IGSS tiene escasez de medicamentos para tratar algunos tipos de cáncer y esclerosis múltiple

Son varios los medicamentos que hacen falta para el tratamiento de distintas enfermedades. La explicación que dan a los pacientes es que no los han comprado.

Por redacción Actualidad

27 de abril de 2024 | 05:00h

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En la Unidad de Consulta Externa “Autonomía” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hacen falta medicamentos para atender padecimientos como cáncer y esclerosis múltiple. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En la Unidad de Consulta Externa “Autonomía” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hay desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, gaucher y algunos tipos de cáncer.

No recibir el tratamiento representa un riesgo alto para los pacientes, pues faltan fármacos que son esenciales para detener la evolución de la enfermedad, y no aplicarlos en el tiempo establecido disminuye la calidad de vida de las personas.

Rituximab, bevacizumab, paclitaxel albúmina, imiglucerasa y natalizumab son algunos de los medicamentos que no hay. Estos se aplican vía intravenosa.

La explicación que han recibido los pacientes es que las órdenes de compra están en evaluación, luego de que sean autorizadas se debe esperar a que haya proveedor, pero esto puede llevar días o semanas.

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Escribir a un número de whatsaap para preguntar cómo va el proceso de compra y cuándo estará disponible el fármaco para que se los apliquen, es la directriz que han recibido los pacientes.

Una persona diagnosticada con la enfermedad de Gaucher tiene más de 15 días de enviar mensajes por la vía indicada para consultar sobre la disponibilidad de medicamentos de imiglucerasa, la respuesta constante ha sido: “No”. Además, le han dicho que escriba todos los días pues en algún momento llegará el medicamento para que se lo apliquen, pero en la lista hay varios pacientes en igual condición.

Dicha enfermedad provoca la acumulación de sustancias grasas en ciertos órganos del cuerpo, en especial el bazo y el hígado, y ocasiona que estos se agranden, lo que afecta su funcionamiento, tal como lo describe en su sitio web la Clínica Mayo de Estados Unidos.

“Esa medicina no me quita la enfermedad, sino que solo me mantiene”, dice un paciente que dio su testimonio bajo la condición del anonimato, e indicó que ese retraso en el tratamiento le ha provocado dolor constante en el hígado, y cualquier fuerza que haga le provoca malestar en todo el cuero, pues sus huesos se van deteriorando.

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“Lo que me dicen es que no me preocupe, pues no soy solo yo en esta situación. Para mí es urgente que el medicamento ingrese, sí o sí”, agregó el jueves último, minutos antes de salir rumbo al lugar donde trabaja, pues llegó al IGSS antes de las 6 de la mañana para hacer fila en el área de hematología esperanzado de que por fin recibiría el tratamiento, pero tendrá que esperar por tiempo indefinido hasta que lo compren.

Sin certeza de compra

En la misma situación están los pacientes con esclerosis múltiple que por falta de la solución natalizumab no han recibido el tratamiento que les permite tener una vida funcional.

Son más de 30 personas las que una vez al mes reciben el medicamento por vía intravenosa, procedimiento que dura aproximadamente una hora. Pero el jueves llegaron y recibieron la noticia que desde hace 15 días no tienen ese fármaco.

“Me afecta no recibirlo, tengo mucho dolor en la espalda baja, en las piernas, llego al punto de que me cuesta pronunciar las palabras. Ya no puedo hacer actividades con mis hijas, en mi casa. Cuando escuché que no había medicina me dieron ganas de llorar, porque sé las consecuencias que esto tiene para mi salud, para mi cuerpo el no recibirlo”, dijo una de las pacientes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y degenerativa que ataca el sistema nervioso central. El sistema inmune carcome la capa que recubre los nervios -mielina- por donde pasa la señal del cerebro al resto del cuerpo y la interrumpe.

Pérdida de visión, problemas de equilibrio y coordinación, malestar corporal, fatiga, dificultad para caminar, hormigueo en las extremidades, dolor de cabeza… la lista de síntomas es larga y no se manifiestan por igual en cada persona.

“Soy madre soltera y tengo una niña pequeña que requiere de mi cuidado. En mi caso, las piernas se me aguadan, me cuesta caminar, y eso me complica el atender a mi hija, y también en mi trabajo porque tengo que visitar clientes. Cuando no tengo el medicamento me ha pasado que no puedo moverme, he perdido la vista en un ojo. No puedo gestionar mis actividades diarias”, dice otra paciente.

En esa lista de quienes están a la espera del ingreso de natalizumab varias personas residen en departamentos, y viajar al hospital de Autonomía en la zona 9 capitalina para que les indiquen que no hay medicamento disponibilidad representa gasto en transporte, de alimentación y en ocasiones de hospedaje, pues deben trasladarse un día antes a la capital para estar en el lugar antes de las 6 de la mañana, pues la fila de pacientes es larga.

“El medicamento es algo que no se puede parar, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que no se le puede dejar de atender. Esto está avanzando sin que le podamos poner un alto. El que no haya medicamento afecta la vida de quienes la padecemos y de quienes depende de nosotros”, agregan los entrevistados.

Se consultó al Seguro Social, a través de su oficina de comunicación, cuál es el atraso en la compra de este tipo de medicamentos y cuándo se tendrá la disponibilidad para regularizar los tratamientos, la respuesta fue que el “Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS se encuentra en proceso para adquisición y está agilizando las compras de dichos medicamentos, tan pronto se resuelva el abastecimiento, estaremos informando a los pacientes”.

El anuncio se da casi seis meses antes de la convocatoria a elecciones y un año antes de que se celebren los comicios generales en Guatemala —25 de junio de 2023— y adelanta que desde el próximo miércoles 22 de junio estará disponible una herramienta de transparencia que obligará a cualquier anunciante que desee publicar anuncios políticos o electorales en Facebook e Instagram a pasar por un proceso de autorización y agregar la etiqueta “Pagado por” en la publicidad.

En Centroamérica, la medida también se aplicará para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Incluye a Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Haití, Isla Bouvet, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves y Venezuela.

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Meta aseguró a Prensa Libre que la decisión es independiente a cualquier regulación interna de los países sobre la publicidad electoral, como el caso de Guatemala, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el que debe contratar la publicidad a nombre de los partidos políticos, a través de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, y de acuerdo con el plan de medios que cada organización política presente antes de la campaña electoral de 2023.

La herramienta

Según Meta, lo primero que debe hacer cualquier persona, empresa u organización que desee publicar anuncios con contenidos considerados políticos o electorales en Facebook o Instagram es confirmar su identidad por medio del documento personal de identificación (DPI) y demostrar que se encuentra en Guatemala. De lo contrario no sería posible contratar la publicidad.

Después de confirmar su identidad, los anunciantes tendrán distintas opciones para escribir la leyenda que aparece en el rótulo de “Pagado por”: pueden seleccionarse a sí mismos, a una página administrada por ellos o a la organización a la que estén vinculados.

En caso de que opten por usar el nombre de su organización o de una página, Meta podría solicitar datos adicionales como número de teléfono, dirección de correo electrónico y el vínculo hacia la página web. La medida incluirá a medios de comunicación o agencias de publicidad que sean contratados para campañas con contenido que se pueda categorizar con las especificaciones antes descritas.

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La información proporcionada estará disponible en la parte superior de cada anuncio —haciendo clic en el ícono “i”—, y según explica Meta, las publicaciones sobre candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales —sean a favor o en contra del voto, alguna ideología o candidato— se almacenarán durante siete años en la biblioteca de anuncios de Meta, donde estarán disponibles para consulta por investigadores, periodistas o personas interesadas de la sociedad civil. “En esta plataforma se podrá obtener más información sobre cada una de las piezas publicitarias, como el gasto aproximado y las audiencias a quienes fueron dirigidas”, afirma la compañía.

Los anunciantes pueden iniciar el proceso de autorización para anuncios políticos y electorales a partir del 22 de junio de 2022, en la configuración de su página, indica Meta.

En caso de que una persona, empresa o partido publique contenido en estas plataformas sin declarar que se trata de una publicación pagada y cumple con las normas fijadas por Meta, cualquier usuario podrá denunciar la publicación y el contenido será evaluado para determinar la infracción y, en caso de validarlo, suspenderla.

No incluye contenido orgánico

A consulta de Prensa Libre, Meta confirmó que la herramienta no incluye el control del contenido orgánico que pueda generarse con información política o electoral por perfiles personales.

Sobre el uso de netcenter o mensajes enviados de forma orquestada, ya sea con información legítima o falsa, Meta asegura que en Guatemala y otros países se apoya de tecnología y un equipo humano para detectar “coordinación inauténtica que busque imponer una narrativa”. La compañía explica que esto es visto como un asunto de seguridad global y que constantemente detectan y bloquean “redes inauténticas coordinadas”. Según comenta, existen casos recientes en El Salvador y México.

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Inversión en redes sociales

En el 2019, el TSE reglamentó que las empresas individuales o jurídicas que presten servicios de comunicación, tradicionales y alternativos tienen la obligación de inscribirse en el TSE. Oficialmente, el Tribunal dejó fuera la pauta a través de redes sociales porque no se inscribieron estas como empresas ante la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

Sin embargo, los políticos pautaron. Ese año el TSE multó a los partidos políticos por Q5.4 millones por propaganda en redes sociales, distribuida, sobre todo, en Facebook y Twitter.

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE dispondrá durante el evento electoral de un presupuesto igual al 0.25% de los ingresos ordinarios del Estado. Por ejemplo, para 2019 se dispuso de Q78.1 millones para contratación de pauta electoral, distribuidos de manera igualitaria entre cada partido político, a razón de un 50% para los candidatos presidenciales, un 25% para alcaldes y otro 25% para diputados.

Estos manuales son producto de profesionales del periodismo que se acercan a las fuentes de información para constituirse en un canal de comunicación entre lectores y funcionarios.

Cada una de las piezas que aquí se presentan contienen información útil, cercana y funcional, desde cómo actuar en caso de ser retenido por la Policía hasta dónde presentar una denuncia, además de temas tan específicos como el trámite de matrícula de circulación. No hay límite para el conocimiento y, por lo tanto, no lo hay para la información.

El Manual Ciudadano es también un compendio de soluciones que, al ponerlas a su alcance, abren una nueva dinámica de comunicación entre los lectores y nuestro equipo de profesionales, de manera que el ejercicio periodístico vuelva a ocupar su principal razón de ser: servir a la población a través de información directa, veraz y objetiva.

En esta oportunidad, le ofrecemos un compendio de lo publicado en 2021 en esta sección. Confiamos en que le será de utilidad.

El proceso normal de adquisición de un medicamento puede llevar unos cinco meses, sin embargo, el tiempo que se reduciría a unos 11 días, señalan. Además que garantizan que las compras se harían en un evento competitivo, publicado en el portal Guatecompras, que permite transparencia en el proceso.

¿Cuáles son los desafíos del Ministerio de Salud en época de pandemia?

Perla Zepeda: Una de las grandes preocupaciones y limitantes son los tiempos que ordinariamente la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) nos exige. Tenemos medicamentos tan urgentes que no podemos esperar dos o tres meses para adquirirlos, sino debemos tener compras eficientes e inmediatas para brindarles atención a nuestros pacientes. Una de nuestras deficiencias es el tema de los tiempos para poder formalizar nuestras adquisiciones.

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¿La LCE no cuenta con mecanismos más ágiles para compras de emergencia?

Perla Zepeda: Actualmente, con el período ordinario de adquisición, la ley solo permite utilizar regímenes como la cotización y licitación. En virtud de que en este momento estamos en un estado de Calamidad, la ley nos permite hacer contrataciones o compras directas y reducir los tiempos.

En un tiempo normal, sin calamidad, aproximadamente nos tardamos entre tres a cinco meses en hacer las adquisiciones, sin embargo, las unidades ejecutoras, todos los hospitales a nivel nacional, están haciendo uso de compras directas que permiten hasta Q90 mil. Resulta que estos Q90 mil, por poner un ejemplo, tenemos unidades ejecutoras que solo utilizan un medicamento en un día o dos días máximo por el alza, entonces, las unidades ejecutoras están cayendo, lastimosamente, en la figura de fraccionamiento, porque no podemos concluir con un evento de licitación porque el tiempo apremia y en cuestiones de salud no se puede esperar porque hablamos de vidas. Entonces, los directores de las unidades ejecutoras para proteger el bien jurídico tutelado, que es la vida, han realizado compras de manera fraccionada por Q90 mil.

¿Cuáles son los mecanismos que garantizan la calidad y competencia en los procesos de compra?

Perla Zepeda: Las compras se van a realizar a través de un evento competitivo, publicado en Guatecompras y pueden ser fiscalizadas por los ciudadanos y tenemos un procedimiento interno que contempla, incluso, la figura de la supervisión de las compras. Esta supervisión se realizará a nivel de unidades ejecutoras, que son 86 y se revisarán en calidad, precio, para verificar que el gasto público se haga con todos los mecanismos de transparencia.

No es un cheque en blanco, hay procesos transparentes donde publicamos toda la información en Guatecompras y tenemos servidores públicos que calificarán los productos para que se termine de formalizar la adjudicación.

¿Cómo garantizar esa calidad y precio competitivo?

Perla Zepeda: Estos eventos son públicos. Aquí la transparencia es 100%, no es que vayamos a comprar a cualquier proveedor, sino son eventos que se publican en Guatecompras y depende de características, calidad, preciso de entrega. También hemos tenido problemas con los proveedores y no todos los proveedores están abastecidos y estos retardos provocan, entonces, que tengamos que buscar otros mecanismos de solución para la adquisición de medicamentos, en otros casos, son los médicos que buscan otro tipo de medicamentos.

Jorge Luis García: Es importante y es una disposición de transparencia que se encuentra en el decreto del estado de Calamidad, donde establece que para la adjudicación de todo eso se deben observar ciertos criterios, es decir, ya están las reglas de cómo se va a comprar.

Esos criterios son: calidad, precio, tiempo de entrega y que el giro comercial del proveedor sea acorde a la naturaleza y objeto de la adquisición. Adicionalmente, las entidades, porque no solo es el Ministerio de Salud sino también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ya a lo interno, ellos en base a su estructura administrativa y esa agilidad de las compras, podrán establecer otros criterios adicionales, pero siempre respetando los que están fijados en la ley, que parte del cumplimiento de parámetros internacionales en compras públicas. El decreto tiene los criterios elementales.

Guatecompras está incluido y comprometido a agilizar en 24 horas las publicaciones de los concursos, ¿cómo se ha preparado el Ministerio de Finanzas para responder a esta obligación?

