La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, que preside Anabella Cardona, acompañada de los vocales Mynor Oxom y Marvin Reyes, avaló dicho amparo a favor de los procesados Rodrigo Arenas y Andrés Botrán.

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La resolución fue notificada este 26 de abril al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Aifán.

La Fiscalía de Delitos Electorales, dirigida por Óscar Shaad, aún no ha sido notificada, aunque ya han adelantado que analizarán la resolución de cara a una probable acción.

La decisión de Sala significa que queda en suspenso la resolución de Aifán, emitida el 22 de marzo pasado, que los envió a debate.

Además, le otorga 48 horas a las partes para presentar sus argumentos ante la Sala.

Aifán resolvió ese día abrir juicio a los empresarios Arenas y Botrán por el financiamiento a la campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) del 2015.

El abogado José Toledo, quien defiende a Arenas, informó que el amparo se basó en que la jueza violó las garantías constitucionales al aplicar una ley, un delitos que no estaba vigente al momento en que se les acusa.

“Viola el principio de legalidad y la retroactividad de la ley que beneficia al reo. Durante la audiencia de etapa intermedia se hicieron peticiones relacionadas en que el señor Arenas únicamente había dado asesoría y la jueza nunca se pronunció por eso y lo envió a debate”, dijo Toledo.

Consultado el abogado Giovanni Castro explicó que después de que la jueza Aifán abrió a debate a su cliente Botrán interpuso una acción de amparo. “La acción es por normas que no estaban vigentes. El delito de financiamiento electoral no registrado acaba de ser vigente y habían sido procesados por financiamiento electoral ilícito. La protección constitucional se comprueba”, dijo.

Ahora procede una audiencia con todas las partes, el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que argumenten en cuanto al amparo que les fue otorgado a los procesados.

Esto detiene la audiencia de ofrecimiento de las pruebas que estaba prevista para el próximo mes y después sería remitido el expediente a un tribunal de Mayor Riesgo.

Señalamiento

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un grupo de siete empresarios presuntamente aportó fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y no los reportó al TSE. En esa trama estarían involucrados Arenas y Botrán.

La investigación determinó un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales de mesa a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte fue de Q7 millones 119 mil 300.

En ese contexto, y luego de rechazar el retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales en ese mismo caso, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así nacieron a la vida jurídica los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

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Esta fue la quinta audiencia desde que comenzó la etapa intermedia el 17 de diciembre último.

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Cinco abogados acompañaron a los sindicados, quienes escucharon el análisis que hizo la juzgadora en relación con la acusación por el delito de financiamiento electoral no registrado que hizo el fiscal José Curruchiche y Leopoldo Zeissig, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Las primeras tres horas la jueza las ocupó para explicar su decisión en cuanto a las excepciones planteadas por la defensa que se centraban en que el caso debía estar en otra judicatura y no en una de Mayor Riesgo.

Aifán recordó que en su judicatura existen cuatro fases de un mismo proceso, los casos Construcción y Corrupción fase uno y dos, el caso Odebrecht y financiamiento electoral para FCN Nación.

“Todas las fases están dentro de un mismo proceso”, dijo Aifán y como sustento recordó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó el 31 de julio del 2017 realizar varios allanamientos, entre ellos, la sede del Movimiento Cívico Nacional (MCN), vinculada a Arenas.

“Es la misma carpeta de investigación que la tienen dos fiscalías”, dijo Aifán y recordó que el señalamiento contra Arenas y Botrán la hizo la Fiscalía de Delitos Electorales.

Argumentación

“A criterio de esta judicatura, existieron indicios de financiamiento electoral ilícito y fueron procesados. Después, sucedió el cambio de la ley y el Ministerio Público pidió el criterio de oportunidad, aunque ninguno de los dos procesados estuvo de acuerdo y, por eso, el señalamiento fue distinto, por financiamiento electoral no registrado. Esta modificación de la ley fue posterior a que -los empresarios- fueran procesados”, dijo Aifán.

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La jueza dijo que “persistía la conducta delictiva, pero había modificación a la pena”.

“La aportación a los partidos políticos persiste en el transcurso del tiempo. El hecho del anonimato también se contempla. Así también que no se contemplen los aportes ante el ente electoral -TSE- es constitutivo de elementos y la conducta delictiva en el tiempo”, sostuvo Aifán.

Aifán mencionó: “En cada acusación hay elementos de la plataforma fáctica, es decir, el tiempo, modo y lugar. Esto debe ser analizado en concreto”.

En el caso de Botrán recordó el elemento de la intencionalidad. “En el presente caso los elementos fundamentales están plasmados en la acusación, aunque esto, aclaro, no significa su culpabilidad. El MP tendría que probar ese delito”, dijo.

