Las exdiputadas Anabella de León y Ana Regina Guzmán acudieron este martes 9 de julio a la audiencia de primera declaración dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que el Ministerio Público (MP) las sindica del delito de tráfico de influencias.

Según el MP, este es un tercer grupo de sindicados y estaría compuesto por 17 personas.

Dentro de los sindicados que acudieron al Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza Abelina Cruz Toscano, comparecieron Juan Pablo Urruela, Arístides Crespo, Gudy Rivera, Aníbal Augusto Salguero, Ronald Ixcamparic, Marvin Estuardo Diaz, Emily Mazariegos y Saúl Beltetón.

La jueza indicó que los delitos que se les señala al grupo son asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y fraude.

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A petición de los abogados defensores, se solicitó la suspensión de la audiencia bajo el argumento de que está pendiente conocer una apelación relacionada a un colaborador eficaz.

La jueza indicó que ya no podía suspenderse la audiencia, pero dejó el criterio a quienes desearan continuar con el proceso, desarrollar la audiencia y quienes deseaban la suspensión, serán notificados en una nueva fecha.

Solo las exdiputadas Anabella de León y Ana Regina Guzman decidieron seguir su proceso. Escucharon la sindicación por parte del MP por el delito de tráfico de influencias.

La audiencia continuará el próximo 17 de julio.

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Anabella de León señalada en el caso Botín Registro de la Propiedad es condenada a pagar una multa de Q5 mil

La solicitud de la PGN era que los condenados por caso especial de estafa pagaran Q3.8 millones y en el caso de Anabella de León le habrían correspondido Q1.1 millones por los daños causados al Estado.

Pero el Tribunal decidió rechazar la petición “por falta de pruebas” del daño que ocasionó al Estado.

Anabella de León fue absuelta el 19 de agosto por el delito de peculado en forma continuada en el caso Botín Registro de la Propiedad y aunque fue hallada culpable de peculado culposo, solo se le impuso una multa de Q5 mil.

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De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad, a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

Además fue asociada la compra de canastas navideñas por el que también fueron señalados Samuel Morales y José Manuel Morales, familiares del presidente Jimmy Morales, pero fueron absueltos.

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De León es absuelta de peculado de forma continuada, según decisión de los juzgadores. Aunque fue hallada culpable de peculado culposo por lo que le fue impuesta una multa de Q5 mil.

“No es delito, es una falta, porque es conforme al código anterior y son Q5 mil de multa. Yo lo dije siempre que eran actos administrativos y que no tenían que llegar a lo penal”, manifestó Anabella de León.

El caso

Según el Ministerio Público, la canasta navideña que recibieron los empleados tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50. No obstante, el Registro de la Propiedad, que en ese entonces dirigía Anabella de León, pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

En este caso, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas a la madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario.

#BotínRegistroPropiedad | Comienza audiencia en que se dictará la sentencia a 25 acusados del caso y en que están implicados los familiares del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/k4vOzCd621

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 19, 2019

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La megasala fue apartada por los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno durante toda la semana para las conclusiones.

La defensa de la acusada, Abdi Sucely Estrada García, pidió que declare su inocencia con el argumento de que jamás hubo vulneración de los controles internos.

Durante la argumentación se recortó la vulneración de una norma que no era exigible para la adquisición de canastas navideñas en 2013 para el personal.

Para desvirtuar la acusación de fraude en forma continuada por la que la semana pasada el fiscal Carlos de León solicitó imponer la pena de ocho años de prisión, la defensa recordó que existió un evento para la adjudicación de las canastas en la que participaron otras entidades las cuales, al igual que Estrada García, tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil.

“¿Qué se investigó? Si las demás entidades tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil. Se habló del precio sobrevalorado de los productos, pero eso lo debía haber dicho la Contraloría General de Cuentas”, expuso el defensor de Estrada García.

Después fue el turno de Mario Estuardo Orellana López, esposo de Estrada García, quien dijo que la acusación estuvo plagada de vicios.

Durante más de una hora la defensa expuso supuestas fallas para desvirtuar los delitos de fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. La Fiscalía solicitó imponer la pena de 14 años de cárcel y el pago de Q179 mil 975 como multa.

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Seguirá esta semana

El Tribunal suspendió la discusión de las conclusiones, aunque explicó que seguirán durante la semana.

