El martes 7 de enero de 2020 el jugador Marco Pappa fue declarado culpable de violencia contra la mujer y condenado a 5 años de prisión, de acuerdo con la sentencia, la pena sería conmutable por Q5 diarios, de esta forma el agresor podría pagar Q9 mil 125 para no estar en prisión, pero la fiscalía apelará esta decisión.

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Después de la condena de Pappa Ponce, el Ministerio Público (MP) informó que apelaría la conmuta impuesta al jugador, acción que tomarían basándose en el artículo 51 del Código Penal, el cual establece los casos en que no se puede otorgar este beneficio.

La condena resuelta por el juez Yubini Mérida, del Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, se llevó a cabo por medio de un procedimiento abreviado, solicitado por ambas partes, ya que la victima perdonó al jugador.

En la audiencia, el fiscal Braulio Rodríguez, quien en mayo del 2019 fue absuelto por los delitos de simulación de delito y obstaculización a la acción penal, solicitó al juez una condena para el deportista de 5 años conmutables por Q5 diarios, en ese momento el fiscal no informó al juzgador que esta sería la segunda condena de Pappa.

Aunque la sentencia fue de acuerdo a lo solicitado por el fiscal, Julia Barrera, vocera del MP, indicó que no hay impedimento legal para que se apele la resolución. “El MP presentará la apelación, ya corresponderá al órgano jurisdiccional la resolución”, afirmó.

De acuerdo con la fiscalía la agresión se registró en una vivienda de la zona 3 de Xela el 21 de enero de 2019, cuando la víctima intentó impedir que el jugador saliera a la calle en estado de ebriedad.

Pappa golpeo a su conviviente, hecho que quedó probado por la declaración que la agraviada rindió en el MP, así como por fotografías y dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la condena obtenida recientemente, en el 2018 Pappa también fue condenado en Guatemala por otro hecho de violencia contra la mujer, esto lo convierte en un delincuente reincidente.

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El artículo 51 del Código Penal establece que la conmuta no se otorgará: a los reincidentes y delincuentes habituales, a los condenados por hurto y robo, además de cuando lo prescriban otras leyes.

La norma también resalta que no se dará la conmuta cuando apreciadas las condiciones personales del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca, a juicio del juez, su peligrosidad social.

Advertencia

El día que se realizó la condena en contra de Pappa, el juez Mérida le advirtió, que de ser identificada una condena anterior no podría pagar para evadir la prisión y tendría que ir a la cárcel.

“Yo no sé si usted fue condenado en ese proceso y si la condena fue ejecutoriada, pero como tengo una constancia de que no tiene antecedentes penales le voy a dar el beneficio de conmutar la pena, salvo que en el juzgado de Ejecución tenga información pertinente y resuelvan que no le asiste. Si revocan esto, por otra sentencia y es reincidente, será cuestión aparte”, dijo Mérida.

#JusticiaXela l Juez condena a 5 años conmutables por Q5 diarios al futbolista Marco Pappa, culpable de violencia contra la mujer, el caso se resolvió por medio de un procedimiento abreviado. pic.twitter.com/wxcQ54VqAU

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 7, 2020

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El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, apeló de forma directa el amparo en definitiva dictado el 30 de julio del 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistrados suplentes, en favor del presidente de la CSJ, José Antonio Pineda Barales, en la que se suspende la condena moral dictada por Rodas y donde se ordena abrir una investigación.

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La PDH emitió en mayo pasado una condena moral en contra del Organismo Judicial por, a su consideración, vulnerar derechos fundamentales al exfiscal Ronny López y a Mynor Macario, ambos vinculados al caso Manipulación de Justicia. 

“Como magistrado de conciencia estoy consciente que las resoluciones que esta institución emite no tienen carácter vinculante, ni obligatorio, son de carácter moral, de conciencia, y quien quiera ver otras cosas distintas es por desconocimiento o mala fe; pero nosotros no vamos a permitir que se sigan violando las garantías individuales que son parte de los derechos humanos y nunca nos hemos pronunciado al fondo de un proceso”, dijo Rodas.

El procurador considera que la CSJ jamás mencionó la prisión provisional, que fue lo que motivo la condena, además, explicó que esta práctica es la que se da sin fundamento legal y que hay resoluciones de la CC que dictan que las condenas de la PDH no son vinculantes, por lo que espera que se establezca el estado de Derecho.