Sobre Arenas, la jueza especificó que, aunque él no aportó algún dinero a la campaña, pero en la acusación del MP está la intermediación, y esa acción pudiese ser el enlace o el intermediario para el pago de fiscales de la agrupación política el día de las elecciones.

En los elementos de investigación la juzgadora se refirió a la declaración, como anticipo de prueba, de Paulina Paiz, a quien Arenas solicitó un careo. “Si ella mintió, la ley no me da esa facultad para valorar. El careo que pidió el señor Arenas no está permitido en esta etapa debido a que no puede hacerse esa valoración”.

Confía en su inocencia

“Estoy tranquilo con mi inocencia. Las pruebas que presentamos fueron sólidas, pero la jueza no las valoró y simplemente nos envía a juicio. Salgo tranquilo porque soy inocente y en debate tendremos la oportunidad de demostrarlo”, dijo Arenas en rueda de prensa al final de la audiencia.

Prensa Libre buscó la reacción de Giovanni Castro, abogado de Andrés Botrán, pero declinó hacer declaraciones.

Señalamiento

El caso del MP y la Cicig se refiere a que un grupo de siete empresarios que fue sindicado de haber presuntamente aportado fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.

La investigación determinó un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

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La discusión de la apertura a debate inició en diciembre del 2018 y ya se extendió durante tres meses. Los representantes del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya solicitaron abrir un debate contra Arenas y el empresario Andrés Botrán por financiamiento electoral no registrado.

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Toledo argumentó su petición de sobreseimiento a favor de Arenas.

“De los 42 correos, de los 25 testigos que llegaron al Ministerio Público y los documentos ni uno solo lo vinculan -a Arenas- como miembro del FCN-Nación o como un financista. Lo único que se prueba es la relación entre los empresarios como un auxiliar, como un ayudante, jamás como un financista”, dijo Toledo.

El abogado explicó que el ente acusador no ha mostrado algún indicio relacionado con el aporte a la agrupación que llevó a la presidencia a Jimmy Morales Cabrera. “No se probó que haya hecho alguna aportación dineraria como dice la acusación. Su actividad se ha demostrado que fue la defensa del voto. Eso ya descarta el dolo de un delito de financiamiento”, dijo.

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Además, se refirió al principio de legalidad relacionado que el MP y la Cicig aplican un delito que ya no está vigente, el de financiamiento electoral ilícito. “Se les está aplicando un delito que empezó su vigencia el 6 de noviembre del año pasado cuando los hechos fueron de 2015 y tampoco se le podía aplicar el artículo anterior porque quedó derogado”, añadió.

Arenas declaró ante la juzgadora: “Si el mismo MP reconoce que no aporté ni recibí ni manejé fondos de financiamiento electoral, ¿cómo puedo ser procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito o financiamiento electoral no registrado?”, cuestionó.

La jueza convocó a las partes para el viernes próximo, donde dictará su resolución.

La investigación del MP y la Cicig

El caso se refiere a que un grupo de siete empresarios que fue sindicado de haber presuntamente aportado fondos a FCN-Nación en la campaña de 2015 y que este partido no reportó al TSE.

La investigación determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

Aportes

Según la investigación, Arenas participó en una reunión en la entidad Grupo Paiz el 19 de agosto del 2015 en donde se acordó financiar la campaña de Morales.

Los procesados acordaron que la entidad Novaservicios, S. A., recibiera el dinero destinado a la campaña. Arenas cobró Q94 mil 500 como asesoría, según la acusación del Ministerio Público (MP).

Los hechos que la Cicig señala a Botrán se centran a que participó en reuniones posteriores con Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP y quien ya fue sentenciada- para poner en práctica el financiamiento a la agrupación política FCN-Nación.

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Según la acusación, el 16 de octubre del 2015 Botrán instruyó y coordinó para que realizara un aporte dinerario a FCN-Nación por Q250 mil.

Discusión de incidentes

Aifán también escuchó los alegatos por los incidentes que plantearon los defensores de Arenas y Botrán. El fiscal José Curruchiche y el representante de la Cicig, Leopoldo Zeissig, argumentaron que los incidentes deben ser dejados sin lugar.

La petición que hicieron, en audiencias anteriores, los defensores era que la competencia de mayor riesgo no es la idónea para llevar el caso, que debía ser un juzgado de paz.

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Leopoldo Zeissig, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se adhirió al Ministerio Público (MP) y solicitó que los procesados enfrenten un debate.