Se prevé que expongan tres o cuatro abogados por día. Los jueces indicaron que cada abogado puede tomarse el tiempo que sea necesario debido a que se presentaron cientos de pruebas y fueron escuchados más de 80 testigos y peritos desde el 30 de agosto del 2017.

La exdiputada y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, adelantó que su defensa será de más de cinco horas.

Los Morales

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales,  José Manuel Morales, hijo del mandatario,  esperan su turno para las conclusiones, aunque han evitado adelantar los argumentos.

El Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones de los primeros defensores en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, en el debate del caso #BotínRegistroPropiedad. pic.twitter.com/GzSlFEqMnd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019

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En la audiencia 107, desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno anotaban algunos detalles que expuso el fiscal relacionados con los familiares del presidente de la República.

De León finalizó su exposición durante la mañana con las plazas fantasma que otorgó la exdiputada y exregistradora Anabella de León, acusada en este caso.

Después de un receso de 30 minutos, el fiscal argumentó los eventos documentados en la investigación efectuada junto con personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El primer evento comprende los 564 desayunos que pagó el Registro General de la Propiedad a la empresa Carnes y Ensaladas (Fulanos y Menganos, del amigo del gobernante y diputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez Herrera).

“En este debate se probó que José Manuel Morales Marroquín envió correos electrónicos a su novia Abdy Andrea Orellana Estrada sobre dos eventos falsos, ofertas falsas honorable tribunal, para la adjudicación de un evento de forma anómala”, dijo el fiscal.

Después, el representante del Ministerio Público proyectó en una pantalla las pruebas de los correos enviados desde la cuenta josemorales1602@gmail.com con las ofertas.

Las propuestas estaban designadas como “Espectacular” con el nombre de Manuel Marroquín y “JM3” que tenía escrito José Manuel Morales, para ofertar por los desayunos para el personal por Q102 mil y Q109 mil, respectivamente.

“Como la oferta menor era la de Fulanos y Menganos, por Q90 mil, casualmente el monto máximo de una compra directa, a esa entidad fue adjudicado”, explicó el fiscal.

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Conclusión

“Se engañó para defraudar al Estado, las ofertas fueron para simular que eran entidades distintas, pero los teléfonos eran de la misma persona. Acá se probó que hubo una defraudación al Estado”, concluyó De León.

El segundo evento fue el Plan Operativo Anual (POA) en el Registro que salpica a Samuel Morales.

El fiscal recordó que Morales fue acusado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración del POA, pero en realidad cubría el costo de las canastas.

Samuel Morales, en juicio por fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos, anotó algunos detalles en una libreta y siguió atento la conclusión del fiscal.

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Canastas

Hoy, 5 de julio, el fiscal De León continúa con las conclusiones y adelantó que seguirá con la exposición del último evento relacionado con la adquisición de canastas navideñas donde están involucrados Abdy Sucely Estrada y su esposo, Mario Orellana López.

Después hará un análisis de cada delito, previo a solicitar las penas de prisión, lo que se espera ocurra en la tarde.

#BotínRegistroPropiedad | En la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, se desarrolla el segundo día de conclusiones.
El fiscal Carlos de León explica las pruebas que se conocieron en el debate donde están acusados Sammy Morales y su sobrino José Manuel Morales. pic.twitter.com/PF5QOBAjee

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 4, 2019

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De esta forma el Tribunal Décimo Tercero Penal rechazó la acción de Samuel Everardo “Sammy” Morales quien había intentado suspender el juicio del caso Botín en el Registro General de la Propiedad que ya suma 103 audiencias y está en la etapa final.

“Al no ser la autoridad denunciada, no existe referencia para darle cumplimiento. No somos la autoridad denunciada”, recalcó la juzgadora Maxia.

El acusado Morales evitó pronunciarse y durante la resolución solo se le observó atento a lo que manifestó la jueza.

El recurso fue planteado el viernes recién pasado por el abogado Óscar Poroj. La acción sorprendió a los abogados. Algunos recordaron que el juicio comenzó el 30 de agosto del 2017 y ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018. En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y en una apelación la Sala también lo procesó por blanqueo de capitales.

Después de la resolución los defensores le pidieron al Tribunal que fundamenta bien la resolución y de nuevo los jueces rechazaron la acción de Morales. Además, recordaron que están en la fase final del juicio.

