- Vicenzio Caruso, quien tuvo participación en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial FCN-Nación, en el cual el Congreso archivó las dos solicitudes de retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales. Experto en rastreo de capitales y lavado.
- Yilen Osorio Zuluaga, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en el que MP y Cicig pidieron el retiro de inmunidad del diputado Felipe Alejos, pero la Corte Suprema de Justicia lo denegó.
- Roque Marcelo Veliz López, investigador uruguayo que participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo y quien está procesada.
- Luis Fernando Orozco Alvarez, investigador en el caso La Línea, que espera inicio de juicio, y mandatario de Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, en el cual el Congreso ya archivó la segunda solicitud del retiro de inmunidad del presidente Jimmy Morales.
- César Augusto Rincón Sabogal: abogado del caso casos IGSS-Pisa, ya sentenciado, y Botín Registro de la Propiedad, en el cual están involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente. Rincón es colombiano-canadiense y lleva más de 10 años de trabajar en la Cicig.
- John Washington Gimez Robayna.
- María Martín Quintana, quien fue delegada de oficina de Cicig en Quetzaltenango, la cual cerró operaciones para concentrarse en casos en la sede central.
- Fernando Robles Reyes, investigador financiero.
- Harcio Roberto Piccardo Candia.
- Fernando Washington dos Santos Oliveira.
- Coriolano Marcelo Umpierrez Osorio.
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La notificación oficial, que salió publicada este martes en el apartado legal del Diario de Centro América, señala: el día 17 de diciembre del presente año se les comunicó -a los 11 investigadores y abogados- que sus acreditaciones que les fueron otorgadas de manera personal e individual como expertos de la Comisión y familiares, según el caso, debido a que la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron.
Consultado sobre el retiro de las acreditaciones, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo que el Ejecutivo quiere que la Cicig cumpla con su mandato y con estas actuaciones lo está impidiendo.
Recordamos: El día que el Gobierno señaló que Cicig se volvió un aparato clandestino
La Cancillería afirmó que con el retiro de sus privilegios “cada uno de los funcionarios se convierte en un extranjero más en el territorio nacional, lo que significa que deben sujetarse a las leyes y normas del país”.
La información oficial señala que este procedimiento era el paso administrativo siguiente al retiro o revocatoria de las visas de cortesía y que el acuerdo de creación de la Cicig continúa vigente.
Además, señala el Minex: “el diálogo con ONU se mantiene y se está a la espera de que ellos respondan sobre las inconformidades planteadas por el país”.
La cartera indicó que la notificación sobre el retiro de privilegios se hizo por medio de un acta que se entregó a la sede de la Cicig, en la zona 14 capitalina, y que, aunque esta no fue firmada de recibido, el documento se dejó en el lugar.
Cuando en octubre se hizo oficial que el Ejecutivo no renovaría y denegaría visas de trabajo a los 11 investigadores y abogados de la comisión, fuentes informaron a Prensa Libre que las motivaciones podrían estar relacionadas con las nuevas investigaciones sobre corrupción en las que el personal estaba involucrado.
Por su parte, el presidente Jimmy Morales afirmó que esas visas se denegaron o no se renovaron atendiendo la seguridad del país. “Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado”.
Por la tarde, Acción Ciudadana presentó un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que pidió que determine si procede la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como abrir un proceso penal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia.
Según la organización, al retirar las visas y credenciales a los expertos de Cicig, la ministra desobedeció la orden de la CC de negociar con la ONU para resolver cualquier conflicto respecto a la Cicig.
Esta es la declaración de Cicig respecto al retiro de acreditaciones del personal de Cicig:
Según información que circula proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a once funcionarios y dos de sus familiares a quienes no se les ha renovado su visa de cortesía, acreditación diplomática y se les retira la inmunidad:
Cabe señalar que los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los -cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad- CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.
La información citada en el Diario Oficial no ha sido notificada a la Cicig mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas. La Comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto por lo que no puede considerarse una notificación diplomática.
Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de Cicig derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales.
La Cicig sigue trabajando en el marco de lo expresado en su acuerdo de creación que señala que es mediante el diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas la vía para solucionar cualquier diferendo.
Nota en desarrollo
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