La defensa de Luis Armando Pérez y Lucinda Eva Marroquín, quien son procesados en el caso Hogar Seguro, que surgió tras la muerte de 41 niñas internas en un centro a cargo del Gobierno en 2017, solicitó que se les otorgara medidas sustitutivas de arresto domiciliario, pero este jueves 18 de enero, la jueza a cargo les negó esa solicitud y ordenó que siguieran en prisión preventiva.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió sin lugar la solicitud de medidas sustitutiva planteada por la defensa de Pérez Borja y Marroquín, por lo que ambos deben continuar en prisión preventiva mientras el juicio sigue su rumbo.

En audiencia de revisión de medidas de coerción, los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados salieran de prisión preventiva y se les concediera arresto domiciliario.

En el caso de Luis Armando Pérez Borja, quien fungía como subcomisario de la PNC cuando ocurrieron los hechos, la defensa argumentó que en materia penal se ha sobrepasado el tiempo en prisión preventiva y solicitó arresto domiciliario; además, indicó que no cuenta con los recursos económicos y que se le inhiba de una caución económica.

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Por su parte, la defensa de Lucinda Eva Marroquín, quien era subinspectora de la PNC, también solicitó el arresto domiciliario y someterse al control telemático.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, siete años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una de las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

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Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

Los casos más recientes ocurrieron el  4 y 8 de diciembre pasados. Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), se activaron cuatro  alertas Alba-Keneth porque  los menores se escaparon del anexo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ubicado en la colonia El Maestro, zona 15.

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“De los cuatro menores que abandonaron el centro, uno regresó”, explicó Pamela Motta, comunicadora de la SBS, quien agregó que en estos casos se avisó a la PGN para activar las alertas y a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se encargue de la búsqueda.

Motta subrayó que los cuatro menores, de reciente ingreso, estaban en condición de resguardo en el hogar, pero que esperan encontrarlos a través de la alerta Alba-Keneth para continuar el proceso de protección.

Los menores que son buscados por las autoridades son Francisco Gerónimo Monterroso Esquivel, de 17 años; Jéferson Maximiliano Ramírez Méndez, 16, y Cristian Pérez Hernando, 16. “Si la Policía halla a un menor, lo pone a disposición de un juez, que determinará si lo regresa al hogar o decide otra medida de protección”, detalló Motta.

La PGN confirmó anoche que durante noviembre y diciembre 10 menores escaparon del anexo del Hogar Seguro ubicado en zona 15. Sin embargo,  se desactivaron tres alertas  porque esos menores retornaron al hogar.

La Procuraduría pidió ayuda a la población para informar  en los números 1546, Alba-Keneth, o 110, de la PNC, sobre la ubicación de los menores.

En algunos casos, los adolescentes regresan con su familia, se indicó.

En relación con el abandono del proceso,   Motta manifestó desconocer la causa. “Tres menores ingresaron en octubre y  uno en mayo”, detalló la comunicadora.

Tragedia

El  8 de marzo de este año, 43 adolescentes perdieron la vida en un incendio en un salón del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en  Santa Catarina Pinula.

A nueve meses de esa tragedia, los exfuncionarios de la SBS y del Hogar Seguro enfrentan  proceso penal por varios delitos.

La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) que investigó el caso contra Montenegro,  demostró al Tribunal cómo ocurrieron los hechos en el Hogar Seguro ubicado en San José Pinula.

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En plena crisis en los correccionales, la nueva funcionaria sobre el tema dijo: “Estamos en un proceso de evaluación para revisar las acciones que se han tomado respecto a algunos acontecimiento que se han dado, en eso estamos ahorita, en la evaluación de lo que se ha venido haciendo. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué podemos hacer y qué vamos a hacer?”, refirió la secretaria.

Estrada Arrega asumió el cargo el pasado 9 de agosto  en sustitución de Cándida Rabanales, quien fue separada del cargo por orden del presidente Jimmy Morales.

Video

Cámara graba escape de menores en anexo del Hogar Seguro

En cuanto a la situación de los menores trasladados del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a otros centros, públicos y privados, luego del incendio que dejó 41 adolescentes muertas, Estrada Arrega explica que espera conocer los informes.

En este caso, “se están tomando las medidas necesarias para no revictimizar a los menores, se está tratando de ver la infraestructura de otras casas para instalar nuevamente a los niños dentro de estas”, detalló.

La exsectraria de la SBS, Cándida Rabanales, en su momento planteó un modelo de atención residencial familiar de transición en el cual la SBS alquilaría 16 inmuebles para albergar de 12 a 15 menores quienes estarían al cuidado de familiares y de un equipo multidisciplinario. A mediano plazo propuso un nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario.

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Para Estrada los proyectos que había presentado Rabanales están en evaluación, porque los desconoce. “Se están evaluando si son viables, en dónde se podrían ejecutar, qué podría hacerse y que cumplan con los requisitos de los equipos multidisciplinarios, porque no podemos únicamente tener el modelo de casas u hogares, sino también hay que ver que al niño no se le revictimice y que tenga el acompañamiento de los equipos multidisciplinarios. Queremos ver si en el marco de la ley esto es viable”, afirmó.

Rabanales presentó en el Congreso una iniciativa para que la SBS pudiera efectuar compras y contrataciones sin utilizar la ley. Estrada comentó que desconoce sobre ese tema.

“La ley de contrataciones es un poco restrictiva en determinadas situaciones porque hay que cumplir con ella. Sin embargo, nosotros tenemos la judicialización de los niños y adolescentes y debemos restar las órdenes judiciales, si en este si es necesario implementar algún tipo de reforma a la ley, debe de ser quienes están calificados para presentar este proyecto”, indicó.

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“Una cosa no implica que no se lleve a cabo la otra, la situación con los niños, niñas y adolescentes es urgente y se están tomando las medidas necesarias. En cuanto a este plan, se pondrá en marcha siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, por eso es que tenemos que evaluar qué acciones se efectuarán con el plan emergente”, puntualizó.

Durante la entrevista, la secretaria confirmó que Gladys Floridalma Herrera Donis renunció a su cargo de subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia. En esta dependencia continúa Dania Franco, subsecretaria de Preservación Familiar, y Eder Vladimir López, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

En la primera mención que Pérez Borja hizo del asesor, refirió que se llamaba, Carol Beltetón, pero después rectificó que era Carlos Beltetón.   
 