Jorge Luis García:  El equipo de la dirección trabajó a partir de ayer, cuando se conoció el estado de Calamidad. El sistema está ya parametrizado para que las compras al amparo de este decreto tengan un lugar específico para su publicación. El tema de las horas son las horas mínimas, importante porque las entidades según sus necesidades y lo que estén comprando, porque no precisamente lo deben dejar publicado 24 horas. Lo que se pretende acá, entendemos en la disposición, es que las compras sean competitivas y hay una oportunidad de manifestar ofertas y no sean compras a dedo o direccionadas que sea lo que castiga el trabajo de las instituciones en materia de sus compras.

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¿Cómo funciona el registro de NOG y NPG para cumplir parámetros de transparencia en las compras?

Jorge Luis García: El decreto autoriza que todas las compras inician como procesos competitivos y el evento se crea a través del Número de Operación Guatecompras (NOG). La otra modalidad, directa, la que no son competitivas se registran a través de un Número de Publicación Guatecompras (NPG).

¿Cómo van a operar las compras según las condiciones fijadas? El Ministerio de Salud y el IGSS van a tener que, en la compra de medicamentos, insumos, servicios hospitalarios, iniciar como evento competitivo. Pero hagamos de cuenta que, no obstante, se haya realizado la publicación del evento y no recibe ofertas, no se puede quedar esperando publicar otra vez el evento, entonces, una vez cumplido el requisito, y ante una posible ausencia de ofertas, se faculta para que estas instituciones, ya una vez intentado el evento competitivo, lo puedan realizar de forma directa que sí les provea y esto lo registrarían a través de una publicación NPG.

Hay tres excepciones para eventos competitivos: la primera es la contratación de recurso humano, es decir, no se va a ofertar que participen candidatos para suscribir contratos, eso no va a concurso y el Ministerio sacará manifestaciones públicas según su necesidad y establecerán los requisitos de los perfiles a contratar y formalizar un contrato y no van a lo competitivo.

Tampoco va a lo competitivo el arrendamiento de bienes inmuebles, y no solo por el decreto, desde la propia naturaleza de la Ley de Contrataciones del Estado no son eventos competitivos, lo que se refiere es que la justificación de este arrendamiento la entidad debe justificar la necesidad por su localización o por su tamaño, condiciones propias del bien inmueble que es el que se desea arrendar.

El tercer proceso lógico es que, si no hay ofertas en un proceso competitivo, se declara el evento desierto y se crea un evento de adquisición directa.

Hay un listado básico de compras por excepción y hay insumos que ya están en contrato abierto, ¿cómo se aplican los criterios para las adquisiciones?

Perla Zepeda: Es un tema eminentemente técnico. El listado nace en virtud de las necesidades hospitalarias y son los técnicos hospitalarios quienes han realizado el listado básico de los insumos que necesitan. Ahora, en el mismo decreto se establece que se debe verificar que este listado no esté en contrato abierto, porque es la limitante, que, si está en contrato abierto y es más barato que una compra directa, obviamente debemos hacerlo a través de contrato abierto. Asimismo, también tenemos en nuestra norma interna que todo el que solicite una adquisición debe verificar previamente que la compra no esté en contrato abierto.

Jorge: Después del listado básico que se publica en el decreto, hay un mandamiento que especifica que antes de comprar se verifique si hay bienes, suministros o servicios que estén en contrato abierto y no pueden comprar fuera del contrato abierto, por ejemplo, el oxígeno está en contrato abierto, pero ¿por qué se incluyó? Pues porque el nivel de exigencia de oxígeno no solo lo requiere Salud y el IGSS, también las municipalidades apoyan con temas de salud y compran oxígeno y lo que puede ocurrir es que el nivel de demanda sea tan alta y desabastezca los renglones del contrato abierto y se incluyó para que los proveedores si en algún momento indican que necesitan ciertos días para reabastecerse de productos o materia prima por atender la demanda, entonces, esa es una restricción que hace el decreto, pero es importante que las unidades ejecutoras entiendan cómo va a operar este tipo de adquisiciones.

¿Cuál es la estimación de los tiempos que se ahorrará para la compra bajo modalidad de excepción?

Perla Zepeda: Con el uso normal de la LCE, una licitación, que es el monto de Q90 mil, más o menos nos tardamos como unidades ejecutoras aproximadamente cinco meses para formalizar una negociación, más no para recibir los productos, que eso depende de la capacidad de los proveedores.

En el estado de Calamidad, con los lineamientos establecidos en este decreto y lineamientos propios, aproximadamente, de cinco meses vamos a poder reducir los tiempos de formalización de la negociación en aproximadamente 11 días, en un proceso transparente que llene todos los requisitos establecidos en el decreto presidencial.

Jorge: Sin el estado de Calamidad las entidades están sujetas a los plazos normales de la ley y la emergencia sanitaria da una anormalidad de compra que debe ser atendida, entonces, si quieren comprar medicamentos y, por ejemplo, comprar Q3 millones en anestésicos, y por disposiciones de la ley, una licitación tiene que quedar publicada en Guatecompras como mínimo 40 días calendario para pasar al proceso de recepción y calificación de ofertas. En esta emergencia, las condiciones que llegó el Ministerio de Salud, no puede esperar 40 días para comprar anestésicos porque lo necesitan de urgencia y ahí es donde se encuentra la respuesta de por qué la necesidad del estado de Excepción y la ley por eso contempla también esta figura.

¿Está contemplando el Ministerio de Salud modificaciones presupuestarias para garantizar los recursos financieros?

Perla Zepeda: Efectivamente se tiene contempladas ampliaciones presupuestarias, de hecho, se ha gestionado la ampliación para poder obtener los insumos.

El Ministerio de Finanzas también abre otros canales de transparencia para seguir las compras por excepción, ¿cómo funcionarán?

Jorge: Se establece un mandato al Ministerio de Finanzas para que a través de los portales se cree un programa en específico donde se van a registrar el detalle de los gastos que se están haciendo al amparo de este decreto. El portal estará listo desde la página oficial del Ministerio de Finanzas Públicas y también a través de un enlace en el sistema Guatecompras, para que todo el que quiera saber dónde está el gasto pueda acceder a la información.

Como dirección y ente rector de adquisiciones públicas, recomendamos a las entidades que tengan una muy buena justificación de las compras al amparo del decreto. Es un decreto muy claro que detalla qué es lo que se permite comprar y hay tres verbos muy importantes en el decreto: todo lo que se deba comprar debe estar vinculado a prevención, diagnóstico y tratamiento.

Los documentos también confirman que desde entonces había dudas sobre las garantías de Rusia para proveer las vacunas a Guatemala.

Durante una citación de la comisión de Previsión Social, presidida por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se tuvo acceso a comunicación por escrito entre la Cancillería y el Ministerio de Salud, sobre el interés que había desde noviembre del año pasado de comprarle vacunas a Rusia.

Cuáles eran los avances de los estudios clínicos para garantizar la eficacia y seguridad el fármaco, hasta el período de entrega que tenía capacidad Rusia, eran parte de los cuestionamientos que Salud planteó a Rusia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez, durante la cita legislativa, también reconoció que fue el canciller Pedro Brolo quien hizo el primer contacto con Rusia, como posible proveedor de vacunas.

Martínez dijo desconocer si el interés de negociar con Rusia la compra de Sputnik V venía de una orden presidencial o sugerencia del propio Ministerio de Salud.

Según Martínez, la Cancillería ha tenido “contacto permanente” como un canal de comunicación entre Salud y la Federación de Rusia, sin embargo “la negociación y otros detalles ha sido el Ministerio de Salud”.

Agregó: “No se trata de tirar la pelota para otro lado, sino simplemente de cuál es el rol y función que corresponde a cada institución”.

Durante la citación, el diputado Carlos Barreda cuestionó si la solicitud de negociar con Rusia fue una orden directa del presidente Alejandro Giammattei. “Hay preguntas que corresponden directamente al canciller. No puedo afirmarlo, no tengo el conocimiento”, respondió el vicecanciller Martínez.

Según la Cancillería, así como se giraron cartas de interés de compra a Rusia de su vacuna Sputnik V, también se girón entre agosto y septiembre otras manifestaciones de interés a otros países, aunque no precisó a quiénes.

Las preguntas de Salud a Rusia, en noviembre del 2020:

• ¿Avances en los estudios clínicos que garanticen la eficacia y seguridad?
• ¿La vacuna Sputnik V está precalificada por OPS/OMS?
• ¿Mecanismo para adquirir la vacuna?
• ¿Cuántas dosis de la vacuna por esquema se debe administrar?
• ¿Será parte del mecanismo Covax?
• ¿Se puede solicitar la cantidad de dosis que el país desee?
• ¿Cuánto sería el costo aproximado de la vacuna?
• ¿A partir de qué fecha estaría disponible en el país?
• ¿Período de tiempo que demorará para la entrega?

Mecanismo Covax

Pese a que la ministra de Salud, Amelia Flores, en ocasiones anteriores ha indicado que el mecanismo Covax ya no enviará vacuna de AstraZeneca, este lunes 19 de julio en citación con diputados, el jefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud, Erick Belding, aseguró que el país recibirá más dosis de la referida marca a través de este mecanismo.

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Carlos Contreras llegó al Igss nombrado por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Durante su gestión siempre hubo ataques, reconoce, sin embargo la llegada de Alejandro Giammattei al Ejecutivo significó una escalada de señalamientos y críticas directas hacia su gestión.

Finalmente se cumple con el mandato y Contreras deja la presidencia y será Giammattei quien nombre a su sustituto. En la siguiente entrevista, el todavía presidente del Igss hace un repaso por su gestión y reconoce el miedo que los ataques sigan incluso cuando deje el cargo.

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Si tuviera que priorizar las atribuciones del presidente de la JD del IGSS ¿cuáles serían las tres principales?  

Desde el punto de vista más general lo primero que tenemos que tomar a consideración es cuando se ejerce una función pública se hace bajo juramento

de respeto a la Constitución y a las leyes, de manera que la primera de las prioridades es que las actuaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las acciones del presidente de la Junta Directiva y lo que tiene a su cargo que es coordinar la Junta Directiva es que se enmarque al cumplimiento de la misión para la que el IGSS fue concebido y la misión consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es la primera prioridad, el presidente tiene que hacer que se cumpla la Constitución y la ley y eso implica el cumplimiento de la misión del IGSS para llevar seguridad social a todos los guatemaltecos.

La segunda cuidar que todos los recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que son invertidos por los guatemaltecos sean administrados, sean ejecutados de una manera totalmente honrada, quiere decir que sea transparente la gestión, que todo mundo pueda ver que es honrada y que cada gasto que se haga se haga en función del cumplimiento de esa misión sin desviar ningún centavo, ningún recurso para cumplir objetivos que no son los del IGSS, y esto lo digo porque una de las grandes tentaciones de mucha gente que ha estado en el IGSS es utilizar los recursos del IGSS para beneficio ya sea de algunas personas en particular o en mismos, ese es el segundo tema fundamental.

El tercer tema fundamental es dar un servicio de calidad, que la tercera prioridad qué tiene que ver un presidente de la Junta Directiva del IGSS es que todo trabajo que haga la Junta Directiva lo anime y aprovechen los planteamientos de la Junta Directiva para que las directrices que lleguen a la gerencia sean directrices que aseguren ir mejorando la calidad y la calidez del servicio de la seguridad social para los guatemaltecos, esas son las tres cosas fundamentales que tiene que hacer un presidente y no puede desviarse de ello.

¿Cuál fue el mayor problema que encontró en el IGSS cuando asumió el puesto? 

Bueno la primera que nosotros detectamos es que había una concentración en las adquisiciones en muy pocos proveedores, entonces nos dimos cuenta que la estructura del sistema de admisión del IGSS de alguna manera se inclinaba a favorecer a algunos sistemas de compras, lo que nosotros hicimos fue entre esas prácticas estaba por ejemplo la dispersión en las compras, es decir que todas las unidades compraban por su lado, como les convenía cuando les convenía,  entonces nosotros eso encontraste lo que promovimos fue la consolidación de las compras para poder permitir una economía a escala, en lugar de comprar en disperso o en poquitos lo que hicimos fue, para eso contratamos a UNOPS, hicimos el convenio y consolidamos todos los pedidos y los colocamos en una sola gran licitación, eso es un tema bien importante, la consolidación de las compras para generar economías de escala.

Segundo fue que nosotros revisamos que los que los términos de referencia de las compras fueran equitativos y fueran honorables, de manera que todos los proveedores que tuvieran interés de venderle al IGSS no tuvieran ninguna desconfianza, que cuando se acercaban al IGSS a vender algo no fuera haber un sesgo para que sólo unos productores o algunos se beneficiaran, entonces se generaron términos de referencia para que todos el que quisiera venderle al IGSS pudiera hacerlo sin problemas, esto generó la apertura de las compras y generó competencia , y esa competencia tuvo como resultado que el IGSS pudiera comprar calidad a precios competitivos,  a precios más baratos pero sin perder la calidad.

¿Cómo nació esa iniciativa de incluir a UNOPS?

UNOPS venía trabajando con el IGSS para la construcción de hospitales, pero nosotros ampliamos el margen de trabajo con UNOPS y suscribimos un nuevo convenio que tiene dos componentes; primero el componente que nos apoyara con las acciones pero al mismo tiempo con la transformación de los sistemas y la institucionalidad interna para las adquisiciones, nosotros en ese momento no solo atravesábamos un problema muy claro en el que el control sobre las adquisiciones no estaba dentro del IGSS, sino fuera del IGSS entonces retomamos el control sobre las adquisiciones. Nosotros decidíamos que se compra, cómo se compra, en qué momento, eso no sucedía totalmente, eso era un problema.

El otro problema  es que acaba de surgir la apertura de juicios en contra de Juntas de Licitación, entonces ninguna Junta de Licitación quería adjudicar, eso estaba generando desabastecimiento, pero por otra parte la Junta Directiva decidió que todos los eventos de adquisiciones de un periodo histórico determinado que estaba para  proceso de tramite no podían estar favoreciendo a algunos proveedores, entonces la Junta Directiva sobre la justa causa de defender los intereses de la hacienda del IGSS, de la haciendo publica, fue prescindiendo de esos de esas licitaciones.

Entonces eso generó un proceso en donde entra UNOPS para ser UNOPS quien compre en nombre de IGSS para que lo haga de manera transparente, para que lo haga de manera consolidada y bajo el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces ese proceso se fue acompañando de un proceso adicional de creación de institucionalidad que garantizara calidad y competitividad las adquisiciones.

Nosotros generamos tres instituciones  claves; la Dirección Terapéutica Central, para vigilar la calidad de los medicamentos y para que se determinará a través de procesos técnicos cuáles  son los medicamentos que le conviene a los afiliados, que enfermedades tienen que cubrir, cuáles son las calidades de los medicamentos, y la Dirección Terapéutica Central fue la encargada de conducir el proceso.

