La principal fuente de ingresos del proyecto será el cobro de peaje a los usuarios. Se cobrará la tarifa base de Q15 por vehículo liviano de un eje, valor que ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA).
El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.
El proyecto requiere una inversión estimada de alrededor de US$80 millones.
El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se prevé que empiece a operar en el 2022.
Al término de ese plazo se puede ampliar pero deberá ser conocido de nuevo por el Congreso explicó el funcionario.
La Comisión de Evaluación encargada de la licitación del proyecto comisión resolvió adjudicar al Consorcio en mención el 14 de julio último al establecer que cumplió con lo establecido en las bases de licitación y presentó la mejor oferta para los intereses del Estado informó la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo (Anadie).
Según las bases de licitación el participante privado deberá compartir un canon del 4% en los primeros ocho años de operación del proyecto, y una base del 5% más la oferta económica o canon adicional a partir del noveno año de operaciones https://t.co/8j4iNTv8Gq
— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 3, 2018
Este consorcio ofreció el canon del 36.13% adicional al 5% exigido en las bases de licitación a partir del noveno año de la fase de explotación, hasta la finalización del contrato, lo que suma un 41.13% explicó Roberto Sagastume, director ejecutivo de Anadie.
Según las bases de licitación la oferta económica que incluyera el mayor porcentaje de canon a favor del Estado a partir del noveno año sería la adjudicada, siempre y cuando cumpliera con los requerimientos técnicos exigidos.
Ese canon es el porcentaje de los ingresos brutos se tendrá el Estado.
Los primeros ocho años la empresa deberá entregar el 4% sobre los ingresos brutos de la sociedad de propósito específico que debe crear para ejecutar el proyecto.
Sagastume explicó que se trata del primer contrato de alianzas público privadas conocido como APP, bajo decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
Además es un proceso diferente al que se efectuó en 1997 cuando a la empresa Marnhos se le dio la concesión de la autopista de Palín a Escuintla, la cual sigue operando.
El contrato debe ser aprobado por el Congreso y para ello se prevé enviar la iniciativa de Ley a ese organismo a principios de septiembre próximo luego de que se agoten los trámites administrativos agregó el director.
Las empresas oferentes aún pueden impugnar.
De qué se trata el proyecto
- El objetivo es convertir un tramo de 40 kilómetros en autopista con altos estándares de calidad y elevados niveles de servicio, explicó Anadie.
- Es el tramo de la ruta Centroamericana CA-9 Sur A, que conecta el municipio de Escuintla con el Puerto Quetzal.
- Va del kilómetro 60.9 al 102.1.
- La autopista beneficiará a los conductores de los 10 mil vehículos livianos, 3 mil 800 vehículos pesados y más de 1 mil 200 autobuses que diariamente circulan por ese tramo.
“Es un importante corredor logístico para el país debido a que comunica el área metropolitana con el Puerto Quetzal, terminal que mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por la vía marítima” añade la agencia.
Conectará sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales e inmobiliarios, aspecto que dinamizará la economía de los lugares y agilizará el tránsito hacia otros puntos, explica Anadie dentro de los beneficios del proyecto.
Ese monto debe ser aportado en su totalidad por la empresa adjudicada e incluye el diseño, construcción, operar y mantener la infraestructura.
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