Mauricio López Bonilla: El ministro que negociaba con el crimen organizado

Lo anterior por su vinculación en los casos Cooptación del Estado y La Cooperacha y derivado de las actividades ilícitas que se le atribuyen en los referidos casos.

Mediante la investigación el MP estableció que el dinero se encuentra vinculado a una inversión y un seguro de vida, los cuales no figuran dentro del patrimonio que él declara.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso Cooptación del Estado el 2 de junio del 2016.

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Las pesquisas se derivaron de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la investigación, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Condenas

El 19 de mayo del 2019, el Tribunal Octavo de Sentencia condenó al exministro de Gobernación, López Bonilla, a un total de 13 años y nueve meses de cárcel inconmutables por fraude en el caso denominado Patrullas fase 2, y al pago de una multa de Q62 mil 500, sentencia que fue confirmada por el tribunal de alzada.

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.

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La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo en ese entonces que el ministro del Interior del extinto Partido Patriota cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

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La Feci y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivan de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la investigación, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.

López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado.

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.

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De acuerdo con la resolución de los magistrados, luego de analizar las apelaciones de 16 de los 18 condenados en primera instancia, se confirma la sentencia de López Bonilla y de Byron Estuardo Regalado España, propietario de la entidad Comercializadora y Distribuidora Tamasulapa. El fallo absuelve a cinco de los sentenciados y reduce la pena de otros nueve.

Las penas quedan así:

• Óscar Lisandro Martínez Contreras queda con una pena de 11 años y ocho meses, por fraude y cohecho pasivo, y absuelto por asociación ilícita. En la sentencia anterior había acumulado una pena de 23 años y seis meses, por los tres delitos.
• Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez, de una pena de 17 años y seis meses, por fraude y asociación ilícita queda con una de ocho años y nueve meses, por fraude, y absuelto por los otros dos hechos ilícitos.
• Byron Abelino Ambrocio Borrayo quedó absuelto de todos los cargos. Antes tenía una pena total de 17 años y seis meses de cárcel por asociación ilícita y fraude.
• Francisco Manuel Baldizón Barquín queda con una pena reducida de 23 años y seis meses a una de 14 años y ocho meses, por fraude y cohecho pasivo, luego de que quedó absuelto de asociación ilícita.
• Olga Beatriz González Fuentes tiene una pena de 14 años y nueve meses y se le absolvió de asociación ilícita. Antes tenía una pena total de 23 años y seis meses.
• Mauricio López Bonilla, sentencia confirmada de 13 años y nueve meses por fraude y peculado por uso.
• Rony Monterroso Herrera fue absuelto de todo cargo, antes tenía seis años de cárcel por asociación ilícita.
• Nery García Galiano queda absuelto de todo cargo, la pena anterior era de un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.
• Byron Estuardo Regalado España se quedó con la misma pena de un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.
• Zoyla Marina España Alvarado obtuvo una reducción de la pena y se queda con seis años de cárcel, por fraude, y absuelta por fraude.
• María Carmen Chet Patzán queda absuelta de todo cargo, antes tenía seis años de cárcel por asociación ilícita.
• Sandra Isabel Monterroso Herrera obtuvo una reducción de pena de 23 años y medio de cárcel a 11 años y ocho meses, al quedar absuelta de asociación ilícita.
• Sonia Elizabeth Prado Sierra queda con una pena de 14 años y nueve meses y absuelta de asociación ilícita, antes tenía una sanción de 23 años y seis meses de cárcel.
• José Augusto Alonzo Cantoral obtuvo una reducción de pena de 17 años y medio de cárcel a ocho años y nueve meses, por fraude.
• Ricardo Enrique Flores Nájera queda con una pena de seis años de cárcel, por cohecho pasivo, y absuelto de asociación ilícita y fraude, lo que le redujo la pena total que era de 23 años y seis meses de prisión.
• Oscar Haroldo García Quemé queda absuelto de todo cargo, antes tenía una condena de 17 años y medio de cárcel por asociación ilícita y fraude.

No apelaron la sentencia de primer grado Josué Ladislao Estrada Zamora, condenado a seis años de prisión por fraude, y Sergio Estuardo Solórzado Guevara, con un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.

El caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) una estructura que operó a lo interno de la Policía Nacional Civil habría desviado unos Q44.5 millones, en la supuesta adquisición de bienes y servicios, sobre todo en autopatrullas y la contratación de obras para subestaciones policiales.

Las pesquisas determinaron que los involucrados evitaron publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2015, y los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil.

Uno de los ejemplos del fraude fue el pago de Q60 mil, el 29 de julio de 2014, por la reparación de la autopatrulla matrícula P088DRB, que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.