Con UNOPS se contrataron a la Universidad Javeriana de Colombia y después a la Universidad de la Plata, ese contrato lo facilitó OPS, lo que hicimos fue revisar todo el listado base de medicamentos para que el listado básico que es sobre los que el IGSS compra  fuera transparente, fuera él necesario y fuera competitivo.

El segundo gran elemento fue crear la Dirección Técnica de Logística porque no se sabía cuántos medicamentos había, en dónde y cómo estaban distribuidos, no había información sobre qué medicamentos había o insumo médico quirúrgico, entonces la Dirección Técnica Logística es una nueva institución, creada siempre bajo el apoyo de UNOPS para poder controlar toda la información sobre los abastecimientos, yo hoy se lo que hay de medicamentos en cualquiera de las unidades, cuales están necesarios de abastecer y en cuales hay abundancia, tampoco permite hacer sobre compras para que haya sobe abastecimiento.

Se creó la Unidad de Inteligencia de Mercados que evalúa por ejemplo la razonabilidad de los precios, nosotros con UNOPS generamos un sistema que consulta 14 países, entonces nosotros sabemos la razonabilidad de ese precio, en Junta Directiva hemos rechazado y prescindido de un evento que estaba al doble del precio que estaba en México y El Salvador, entonces nosotros no lo compramos porque tenemos una Unidad de Inteligencia de Mercados.

Esa institucionalidad  nueva del IGSS ha sido la que ha permitid que se generen como consecuencia economías muy interesantes y beneficiosas para el IGSS.

“Hubo presiones, pero las presiones se han generado de distintas maneras, porque a nosotros hay presiones que nos vienen contra UNOPS, eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente fuertes de algunos órganos del Congreso de la República”.

¿En este tiempo hubo presiones directas, o difíciles de resolver para que UNOPS llegue a institucionalizar estas tres unidades?

Nosotros hemos ahorrado alrededor de Q1 mil millones anuales, hubo presiones pero las presiones se han generado de distintas maneras porque a nosotros hay presiones, por ejemplo que nos vienen contra UNOPS eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente, fuertes, de algunos órganos del Congreso de la República.

Hemos recibido presiones básicamente de esos dos grandes núcleos y por supuesto eventualmente también se ha estado utilizando últimamente la judicialización de la compra de medicamentos, es decir que algunos supuestos interesados, o interesados de verdad acuden a las Cortes de amparo para obligarnos a comprar medicamentos que no están en el listado básico medicamentos, porque nuestras instancias técnicas evidencian que no forzosamente es necesario ese medicamento, que ese medicamento lo único que hace es alargar un poquito la vida de un paciente o medicamentos que igualmente podríamos comprar la marca no original, pero ya no son de patente protegida.

Algunos amparos nos obligan a comprar medicamentos de marca y eso va contra la ley, porque la ley dice que no se pueden comprar medicamentos de marca.

¿Las presiones vienen de proveedores, de farmacéuticas o también de otros sectores?

Es difusa. La presión la recibe el IGSS fuertísima pero está muy bien estructurada la presión para venir de distintos ámbitos, pero el proveedor que es excluidos de una compra porque no es competitivo no viene directo, sino que utiliza otros mecanismos para presionar que compremos su producto y eso nos hace a nosotros gastar hasta unos Q500 millones al año que podríamos ahorrarlo, y eso es lo que quita recursos para poder mejorar en el equipamiento de las instituciones.

“Esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS”.

¿Esta gestión y los ahorros que hacen con UNOPS dependen del presidente del IGSS? Se aproxima el cambio de presidente de la Junta Directiva, es decir ¿Podría cambiar el sistema de compra que hace el IGSS?

No deberían cambiar las cosas porque un presidente tiene un voto de seis de la Junta Directiva, no deberían cambiar las cosas porque la Junta Directiva es la que ha orientado estos cambios, sin embargo como las presiones son difusas uno debe saber que la corrupción es básicamente una actividad delictiva y un delincuente se cuida de no ser atrapado, entonces manejas distintas instrumentaciones para poder lograr su objetivo.

Yo al día de hoy tengo la absoluta confianza en la Junta Directiva y en la Gerencia y en las instancias que hemos creado, solo un modelo de mucha presión, por ejemplo utilizando eventualmente señalamientos de  que hay ilegalidades en estas decisiones son las que podrían  botarlas; que vengan instancias ya sea de control o de justicia que digan que todo lo que hicimos es ilegal y que entonces hay que quitarlo, esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS.

¿Hay algún temor directo en su persona por haber liderado estos cambios?

Por supuesto que hay un temor directo en mi persona que para cambiar todo lo que hicimos señalen que es delictivo, señalen que es ilegal y que como consecuencia hay que quitarlo y perseguir a quienes hicieron estos esfuerzos de transformación.

¿Cómo es la relación con el resto de representantes en la Junta Directiva para lograr esos consensos?

La Junta Directiva está integrada por personas muy competentes, muy honorables y comprometidas, de manera que lo que se ha logrado es de todos y yo lo que he hecho es armonizar debates, hay veces donde no estamos todos de acuerdo con lo mismo y hay votos en contra y favor, eso es normal; lo que sí es muy importante que la cabeza tiene que mantenerse limpia, en esta dirección fríamente porque si pierde el norte puede empezar a causar problemas, por eso se requiere a una persona competente y que entienda la responsabilidad social, que la quiera y la aprecie como una estrategia importante de la nación.

El puesto que usted debe de dejar porque termina su mandato lo debe elegir el Presidente, es de dominio público que ha habido diferencias ¿A qué obedecen esos distanciamientos y esa falta de trabajo entre el Ministerio de Salud y el IGSS en época de pandemia?

Yo no sabría decirle, no tengo respuesta sobre ese tema, yo no conozco al presidente, una vez lo he visto. Lo que sí es importante  que esta Junta Directiva, la presidencia y la gerencia del IGSS hemos sido muy celosos de la autonomía, es una autonomía constitucional orgánica que es imprescindible para poder manejar un órgano de la sociedad, del pueblo de Guatemala que tiene tantos recursos y tantas responsabilidades, nosotros hemos sido enfáticos en la defensa de la autonomía y creemos que esa es una de las misiones primordiales que va a tener el nuevo presidente de la Junta Directiva, mantener enarbolada la bandera de la autonomía del IGSS.

“La coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social”.

¿Qué tan importante es la coordinación del Igss con el gobierno?

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes tenemos que tener una coordinación que es necesaria y esa coordinación se ha revelado indispensable en la atención de la inmunización y de la vacunación porque nosotros no tenemos acceso a comprar vacunas porque los proveedores no nos venden, sólo al gobierno.

Se necesita una coordinación para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pueda tener acceso a los procesos de negociación y pueda tener acceso a las vacunas que de cualquier medio el gobierno logra, ya sea a título de compra o de donación, el IGSS atenderá sus responsabilidad y tendrá que pagar, eso está previsto pero la coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social.

¿Cuál fue el mayor reto para el IGSS hacerle frente al coronavirus?

El reto es que nosotros estábamos ante un fenómeno desconocido y que reclamaba una atención especializada con equipamiento especializado, nosotros no teníamos la suficiente infraestructura de intensivos, entonces teníamos limitaciones de carácter de información, equipamiento e infraestructura.

Nosotros actuamos muy rápidamente, la Junta Directiva impartió las instrucciones que tenía que impartir, la Gerencia puso a disposición de la estrategia los recursos, se fijó un presupuesto de Q500 millones, se aprobó la creación de 2 mil plazas y con esos recursos se generó una nueva infraestructura, transformamos tres unidades en hospitales para covid en área de última generación, cuatro con el de Quetzaltenango.

Transformamos  y mejoramos los intensivos de los hospitales centinelas que son el hospital de zona 9, el hospital el hospital de zona 6, el hospital de Mazatenango el hospital de Puerto Barrios y el de Escuintla, de manera pues que nosotros, y se generó también la inversión en equipamiento tanto inmediata a través de nuestros órganos de adquisiciones como de UNOPS, dimos la instrucción y se consiguieron por ejemplo ventiladores, monitores de la mayor calidad a precios muy competitivos, de manera que nosotros con esos Q500 millones de quetzales, Q540 millones aproximadamente, logramos salir adelante con la crisis y además logramos comprar dos hospitales modulares que se están armando en este momento en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, para capacidad de 240 camas, como el hospital de Quetzaltenango con 240 camas, y uno de 164 camas en Escuintla.

El IGSS salió adelante con el equipamiento necesario, con la infraestructura necesaria y los insumos medico quirúrgico y con los medicamentos, con la suficiente protección a nuestros trabajadores.

¿Se pudo unir fuerzas y trabajar con Salud el problema de la pandemia y ahora el plan de vacunación?

La pandemia la trabajamos de manera diferenciada, cada uno cubriendo sus necesidades y en la vacunación nosotros estamos atenidos a lo que nos entregue.

El presidente dice ahora que el IGSS se va a encargar de la vacunación de maestros ¿Cómo se trabaja ese plan?

Nosotros ya teníamos un plan de vacunación bien elaborado y nosotros por supuesto dentro de nuestros afiliados están los maestros, tanto de la educación pública como de la educación privada, esta prioridad la vamos a atender con la mayor eficiencia posible pero tenemos que tener en mente no descuidar otros segmentos de la población vulnerable, con enfermedades catastróficas, gentes de edad mayor; de cuenta que si el gobierno nos da las vacunas que se necesitan vamos a cumplir con nuestra misión, si no tenemos las vacunas no podemos.

¿Alguna recomendación o consejo para al próximo presidente del IGSS?

Primero le deseo muchísimos éxitos, creo que él hereda una institución en marcha, pujante, con una muy buena Junta Directiva y excelente Gerencia, con programas muy importantes, está el convenio de infraestructura con UNOPS, que le llamamos INFRA IGSS, ya está en marcha diseñando los nuevos hospitales de alta especialidad, hospitales generales, también en el interior del país, de manera que en el año 2025 si no se interrumpen los procesos se estarían inaugurando estos hospitales; igualmente están los procesos de fortalecimiento institucional  que implica una nueva arquitectura organizacional que va en marcha, una inversión importante dentro de INFRA IGSS, todos los temas informáticos para poder abrir el IGSS con sus expedientes electrónicos, con su red de hospitales que va a ser necesaria, sobre todo para poder responder a las pensiones.

Dar respuesta a las pensiones en días, ahora no tardamos meses, muchos meses, entonces el nuevo presidente tiene servida la mesa para poder darle al pueblo de Guatemala una seguridad social con amplia cobertura, con mucha calidad y una racionalidad en los recursos financieros.

Otra cosa que tiene que seguir haciendo el presidente del IGSS es luchar porque el gobierno de la república disponga de los recursos para pagar con las obligaciones del Estado para con el IGSS, tanto como patrono, la atención de jubilados, la cuota que le corresponde como Estado porque es indispensable para seguir con la seguridad social y la sostenibilidad financiera que se busca hacer.

¿Cuál fue su peor experiencia en estos años de trabajo?

Todas las experiencias han sido satisfactorias porque han sido de construcción, de moderación, moderar nuestra Junta Directiva y de defensa de la autonomía, todos los días el presidente de la Junta Directiva del IGSS tiene alta satisfacción.

¿Cuáles son los planes para Carlos Contreras?

Me voy a la esfera privada, con mi familia, tengo un proyecto empresarial privado, primero Dios va a funcionar y a eso voy, alejado de toda la vida pública.

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Alejandro Giammattei: “No vamos a poder tener el país cerrado para siempre”

Entre otros temas, el mandatario también reconoció los atrasos en la ejecución del presupuesto y la necesidad de replantearse nuevas metas, alteradas por la pandemia.

En el plano de reactivación económica, Giammattei expuso que es necesario impulsarla y recordó la necesidad de inversión que vendrá, por ejemplo, de préstamos como el del Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$594 millones, que llegará en las próximas semanas al Congreso para su autorización.

—Sobre el crecimiento económico, el cierre proyectado por el Banco de Guatemala este año oscila entre el -1.5% y -3.5%. Sin embargo, organismos como el FMI o el Banco Mundial prevén preliminarmente un -4%. ¿Por qué hay optimismo acerca del golpe económico por la pandemia?

—No es que digamos cosas distintas. Los organismos internacionales están utilizando un patrón mundial. Partimos de la premisa de que el decrecimiento del mundo va ser del 5.2%. Nos ubican entre el -3.5 y -4, por debajo de la media que ellos han estipulado que ha sido el impacto mundial.

Vemos signos alentadores en varias cosas. Tenemos que reconocer que el país nunca estuvo cerrado totalmente, la agricultura siguió funcionando, en los puertos, el retraso del comercio con China hizo que muchas de las importaciones quedaran rezagadas por meses, el IVA importación se ha caído, el IVA local (doméstico) está prácticamente igual que el año pasado. Si eso se mantiene así, el IVA de las exportaciones también disminuyó porque nuestros mayores consumidores disminuyeron.

Hay perspectivas de una reactivación. Ya el dinero está fluyendo un poco más. El dinero del Bono Familia está reactivando el comercio local, repotencia el consumo interno, y nuestra perspectiva es que al cierre del mes anterior, aunque nunca se puede ser preciso, será entre un -2.5% y un -3.5% (el crecimiento del PIB), con una perspectiva que, si seguimos a este ritmo, poderla disminuir. Nuestra perspectiva es más halagüeña que la que tienen otros.

El endeudamiento es del 31% de nuestro PIB, comparado con otros países del área centroamericana que ya superaron el 100% con déficits fiscales exageradamente altos. Para nosotros la situación todavía es controlable.

—La semana pasada, la Junta Monetaria dictaminó favorablemente el préstamo del FMI por US$594 millones, ¿hay algún interés concreto desde el Ejecutivo para que se apruebe este nuevo financiamiento en el Congreso y cuál podría ser el destino?

—Ese y otros préstamos más se pasaron a la Junta Monetaria para autorización del Congreso de la República. Estamos preparando un capítulo del presupuesto que lleva la reactivación económica. Uno de estos lleva la generación del empleo. La segunda prioridad es la salud, porque todo lo que hagamos en tema de reactivación económica va a traer, como consecuencia, un aumento de casos de coronavirus, eso es una lógica a pesar de que el departamento de Guatemala va aplanando su curva. Lógicamente va haber descuido de la gente y va haber un repunte (de casos).

Tenemos que reactivar la economía sin olvidarnos de que el tema de salud nos obliga a ser mucho más eficientes con la construcción de hospitales, la puesta en vigor de programas de detección del virus y cordones sanitarios que haya que implementar para detener los focos de epidemias y aumento de casos de la pandemia. Hay un tercer elemento, la reforma educativa.