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“Esta es una nueva acción. Las primeras -acciones- fueron cuando accioné en favor del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y por ese amparo contamos con el comisionado, eso no les gustó a los que están contentos con que la corrupción sea la regla y no la excepción, la segunda -acción- fue una mala intención con lo del 8 de marzo”, indicó Rodas, recordando la ocasión que se le vinculo en una manifestación feminista.

Opiniones divididas

El amparo admitido por la CSJ también abrió una nueva discusión sobre las funciones y el alcance que puede llegar a tener la Procuraduría de Derechos Humanos (PHD).

Mientras algunos diputados aseguran que la resolución de la Corte es causal de remoción, organizaciones y miembros de la sociedad civil aseguran que, por el contrario, se está buscando limitar un trabajo hasta ahora eficiente del Ombudsman.

Para el exprocurador de los derechos humanos Sergio Morales, al magistrado de conciencia le compete velar por toda la administración pública y el buen desempeño de los diferentes órganos del Estado.

“Toda resolución del PDH es de índole moral, por lo que no tiene efectos obligatorios, y por lo tanto, opino que no es legítima su impugnación, porque solo son resoluciones de carácter moral, por lo que ahora se deja la puerta abierta a que todas las condenas morales sean impugnadas”, dijo Morales.

Añadió que respalda la actividad del PDH porque esta ordenada por la misma Constitución y “no debería ser objeto de ninguna sanción, y mucho menos que se certifique lo conducente”.

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La presidenta de la Fundación Mirna Mack, Helen Mack, manifestó que existe un grupo que está trabajando arduamente para desaforar al procurador de los Derechos Humanos, empezando desde la Presidencia, el Congreso y ahora el Organismo Judicial. Mack los denomina “el pacto de corruptos”.

Mack recordó que las acciones en contra del PDH se originaron después de que él presentara el amparo para evitar la salida del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

A partir de ese momento, según Mack, desde el Congreso se ha intentado, de diversas maneras, sacar al PDH y ahora se trasladan las acciones al Organismo Judicial.

“El Instituto de Magistrados, a quienes les presentamos un amparo y que no lo resuelven, también emitieron opinión al recomendare al Congreso que le retiraran la inmunidad al procurador. Ellos como magistrados no pueden estar emitiendo opiniones políticas, además, debido a esa opinión no debieron conocer el amparo presentado por José Pineda Barales”, señaló Mack.

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Añadió que es evidente la molestia que causa la presencia del PDH en algunos sectores políticos tradicionales, donde lo ven como un obstáculo. Destacó Mack que la condena moral emitida por la PDH les afecta a los actuales magistrados solo si buscan su reelección.

“Hay que recordar que las cortes -Suprema y Apelaciones- llegaron sin ninguna legitimidad y ellos si tiene un compromiso con el pacto de corruptos”, dijo Mack.

Al presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Luis Fernando Ruiz, le despierta suspicacias que, habiendo tantos casos de personas en prisión preventiva, la PDH escogiera específicamente el caso donde está vinculado un exfiscal para emitir su condena. Las opiniones de Ruiz las ofreció a título personal. 

El abogado también considera que la reacción de la CSJ fue justa y prudente, ya que cuando el magistrado de conciencia sanciona moralmente a un funcionario público eso es para toda la vida; lo ideal, en un sistema democrático, es que él le diera tramite a la denuncia que se presentó y en su momento tal vez eso hubiera sido suficiente para que el Juez de Primera Instancia pudiera agilizar la primera declaración.

“La molestia, a mi juicio, es que de una vez se pronunció el procurador, y eso obviamente afecto la vida profesional, individual y sobre todo que los abogados sabemos que una declaración de este tipo les va a limitar para toda la vida a los señores magistrados en su carrera profesional o judicial. El tema es que a mi juicio fue una decisión muy drástica del PDH”, señaló Ruiz.

Sin futuro en el Congreso

Con la solicitud de la CSJ de investigar a Jordán Rodas se abre la posibilidad de que se solicite un antejuicio, el cual sería conocido por el Congreso. El diputado Luis Hernández Azmitia, al respecto, señaló a través de twitter que existe una posibilidad para removerlo del cargo.

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Javier Hernández Franco, jefe de FCN, dijo que respetan el fallo de la Corte y que reitera que “nadie es superior a la ley”, sin embargo, negó que la solicitud de una investigación sea una causal de destitución. “Si él no cometió ningún delito no creo que tenga ningún problema”.