Primera condena

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo en ese entonces que el ministro del Interior del extinto Partido Patriota cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

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Los magistrados Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, Roaldo Isaías Chávez Pérez y Eduardo Galván Casasola rechazaron la acción del exministro y del que fue su viceministro, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, hallado culpable de fraude y cuya pena fue de ocho años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dictada el 20 de septiembre del 2018 por el Tribunal Noveno Unipersonal Penal, a cargo de Carlos Ruano, quien consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Contrataciones del Estado, y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

El caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los exfuncionarios estuvieron involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

Segunda condena

El pasado 17 de mayo  López Bonilla fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión y a una multa de Q62 mil 500 por peculado por uso y fraude en el caso Patrullas fase II. La sentencia fue dictada por el Tribunal Octavo Penal.

López Bonilla habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.

Con esta sentencia, el exministro suma 22 años y tres meses de prisión.

Otros procesos contra el exministro

López Bonilla fue detenido el 11 de junio del 2016 y procesado en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, que tiene también en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti -condenada a 15 años y seis meses de cárcel por el caso Agua Mágica-.

Está procesado por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho pasivo, este último es por supuestamente haber entregado miles de quetzales en los años 2012, 2013 Y 2014 al excolaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón para la compra de regalos ostentosos en los cumpleaños de Baldetti y Pérez Molina. Esta investigación fue denominada la Cooperacha.

Además, la Fiscalía contra la Corrupción tiene abierta otra pesquisa contra López Bonilla por el supuesto fraude de Q13 millones relacionado con supuestas irregularidades en los contratos de arrendamiento con opción a compra de la plataforma Appliance, un equipo con tecnología para la planificación, gestión y análisis de recursos de gobierno y la automatización de procesos de gestión institucional. La cartera de Gobernación efectuó el pago sin que recibiera el equipo que establecía el contrato.

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Por último, el hombre de confianza de Pérez Molina deberá ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico después de la sentencia del Tribunal Tercero Penal del 30 de agosto del 2017.

Los indicios que enviaron las autoridades estadounidenses se centran en que López Bonilla “facilitó el comercio de drogas en el territorio nacional y evitó las capturas de narcotraficantes”. El requerimiento es para comparecer en la corte del Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Los nexos son por la vinculación con los narcotraficantes mexicanos los Zetas.

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Durante el debate la fiscal Amy Girón explicó que la supuesta estructura criminal, que lideró López Bonilla, se agrupó para cometer ilícitos que terminaron en el fraude al Estado por Q44.5 millones en reparaciones a vehículos de la PNC que jamás se hicieron y hasta se pagaron en tres oportunidades.

El grupo operó del 1 de enero del 2012 y se extendió hasta 2015, según la fiscal Girón.

Uno de los ejemplos del fraude fue el pago de Q60 mil, el 29 de julio de 2014, por la reparación de la autopatrulla matrícula P088DRB, que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.

Las 20 personas son acusadas de haber integrado una estructura criminal que operó en la PNC para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.

López Bonilla habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un supuesto desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.

Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Otra condena contra el exfuncionario

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla, exministro de Gobernación del gobierno del Partido Patriota, fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por delito de fraude, por el caso Blindados.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios

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Sereno y paciente, el exministro, a quien el MP pidió cárcel de 13 años, recordó su formación militar. “Quiero decir que estoy formado en un ambiente de disciplina, respeto a la autoridad y acatamiento de la ley”, dijo.

Después ofreció disculpas por sus actos. “Mis primeras palabras son para decir que trataba de hacerlo todo el tiempo el bien a lo largo de mi vida y muestra de ello pido a todos los sujetos procesales una disculpa si en algún momento alguna de mis actitudes pudo ofender a alguien. Lo digo con humildad, pero lo digo con convicción”.

“Mi conducta como ministro de Gobernación a lo largo de tres años y medio fue encaminarla siempre basándome en que todo estuviera normal. Estoy absolutamente seguro de que nunca puse mi firma en algo que fuera ilegal que no tuviera el dictamen técnico financiero”, agregó López Bonilla.

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A los jueces les dijo: “Ustedes están investidos de autoridad y, como creyente, y yo sé que es autoridad viene de Dios, que tiene un papel muy difícil porque impartir justicia en su significado. Sea cual sea su veredicto, aunque no lo comparta, lo voy a aceptar”, finalizó López Bonilla.

Los jueces Oly González, presidenta; Carlos Barrera y Felix García, vocales, escucharon las últimas intervenciones de López Bonilla y otras 12 personas que enfrentan debate desde hace dos meses.

Después programaron la lectura de la sentencia para el 17 de mayo próximo.