Entonces, endeudamiento con fines productivos, no para gastos de funcionamiento y ese paquete va unido, sí o sí, a la aprobación de cuatro o cinco leyes que ya se están trabajando entre la Comisión de Reactivación Económica y el Congreso de la República.

Una de las leyes es la de Leasing, que se ha quedado entrampada, ya pasó las tres lecturas y nos permite la inversión de US$1,000 millones en edificios del Estado que actualmente estamos rentando y que nos podrían significar Q300 millones de ahorro pagando préstamos e intereses.

—Entre el 15 de marzo y el 7 de julio de este año el país ha perdido 103 mil 992 empleos y ventas por US$2 mil 101 millones (unos Q16 mil 281 millones en ventas), según cálculos del Cacif. ¿Cuál es la propuesta en el corto plazo para empezar a aliviar el empleo?

—Ya lo estamos haciendo con los préstamos que no se están otorgando. Está el de protección de capitales, que tiene Q2 mil millones que le hace falta ponerlo en el acelerador, el de Q400 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas que el Legislativo ordena que se cree un fondo, un fideicomiso, encontramos Q200 millones de un fideicomiso olvidado en el Banco de los Trabajadores, apostamos por darle créditos ya hay más de Q250 millones que ya llenaron su requisito, nos permitiría llegar a partir de las cooperativas a mucha gente, tenemos que apostar a que haya más producción, poder recuperar los empleos perdidos en aquellas actividades que son rescatables, otras no dependen de nosotros, como el turismo.

—¿Alguna estimación de cuántos empleos?

—Le mentiría si le digo que vamos a agregar 200 mil empleos, pero si nos dan la autorización de la ley de Leasing y logramos conseguir el financiamiento que no distorsiona podríamos generar arriba de 75 mil empleos.

—La pandemia obligó a reenfocar esfuerzos, ¿cómo se vio afectado el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo y qué cambios se han hecho?

—Tuvimos una reunión con los ministros la semana pasada y nos sentamos con los ministros a rehacer cuál es el plan general de gobierno, a hacer una medición de lo que se ha logrado y lo que nos hace falta por hacer, porque al final, nos hace falta un montón qué hacer, debido a que la pandemia que nos atrasó todo, la reforma educativa, por ejemplo, llevaba todo un empuje, que hasta este momento lo estamos principiando a retomar con las acciones que están previstas y lo que tuvo que hacerse en el primer semestre de este año lo vamos a parar haciendo a finales del segundo semestre de este año y principios del año entrante, porque las condiciones así nos obligaron.

Tuvimos una muy buena reunión y el día de hoy me escribía la secretaria de Segeplan que ya hay ocho ministerios que han hecho las adecuaciones, porque se les dio de plazo una semana para hacer las adecuaciones para poder meter el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo acorde a nuestra nueva realidad, ocho de 14 ya presentaron las reformas, tres más están en el proceso de hacerlo esta semana y tres más que les voy a tener que jalar las orejas en la reunión general que tenemos el miércoles.

—¿Se puede trabajar la reactivación con un presupuesto de Q95 mil millones? ¿Y cómo corregir la lenta ejecución que han registrado algunos ministerios para justificar la solicitud de presupuesto?

—La ejecución en todos los primeros años de gobiernos siempre tiende a ser baja. Revisen. Siempre tiende a ser baja porque hay cambios, llegan nuevos funcionarios, nuevos equipos y con un presupuesto del cual uno no fue parte, y menos en el caso de nosotros, que hasta que llegamos se logran las ampliaciones presupuestarias por el tema del coronavirus, etcétera, porque nos habían dejado el mismo presupuesto del año pasado.

¿Hay lentitud en algunos ministerios? Sí los hay, lo reconocemos y eso ha generado cambios y seguirá generando cambios, pero también hay ministerios que definitivamente les impactó el tema del coronavirus, que dependen enormemente de, por ejemplo, le digo, el Ministerio de Cultura, y no es excusar a la ministra, pero, por ejemplo el Ministerio de Cultura hasta ahorita principia a retomar los proyectos porque nosotros le dijimos ‘no podemos estar sin hacer nada’, de hecho, ya nadie quería trabajar porque tenía miedo del coronavirus y no, todo el mundo a trabajar y estamos remodelando el Cerro de la Cruz, por ejemplo, con fondos del Ministerio de Cultura pero con la colaboración de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Si hay justificaciones, sí hay. Nos podemos sentar a justificar lo que quieran, y podemos encontrarle justificación, algunas me los podrán creer y otros no. Hemos encontrado problemas serios en el Ministerio de Salud, hemos encontrado una mafia entronizada de años y nos han entorpecido todo. Ahí hay factores internos y externos, y estamos tratando de corregirlos para poder reactivar las cosas lo más rápido posible, dentro de un esquema, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que lleva ahorita un enfoque totalmente distinto a lo que ha sido tradicionalmente y hemos tenido que reenfocarnos en que apueste por la productividad y queremos, incluso, plantear al Congreso, no sé si nos alcanzará a finales de este año o principios del año entrante la reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo en cuanto al Ministerio de Agricultura, que será enfocado también al Desarrollo Rural. Alimentación no es labor del Ministerio de Agricultura, hacer que se produzcan los alimentos sí, andar regalando bolsitas, ese no es problema del Ministerio, ese es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

—Pero ese combustible para que todo avance sigue siendo el Presupuesto…

—Nosotros estamos pidiendo un presupuesto de Q96 mil millones y estamos por determinar, y eso lo haremos pasado mañana en una reunión general de gobierno donde estarán ministros y viceministros, se hará la definición del último número del presupuesto, que será definido en una encerrona del miércoles y vamos a salir de ahí con humo blanco, ya en lo que a los techos se refiere y con el paquete de lo que vaya a ser la reactivación económica, que, como le digo, ese paquete está íntimamente ligado a que el Congreso comprenda que la necesidad de sacar un presupuesto con un paquete de reactivación económica que forzosamente tiene que llevar algunas leyes.

—¿Cómo está la relación en el Congreso? Ya que van a depender de la voluntad política y las alianzas…

—Nosotros hemos logrado hacer entender a la mayoría, hemos tenido conversaciones, de hecho hay, ya no sé cuántas reuniones van, pero si no son cinco son seis reuniones de la Comisión del Gabinete Económico del Gobierno con la Comisión de Reactivación Económica del Congreso, de manera de irles explicando el por qué del planteamiento que vamos a hacer y el por qué hay la necesidad de cambiar la ley de zonas francas, por qué la necesidad de la ley de protección a la inversión, la ley de atracción a la inversión y la promoción del empleo, hay una serie de leyes que tenemos que facilitar para no solo recuperar los empleos que perdimos, que de hecho ya éramos un país deficitario en empleo y lo vemos reflejado en la migración, sino es aumentar la cantidad de empleos en Guatemala y para eso se requiere un paquete de leyes y estoy casi seguro que el Congreso ha entendido el mensaje, y por eso es tanta reunión que ha habido y se ha logrado aterrizar cuáles son las cuatro o cinco cosas principales. Yo sé que tenemos 50 mil necesidades, pero hay cuatro o cinco cosas que debemos hacer para impactar y lograr cambios fundamentales en el accionar del gobierno y que se mire en beneficio económico del país.

—¿Confía en esa relación y dinámica que tienen que trabajar juntos en el Congreso?

—Es difícil confiar entre políticos, pero tenemos, algún día, que principiar a confiar. Nosotros lo hemos hecho con la mayor intención, nunca se había sentado un gobierno con el Congreso a ponerse de acuerdo en cuál es la mentalidad, hacia dónde queremos enfocarnos, nunca se había hecho, siempre es a ver cómo se reparte el pastel.

No, hoy tenemos un problema de país, no es un problema de Alejandro Giammattei, no es un problema del gobierno, es un problema de país y tenemos que entender que las soluciones tienen que ser de país, tenemos que dejar atrás un poco los intereses personales y de grupo, hoy tenemos que plantear soluciones.

—En el Congreso también ocurre el tema importante, que es el tema de las cortes. El otro organismo del Estado, ¿es necesario algún tipo de mediación de manera que no comprometa la gobernabilidad?

—Separemos dos cosas: uno es el lío de cortes, de antejuicios y cortes, y ahí el Ejecutivo no se va a meter. No es mi chance, no soy juez, a mí no me eligieron para ser juez, no puedo decir quién es culpable o inocente, esa es labor de jueces y los líos de cortes los tienen que resolver las cortes. Que si estos antejuiciaron a aquellos, que si aquellos antejuiciaron a estos, eso es un tema en el cual el Ejecutivo nos hemos mantenido al margen y nos mantendremos al margen de ese tema.

Somos respetuosos de la Constitución Política de la República y es muy clara, habla de tres poderes del Estado que tienen independencia de poderes. No puedo llegar al Organismo Judicial y “miren, ahí les encargo que me juzguen a aquel”, no puedo. ¡Estaría cometiendo un delito! No puedo. No puedo llegar al Congreso de la República a decir “vos, me apoyás a estos que son mis candidatos a la Corte”.

¿Qué sí puedo hacer? Hago un llamado a que el Congreso bajo las condiciones que le impuso la Corte de Constitucionalidad, sean buenas o malas, pero hay una normativa que la Corte impuso, sea respetuoso y proceda de conformidad con lo establecido con la Corte y que se cuiden de no violar las disposiciones de la Corte.

Podemos no estar de acuerdo, pero hay que respetarla. Es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a respetar los fallos de las cortes, nos gusten o no nos gusten.

El Congreso, creo yo, después de su receso yo esperaría a que principien a elegir a los magistrados. Mi llamado al Congreso es que respeten la disposición de la corte y ya dejémonos de entuertos, pero yo no puedo dar opinión de quienes integran las nóminas, porque no soy juez.

—Un grupo de 53 diputados pidió al Congreso que se agende la elección de cortes y no había ningún diputado oficialista, ¿cuál es la posición desde el Ejecutivo?

—Mi recomendación es que arranquen con el procedimiento que la corte impuso. Habrá unos que están de acuerdo con ese procedimiento, habrá otros que no. Eso ya no es rebatible porque hay una sentencia que quedó firme. ¡Vámonos pues! Arranquen con eso. Llenen lo establecido por la corte y salgamos del barullo o nos metemos a otro, porque al final no sé qué pasará en el Congreso.

Si bien es cierto hay una bancada oficial de 17, también ellos tienen libertad de criterio, tampoco puedo agarrarlos de la cola, sacar el cincho y decirles que tienen que irse con mi pensamiento.

—Hablando del tema de puertos, han venido ocurriendo remociones sobre todo en Santo Tomás de Castilla, lo que pasó el fin de semana con la explosión de unas cisternas pueden ser indicios del crimen organizado…

—Se lo aclaro de una vez, no. Hay y habrá una sanción, de hecho, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales estuvo en fin de semana en el lugar, lo que ocurrió fue una violación a la seguridad en el trasiego de combustibles lo que ocasionó que una gasolinera que no está cerca del puerto está a 150 metros de Zolic (Zona libre de Industria y Comercio), no del puerto, es la que más en riesgo estaba, ellos violaron la ley y hubo un derrame de combustible, tuvimos que activar las alertas.

—Regresemos entonces al puerto. ¿Por qué remueven a Byron Francisco Pineda y qué espera de las nuevas autoridades que asuman la Empornac con estos dos pendientes que hay para que se garantice el comercio exterior que es una de las preocupaciones de los empresarios…

—Más es la mía. Imagínese qué hubiera pasado en la economía de este país si los puertos no estuvieran funcionando. Las puertas de México, Belice, Honduras, El Salvador… todo cerrado. ¿Qué hubiera pasado si los puertos no hubieran funcionado? Los puertos siguieron funcionando. Las razones del por qué no vienen al caso. Es mi privilegio, por ley, nombrar al presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. ¿Qué privilegios tengo? Lo puedo hacer cuando yo quiera acorde a los intereses de la nación y exactamente eso fue lo que hice, porque hay temas que no fueron llevados a la práctica y que ponen en riesgo ese comercio exterior.

—¿Cómo cuáles?

—Uno, el tema de los rayos x, que lo han estado chinchineando desde febrero y pese a que había órdenes estrictas de que se tenía que funcionar sí o sí, le pusieron una multa de US$7 millones por entregar tres meses tardíamente los equipos le pusieron equivalente al 100% de la inversión, ¡habrase visto! Cuando existe una ley que puede calcular el monto de las multas y la multa ¡oh, sorpresa! Bajó.

¿Por qué se estuvo el recurso de revocatoria chinchineando sin pasarse a la junta directiva desde febrero hasta agosto? Yo me pregunto y no tengo que estarme preguntado. Esa es una de las razones si lo quiere ver así, pero yo no podía poner en riesgo la relación comercial con un país que estaba a punto declararnos los puertos de Guatemala descertificados, con lo cual se nos cerraba el comercio.

¿Conviene todos los guatemaltecos que funcionen los rayos x en los puertos? ¡Por supuesto que sí!

—¿Influyó la presión (con una carta que envió) del secretario Wilbur Ross?

—¡Es que no hubo presión! De hecho, cuando el secretario Ross me envía la carta a través del embajador se sorprende que yo ya había hablado con el CEO de la empresa. Yo ya le había presentado las excusas del caso porque eran para mí la cosa más ridícula el monto de la multa, me parecía a mí ridículo y dije que iba a hacer lo que estuviera en mis manos cuando el señor embajador llega conmigo con la carta, nosotros ya teníamos resuelto el problema.

—¿Hay otra razón que influya en los cambios en el puerto?

—Hay un riesgo inminente de problemas en el muelle que va íntimamente ligado al tema de las grúas. ¿Sabe cuál es el tema? Tenemos que apostar por puertos eficientes y no podemos. Las grúas tipo pórtico que requiere el Puerto Santo Tomás de Castilla no las podemos comprar porque si las ponemos se cae el muelle porque el muelle está fracturado en tres tramos y hay un estudio que dice que lo primero que hay que hacer es recuperar urgentemente el muelle, eso nos va a llevar dos años a dos años y medio, la recuperación del muelle

¿Qué se piensa hacer? Ampliar el contrato si la empresa lo considera oportuno. Tienen que decidir entre ampliarlo o salir a conseguir o paralizar el puerto y conseguir un par de viejadas en México o algo que se parezca para traerlas aquí, pero lo cual significaría paralizar el puerto sí o sí durante días, porque el tema es que vencen ahorita en septiembre.

El problema de fondo es que no podemos ser eficientes.

—En la lucha contra la corrupción. ¿Qué resultados ha tenido la Comisión Presidencial?

—Vamos bien. Hay varias denuncias que se han hecho ya al Ministerio Público. Hay casos bien encaminados. Recuérdense que la comisión fue creada este año, pero, de nuevo… venía de un plan de trabajo que se nos trunca (por la pandemia) incluso varios de la comisión resultaron con coronavirus y tuvieron que hacer teletrabajo.