En cambio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la defensa de Botrán pidieron el sobreseimiento del caso. Además, la defensa interpuso dos incidentes porque considera que el caso es administrativo y no debe ser conocido por un juzgado de Mayor Riesgo.

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Pide juicio

Zeissig explicó que los procesados deben ir a un juicio por el delito de financiamiento electoral no registrado.

“El nuevo tipo penal que está vigente es un nombre distinto pero la conducta es la misma. Ocultar el financiamiento al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fue lo que se les reprocha a los procesados”, argumentó el abogado.

Expuso que Arenas participó en una reunión en la entidad Grupo Paiz el 19 de agosto del 2015 en donde se acordó financiar la campaña de Jimmy Morales.

Explicó que los procesados acordaron que la entidad Novaservicios, S. A., recibiera el dinero destinado a la campaña. Arenas cobró Q94 mil 500 como asesoría, según la acusación del Ministerio Público (MP).

Los hechos que la Cicig señala a Botrán se centran a que participó en reuniones posteriores con Paulina Paiz -colaboradora eficaz del MP- para poner en práctica el financiamiento a la agrupación política FCN-Nación.

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Según la acusación, el 16 de octubre del 2015 Botrán instruyó y coordinó para que realizara un aporte dinerario a FCN-Nación por Q250 mil.

“La investigación contiene correos electrónicos donde se coordinó el destino del dinero”, explicó Zeissig.

“El dinero se entregó a una empresa, Novaservicios, S. A., y parecer un pago a una entidad privada. De esa forma se ocultó el aportamiento al partido FCN-Nación”, concluyó Zeissig.

La PGN pide sobreimiento

Mynor Ortega, representante de la PGN, solicitó a la jueza que Botrán y Arenas sean beneficiados con el sobreseimiento o, en caso de que no lo acepte, que ambos sindicados sea incluidos dentro del proceso para la petición de reparación digna.

“La reforma -del delito  de financiamiento electoral de 2018- no favorece ahora a los acusados.  Es claro que no se les beneficia, más bien con los cambios se crearon figuras nuevas para encuadrar las conductas dentro de un nuevo tipo penal”, agregó el abogado.

Habla la defensa de Botrán

El abogado Juan Carlos Albizurez, quien defiende a Botrán, interpuso una acción de incompetencia centrada en que la judicatura de Mayor Riesgo que dirige Aifán no es competente para conocer el proceso y que debe ser un juzgado de Paz.

También interpuso una cuestión prejudicial debido a que el proceso penal no puede ser superado antes que la vía administrativa. Por último, solicitó que el proceso fuera sobreseído.

La defensa de Arenas expondrá sus argumentos el 18 de marzo, cuando se reanude la audiencia.

Arenas y Botrán fueron procesados por Aifán el 6 de junio de 2018 por el delito financiamiento electoral ilícito.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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En ese contexto, y luego de que rechazó el retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales, el Congreso creó el 18 de octubre de 2018 dos delitos en torno al financiamiento electoral. Así, nacieron los delitos de financiamiento electoral no reportado y financiamiento electoral anónimo; el delito de financiamiento electoral ilícito sigue vigente.

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La audiencia de etapa intermedia de Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz fue reprogramada para el próximo 8 de marzo. En la judicatura informaron que la audiencia se aplazó debido a la excusa enviada por la Cicig.

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La audiencia había sido programada hoy aunque la excusa de la Cicig llegó al juzgado el 4 de febrero pasado.

Los argumentos para ausentarse a la audiencia no fueron informados, aunque una fuente judicial dijo que se centran en la decisión del presidente Jimmy Morales de suspender el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 7 de enero pasado.

Arenas Echeverría y Botrán Briz fueron notificados acerca de la reprogramación de la audiencia para el 8 de marzo próximo.

El abogado de Rodrigo Arenas, José Toledo, informó vía telefónica que la excusa de la Cicig que aceptó el Juzgado afecta directamente a su cliente, debido a que sigue procesado. Además, cada 15 días debe comparecer al Ministerio Público a marcar su huella dactilar y no puede ejercer sus derechos como ciudadano.

El caso

El 23 de noviembre pasado la Fiscalía de Delitos Electorales presentó una nueva acusación en contra de Arenas y Botrán por el delito de financiamiento electoral no registrado, por supuestamente haber entregado en 2015 dinero al partido FCN-Nación sin que se reportara al Tribunal Supremo Electoral.

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Arenas y Botrán fueron procesados por Aifán por el delito financiamiento electoral ilícito el 6 de junio pasado, aunque los diputados realizaron reformas al Código Procesal Penal y agregaron el artículo 407 O, que explica el financiamiento electoral no registrado, por lo que se modificó el delito.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la presidencia a Morales, de forma anónima.

