MP efectúa diligencias en sede de la PMT de Guatemala por denuncia contra dos agentes por supuesto soborno

Tras una denuncia que interpuso la Municipalidad de Guatemala, el MP realizó diligencias en las oficinas de la PMT por un caso de supuesto soborno.

Hedy Quino

6 de noviembre de 2024 | 15:34h

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Fiscales del MP durante diligencias en la sede de la PMT de Guatemala por una denuncia en contra de dos agentes de Emetra. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Tras la denuncia que presentó la Municipalidad de Guatemala contra dos agentes de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) por un supuesto soborno, el Ministerio Público (MP) realizó diligencias en la sede de la dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de dicha localidad.

El ente investigador explicó que la Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con el fiscal regional, realizó dichas diligencias en horas de la tarde de este miércoles 6 de noviembre.

Según el MP, estas acciones son en seguimiento al hecho que circuló en redes sociales, que quedó grabado en un video, donde se ve a dos agentes de la PMT solicitando dinero a un ciudadano a cambio de no imponerle una multa de tránsito.

Según el gerente general de Emetra, Héctor Flores, los señalados pudieron incurrir en cohecho, ya que pidieron una dádiva.

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Sobre el hecho

Un transportista grabó el momento en el que dos agentes de Emetra se le acercan para imponerle tres multas; luego se escucha a uno de ellos sugerir el pago de soborno a cambio de no emitir las sanciones.

“Q500 por la tarjeta, Q500 por la calcomanía y Q400 por el foco, pero no sé qué dice usted, estamos hablando aquí entre hombres, si quiere que lo ayudemos lo ayudamos, porque si le dejamos las tres multas lo vamos a perjudicar”, dijo uno de los agentes de Emetra.

Continúa juicio contra dos personas vinculadas al caso Odebrecht

Hermano de exdiputado y un abogado comparecen ante Tribunal por estar vinculados al caso.  
 

Oscar García y Elmer Vargas

18 de marzo de 2024 | 16:59h

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Sala donde fue la audiencia por el juicio contra Pablo Yanes Guerra y Diego Chacón Yurrita en el caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila) 

En el Tribunal de Mayor Riesgo B continuó este lunes 18 de marzo el juicio contra dos personas vinculadas dentro del caso Odebrecht.

Se trata de Pablo Yanes Guerra, hermano del exdiputado Mario Guerra, quien estuvo como legislador en el período 2012-2016 y obtuvo un escaño en el Parlamento por el extinto Partido Líder.

Junto a Yanes Guerra también enfrenta debate el abogado Diego Chacón Yurrita. Ambos enfrentan juicio por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita de acuerdo con la acusación planteada por el Ministerio Público (MP).

Según el MP, ambos acusados se encargaban de coordinar con representantes de Odebrecht el pago de supuestos sobornos, los cuales se hacían mediante transferencias bancarias, las cuales estarían vinculadas a Manuel Baldizón.

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Durante la acusación, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP indicó que ambos supuestamente se encargaban de lavar el dinero con el objetivo de ocultar el origen de este, supuestamente producto de sobornos.

Intenta aplazar debate

El abogado Diego Chacón Yurrita intentó que el Tribunal suspendiera la continuación del debate mediante el planteamiento de incidentes, dentro de estos, indicó que, dentro de la misma carpeta judicial aparece Juan Francisco Sandoval exjefe de la Feci (quien habría iniciado la investigación en su contra), quien tiene orden de captura por supuestamente haber generado acuerdos de colaboración eficaz dentro del caso Odebrecht.

Luego de escuchar la argumentación, el Tribunal deliberó y resolvió los incidentes planteados por la defensa de Diego Chacón Yurrita. Los incidentes planteados son: incidente de proceso viciado, incidente de sustracción ilegal de hojas de protocolo, incidente de intervención mínima y el principio de territorialidad de la ley guatemalteca, esto debido a que no se diligenció la prueba alguna.

Se abstienen de declarar

Como parte de la continuación del debate, el Tribunal concedió el espacio para que los acusados declararan ante el mismo; sin embargo, se abstuvieron de hacerlo.

Además, se inició con la participación de peritos, una de ellas, ratificó los informes realizados, específicamente sobre la verificación de firmas que sirvieron para la constitución de empresas.

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El perito indicó que no hubo coincidencia entre la firma del documento con la firma realizada por la persona asociada a la misma.

En 1995 fue trasladado al penal donde conoció a  Héctor “El Güero” Palma, también del cártel de Sinaloa y a Arturo “El Texas” Martínez Herrera. Eran conocidos como “Los Tres”.

Los privilegios que gozaban eran platillos especiales, teléfono, visitas conyugales fuera del horario, acceso a bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y fiestas con música en vivo.

Para lograr esto era necesario un pago mensual a distintos actores dentro del Centro, la cuota es conocida como “Nómina Bital”.

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La especialista en narcotráfico, Anabel Hernández, comentó que la paga para los custodios en esa época era de 2 mil pesos mexicanos, 10 mil para los jefes de departamento, 15 mil a comandantes y hasta entre 40 y 50 mil para el director.

El director de la época era Leonardo Beltrán Santana quien dos años después dejó el penal para hacerse cargo de la prisión federal de las Islas Marías. Los comandantes eran Carlos Fernando Ochoa López y Jesús Vizcaíno Medina, que pertenecían a una estructura llamada “Los Sitiabas”.

Hernández no detalló a cuántos trabajadores del centro se les pagaba una cuota, pero aseguró que estaban incluidos hasta el personal de la cocina y lavandería.

“Numerosos empleados del penal formaban parte del séquito de Guzmán Loera. Por ejemplo, el personal de lavandería lavaba la ropa no sólo de los presos, sino la de los familiares de ‘El Chapo’ que llegaban de visita o estaba afuera del reclusorio”, mencionó la experta.

Traslado y fuga

Fue trasladado al centro en noviembre de 1995, dos años antes había sido capturado en Guatemala donde se escondió luego  asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En 2001, seis años después de estar recluido, se fugó del centro penal, el cual en 2020 el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció su cierre. Esta fue la primera fuga que protagonizaría.

Hasta diciembre 2023, “el Chapo” se encuentra recluido en ADX Florence en Estados Unidos, centro de máxima seguridad. Fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico

A estos policías los acusa el MP de pedir Q60 mil a una persona para permitirle recuperar un cabezal que fue robado el 19 de septiembre de 2023 en el departamento de El Progreso, según la sindicación.

El afectado accedió a realizar el pago en efectivo cuando le fuera devuelto el vehículo, por lo que acordaron reunirse el 21 de septiembre para coordinar la entrega.

La denuncia de la víctima permitió coordinar el operativo para lograr la captura de los cuatro policías en un predio de vehículos ubicado en Los Encuentros Navajas, municipio de San José del Golfo, Guatemala.

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Ante esto, la PNC, este 23 de septiembre, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales expuso que son “una institución profesional y su funcionamiento se rige por principios de disciplina, y para integrarla se requiere a personal con vocación de servicio y responsabilidad social”.

“Los actos públicos negativos de agentes activos, incluidos los cometidos en redes sociales que atenten contra de la imagen y credibilidad institucional de la PNC, que minen la moral de quienes la integran y generen percepción negativa y desconfianza ante los ciudadanos, serán analizados y encuadrados en el reglamento disciplinario institucional”.