Hay investigaciones abiertas en varios ministerios, por lo menos en cuatro. No le entro a la interioridad de los casos porque sería entorpecer, no la investigación porque realmente la comisión no investiga, no hace las funciones del Ministerio Público. Lo que hace es recibir las denuncias, va y comprueba si las denuncias son reales o no y determina a quién se les deben entregar, al Ministerio Público y a la Contraloría o solo a la Contraloría.

Han hecho, creo yo, un buen trabajo, a pesar de que es una comisión que está actuando totalmente con fondos propios. Nos sale muy barata. No tenemos apoyo, no se ha pedido apoyo internacional y no creo necesario pedir, a no ser que sea para capacitaciones y podernos dotar de las herramientas que nos permitan concretar los casos más rápido.

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Parlacén adelanta período de sesiones y agilizaría toma de posesión de Jimmy Morales

Apenas hace tres semanas, el Parlacén había adelantado su período de sesiones para la segunda semana de enero, sin embargo, se programó para el 16 de enero la juramentación de Morales y Cabrera.

Ottmar Sánchez, actual diputado del Parlacén por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en los últimos días negoció a favor de Morales, su amigo personal, y logró que la diputada centroamericana Nadia De León Torres y sus cinco escaños como bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la más grande en ese organismo, accediera a abrir una sesión la tarde del 14 de enero, después que Jimmy Morales entregue la presidencia, y pueda asumir de una vez su curul.

Morales y Cabrera, según se confirmó en el Parlacén, ya presentaron su solicitud de adhesión a ese organismo, el único requisito que debían cumplir para ser admitidos, por asistirles el derecho de haber sido presidente y vicepresidente de la República.

El acuerdo lo habría logrado Sánchez con De León Torres, quien a su favor tiene competir por la presidencia del Parlacén, que le corresponde a Guatemala en 2020, con una planilla única y con el apoyo de los cuatro diputados de FCN-Nación. Aunque se intentó obtener la postura de De León Torres sobre su interés en presidir el Parlacén, quien respondió su teléfono celular explicó que ella no podía atender la llamada.

Con esta decisión Morales logra recuperar su inmunidad tan solo cuatro horas después de perderla junto a la presidencia de la República y evita enfrentar un caso penal por financiamiento electoral ilícito.

Cambio de agenda

Fue la Junta Directiva del Parlacén quien planteó el cambio en la agenda de la sesión plenaria del 14 de enero, el cual permitirá que el mandatario Jimmy Morales tomé posesión tan solo unas horas después de haber entregado la Presidencia.

Este cambio, que será ratificado este lunes 13 por la Junta de la Dirección Política del organismo Centroamericano, una figura similar a la instancia de Jefes de Bloques en el Congreso. Ahí se ampliará la agenda de este parlamento, que solo tenía prevista una sesión en la mañana del 14 de enero.

El Secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlacén, el nicaragüense Arturo Bravo, informó que se presentó la modificación porque se dieron cuenta que “no tenía sentido juramentar solo a 15 diputados guatemaltecos -en la mañana- y repetir el acto pocas horas después con otros cinco parlamentarios que actualmente ocupan una curul en el Congreso de la República y que fueron electos para ocupar una en el Parlacén.

Los parlamentarios que se trasladarán del Congreso al Parlacén, el 14 de enero son: Amílcar Pop del movimiento Winaq,  Eva Bac Monte e Iliana Calles de FCN-Nación;  Ana Victoria Hernández, de Todos y Carlos Fión de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Fuentes de ese organismo habían asegurado meses antes que los diputados del Congreso que ganaron una curul en el Parlacén renunciarían al Congreso el 13 de enero para ser juramentados durante la sesión plenaria que se llevaría a cabo en la mañana del 14, y en la que participarían los cerca de 123 diputados que actualmente conforman este organismo de los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Después de este acto, los parlamentarios se trasladarían al Centro Cultural Miguel Angel Asturias, para asistir a los actos del traspaso de mando de Morales a Alejandro Giammattei, y sería hasta el jueves 16 de enero que Morales y Cabrera serían juramentados como nuevos miembros del Parlacén.

“Entonces -en la mañana- se van a sesionar con los que todavía son diputados -la bancada de Guatemala saliente- y en la tarde se juramentaría a todos los diputados (nuevos)” refirió el directivo del Parlacén.

En cuanto a que, si con este cambio se abría una ventana para que el expresidente Morales y el exvicepresidente Cabrera tomaran posesión y con ello adquirir inmunidad, Bravo dijo que “en teoría era posible”, porque así tomarían posesión los 22 miembros de la bancada Guatemala.

Todo “eso depende de que la Junta de la Dirección Política del Parlacén ratifique y apruebe la agenda que se está proponiendo”, indicó el Secretario de Asuntos Parlamentarios del ente regional.

Pablo Ceto, miembro de la Junta Directiva del Parlacén, dijo que el cambio que se presentó tiene previsto que los parlamentarios se reúnan durante la mañana para tratar asuntos que efectúa el organismo y luego suspender la sesión para participar en la sesión protocolaria de la entrega de mando de Morales, para reanudarla a partir de las 18 horas y continuar con la asamblea y juramentar a los diputados de Guatemala.

Jimmy Morales será el único expresidente en el Parlacén

El Parlacén está integrado por 20 diputados electos de cada uno de los países que lo integran: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana, a quienes se deben integrar los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno los países citados.

Sin embargo, en la actualidad solo Guatemala tiene sus 22 parlamentarios, pues los demás países, por diferentes causas, no han integrado a sus exmandatarios. De esa cuenta el foro debería ser de 132 diputados, pero en estos momentos solo cuenta con 123.

El Salvador solo tiene sus 20 diputados porque el expresidente Salvador Sánchez Cerén y el exvicepresidente Óscar Ortiz decidieron no incorporarse al parlamento regional. “En el caso de estos funcionarios, es una decisión personal formar parte del organismo, no es algo automático” comentó el actual presidente del Parlacén, Alfonso Fuentes Soria.

Los exmandatarios de Panamá Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo tampoco forman parte del Parlacén porque decidieron ser coherentes con la intención de dejar de formar parte de este organismo. Varela fue canciller de Ricardo Martinelli, quien tomó posesión, pero luego fue enjuiciado por corrupción.

Bravo relató que Varela justificó su ausencia del Parlacén explicando que “no tenía la autoridad moral para irse a sentar al foro centroamericano cuando lo había criticado desde que era canciller y luego presidente de Panamá”.

Honduras tiene solo a la exvicepresidenta Ana Roxana Guevara Pinto, quien ocupó ese cargo de enero del 2014 al 2018, junto con Juan Orlando Hernández, quien logró reelegirse y comenzó un nuevo mandato en enero de 2018 con Ricardo Antonio Álvarez como vicepresidente. Por lo que solo cuenta con 21 diputados.

Nicaragua tiene únicamente a los 20 diputados electos, porque Daniel Ortega se mantiene en el poder desde 2007. República Dominicana también tiene solo 20 diputados porque el presidente Danilo Medina fue reelecto y su predecesor Leonel Fernández “está desempeñando en una Fundación de Europa y América Latina y además, participó en las elecciones contra Medina” relató Fuentes Soria.

Fuentes Soria, quien en enero dejará el cargo de presidente temporal del Parlacén, recalca sobre el hecho que la decisión de incorporarse al ente centroamericano es una decisión personal de los exmandatarios. “En Guatemala tenemos el caso del Óscar Berger y Eduardo Stein, no quisieron formar parte de este organismo. Estas decisiones son las que provocan que la mayoría de los países no tengan sus 22 diputados”.

Sin inmunidad

El presidente Jimmy Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera pierden su inmunidad el próximo 14 de enero, pero de acuerdo con la anueva agenda planteada por el Parlacén, volverán a gozar del beneficio tres o cuatro horas, pues el Parlacén ha adelantado su período de sesiones y esto permitirá agilizar la toma de posesión de los nuevos congresistas regionales.

Previo a asumir la curul, Morales y Cabrera, deberán dejar la Presidencia y con este acto perderían el derecho a antejuicio y lo recuperarían al ser juramentados durante la plenaria del Parlacén. Situación contraria a los 20 diputados electos quienes mantienen este derecho desde su inscripción como candidatos.

El presidente Morales tiene un proceso penal por financiamiento ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, su inmunidad como funcionario obligó a que se abriera un proceso de antejuicio que se encuentra engavetado en el Congreso, por lo que las investigaciones en su contra no han podido avanzar.

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Esta semana, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a su canciller Marcelo Ebrard, presentaron un plan económico que incentivaría la agricultura en áreas de extrema pobreza de Guatemala, donde se registran los mayores índices de migración hacia Estados Unidos.

Estos programas, denominados Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ya fueron aceptados por los gobiernos de El Salvador y Honduras, como parte de los esfuerzos del Triángulo Norte de Centroamérica para contener la migración.

“En el caso de Guatemala propondremos Malacatán, Guatemala, Tacaná, Coatepeque y Huehuetenango”, anunció el canciller mexicano. Estos son los cinco municipios de donde más migrantes salen hacia México y posteriormente a Estados Unidos, según información presentada.

Ebrard no dijo cuántos empleos ni la cantidad de dinero que recibirían los beneficiarios en Guatemala, ya que aún debe ser socializado y acordado por ambos gobiernos para determinar el número de personas que serán incluidas en los programas.

Tampoco se mencionó la posibilidad de presentarlo al gobierno de Jimmy Morales, sino se dirigió a Giammattei.

Beneficios

En el caso de El Salvador, el programa ya ha avanzado y los municipios de San Miguel, Santa Ana, Soyapango, San Salvador y Ahuachapán son los beneficiarios. En Honduras se incluye a San Pedro Sula, La Ceiba, El progreso y Choluteca.

El programa Sembrando Vida consiste en un aporte económico de US$250 —unos Q1 mil 937— al mes a 20 mil beneficiarios en El Salvador y a 13 mil en Honduras. La ayuda también incluirá la entrega de insumos agrícolas para incentivar la producción de alimentos.

Este programa, de acuerdo a la proyección del gobierno mexicano, generará 20 mil empleos para contrarrestar la cantidad de migrantes salvadoreños retornados desde territorio mexicano, que en lo que va del año suman 14 mil 184.

El segundo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, contempla un apoyo económico de US$180 mensuales —unos Q1,350— para siete mil beneficiarios.

La primera etapa del proyecto durará ocho meses, de agosto del 2019 a marzo del 2020, y su implementación está a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

Luego las autoridades mexicanas harán una evaluación de los programas para medir su impacto en la reducción del flujo migratorio y decidirán su continuidad y ampliación.

La iniciativa de México para impulsar estos programas de desarrollo en Centroamérica cuenta con el apoyo económico de 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales.

Conocerá propuesta

El presidente electo, Alejandro Giammattei, en congruencia con las intenciones del gobierno mexicano, informó que se trabaja muy de cerca con ese país para obtener un impacto económico y social positivo.

Giammattei anunció que visitará México y sostendrá una reunión con el presidente López Obrador, donde podría conocer de primera mano los dos programas, además de otros proyectos, principalmente turísticos, que se negocian.

“Voy a visitar México para abordar el desarrollo de la zona fronteriza de Guatemala-México, donde entran esos programas que tan gentilmente el presidente López Obrador está anunciando ya para colaborar con nuestro gobierno”, dijo Giammattei.

El presidente electo explicó que se avanza con la construcción de la línea de tren rápido en Guatemala, que se debería unir con el tren maya de México, lo que significaría hasta 70 mil turistas más cada mes en Petén.

inversión

Proyectos en la Costa Sur

El presidente electo, Alejandro Giammattei, sostuvo varias reuniones ayer en un hotel capitalino, entre ellas destacó una con directivos de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), con la que se planifica convertir el aeropuerto del Puerto San José, Escuintla, en el primero para productos perecederos que opere para el sur de México.

“Nuestra meta es duplicar la exportación de productos no tradicionales en cuatro años e incrementar nuestro producto interno bruto, y eso nos podría generar casi solo eso, un millón de empleos”, aseguró Giammattei.

Según el presidente electo, se debe ampliar unos 300 metros la pista y eso correspondería al Gobierno, mientras que el sector empresarial podría instalar los cuartos fríos y el sistema de carga.

Además, entre los proyectos empresariales también se podría considerar en el mismo aeropuerto, una central de carga de courier para Latinoamérica, para lo cual ya tuvo los primeros acercamientos con la empresa estadounidense United Parcel Service (UPS), dijo Giammattei.

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El 27 de abril del 2018 murió Álvaro Arzú Irigoyen, y significó la muerte del patriarca del caudal político de la familia Arzú.

El suceso abrió la incertidumbre de quién heredaría la fuerza y poder político del ex presidente de la República de Guatemala y cinco veces alcalde de la capital más grande de Centroamérica.

Álvaro Enrique, el mayor de los dos hijos del segundo matrimonio de Álvaro Arzú, ya había recibido más que un empujón en su carrera política, y ganó un escaño en el Congreso por el Partido Unionista en el 2015 y logró retener la presidencia de ese organismo por los últimos dos años, pero no sería el único en recibir la herencia política.

Más conocido mediáticamente por su incursión en el futbol nacional, pero sin rozarse directamente con las esferas políticas, de manera pública, Roberto Arzú García-Granados, el primogénito del primer matrimonio del exalcalde Arzú, se alzó a finales de 2018 como la cara visible del Partido de Avanzada Nacional (PAN), en una versión muy alejada de la que fundó su padre y donde el mismo Roberto participó en grupos de jóvenes en los años 90.

Su imagen en la campaña electoral, la cual empezó a gestar entre 2015 y 2016, descansa sobre la proyección de su padre, con la constante inclusión en su discurso del legado político del gobierno de Álvaro Arzú, cuyas decisiones vinculadas a los sectores económicos, son utilizados por Roberto como punto de apoyo de sus ofrecimientos.

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De hecho, su propuesta de generación de empleo —promete 1 millón de plazas—, una exoneración de impuestos a medicinas, entre otros, es vista por sectores académicos como promesas populistas, difíciles de concretar.

Para postularse a la Presidencia, Roberto Arzú se hizo aliado del partido Podemos, una organización nueva en su creación, pero que aglutina entre sus candidatos a diputados a personajes con vínculos estrechos con los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder), quienes previamente se habían agrupado en el Movimiento Reformador, un partido político creado por Alejandro Sinibaldi cuando aún aspiraba a competir por la Presidencia, en el 2015.

Al primogénito de Arzú Irigoyen por sí solo no es posible ubicarlo en una corriente política específica; en cambio, sí se logra un perfil del presidenciable si se analiza a cada partido que apoya su candidatura.