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Anabella rompe el silencio

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, rompió el silencio y declaró que “no hubo dolo” para rechazar la acusación del Ministerio Público (MP) por haber autorizado supuestas plazas fantasma.

En su defensa recordó las Normas generales de control interno. “Para las contrataciones se delegó. A mí no me correspondía -autorizar las plazas 0-29- eran más de 600 personas, era imposible que lo hiciera”, dijo De León.

La investigación

Durante el debate el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó De León.

Además, según el MP, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal rechaza la acción del acusado Sammy Morales que intentaba suspender el debate o ser separado centrado a un amparo que fue notificado por la @CC_Guatemala.
"No es procedente. Se estaría retrasando el proceso". pic.twitter.com/HPBwekmHN1

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 24, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, admitieron la acción penal.

El recurso sorprendió a los abogados esta tarde durante la audiencia 102 desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017 cuando ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Los jueces ya habían evitado admitir las pruebas nuevas de la Fiscalía y los defensores y le dieron trámite al recurso de Morales.

El abogado Óscar Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018.

En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera de Apelaciones Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y posterior a ello, en una apelación, la Sala también lo hizo por blanqueo de capitales.

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Fiscal se opone

Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), explicó que desde que la defensa supo del amparo, el año pasado, han transcurrido 34 audiencias.

Además, el fiscal recordó que ya fueron incorporados 100 documentos probatorios relacionados con las entidades Plus Espectáculos y Promociones, S.A., y Carnes y Ensaladas, S.A., por el pago de desayunos y canastas navideñas en 2013 que salpican a Morales y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Jimmy Morales Cabrera.

“Es un detrimento a la seguridad, no solo a la seguridad por la vida de las personas, sino a la seguridad jurídica debido a que este debate ya está en la etapa final”, recalcó el fiscal De León.

También recordó que una vez iniciado el debate no se puede suspender por más de 10 días.

Defensa a la espera

Los abogados de los acusados solo solicitaron que la resolución del Tribunal sea apegada a derecho y evitaron pronunciarse.

Los jueces deliberarán durante el fin de semana y el próximo lunes notificarán si se suspende el debate del caso Botín o Sammy Morales es apartado.

El caso

Durante el debate el MP y la Cicig presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León.

Según el MP, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal, que preside Edna Maxia, admite un incidente del acusado Sammy Morales centrado la suspensión del debate por un amparo que fue avalado por la Corte de Constitucionalidad y notificado el jueves recién pasado al @MPguatemala. pic.twitter.com/caEKBld57O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 21, 2019

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Al comienzo de la audiencia, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rechazaron una acción de Sammy Morales para detener la incorporación de pruebas con el argumento que aún está en discusión un amparo relacionado a los delitos por los que enfrenta el debate: fraude y lavado de dinero u otros activos.

El fiscal Carlos de León entregó una hoja con el resumen de las pruebas a cada abogado y acusado. Al tribunal le explicó que las pruebas surgieron con la discusión del debate que ya suma 101 audiencias y está previo a la etapa de las conclusiones y el fallo.

Una de las pruebas es la sentencia del 3 de abril pasado contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.

Solórzano Morales y Alvarado Xoná purgan nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía, diez años de cárcel.

La sentencia confirma la tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) relacionado con las plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León, según la investigación.

El fiscal recordó que el juez Raúl Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), De León, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.

La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi Canet sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas ya enfrentan el juicio junto con De León.

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Colaboración eficaz

El fiscal también intenta que los jueces fijen fecha y hora para reproducir el testimonio, como colaboradora eficaz, de Bianca Yaneth Chacón Barillas, brindada en el Juzgado Sexto Penal el 5 de septiembre del 2017.

Ese relato no fue incluido en el debate por decisión del Tribunal debido a que había sido propuesto en medio de la revisión de las pruebas y la etapa de investigación ya había finalizado, por eso era improcedente.

Las otras pruebas de la Fiscalía son los oficios en donde especifica que los acusados Randy Paúl Gómez Pérez y William Enrique Valdés Segura -ambos en debate- carecían de acceso a informática y así confirmar que jamás llegaron a trabajar al Registro General de la Propiedad.

También un oficio que confirma que no se realizó la actividad Plan operativo anual de 2014, un oficio del entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que detalla la naturaleza de los fondos del Registro.