Agregan que “sus consecuencias podrían conducir al inicio de procesos administrativos y penales correspondientes, lo cual está enmarcado en el eje de controles internos de la Estrategia de Transformación Policial.

“Se le recuerda al personal policial”, argumentaron, “que esta es una institución que presta un servicio especial y que estamos para Proteger y Servir”.

En este 2023 se han hecho virales videos de agentes que piden dinero a migrantes, principalmente, a cambio de dejarlos continuar su andar por el país en su afán de llegar hacia los Estados Unidos.

Este caso de los agentes arrestados por pedir los Q60 mil se suman a otro que cometieron otros cuatro elementos policiales.

Estos fueron arrestados el 10 de septiembre en Palín, Escuintla, por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Los policías detenidos son el inspector Wilmer Noé Rodríguez Morente, y los agentes Gerson Uzziel López Flores, José Luis Ortega Trigueros y Wilmin Roberto Yagut Castro. Todos estaban de alta en el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado Lobos Grill.

Información Importante. pic.twitter.com/CmkPzMfbce

— David Napoleón Barrientos (@NapoleonBG_) September 23, 2023

De acuerdo con la información de la PNC los cuatro fueron interceptados por personal de la SGAIA en un puesto de control en el kilómetro 30, de la ruta al Pacifico, en jurisdicción de Amatitlán, cuando volvían con un piloto presuntamente secuestrado, a quien le había requerido pagarles Q20 mil para no consignarlo porque llevaba droga.

El arresto ocurrió porque se sospechaba que en el automotor donde viajaban los elementos transportaban droga, y por esa razón los elementos Lobos Grill lo arrestaron. Sin embargo, no había estupefacientes en el vehículo después de la inspección que hizo la SGAIA.

Se determinó que el piloto era custodiado por dos motocicletas policiales y dentro del vehículo, que conducía la víctima, iba otro agente de la PNC. El conductor del automotor les contó a los agentes antinarcóticos que cuando él se conducía por la autopista Palín-Escuintla fue detenido y que lo acusaron de llevar un alijo de cocaína.

Se supone que al conductor lo conducían hacia algún cajero automático cercano para retirar alguna cantidad de dinero cuando fueron interceptados por los agentes de la SGAIA. También, según las primeras pesquisas, lo obligaron a llamar a conocidos para que pudieran darle el dinero y entregarlo a los agentes.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal declaró culpables a Marvin Calijau Ramírez, exgerente de la empresa, y a Óscar Chan, quien ocupaba el cargo de subgerente, durante una audiencia este viernes 9 de diciembre.

Los dos exempleados aceptaron los cargos y haber cometido el delito de cohecho pasivo (soborno), por lo que se les condenó a 3 años y 4 meses de prisión conmutables, más una multa de Q50 mil a cada uno, la cual deberán pagar en un plazo no mayor a tres días.

Como pena adicional, el Tribunal determinó que ambos mantendrán la incapacidad para optar a un cargo o trabajo en instituciones públicas mientras dure la condena que les fue impuesta.

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Acusación contra exfuncionarios

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público (MP) señaló que los acusados solicitaron sobornos a dos empresas inmobiliarias para agilizar los dictámenes de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.

La Fiscalía expuso medios de prueba contra Calijau Ramírez, a quien se señaló de solicitar el 20 por ciento en coimas sobre el valor total de la obra Portal del Llano, por lo que cobraría Q23 mil.

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Además, el Tribunal también declaró culpable al exgerente de haber solicitado otros Q20 mil para acelerar los procesos de calificación de Ciudad Verde, otro proyecto urbanístico.

Entre los indicios se presentaron grabaciones telefónicas que demostraron cómo se fraguó el delito. La intención de los exempleados era sobornar a las inmobiliarias a costa de no retrasar dictámenes que les eran requeridos para entrar en funcionamiento.

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Captura

El exgerente y exsubgerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango fueron detenidos el 28 de enero de 2021, en las oficinas de la institución, ubicada en la zona 6 de Xela.

Las capturas ocurrieron luego de que los dos funcionarios recibieran un sobre manila con Q10 mil como parte del soborno que solicitaban.

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“Este tipo de actos de corrupción de cobro de comisiones ilícitas socavan la capacidad del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que terminan siendo adjudicados en función del interés de las redes político económicas ilícitas”, indicó la Fiscalía en su momento a través de un comunicado.

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Con este fallo no podrán utilizarse las declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas en esa investigación relacionada con el pago de sobornos a congresistas, para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) indicó que con lo sucedido, la CC denegó la decisión relacionada con un recurso de reposición que fue conocido por el juez décimo de primera instancia penal como supuestamente ejecutado en una sentencia de amparo.

Añadió que dicho recurso ya había sido resuelto por la juez noven de primer instancia penal que anteriormente tenía el caso y en dos ocasiones se ejecutó una misma sentencia

Agregó que la CC al resolver ha indicado que ellos no advierten la existencia de los agravios denunciados por la Feci.

Señaló que según lo resuelto por el juez décimo se anuló todo lo actuado y esta fiscalía por no tener personas vinculadas a proceso actualmente, tendrán que practicar diligencias de investigación.

Afirmó que no tienen impedimento para que ciertas personas se presenten nuevamente ante el órgano jurisdiccional para brindar su declaración, si se justifica cuál es el peligro que representa para ellos.

La Feci manifestó que con lo resuelto afecta el trabajo de investigación y se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues dejan sin efecto una resolución ya emitida.

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El fiscal Juan Francisco Sandoval informó que con esta resolución se anularon actuaciones de noviembre del 2017 hasta la fecha en el juzgador emitió la resolución.

Dijo que ahora deben hacer un inventario de las diligencias de investigación que quedaron sin efecto y verificar si se pueden repetir.

“En este momento estamos en análisis con respecto a la afectación que ha provocado dicha resolución”, manifestó.

Añadió que otro cuestionamiento que tienen que hacer al tribunal constitucional de primer grado, es a qué ejecutoria se le hace caso, si a la en su momento desarrolló la juez noveno de primera instancia o a una resolución emitida por el juez del Juzgado Décimo que resolvió sobre lo mismo.

Resaltó que la persecución penal es irrenunciable, por lo que buscarán los mecanismos que permitan viabilizar el tema.

En el análisis tienen que verificar cuál será la manera de encausar la investigación.

Está pendiente que sean resueltas dos recusaciones  contra el juez décimo de primera instancia penal.

El 17 de junio, la CC confirmó  la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó el antejuicio sin conocer en contra del juez Décimo, Víctor Cruz, y por lo tanto la Feci no podrá investigarlo por supuestamente haber beneficiado a los implicados en el caso “Subordinación De Poderes”.

El juez era señalado de anular numerosos elementos de investigación del caso “Subordinación de Poderes para beneficiar a los implicados y por eso la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio; sin embargo, este no prosperó.

Baldetti habría dado dinero a diputados

Referente al caso, la investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones.

El documento de la Feci y la extinta Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron varias decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Estos indican que en agosto los investigadores comenzaron a investigar un “plan secreto de cabildeo” que posiblemente implicaba intentos de contactar a funcionarios de la Casa Blanca.