El legado de Sinibaldi

Podemos es el nombre más reciente para el Movimiento Reformador (MR), antes Partido Laboralista. En el 2003, el MR hizo alianza con el Partido Patriota y el Partido Solidaridad Nacional para llevar a la Presidencia a Óscar Berger. El empresario Jorge Briz, quien era parte del partido en ese entonces, se desempeñó como canciller de Berger hasta el 2006, cuando el MR formalizó su retiro de la alianza y su desaparición de la política hasta la llegada de Sinibaldi.

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En mayo del 2015, el MR pidió públicamente a Alejandro Sinibaldi ser su presidenciable, antes que el entonces ministro de Comunicaciones estuviera ligado al caso Construcción y Corrupción. Hasta ahí la organización política se decía independiente, sin embargo, la declaración de la ex secretaria privada de Sinibaldi, Anelisse Herrera, en calidad de colaboradora eficaz de la Fiscalía, confirman la compra del partido y de varios diputados que luego dieron su apoyo a diversas acciones adversas a la lucha anticorrupción que realizó el Ministerio Público y la Comisíón Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“En esa época, a finales del 2014 y principios del 2015, es que empiezo a escuchar que él —Alejandro Sinibaldi— decide que va a comprar otro partido, que va a tener otro partido político como un plan B —en ese momento aún se perfilaba como el presidenciable del Partido Patriota—, y este partido político resultó que era el MR, y quien hace la negociación es el señor Alejandro Sinibaldi juntamente con Rubén Mejía”, relata a la fiscalía Anelisse Herrera.

El partido, según la colaboradora eficaz, participó con listados de diputados sin mucha importancia porque el objetivo era que, al asumir la octava legislatura, los parlamentarios del PP formaran parte del MR. Así, el 14 de enero del 2016 el diputado Boris España se presentó junto a otros diputados, la mayoría tránsfugas del Partido Patriota, Todos y el aún vigente Líder, como un nuevo bloque en el Congreso.

La colaboradora eficaz, en su testimonio, también señala al exdiputado patriotista José Fernández Chenal como el operador de Sinibaldi para comprar diputados, a quienes se les habría pagado hasta Q600 mil en efectivo para sumarse al proyecto de Sinibaldi.

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Entre los diputados del nuevo bloque parlamentario MR estaban Alicia Dolores Beltrán, Aracely Chavarría, Marco Antonio Orozco, Oswaldo Iván Arévalo, Ronald Sierra, Estuardo Galdámez —actualmente presidenciable de FCN-Nación—, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, ambos en prisión por el caso Plazas Fantasma. También se sumaron Luis Hernández Azmitia, que fue viceministro de Desarrollo Social del PP y a quien el TSE prohibió su reelección por tránsfuga; José Alejandro de León, exlíder, y Alejandra Carrillo.

En febrero del 2019, el partido Podemos anunció la alianza con el PAN para impulsar la candidatura de Roberto Arzú. En el Listado Nacional para el Congreso de Podemos figura Valentín Gramajo, quien fue uno de los brazos fuertes en el Congreso durante el gobierno del Partido Patriota, del cual fue fundador junto a Otto Pérez Molina.

El nuevo PAN

Manuel Conde Orellana es el actual secretario del Partido de Avanzada Nacional (PAN), la organización política más longeva del país, por nombre, aunque desde su fundación en 1989 por un grupo encabezado por Arzú Irigoyen a la fecha ha cambiado de dirigentes.

El PAN logró tres escaños en el Congreso en el 2015. Además de Conde Orellana, también llegaron al Parlamento Fernando Linares-Beltranena y Eduardo Zachrisson, quienes no tuvieron más espacio en los listados para renovar sus curules en las presentes elecciones.

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Durante la legislatura actual, Conde Orellana y Linares-Beltranena han sido ligados al oficialismo, al menos en intereses particulares. En el 2018, Conde Orellana fue uno de los candidatos a dirigir el Congreso con el apoyo de FCN-Nación, sin que se llegara a concretar la planilla. Antes, el diputado y secretario del actual PAN apoyó desde la comisión específica para el análisis de la iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, una reforma al Código Penal que fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y sobre la cual se generó un temor de generar impunidad y beneficiar a exfuncionarios ligados a casos de corrupción.

Linares-Beltranena fue parte activa del movimiento desde el Congreso en contra de la Cicig. En febrero pasado, presentó una iniciativa de ley para anular el convenio de la Comisión.

Personas cercanas a la organización política aseguran que el PAN no tiene la fuerza económica para competir y, como hasta ahora, se conformará con algún espacio en el Congreso, por lo que precisaba de una alianza estratégica, la cual encontró en Podemos.

Nexos con Morales

Además de los partidos que lo apoyan, Roberto Arzú también ha sido cercano al gobierno de Jimmy Morales. Incluso ocupó un puesto en la actual administración.

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En agosto de 2017, tan solo dos días después de que Morales declarara non grato el jefe de la Cicig, Álvaro Arzú manifestó públicamente su apoyo al mandatario, lo cual, en el tiempo, significaría una alianza política que colocó a los dos hijos del entonces alcalde capitalino en una posición privilegiada de poder.

Tras meses si aparecer en la palestra pública, Roberto Arzú resurgió en el gobierno de Jimmy Morales y se reconoció como el promotor del comercio entre Guatemala y Sudamérica, en septiembre el 2017.

El nombramiento de Roberto Arzú como promotor comercial era “ad honorem”, pero fue interpretado por algunos sectores como un agradecimiento al alcalde Arzú, quien ya endosaba los favores políticos a beneficio de sus hijos. Ese cargo oficial le permitió a Arzú García-Granados acercarse a funcionarios de varios países, incluso con el presidente de Argentina Mauricio Macri.

El ahora presidenciable por PAN-Podemos explicó a través de sus redes sociales en el 2017 que sus negocios incluían abrir mercados para el país, entre estos una ruta aérea con Aerolíneas Argentinas, sin que se concretaran los resultados.

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Arzú García-Granados ya tenía relación con empresarios argentinos, específicamente la farmacéutica Distrifarma, que llegaron al país en enero del 2016 y a cuya ceremonia de presentación asistió el ahora candidato y su esposa.

Juan José Rendón, un estratega político que este año le ganó en Miami una demanda a Roberto Arzú por incumplimiento del pago de un contrato por asesoría política, en una entrevista concedida al medio No-Ficción, asegura que “él estaba recaudando el dinero de fuera. Y la complicación es de un señor que es dueño de una farmacéutica muy importante en Argentina”. El estratega, quien reclama una cantidad millonaria, también asegura que “Arzú no tiene nada a su nombre. No tiene ingresos de ningún tipo, no tiene salario, no tiene mesada, la familia no le da nada, él no tiene activos y no tiene depósitos a plazo fijo, ni acciones, ni nada”. Esto al referirse a las dificultades que podría tener para cobrar su reclamo.

Cerca de la TV

Las frecuencias de televisión abierta de Guatemala están en manos del empresario mexicano Ángel González, un personaje que ha sido cercano a varios gobiernos del país. Su esposa, Alba Lorenzana, incluso, está vinculada con el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota y se encuentra prófuga desde el 2016.

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Roberto Arzú se reconoce como amigo de Ángel González, y según ha dicho en entrevistas su relación comenzó “con la transmisión de los juegos de fútbol nacional”, cuando él era presidente del club Comunicaciones. “Trabajamos para darle una exposición al deporte, y lo considero alguien muy especial, quien me ha dado buenos consejos”, dice Arzú García-Granados.

Sin embargo, un informe publicado en abril por Mirador Electoral, realizado por Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), da cuenta que Arzú es el segundo candidato que más infomerciales -noticias con más contenido propagandístico que periodístico— ha recibido en los canales de televisión abierta propiedad del consorcio Albavisión, cuyo dueño es González.

*Nota del editor: La versión original fue modificada y se le agregó el último informe de Mirador Electoral, donde se detalla la cantidad de infomerciales que ha recibido Roberto Arzú desde el 1 de enero al 30 de abril del 2019. El informe lo distribuye mensualmente Mirador Electoral, tomando como base el monitoreo de contenidos en los principales espacios noticiosos del país.

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Hace 33 años, el candidato presidencial del Partido Humanista incursionó directamente en la política partidaria. Pasó por la diplomacia nacional e internacional, y ahora fecunda la idea de dirigir al país desde el Organismo Ejecutivo.

Sobre su pasado, la sombra más intensa es un caso de adopciones ilegales en su entonces recién estrenada profesión: abogacía y notariado. Ahora, el candidato insiste en que fue un ataque político por sus ideas en oposición al régimen militar de Romeo Lucas García, un suceso que no le impidió asumir altos cargos en las Naciones Unidas décadas después.

Hace cuatro años, Mulet fue invitado a competir por la Presidencia por el partido Todos; sin embargo, aunque en ese entonces manifestó su interés en unirse a esa agrupación política fundada por Roberto Alejos Cámbara y ahora dirigida por el diputado Felipe Alejos, optó por una plataforma propia y comenzó la organización que ahora lo postula para la máxima magistratura: el Partido Humanista.

Alrededor de Mulet no hay nadie. No hay círculos políticos, “porque eso hace daño”, explica el candidato, quien, durante una entrevista a Prensa Libre, insiste en que sí hay equipos técnicos en el Partido Humanista, pero nadie es cercano a él.

En las últimas dos décadas, Mulet ha hecho su carrera fuera del país, en puestos oficiales, como diplomático en los gobiernos de Ramiro de León Carpio y Alfonso Portillo Cabrera, y luego ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Pero la cercanía de Mulet con Portillo no se limita al trabajo diplomático en su gobierno. El candidato del Partido Humanista visitó al expresidente en la cárcel federal de Denver, Colorado, EE. UU., cuando cumplía condena.

En una entrevista del 2015, Mulet reconoció que atendió una invitación de Portillo, de quien dijo “se rodeó de personas equivocadas”.

Equipo de trabajo

La ausencia de Mulet del país por su carrera profesional borra rastros en la última generación política, por lo que para entender sus alianzas estratégicas para llegar a la presidencia se revisa algunos nombres que resaltan como candidatos a diputados, que a su vez Mulet reconoce como personas cercanas a él, o al menos, conocidas desde hace mucho tiempo.

Uno de los nombres que destaca alrededor de Mulet y su propuesta es Rodolfo Dougherty Liekens, quien encabezó el equipo que diseñó el plan de gobierno del Partido Humanista.

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Dougherty es hermano de Julio Dougherty Liekens, que hasta este año presidió el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios.

Rodolfo Dougherty fue diputado al Parlamento Centroamericano y en el 2015 fue candidato a la Vicepresidencia por el Partido Republicano Institucional, junto a Fernando Pérez, el último diputado electo por el FRG, en el 2011, antes de la desaparición definitiva del partido en el 2013.

Al único que en esta coyuntura electoral Edmond Mulet reconoce como cercano y, hasta ahora, al que escucharía en el Ejecutivo, es a su compañero de fórmula, José Pérez Marroquín.

Pérez Marroquín tiene experiencia diplomática: fue vicecanciller en el gobierno de Alfonso Portillo, mientras Mulet se desempeñaba como embajador de Guatemala ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo.

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El vicepresidenciable volvió al Ejecutivo durante la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza y llegó a ser el secretario privado del vicepresidente Rafael Espada. Para la administración de Otto Pérez Molina, ofreció asesorías en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).

Estratega parlamentario

Uno de los hombres más cercanos a Mulet, al menos en esta etapa política, es el actual secretario general del Partido Humanista: Rudio Lecsan Mérida, quien encabeza la nómina del Listado Nacional para el Congreso de la República y de alcanzar un escaño sería quien lidere la bancada Humanista.

Lecsan Mérida es reconocido por el propio Mulet como un amigo y fundador también del Partido Humanista.

Sin embargo, Lecsan Mérida no es un desconocido en la política nacional: fue diputado al Congreso en 1994 por la Unión Democrática y en el 2000 por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). En el 2011 también intentó llegar al Congreso, siempre nominado por el FRG, pero no lo consiguió.

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Lecsan Mérida dirigió la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y, antes, asesoró a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, cuando la bancada de Efraín Ríos Montt controlaba con una aplanadora legislativa el Parlamento.

Con esos antecedentes, Lecsan no es novato en la política y Mulet lo reconoce, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de tener “gente con experiencia” que pueda trabajar en el Congreso, en un eventual gobierno del Partido Humanista.

El FRG del 2000-2004 estaba fragmentado. Dos corrientes convivían en el seno del partido: una controlada por Efraín Ríos Montt y el brazo ultraderechista que él representaba y otra corriente afín al entonces presidente Alfonso Portillo, que lo acompañaba en la administración desde el Ejecutivo.

Mulet justifica la afiliación política de Lecsan Mérida al FRG y su participación en ese gobierno como una aspiración de servicio; sin embargo, al darse cuenta de la corrupción institucional, decidió renunciar a la dirección de la Policía.

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No obstante, Lecsán Mérida siguió cercano al FRG hasta el 2011, cuando fracasó en un nuevo intento de llegar al Congreso con esa bancada, que para entonces se había desgastado políticamente y en esas elecciones solo logró un escaño, el de Luis Fernando Pérez.

En el Partido Humanista, Lecsan Mérida tendría la misión, según el propio Mulet, de dirigir las negociaciones y cabildeos políticos necesarios con la actual legislatura después de ganar la presidencia, con el objeto de obtener el presupuesto necesario para el próximo año.

 ¿Cerca de González?

Otro candidato al Congreso de la República por el Partido Humanista con nexos a actores cuestionados es Ronald Virgilio Bollat Sandoval, hermano de Luis Bollat Sandoval, director del grupo Albavisión, el emporio de la televisión abierta, frecuencias radiales y cadena de cines en el país, propiedad del magnate mexicano Ángel González, cuya esposa Alba Lorenzana es prófuga, vinculada, en el caso de financiamiento electoral ilícito, al Partido Patriota en la campaña del 2012.

Otro Bollat, Alejandro Bollat Herrera, sobrino del candidato de Humanista e hijo del director de Albavisión, también busca un puesto de elección popular, propuesto como candidato a la alcaldía de Guatemala por el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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Albavisión no financia al Partido Humanista ni recibe ningún otro apoyo, asegura Mulet al cuestionarle la inclusión en sus filas de un Bollat.

Para Mulet, que un Bollat Sandoval esté entre las filas de candidatos nominados a un escaño en el Legislativo no obedece a ningún interés empresarial. En cambio, el candidato del Partido Humanista asegura que Ronald Virgilio ha sido “conocido de toda la vida” y, asegura, el vínculo familiar del candidato a diputado hasta ahora no le ha valido al Partido Humanista para tener un trato preferencial en los medios controlados por Albavisión.