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La defensa

Solo los acusados Mejía Salguero y Caridi Canet plantearon la incorporación de pruebas nuevas. La acusada Chacón Barillas pidió que sea aceptada su colaboración eficaz, aunque el Tribunal ya resolvió que su declaración es improcedente el año pasado.

Caridi Canet propuso un memorándum del control de empleados en el Registro como su defensa y Mejía Salguero, a través de su abogado Óscar Colindres, documentos periciales para que los jueces avalen que los fondos de la entidad no son públicos sino de aportes privados, tal como lo declaró el testigo Salvador Francisco Lozano durante el debate.

Los Morales, así como la exregistradora De León no propusieron pruebas.

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En discusión

El Tribunal otorgó la palabra al fiscal De León, quien se opuso a las pruebas de la defensa, que tendrá la oportunidad de argumentar mañana.

Después de escuchar los alegatos, será decisión del Tribunal si acepta o no la incorporación de pruebas nuevas.

Los acusados Anabella de León, Sammy y su sobrino José Manuel Morales no tienen pruebas nuevas. pic.twitter.com/8tAMdfFvDy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 19, 2019

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Su declaración fue desestimada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) porque su testimonio respecto a la entrega de canastas navideñas en el 2013 ya había sido revelado por otros actores del juicio.

Sin embargo, los jueces avalaron su testimonio con el objetivo de conocer todas las aristas del caso y esclarecer la verdad de los hechos relacionados a las supuestas plazas fantasma y otros eventos que se pagaron pero que no se brindaron.

El testimonio no dejó de arrancar risas entre los asistentes a la audiencia, sobre todo por las contradicciones en que cayó el testigo.

El fiscal Carlos de León cuestionó al sindicalista, quien en todo momento se notó dudoso acerca de la entrega de las canastas navideñas, hecho que ocurrió el 2 de diciembre del 2013. “La entrega era costumbre, se hacía en diciembre de cada año y el evento estaba presupuestado”, refirió.

-“¿Recuerda las canastas navideñas?”, le cuestionó el fiscal

-“Recuerdo que no recuerdo las canastas”, respondió el sindicalista.

En la sala de audiencias algunos abogados y sindicados rieron al escuchar la respuesta del testigo.

Entonces el fiscal solicitó que le mostraran la prueba 5, un afiche informativo del 9 de enero del 2014, que se pegó en las paredes del Registro y fue titulado “Actividades festivas navideñas en el edificio central del Registro General de la Propiedad”. El cartón tiene fotografías de la entrega de las canastas navideñas que preparó Abdy Estrada García, una de las implicadas.

-“Este es un evento de villancicos”, indicó Lozano.

La respuesta no dejó complacido al fiscal quien le cuestionó si había recibido alguna canasta y la respuesta fue sí. Entonces, finalizó el interrogatorio.

Durante la audiencia, en la primera fila, estuvo atenta en todo momento la exregistradora Anabella de León.

Los que declararon

Con el testimonio de Lozano sumaron 84 testigos y ocho peritos que declararon desde que inició el debate en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como megasala, el 30 de agosto del 2017.

Según el Ministerio Público, la canasta que recibieron los empleados tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

De acuerdo con la investigación, Sammy Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

Qué sigue

El próximo 28 de mayo fue fijado por los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, para la continuación del debate. Se prevé la incorporación de las pruebas documentales de la defensa. Algunos abogados explicaron que son más de sesenta documentos, por lo cual la discusión se hará en dos audiencias.

En junio será la fase para que las partes planten pruebas nuevas. Ni la Fiscalía ni la defensa han adelantado criterios al respecto, aunque aseguran que ya preparan sus nuevos argumentos.

La fase de las conclusiones se hará después del 20 de junio. El Tribunal prepara su agenda para separar otros debates y dedicarse durante dos semanas a escuchar los alegatos del fiscal De León y los defensores de los 25 acusados.

La última palabra a los enjuiciados se escuchará la última semana de junio cuando se programe la lectura de la sentencia. El Tribunal espera finalizar con el debate la primera semana de julio.

#BotínRegistroPropiedad | En la audiencia 98 ante el Tribunal Décimo Tercero Penal declara un sindicalista del Registro General de la Propiedad relacionado con la denuncia de supuestas irregularidades por la adquisición de canastas navideñas en 2013. pic.twitter.com/d5CzguqmOm

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 16, 2019

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Desde que comenzó el debate han declarado 30 testigos y seis peritos. “La tesis que sustenta esta investigación se ha comprobado paso a paso”, mencionó a Prensa Libre el fiscal Carlos de León.