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La investigación determinó dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, 119 mil 300, el cual no fue reportado al TSE, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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Aifán rechazó la petición del MP de otorgar un criterio de oportunidad a Botrán y a Arenas debido a que no fue planteada de forma adecuada y no existió un acuerdo entre los sindicados, la fiscalía o ningún de los querellantes. “La petición del MP fue irresponsable pues está claro que no se hizo un análisis serio de la propuesta”, dijo.  

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Rechazan acuerdo

Arenas y Botrán rechazaron el acuerdo de criterio de oportunidad ofrecido por la fiscalía debido a que el delito por el que fueron ligados a proceso penal ya no está vigente, pues entraron en vigor las reformas al artículo 407 N del Código Penal que regula el financiamiento electoral ilícito.

“Usted me ligó a proceso penal por el segundo párrafo del artículo 407 N, un párrafo en el que yo no entraba porque yo no tenía por qué registrar (aportes) y definitivamente no había recibido un solo centavo, pero ese delito hoy ya no existe”, le dijo Arenas a la jueza.

Los abogados defensores de ambos sindicados coincidieron en señalar que la ley que se le debe aplicar al sindicado es la que más lo beneficie y que actualmente no existe ley que regule una actitud delictiva de sus patrocinados. Por esta razón, solicitaron que se les declare el sobreseimiento.

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Concluye investigación

El fiscal Curruchiche indicó que la investigación concluyó que la participación de los sindicados fue “mínima”.
En el caso de Botrán, la investigación encontró que fue totalmente ajeno al mecanismo de financiamiento electoral que permitió que un grupo de empresarios aportaran anónimamente a FCN-Nación en 2015. No obstante, aportó un total de Q250 mil para cubrir gastos de campaña.

Por su parte, el MP aseguró que Arenas participó y coordinó las actividades que permitieron la creación del mecanismo de financiamiento. Debido a esta actividad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estimó que la aportación no dineraria tuvo un valor de Q94 mil 500.

La fiscalía solicitó que los sindicados, ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito, pagaran en concepto de resarcimiento al TSE los montos que aportaron a FCN-Nación.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por Financiamiento Electoral Ilícito.

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La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Dichos gastos habrían sido utilizados para el pago de fiscales de mesa electoral de FCN-Nación.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de octubre, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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Para el próximo 20 de noviembre se programó la audiencia en la que la jueza resolverá sobre la petición de la fiscalía y podría poner fin al proceso penal en contra los dos empresarios.

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“Derivado a las reformas del delito de financiamiento electoral ilícito, se realizó el análisis del expediente. Bajo esta perspectiva, ya con la entrada en vigencia de la reforma y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se refiere a ese mismo delito, el Ministerio Público realizó un planteamiento en base a lo que jurídicamente se estableció que era lo que procedía”, aseguró el fiscal.

“Siempre hemos sido respetuosos de la Ley y seguiremos trabajando, ahora en base a las reformas vigentes”, dijo.

Al criterio de solicitud se agrega que el MP pidió que los sindicados hagan una reparación al Estado.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente haber aportado a la campaña electoral del partido FCN-Nación de 2015. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito.

La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de empresarios, más de Q8 millonesde forma anónima.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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El juzgado les programó audiencia de reforma del auto de procesamiento para el próximo 13 de noviembre, confirmó el Ministerio Público. Asimismo, los otros cinco empresarios involucrados en los aportes anónimos a FCN Nación no reportados al Tribunal Supremo Electoral, podrán adherirse a la petición.

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Petición es anterior

Cuestionado sobre la solicitud realizada al juzgado, Arenas  comentó que esta fue planteada antes de que el Congreso de la Republica aprobara las reformas al Artículo 407 N del  Código Penal, que sanciona el financierito electoral ilícito.

“Nosotros solicitamos hace un par de semanas las audiencias, porque desde un principio no hemos estado de acuerdo con el delito que se nos imputa”, aseguró. Además, confirmó que presentaron una apelación en contra del testimonio prestado por la colaboradora eficaz de la fiscalía, Paulina Paiz.

En este sentido, Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, matizó que está en análisis el delito que se va a solicitar, pero que podría ser encubrimiento. “Todo esto está sujeto a análisis, debido a que no consideramos las reformas aprobadas por el Congreso, pues aún falta la aprobación del presidente”, explicó.

Por su parte, Botrán  declinó hacer comentarios sobre la petición y refirió que sería su abogado defensor quien daría declaraciones.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del Partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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El juzgador concedió la petición de la defensa de los dos sindicados y levantó la prohibición de salir del país y de no comunicarse con el resto de implicados del caso.