La investigación

Durante el debate la fiscal Amy Girón explicó que la supuesta estructura criminal, que lideró López Bonilla, se agrupó para cometer ilícitos que terminaron en el fraude al Estado por Q44.5 millones en reparaciones a vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) que jamás se realizaron y hasta se pagaron en tres oportunidades.

El grupo operó del 1 de enero del 2012 y se extendió hasta 2015, según la fiscal Girón.

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Uno de los ejemplos del fraude fue el pago de Q60 mil, el 29 de julio de 2014, por la reparación de la autopatrulla matrícula P088DRB que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.

Las 20 personas son acusadas de haber integrado una estructura criminal que operó en la PNC para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.

López Bonilla es quien habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un supuesto desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015.

Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

Las penas solicitadas por el MP

• Héctor Mauricio López Bonilla: ocho años y nueve meses por fraude, cinco años y dos meses por peculado por uso; inhabilitación para optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.

• Byron Abelino Ambrosio Borrayo: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, más multa Q62 mil 500.
• Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, multa de Q125 mil.
• Francisco Manuel Baldizón Barquín: ocho años y nueve meses de prisión por asociación ilícita y fraude; seis años de cárcel por cohecho pasivo; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q100 mil.
• Josué Augusto Alonzo Cantoral: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años de prisión por cohecho pasivo, inhabilitación de ejercer cargos públicos, más multa de Q250 mil.
• Olga Beatriz González Fuentes. ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.
• Óscar Haroldo García Quemé: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, multa de Q62 mil 500 e inhabilitación a optar a cargos públicos.
• Ricardo Enrique Flores Nájera: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos
• y multa de Q250 mil.
• Sandra Isabel Monterroso Herrera. asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q150 mil.
• Sonia Elizabeth Prado Sierra: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q75 mil.
• Óscar Lisandro Martínez Contreras: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; inhabilitación a optar a cargos públicos; cohecho pasivo, seis años, y multa de Q125 mil.
• Dimas Antonio Secaida Morales: cohecho pasivo, seis años y multa de Q62 mil 500.
• Byron Estuardo Regalado España: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Zoila Marina España Alvarado de Regalado: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• José Armando Hernández Valenzuela: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Josué Lasdilao Estrada Zamora: fraude, seis años; lavado de dinero, seis años, y  multa de Q2 millones 774 mil, 240.80.
• Rony Alfredo Monterroso Herrera: asociación ilícita, seis años, lavado de dinero, seis años, y multa de Q1 millón,231 mil 093.56.
• Sergio Estuardo Solórzano Guevara: asociación ilícita, seis años; lavado de dinero, seis años, y multa de Q101 mil.
• María Carmen Chet Patzán: asociación ilícita, seis años.
• Nery Felipe García Galiano, encubrimiento propio, dos años.

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La fiscal Amy Girón explicó que la supuesta estructura criminal, que lideró López Bonilla, se agrupó para cometer ilícitos que terminaron en el fraude al Estado por Q44.5 millones a través de reparaciones a vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) que jamás se realizaron y hasta se pagaron en tres oportunidades.

El grupo operó del 1 de enero del 2012 al 30 de noviembre de 2014 y se extendió hasta 2015, explicó la fiscal Girón.

Un ejemplo de pago por reparaciones fue por Q60 mil el 29 de julio de 2014 a la autopatrulla con la matrícula P088DRB que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.

“Ese vehículo fue entregado en malas condiciones y cuando fue devuelto no le hicieron alguna reparación. Incluso, fue devuelto con las llantas en mal estado”, señaló la fiscal.

Para López Bonilla, la representante del Ministerio Público (MP) solicitó que le impongan 13 años y 11 meses de prisión, más multa de Q62 mil 500 por los delitos de fraude y peculado por uso.

El exministro de Gobernación escuchó la solicitud de condena sin hacer algún gesto. Solo anotaba detalles en una hoja.

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Las 20 personas son acusadas de haber integrado una estructura criminal que operó en la PNC para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.

López Bonilla es quien habría autorizado las reparaciones inexistentes que derivaron en un supuesto desfalco de Q44.5 millones de 2012 a 2015, recalcó la fiscal.

Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Cicig.

El juicio se reanudará el 24 de abril con la exposición de los defensores, quienes han adelantado que el caso es administrativo y solicitarán la sentencia absolutoria a los implicados.

Las penas solicitadas

• Héctor Mauricio López Bonilla: ocho años y nueve meses por fraude, cinco años y dos meses por peculado por uso; inhabilitación para optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.