“Existe mucha expectativa. El transcurso del debate ha ido lento por la cantidad de sindicados”, añadió el fiscal.

El año pasado, el tribunal realizó audiencias todos los días durante cuatro meses. Después le asignaron más casos y el proceso se fue distanciando.

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Desde que comenzó el juicio ya suman 70 audiencias y la previsión de De León es que este caso se extienda en alegatos durante uno o dos años más.

Morales se pronuncia

“Hoy se celebra un año de estar en debate. Se celebran también 70 audiencias de debate más todas previas que se hicieron en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, la primera declaración, la orden de aprehensión y el allanamiento de mi casa”, mencionó.

“¿Por qué tenemos tanto recurso del Estado destinado a un caso que pudo haberse resuelto de manera administrativa?”, se cuestionó Morales Cabrera durante un receso.

Añadió: “Lo que más me preocupa es que estamos privando a miles de guatemaltecos de recibir justicia porque hay una mora judicial de un millón 200 mil casos”.

Exdiputada en silencio

Anabella de León, quien fue diputada del extinto Partido Patriota (PP) y dirigió el Registro, prefirió el silencio al ser consultada. “Mire soy una de las procesadas, no puedo opinar”, dijo.

Solo uno preso

La audiencia de hoy se centró en el pedido de libertad de los únicos dos sindicados que están tras las rejas:  Edwin Ariel Garcia Alvarado y Otto Flores Villeda.

García era el subjefe del departamento de Compras en el Registro General de la Propiedad y Flores era conserje en el Congreso y devenga un salario también como conserje en la entidad que lleva control de todas los inmuebles del país.

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La resolución de los jueces favoreció a García Alvarado y le otorgaron arresto domiciliario sin alguna caución. El único que permanece en prisión en este caso es Flores Villeda, a quien le denegaron la petición de libertad condicional.

El caso

La acusación se centra en que durante la administración de la extitular del Registro General de la Propiedad, del Anabella De León, se autorizaron 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También se hallaron indicios de pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades, así como compra de canastas navideñas, los cuales no fueron realizados por esa entidad, lo cual significó un desembolso aproximado de Q300 mil.

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Entérese

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Entre sus atribuciones estaba la de revisar los informes de actividades de los empleados, que se adjudicaban para justificar las contrataciones. No obstante, Luna le aseguró al tribunal que él no podía constatar la veracidad de esos informes, pues se los remitía el mismo Registro.

La fiscalía buscaba probar que esta debilidad en la inspección permitió a De León contratar personal que no se presentaba a sus labores o que no llenaba las cualidades exigidas para el puesto que tenían.

Además, el MP determinó que Suray Vásquez no se presentó a trabajar, luego de entrevistar a varios miembros de la Unidad de Archivo de Documentos y a quien, según la documentación del Registro, era la jefa inmediata de Suray Vásquez, y ninguno lo ubicó en el que debía ser su puesto.

Desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución, de acuerdo con las pesquisas.

Vásquez es señalado de los delitos de por peculado por sustracción en la causa penal.

Servicios no prestados

Luna también le aseguró al tribunal que él no participó en ningún convivio o desayuno para empleados porque nunca los hubo.

De acuerdo con el MP, el Registro pagó por servicios que no se realizaron, incluido un banquete para todos los empleados que costó aproximado de Q150 mil y fue facturado a una empresa vinculada con Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales.

En el juicio están involucrados un total de 23 personas.

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Los sujetos eran buscados por las autoridades desde septiembre del 2016, en el caso en el que está involucrada la exregistradora de la Propiedad Anabella de León, así como el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales.

Investigación

Según el MP, Valenzuela Mejía figuraba como trabajador del Registro General de la Propiedad entre el 2012 y el 2014, aunque nunca ocupó el puesto.

Valenzuela tenía un contrato por servicios profesionales  —029— en el Registro de la Propiedad. El monto total que recibió en esos casi dos años fue de Q194 mil 500, según informó el MP.

Solórzano Morales habría recibido la plaza  en el 2014, y obtuvo al menos Q82 mil 833 sin presentarse a la entidad, entonces dirigida por Anabella de León.