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Los dos sindicados esperan la audiencia de etapa intermedia, programada para el 2 de noviembre de 2018.

El pasado 3 de mayo fueron ligados a proceso Arenas y Botrán, sindicados de haber coordinado y ejecutado de manera anónima aportes y pagos al partido FCN-Nación durante la campaña electoral del 2015.

Las declaraciones

Durante su primera declaración ante la jueza Erika Aifán, Arenas contó su participación en el pago de Q8 millonnes, a través de un grupo de grandes empresarios, al partido FCN.

Arenas, que negó algunos de los hechos narrados en las jornadas previas por las dos testigos de la Fiscalía, dijo que tras la primera vuelta del 6 de septiembre de 2015 se logró “defender el voto” y que para la segunda vuelta ya participó “mucho menos” porque los contactos “ya estaban hechos”, además de que se fue de luna de miel.

El otro sindicado, José Andrés Botrán Briz, empresario del sector azucarero y excomisionado presidencial contra la desnutrición, declaró y reconoció que hizo aportes a la campaña de 2015 del partido oficial.

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En su testimonio, señaló que hizo un primer aporte de Q200 mil el 31 de agosto de 2015 y que visitó varias veces la sede del partido, pero que esa fue “toda” su participación en ese momento.

Posteriormente, en una reunión con varias personas, Morales le comentó que según un estudio de su partido habían perdido unos 10 mil votos por el mal desempeño de los fiscales en la primera votación del 6 de septiembre, por lo que para la segunda vuelta eso podría ser “muy peligroso”.

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Aifán le concedió a ambos una medida sustitutiva. Ordenó arraigo, que los sindicados se presenten a firmar al juzgado cada 15 días y una caución económica de Q200 mil en el caso de Arenas y de Q400 mil para Botrán.

El Ministerio Público (MP) solicitó un plazo de investigación de seis meses para efectuar las diligencias correspondientes.

La juzgadora fijó la nueva audiencia para el 2 de noviembre de 2018.

Investigarán a más personas

El fiscal de delitos electorales, José Curruchiche, explicó que el MP ya investiga a todas las personas que fueron mencionadas o aludidas en las declaraciones de las colaboradoras eficaces, Paulina Paiz Riera y Olga Vitalia Méndez López, incluyendo al grupo de empresarios que habrían financiado ilícitamente a FCN-Nación.

Además dijo que desde que se dio a conocer el caso de financiamiento electoral, por lo menos unas cinco personas se han acercado a la fiscalía a colaborar con la investigación.

Las declaraciones

Durante su primera declaración ante la jueza Erika Aifán, Arenas contó su participación en esta estructura, desmantelada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que supuestamente otorgó, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares al partido oficial.

Arenas, que negó algunos de los hechos narrados en las jornadas previas por las dos testigos de la Fiscalía, dijo que tras la primera vuelta del 6 de septiembre de 2015 se logró “defender el voto” y añadió que para la segunda vuelta ya participó “mucho menos” porque los contactos “ya estaban hechos”, además de que se fue de luna miel.

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El imputado dijo que él tenía en su posesión un papel oficial del partido, que ahora no ha conseguido localizar, de cómo la formación política quería tener a más de 20 mil personas para velar por los votos.

Esta lista “de Santa Claus”, como la describió, la trasladó al grupo de empresarios sabiendo que era muy ambiciosa y apuntó que únicamente se apoyó a FCN-Nación porque “era el único que tenía posibilidad de ganar y que no tenía la estructura” para poder velar por el voto, por lo que “necesitaban ese apoyo”.

Jueza Ericka Aifán liga a proceso penal a Rodrigo Arenas. Así reacciona el acusado. pic.twitter.com/8ouRYmUVuK

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_pl) 3 de mayo de 2018

José Andrés Botrán Briz, el otro empresario imputado, excomisionado presidencial contra la desnutrición (entre enero de 2016 y noviembre de 2017) y presidente de uno de los grandes ingenios azucareros del país, declaró y reconoció que hizo aportes a la campaña de 2015 del partido oficial.

En su testimonio, señaló que hizo un primer aporte de Q200 mil el 31 de agosto de 2015 y que visitó varias veces la sede del partido, pero que esa fue “toda” su participación en ese momento.

Posteriormente, en una reunión con varias personas, Morales le comentó que según un estudio de su partido habían perdido unos 10 mil votos por el mal desempeño de los fiscales en la primera votación del 6 de septiembre, por lo que para la segunda vuelta eso podría ser “muy peligroso”.