Sandra Morán, de Convergencia, consideró extraña la resolución de la CSJ. “Se la ha hecho mucha crítica –al procurador– que no hace su trabajo, y me parece que ahora es una contradicción emanada de la Corte, lo cual considero peligroso”, señaló.

Morán tampoco considera que esto sea causa de remoción del PDH y dijo que “si la crítica era por qué no se hace su trabajo, ahora por qué se le tiene que castigar por hacer su trabajo”.

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El exmandatario de 66 años, quien se exilió en Miami en 2015, fue detenido el 12 de junio del año pasado y desde entonces ha estado recluido en una prisión federal en esta ciudad.
Ahora, sin obstáculos en la esfera judicial, el caso de Martinelli pasará al Ejecutivo, que decidirá si extradita o no al expresidente y bajo qué condiciones.

La moción indica que Ricardo Martinelli “conversó con las partes apeladas y ellas no se oponen al alivio solicitado. Cada parte correrá con sus propios costos”.
Estas “partes apeladas” son el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson; el fiscal general, Jeff Sessions; y el guardián interino del centro de detención en Miami, Robert Wilson.

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“Para evitar toda duda”, continúa el documento obtenido por AFP, “el apelante seguirá peleando contra su extradición por medio de otras vías y no accede al pedido de extradición”.

Objetivo de Martinelli

El abogado Sidney Sitton explicó que el objetivo de Martinelli es “quedar en manos del Departamento de Estado para que se le envíe a Panamá”, pero amparándose en una cláusula que garantiza al extraditado que será procesado en su país por los delitos por los que fue pedido en extradición –y no por otros.

Horas antes, Martinelli había expresado este deseo en una carta manuscrita, con fecha de este jueves, donde pedía “que divulguen ya a todo el mundo” su renuncia a continuar peleando el caso.

Cláusula de especialidad

“Me estoy acogiendo a lo que dice el Tratado de Extradición de 1905 con su cláusula de especialidad. Está en manos del Departamento de Estado tomar la decisión final”, escribió Martinelli.
El expresidente fue pedido por la justicia panameña porque está acusado de malversar fondos para crear una red de espionaje que alcanzó a 150 personas durante su mandato.

Pero en Panamá la justicia lo investiga en más de una veintena de otros casos de corrupción, cinco de los cuales llegaron a la Corte Suprema. Y ninguno de ellos está vinculado al pedido de extradición.
“Que él desista voluntariamente del recurso (de hábeas corpus) no quiere decir que acepta la extradición ni que está aceptando volver voluntariamente a Panamá”, dijo a la AFP en Miami su vocero Luis Eduardo Camacho.
“Sencillamente está limpiando el camino a que, quien tiene que tomar la decisión, la tome”.
“Él tiene que venir extraditado, para venir amparado en el tratado de extradicion”, continuó Camacho. Este amparo le asegura que “sólo puede ser procesado por la causa por la que se le pidió”.

Al volver a su país, prosiguió el portavoz, Martinelli tiene la intención de presentar su candidatura como alcalde o diputado, ya que no han pasado los 10 años requeridos para volver a postular a la Presidencia.
La decisión del ejecutivo estadounidense podría ocurrir tan pronto como en un mes.
En agosto pasado el juez federal Edwin Torres lo había considerado extraditable, una decisión que ratificó en enero de este año la jueza federal Marcia Cooke. La defensa apeló entonces este último fallo ante una corte superior en Atlanta, Georgia.

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Además, la Fiscalía impugnó que a los exministros procesados por este caso se les haya dictado falta de mérito por el delito de peculado.

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Otros exfuncionarios fueron ligados por fraude y con fianzas de Q100 mil: Salvador Gándara, Jerónimo Lancerio, Gustavo Alejos, Erasmo Velásquez, Abraham Valenzuela, Édgar Rodríguez, Celso Cerezo, Luis Ferraté, Alfredo Pokus y Mario Aldana.

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El juez Eduardo Cojulum abrió el proceso penal contra el exmandatario y exfuncionarios el 1 de marzo al considerar que sí hay elementos suficientes para continuar el caso.

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La AEAU debía implementar el sistema de transporte gracias a una concesión de 25 años.

Según la pesquisa, el Gobierno se saltó varios procedimientos legales para favorecer a la AEAU ni dio participación a la municipalidad capitalina cuando se trataba de un proyecto de su competencia.