Baldimansión

Un helipuerto, una cancha de fútbol y rodeada de área verde y bosque. Así es la casa blanca del expresidenciable Manuel Baldizón, ubicada en la carretera hacia Santa Elena Barillas.

Manuel Baldizón, detenido en EE. UU. por el caso Odebrecht, podría perder la vivienda, en cuyo interior fueron ubicados 14 Mustang y Jaguar.

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La propiedad cuenta con helipuerto, más de cuatro habitaciones, piscina en uno de los ambientes interiores, cancha de futbol, amplia área verde, muebles de lujo y un garaje con una colección de vehículos deportivos, entre otros bienes.

Thelma Aldana, fiscal General, informó que luego de allanamientos efectuados en Guatemala, por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, se localizaron los bienes.

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“Cuando llevamos un caso en los operativos, siempre nos acompaña la unidad e Extinción de Dominio, y ellos siempre tienen que hacer un análisis de los bienes que se encuentran en las diligencias”, detalló la fiscal Aldana.

“En uno de los allanamientos en las residencias de Manuel Baldizón se encontraron 14 vehículos, y estamos en análisis para establecer la procedencia. A partir de eso, se definirá si se plantea la extinción de los vehículos”, aseguró la funcionaria.

De León está a un paso de regresar a su casa luego de que los jueces Jaime González y Juan Aceituno, integrantes del tribunal, confirmaran su decisión de otorgarle la medida sustitutiva.

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La exregistradora está señalada por la creación de plazas fantasma y adquisición de bienes que la entidad que dirigía no recibió.

Apelaron fallo

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) habían interpuesto un recurso de reposición en contra de la decisión del tribunal, que el 19 de diciembre les otorgó el beneficio de arresto domiciliar.

Los recursos presentados por la Cicig y la Contraloría no pudieron resolverse el año pasado por su cercanía a la suspensión de labores por los asuetos de Navidad y Año Nuevo.

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Esto dijo el día de su captura

Pendiente resolución de apelación

El 22 de diciembre el Ministerio Público (MP) presentó una apelación en la Sala Tercera de Apelaciones en contra de la resolución del Tribunal, para impedir que los sindicados fueran beneficiados con medidas sustitutivas.

La alegría podría no durarle mucho a De León, si la sala decide amparar al MP y revocar los beneficios dados por el tribunal. El MP espera que la sala les otorgue el amparo. 

La fiscalía junto a otros querellantes también argumentaron que una de las razones de la oposición a la medida es que De León y su abogado habían amenazado a dos de los testigos durante el desarrollo de una audiencia previa a la resolución.

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El MP reprodujo un audio de la audiencia del 7 de diciembre, en el que   De León amenaza al testigo Gustavo Adolfo Minera Saravia, contador general del Registro General de la Propiedad, cuando este terminaba su exposición ante el Tribunal.

La exregistradora se acercó a Minera Saravia y le dijo “cuide sus palabras, recuerde quien soy yo…, aténgase a las consecuencias”.

Esa acción de De León hizo que el MP solicitara que esa amenaza quedara en acta. Posteriormente, el testigo aseguró que se sintió intimidado por la exregistradora.

En otra audiencia de este caso, el abogado de De León también amenazó a otro testigo de apellido Baldivieso.

Por estas acciones, la Fiscalía se opone a que la sindicada recupere su libertad porque aún puede obstaculizar la investigación de la verdad.

Contra los numerosos procesados pesan los siguientes cargos:

1- Cuatro trabajadores del Registro General de la Propiedad trabajaban al mismo tiempo en el Congreso de la República y otros en el Ministerio de Educación; nunca se presentaron a las labores en el Registro, pero cobraban salarios mensuales.

2- Una mujer presentó, para ser contratada, un título de enseñanza media falso, el cual tiene faltas de ortografía y un sello oficial distorsionado, o algo por el estilo.

3- El Ministerio Público descubrió que 15 personas figuraban como trabajadoras en el Registro, cobraban salario, pero nunca llegaron a trabajar.

4- Se atribuye a la registradora, al hermano y al hijo del presidente de la República participación en el pago de Q150,000.00 a un restaurante por banquetes ficticios.