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Las declaraciones de José Andrés Botrán y Rodrigo Arenas configuran la forma en que el sector empresarial ha cooptado el Estado, a partir de estructuras partidarias que han permitido el uso de fondos ilícitos para su financiamiento. La intromisión del capital privado en la política se ha debido a la existencia de agrupaciones vacías de contenido político-ideológico, cuyo único objetivo ha sido alcanzar la Presidencia del país para medrar con los fondos públicos. Se trata de cascarones creados a la medida de liderazgos efímeros, cuyo objetivo es rentabilizar su participación política. El FCN-Nación surge bajo ese signo de la mano de un comediante que sabía tanto de política como de mecánica cuántica. El resultado es esa mezcla de neomesianismo con resabios anticomunistas y la incapacidad de responder en forma coherente a coyunturas de extrema gravedad, como la actual.

Ese oportunismo político ha sido el caldo de cultivo ideal para que los intereses empresariales se incrusten en el Estado. Con la UNE y el Partido Patriota, el gran capital metió las manos hasta el fondo. La debacle de los gobiernos de ambos partidos también tiene como corresponsables a la cúpula empresarial que los financió y que sacó réditos de su coparticipación en esos gobiernos, así como en los que los antecedieron. En todos ellos hubo financiamiento ilícito, era la forma de operar porque no había ningún mecanismo de control para evitarlo. Cuando el FCN-Nación se perfiló como la alternativa para suceder al PP en la Presidencia, ese mismo sector empresarial lo engulló, sin importar sus raíces militaristas.

La débil estructura y sin mayor base social del grupo que postulaba a Jimmy Morales facilitaba las cosas para el sector privado. Fue así como Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), se convirtió en el recaudador de fondos para el minúsculo partido. No es la primera vez que Arenas aparece manchado por la corrupción, ya que en agosto del 2017 fue señalado de haber recibido dinero de las extorsiones que Alejandro Sinibaldi hacía a constructores. El empresario José Luis Agüero informó ante la jueza que llevaba el caso Construcción y Corrupción que le dio Q500 mil a Arenas por instrucciones de Sinibaldi, en ese entonces ministro de Comunicaciones. Otro empresario, Álvaro Mayorga, también dijo que le dio Q250 mil. En el caso del FCN, Arenas articuló una estructura, junto con el coronel Justino Ovalle, ahora prófugo de la justicia, supuestamente para “defender el voto” con fiscales de mesa.

Esa defensa del voto movilizó fondos provenientes del G-8, el grupo que representa a las familias más adineradas del país. Los fondos provenían de empresarios como Julio Ramiro Castillo, del Banco Industrial; Felipe Bosch Gutiérrez, de Inversiones Nuevas; Julio Castillo, de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte, de Cementos Progreso, y de los azucareros Fraterno Vila, Ramiro Alfaro y Herbert González, entre otros. Arenas jugó el papel que le corresponde como un dirigente orgánico del proyecto oligárquico para la cooptación del Estado. De esa manera, el empresariado no solo tuvo el “agradecimiento” de Jimmy Morales por su “apoyo desinteresado”, sino que a partir de ahí pudo influir en forma decisiva en el nombramiento de ministros y definición de políticas, principalmente en el área económica, como siempre lo ha hecho. La diferencia es que ahora existe la Cicig y el MP para contrarrestar esas acciones perversas de captura del Estado. Por eso es fundamental que se ligue a proceso a Arenas y Botrán, entre otros involucrados en el financiamiento electoral ilícito, para sentar un precedente. No basta decir que fue un error, cuando a todas luces estamos frente a un delito.

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Así lo contó este lunes durante una audiencia judicial Rodrigo Arenas, de la organización Movimiento Cívico Nacional, quien está señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber fraguado los contactos entre Morales y un grupo de empresarios para que éstos le dieran más de un Q8 millones de forma anómala para su campaña.

Según Arenas, a principios de 2015 viajó a Nuevo León, en México, por invitación de un grupo de empresarios para conocer cómo se habían reducido los homicidios y ver si esa misma estrategia se podría aplicar en Guatemala, un encuentro en el que conoció a Rodríguez Calderón, entonces candidato a gobernador.

“Lo conozco -a Rodríguez- y me comenta de un fenómeno interesante, iba a manejar su campaña únicamente con redes sociales”, narró el empresario, que agregó  Rodríguez cómo ganó las elecciones “gastándose 60 veces menos que sus oponentes: “Realmente era impresionante”.

Unos meses después, el grupo de empresarios mexicanos lo llama y le dice que Rodríguez Calderón viajará a Guatemala y que si le interesaría que se reuniera con algunos de los candidatos guatemaltecos a la presidencia, encuentro al que Arenas invitó a Morales y a otros dos postulantes, Zury Ríos y Roberto González, quienes en el último momento cancelaron su asistencia.