En su relato el subcomisario dijo: “A las 21.50 horas –del 7 de marzo–, se reunieron los funcionarios de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Procuraduría General de la Nación (PGN) para determinar qué procedía. Concluyeron que la PNC enviara cien agentes para hacerse cargo del control”.
 
La decisión fue trasladada al comisario Wilson López Maldonado, quien respondió que no era responsabilidad de la Policía hacerse cargo, entonces apareció Carlos Beltetón, se identificó como asesor presidencial y con el teléfono en mano le dijo al comisario “tengo en la línea al presidente”.
 

El subcomisario también recordó que Beltetón les dijo que “debían acatar todas las indicaciones de las autoridades”.
 
Pérez Borja solo ofreció su versión de los hechos y se abstuvo de responder a las preguntas del Ministerio Público y otros abogados.

Presidencia: Beltetón es colaborador

Con relación a las declaraciones del subcomisario, el vocero presidencial, Heinz Heimann manifestó que la posición del Ejecutivo es respetar la orden del juez de mantener el caso bajo reserva, y que, únicamente las partes solicitadas como testigos pueden brindar las declaraciones que el juez necesite, además agregó que “tiene entendido” que Carlos Beltetón es colaborador de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.
 
“Seguramente el señor Carlos Beltetón, cuando sea citado, si así lo considera el juez, él podrá responder y brindar la información de la cual él tenga conocimiento”, aseveró Heimann.

Lo dijo el presidente

La semana pasada, durante una actividad del ministerio de Salud, el presidente habló del antejuicio en su contra por su presunta implicación en la tragedia del Hogar Seguro.

Morales fue cuestionado sobre qué sabía el día que ocurrió el incendio: “lo que se vivió fue que había existido una fuga, se le pidió a las fuerzas de seguridad que ayudaran. Los jóvenes no querían entrar al lugar, estuvo presencia de los distintos organismo que debían de dar atención, se siguieron los protocolos y las investigaciones que se tengan darán luz, esa era la información que yo tenía”, aseguró.

“Las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad necesaria para los menores, en el momento del incendio en realidad todos tenemos que esperar que las investigaciones puedan dar luz real para que podamos tener nosotros una mejor participación como país”, mencionó Morales.

También declararon

Harold Flores, exprocurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN, argumentó que denunció al  Ministerio Público la fuga de 40 jóvenes bajo la protección del Hogar Seguro. Las fugas de los menores habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2016.
 
La subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, quien aparentemente tenía la llave del candado,  dijo al juez. “Yo no soy ningún monstruo, yo soy héroe”, “si no fuera por mí no hubieran sacado a las niñas, yo saqué a 30 de allí, yo soy héroe”,  insistió Marroquín.

Antejuicio contra jueza 

El juez Guerra trasladó hoy a la Corte Suprema de Justicia el expediente para conocer el antejuicio contra la jueza Rocío Murillo, sindicada en el caso Hogar Seguro por no ejecutar  la orden de exhibición personal a favor de los menores el día de los hechos.

El fallo fue notificado el pasado 13 de junio a la organización, confirmó la activista Paula Barrios.

La CC también ordenó a las autoridades del hogar informar cuál es el estado de las alertas Alba-Keneth que fueron planteadas por la desaparición de menores internadas en ese lugar, entre el 2012 y 2016.

En noviembre de 2016, la asociación presentó un amparo en contra de las autoridades de la SBS por las denuncias de violación a los derechos humanos de los adolescentes.

Una Sala de Apelaciones de Menores ordenó medidas de seguridad en favor de las internas, pero la Secretaría de Bienestar Social impugnó el fallo.

La organización pidió un amparo al tribunal constitucional, en el cual señalaba que se buscaba el bienestar de las adolescentes. Barrios calificó el fallo como positivo y enfatizó que si se hubiese cumplido la sentencia de la Sala, no habría ocurrido la tragedia.

Según lo resuelto, se ordena que, en el plazo de 15 días a partir de que quede firme la sentencia y bajo apercibimiento de certificar lo conducente a donde corresponda por incumplimiento, se realice el traslado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Hogar Seguro, con la coordinación el Consejo Nacional de Adopciones, la PGN y la SBS.

El lugar donde deberán ser trasladados los menores debe ser informado inmediatamente a los jueces a cargo de los procesos.

Se ordena a la SBS el cierre definitivo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción una vez que hayan concluido la reubicación.

En marzo pasado, y luego de una serie de denuncias en el Hogar Seguro, ocurrió un incendio donde un grupo de adolescentes fue encerrado por haber evadido el proceso; murieron 41 adolescentes.

El médico, Edwin Bravo, jefe de traumatología del Hospital General, confirmó el ingreso la adolescente. Sin embargo, señaló que toda la información con relación al caso le compete a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
 
Con la adolescente llegó al país la médico, Tracy Geboury, del Hospital Infantil Shriners. Estará 48 horas en el país para dar una inducción sobre las fisioterapeutas que debe seguir la paciente.
 
La especialista trae videos y todo el equipo que utiliza en la fisioterapia para que la joven pueda hacer sus ejercicios y continuar su recuperación.  
 
En un comunicado, la PGN explica que la adolescente es la séptima víctima que regresa al país de las nueve que fueron trasladadas a Estados Unidos para un mejor tratamiento y recuperación. Todavía permanecen dos jóvenes en los centros de Galveston, Texas y Boston, Massachussetts.
 
La PGN confirmó que la adolescente continuará el tratamiento médico en un hogar privado. “Para su seguridad y tranquilidad, la ubicación e identidad por el momento no se dará a conocer”.

La secretaria general del Ministerio Público, Mayra Veliz, dijo el lunes en rueda de prensa que se recibió una solicitud de dos diputados opositores para quitarle la inmunidad política al presidente y ahora corresponde a la Fiscalía hacer la petición a la Corte Suprema de Jusitica, que deberá determinar los pasos a seguir.

Los diputados Sandra Morán y Locadio Juracán argumentan que el mandatario tendría responsabilidad en los hechos porque era el superior de los funcionarios involucrados y detenidos por el caso.

La Corte Suprema de Justicia, tendrá que resolver si acepta o no la solicitud y según la Ley de Antejuicios, trasladarla al Congreso de la República, donde serán los diputados quienes decidan si le retiran o no la inmunidad a Morales.