• Byron Abelino Ambrosio Borrayo: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, más multa Q62 mil 500.
• Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez: ocho años y seis meses por asociación ilícita; ocho años y nueves meses por fraude; seis años por cohecho pasivo, multa de Q125 mil.
• Francisco Manuel Baldizón Barquín: ocho años y nueve meses de prisión por asociación ilícita y fraude; seis años de cárcel por cohecho pasivo; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q100 mil.
• Josué Augusto Alonzo Cantoral: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años de prisión por cohecho pasivo, inhabilitación de ejercer cargos públicos, más multa de Q250 mil.
• Olga Beatriz González Fuentes. ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude; seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q62 mil 500.
• Óscar Haroldo García Quemé: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, multa de Q62 mil 500 e inhabilitación a optar a cargos públicos.
• Ricardo Enrique Flores Nájera: ocho años y nueve meses por asociación ilícita y fraude, seis años por cohecho pasivo, inhabilitación a optar a cargos públicos
• y multa de Q250 mil.
• Sandra Isabel Monterroso Herrera. asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años; inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q150 mil.
• Sonia Elizabeth Prado Sierra: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; cohecho pasivo, seis años, inhabilitación a optar a cargos públicos y multa de Q75 mil.
• Óscar Lisandro Martínez Contreras: asociación ilícita y fraude, ocho años y nueve meses de prisión; inhabilitación a optar a cargos públicos; cohecho pasivo, seis años, y multa de Q125 mil.
• Dimas Antonio Secaida Morales: cohecho pasivo, seis años y multa de Q62 mil 500.
• Byron Estuardo Regalado España: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Zoila Marina España Alvarado de Regalado: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• José Armando Hernández Valenzuela: asociación ilícita y fraude, 12 años.
• Josué Lasdilao Estrada Zamora: fraude, seis años; lavado de dinero, seis años, y  multa de Q2 millones 774 mil, 240.80.
• Rony Alfredo Monterroso Herrera: asociación ilícita, seis años, lavado de dinero, seis años, y multa de Q1 millón,231 mil 093.56.
• Sergio Estuardo Solórzano Guevara: asociación ilícita, seis años; lavado de dinero, seis años, y multa de Q101 mil.
• María Carmen Chet Patzán: asociación ilícita, seis años.
• Nery Felipe García Galiano, encubrimiento propio, dos años.

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En el comienzo del juicio, abogados expusieron al tribunal que cuatro de los implicados en el caso no tenían dinero para continuar pagando su defensa y que por tanto el juicio no podía comenzar. El tribunal analizó la petición y deliberó que no procedía la petición, pero llegar a esa determinación demoró dos horas.

El Ministerio Público (MP) expuso que en el caso hay implicados 13 exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y siete contratistas que malversaron aquella suma a través de empresas de cartón.

Las 20 personas son sindicadas por  haber integrado una estructura criminal que operó en la Policía Nacional Civil (PNC) para desviar fondos públicos aparentando inversión en la adquisición de bienes y servicios, particularmente autopatrullas, y  la contratación de obras y servicios para subestaciones policiales.

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Para lograr su objetivo, la red creó siete empresas de cartón que fueron utilizadas para ganar eventos en compras directas supuestamente para reparar autopatrullas y remozar sedes policiales. Sin embargo, esos trabajos no se ejecutaron, según la investigación efectuada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El exfuncionario permanece en prisión y desde el 20 de septiembre de 2018 ya fue condenado  por la justicia. La pena impuesta fue de ocho años y medio por fraude, en el caso Blindados.

Por si fuera poco, López está sindicado en los casos Cooptación del Estado, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

La otra etapa del caso

En la primera fase de la investigación, el Tribunal Séptimo Penal condenó a 12  personas de seis a 26 años y ocho meses de prisión. Entre los condenados está Héctor Florentino Rodríguez Heredia, el exsubdirector general de Apoyo y Logística de la PNC.

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El Tribunal dio valor a la acusación del MP, que señaló una estructura conformada simuló la reparación de los autopatrullas y la remodelación de estaciones policiales de 2012 a 2014, cuando Mauricio López Bonilla fue ministro de Gobernación, durante la gestión de Otto Pérez y Roxana Baldetti, presos por casos de corrupción.

El MP demostró que los trabajos no fueron realizados por las empresas contratadas y que en algunos casos fueron agentes de la PNC los que remozaron edificios de esa institución, cuando quienes lo tuvieron que hacer fueron las empresas a las que se adjudicaron los concursos.

El tribunal consideró que por estas simulaciones se malversaron Q64 millones de la PNC y parte de este dinero fue detectado en las cuentas bancarias personales de Rodríguez Heredia.

Según la pesquisa, se determinó que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014, los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además, se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil, el máximo de gasto de permiten las compras directas, según la Ley de Compras.