El agradecimiento

En esta reunión exclusiva, y por la que Morales estuvo “muy agradecido”, el “Bronco” le dio “muchos consejos” al ahora mandatario y le dijo que “mantuviera su campaña austera” y que cuando la gente se acercara a darle dinero “no lo aceptara” porque la población estaba “harta del despilfarro”.

Arenas, que dijo venir de una “familia que ha dado su vida por este país” desde siempre y que por eso trabaja “por construir República”, prosiguió contando cómo invitó a Morales a otra reunión con un grupo de empresarios el 19 de agosto, como parte de su función como coordinador de la Fundación Guatemala.

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Fue en esa primera reunión donde Morales contó su programa, el mandatario dijo “textualmente no quiero dinero para mi campaña, no voy a hacer una campaña más onerosa de la que estoy haciendo, parte de mi estrategia es hacer una campaña austera”.

Lo que sí dijo es que “necesitaban defender el voto” y que el partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no tenía la capacidad de reunir a las más de 20 mil personas que necesitaban como fiscales generales en las dos vueltas para velar por las garantías del proceso.

“Él (Morales) lo que nos dice es que le ayudemos, el día de las elecciones, a defender el voto”, manifestó Arenas durante su primera declaración, en la que negó la asistencia de algunos empresarios a esa cita, como había contado de forma previa una de las testigos de la fiscalía en este caso.

Arenas y José Andrés Botrán Briz fueron imputados por el Ministerio Público, que señaló al primero de haber girado instrucciones para realizar los pagos a los fiscales de mesa en ambos sufragios y a Botrán de haber participado como coordinador de los recursos económicos entregados al hoy partido oficial.

Arenas es presidente del Movimiento Cívico Nacional y Botrán es el excomisionado presidencial contra la desnutrición (entre enero de 2016 y noviembre de 2017) y presidente de uno de los grandes ingenios azucareros del país.

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Arenas decidió rendir su declaración y aceptó haber apoyado al entonces candidato del partido FCN-Nación, Jimmy Morales, al haber sido el enlace para la comunicación entre él y los empresarios.

De acuerdo con Arenas, Salvador Paiz fue la persona que lo contactó para que se comunicara con Jimmy Morales para definir una reunión. En ese sentido, rechazó el testimonio de la colaboradora eficaz Paulina Paiz, quien dijo que fue Arenas quien organizó el encuentro.

“Estoy acá porque es un caso emblemático, y también para descubrir las 24 mentiras de Paulina Paiz, para que las instituciones de justicia tengan el caso como realmente es“, resaltó el sindicado.

Arenas afirmó que en la primera cita entre empresarios y Jimmy Morales “no buscaba apoyo financiero para la campaña, que no sería onerosa, porque su estrategia era una campaña austera, pero que necesitaba apoyo para el día de las elecciones y defender el voto“, enfatizó Arenas.

Al finalizar la reunión, Jimmy Morales pidió que se comunicaran con Edgar Ovalle, el diputado prófugo por el caso Creompaz, para determinar cómo podrían apoyar a FCN-Nación.

Días después, Arenas se comunicó con Ovalle, quien solicitó 20 mil personas para que colaboraran con el partido FCN-Nación durante la jornada electoral del 6 de septiembre de 2015.

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Afirmó que Ovalle era el encargado de conseguir a las personas que necesitaban durante la primera vuelta electoral y el encargado de trasladar el listado a Paulina Paiz.

Pacto entre el PP y Líder

Durante su primera declaración ante la jueza Ericka Aifán, Arenas contó que supuestamente otorgó, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un US$1 millón al partido oficial.

“Estábamos ayudando a defender el voto. Apoyando a la gente con viáticos”, aseveró el imputado en la vista judicial, que contó cómo el grupo al que pertenecía estaba “muy preocupado” por la coyuntura en ese momento, pues uno de los candidatos, Manuel Baldizón -preso en Estados Unidos-, era el favorito y estaba señalado en varios casos.

Según narró, Baldizón, de la formación Libertad Democrática Renovada (Lider), tenía un pacto con el entonces presidente Otto Pérez Molina -ahora en prisión preventiva por varios casos de corrupción-, para que ganara las elecciones y así revertir todas las acusaciones que pesaban sobre el exmandatario y otros políticos.

“Esto nos preocupó muchísimo. Sería un fraude electoral y era poner al país en una situación muy complicada, regresar a las épocas oscuras del pasado”, aseveró Arenas, quien está imputado en este nuevo caso de financiación electoral ilícita al partido oficial en 2015, pues supuestamente fraguó los contactos entre el ahora presidente, Jimmy Morales, y el grupo de grandes empresarios.