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Solicitud presentada

La diputada Sandra Morán, dijo que la denuncia contra del presidente fue puesta por “la jerarquía de mando” en la Secretaria de Bienestar Social. señaló que los funcionarios de la SBS “no llenaban las calidades para el cargo”.

Morán reveló que la denuncia ontra el presidente Morales fue colocada el 14 de marzo por considerar que, por jerarquía, el mandatario era el responsable de establecer qué hacer luego de los primeros disturbios.

“Además, se constató que las personas que estaban en los puestos clave de la SBS de la presidencia estaban allí por los vínculos con el presidente Morales, tal es el caso de Anahí Keller, quien era la productora de los programas del mandatario -en los canales de televisión”, manifestó Morán.

En la denuncia de los diputados de Convergencia también se hizo constar que en las diversas citaciones al Congreso se determinó que Morales tuvo conocimiento de los hechos en el Hogar Seguro desde las 10 de la noche del día anterior a la tragedia, pero “nunca dio órdenes precisas sobre qué hacer”, cuestionó la parlamentaria.

El Comisario Wilson Maldonado, dice que el presidente @jimmymoralesgt estaba enterado de lo ocurrido en la casa hogar desde las 22H pic.twitter.com/whe0X5g820

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 9, 2017

Presidencia esperará decisión de la CSJ

Esta tarde el vocero presidencial Heinz Hiemann en conferencia de Prensa explicó que esperarán la resolución de la CSJ, ellos decidirán si procede o no el retirarle la inmunidad al presidente por los hechos mencionados en la denuncia.

Hiemann mencionó que no han sido notificados por el Ministerio Público; sobre el caso, consultó con el secretario general y abogados. “El Ejecutivo acatara las ordenes de los órganos jurisdiccionales”, dijo el vocero.

Incendio

El incendio ocurrió el 8 de marzo pasado y de acuerdo con los detalles de la investigación del MP, el siniestro duró 25 minutos.

“De 8.45 a 9.10 horas ocurre el incendio en el salón ubicado en el área de pedagogía donde se encuentran encerradas las adolescentes”, dijo el fiscal Edwin Marroquín en la audiencia celebrada el 4 de abril último.

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Informe escueto

Horas después del siniestro, la Policía Nacional Civil elaboró un informe en el que detallaba algunos hechos ocurrido una noche antes de la tragedia.

La quema de colchones, la recuperación de varios menores que se dieron a la fuga, las puertas cerradas con candados, eran los pocos detalles descritos por la PNC.

Según el Comisario Wilson Maldonado, él llamó personalmente al presidente @jimmymoralesgt para explicarle la situación en la casa hogar pic.twitter.com/Lg5NHsYny7

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 9, 2017

Con aportes de agencia AP

De las 56 jóvenes que se encontraban en un salón del Hogar Seguro y de las cuales murieron 41 durante y en los días siguientes a un incendio ocurrido el 8 de marzo, tan solo una tenía como razón de ingreso “conflicto con la ley penal”.
Al preguntar a esa institución cuáles eran los motivos de ingreso de cada una de las niñas —fallecidas y sobrevivientes—, sin identificarlas por  nombre, pero sí por su lugar de residencia, los datos brindados  apuntan a que 14 ingresaron por rebeldía, 12 por problemas familiares, seis por maltrato, cinco por consumo de drogas, cuatro por protección y abrigo, mientras que por abandono, agresión sexual y orfandad fueron dos de cada motivo.

Por violencia sexual, falta de recursos, riesgo social, víctima de secuestro, alcoholismo,  afiliación a pandillas y conflicto con la ley penal ingresó una por cada razón.

Respecto a los lugares de residencia u origen de las 56 adolescentes, la mayoría  provenía de sitios en donde las condiciones de servicios básicos y pobreza no le permiten a la población un desarrollo integral.

De las 26 menores del departamento de Guatemala, dos provenían de Amatitlán, seis de Villa Nueva y una de Mixco. Aunque la SBS no especificó las zonas, durante los días posteriores a la tragedia familiares indicaron que residían en áreas vulnerables donde la presencia de las pandillas es fuerte.

De las adolescentes que vivían en el área rural, había cinco  de Jutiapa, cuatro de Chimaltenango, tres de Huehuetenango y el resto de otros departamentos, en donde las condiciones de  pobreza en las que crecieron y la falta de oportunidades de educación fueron determinantes para trasladarse a un lugar lejano a su comunidad.

Reflejo de la realidad

Rosa María Ortiz, experta en derechos humanos y de la niñez, quien visitó el país recientemente, comentó: “Generalmente, las víctimas son un espejo de lo que nos falta.  Lo triste es que además de ser víctimas se les culpabiliza, en lugar de ver que las carencias estaban altas”.

Eso se evidenció en el informe Pobreza multidimensional infantil y adolescente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2014), que muestra que  el 54.8 por ciento de los hogares en los que habitan menores de 18 años viven en situación de pobreza, no solo monetaria, sino también y de forma simultánea en situación de privación en al menos dos dimensiones de derechos.

Para Ortiz, en los casos de las víctimas del Hogar Seguro, “hay muchos índices de discriminación, ya que muchos de los que estaban allí son niños indígenas y  pobres”.

Destacó la experta que es necesario tomar en cuenta que la discriminación que mató a esas jóvenes “tiene que enseñarnos que están faltando políticas de inclusión”.

Esto debido a que entre las jóvenes, y el resto de niños albergados, había quienes  estaban allí porque la madre trabajaba o porque sus padres se separaron.

Ortiz  indicó que se debe “evaluar qué servicio precisa Guatemala, y servicios  donde viven los niños, no servicios dentro de la capital”.

El juez explicó que la menor fue llevada a una cámara Gesell, donde fue entrevistada por una psicóloga. La diligencia fue retransmitida por medio de videoconferencia a la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad para casos de Alto Impacto, donde Guerra Jordán, fiscales del Ministerio Público, querellantes, procesados y sus abogados, escucharon sus declaraciones.
 
También declaró una interna del referido centro, la cual se encuentra embarazada. El juez evitó dar más detalles de la audiencia pues las diligencias tienen reserva judicial, además, porque se trata de menores víctimas. El funcionario también explicó que la ley le prohíbe pronunciarse y emitir criterio sobre los casos que conoce.
 