Antes de su divulgación, los documentos fueron editados parcialmente para que no revelen ningún nombre, pero el Departamento de Justicia afirma que no se está investigando a ningún funcionario del gobierno.

En un mensaje en Twitter, el presidente Donald Trump se refirió a la investigación como “noticias falsas”.

En Estados Unidos, es frecuente que los mandatarios, antes de abandonar el poder, ejerzan su derecho presidencial de otorgar indultos, lo que acaba de facto con las condenas.

Trump, quien dejará el cargo en enero -aunque todavía está impugnando su derrota electoral en los tribunales-, ha utilizado este procedimiento en varias ocasiones.

La semana pasada indultó a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI.

Los medios estadounidenses dicen que Trump ha estado discutiendo la posibilidad de conceder un perdón “preventivo” a miembros de su familia, aunque estos no han sido acusados de ningún delito.

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Los documentos publicados este martes por un tribunal federal en Washington DC están relacionados con una solicitud del Departamento de Justicia para usar correos electrónicos y otras comunicaciones incautadas en una investigación de “sobornos por indultos”.

Según apuntan los fiscales en el texto, los datos apuntan a una posible “actividad criminal”.

Las autoridades señalan que las personas, cuyas identidades fueron ocultadas, parecen haber “actuado como cabilderos ante altos funcionarios de la Casa Blanca sin cumplir con los requisitos de registro” para dicha actividad.

El objetivo de estas personas -según el texto- puede haber sido conseguir “un indulto o una suspensión de la pena” para otra persona no identificada.

Según los documentos, los fiscales solicitaron en agosto una orden judicial “para que el equipo de investigación [pudiera] acceder” a las comunicaciones y confrontar a los sospechosos.

Se desconoce quiénes eran las personas investigadas. En todo caso, este martes, el Departamento de Justicia indicó: “Ningún funcionario del gobierno fue o es actualmente sujeto u objetivo de la investigación divulgada en estos documentos”.

¿A quiénes ha concedido un indulto Trump?

Hasta ahora, Trump ha sido menos entusiasta en cuanto a la concesión de indultos que cualquiera de sus predecesores recientes, según el Centro de Investigación Pew.

Barack Obama, a quien Trump reemplazó en 2017, otorgó 212 indultos y conmutó 1.715 penas, la mayor cantidad desde el gobierno del presidente Harry Truman en las décadas de 1940 y 1950.

Trump, por su parte, solamente había otorgado 28 indultos y 16 conmutaciones hasta finales de noviembre.

Además de Michael Flynn, quien fue condenado en 2017 por mentir sobre sus contactos con el embajador ruso el año anterior, las personas indultadas por Trump incluyen el estratega político Roger Stone, el exalguacil de Arizona Joe Arpaio y a Scooter Libby, quien fue jefe de gabinete de Dick Cheney, cuando este era vicepresidente de EE.UU.

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Según la prensa estadounidense, hay varios aliados de Trump que esperan el indulto, incluyendo a los exasesores Rick Gates y George Papadopoulos, condenados en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los diarios también informan que el actual mandatario está considerando conceder perdones para miembros de su familia, pese a que ninguno ha sido acusado de ningún delito.

Una fuente le dijo a NBC News que esta posibilidad surgió porque Trump se siente asediado, no porque crea que él o alguno de sus familiares sean culpables de irregularidades.

El diario New York Times sostiene que el mandatario parece estar preocupado por la posibilidad de que durante la presidencia de Joe Biden, el nuevo gobierno demócrata pueda apuntar hacia sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka Trump, así como al esposo de Ivanka, Jared Kushner, quien ha fungido como asesor principal de la Casa Blanca.

Jurídicamente existen precedentes en EE.UU. sobre indultos concedidos a personas que no han sido acusadas.

En 1974, el presidente Gerald Ford indultó preventivamente a su predecesor Richard Nixon y puso fin a cualquier posibilidad de enjuiciamiento tras el escándalo del Watergate.

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Las dos fincas son conocidas como El Cintular y el Carmen, son colindantes entre sí y están ubicadas en los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, en Santa Rosa.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los terrenos fueron adquiridos por una entidad constituida por Sinibaldi en Panamá y que habría sido creada para recibir los sobornos de la constructora Odebrecht mientras él era ministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Los terrenos tienen una extensión aproximada de 2 millones 870 mil 46.66 metros cuadrados, que serían un aproximado de 411 manzanas.

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El expresidente de Brasil salió de prisión gracias a una resolución del Supremo Tribunal Federal que estableció que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ser encarcelado una vez haya agotado todos los recursos posibles ante la ley.

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Y en el caso de corrupción que lo llevó a la cárcel en abril de 2018, Lula está pendiente de un recurso a la sentencia en tercera instancia.

Pero el exmandatario, que está condenado por un segundo caso, tiene al menos otras ocho causas abiertas en los tribunales por delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros.

En BBC Mundo repasamos los procesos judiciales abiertos contra quien fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2010.

1. Condenado: el tríplex de Guarujá

Este caso fue el que llevó a Lula a la cárcel en 2018, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos de US$1.1 millones por parte la constructora OAS a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.

El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de lujo de tres pisos de Lula en la localidad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo.

En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del apartamento en el marco de la operación Lava Jato.

Esta investigación fue la que dejó al descubierto la escandalosa red de corrupción por la que grandes empresas de Brasil se pusieron de acuerdo para repartirse contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera.

Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

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En 2018, un tribunal regional confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia lo condenó en tercera instancia pero redujo la sentencia a 8 años y 10 meses de prisión.

Su defensa volvió a defender entonces la inocencia de su cliente. “Para la defensa del expresidente, “el único resultado posible es la absolución del expresidente Lula, porque no cometió ningún delito”, dijeron sus abogados.

El exmandatario apeló al Supremo, que aún no se ha pronunciado.

2. Condenado: la finca de Atibaia

En este caso, Lula fue condenado en primera instancia por recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht para reformar una de sus residencias en Atibaia, São Paulo, a cambio de contratos con Petrobras.

Aunque la propiedad se encuentra formalmente a nombre de un empresario, la Justicia determinó finalmente que Lula era el verdadero dueño y principal usuario de la casa.

El pasado mes de febrero, Lula fue condenado en este caso a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

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Además de Lula, otras diez personas fueron condenadas, incluidos los expresidentes de OAS y Odebrecht, Léo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, respectivamente.

El expresidente Lula negó los cargos, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de Lava Jato y reconocieron los delitos.

3. Nombramiento como ministro de la Casa Civil

En 2017, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia contra los expresidentes Lula y Dilma Rousseff por obstrucción de la justicia.

El motivo fue el nombramiento de Lula, un año antes, como ministro de la Casa Civil del gobierno de Dilma.

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Según Janot, la decisión se habría tomado en un tiempo récord para garantizarle ser aforado por su cago público y blindarlo ante las acusaciones en su contra. En ese momento, Lula ya era objetivo de las investigaciones de Lava Jato.

La defensa de Lula negó cualquier tipo de irregularidad.