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Leo Messi fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la Fifa con cuatro partidos de sanción tras aquel encuentro clasificatorio para el Mundial Rusia 2018 jugado el 23 de marzo a cuya conclusión el jugador pronunció la frase “la concha de su madre” ante un asistente del partido, el brasileño Emerson Augusto do Carvalho.

Al respecto, Crespo explicó que la Fifa había entrado inicialmente de oficio en el asunto, pero que ahora se ha demostrado que no había falta grave en las palabras pronunciadas por el futbolista.

“Si se entiende que hay insulto, desde el primer momento esa circunstancia debería haber sido reflejada por el árbitro en el acta del partido y si se entiende que no lo hay, no se debe proceder de oficio”, señaló el letrado valenciano.

“Esa expresión ya la había pronunciado Messi con anterioridad y también lo había hecho el chileno Gari Medel. Es un desahogo, un estado de ánimo; no es un insulto porque no va dirigida a nadie”, señaló.

El especialista en derecho internacional futbolístico agregó que lo que se ha hecho ahora ha sido “aplicar el reglamento”  y al no tratarse de una falta grave, se ha dejado sin efecto la sanción.

“No es que la Fifa haya cambiado de criterio, es que desde un punto de vista jurídico, un equipo de cuatro abogados, dos españoles y dos argentinos, ha demostrado ante juristas de mucho nivel que había razones suficientes para la nulidad”, agregó Juan de Dios Crespo.

El abogado español agregó que tenían estudiados diferentes escenarios ante la posibilidad de que la sanción no fuera completamente anulada, sino reducida, pero insistió en que el objetivo inicial siempre fue conseguir la anulación del castigo.

“Todo se ha decidido en función del derecho y de los argumentos jurídicos, en ningún caso ha habido una conspiración, conjeturas o algo parecido”, aclaró el letrado.

Juan de Dios Crespo solo lamentó que Messi haya cumplido uno de los cuatro partidos de suspensión y al respecto admitió que “ese mal ya causado es imposible de reponer”.

“No debería haberlo cumplido, pero la proximidad de partido siguiente al de Chile -jugado ante Bolivia cinco días después- hizo imposible actuar”, explicó.

“Por ello, a continuación tramitamos con urgencia la petición al Comité de Apelación con el objetivo de que el asunto se resolviera antes de los próximos partidos de Argentina”, concluyó Crespo.

La apelación se resolvió el jueves pasado en Zúrich. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) apelará los amparos otorgados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 10 alcaldes y un concejal, quienes considera que con fraude de ley ganaron su cargo en las elecciones generales del 2015.

Los ediles fueron separados del cargo, porque al parecer del TSE, con base en información de la Contraloría General de Cuentas (CGC), eran contratistas del Estado.

Los señalados dejaron de ser contratistas antes de inscribirse en la contienda electoral, pero luego de haber ganado volvieron a ser contratistas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó en definitiva al alcalde de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, Rafael Hernández Cardona.

La CC considera que el TSE se extralimitó al separar de sus cargos a los alcaldes, ya que esa es función del concejo.

Acatan fallo

El TSE acató la resolución de la CC y restituyó a Hernández Cardona en su cargo. Se desconoce si el concejo lo mantendrá en el puesto.

El TAS presentó el jueves un cronograma para el caso, que debe demorar varios meses en resolverse.    

La Fifa invalidó un empate 0-0 contra Chile y un triunfo 2-0 sobre Perú en septiembre pasado, y cambió ambos resultados a derrotas 3-0 contra Bolivia.

Los nuevos resultados catapultaron a Chile por encima de Argentina en la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2018.    

Bolivia permaneció penúltima en la clasificación y prácticamente sin posibilidades de clasificarse.    

Bolivia utilizó en ambos partidos al zaguero Nelson Cabrera, nacido en Paraguay y naturalizado boliviano. La Fifa dijo que no había cumplido con el requisito de residencia mínima para representar a su país adoptivo.  

Suárez vio en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid jugado el 7 de febrero, y mantiene el encuentro de suspensión impuesto por el Comité de Competición.

En ese partido el delantero uruguayo fue expulsado por doble amonestación. Según el acta arbitral vio la primera amarilla en el minuto 86 por “derribar a un contrario en la disputa del balón”, y la segunda en el 88 por “impactar con el brazo contra un jugador adversario de forma temeraria en la disputa del balón”.