Sin embargo, un informe publicado en abril por Mirador Electoral, realizado por Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), da cuenta que Mulet es el tercer candidato que más infomerciales -noticias con más contenido propagandístico que periodístico— ha recibido en los canales de televisión abierta propiedad del consorcio Albavisión, que dirige Ángel González a través de Luis Bollat Sandoval.

¿Víctima o victimario?

El nombre Edmond Mulet inevitablemente está vinculado a una acusación que el candidato explica complacientemente sin importar la insistencia con la que se le menciona: una trama de adopciones ilegales que él operaba desde Guatemala en la década de los 80.

El jueves 26 de noviembre de 1981, Prensa Libre titulaba: “La captura es un show político, afirma Mulet”.

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Un día antes, el joven abogado había sido detenido y señalado de dirigir en Guatemala una estructura de trata de menores y Mulet habría facilitado la adopción de niños a familias en Canadá.

Mulet era joven, pero ya inclinado a la política. Apoyaba al Partido Nacional Renovador (PNR) y se declaraba opositor del gobierno de Romeo Lucas García.

El PNR y la Democracia Cristiana Guatemalteca se habían unido en una coalición presidencial que impulsaba la candidatura de Alejandro Maldonado Aguirre, y fue por la intermediación de ellos que Mulet recuperó su libertad al día siguiente.

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Casi cuatro décadas después, Mulet insiste en que los cargos que se le imputaban tenían un trasfondo político y, asegura, solo lamenta “no haber podido salvar a más niños”, calificando esos procesos por los que fue cuestionado como actos de buena intención para poder dar mejor vida a los niños.

Mulet se guarda otra carta bajo la manga al ser cuestionado sobre su pasado: haber sido subsecretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para poder trabajar en la ONU hay un proceso de investigación exhaustivo, y si hubiera habido algo malo en mi trayectoria nunca me hubieran contratado”, responde, al tiempo que asegura no ocultar nada en sus intenciones políticas.

*Nota del editor: La versión original fue modificada y se le agregó el último informe de Mirador Electoral, donde se detalla la cantidad de infomerciales que ha recibido Edmond Mulet desde el 1 de enero al 30 de abril del 2019. El informe lo distribuye mensualmente Mirador Electoral, tomando como base el monitoreo de contenidos en los principales espacios noticiosos del país.

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En medio de tensiones, Sandra Jovel viaja a Nueva York

La acción de Migración y la términal La Aurora provocó horas de tensión que se liberaron, parcialmente, luego de las 18.30 horas de este domingo, cuando finalmente fue permitido el ingreso del colombiano, quien salió acompañado de personal del Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil que escoltó el aeropuerto desde la noche del sábado. 

Afuera del aeropuerto el ambiente se dividía en grupos a favor de la Cicig y otros que piden que se retire a la comisión del país por “ser una injerencia extranjera”. Ambos grupos se apostaron afuera de la términal aérea, unos en el área de embarque y otros en el área de protocolo, donde permaneció el investigador de la Cicig desde la tarde del sábado. 

Orden constitucional

Según la Corte, el no permitir el ingreso del colombiano Osorio Zuluaga el pasado sábado 5 de enero “contraviene e incumple con los efectos positivos otorgados en el amparo provisional”.

La resolución la emitió la CC con cuatro votos a favor y el voto en contra de la magistrada presidenta Dina Ochoa. Ella explica que la resolución constitucional de diciembre pasado se dirigía al Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad cuestionada. 

“No obstante ello, la orden emitida en el auto del que me separo vincula directamente al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración, autoridad pública que no ha sido vincualda al proceso de amparo de mérito y, como consecuencia, no tiene noticia de todo lo actuado en el proceso”, señala la magistrada presidenta al explicar su voto disidente.

Según la orden constitucional, “ordenó al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración que deje sin efecto, en el plazo máximo de una hora, contado a partir del momento en que sea notificado el auto emitido, la decisión de los delegados de migración de no admitir el ingreso al territorio nacional del funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Yilen Osorio Zuluaga”.

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Además, la Corte también solicitó a la autoridad de Migración que presente un informe circunstanciado “en el que detalle las acciones ejecutadas para cumplir con lo dispuesto por la Corte”, informe que deberá presentar en un plazo máximo de tres horas luego de ser notificado.

Publicación Oficial

La Corte de Constitucionalidad, además, pide que, luego de los últimos acontecimientos alrededor de los trabajadores extranjeros de la Cicig, se publique en el Diario Oficial el auto de mérito, así como otros emitidos y que tengan relación, de manera que todas las autoridades, funcionarios y empleados conozcan la resolución.

“Tomen las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en cuanto a que los funcionarios de la citada Comisión gozan de libertad de movimiento, sin restricción alguna, a través del territorio de Guatemala”. 

Migración cumple

En un comunicado difundido por el Instituto Guatemalteco de Migración la noche de este domingo, luego del ingreso del investigador de la Cicig, expresa que se cumplió con la orden constitucional luego de haber sido notificados.

“El Instituto Guatemalteco de Migracióin y ninguno de sus funcionarios desobedeció la resolución del máximo órgano constitucional, ya que la misma fue cumplida en el plazo establecido”, señala la entidad migratoria guatemalteca. 

Agrega: “El señor Yilen Osorio Zuluaga por orden judicial permaneció en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en condiciones que garantizaban sus derechos fundamentales”. 

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Pese a que la acción promovida por el abogado Passarelli es por la resolución del proyecto minero, la Mina San Rafael emitió un comunicado donde deja claro que la acción en contra de la CC no fue promovida por ellos ni la respaldan, por el contrario, están acatando la orden constitucional. 

La Corte de Constitucionalidad resolvió 425 días después de que la mina suspendió las operaciones, atraso que según la empresa habría representado el despido de unas 700 personas y pérdidas para el Estado de hasta Q467.5 millones por impuestos y regalías.

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Según la denuncia presentada por Passarelli y que por la que ya se inhibió el Juzgado Séptimo Penal, la CC habría incurrido en el delito de retraso malicioso de la justicia, al esperar más de un año para resolver. Sin embargo, el magistrado Bonerge Mejía, quien presidió la Corte ese 3 de septiembre por la ausencia por viaje de la magistrada Dina Ochoa, justificó en esa oportunidad el atraso en que habían más de ocho mil folios y otros documentos multimedia que debían ser analizados.

El Juzgado Séptimo ya se inhibió de conocer la denuncia por competencia, según lo ordena la Ley en Materia de Antejuicio, por lo que el expediente ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y está, junto a las otras dos acciones, en espera de ser agendado para conocerse en el pleno de magistrados y decidir si se remiten al Congreso. En este escenario, el Organismo Legislativo debería abrir un proceso de antejuicio por cada una de las denuncias que reciba, sin importar que sean contra el mismo magistrado.

El abogado Passarelli trabajó como asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 2015, y en el 2016 fue director de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Hasta ahora no ha sido posible localizarlo para conocer más detalles sobre la acción presentada en contra de los siete magistrados.

CSJ acumula procesos

Hasta ahora son tres procesos de antejuicio que la CSJ debe conocer y decidir si ameritan ser enviados al Congreso para que los conozca. En caso los magistrados de la CSJ determinen que son denuncias espurias o políticas podría rechazarlas y cerrar ahí los procesos.

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Los magistrados Francisco de Mata Vela, Boenerge Mejía Orellana y Gloria Porras acumulan hasta ahora tres denuncias que podrían significar tres procesos distintos de antejuicio si así lo considera la CSJ.

Los tres magistrados fueron incluidos en acciones penales presentadas por la Procuraduría General de la Nación, la Asociación de Dignatarios de la Nación y la presentada por el abogado Passarelli.

Phillip Conte, María Cristina Fernández, María de los Ángeles Bor y José Mynor Par, figuran solo en la denuncia presentada por Passarelli.

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Hombre es detenido en la cárcel Mariscal Zavala cuando fue a visitar a su papá

Pinto Espino también era buscado por la justicia hondureña por lavado de dinero, además, se le vincula en ese país con la estructura del narcotráfico dirigida por los hermanos Valle Valle.

Desde la iglesia

El ahora procesado se presentaba como pastor de una iglesia evangélica en Quiché, sin embargo, bajo esa actividad también habría traficado “grandes cantidades de droga”, sostiene el Ministerio Público.

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Según la investigación, a través de su trabajo religioso Pinto Espino se acercaba a las autoridades de la localidad y otras personas que lograba persuadir para convertirlos en sus aliados o para obtener información que le facilitara el transporte de los ilícitos.

Durante el allanamiento que permitió la captura, el Ministerio Público incautó Q632 mil 150, además de MX$22 mil. En la residencia también se localizaron 862 municiones para armas de fuego, siete armas automáticas, un vehículo tipo agrícola.

Más de dos años antes, el 9 de junio de 2016, el Ministerio Público ya había logrado coordinar la incautación de 92 kilogramos de cocaína, supuestamente del grupo que dirigía Pinto Espino, por lo que comenzó la investigación.  

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¿De dónde viene esa vocación?
 
Hay una cosa interesante: mi abuelo tenía tres hermanas religiosas y mi abuela, dos hermanos sacerdotes, de la orden de  San Vicente de Paúl. Ellos querían que yo fuera de esa congregación. Es una congregación muy buena, dedicada a los pobres, pero sentí que, al hacer el discernimiento, la misión de los scalabrinianos era una misión que se acoplaba más a mi deseo, viviendo directamente el llamado de Dios con personas.
 
¿Es decir que la vocación de servicio viene de familia? 
 
Siempre me motivó, porque mi abuelo nació en Italia, emigró a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. No lo conocí. Pero por la cercanía con los scalabrinianos en el pueblo, sentí que era lo mejor.
 
Y con los migrantes, ¿cómo fue ese contacto  durante su juventud? 
 
Fue una formación muy importante, porque nos dedicábamos —en el seminario— a estudiar, pero los fines de semana íbamos a hacer trabajo pastoral. Íbamos a las periferias, a las favelas.

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¿Cómo cambió su vida ese contacto?
 
El contacto nos humaniza, nos hace personas diferentes, más sensibles, más hospitalarias, más abiertas para comprender el drama humano.
 
Podemos tener muchas teorías, conocimiento, filosofía, teología; sin embargo, si uno pierde el contacto con la vida humana, no está cumpliendo con el mandato del sacerdocio: el llamado al servicio.

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En 1998, la congregación me pidió venir a América Central, Guatemala, y desde entonces estoy aquí. Son 20 años dedicando mi vida al servicio de los migrantes y refugiados. Últimamente me pidieron ampliar la misión con una Casa del Migrante en El Salvador.
 
Son 20 años coordinando una casa a la que le ha tocado albergar hasta 14 mil personas en solo 10 días. ¿Cómo definiría el ritmo de trabajo?
 
Es un trabajo intenso, porque mi vida se divide entre Guatemala y El Salvador. Dirijo dos casas del migrante. Aquí, de paso; allá, desplazados por la violencia, deportados; en fin, es una situación muy compleja, que   uno hace porque realmente asumió esta vida, pero prácticamente la vida de uno está bien marcada.
 
¿Ha pensado en el retiro?
 
25 años atrás, cuando salí de Brasil, que los celebro este año, era un joven que jugaba futbol y volaba las fronteras. Sin embargo, claro que los años van siendo parte de la vida de uno y también las energías. Las fuerzas poco a poco van disminuyendo. Gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad y sigo con dinamismo, pero llega un momento en el que ya es evidente y el cuerpo siente que quizás hay, en un futuro, no sé cuándo, no tengo idea, hacer un trabajo de menos intensidad. Pero no me hice sacerdote para estar acomodado.

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 ¿Ayuda regresar a Brasil para recargar energías?
 
Cuando regreso a mi casa, la primera cosa es ir y ver a mi mamá, que se preocupa para prepararme la polenta, el queso, el salami, que está ahí, la comida que me gusta. Pero a mí me gusta volver al campo,  visitar a los amigos, oficiar misa los fines de semana. Es una vida con  gente del campo que me anima a seguir adelante.

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Verzeletti y Barilli son reconocidos como Personajes del Año 2018 de Prensa Libre debido al impacto de sus acciones en esta coyuntura, las cuales son coherentes con su trabajo de dos décadas, en el cual dan testimonio de su fe, ejemplo de caridad y una lección de servicio generoso.   

Hay que reconocer que, aunque este año la migración de centroamericanos mostró su lado más dramático, la Casa del Migrante lleva 24 años de atender a miles de viajeros indocumentados, que pese a tener derechos  no los conocen o no quieren exigirlos, y quedan a merced  de tratantes de personas, agresiones policiales y redes delictivas que los despojan de su dinero, su dignidad y, a veces, hasta la vida.   

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Por su lado, Mauro Verzeletti resalta: “Esta huida masiva es un grito de los pobres y los excluidos que ya no soportan la violencia y la pobreza”.

La rutina en las casas del Migrante es muy parecida. Cada día se organizan las tareas de cocina y limpieza, y a las 6 de la mañana comienza la jornada: unos barren, otros lavan. A las 7, el desayuno se sirve en un comedor general y luego cada persona tiene derecho de salir, si así lo desea, aunque muchos de los viajeros optan por quedarse varios días en las instalaciones, porque es más seguro y hay tres tiempos de comida garantizados.

Hay restricciones en la atención, por supuesto. Nadie puede entrar a la Casa si ha ingerido alcohol; tampoco pueden llegar más allá de las 4 de la tarde y deben mostrar una conducta pacífica.

El tiempo que cada migrante permanece en la Casa depende de las circunstancias. Todos los admitidos deben someterse a una evaluación socioeconómica para determinar el grado de vulnerabilidad y qué servicios precisan.

Algunos van de paso; otros están esperando que se les otorgue asilo o refugio. En esos casos, se les acoge hasta por tres meses.

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La llegada

Fue el 10 de marzo de 1995 que a la ciudad de Tecún Umán llegó el padre Ademar Barilli y consiguió un terreno y el dinero para construir la primera de dos casas que funcionan en la actualidad. Son dos inmuebles a los que a diario acuden personas que van o vienen de México, algunas con más ganas de regresar; otras, derrotadas y resignadas a volver a la realidad de sus países.

Desastres naturales como la tormenta Stan, en el 2005, han sido detonantes que elevan la necesidad de migrar a un país que les dé una oportunidad. Ese año, según  Barilli, se atendió a unas 18 mil personas que viajaban a Estados Unidos.   

En julio de 2018, la caravana de migrantes fue coyuntural. Un parteaguas de las migraciones centroamericanas. Muchos citadinos, incluso, se sorprendieron al ver por las calles de Guatemala a  familias enteras o madres solas con sus hijos.

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Años de compromiso

Verzeletti y Barilli conocen muy bien la migración centroamericana, la han vivido y atestiguado las últimas dos décadas, pero también conocen la migración desde su propia familia. Vienen de familias italianas que llegaron a Brasil después de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en una campiña que todavía les provee todo lo que necesitan para vivir. Sin lujos, pero sin carencias.  

