Además, solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, el respeto de la independencia de los medios de comunicación, la no censura, y la exhortación a las autoridades de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
La Comisión solicitó sistematizar la información de los atendidos en los hospitales, la investigación de las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y la apertura al escrutinio internacional.
Finalmente, la comisión reclamó “la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional” y “un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones” mediante un calendario de nuevas visitas.
El lunes pasado, la Conferencia Episcopal suspendió las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no había presentado copias de las cartas de invitación a esos organismos internacionales a visitar el país.
Nicaragua cumple hoy 65 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
“El dolor es grande”
La iglesia Católica ha llamado al presidente Daniel Ortega a permitir elecciones generales anticipadas en marzo del 2019 para aliviar la tensión. Pero hasta el momento, el Gobierno no ha respondido a esta demanda en el diálogo con la oposición, mediado por los obispos.
“El dolor en Nicaragua es grande, un pueblo desarmado está siendo masacrado. Las ciudades están en manos de bandoleros”, lamentó monseñor Sivio Báez.
Exguerrillero de la revolución sandinista, Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo concluye en 2021, es acusado de nepotismo y de instaurar con Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.
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Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega.
“El pueblo no se rinde”, “No a la dictadura orteguista”, se lee en paredes de Masaya, una de las ciudades más combativas en la insurrección popular que, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Los ataques ocurrieron un día después que el Gobierno invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a visitar Nicaragua para verificar la situación de violencia, a fin de reanudar el diálogo.
“El Gobierno no puede seguir pidiendo el diálogo y al mismo tiempo cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes (…) debe ordenar inmediatamente” el cese de la represión, advirtió Amnistía Internacional en un comunicado.
Tras los ataques no quedó claro si los jerarcas católicos volverían a convocar el diálogo.
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