4. Préstamos del BNDES a Angola (operación Janus)

El Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Lula de los delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias por haber presuntamente presionado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para conceder préstamos a obras de Odebrecht en Angola entre 2008 y 2015.

Según la denuncia presentada en 2016, el expresidente habría recibido como retribución cerca de US$9.4 millones de Odebrecht a través del pago de conferencias y contratos sin prestación de servicios reales a través de una empresa de su sobrino.

El pasado mes de julio, sin embargo, Lula fue absuelto de las acusaciones de recibir comisiones, pero mantuvo los cargos de corrupción pasiva y tráfico de influencias.

El expresidente lo niega y asegura que nunca actuó para otorgar beneficios del BNDES.

5. El terreno para el Instituto Lula

En este caso, Lula está acusado de negociar con Odebrecht un soborno de unos US$2.9 millones para la compra de un terreno en São Paulo para construir una nueva sede para el Instituto Lula que se encarga de divulgar su legado.

La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la aceptación del soborno.

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En la misma causa también se le acusa de recibir un apartamento comprado por Odebrecht justo al lado de la que era su vivienda antes de ser detenido.

La defensa de Lula niega que “haya cometido algún delito o recibido algún beneficio a cambio de actos realizados como jefe de Estado y jefe de gobierno”.

6. Compra de aviones de combate (Operación Zelotes)

Lula fue acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal en la llamada Operación Zelotes, que investigó la compra del gobierno brasileño de 36 cazas del modelo Gripen al fabricante sueco Saab.

Según la denuncia, Lula recibió supuestamente US$540 mil a través de una empresa de su hijo en el marco de esta compra durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.

También se le acusa de estar detrás de la extensión de incentivos fiscales para fabricantes de vehículos a través de una medida provisional aprobada en 2013.

En ambos hechos, Lula ya no era presidente. Él niega las presuntas irregularidades.

7. Beneficios a automotrices (Operación Zelotes)

En el marco de la misma operación, la Justicia federal aceptó una denuncia contra Lula por corrupción pasiva.

En este caso, se le acusa de recibir US$1.4 millones en sobornos para aprobar una medida en 2009 que prorrogó los beneficios fiscales a los fabricantes de automóviles en el país.

Su defensa dice que Lula nunca cometió ningún acto ilegal y que es objetivo de persecución política.

8. “La gran cuadrilla del PT”

A finales del año pasado, una jueza aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, Rousseff, dos exministros de Finanzas y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) por organización delictiva.

Según la denuncia, la cúpula del PT (bautizada en este caso como “la gran cuadrilla”) habría recibido unos US$355 millones de sobornos en dinero desviado de las arcas públicas.

La defensa de Lula asegura que la denuncia es “manifiestamente irrazonable” e insiste en que el expresidente no cometió ningún delito durante su mandato.

9. Guinea Ecuatorial y el Instituto Lula

En este caso, el expresidente brasileño está acusado de recibir un soborno de US$240 mil pagado por empresarios brasileños a cambio de que negociara contratos a su favor con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

El pago fue supuestamente realizado por medio de una donación al Instituto Lula.

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El expresidente niega cualquier tipo de irregularidad: admite haber recibido la donación, pero rechaza haber realizado nada a cambio.

Su defensa dijo que la acusación pretendía “transformar una donación recibida de una empresa privada por el Instituto Lula, debidamente justificada y declarada a las autoridades, en tráfico de influencias internacionales”.

10. Soborno de Odebrecht

En junio de 2019, un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.

El caso involucra el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal.

La defensa de Lula declaró que el expresidente “nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada antes, durante o después de ocupar el cargo de presidente de la República”.

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Emiten otra orden de captura contra Alejandro Sinibaldi ahora por el caso Transurbano

La condena se dio después que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), pidiera que Sampaio fuera procesado en un procedimiento abreviado En el caso Construcción y Corrupción.

Sampaio  Mattos, fue capturado el 5 de agosto de este año en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando quería ingresar al país.

Según la acusación hecha por el fiscal Carlos Videz, el hombre de 42 años realizó una transferencia por US$999 mil 990 como gerente de la Constructora Oas, S.A., por medio de la entidad offshore Kinsfield Consulting Corporation a la entidad Guerrero Law & Investement, propiedad de Sinibaldi. Esto sucedió el 16 de noviembre del 2012.

Sampaio Mattos había pactado con Sinibaldi que le adjudicara la reparación de la carretera CA-2 desde la cabecera de Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, en Moyuta, Jutiapa por US$19 millones, pero el proyecto fue asignado a otra entidad.

Rodrigo Sampaio Mattos acepta acusación del @MPguatemala y condena de cinco años de prisión conmutables por haber entregado coima de US$1 millón al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi quien está prófugo. pic.twitter.com/ENgZogK3tk

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 10, 2019

Reunión millonaria

El MP probó que Sampaio Mattos viajó de Brasil a Guatemala para reunirse en septiembre de 2012 con Sinibaldi y acordar que el Ministerio de Comunicaciones pagara deuda de arrastre a la compañía de capital brasileño.

En los acercamientos también se negoció la adjudicación de un nuevo proyecto vial: la rehabilitación de la ruta CA-2 Oriente.

La investigación determinó que el 16 de septiembre de 2012 se pagó a Sinibaldi US$1 millón y fue en una reunión que tuvo con Sampaio Mattos, esa transacción fue la dádiva que recibió el exministro de Comunicaciones y a cambió adjudicaría el proyecto vial que rehabilitaría la carretera CA-2 Oriente.

La jueza Erika Aifán explicó que el pagó de la coima quedó registrado por medio de transacciones financieras que se hicieron desde un banco en Panamá y la asesoría internacional para ese pago. Ese pagó se registró con la transacción 320475959.

Según el MP para lograr justificar el pago de la dádiva la empresa de capital brasileño y Sinibaldi “simularon contratos” con otras empresas de “cartón”.

El pago de la coima a Sinibaldi es parte de la fase dos el caso Construcción y Corrupción, mientras los procesos penales avanzan el exministro de Comunicaciones sigue prófugo de la justicia guatemalteca.

Más dádivas

Alejandro Sinibaldi, quien es acusado de recibir más de Q100 millones en coimas, está prófugo desde el 11 de julio de 2016 y acumula cuatro órdenes de captura en su contra, la última fue girada el pasado 9 de septiembre después de ser acusado en el caso Transurbano.

Según la última acusación contra Sinibaldi, el exministro y exdiputado por el Partido Patriota (PP), en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas, supuestamente de cartón, de Sinibaldi.

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) presentaron el Índice de Institucionalización del Soborno que evaluó a grandes empresas y Pymes de Guatemala para estudiar los niveles de conocimiento y aplicación de medidas del control del soborno.

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Según ese índice elaborado por la UVG hay tres sectores en Guatemala que son más susceptibles al soborno como construcción según consideran el 40% de los entrevistados, le sigue administración pública, defensa y planes de seguridad social (19%) y explotación de minas y canteras 9%, explicó José Solís, director Máster Strategy and Corporate Compliance (Máster en Estrategia y Cumplimiento Corporativo) de la UVG.

Además, se mencionan transporte y almacenamiento, otras actividades de servicio, manufacturas, actividades financieras y de seguro, información y comunicaciones entre otras.