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El MP demostró que los trabajos no fueron realizados por las empresas contratadas y que en algunos casos fueron agentes de la PNC los que remozaron edificios de esa institución, cuando quienes lo tuvieron que hacer fueron las empresas a las que se adjudicaron los concursos.

El tribunal consideró que por estas simulaciones se malversaron Q64 millones de la PNC y parte de este dinero fue detectado en las cuentas bancarias personales de Rodríguez Heredia.

Según la investigación hecha por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se determinó que para evitar publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2014, los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además, se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil, el máximo de gasto de permiten las compras directas, según la Ley de Compras.

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La organización operó a lo interno de la PNC para desviar los fondos al aparentar que adquiría bienes y servicios, sobre todo para la reparación de autopatrullas. También la contratación de obras y servicios para el remozamiento de subestaciones.

Otra evidencia es que con una factura pretendían demostrar la reparación de hasta tres vehículos asignados a la Policía.

También inscribieron un taller, y al verificar la dirección se estableció que es el segundo piso de una residencia.

Otro de los contratos concedidos a la banda incluyeron la remodelación de sedes policiales en distintas partes del país, lo cual no ocurrió.

Otra modalidad que usaron para defraudar a la institución consistió en que les fuera adjudicado un contrato para suministrar repuestos a los autopatrullas, por un monto de Q12.7 millones, en el 2013.

Para ganar el concurso, la banda propuso una importadora propiedad de Bairon Regalado Ruiz, quien acreditó evento experiencia en venta de repuestos en los requisitos, pero en esa compañía figuró su hija, Gabriela Francineth Regalado España, y la empresa tampoco existía.

En la captura de Rodríguez Heredia se encontró un vehículo que pertenece al Ministerio de Gobernación.

Otros vínculos

Este caso tiene una ampliación, la fase dos, donde está vinculado el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien ya fue condenado a ochos años y medio de prisión por fraude en el caso Blindados.

En este caso el juez consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Compras y Contrataciones del Estado y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

“Debió haberse realizado una licitación como procedimiento para la contratación”, señaló el juzgador.

Condenados y penas:

• Héctor Florentino Rodríguez Heredia, exsubdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC: por fraude, 16 años y ocho meses; por asociación ilícita, 10. Total: 26 años y ocho meses de cárcel.
• Elden Leonel Cabrera Chan, propietario de las empresas: por fraude, tres años; asociación ilícita, dos años y ocho meses; lavado de dinero, dos años y ocho meses. Total: ocho años y cuatro meses de cárcel. También se le impuso una multa de Q33.6 millones. Se le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de las penas de prisión y multas impuestas por el plazo de cinco años y si en ese periodo incurre en un delito se revocará el beneficio otorgado.
• Otto Aníbal Escalante Miranda, exjefe del Departamento de Infraestructura de la PNC: por fraude, 10 años, y asociación ilícita, ocho años y nueve meses. Total: 18 años y nueve meses.
• Mario de Jesús Ovando López, actual jefe del Departamento de Material Móvil de la PNC: por fraude, 10 años, y asociación ilícita, ocho años y nueve meses. Total: 18 años y nueve meses.
• Dirk William Zea Muñoz, exjefe del Departamento de Material Móvil de la PNC: por fraude, 10 años, y asociación ilícita, ocho años y nueve meses. Total: 18 años y nueve meses de prisión.
• Bairon Regalado Ruiz, contratista: por fraude, ocho años años, y asociación ilícita, siete años. Total: 15 años de prisión.
• Cleotilde Elvia Cabrera Chan, hermana de Elden Cabera, propietaria de una empresa contratista: por fraude, seis años y ocho meses, y por asociación ilícita, seis años. Total: 12 años y ocho mese de prisión.
• Aura Yaneth Chic Alvarado, empleada de Elden Cabrera y contratista: por fraude, seis años y ocho meses, y asociación ilícita, seis años. Total: 12 años y ocho meses de prisión.
• Fredy Arnoldo García Sical, contratista y empleado de Elden Cabrera: por fraude, seis años y ocho meses, y por asociación ilícita, seis años. Total: 12 años y ocho meses de prisión.
• Gaby Francineth Regalado España, hija de Bairon Regalado y contratista: por asociación ilícita, seis años de prisión.
• Juan Carlos Oliveros Bethancourt, exasesor legal de la PNC: por asociación ilícita, siete años de prisión.
• Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera, esposa de Elden Leonel Cabrera Chan: por testaferrato, seis años de prisión.

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La audiencia de reparación será el 26 de septiembre próximo a las 14 horas.