Asimismo, en el acta el árbitro escribió que Luis Suárez, “una vez expulsado, retrasó su salida del terreno de juego de manera considerable, haciendo caso omiso” a las instrucciones del colegiado.

“Una vez fuera del terreno de juego permaneció en las escaleras de acceso al túnel de vestuarios observando el partido hasta que éste finalizó, a pesar de que el cuarto árbitro comunicó en reiteradas ocasiones de que debía marcharse a los vestuarios, haciendo nuevamente caso omiso a estas instrucciones”, agregó.

Apelación mantiene la tarjeta amarilla a Luis Suárez y se pierde la final de la #CopadelRey https://t.co/WJKCYBagDd pic.twitter.com/5PlVeTOHLP

— MARCA (@marca) February 16, 2017

Dos días después del encuentro, el juez de Competición de la RFEF le impuso un partido de suspensión “por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión, ambas por juego peligroso, con multa accesoria de 350 euros al club y de 600 al futbolista”.

El Barcelona presentó un recurso ante el Comité de Apelación para intentar que al jugador le fuera retirada la segunda amonestación.

Apelación entiende que “el recurso no puede prosperar habida cuenta de que la secuencia videográfica aportada no puede ser más clara en sentido contrario a las tesis del recurrente”.

“En efecto, el jugador sancionado impacta con nitidez en la cara de un oponente elevando su brazo izquierdo y alcanzándolo con el codo”, agrega Apelación, que precisa que “la prueba, en consecuencia, robustece la presunción de veracidad y certeza del acta arbitral (artículo 27.3 CD) e impone la desestimación del recurso”.

Por ello, Apelación desestima el recurso formulado por el Barcelona y confirma el acuerdo impugnado.

Su decisión no es casual: Elorza es hijo de padres guatemaltecos y, en las recientes votaciones del 8 de noviembre pasado, ganó su reelección.

Elorza habló con Prensa Libre, sobre las medidas a adoptar y la incertidumbre que viven los hispanos ante posibles medidas antiinmigrantes en EE.UU.

¿Cómo recibió la comunidad hispana de Providence el triunfo de Donald Trump, quien sostuvo un discurso antiinmigrante?

Nos sorprendió el resultado. Hay mucha gente en la comunidad que se siente ansiosa y con temor. Mucha gente que vive acá cumple con la ley, trabaja y está criando hijos. Mi prioridad es asegurarle a la comunidad que estamos con ellos, que los valoramos y que no vamos a sacrificar a ninguno.

¿Cómo se traducirá ese apoyo a la comunidad migrante?

Cuando la Policía arresta a alguien no le preguntamos si es indocumentado o no, eso seguirá así, —la medida— es importante porque muchos son víctimas de crímenes y a veces se cree que ellos no llaman a la Policía —por miedo—, por eso no les hacemos preguntas sobre su estatus migratorio.

¿A escala estatal o nacional que otras medidas se pueden adoptar?

Estamos abogando para que indocumentados tengan acceso a licencias de conducir, eso ayuda a la seguridad del estado entero. A nivel nacional también abogamos para que continúe la orden ejecutiva firmada por Barack Obama sobre los Dreamers, —programa que otorga becas federales a jóvenes indocumentados que quieren ingresar a una universidad— y para decirle a Donald Trump que es importante continuar el programa porque los jóvenes no han hecho nada malo y simplemente quieren estudiar.

¿Hay confianza de que las próximas autoridades de EE. UU. escuchen estas propuestas?

Nadie sabe qué es lo que va a pasar el 20 de enero y es posible que ni el mismo Donald Trump lo sepa. Lo que sí puedo decir, que nos ha dado esperanza, es que él ha dejado esa idea de deportar a 11 millones y que la prioridad será deportar a quienes tienen récords criminales. Si Trump lo extiende a gente inocente pues bueno, ahí es donde cambiarán las cosas y nosotros como ciudad, y yo personalmente, haremos todo lo posible para proteger a nuestra gente.

¿Están agrupados los alcaldes para defender a los migrantes?

Absolutamente. Hay una red de alcaldes en EE. UU. que hemos dicho que vamos a estar juntos en este tema y que vamos a proteger a nuestros residentes incluyendo a los indocumentados que viven en nuestras ciudades.

¿Por qué protegerlos?