Este tipo de estudio también se ha efectuado por un grupo de universidades en otros países como Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú, se explicó.

¿Cuál es el costo del soborno?

El costo del soborno y la corrupción representa en Guatemala en promedio de 30% de sobrecosto en los precios de contratos y licitaciones, agregó Solís.

En promedio de los seis países de Latinoamérica el sobrecosto por esos motivos es de 26.2%, Guatemala tiene 29.26%, sólo más abajo de Argentina donde se reflejó un 32%, explica el académico.

El investigador indica que no se reflejó un dato acerca de cuánto podría equivaler en dinero.

Solís indica que la organización Acción Ciudadana ha mencionado que ese dato se ha situado en 20%, aunque dijo que no podía indicar si había subido al referirse al estudio que la UVG efectuó.

Las razones de ese mal

Respecto a las razones que generan ese soborno el 52% de las empresas respondieron que la ineficiencia de la gestión pública es la principal motivación para dar u ofrecer sobornos, y el 48% indicó que se debe a los trámites o requerimientos directos o indirectos para hacer los negocios.

También se detectaron tres razones principales para dar el soborno según lo expresado por los empresarios entrevistados para el estudio: porque la competencia lo hace, para apoyar las ventas internas, y si no pagan pierden negocios.

La UVG planteó que se detectaron que hay al menos 601 artículos en la legislación nacional que hablan sobre el combate, sanciones, prohibiciones para sobornos o para evitar la corrupción, pero persiste la práctica por lo que la UVG cree que debe trabajarse buenas prácticas, códigos de ética, desde las empresas.

• Solís explicó que muy pocas empresas aplican procesos internos de prácticas para prevenir el soborno ya que el 51% no realiza evaluaciones de riesgo, sólo el 31% aplica política y procedimientos a toda la organización.
• Además, que el 64% no posee canales para ejercer denuncia. Del 36% restante que sí posee, 6 de cada 10 empresarios indicaron que se trata de canales internos.

Fernando Paiz, Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la UVG y Solís indicaron durante varias intervenciones durante el evento que las empresas deben implementar también métodos para mejores prácticas.

Paiz dijo que una de estas es que la empresa debe tener una declaración clara de que el gerente general o presidente de que la empresa no va a ofrecer ni sobornos ni aceptar extorsiones de parte del Estado.

Otra recomendación es crear líneas de denuncia, pero no se debe dejarlas en manos de instancias dentro de la jerarquía de la empresa sino que tengan línea directa con la Junta Directiva de la empresa, por ejemplo.

“El problema de meter al Gobierno en la ecuación es que uno puede tender a decir: como eso no va a cambiar entonces yo no voy a cambiar, y eso es lo que no queremos, hay mejores prácticas que se pueden implementar para ir en la dirección correcta” dijo Paiz.

Ante consultas y comentarios de empresarios acerca de que no se debe enfocar en crear nuevas regulaciones sino desregular e impulsar las buenas prácticas, Solís dijo que la propuesta de la UVG no es crear más leyes, sino que se revisen los procesos y trámites que existen en las entidades públicas.

Esto incluye la necesidad de implementar sistemas de gestión y de cumplimiento tanto en instituciones públicas como privadas, que nos permitan agilizar las cosas de una manera más fácil, pero cuidando la regulación para hacer las cosas bien.

Empresarios: “Cualquier porcentaje que impacte cualquier proyecto es lamentable”

Janio Rosales Director Ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) dijo que es importante que se levante una nueva voz, al referirse a este nuevo informe, y que se fortalezcan las acciones que se han venido trabajando con prácticas dentro del sector.

Dijo que es llamativo que ahora exista un estudio que demuestra que el sobrecosto de la contratación obra es de alrededor del 30% y que se genere por la corrupción.

Se observan dos problemas expuso Rosales, al explicar que las empresas que quieren cumplir están en una situación de debilidad respecto al mercado con acciones como las mencionadas y por otra parte están las prácticas corruptas que evitan un buen cumplimiento de las políticas públicas.

Rosales dijo que en otros análisis se escuchado de percepciones de impacto de 5% y 10% y ahora que se habla del 30%.

“Cualquier porcentaje que impacte cualquier proyecto es lamentable”, mencionó.

Mencionó que dicha Cámara fue la primera entidad de este tipo que se unió al programa Guate Íntegra en busca de apoyar soluciones a esa problemática y es la primera Cámara para en tener un sistema integral de prácticas anticorrupción.

Dentro de esta ya cuentan con Código de Ética que cuenta con una plataforma de denuncias y un programa integral de formación en ética empresarial.

En ese Código se estableció que los socios tienen la obligación de cumplirlo, de no hacerlo se aplican sanciones hasta la suspensión de su afiliación.

Sin embargo, a consideración de Rosales no sólo se trata de que el sector privado asuma responsabilidad de trabajar en el tema por lo que la Cámara es cree que es necesario trabajar en conjunto en actividades públicas para fortalecer ambas partes.

“Yo no coincido de que le queda únicamente a la parte privada (esa responsabilidad) sino en trabajo conjunto” dijo Rosales, con una opinión diferente a la mencionada por Paiz durante la presentación del informe.

Por ello, explicó,  la Cámara de la Construcción también está trabajando en firmar dos convenios con el Ministerio Público para activar y fortalecer la parte de los canales de denuncia que tienen ambas partes. Y en la Contraloría de Cuentas que exista intercambio de información. Además, con ambas entidades trabajar en procesos de conocimiento de contratación y prácticas transparentes.

Ambos se encuentran en una fase de construcción y se prevé poder suscribirlos las semanas próximas.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)  dijo mencionado por los académicos de la UVG respecto a los sectores propensos a sobornos se repite en varios países analizados de igual forma que en Guatemala.

Concuerda con el estudio de la UVG respecto de que existen legislación y herramientas para contrarrestar ese problema que se enfrenta, pero hace falta implementarlos. Por ello, agregó, que dicha Cámara impulsa el programa Guate Íntegra para implementar acciones en ese sentido.

Desde el 2015 empezaron a salir a luz casos que incluso han llegado a denunciarse a los tribunales acerca de pago de sobornos de parte de diversas empresas, varias relacionadas con el sector construcción, entre otras.

Modalidad del estudio

• El nombre oficial del Estudio de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano.
• Solís explicó que este es el primer estudio para luego construir un índice con el tiempo.
• Indicó que los resultados se obtuvieron de consultas efectuadas a empresarios mediante un cuestionario
• efectuado personalmente, vínculos de estudiantes y empresas y medios electrónicos.
• Se recabó información entre junio y septiembre del 2018.
• De 2 mil empresarios consultados de los diferentes sectores respondieron 149. Se podría ver como un número bajo, pero creemos que tomando en cuenta el tema de que se trata consideramos que fue una respuesta positiva.
• La UVG preparará su próximo informe para el 2020.

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El directivo de empresas de Baldizón era buscado por asociación ilícita y lavado de dinero en relación con el caso Odebrecht.

El Ministerio Público (MP) presentó al perito Deimer Meléndez Cardona quien explicó las declaraciones testimoniales que dan cuentan cómo se hizo el pago de sobornos a través de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña.

