Es tarea de los gobiernos propiciar nuevos campos de oportunidad; por ejemplo, en el turismo: existen tantos parajes y rincones atractivos en el país que bien podrían existir microcompañías de atención a visitantes nacionales y extranjeros en materia de hospedaje, gastronomía, guía ecológica, transporte y cuidados infantiles.

Algunos postuladores de dudosos vínculos disimularon su sorpresa o incluso su molestia, pues hasta antes del fallo buscaban rebajar la calificación mínima hasta niveles irrisorios, casi de mediocridad, con el solo fin de abrir espacios a ciertos abogados y jueces que perdieron el examen inicial.

El término ineptocracia, referido en un reciente análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, abarca precisamente ese sistema de favores oscuros, contrataciones clientelares y prolongación de puestos innecesarios que mina las finanzas nacionales.

Guatemala se encuentra a cuatro meses del cambio de gobierno, con un período de transición que no termina de despegar debido al secretismo con el cual el Ejecutivo saliente maneja ciertos asuntos de capital importancia para el sucesor, o al menos eso es lo que se exhibe ante la opinión pública.

El verdadero significado de las expresiones cívicas se encuentra en la coherencia entre valores y acciones, entre discurso y testimonio.

No se trata solo de repartir víveres o granos básicos, sino de atajar las causas directas e indirectas, como las crisis económica y climática de las localidades, la falta de servicio de agua potable, las carencias viales que dificultan el comercio o el desarrollo del turismo comunitario, así como la ausencia de apoyo técnico para desarrollar miniproyectos agrícolas o artesanales con pertinencia cultural.

Queda claro que el anunciado cierre de la sede diplomática obedece a una vindicta visceral y no a razones prácticas, sobre todo si se toma en cuenta que la comunidad guatemalteca radicada en Suecia expresó en 2018 su rechazo al hostigamiento hacia el embajador Kompass y por ello serán castigados al trasladarse la atención consular a la embajada de Alemania, a 900 kilómetros, mar de por medio.

Ninguno de los postuladores puede alegar ignorancia de las vulnerabilidades a las cuales está expuesto el sistema de justicia del país; no pueden hacerse de la vista gorda ante los obvios intentos de politiqueros, traficantes de influencias y mafias de colocar a figuras afines en magistraturas para, desde ahí, manipular casos, incidir en procesos y poner piedras de tropiezo a la aplicación de la ley.

Es imposible saber si la premura por parte del gobierno moralista obedece a algún tipo de presiones adicionales que no sean públicas, puesto que las amenazas de sanciones económicas proferidas en meses anteriores por el presidente Donald Trump, si bien son temibles, están sujetas a todo un proceso institucional.

Desafortunadamente, en Guatemala existen diversas situaciones que han conculcado, históricamente, la certidumbre de cumplimiento de las leyes, ya sea por interpretaciones antojadizas, conflicto de interés, abuso de poder, favoritismo hacia determinadas personas o una abierta actitud de ilegalidad, las cuales no deberían pulular con tanta displicencia, sino, por el contrario, constituir casos de juicio y sanción sin excepciones.