Para mí tiene dos sentidos; es mi deber como funcionario público proteger a nuestros residentes, pero a la vez yo soy hijo de inmigrantes y mis padres eran indocumentados, cuando escucho que pintan a los migrantes como criminales eso es totalmente falso yo sé que el migrante es trabajador.

Desafortunadamente los grupos de migrantes han enfrentado violencia y discriminación, ocurrió con los irlandeses, los italianos, con los judíos y ha ocurrido con los hispanos, pero después de una o dos generaciones uno ve hacia atrás y se da cuenta que han hecho contribuciones muy significativas.

Como cualquier grupo de migrante somos perseverantes y vamos a estar el uno con el otro.

¿Qué contribución han hecho los migrantes en Providence?

Muchísimas: ellos son empresarios dispuestos a superar cualquier desafío, ese espíritu los ha hecho líderes, tienen varios negocios y emplean a muchas personas. También en Rhode Island hay 21 oficiales hispanos electos.

¿Qué mensaje le da a los migrantes que probablemente están con temor?

Que la comunidad migrante siempre ha enfrentado discriminación en este país y a nosotros como inmigrantes hispanos nos han tratado igual, pero vamos a superar esto y la forma como lo haremos es uniéndonos uno al otro, hay que tener mucha fe y esperanza.

El Registro de ciudadanos del TSE había decidió a finales de julio cancelar a la agrupación del excandidato Manuel Baldizón, luego de constantes violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Una de las razones fundamentales fue el haber sobrepasado el techo de campaña de 2015, que había sido fijado en Q52.4 millones.

El partido colocó una apelación para mantenerse registrados como agrupación política, pero el pleno decidió que era improcedente y confirmó la acción del Registro de ciudadanos de julio pasado.

Los representantes de Líder también habían planteado una recusación contra el magistrado presidente del Tribunal Jorge Mario Valenzuela, por la decisión de la cancelación, misma que el pleno también rechazó.

Aunque los rechazos del Tribunal Supremo Electoral son definitivos, ahora los miembros del partido tienen la posibilidad de solicitar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

Al cancelarse la agrupación, está no recibirá la deuda política, y el monto se devolverá al Ministerio de Finanzas. Según el cálculo del TSE, Líder recibiría US$1 millón 861 mil 810, al tipo del cambio del día, en moneda nacional serían, Q14 millones 132 mil 217.75.

El 7 de agosto de 2015 los magistrados del TSE impusieron a Líder una multa de US$100 mil (unos Q800 mil), por sobrepasar el techo de campaña fijado en Q52.4 millones.

El 1 de septiembre de ese mismo año (25 días después), los magistrados del TSE volvieron a sancionar a Líder con una multa de US$250 mil (aproximadamente Q1 millón 900 mil), por no detener la campaña electoral. En esa ocasión los magistrados también sancionaron con una multa de US$100 mil (Q780 mil) al partido Corazón Nueva Nación (CNN), por promocionar a Líder.

Pese al millonario gasto en propaganda electoral, Manuel Baldizón no logró llegar a segunda vuelta en las elecciones del pasado 6 de septiembre. Los resultados de los comicios lo dejaron en el tercer lugar.

En octubre de 2015 la Sala de Apelaciones de Petén amparó a Repsa e impidió el cese precautorio de actividades de la compañía, que fue señalada por el ecocidio en el río La Pasión. Sin embargo, el fallo de la CC deja sin efecto dicho amparo.

La resolución fue emitida por unanimidad el jueves por el pleno de la Corte. Las partes fueron notificadas este viernes por la tarde.

Rafael Maldonado, abogado de Calas, se mostró satisfecho por el fallo de la CC, aunque mencionó que la Sala ya otorgó otros amparos provisionales a la empresa.

“Desafortunadamente, en una forma anómala, parcial e ilegal, la Sala de Apelaciones de Petén notificó recientemente a las partes que otorgó otros tres amparos a dicha entidad, razón por la cual no podrá efectuarse el cierre”, enfatizó.

El magistrado Marco Antonio Ramos, de la Sala de Apelaciones de Petén, mencionó que empleados, sindicalistas y la empresa presentaron un total de siete amparos.

“Recuerdo que uno se dio favorable. Es probable que el fallo de la CC deje sin materia los demás amparos”, expresó Ramos.

En desacuerdo

José Quezada, portavoz de Repsa, afirmó que el amparo otorgado el año pasado por la Sala de Apelaciones es correcto juridicamente. 