Meléndez inició su declaración explicando cómo todo estaba arreglado desde la llegada de la iniciativa de ley al Congreso de la República y su posterior aprobación el 11 de octubre de 2011, cuando el exdiputado, Gudy Rivera, era el presidente del Congreso.

Luego explicó que la empresa Norberto Odebrecht, S. A. pagó $17.9 millones de dólares entre mayo de 2013 y septiembre de 2015.

Este dinero se repartió entre los colaboradores a modo que se pudiera cubrir el 7.5 por ciento sobre el valor del proyecto que Sinibaldi había exigido.

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Según las declaraciones del representante de la empresa, Marcos Machado, a Sinibaldi se le hizo llegar el porcentaje de su comisión a través de terceras personas a cambio de liquidar el costo del proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 occidente.

Parte de la contratación millonaria a Odebrecht fue porque éstos aseguraban el pago de comisiones ilícitas a funcionarios gubernamentales, sistemas financieros conformados por la creación de empresas offshore y cuentas internacionales controlas por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Entre las personas que utilizaron empresas offshores para que se efectuaran los pagos, se encuentran Diego Chacón Yurrita, quien fue separado del caso porque su abogada dijo que ya no lo representaría.

Los demás acusados por asociación ilícita y lavado de dinero son Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Molina Coronado (abogado de Alejandro Sinibaldi), y Juan Ignacio Florido por lavado dinero.

El debate continuará en los próximos días en el Tribunal presidido por la jueza Yassmín Barrios.

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“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran de unos US$300 mil por mes”, contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja.

Zambada dijo que también pagó aproximadamente en 2004 un soborno de US$100 mil al general Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido del Chapo.

“Yo iba a importar cocaína de Colombia por el estado de Guerrero, platiqué de esto con el Chapo Guzmán Loera y con mi hermano Mayo, y el Chapo me dijo 'ahí está el general Toledano, es amigo mío, vaya a verlo y dele US$100 mil de mi parte'”, contó el Rey.

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“Se los mandaba regalar, y me dijo que lo saludara y le mandara un abrazo”, agregó.

El Chapo, de traje oscuro y corbata, escuchó con atención el veredicto de su exaliado y hoy colaborador del gobierno estadounidense, que comenzó el miércoles por la tarde y debe continuar todo el día.

Extraditado a Estados Unidos hace 22 meses, el Chapo, de 61 años, es acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

La defensa asegura que el Chapo es el chivo expiatorio de “corruptos” gobernantes mexicanos y de agentes de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que le tendieron una trampa. Y aseguran que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa era el Mayo Zambada, no el Chapo.

Pero el Rey asegura que el Chapo y su hermano Mayo eran socios y ambos grandes jefes del cartel, coordinaban los sobornos de funcionarios y también pagaban a sicarios para cometer asesinatos.

Sí era el jefe

Presentar a Guzmán como empleado de Ismael el Mayo Zambada en el cartel de Sinaloa es una estrategia errada para defenderlo de los cargos que enfrenta en en Estados Unidos porque existen amplias pruebas de su culpabilidad, coincidieron en México expertos en narcotráfico.

Desde el inicio del juicio esta semana en Nueva York, el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, hizo una movida inesperado ante el jurado. Alegó que el verdadero jefe del cartel sería Zambada -jamás capturado pero coacusado en el proceso- y quien además habría pagado cientos de millones de dólares “al actual y al anterior presidente de México”.

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“Está clarísimo lo que pretenden hacer: minimizar el papel del Chapo porque no tienen muchas oportunidades de defensa. Es abrumadora la evidencia sobre la participación de Guzmán en el narcotráfico, y así lo va a presentar la fiscalía”, dijo a la AFP Alejandro Hope, analista en seguridad.

Para José Reveles, periodista y autor de varios libros sobre narcotráfico, este alegato apunta a un jurado integrado por estadounidenses comunes ajenos a la criminalidad en México.

“Las doce personas que están en el jurado no son conocedores del narco (…) los puede impresionar un discurso como este, diciendo, 'no es el gran capo internacional que dice el gobierno de Estados Unidos, es un empleado menor, un soldado de este ejército'”, dijo.

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Guatemala realizará encuesta que mide el uso de internet

Los resultados de la encuesta refieren que 74% de los ejecutivos en Latinoamérica dicen que la corrupción ocurre ampliamente en los negocios, explicó Alfonso Crespo, socio del área forense de EY para Centroamérica y Panamá.

Mientras en el grupo de países emergentes el 52% respondió de esa manera; en los países desarrollados, el 20% y el promedio mundial fue de 38%.

Dentro de las acciones que mayor riesgo representan para las compañías en primer lugar se menciona el fraude y corrupción con 51%, el entorno reglamentario cambiante con 49% y el entorno económico con 46%.

Además sigue siendo una práctica común utilizar el soborno para obtener contratos. Aunque existieron mejoras en algunas regiones permanece muy elevada esa práctica en Latinoamérica y en los mercados emergentes.

Quien debe tomar medidas

El 99%  de entrevistados reconoce que es importante conducirse con integridad, pero se detectó en la encuesta que en las organizaciones no está definido cual es el cargo o departamento  responsable de implementar las acciones de prevención o combate a acciones ilícitas y establecer controles explicó Crespo.

En Latinoamérica el 41% considera que esas acciones le corresponden a la administración de la empresa para estimular a las diferentes jerarquías hasta llegar a los empleados, mientras el 25% indica que el responsable es cada persona, añadió.

La firma EY explica que según las respuestas obtenidas en la encuesta se justifica el fraude y la corrupción como pagos en efectivo si ayudan a una Compañía a sobrevivir una crisis económica.

De esto el 13% en promedio dice que justificaría esa medida “para ganar o retener negocios” pero ese dato se eleva a 20% entre los menores de 35 años.

Es decir, uno de cada cinco encuestados menores de 35 años justificaría ese tipo de pagos en efectivo.

Al respecto Crespo mencionó que los equipos de gestión deben identificar y abordar las causas de las conductas no éticas en sus organizaciones, además que los programas de cumplimiento “deben incorporar los rápidos avances tecnológicos y comprender que el entorno de riesgo en las operaciones comerciales es cada vez más complejo”.

Braulio Salazar, socio director de EY Guatemala indicó que a los empresarios se les hacen varias preguntas generales como ¿percibe que hay prácticas de corrupción en su país? y ¿percibe que hay prácticas de anticorrupción adecuadas en los países donde operan (las empresas)?

Añadió que se definen industrias por sector para hacer las encuestas y analizar las respuestas ya que cada sector tiene diferentes niveles de afectación. Por ejemplo, expuso Salazar, en Latinoamérica el sector más complicado para operar es el de Construcción.

¿Qué sucede en Guatemala?

Aunque no se revelaron datos específicos de Guatemala, sino que se hace el análisis por región, Salazar explicó que desde hace algunos años a la fecha se ha buscado transparentar el nivel de corrupción en el país y se han podido medir impactos, incluso se habla de que  impacta en el crecimiento económico.

Añadió que las empresas han tenido que redestinar recursos para solventar sus situaciones fiscales descubiertas en Guatemala, aspecto que se ha traducido en menor inversión y en algunos casos menor empleo.