Pues bien, estando el proceso a mitad del camino, el 17 de febrero pasado la Sala Tercera de Apelaciones ordenó dejar en libertad, bajo fianza y con arresto domiciliario, a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, respectivamente; a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de Morales Marroquín, y a Alma Verónica Barrios Moreno. También fueron favorecidos con medidas alternativas otros procesados más. Al mismo tiempo se ordenó al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal que el hermano del presidente y otro imputado sean ligados a proceso por lavado de dinero, delito consistente en obtener fondos mediante actividades ilícitas e introducirlo en los bancos para que circule como producto de actividades lícitas.

Lo llamativo era que se dejase en prisión a la abogada de León, lo cual me pareció una violación al principio de progresividad de los derechos humanos de las personas procesadas. Y lo cierto es que once meses después, esa aparente discriminación fue corregida y la exregistradora obtuvo también una orden de libertad condicional. Pero, no salió de la prisión porque el MP interpuso un recurso de reposición, el cual procede contra resoluciones judiciales dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables.

No conozco de cerca a la abogada de León, no somos amigos y nunca he tenido relación alguna con ella ni con sus actividades partidistas; pero entiendo que tiene los mismos derechos que los parientes del mandatario y los de otros procesados más, a ser beneficiada con la suspensión de las medidas de coerción personal. Déjenla, pues, condicionalmente libre. No la imagino escalando bardas fronterizas para escapar de la justicia, ni haciendo trampas para desvirtuar las pruebas ya aportadas por el MP.

Lo que sucede es que retenerla en prisión después de la resolución judicial liberadora equivale a sancionarla privándola de libertad, aunque sea por unos pocos días más.

La progresividad de los derechos humanos de personas procesadas, privadas de libertad o sentenciadas no es un aporte a la impunidad, pues los procesos en trámite continuarán hasta la sentencia final. Es el reconocimiento del derecho fundamental que tienen esas personas a ser tratadas humanamente.

El Tribunal Décimo Tercero le concedió la medida sustitutiva con una caución económica de Q300 mil, sin embargo, la exfuncionaria ya no podrá salir de prisión porque la Contraloría General de Cuentas, quien actúa como querellante en el proceso, presentó un recurso de reposición.

La audiencia fue reprogramada, por lo que la acción legal interpuesta por la Contraloría será conocida por la judicatura hasta el 9 de enero de 2018, y hasta entonces se conocerá si De León gozará del beneficio de arresto domiciliar o continúa en la cárcel.

También está pendiente que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se pronuncien y posiblemente también presenten acciones para frenar la medida sustitutiva decretada a favor de la exregistradora.

Asimismo, fueron beneficiados con arresto domiciliar Samantha Mejía y Edwin Ariel García, quienes tendrán que pagar Q300 mil y Q100 mil, respectivamente, para recuperar su libertad provisional, mientras se desarrolla el juicio.

El Tribunal Décimo Tercero está integrado por la presidenta Edna Beatriz Maxia López quien se opuso a la medida sutitutiva. Jaime Delmar González y Juan Antonio Aceituno estuvieron a favor de la caución económica.

La exregistradora Anabella de León es investigada por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que, según el Ministerio Público, Anabella de León y otras 17 personas habría participado en actos de corrupción al haber efectuado compras anómalas.

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a De León Ruiz y a  17 personas de peculado por sustracción y falsedad ideológica, pues al efectuar los contratos, como empleados, vulneraron los recursos del Registro.

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A nueve directivos, entre ellos De León Ruiz, se les señala de haber firmado y autorizado compras de eventos que no se realizaron.

Según el MP, se hicieron pagos improcedentes con facturas a Carnes y Ensaladas Fulanos y Menganos por Q910 mil, por desayuno para 564 personas y al Rincón del Chef por Q51 mil 878.60 para el montaje de evaluación del desempeño de los trabajadores del Registro.

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“Beltranena regresó ebria luego de una visita. Es información que conocen los jueces”, aseguró Guzmán, al referirse a la crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario, y que ha causado diversos ataques armados como el ocurrido ayer en el Hospital Roosevelt.

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Guzmán señaló que es necesario que los jueces se dediquen únicamente a la administración de la justicia y no de los centros carcelarios, porque además de salidas autorizan el ingreso de artículos personales que tendrían que estar prohibidos.

Daniela Beltranena: Roxana Baldetti tomó mi mente
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— Prensa Libre (@prensa_libre) April 21, 2017

Beltranena enfrenta un proceso por el caso Cooptación del Estado, en el que es investigada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, expresidente.