“Hay otro amparo que suspende el proceso porque hay irregularidades. Tenemos dos amparos concedidos. No estamos de acuerdo con el fallo de la CC”, añadió. 

Quezada agregó que el dictamen quedó sin materia porque el cese de actividades era por seis meses y ese tiempo ya transcurrió.

Ordena cierre

El 16 de junio de 2015 el Juzgado Tercero del Ramo Civil dispuso, mediante un amparo provisional, el cierre de la compañía para que expertos evalúen su posible implicación en la mortandad de peces, por presunta la contaminación del agua con un plaguicida.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, manifestó que el Juzgado pidió el cierre por 15 días para que se realicen las investigaciones correspondientes y se puedan establecer las causas del problema.

“Se suspenden temporalmente las actividades de Repsa, para verificar que las medidas de mitigación de sus piletas de oxidación no sufran otro percance como el de finales de abril”, explicó el funcionario.

Polémica

Ese día también se dio a conocer un documento en el cual el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y varios presidentes de consejos de Desarrollo de comunidades afectadas desligaron a Repsa de cualquier responsabilidad.

Horas después, ese documento fue rechazado por siete de los nueve integrantes del Concejo de Sayaxché. Asimismo, exigieron al MP la agilización de la investigación.

Alfonso Guzmán, síndico primero de la comuna, calificó de traidores a quienes firmaron el documento.

“Se nota que se vendieron por 201 toneles de agua que prometió entregar la empresa a los afectados”, refirió.

En un año aumentaron a 40 los casos que están activos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Cenac), informó Alfredo Skinner-Klée, director de la entidad.

“En la actualidad existe un mayor interés en la figura del arbitraje por parte de varios sectores, al observar mayor agilidad y ahorro en la resolución de sus conflictos”, agregó.

Un arbitraje es un mecanismo alterno de resolución de conflictos que está fundamentado en Guatemala en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, que en su momento fue una iniciativa moderna a escala latinoamericana. Sin embargo, “no se ha aprovechado en su totalidad”, refirió Javier Antonio Sandoval, presidente del Club Español del Arbitraje (CEA) capítulo Guatemala.

El profesional señaló que entre las ventajas de los paneles arbitrales está el factor tiempo, para determinar la sentencia, la cual es “inapelable”, eliminando así el “abuso del recurso de apelación o casación”.

Klée agregó que el arbitraje se ha convertido en una institución primordial para el comercio, tanto en las transacciones nacionales como internacionales, “por las ventajas del proceso, como la privacidad”.

El objetivo de promover esa figura en el mundo de los negocios es que se incluya dentro de los contratos la “cláusula arbitral”, porque es un beneficio para ambas partes que al momento de surgir una controversia “lo resolverá un tribunal especializado en la materia”, enfatizó el presidente del CEA.

Sector interesado

Los profesionales comentaron que el sector de la construcción es uno de los más interesados en adoptar la figura del arbitraje para la resolución de los conflictos.

Sandoval destacó que esa vía es la más “idónea” para este sector, porque no paraliza ni atrasa las obras en construcción, permitiendo así que puedan seguir su curso y “resolver la controversia lo más pronto posible”.

Otros sectores que utilizan el arbitraje son telecomunicaciones e infraestructura.

Construcción y arbitraje

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC)  llevará a cabo el CongrExpo,  del 5 al 7 de octubre, en el Hotel Tikal Futura.

El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que presentarán sus propuestas de mejora para el sector construcción, enfocadas en vivienda, salud y seguridad ocupacional; infraestructura,  y resolución de conflictos en contratos de construcción.

En este último tema se contará con el apoyo del  CEA y el Cenac. Los expertos invitados al encuentro en   arbitraje  compartirán sus experiencias, últimas novedades y tendencias, como financiamiento  y métodos alternos de resolución de conflictos, específicamente en materia de construcción.

Con esto paraliza la medida con la que Obama busca salvar de la deportación a unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en suelo estadounidense.

En un comunicado emitido a primera hora del martes, la Casa Blanca dijo que el fallo del lunes “impide erróneamente” la entrada en vigor de “políticas legales y de sentido común” del presidente.

La Casa Blanca añadió que el Departamento de Justicia, académicos de Derecho, expertos en inmigración y la corte del distrito federal de Washington hallaron que las acciones de Obama se ajustaban a su autoridad legal.