A consideración de Salazar en el país lo que ocurre es el reflejo de “un conjunto de situaciones que va creando cierta inestabilidad pero no veo que algún organismo del Estado, como pudiera ser el Congreso, hayan tomado medidas para modernizar todo este sistema de leyes para evitar estas práctica de corrupción”, expuso Salazar.

Análisis de datos

También se realizó la Encuesta Global de Análisis Forense 2018. Los análisis forenses de datos han avanzado y “le permiten a las empresas aprovechar las nuevas tecnologías para aumentar la efectividad y la eficiencia de sus esfuerzos y mejorar los resultados de las investigaciones y del cumplimiento” explicó Crespo.

Con ese estudio se  puede conocer qué fuentes de datos utilizan las organizaciones para analizar las áreas de riesgo que tienen un impacto en sus empresas.

Las más utilizadas son contabilidad financiera, bitácoras de acceso a la red, bases de datos de proveedores, reportes de créditos o sanciones.

También hay fuentes de datos no estructuradas como acceso al servidor, comunicación electrónica y otros.

Se proyectan altas inversiones en tecnología para este análisis de datos ya que más del 70% de los encuestados señaló que planea adoptar estas técnicas de calificación
de riesgos. Incluyendo la analítica del comportamiento de usuarios y la analítica de redes
sociales, para mantener un monitoreo continuo.

En América Latina ese índice es más alto. Ya que el 89% dijo que adoptará técnicas de para  combinación de datos y el 76%  la analítica del comportamiento de usuarios.

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"Cuadernos de la corrupción" en Argentina sacuden al empresariado

“Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri”, solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.
Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la expresidenta, que cuenta con fueros parlamentarios por integrar la Cámara Alta desde diciembre de 2017.
El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con un caso en el que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación, basada en los “cuadernos de la corrupción” escritos por Óscar Centeno, que fue chófer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Este último -que supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo- está detenido desde el pasado 1 de agosto.
Según la información de ese periódico, otros funcionarios que se encuentran arrestados son el exdirector de Energías Renovables de la cartera de Planificación Ezequiel García; Enrique Llorens, exsecretario de ese Ministerio, cuyo titular durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández, Julio de Vido, está en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017.

José María Olazagasti, que fue secretario privado del exministro, se entregó este sábado, un día después de que Bonadio ordenara su detención y la del exfuncionario Claudio Uberti, quien permanece en paradero desconocido.
Uberti y el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas son los únicos dos prófugos en el proceso, que afecta a medio centenar de personas.
Además de la información brindada en los “cuadernos de la corrupción” por Centeno -en libertad como testigo protegido-, en la investigación son clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.
Entre ellos -ya cerca de una decena-, se encuentran Juan Carlos de Goycoechea, exdirector ejecutivo de la constructora de origen español Isolux; Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y el dueño de la constructora Iecsa hasta marzo de 2017 Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

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Todos ellos reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones como parte de esta red con la que, según cálculos de medios locales, se pudo haber recaudado cerca de 200 millones de dólares.
El caso también salpicó al exjuez Norberto Oyarbide, quien en el 2009 emitió un polémico sobreseimiento en un proceso contra el matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito y también admitió haber recibido presiones desde el Gobierno.

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Del total que deberá pagar US Imagina, unos 3 millones irán a la Unión Caribeña de Futbol (CFU), así como 1.7 millones a la Federación Hondureña de Futbol, US$790 mil a la de Guatemala, 600 mil a la de Costa Rica y 565 mil a la de El Salvador.

Asimismo, la firma con sede en Florida, que se declaró culpable de dos delitos de conspiración de fraude electrónico, reembolsará a la Justicia estadounidense US$5.3 millones por las “ganancias criminales de estos esquemas”.

Según la Fiscalía, dos de los altos ejecutivos de la firma pagaron más de US$6.5 millones en sobornos a funcionarios de la Confederación de Norte, América Central y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre ellos Brayan Jiménez y Héctor Trujillo, a cambio de los derechos de comercialización y mercadeo de los partidos de las eliminatorias mundialistas.

#FifaGate | La @fedefut_oficial fue beneficiada hoy por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en dónde representantes de Imagina se declararon culpables de haber sobornado a dirigentes guatemaltecos por derechos de transmisión. US$790 mil recibirán las arcas federativas. pic.twitter.com/8tgn5JXThs

— Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) July 11, 2018

La información detalla que altos ejecutivos de Imagina US e Imagina Media usaban facturas y contratos falsos para encubrir el pago de esos sobornos y que eran, a menudo, transferidos a cuentas bancarias a nombre de intermediarios en terceros países.

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“Las empresas que operan en EE.UU. tienen la responsabilidad de garantizar que sus agentes no incurran en conductas corruptas y tomen medidas para erradicar la conducta corrupta tan pronto como se les avise”, señaló en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue.

El Grupo Imagina emitió un comunicado donde considera que el acuerdo “pone punto final a las acusaciones que han sido de dominio público” desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos en diciembre de 2015 como parte de la investigación relacionada con la Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa).

“En aquel momento, la empresa tuvo conocimiento de que Roguer Huguet y Fabio Tordin, antiguos ejecutivos de la filial estadounidense de la compañía, se habían declarado culpables de sus actuaciones en la trama”, explica Imagina en el comunicado.

La empresa española, citando a la fiscalía, señaló que un ex alto cargo de la compañía “podría haber estado presuntamente implicado”, y subraya que “los tres empleados fueron cesados y apartados de la gestión del Grupo Imagina y de todas sus filiales en diciembre de 2015”.

Se trata del último acontecimiento derivado de la investigación sobre la trama de corrupción del denominado caso conocido como el Fifa Gate y que salpicó a medio centenar de altos cargos de esa organización.

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De acuerdo a la nota de la fiscalía, muchos de los ejecutivos y funcionarios de federaciones que pagaron o recibieron los sobornos, así como sus intermediarios, se han declarado culpables de participar en el esquema, entre ellos Huguet y Tordin.

Otros son el empresario colombiano Miguel Trujillo; el expresidente de la Concacaf Jeffrey Webb y su colaborador Costas Takkas; el expresidente de Honduras y su Federación de Futbol, Rafael Callejas, y su exsecretario general, Alfredo Hawit.

También el expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala Brayan Jiménez y su exsecretario general Héctor Trujillo; y el expresidente de la Federación Costarricense de Futbol Eduardo Li.

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El corto plazo. Algunas empresas, incluso procedentes de países desarrollados que han suscrito acuerdos internacionales anticorrupción y poseen legislación específica, pagan sobornos; ocultan actos corruptos detrás de subsidiarias y asociaciones secretas; intentan influir ilícitamente en la toma de decisiones políticas; explotan las leyes fiscales, construyen cárteles o abusan de las lagunas legales porque ese beneficio a corto plazo resulta, en ocasiones, demasiado suculento para resistir la tentación. Otras empresas se resisten a adoptar una estrategia de transparencia porque creen que su competencia empleará las “condiciones del país” como reserva para pagar sobornos y quedarse con el negocio.

