El abogado Alfonso Carrillo, por su parte, presentó una apelación de auto de amparo también en la CC, en la que pide se otorgue el amparo provisional que no le fue otorgado por la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en octubre pasado, que consideró que Carrillo no tenía legitimidad para accionar.
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En la acción, el abogado impugna a Jovel por haber denegado y revocado visas que ya había otorgado a ciertos funcionarios extranjeros de Cicig y sus familiares y que ahora amenaza con expulsar.
Respecto a esa misma acción, este martes, los propios investigadores de la Cicig apelaron en la CC.
El vocero de la Corte, Santiago Palomo, indicó que las acciones presentadas no fueron programadas en el pleno de este miércoles y desconoce si están en la agenda del jueves.
Acciones en la CSJ
Por aparte, la Fundación Myrna Mack presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un amparo en contra de la ministra de Relaciones Exteriores y el director de Protocolo de esa cartera para evitar la expulsión de los 11 funcionarios de la Cicig, en el documento detallan que los señalados están violando el artículo 149 de la Constitución.
En ese sentido, Eleonora Muralles de la Fundación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó otro amparo en la misma Corte, pero será el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil el que deberá resolverlo señalado.
A las acciones también se suma otra presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en contra de los mismos funcionarios por “la decisión injustificada de dejar sin efecto la acreditación de personal de Cicig”.
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El grupo de Autoridades Ancestrales también presentó un memorial, con el cual se sumaron como terceros interesados en la acción planteada por la PDH.
Por aparte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) denunció en el Ministerio Público (MP) a la canciller por “el hecho notorio de violar la sentencia de la CC que permite el ingreso del jefe de la Cicig al país” y porque, asegura, el personal de la Comisión no necesita acreditaciones emitidas por la Cancillería.
Los delitos por los que Jovel fue denunciada son: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstrucción de justicia.
El abogado Andy Javalois de la Fundación Myrna Mack indicó que si la CSJ no conoce las acciones podrían caer en una ilegalidad, ya que el artículo 28 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, señala que se debe otorgar amparo provisional cuando se trate de un acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo, ya que los investigadores podrían ser expulsados el viernes.
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