“Serví tres años y medio a mi país. La esperaba -la condena- porque es un tema político. La justicia está politizada y no podía esperar otra cosa. Pero sentencia en firme es hasta que agotemos todos los recursos”, declaró Bonilla luego de la sentencia.

El funcionario enfrenta otros procesos judiciales, como Cooptación del Estado y Patrullas, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Argumentos

Ruano consideró que haber arrendado vehículos blindados por medio un procedimiento de excepción –sin cotizar– no era legalmente procedente debido a que no se cumplían con las condiciones reguladas por el Ley de Compras y Contrataciones del Estado y no era coherente con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.

“Debió haberse realizado una licitación como procedimiento para la contratación”, dijo el juez.

Además, señaló que se pudo demostrar que los exfuncionarios tenían pleno conocimiento del contenido de los contratos administrativos.

Defiende inocencia

Antes de la sentencia, López Bonilla señaló que el proceso penal en su contra ha “dejado más dudas que respuestas” y defendió su inocencia al asegurar que no autorizó, mientras estaba el frente de Gobernación, ninguna acción ilegal.

“Seguiré defendiendo mi inocencia con dignidad, porque hasta para llevar grilletes hay que tener dignidad”, le dijo al juez.

Aseguró que su trabajo como ministro está respaldado por la mejora en indicadores claves de seguridad. “Ni antes, ni después de Mauricio López Bonilla, estoy seguro, se va poder hacer todo lo que nosotros hicimos. Nuestros logros para fortalecer la institucionalidad están más que claros”, dijo.

Otro sentenciado

El ex viceministro de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, también fue hallado culpable de fraude y deberá cumplir condena de ocho años y seis meses.

El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Walter René Vásquez Cerón, fue absuelto del delito de abuso de autoridad y se ordenó su libertad.

El caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los tres exfuncionarios estuvieron involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos, por un monto total de Q32 millones 700 mil 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

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“La parte controversial no es la utilización de los autos blindados para sus autoridades, que son necesarios para su protección, sino que se hayan contratado estos servicios por medios de concursos de excepción”, aseguró el fiscal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los tres exfuncionarios estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos por un monto total de Q32 millones, 700 mil, 491.09, entre 2014 y 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostiene que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

El @MPguatemala pide 10 años de prisión para el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por el delito de fraude. #CasoBlindados pic.twitter.com/gKyIItIwmq

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) September 5, 2018

En este caso le retiraron la inmunidad al juez de Paz de San Marcos, Anthoni Giovanni Pivaral de León, quien fue director del Sistema Penitenciario.

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Todas las pruebas y los relatos de testigos y peritos ya se conocieron durante el juicio, que tiene en el banquillo de los acusados al exministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla.

El juez Ruano citó a las partes para el 30 de agosto de 2018 y escuchar los alegatos finales.

La finalización de este debate será el primer caso judicial que llega a sentencia en contra de López Bonilla.

También está procesado en los casos Cooptación del Estado de Guatemala, Caja de Pandora, Patrullas, La Cooperacha y la extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Junto con el exfuncionario están señalados Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, quien fue viceministro de Gobernación y Walter René Vásquez Cerón, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), ambos gozan de libertad condicional.

Anomalías

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) los tres exfuncionarios estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de 47 vehículos por un monto total de Q32 millones, 700 mil, 491.09, de 2014 a 2015.

La Fiscalía contra la Corrupción sostiene que López Bonilla cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales, los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

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En este caso le retiraron la inmunidad al juez de paz de San Marcos Anthoni Giovanni Pivaral de León, quien fue director del Sistema Penitenciario.

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Extradicción

Los amigos narcos de López Bonilla y los millones que recibió, según un testigo.

Las personas que enfrentarán juicio:

1. Héctor Mauricio López Bonilla
2. Byron Abelino  Ambrosio  Borrayo
3. Byron Estuardo Regalado España
4. Carlos Arnulfo  Rodríguez Pérez
5. Dimas Antonio Secaida Morales
6. Francisco Manuel Baldizón Barquín
7. José Armando Hernández Valenzuela
8. Josué Augusto Alonzo Cantoral
9. Josué Lasdilao Estrada Zamora
10. María Carmen Chet Patzán
11. Nery Felipe García Galiano
12. Olga Beatriz González Fuentes
13. Óscar Haroldo García Quemé
14. Óscar Lisandro Martínez Contreras
15. Ricardo Enrique Flores Nájera
16. Rony Alfredo Monterroso Herrera
17. Sandra Isabel Monterroso Herrera
18. Sergio Estuardo Solórzano Guevara
19. Sonia Elizabeth Prado Sierra
20. Zoila Marina España Alvarado de Regalado

El caso

Las investigaciones determinaron que, para obviar los procesos de licitación entre el 2012 y el 2014, esta agrupación criminal utilizó el modelo de compras directas con empresas para sustraer los fondos.