Ingenios entregaron aporte

En la misma audiencia de primera declaración el empresario José Andrés Botrán indicó a la jueza Éricka Aifán que los ingenios azucareros entregaron Q200 mil a FCN-Nación y, como comprobante del aporte, les dieron unos recibos del partido.

Botrán aceptó ante la juzgadora que no recibió ningún comprobante o factura por el primer aporte para la primera vuelta electoral.

Luego reveló que contactó a Paulina Paiz para hablar sobre la información de los listados de los fiscales de mesa, y la notó “evidentemente nerviosa”. Le explicó que Edgar Ovalle no era “diestro con la tecnología” y que tenía que cambiar la manera de gestionar.

Por lo anterior, Morales expresó su preocupación para la segunda vuelta, que si no lograban una mejor gestión podían estar en una situación complicada, por lo que solicitó a Botrán si podían aconsejar cómo realizar un buen trabajo en esta ocasión.

MP solicita ligarlos a proceso

Los fiscales solicitaron a la jueza Aifán que tanto Rodrigo Arenas como José Andrés Botrán sean ligados a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito y pidieron que se dicte el auto de procesamiento correspondiente.

Concluyeron que el actuar de ambos sindicados derivó en un apoyo directo al partido político FCN-Nacion para contribuir con el pago de fiscales que se dieron a través de la empresa Novaservicios S.A.

Los fiscales determinaron que el apoyo financiero se canalizó por medio del partido, fue anónimo porque el partido no tenía capacidad de manejarlo y se mantuvo oculto por la empresa Novaservicios S.A.

Además, se estableció que no se extendería recibo y fue Novaservicios la empresa que captó, administró, transfirió los pagos a fiscales y gestionó facturas para mantenerlo de manera anónima.

Durante la primera vuelta el monto que captó Novaservicios S.A. fue de Q3 millones 987 mil 535.71 que no fueron reportados al TSE. En la segunda vuelta fueron Q4 millones 51 mil 395 las aportaciones anónimas que ocultaron de la ley, enfatizaron los fiscales.

La jueza escuchó a los abogados defensores de ambos sindicados y suspendió la audiencia para el próximo jueves 3 de mayo, donde determinará si ambos empresarios son procesados por los delitos señalados por el MP y la Cicig.

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Arenas llegó en la tarde a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y se reunió con fiscales. Una fuente del MP confirmó que el dirigente social quedó bajo arraigo.

Entérese

11 años duró la transa que dio sobornos a Alejandro Sinibaldi

Según Agüero, Sinibaldi le había dicho que le diera Q1.5 millones a Arenas, pero en su declaración mencionó que le dio Q500 mil y a cambio le dieron un recibo.

Arenas sostiene que la declaración de Agüero es irresponsable y que el dinero recibido fue por un donativo al MCN.

En seguimiento a ese caso de corrupción, otro constructor detenido, Álvaro Mayorga, dijo hoy que le dio Q250 mil a Arenas como parte de los sobornos que le debía dar a Sinibaldi para que el ministerio amortizara la deuda de arrastre.

Según el Ministerio Público durante una serie de escuchas telefónicas presentadas en la audiencia de Roxana Baldetti, se evidencia que los implicados aluden a la ex funcionaria y al mandatario como coordinadores de la estructura.

En los audios se habla de la Señora, la mera, mera, la dos, el privado de la dos, el dueño de la finca, el Presidente, entre otros alias y sobrenombres para referirse a las altas autoridades asegura la fiscalía.

Participación ciudadana

A pesar de los escándalos en el gobierno de Pérez Molina y de la dimisión de varios funcionarios de su gabinete de Gobierno, algunos expertos consideran que la participación en las votaciones será significante respecto de elecciones pasadas, aunque para otros se ha generado una ambiente de apatía y repudio hacia la clase política que influirá en la participación ciudadana.

La fiscal General y jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana, asegura que existen pruebas fundamentadas para asegurar que el presidente Pérez y Baldetti “descansaban mucho”, en Salvador González alias Eco, y en el ex secretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que eran los que daban las órdenes y tenían incidencia en el nombramiento de la autoridad máxima de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hay una escucha donde el presidente habla con un superintendente y le dice que hay que cambiar al jefe de Recursos Humanos de la SAT.

Un panorama y análisis amplio de lo que puede acontecer en el ámbito nacional con la crisis política, lo podrá escuchar en voz de dos expertos en el programa Diálogo Libre, a partir de las 15.30 horas.