#HogarSeguro | Errores de procedimiento y actos de maltrato ocasionaron la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. pic.twitter.com/W9dOiupcqe

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 5, 2017

En horas de la mañana del día siguiente, 56 internas fueron encerradas en un salón de clases, cuya puerta fue cerrada con candado. Las menores encendieron fuego para tratar de que las autoridades las sacaran del lugar, pero perdieron el control, lo cual ocasionó el siniestro, con saldo de 41 menores muertas y 15 más que resultaron con serias heridas por quemaduras.

¿Cómo funciona la cámara Gessel?

La resolución se conoció la tarde de este miércoles, y ordena que los implicados permanezcan en prisión preventiva hasta que finalice el proceso.

Los señalados son Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, ex subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, y Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro.

“Se ordena al juez de la causa señale nueva audiencia, se dicte el auto de prisión preventiva y se resuelva lo relativo al plazo para la presentación del acto conclusivo”, dice el fallo de la sala.

El pasado 7 de abril el juez Carlos Guerra benefició a los exdirectivos con arresto domiciliario y les ordenó pagar una fianza de Q335 mi cada uno.

Hogar Seguro</p> <p>

Dos menores regresan de recibir tratamiento en EE.UU.

Los exfuncionarios están ligados a proceso penal por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Testimonios

Este miércoles continuó la audiencia de anticipo de prueba, donde varias adolescentes que sobrevivieron a la tragedia dan su testimonio por videoconferencia de lo ocurrido el pasado 8 de marzo.

Rodas, Keller y Rodas escucharon los testimonios de las menores durante la audiencia, la cual se desarrolló a puerta cerrada para proteger la identidad de las adolescentes.

La fiscalía también presentará los testimonios de monitores y policías que estuvieron en el Hogar Seguro el día del incendio.

Cándida Rabanales, titular de la SBS, señaló que en el  modelo de atención residencial familiar de transición  alquilarán 16 inmuebles para albergar de 12 a 15 menores quienes estarán al cuidado de familiares y un equipo multidisciplinario. Este no será definitivo

Agregó que los alimentos  se cocinarán en el lugar, y no se contratará a una empresa para ello.

Explicó que en el mediano plazo para el nuevo modelo de atención residencial familiar comunitario   buscan  terrenos para crear un lugar en el que los niños se queden en residencias pequeñas con los ambientes de un hogar y  un área común en la que puedan compartir.

Al consultarles a las autoridades si esto no es similar al Hogar Seguro, Gladys Herrera, subsecretaria de Protección y Abrigo, aseveró  que el nuevo modelo marcará la diferencia porque cada unidad familiar tendrá entre 12 y 15 internos como máximo en un complejo de cinco casas, y se aprovecharán los recursos para crear un área en la que se compartirán espacios recreativos.

Agregó que en  primer momento el modelo se planifica para el área central, pero se regionalizará.

Vladimir López, subsecretario de Reinserción y Resolución de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, señaló que luego de que los adolescentes del Hogar Seguro sean trasladados y se haya efectuado el cierre del lugar, se buscará crear un centro especializado de inserción para adolescentes.

El arrendamiento de las casas tendrá un costo mensual de Q800 mil y para la remodelación del Hogar Seguro se contemplan Q4 millones.

Se trató de conocer la opinión del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) acerca del nuevo modelo que presentó la SBS, pero hasta hoy se podrá contar con una reacción, porque los especialistas no se encontraban en el país.

Se quejan de despidos

La titular de la SBS confirmó la remoción de 69 trabajadores, de estos 39 eran del Hogar Seguro, luego de que el viernes pasado se levantara un emplazamiento. Afirmó que entre los trabajadores despedidos había personas que no cumplían con  el perfil o tenían algunas denuncias.

Trabajadores de la SBS se aglutinaron ayer luego de la conferencia que ofrecieron las autoridades para exigir que se reinstalen a las personas, ya que consideran que no se agotó la vía administrativa y que incluso ellos volvieron a emplazar a la SBS, y a pesar de eso despidieron a la gente.

Lilian García, secretaría del sindicato de la SBS, refirió que tiene conocimiento que este lunes despidieron a más de cien trabajadores, entre monitores y psicólogos, y que tiene información de que serán cuatrocientos.
 
En un principio se decía que eran los trabajadores del Hogar Seguro, pero se tiene conocimiento que son varias de las áreas que tiene la SBS, según García.
 
Agregó que ellos no se oponen a que se despidan a los malos trabajadores o los que estén involucrados en faltas, pero para ello tiene que hacerse un procedimiento,  no pueden prescindir a las personas sin causa justiciada.
 
García resaltó que los monitores y psicólogos que trabajan en los hogares a cargo de la SBS lo hacen en condiciones precarias ya que no les dan los insumos necesarios para atender a los niños y adolescentes.
 
Incluso refirió que los psicólogos debían comprar hojas de papel para imprimir porque ni eso les proporcionaban. Esto consta en un informe del Consejo Nacional de Adopciones en el que se menciona que no contaban con las baterias de pruebas psicológicas.
 
Se trató de conocer la postura de las autoridades de la secretaría sobre estos despidos, pero en Comunicación Social no proporcionaron ninguna información.

Cabe destacar que varias de las acciones que se ordena ya se comenzaron a implementar, luego del incendio ocurrido el pasado 8 de marzo, que terminó con la vida de 41 adolescentes. Incluso la mayoría de niños ya se encuentran en otros hogares. Solo quedan 26 en dicho lugar.
 
La Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia  resolvió el pasado 4 de abril con lugar el recurso de apelación presentado por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), quien pidió el cierre progresivo, ya que consideraba que en la sentencia emitida por la Jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana, emitida el 12 de diciembre, no quedó claro este punto en la parte resolutiva.

Otra sentencia

La misma sala, con fecha del 9 de marzo, otorgó la acción de amparo interpuesta por la Asociación Mujeres Transformando el Mundo en contra de las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social.
 
En dicha resolución de ordenaba que en el plazo de 15 días se trasladaran a los menores que se encontraban en el Hogar Seguro en coordinación con el CNA y la Procuraduría General de Nación (PGN), y que el lugar garantice el respecto de los derechos fundamentales.
 
Además se ordenó a la SBS “el cierre definitivo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción” una vez que hayan concluido las reubicaciones de los niños. Asimismo se pidió a la Coordinadora del Sistema Aleta Alba-Keneth remitir un informe de las alertas activadas de los niños que desde el 2012 evadieron el proceso.
 