Ambos sacerdotes tienen una personalidad que pareciera estar alejada de la tradicional vida religiosa. Su imagen se acerca más a dos apóstoles con una causa  común: los migrantes.

En las casas que dirigen, una en la zona 1 y otra en Ciudad Tecún Umán,  Ayutla, San Marcos, no hay capillas.

Sí existe algún cuadro de San Carlos Scalabrini y, en  la oficina del padre Verzeletti, una fotografía de San Óscar Arnulfo Romero y otra en la que saluda, sonriente, al papa Francisco, durante una visita al Vaticano en 2016.

Aunque las Casas están separadas por  300 kilómetros, ambos coinciden en que no se trata de  albergues, sino de espacios donde se ofrece atención integral a los migrantes, sin importar religión, si van o vienen, incluso si los problemas son de salud y psicológicos, ya que se cuenta con atención en ambas áreas.

“Nosotros hemos denunciado, hemos escrito una revista, programas de radio. Aquí ha venido el Parlacén —Parlamento Centroamericano— y ya no los quiero ver, porque no hacen nada. La Comisión del Migrante del Congreso si viene aquí es a pasear y no podemos esperar mucho”, dice el padre Barilli mientras explica cuántas gestiones deben hacer todo el año para que se pueda garantizar la atención que por más de dos décadas han brindado.

Una vida, una causa

El carisma de la congregación de los misioneros scalabrinianos es la atención a los migrantes. Eso lo sabían ambos sacerdotes cuando decidieron entrar al seminario.

Al explicar cada detalle del trabajo de las casas que dirigen sonríen, muestra inequívoca de que la decisión fue correcta: hacen lo que les gusta por amor.

Aunque el diccionario define la migración como “el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro”, para el padre Verzeletti es algo más.  

“Es, primero, un ser humano. Un ser humano que amerita respeto, atención, protección, y es una persona que tiene sueños y deseos. No es ningún delincuente, ningún criminal, son personas que sueñan con tener un futuro mejor, una vida más humana, más digna”, dice Verzeletti.

“Estoy haciendo lo que escogí, tienen derecho a regañarme si no lo hiciera; pero, lamentablemente, dentro de la misma orden hay quienes no quieren trabajar con migrantes”, reconoce Barilli.

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Creciendo juntos

Desde 1995, cuando comenzó a funcionar la primera Casa del Migrante, el flujo migratorio a EE. UU. ha crecido y la razón, según juzga el padre Barilli, es la política de ese país, por no permitir el ingreso.

Es decir, cada vez que endurece sus controles migratorios, pareciera darle un impulso a quienes quieren ingresar de manera ilegal. Además, los riesgos de conseguir el sueño americano se incrementan.

El padre Barilli, al menos, piensa que la política del presidente Donald Trump no acabará con la migración. Tampoco lo harán los programas del Plan Alianza para la Prosperidad, simplemente porque no llegan a la raíz del problema. La Casa del Migrante tampoco, dice. Ellos solo trabajan con las víctimas, pero no tendrían suficientes recursos para combatir pobreza, falta de empleo o inseguridad, razones que hacen que la gente se vaya a  EE. UU.

“No han cambiado las situaciones de Guatemala; por el contrario, son tres años que la violencia, extorsiones, amenazas, las maras, es un problema no resuelto. Se está invirtiendo en la seguridad, pero no la social, solo para algunos, pero no para el pueblo, porque la migración está subiendo cada año  y no vemos que tenga interés”, dice Barilli.

Solo de enero a noviembre de este año, el Instituto General de Migración (IGM) reporta 87 mil 699 guatemaltecos deportados de EE. UU. y México.

En el año 2017 fueron 67 mil 334 los guatemaltecos deportados de ambos países, por vía aérea y terrestre, lo que demuestra que el interés por llegar a EE. UU. es más grande que los peligros a los que se enfrentan los migrantes,  debido a que por la exclusión ya no tienen nada qué perder.

El padre Barilli va más allá en su visión de combate al tráfico humano, y es que  en lugar de endurecer los controles se eliminaran.

Agrega: “Cuando la frontera estaba abierta, el migrante no necesitaba coyote, y cada vez que se van levantando los muros, el precio va a ser más alto, va a empobrecer más a la gente, porque pierden dinero, la tierra (…) eso deben entender“, abren las fronteras y se acaba el tráfico humano y también va ligado porque los grupos organizados extorsionan, los involucran al narcotráfico como condición para ser llevados, aparte son explotados en Estados Unidos”.  

Poco dinero, mucha fe

La misión de los scalabrinianos era ayudar al migrante; sin embargo, desde su llegada han enfrentado un problema igual de grande que la migración: la política.

En 1998 llega el padre Verzeletti y se topa con una Ley de Migración que, a su  juicio, era una normativa “muy estricta” y contemplaba hasta cinco años de cárcel para las personas indocumentadas, las criminalizaba.

Esa barrera tuvo que superarse con roces políticos, recuerda el padre Verzeletti, lo que le valió, en ese momento, algunos conflictos con personajes políticos.

“Desde que se publicó la Ley —de Migración— trabajamos para cambiarla. Hoy el Código es mucho más humano, más cercano al deseo de las personas como el derecho a migrar, un derecho humano, y este es un paso significativo para la historia de Guatemala”, dice Verzeletti al recordar los logros más importantes en su trabajo en el país.

Ese roce político también ha significado, en algunos momentos, más ayuda gubernamental, y en otros casos, como ahora, un recorte financiero para el 2019 en la asignación presupuestaria.

Era el Ministerio de Salud el que ofrecía alrededor de Q1.5 millones para el trabajo de las casas del Migrante, recursos que permiten hasta ahora ofrecer atención médica y psicológica a los migrantes; algunos, incluso, obtienen servicios de laboratorio sin ningún costo.

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Sobre el recorte financiero del Estado para el próximo año, el padre Verzeletti reconoce que no le sorprende porque la fricción política en medio de la crisis de migración ha sido alta. “Piensan que me están haciendo daño a mí, pero no. El daño es para los miles de migrantes que podrían no ser atendidos, pero algo vamos a hacer”, dice el padre Verzeletti, a modo de consuelo.

“Algo vamos a tener que hacer, porque al médico, al abogado, le vamos a tener que pagar”, responde el padre Barilli sobre el mismo tema.

Agrega: “Aquí hay que pelear al Congreso por unas migajas. Yo soy brasileño, pero me siento chapín y vine a hacer el trabajo por amor a la camisa. Pero, ¿cuál es la institución: Conamigua? ¿Por qué la preocupación por los migrantes en Estados Unidos? Deben preocuparse por los que están en Guatemala”.  

Otras instituciones como la Comisión Nacional de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua), tampoco trabajan con la Casa del Migrante, aunque sea esta misión scalabriniana la única en el país que tiene un modelo, demostrado, para atender a los centroamericanos que van  a EE. UU.

“Hay una omisión muy grande, si hablamos de Conamigua. Han abierto ventanillas en Huehuetenango, pero no hacen nada. Dejar una computadora es muy fácil, pero no hacen el trabajo. Nos siguen buscando a nosotros —los migrantes—, la gente sabe que les resolvemos los problemas. Conamigua tenía una oficina en San Marcos ¿y qué hizo?”, cuestiona el padre Barilli.

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Ha liderado la Casa del Migrante con firmeza, al igual que lo hizo, alguna vez, al frente de hasta ocho mil estudiantes en la universidad y en el movimiento social que fue parte de la fundación del Partido de los Trabajadores, que llevó a Ignacio Lula da Silva al poder en el 2003.
 
Barilli es uno de los más autorizados para hablar de la crisis migratoria, pues las últimas dos décadas ha atestiguado el paso de hasta 18 mil migrantes al  año. 
 
Ha conocido la política de cerca. ¿Le interesó?
 
Cuando terminé   Filosofía querían que siguiera la carrera política, pero no quise, porque me di cuenta de que dentro de los partidos políticos hay mucho engaño, mentira e hipocresía (…) Continué mis estudios de Teología y fui a Sao Paulo, trabajé con la migración interna, terminé la Teología y pedí trabajar en México. Empezamos una misión con los braceros en 1989. Trabajé cuatro años. 

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¿Cuál es la principal motivación para trabajar con migrantes?
 
Ver el sufrimiento de nuestros padres y el que uno mismo vivió. Yo empecé a trabajar con 7 años. Antes tenía que recoger leche, llevarla a una fábrica de queso y luego iba a la escuela. Por la tarde, trabajo de campo. Mi papá decía: “Aquí el que no trabaja no come”.
 
¿Cómo descubrió  su vocación religiosa? 
 
En la misma iglesia había un grupo de la teología de la liberación, estaban involucrando mucho a la gente a la fe y a la política, pero no partidaria, sino de dar respuestas sociales a través de la fe, y me fue animando y me animé. Brasil fue muy abierto con los migrantes y es una forma de devolver lo que nos dio.  
 
A Guatemala llega el 10 de marzo de 1995. ¿El trabajo fue más fácil? 
 
Llego porque fui desterrado de México. En ese momento un compañero había comenzado en Catarina –San Marcos— y no se acopló. Luego me habló el obispo —Álvaro- Ramazzini— y me invitó.

Precisamente porque en 1993 inicia el muro —en la frontera de México y EE. UU.— y empiezan los problemas. Ya en 1995 la oficina atendía hasta 80 migrantes al día y no había con qué.
 
¿Cómo nació el proyecto de la Casa del Migrante?
 
Yo traía la experiencia del norte y les dije que no quedaba otra cosa que construir la casa. Pero no teníamos dinero. Tuve suerte porque hablé con el alcalde y ahí vi que Dios existía. En una semana conseguí el terreno y un amigo mío, alemán, que nació cerca de donde mi mamá, se fue a trabajar en Cáritas, en Alemania, y conocía mi trabajo y me ayudó con US$65 mil.
 
¿Hasta dónde llegan los servicios de la Casa del Migrante?
 
No es un albergue, me molesta que me digan que es un albergue. Sí damos albergue, pero aquí damos albergue todos los días del año. Recibimos el año del Stan —2005—, más de 18 mil migrantes.

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Llegamos por momentos a tener 140 migrantes por noche y se les dan servicios de salud, psicología y orientación legal.
 
Al ser dirigida por un sacerdote se piensa que la actividad de la Casa del Migrante es religiosa. 
 
Aquí no permito predicación, aquí el que quiera ayudar es con su servicio,  es el idioma que todos entienden. Venís a hablar de Dios aquí, habla mucho más de Dios el que actúa, el que tiende la mano a los demás, que estar hablando de Dios. Aquí no se permite esto. 

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El Gobierno ha recortado el presupuesto para el próximo año. ¿Cuánto le afectará?
 
Me da mucha pena que el Gobierno, por medio millón —de quetzales—, nos corte el dinero.
 
¿Cuántos millones se gastan en lo robado, por la corrupción? ¿Y por los migrantes?
 
La pregunta es ¿qué hace el Gobierno de Guatemala por los migrantes? Qué tipo de diputados son esos, porque si los diputados conocieran, vinieran.
 
Significa que si quieren   pueden. Ahora si quieren hacer mal las cosas también lo pueden hacer.

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Los 6 argumentos de la Cancillería en contra de la CC

“Coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”, explicó la PGN a través de un comunicado difundido minutos después de presentar la denuncia en contra de los magistrados.

Según la PGN, la institución ha sido parte de varios procesos de amparo que “respaldan la presente acción, pues se estima que ciertas resoluciones de dicho tribunal constitucional transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”.

Ruta del antejuicio:

• La denuncia se presenta ante un Juzgado de Instancia o de Turno, quien por falta de competencia se inhibe de conocer el proceso y en un plazo de tres días lo debe elevar a la Corte Suprema de Justicia.
• La Corte Suprema de Justicia, en un plazo no mayor a tres días hábiles después de recibida la denuncia, deberá remitirla al órgano que tenga la competencia; en este caso es el Congreso de la República, según la Ley en Materia de Antejuicio, quien tiene la facultad de conocer los procesos en contra de magistrados de la corte de Constitucionalidad.
• El Congreso recibe el expediente y debe hacer de conocimiento del Pleno que, en la próxima sesión ordinaria, no más de ocho días después, se iniciará el trámite del antejuicio con la integración de la Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente de la Congreso.
• La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe.
• Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
• Si dan con lugar el antejuicio el expediente regresa a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda, si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso, pero si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.

Acción inédita

Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, la decisión de la PGN de denunciar a tres magistrados constitucionales no solo es inédito en la historia del país, sino que se está constituyendo en un golpe de Estado.

“La Corte de Constitucionalidad es la última corte. Sostener que existe prevaricato porque se pierde un proceso, es un intento de barnizar de legalidad (…) es lo típico de (presidentes como Daniel) Ortega y (Nicolás) Maduro”, agregó el abogado.

Según Balsells en la denuncia en contra de los tres magistrados no hay ninguna perspectiva técnica, por el contrario “solo hay abogados apoyando los argumentos de alguien que quiere nombrarse dictador”.

La acción de este miércoles en contra de los magistrados, según Balsells, solo “busca desaforar a la Corte de Constitucionalidad porque es la única que les ha puesto freno (al Ejecutivo). El que avale esto está en contra de los principios del poder y es un golpista”, acotó.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, luego de trascender la denuncia presentada por la PGN y siendo el Congreso quien debería conocer el antejuicio si la Corte Suprema de Justicia le da el trámite, publicó un mensaje en su cuenta de twitter. 

Una República esta basada en la división de poderes y funciona a través de pesos y contrapesos. Cuando una institución actúa creyendo que no tiene contrapeso comienza a abusar de sus facultades hasta creerse celestial. Toda acción tiene consecuencias.

— Alvaro Arzú E (@AlvaroArzuE) December 27, 2018

También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció en la misma red social sobre las acciones de la PGN. 

Lamentable reacción del Gobierno utilizar al órgano asesor del Estado @PGNguatemala frente a decisión de @CC_Guatemala de otorgar amparos provisionales a favor de personal @CICIGgt. Pretender penalizar el accionar de los magistrados, un mal augurio para nuestra frágil democracia.

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) December 27, 2018

Resoluciones en discordia

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron por unanimidad un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Cicig. El jefe actual de la Cicig es Iván Velásquez, según última comunicación de la ONU.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

El pasado 21 de diciembre, la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último.

Este miércoles la Cancillería presento un recurso de aclaración y ampliación donde son al menos seis argumentos con los que reprochan la decisión del máximo tribunal constitucional. La acción aún está pendiente de resolver.

Mientras tanto, los investigadores de la Cicig permanecen de vacaciones fuera del país, se ha informado.

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