Miguel Ángel Gálvez, juez B de Mayor Riesgo, dijo a La Red que solo otorgó permiso una vez a Beltranena por un asunto familiar. En esa ocasión fue informado que ella regresó al penal con olor a alcohol, y por lo tanto ha negado permisos posteriores.

Aparte, Anabella de León es investigada por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que la exfuncionaria es señalada de fraude.

La exfuncionaria pidió recuperar su libertad por razones humanitarias, porque es una persona de la tercera edad. El próximo 28 de junio cumplirá 63 años.

El malestar entre los defensores y procesados comenzó cerca del mediodía, cuando Jiménez Texaj dijo que suspendería la audiencia y que la retomaría otro día. Algunos reclamaron que habían sido trasladados o venían desde lejos para participar en la diligencia que iba a terminar al poco tiempo.

Los  abogados reclamaron que pudieron haber participado en audiencias para otros clientes si la audiencia se hubiera suspendido con tiempo.

El juez explicó que había sido nombrado para sustituir de manera temporal a otra jueza suplente, quien había pedido permiso para ausentarse por razones médicas, pues debía acudir a una clínica para que le efectuaran unos exámenes.

Jiménez Texaj respondió que el nombramiento que el Consejo de la Carrera Judicial hizo no determinaba que fuera él quien finalizara la diligencia o que permaneciera hasta tarde para concluirla.

Después de 20 minutos de receso, el juez retomó la audiencia y explicó que había hecho tres llamadas telefónicas, pero que ninguna fue respondida, por lo cual no continuaría con la diligencia, por considerar que era ilegítima su función.

La jueza titular y la que preside el caso es Silvia de León.

Regañó al hijo del presidente

Jiménez Texaj llamó la atención al acusado José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, por salir de la sala de audiencias sin pedir permiso.

Cuando el funcionario notó que el sospechoso abandonó el lugar, habló directamente con los abogados de Morales Marroquín y les pidió que lo hicieran volver. Al ver de regreso al sindicado, el juez le dijo que no estaba en su casa y que si quería salir, aunque fuera para acudir al sanitario, debía pedir permiso.

El juez autorizó a Morales Marroquín salir pero con la custodia de agentes del Sistema Penitenciario, debido a que “se trata de un sindicado y debe ser tratado como tal”, afirmó.

Samuel Morales Cabrera no enfrentará juicio por lavado de dinero, ya que la juez consideró que el Ministerio Público (MP) no presentó los indicios que acreditaran ese ilícito.

La jueza de León también envió a debate a 21 implicados más, entre ellos Abdi Sucely Estrada García y a su esposo Mario Orellana, padres de la exnovia de José Manuel Morales, por los delitos de fraude y lavado de dinero, respectivamente.

“No se juega con la administración pública. No era un like -en Facebook- el que usted estaba dando”, le dijo la jueza a José Manuel al emitir sus argumentos para enviarlo a juicio.

“Yo no le estoy diciendo, José Manuel, que usted se quedó con ese dinero”, recalcó la juzgadora. 

La jueza de León declaró sin lugar la petición de los familiares del presidente de resolver el caso por la vía administrativa.

Asimismo, rechazó las solicitudes para excluir del proceso a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación (PGN).

La jueza benefició a Joam Ponce Sánchez, administradora de la empresa Fulanos y Menganos, y declaró el cierre del proceso en su contra.

“Usted era utilizada por su familia, que le puso de administradora única, pero no le informaba nada”, le dijo de León.

Además, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar al restaurante Fulanos y Menganos por acciones ilegales cometidas por otras personas.

El caso

José Manuel Morales y Samuel Morales son sindicados de haber participado en tres adjudicaciones públicas en el Registro de la Propiedad en 2013 por un valor de más de Q200 mil.

Su aparición en el caso se dio luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) recibiera una denuncia hecha por la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre 564 desayunos que nunca se sirvieron. El monto de este servicio fue de Q90 mil. La empresa que lo facturó fue Fulanos & Menganos.

El hermano del presidente, Sammy Morales, reconoció en septiembre último que él hizo “un favor” a su sobrino al darle la factura de los desayunos. Por lo que la investigación determinó que ambos parientes del mandatario estaban involucrados en actos de corrupción en el Registro de la Propiedad.