Sin embargo, esta sentencia fue apelada por la SBS, y se encuentra pendiente de que la sala resuelva la misma.
 

Fiscales de dicha unidad refirieron que de 40 entrevistas que han realizado a menores de dicho hogar, tanto antes de la tragedia del 8 de marzo —cuando murieron 41 adolescentes—, como a sobrevivientes y compañeras de dormitorios, ninguna señaló haber  sufrido trata de personas; sin embargo, dos menores que ya habían sido entrevistadas antes del incidente volvieron a ser entrevistadas, pero en esta ocasión dieron información que antes no comentaron.
De acuerdo con un fiscal contra la trata, las dos menores indicaron que la primera vez su estado emocional no les permitió hablar porque no se sentían bien.

“Las dos refirieron explotación sexual, pero son casos distintos, lo único es que  estuvieron dentro del hogar, allí se conocieron, nada más; una está en un albergue y la otra ya no”, indicó un fiscal.

Agregó que una indicó  haber sido explotada dentro del hogar y en el caso de la otra el hecho ocurrió afuera cuando había evadido el proceso de protección.

Ahora la fiscalía trabaja para corroborar la  veracidad de los testimonios de estas dos menores de edad.

Al consultarles sobre si han comprobado si los monitores o custudios  prostituían a las niñas, señalaron que no lo pueden confirmar  ni descartar porque “aún estamos en una etapa de investigación de ese tema”.

Líneas ya descartadas

Según los fiscales entrevistados, había una niña a la que los monitores denunciaron porque les llamaba la atención  de que se escapaba y volvía a entrar, e incluso ella misma llegaba.

“Nos referían que esta niña se encargaba de llegar a reclutar niñas para explotarlas  sexualmente, por ejemplo.  Ese fue uno de los puntos que nosotros investigamos, y sí, ella entró tres veces  al hogar y a otros, y  también  se escapó. Se llevó niñas,  también  es cierto”, indicó.

Pero agregó que en la investigación, aunque solo han entrevistado a 12 de las que  se escaparon con ella, se estableció que la joven es drogadicta y que se mantiene en dos parques de la zona 1. Su actividad principal es drogarse y oler pegamento.

En la investigación se estableció que se escapaba y se llevaba a otras menores y luego cada una tomaba su camino, por lo que se descartó esa línea.

Los fiscales entrevistados comentaron que una de las niñas que falleció en el incendio era señalada de sacar a otras siete del hogar, quienes supuestamente habían sido reclutadas por la Mara 18, pero esa teoría  también fue descartada, porque en las pesquisas comprobaron que no hubo un reclutamiento, ya que las menores pernoctaron en una casa ubicada en la zona 18, pero al localizar a sus familiares se fueron, incluso  a departamentos.

La Fiscalía de Niñez y Adolescencia incluso efectuó unos 12 allanamientos en la zona 18 porque la Policía tenía la teoría de que las menores se han escapado y ahora pertenecían  a la Mara 18; sin embargo, tampoco ellos encontraron algo, incluso allanaron una misma casa que la Fiscalía de Trata.

“Nosotros entrevistamos a niñas que se escaparon con esa niña, que pernoctaron  en esa casa y nos explicaron cómo fue que se escaparon y que en ningún momento les ofreció que se integraran. Los relatos fueron en tiempos diferentes y distancias lejanas y cuando escucha una declaración en un departamento del altiplano y otro en  uno de oriente y todo coincidía y allí es donde nosotros verificamos que sí hay una línea de información”, afirmó un fiscal.

Alerta

Los investigadores refirieron que la primera información sobre posible trata la tienen a finales de octubre y principios de noviembre, esto derivado de una fuga masiva cuando evadieron el proceso  39 adolescentes.

Los fiscales afirman que desde que ocurrieron los hechos de evasión no han logrado establecer  ningún tipo de elemento del delito de trata.

Agregaron que a partir de la fuga de las 39 menores, cada vez que se localizaba a una a través de las alertas Alba Keneth las abordaban para determinar cuál era la razón de esa fuga, y es ahí en donde se ha descartado que esas fugas sean por  reclutamiento.

“La investigación por lo cual fuimos incluidos a Virgen de la Asunción fue por un tipo de trata de personas en su modalidad de reclutamiento a delincuencia organizadas; esa fue la principal investigación que la fiscalía inició o tiene en estos momentos”, aseguró un fiscal.

Agregó  que los relatos de las menores entrevistadas concuerdan con una denuncia que la Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo a un juzgado sobre malos tratos, hacinamientos, problemas con la comida e infraestructura en mal estado.

Indicaron que a las  jóvenes que sobrevivieron al incendio se les preguntó si fueron víctimas de trata, pero ninguna de ellas refirió que hubiera sido explotada sexualmente.

Para fortalecer la investigación la fiscalía ha solicitado agregar a los expedientes evaluaciones psicológicas de otras instituciones con los hogares, como la PGN, para encontrar una coherencia en la misma línea  de declaración, “pero pasa lo del Hogar Seguro y esa línea de declaración ya es modificada, ya es cambiante”.

Añadieron que en las entrevistas han incluido  a fuentes directas como las víctimas, compañeras de dormitorios, además de psicólogas que les daban atención en los hogares.

Seguimiento

Ayer se reunieron diferentes actores involucrados para abordar la coordinación y seguimiento de los traslados de los niños y adolescentes del Hogar Seguro que se encuentran albergados en hogares privados  o con un recurso familiar.
Sully Santos, directora interina del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), explicó que se citó a los 27 hogares que tienen a 160 niños de 0 a 16 años que estaban en dicho lugar.

 Explicó que los hogares aún no han recibido lo necesario por parte de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) para atender a los menores, y  uno de los puntos más fuertes son los expedientes que no han sido trasladados.

“Los hogares han logrado tener un buen abordaje, pero necesitan darle seguimiento a los casos de los niños y necesitan los expedientes”, indicó.

Señaló que en la reunión se abordó sobre las deficiencias que han encontrado en el traslado  y las  necesidades que tienen y plantean para atender a los internos.

Santos agregó que también es importante saber si estos van a seguir o no en los hogares privados ya que la SBS no se ha pronunciado al respecto, aunque los jueces fueron quienes autorizaron el traslado y le quitaron a a esta la responsabilidad legal, pero no la moral.

