlo no solo no resuelve ese problema, sino que lo empeora, ya que el sistema propuesto es todavía más susceptible y fácil de ser “copado”.

Por si eso no fuera suficiente, la solución propuesta debilita considerablemente el sistema republicano de pesos y contrapesos, cuya razón de ser es evitar que una persona o grupo de personas pueda concentrar todo el poder —o buena parte de él—. Que el sistema actual no ha funcionado, argumentan. Probablemente, pero ¿es la causa el proceso de selección de jueces? No, el problema viene de más atrás y si queremos que el sistema cambie lo que se debe hacer es ir a las raíces y no tratar de cambiar alguno de sus efectos.

En este sentido, el problema principal está en la elección de diputados en el Congreso y no en el proceso de comisiones de postulación. Y algunas de las reformas que se han hecho a la Ley Electoral empeoran el problema en lugar de solucionarlo. El proceso debe encaminarse hacia una elección directa de los diputados en lugar de concentrar el poder en los “dueños” de los partidos. Mientras esto no se cambie, el problema persistirá, y no solo afecta la selección de jueces y magistrados, nos afecta en muchos otros ámbitos. Y para ello no se necesita una reforma constitucional, o por lo menos no esta.

Fb/jjliber

El pleno se reunió desde las 11.30 horas de este miércoles para continuar con los acuerdos y aprobación del proyecto que busca modificar la carta magna en lo referente a la justicia.

A diferencia de las últimas sesiones que se han desarrollado en el mismo tema, el Legislativo estuvo en calma 

La última enmienda buscaba que los integrantes del Consejo Administrativo de Justicia fueran electos por sorteo, fue presentada por la diputada Nineth Montenegro.

Antes de esa enmienda, el pleno ya había improbado una planteada por el diputado Juan Ramón Lau, quien quería que al Consejo se le sumaran dos profesionales.

Se entra a conocer la enmienda presentada por la diputada Nineth Montenegro que crea un sorteo para elegir integrantes del CAJ pic.twitter.com/LvUPepbL6g

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 17, 2017

De acuerdo con la iniciativa, el Consejo tendría como facultad la administración y dirección financiera del Organismo Judicial. Además de fortalecer el sistema y formular, gestionar y ejecutar las políticas de modernización.

Antes de votar por la segunda propuesta, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, y algunos de otros partidos, desmarcaron su asistencia para romper el quórum.

Diputados del @BloqueUNE_OL y otros partidos se desmarcan para romper quórum. pic.twitter.com/3jRPUGZ0nQ

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 17 de mayo de 2017

Los jueces y magistrados que actúan con independencia, que no aceptan presiones, que no pagan favores y que contribuyen a combatir la impunidad están en franca minoría. Los últimos procesos penales contra funcionarios judiciales evidencian la podredumbre y la cooptación del sistema; y no se trata de casos aislados sino de una maquinaria —muy bien aceitada— que ha venido funcionando con el fin de procurar impunidad.

En este país la justicia tiene dueños. Y los dueños saben perfectamente que si el sistema se cambia su poder disminuye, y con él su capacidad para obtener sentencias a la carta. Esa es la razón de fondo por la que se oponen a cambiarlo. Les importa poco si uno, dos o tres de sus magistrados son retirados de sus cargos y enjuiciados, porque tienen a lo largo y ancho del país a operadores de justicia que forman parte de las redes de corrupción que tienen capturado el sistema.

Los últimos procesos de elección de la CSJ y las cortes de apelaciones son el mejor ejemplo de cómo las comisiones de postulación han dejado de ser (si es que alguna vez lo fueron) un mecanismo idóneo para garantizar independencia judicial. El tráfico de influencias, las componendas entre sectores gremiales y miembros de la judicatura, el doble rol de quienes fueron comisionados y a la vez candidatos, la participación de decanos de facultades de derecho en las que no hay alumnos ni egresados, y el derroche de recursos en las campañas electorales de la universidad pública y de los colegios profesionales (comida, rifas, acarreos y edecanes incluidas) son algunos de los vicios que han sido ampliamente denunciados y documentados.

Quizá la intención detrás del mecanismo de comisiones de postulación haya sido buena, pero la realidad demostró que aquella idea de “blindar” de intereses partidarios la elección trasladándola a la academia, terminó por convertirla en presa de los más oscuros grupos políticos y de poder fáctico. Además, se generó la proliferación de facultades de derecho con el único fin de tener un decano como comisionado, sacrificando la formación con la emisión de títulos exprés.

Por si hiciera falta argumentos adicionales, vale recordar aquí las declaraciones de la exvicepresidenta Roxana Baldetti sobre que la elección de las cortes en 2004 se discutió alrededor de una cama (La Hora, 19/9/2014); la sentencia condenatoria contra el exdiputado Gudy Rivera y el abogado Vernon González quienes intentaron negociar la reelección como magistrada de Claudia Escobar a cambio de una sentencia favorable a Baldetti; y la condena contra la jueza Jisela Reynoso por enriquecimiento ilícito, quien fungió como comisionada siendo decana de la Universidad Rural.

A eso hay que sumar que la carrera judicial llega hasta la primera instancia, lo que imposibilita que jueces y juezas con una hoja de servicio intachable lleguen a ocupar una magistratura; precisamente su independencia es castigada a la hora de elaborar los listados de candidatos y votar.

Cambiar el mecanismo de elección y reformar la carrera judicial para fortalecerla requiere de una reforma constitucional, no tendría ningún sentido promoverla (y generar tanto desgaste) si estos aspectos pudieran modificarse con cambios a la legislación ordinaria. Pero como la consigna parece ser “desinforma y vencerás” ya empezaron a utilizar este argumento para terminar de frenar el proceso.

A estas alturas es clave preguntarse quiénes tienen razones suficientes para oponerse a una verdadera independencia judicial y buscan que la justicia siga teniendo dueño.