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Uno de los hallazgos reportados es que emitieron facturas que no sobrepasaran los Q90 mil, a fin de eludir la Ley de Compras.

Otra evidencia es que con una factura pretendían demostrar la reparación de hasta tres vehículos asignados a la Policía.

También inscribieron un taller, y al verificar la dirección se estableció que es el segundo piso de una residencia.

Otros de los contratos concedidos a la banda incluyó la remodelación de sedes policiales en distintas partes del país, lo cual no ocurrió.

Otra modalidad que usaron para defraudar a la institución consistió en lograr que les fuera adjudicado un contrato para suministrar repuestos a los autopatrullas, por un monto de Q12.7 millones, en el 2013.

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Para ganar el concurso la banda propuso una importadora propiedad de Byron Regalado Ruiz, quien acreditó en los requisitos del evento experiencia en venta de repuestos, pero en esa compañía figuró su hija, Gaby Francineth Regalado España, y la empresa tampoco existía.

En la captura de Rodríguez Heredia se encontró un vehículo que pertenece al Ministerio de Gobernación.

López Bonilla también enfrenta otros casos judiciales, como Cooptación del Estado, la Cooperacha y Blindados, así como un pedido de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

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Ayer se produjeron nuevas capturas en un caso conocido como Blindados, ocurrido en los años 2014-2015, y al menos ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en el alquiler irregular de vehículos blindados para el Ministerio de Gobernación, para lo cual no se cumplieron los procedimientos debidos. Por esos hechos ya está vinculado a proceso el exministro Mauricio López Bonilla, quien además guarda prisión por otros posibles actos delictivos.

Sobre muchos de los procedimientos irregulares denunciados oportunamente durante la administración patriotista, siempre el aparato gubernamental se encargaba de buscar desmentir las versiones periodísticas, muchas de las cuales se ratifican ahora y seguramente habrá muchos otros casos que se conocerán durante los próximos meses.

Igual ocurre en la actualidad cuando se critica el abuso de poder y el gasto excesivo en que incurre el Gobierno central y muchas autoridades locales, noticias que, como ayer, se trata de descalificar, aunque cada vez es más claro que solamente es cuestión de tiempo para que caiga el muro de fantasía.

El falseamiento de procesos de licitación ha sido una constante durante los últimos gobiernos en demasiadas dependencias, en las cuales se producen eventos amañados para favorecer a gente cercana a funcionarios o diputados. Eso es parte de lo ocurrido con las capturas llevadas a cabo ayer, las cuales además involucran a exfuncionarios, exasesores y gente que ocupaba cargos de mucha relevancia durante la gestión de López Bonilla al frente del Ministerio de Gobernación.

Ese es el caso de Ana Patricia Monge Cabrera, madre del actual director general de Aeronáutica Civil y una de las capturadas ayer, quien fungió en el anterior gobierno como directora general de la Oficina de Servicios de Seguridad Privada, un ente sensible a la corrupción y al descontrol, ante el abuso de muchos de quienes operan al margen de la ley con cuerpos privados de seguridad, algo que en el fondo también ha estado cargado de riesgos.

Por este caso también están procesados y en prisión el exministro López Bonilla, el exviceministro administrativo Manfredo Vinicio Pacheco y el exdirector de la Policía Nacional Civil Wálter René Vásquez Cerón, lo que reitera la vulnerabilidad en que se encuentra la institucionalidad en el país, ante el constante riesgo de que altos cuadros de oficinas públicas utilicen su elevada posición para el pillaje.

Esa enumeración de cargos y hechos irregulares constituye uno de los más tristes testimonios de cómo se ha conducido la mayoría de funcionarios e igualmente preocupante es que sobre ese inmoral proceder exista muy poco reclamo por parte de más amplios sectores del país, pues hasta ahora sigue siendo un grupo reducido el que ha asumido la tarea de la denuncia y la demanda por un cambio.

El arrendamiento de 47 camionetas blindadas se hizo para que fueran empleadas por el Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP).

La Fiscalía dijo que la empresa Multiservicios Exclusivos “suscribió  nueve contratos con Gobernación, utilizando la modalidad de casos de excepción para beneficiarse económicamente de manera ilícita”. La investigación también determinó que dicha empresa “no contaba con la infraestructura ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados”. 

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También se estableció que existió “retorno de dinero a funcionarios del Mingob, familiares del propietario de la entidad y otras personas que conformaron la estructura criminal”. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de los implicados, a través de cheques o fueron cobrados en efectivo, según las pesquisas. 