Una encuesta realizada a directores globales de márquetin expresa bien esta dicotomía: el 39% eran partidarios de rechazar el soborno por considerar la práctica falta de ética y perjudicial, mientras que el 41% lo considera aceptable en aquellos países donde la corrupción estaba extendida. Estos últimos insistieron en que su código de conducta no era otro que ajustarse al código penal, por otro lado, un códice de mínimos, de lenta, cara e incierta aplicación en la mayoría de los casos. Los primeros advirtieron que pagar sobornos era inaceptable, pan para hoy y hambre para mañana.

El dilema entre el corto y el largo plazo es un dilema clásico en la empresa, que debe decantarse y reafirmarse una y otra vez ante cada nueva tentación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), reconoce la imperiosa necesidad de que la empresa se implique. Muchas compañías, cada vez más, empujadas por sus grupos de interés, y sabiéndose en un escenario más transparente y responsable socialmente, han internalizado ese dilema y están comprometiendo tiempo y recursos para mejorar su gobierno y sus estándares éticos, diseñando e implantando concretas herramientas preventivas y métricas capaces de comunicarse a todas las partes interesadas, desde publicitar donaciones políticas o despidos disciplinarios hasta limitar el valor de los regalos. En suma, las compañías se están preparando para rendir cuentas en un escenario que deja poco margen para la incoherencia.

Ante ese nuevo camino de esperanza, muchos académicos pensamos que aún es posible dar un paso adelante, avanzar con mayor eficiencia si imitamos la propia forma de proceder de la corrupción. Es una realidad empíricamente constatada que la corrupción sólo prospera en red, ¿por qué no reproducir su método para fomentar la transparencia?

Permítanme que me explique: por la propia naturaleza del fenómeno, los agentes corruptos se ven impelidos a interactuar con otros individuos corruptos en la misma sociedad u organización, creando una red de corrupción, que puede llegar a ser tan extensa y tupida que es capaz de dominar el sistema…. Como indicaba, algunos académicos entendemos que es un buen sistema para un mal propósito que podemos aprovechar dándole la vuelta.

Resumo mi larga intervención. La corrupción es un problema antiguo, perverso, extremadamente dañino para nuestras sociedades, de nada fácil solución. Contra él, la cuarta revolución industrial nos ofrece noticias alentadoras en término de un escenario propicio. Pero no es suficiente: sin la concurrencia y el liderazgo del sector privado, no servirá de nada y perderemos la oportunidad.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó ayer una encuesta sobre la percepción de integrantes de nueve cámaras empresariales acerca del primer trimestre del año, con datos en torno al ambiente en el que grandes, pequeños y medianos empresarios deben competir. La información, claramente, es poco alentadora y requiere mayor compromiso del Estado para combatir con seriedad este flagelo socio-económico-político.

Los empresarios consultados ven mayoritariamente, con un 39 por ciento, que la corrupción es el principal problema de Guatemala. A este le siguen el desempleo, 22 por ciento; la delincuencia, 15 por ciento; y la pobreza, 13 por ciento, como los grandes problemas sobre los que se debe trabajar en el país para crear condiciones favorables para la actividad empresarial.

Esa percepción se complementa con la idea de los empresarios sobre el impacto que la falta de eficiencia y ética representa para los negocios. El 81 por ciento de los encuestados considera que la corrupción afecta mucho, mientras un 11 por ciento opina que poco y un 7 por ciento no opina.

Es obvio que la percepción sobre la inmoralidad gubernamental ha calado hondo en la percepción de los guatemaltecos, pues no solo se mantiene como tema predominante, sino que, de acuerdo con esta nueva encuesta, el 46 por ciento de los entrevistados ve que la corrupción sigue igual en el actual gobierno, un 28.7 por ciento cree que disminuyó y un 16.8 por ciento afirma que aumentó.

Un dato relevante es que casi uno de cada dos empresarios encuestados percibe que el abuso con los recursos públicos persiste y que, además, para que los negocios avancen deben someterse a sobornos para agilizar trámites públicos o que los funcionarios favorecen a familiares y amigos incapaces y/o inexpertos, así como proclives a las tradicionales malas prácticas.

Un dato relevante de la encuesta presentada por el Cacif es cuando se pregunta si la empresa ha sido sometida a sobornos, pues el 52 por ciento de los entrevistados prefiere no opinar, mientras que un 43 por ciento dice que su firma ha sido expuesta a dar sobornos. Además, 72 por ciento percibe que existe una baja cultura de denuncia.

Esta nueva medición confirma la generalizada percepción de que uno de los mayores problemas del país es la corrupción, agravado cuando quienes deben velar por su combate se colocan del lado de las fuerzas oscuras, haciendo más compleja su erradicación.

En resumen, con estos resultados del sector privado organizado se infiere que los esfuerzos anticorrupción son populares y bienvenidos. Corresponde ahora convencer a quienes integran las más altas esferas del poder público de asumir con responsabilidad el desafío de combatir el mayor flagelo para los guatemaltecos.

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El exdirigente guatemalteco Rafael Salguero es involucrado en un nuevo caso de corrupción

La jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, quien ya sentenció al exsecretario de la Fedefut, Héctor Trujillo, es la que lleva el megacaso que golpeó a todo el deporte rey.

Brayan Jiménez fue acusado de haber negociado y lavado unos US$400 mil en sobornos para él, para el exmagistrado Trujillo y para Rafael Salguero, que también fue dirigente de la Fedefut y de la Fifa.

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La fiscalía ha explicado que las coimas que recibió esa cúpula dirigencial fueron a cambio de la concesión de derechos de transmisión y comercialización de partidos de la Selección Nacional clasificatorios a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El caso Jiménez

En diciembre del 2015, un juez en Guatemala ordenó capturar a Brayan Jiménez, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero, por su participación en el caso de corrupción de Fifa Gate.

El 12 de enero del 2016 fue capturado por las autoridades locales y luego fue reclamado por la justicia estadounidense.

Ante una corte federal, Jiménez se declaró culpable de haber conspirado para cometer los delitos de fraude electrónico y se comprometió a pagar una multa de US$350 mil.

A partir de su captura, el futbol guatemalteco entró en una severa crisis, de la que aún no puede salir, debido a la suspensión que la Fifa le colocó desde el 28 de octubre del 2016.

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A través de un comunicado, informó que tomó la decisión por los efectos que le causó la masiva filtración de documentos -considerada la mayor de la historia- que reveló cómo sus abogados ayudaron a unos 14 mil clientes a usar paraísos fiscales para ocultar sus riquezas.
Entre estos clientes había más de 70 jefes y exjefes de Estado.

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“El deterioro de la reputación, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes”, detalla la misiva.
De esta manera, Mossack Fonseca pondrá fin a cuatro décadas de actividad durante las cuales llegó a tener oficinas en 40 países.

Odebrecht

Los dueños de la firma siempre han mantenido su inocencia, asegurando que las actividades que realizaban eran lícitas.
No obstante, ambos socios del bufete, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, fueron detenidos por la justicia panameña a comienzos del 2017 por su presunta conexión con los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en varios países.

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Se les acusa de haber establecido cuentas bancarias en paraísos fiscales que permitieron que Odebrecht canalizara los pagos ilegales.
Por su parte, Mossack y Fonseca denuncian que Panamá es el único país del mundo donde las autoridades han abierto procesos penales “por la provisión de ese servicio (de sociedades extraterritoriales)”.

Panamá Papers

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