Señaló que hasta el 7 de abril tenían conocimiento que 193 niños regresaron con su familia. La PGN habló que el 45 por ciento de esos niños ya fueron visitados, y que creó  un protocolo de protección donde le deja a la familia para  mantener al menor  dentro del ambiente vinculado a los apoyos institucionales locales.

Harold Flores, procurador de la Niñez, refirió que al 70 por ciento de los niños, tanto albergados como los que fueron entregados a un recurso familiar, ya le han dado seguimiento y que se ha establecido que las condiciones en que están son buenas.

Al consultarle sobre la situación de las menores sobrevivientes al incendio y las dos que ya regresaron de Estados Unidos, indicó que no podía dar  información, ya que es investigación criminal del MP, además que el juez de medidas de protección de niños indicó que hay reserva dentro de la investigación.

 Floridalma Herrera, subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, señaló que la SBS está tratando de individualizar cada caso y de privilegiar el fortalecimiento familiar para que los afectados puedan ser reunificados, aunque es un proceso.

Resaltó que se encuentran revisando los casos de los 26 adolescentes que aún permanecen en el Hogar Seguro para ver la hoja de ruta de cada uno.

La SBS tiene institucionalizados a 197 niños.

Nuevo modelo

Herrera comentó que están en la búsqueda de las casas para que allí se implemente el nuevo modelo de cuidado residencial, pero aún encuentran dificultades porque cuando se enteran que son para llevar a los niños y que es con el Estado, dicen que no.

Agregó que en este modelo buscan tener ente 12 a 15 niños. Entre los primeros que se busca trasladar figuran los menores con capacidades especiales, y los menores que todavía están en el Hogar Seguro.

Refirió que se busca también que quienes ya están ubicados en hogares privados no sean traslados a otros hogares, pero sí se trabaja con ellos el plan de desinstitucionalización, aunque no puede asegurar si los menores los volverán a tener a su cargo.

Para el próximo lunes la autoridades de SBS informarán en conferencia sobre la situación de los niños y la implementación del nuevo modelo.

Para ello decidieron interpretar  la marcha fúnebre Una Lágrima, tradicional de Semana Santa y composición oficial de la procesión de Jesús de Candelaria, obra del compositor Manuel Moraga, en un arreglo especial para cuerdas.

El fuerte viento y el sonido ambiente no interfieren con la sentida interpretación, a la puerta del lugar donde hace exactamente un mes ocurrió el incendio, que evidenció la falta de coordinación y protocolos de crisis así como la negligencia en varias decisiones.

Durante el incendio intentaron salir pero hubo tardanza en que les abrieran la puerta. 19 de ellas murieron en el lugar.

Otras 22 fallecieron en el hospital, debido a la asfixia y graves quemaduras, para un total de 41 víctimas, en una tragedia nacional que llama a la transformación del sistema de protección a menores.

No una, sino muchas  lágrimas, en su memoria.

¿Cuál es el objetivo de su visita?
Apoyar a nuestro equipo en aquello que necesita una explicación, reconocer el esfuerzo, el compromiso y el trabajo.

También Unicef ha venido desarrollando un programa-país, en donde las prioridades en Guatemala están asociadas a las desigualdades, a las inequidades y a las pobrezas. Y lo pongo en plural, que va desde la desnutrición, pasando por los embarazos en adolescentes, hasta la desvinculación de la escuela, especialmente en la educación media de niños, niñas y adolescentes; también la prevención de violencia.

También, sin duda, en el marco de una tristeza profunda  de un evento —incendio en el Hogar Seguro— que realmente nos lleva a una situación no solo de expresar solidaridad, sino también de poner fin a estas situaciones de crueldad sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. Eso, sin hacer oportunismo del dolor.

¿Otro objetivo?
Reafirmar la necesidad  de actuar en esta situación de urgencia sobre este colectivo de niños, niñas y adolescentes que estaban alojados en el Hogar Seguro, y especialmente  poniendo énfasis en la situación de los niños con discapacidad… Tiene que seguir un proceso de reintegración familiar  en los casos que sea familia biológica o extensa, y en los casos que no se puedan dar, estén en una institución adecuada.

Volvimos a reafirmar nuestra voluntad y compromiso de trabajar incansablemente, no solo para aliviar este dolor, avanzar en el reconocimiento de dignidad y la necesidad de justicia.

Es decir, ninguna situación puede quedar desmemoriada o impune,  pero, sobre todo, apostar a aquello que es imprescindible y que así lo reconocen las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que vienen trabajando en una reforma integral profunda, seria, responsable, del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes del país.

El país tiene una deuda con la niñez…

Deuda que no solo tiene Guatemala, hay muchos países en la región. Esta región que tiene más de 150  mil niños y niñas institucionalizados y que podrían no estarlo. No es Guatemala el único país, pero también es Guatemala el que tiene una deuda ética, institucional y social, que el Estado debe promover, que es contar con un sistema de protección integral, sólido, confiable y eficaz.

¿A qué atribuye que Guatemala haya permitido que la niñez, en especial la institucionalizada, se encuentre en esas condiciones?

En derechos humanos y en derechos de niños, niñas y adolescentes la comunidad internacional ha avanzado en la categoría de responsabilidad. Indudablemente son los Estados los responsables de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todos. También es fundamental cumplir con este principio inexcusable de observar y respetar el interés superior del niño.

¿Cómo ve el trabajo de las autoridades?
En Guatemala se está en reformas legislativas en marcha, están en un trabajo de reglamentar y dotar los presupuestos necesarios, porque una ley sin presupuesto  es como una declaración de amor en el vacío.

Creo en las buenas leyes, presupuestos adecuados y políticas articuladas, coordinadas y eficientes, y esto es algo que también las autoridades con quienes me reuní destacaron que habían tomado nota y lo sabían, que en un estado social de derechos la desarticulación, superposición, no claridad de las competencias, roles y funciones, sin duda, se traduce en políticas que generan vulnerabilidad e incertidumbre y, muchas veces, irresponsabilidad.

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¿Cómo se puede ver lo ocurrido en el Hogar Seguro?
En el caso de esta situación dolorosa y cruel, yo me resisto a decir que es una oportunidad. No ha sido ninguna oportunidad para cambiar, para pensar, para asumir que deben transformarse prácticas y  normas  institucionales. No es ninguna oportunidad, es una responsabilidad, un imperativo.

¿Es necesario que el país cambie todo el sistema de protección?
No les traigo yo la novedad. Hace años que lo están trabajando, han incrementado y acelerado el ritmo de un trabajo consensuado, pluralista y con la participación de distintos actores de la sociedad civil. Es como con la vida, uno tiene que hacer muchas cosas durante el día, hay cosas que son urgentes, otras que son importantes, otras no tanto y otras que son impostergables y necesarias. Tiene avanzados criterios de reglamentación. Vamos, es el último impulso que ya lo tiene y no es de empezar de cero. El Estado ha expresado en la figura de su presidente que los niños, niñas y adolescentes son una prioridad en la agenda pública, y eso  tiene que hacerse realidad.

¿Cómo percibe la forma en que el Gobierno ha abordado el tema sobre la niñez y adolescencia en el país?
Insisto, ayer, una vez más, escuché del señor presidente —Jimmy Morales— que la políticas de, para, con niños y niñas y adolescentes son una prioridad. Y, a la brevedad, estoy segura de que hay que traducirla en realidad.

El juez de Instancia Penal, Carlos Guerra, encontró suficientes motivos para encausar al extitular de la secretaríade la Presidencia, Carlos Rodas, a la exsubsecretaria, Anahí Keller, y a Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro, donde ocurrió la tragedia.

Guerra argumentó los motivos que lo llevaron a dictar auto de procesamiento, pues según las primeras pruebas presentadas por el Ministerio Público los tres “abusaron del poder” del que estaban investidos, tienen responsabilidad en los hechos, permitieron el abuso hacia las pequeñas y con su acción “imprudente y negligente”  participaron en la tragedia.

“En las manos de ellos estuvo, de alguna manera, la evitabilidad del resultado final”, dijo el juez, quien durante su resolución cuestionó además cómo la sociedad ha llegado a tolerar “un sistema de Justicia complaciente”, al extremo de que “la corrupción se ha arraigado”  y muchos delitos se ven como normales.

“La adolescentes, si estaban ahí, era para que se protegieran sus derechos (…). Los tres firmaron y participaron del abuso”, reiteró el juez, quien manifestó que los tres acusados dieron su consentimiento para que la Policía las resguardara en un cuarto: “Pudieron evitar la situación, pudieron evitar el maltrato”.

Durante la vista del pasado martes, la Fiscalía estableció que el fuego se originó en un salón de 6 por 7 metros, donde estaban encerradas las niñas “como castigo” desde la noche anterior cuando unas 60 jóvenes intentaron fugarse del centro, supuestamente por los maltratos de los que eran víctimas.

“El incendio duró alrededor de 9 minutos (…) a una temperatura superior a los 300 grados centígrados y gases letales con menos del 21 % de oxígeno necesario. Las probabilidades de sobrevivir en esas condiciones eran mínimas”, dijo el fiscal Edwin Marroquín, quien resumió que la llave de la puerta no aparecía y que las niñas estaban bajo la supervisión de la Policía Nacional Civil  (PNC).

Según las imágenes de la presentación del Ministerio Público  (MP) , muchas de ellas muy duras por el estado en el que quedaron los cadáveres, en el centro estatal faltaba seguridad, había una mala alimentación, poca iluminación, escasos servicios sanitarios y poca privacidad.

La Fiscalía señaló, además, que los bomberos, alertados por un motín y no por un fuego, no fueron llamados a tiempo para sofocar el incendio, y denunció que ni Rodas ni Keller tenían la capacidad para actuar ante emergencias de este tipo por su falta de experiencia.

En la audiencia de este viernes, que continúa a expensas de que el juez decida si los tres procesados deben guardar prisión preventiva y determine el tiempo que otorga a la fiscalía para finalizar la investigación, los familiares de las víctimas presentes en la sala elevaban rezos para clamar por Justicia.

¿Cuál es el objetivo de su visita?

Hemos visitado algunos centros, fuimos al lugar del siniestro para identificar la situación. La visita tiene un objetivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los derechos de los niños que han sido afectados, incluso de los niños que puede estar en esta condición de albergues. A la comisión le preocupa que estos centros tengan las condiciones de vida para que no se repita hechos.

Por esas medidas cautelares que se dictaron queremos acompañar al Estado, pero también a las víctimas para ver cómo contribuimos en establecer mecanismos que les permitan a las instituciones avanzar en visiones, planes y acciones para alcanzar las respuestas. Sabemos que fue una tragedia importante. El número de niños y niñas que están involucrados es alto. Distribuir a esos niños en centros y hogares. La idea es que haya un momento para que el país analice, estudie cuál es la condición de cada uno de esos niños y darles una respuesta. Vamos a reintegrarlos en los hogares que les corresponde.

Un juez resolvió enviar a dos menores al Hogar Seguro.

Hay una necesidad de que las instituciones involucradas se reúnan, articulen, es decir, no es una mera coordinación, sino que realmente se comprometan con lo que implica. Las respuestas deben ser coherentes, articuladas, porque si hay una respuesta judicial de remitir a un niño nuevamente a ese centro, entonces algo no está coordinado allí, falta una coordinación, el centro tiene que reestructurarse.

A su criterio ¿el hogar puede funcionar en las condiciones en que está?

No puede operar con el mismo modelo, allí habían niños pequeños, niños con discapacidad, niñas, señoritas, había jóvenes, adolescentes, una población diversa. La respuesta tiene que ser igualmente diversa. La comisión ha determinado algunos estándares y en materia de internamiento hay que cumplir con esos estándares.
¿Qué tipo de estándares?

No pueden ser instituciones tan grandes porque cuesta más trabajo, no es posible brindar una atención. ¿Qué es un hogar? Un lugar calor de familia pero 600 u 800 muchachos, ¿le puede dar calor de familia? No es posible.

El estándar es que no pueden ser instituciones grandes. Tiene que haber personal personalizado, debidamente identificados con el grupo de niños que se atienden. Ese es un elemento clave, institucionalizar al niño es el último recurso, no el primero.

Entonces, si lo primero que hace un juez es mandar al niño a una institución, hay que estudiar y  analizar cuál es la institución familiar, ¿la familia biológica?  ¿Los familiares? Hay que hacer un trabajo muy profundo.

¿Se debe cerrar el Hogar Seguro, la CIDH emitiría alguna resolución?

Tenemos otros mecanismos, estamos aquí para darle seguimiento al caso, que las medidas cautelares se cumplan, (para que) el Estado se preocupe por producir esos cambios. Yo necesito trabajar con las familias para reintegrar al mayor número de niños a sus hogares, ese es un mandato. Nosotros vamos a darle seguimiento. Hay que investigar ¿qué fue lo qué pasó? Porque allí hubo una situación de violencia porque murieron 41 personas.

¿Por qué la CIDH emite medidas cautelares después de la tragedia, y no noviembre cuando la PDH las solicitó?

Bueno, ese es el gran dolor que sentimos nosotros. Habíamos recibido la petición, la CIDH tiene reglamentos establecidos que tratándose de una medida cautelar que vamos a imponer a un Estado para que haga determinadas cosas. Yo necesito saber lo que el Estado me puede decir para  fundamentar lo que voy a pedir. Lamentablemente la situación era de una crisis que no llegó nuestra respuesta a tiempo. Pero habíamos pedido información al Estado.

¿Les proporcionaron la información?

En su momento no la proporcionó. Como relatora de niñez me preocupé, tenemos que aprobar una medida cautelar y eso implica que tenemos que comunicarnos, nosotros no estamos en la sede en Washington, sino en nuestros países.
Tenemos otra medida cautelar solicitada para los centros de privación de libertad de los adolescentes en conflicto con la ley, para este caso también hay estándares, no todos los delitos deben de sancionarse con pena privativa de libertad, hay que tener otras respuestas. Hay hacinamiento, ahora mismo hay una necesidad de garantizar las condiciones que esos centros estén bien, que la atención de los que están involucrados en custodiarlos sea una respuesta apegada a derecho. No se pueden violar los derechos. Eso es una responsabilidad de quienes los custodian.

¿Van a emitir medidas para estos centros?

Le mandamos ayer (jueves) una carta solicitándole la información al Estado para que nos dé su opinión de cuáles son las condiciones. Estamos esperando la respuesta. Les dimos tres días para contestar y esperamos tener esa respuesta el día lunes.

¿Cuándo podrían estar emitiendo las medidas?

Podríamos estar emitiendo las medidas a partir del lunes o martes de la próxima semana. Según lo que el estado no ha señalado.

Lo importante de la visita es nuestro compromiso con coadyuvar a que el Estado busque los mecanismos, la planificación necesaria para que las cosas avances, pero también con las víctimas. Hemos estado con las víctimas, con los familiares con quienes también nos hemos comprometido a buscar que las autoridades tienen que darles atención.
Si el Estado no envía la información, si no hay respuesta, nosotros no podemos pronunciarnos.

En el caso del Hogar Seguro, ¿no era suficiente la información que trasladado PDH?

Había información valiosa, no hay duda. Recogía un proceso de la historia de cómo se estaban dando los hechos, denuncias que se habían dado. Entonces, el mecanismo de pedir información es un arma de doble filo que hoy enfrentamos con mucho dolor porque no llegamos a poner la medida cautelar en el momento en que debía ponerse, pero a lo mejor (…) y si la hubiéramos dado el día martes, miércoles y hubiese pasado –el incendio– el día viernes. Nos pasó con una defensora de derechos humanos de un país que tenía una medida cautelar de protección, ¿qué pasó?, la mataron.

Nuestro llamado es a que los estados le den el valor a lo que representan una medida cautelar para fortalecer al propio Estado en la respuesta que pueda dar de protección, y le identificamos que hay una situación específica que debe atender, es el papel de la medida cautelar, no es hacer una acusación al Estado, es decirle, mira esta es una realidad que tienes, ponle atención porque la situación puede ser dura. Lamento que con la información no tomamos la decisión.
Lo que tenemos que hacer hoy es que las instituciones responsables asuman su responsabilidad, que tomen decisiones y que se cumplan, que monitoreen los centros, al personal que está allí, porque el Estado cuando interna a un niño se convierte en el responsable de su historia, su vida y de su integridad.

El llamado hoy a la sociedad guatemalteca es que los niños, niñas y los adolescentes son personas, que tiene dignidad,  sentimientos, hay que protegerlos no para el futuro, hay que protegerlos para que su presente sea bueno, sano. Eso va a tener un efecto para todos, para que su vida de niños sea como debe ser, como seres humanos, personas con dignidad, no el sometimiento, no a la violencia contra los niños. Hay una sociedad adulta que no valora lo que representa la protección de su niñez.

Se habla que la CIDH pudo haber cometido alguna negligencia.

No, no creo que pudiéramos aceptar que haya una calificación de esa índole, porque nuestros procedimientos tienen un trámite, seguimos criterios para trabajar en absoluta igualdad y no hacer diferencias. Nuestro mandato es debe seguir los criterios, no se adelante.

Este caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Es posible, si hay peticionarios que la elevaran a la Comisión que se lleve a cabo un análisis además de la medida cautelar para determinar la responsabilidad, si el Estado de Guatemala no hace esfuerzos puede haber una petición individual porque es un mecanismo que se utiliza.

¿Cómo afectaría esto?

Creo que con esto el país toma conciencia de la trascendencia de unos hechos como estos, que hay que darle la relevancia que tiene, hay que agrupar a las autoridades y a las instituciones para su responsabilidad y también es una respuesta a la víctima frente a unos hechos tan trágicos como estos.

Murillo labora en el Organismo Judicial y fue designada como jueza de Paz en San José Pinula, y debió haber entrado al albergue el 7 de marzo pasado, cuando más de 50 menores intentaron fugarse del recinto.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pidió que un juez acudiera al lugar y verificara la situación en la que se encontraban los internos del Hogar Seguro.

La jueza expuso en su defensa que la Policía Nacional Civil (PNC) no la dejó ingresar cuando llegó al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por lo que no pudo efectuar la diligencia.

La Supervisión General de Tribunales, instancia del Organismo Judicial, fue la que denunció a Murillo ante la Junta de Disciplina Judicial, al considerar que había actuado mal.

La exhibición personal que la jueza debía efectuar era para que constatara el estado de los internos y dictara órdenes a los órganos de protección de la niñez y la adolescencia, lo cual no ocurrió.

De esa cuenta fue que la PNC se aseguró del orden en el Hogar Seguro y cerró bajo llave un grupo de internas, donde se produjo el incendio con saldo de 41 víctimas.