El MP dijo que la estructura criminal, que estaba integrada por funcionarios, empleados públicos, asesores y personas particulares, crearon un andamiaje jurídico para defraudar al Estado al beneficiar a una empresa individual.

Una de las pruebas aportada por la Fiscalía contra la Corrupción apunta que en julio del 2015 Manuel Efraín Castellanos Góngora pagó un vehículo y solicitó que el traspaso fuese a nombre de Raúl Arturo Valdez Castillo, quien laboraba en el Mingob a cambio de colaboración. 

Capturas

• Manuel Castellanos Góngora
• Ileana del Carmen Tager Castellanos
• Maura José Ortiz Estrada
• Dino Fabricio Quatrinni Gómez
• Ana Patricia Monge
• Felipe Estuardo Ozaeta Castellanos
• Raúl Arturo Valdez Castillo
• Cinthia Lisbeth Villatoro

Por ese caso enfrentan juicio el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el ex viceministro administrativo, Vinicio Pacheco; y el exdirector de la PNC, Walter Vásquez.

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El MP señala que López Bonilla y el ex viceministro Pacheco autorizaron tres contratos, Vásquez hizo uno para la PNC y el exdirector del Sistema Penitenciario Anthony Pivaral avaló otro para el Sistema Penitenciario. Los concursos fueron otorgados a las empresas Multi Servicios Exclusivos y Arrendamiento de Limosinas, S.A.

Este martes, en la segunda fase del jucio, el juez José Eduardo Cojulum ordenó enviar al hospital privado Utatlán a Patricia Monje, madre del director de Aeronáutica Civil, Carlos Velásquez Monge, mientras que otros tres capturados fueron enviados a la cárcel Mariscal Zavala.

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En ese entonces, Reyes tenía entre 14 y 15 años y el primer encuentro con Lima se dio porque acompañó a una amiga a visitar al novio de esta.

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Relató que Lima las ayudó para que ella pudiera ingresar sin identificarse, ya que era menor de edad. Meses después de haberlo conocido empezaron una relación sentimental y a partir de ahí lo visitaba con regularidad.

La colaboradora eficaz aseguró que Lima la convenció para que pusieran un salón de belleza, el cual trasladó a la zona 10 meses después, para lo cual le dio US$ 100 mil. 

Lima también le dio dinero a Reyes para que compraran una casa en el puerto San José valorada en US$ 350 mil, además de comprarle un carro BMW con un costo de US$ 44 mil. Lima Oliva y Reyes adquirieron varios vehículos de lujo.

Reyes contó en su declaración que Byron Lima le pidió que se sometiera a cirugías estéticas, por las cuales gastó US$ 8 mil. El reo hizo lo mismo con su expareja, madre de sus hijas.

Afirmó que 2009 y 2012 fueron los años en los que más bienes adquirió Lima Oliva, uno de ellos fue una casa en Arrazola Country Club valorada en Q800 mil.

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Colaboración con narcos

Reyes también contó que, a través del reo Alfredo Morataya, alias Chiltepe, Byron Lima ayudó al narcotraficante Byron Linares préstandole seguridad para transportar droga, y por cada traslado le pagaban US$ 10 mil.

Chiltepe fue asesinado en 2009 y Lima se quedó con el contacto directo con Linares, quien le pidió que recuperara una avioneta cargada con droga en Izabal, para lo cual le pagó US$ 100 mil.

De acuerdon con Reyes, Byron Lima coordinó desde la cárcel otro tumbe de droga, en Escuintla, que resultó ser fallido por intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

En esa acción para recuperar un camión cargado con droga participaron Fito Arrivillaga y Mario Ordónez, asesinados en un restaurante de carretera a El Salvador.

Vínculos con el PP

Según Reyes, Lima apoyó la campaña del Partido Patriota (MP) con vehículos blindados y guardaespaldas para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti durante los mitines.

Dijo que el militar, a través de su hermano Luis Lima, recibió Q350 mil para que bloqueara carreteras para evitar que simpatizantes de Manuel Baldizón llegaran a los centros de votación. El vínculo para la entrega del dinero fue Mauricio Lopéz Bonilla, según el relato de Reyes.

Además, recordó Byron Lima “hizo una gran fiesta” cuando ganó el PP ganó las elecciones generales de 2011.

Control de cárceles

Reyes indicó que Lima le confesó que Mauricio López Bonilla le preguntó que quería de regalo y él le pidió el Sistema Penitenciario. Al salón de belleza llegaban las personas que Lima iba a colocar en puestos clave en las prisiones.

Los guardaespaldas de Reyes fueron colocados como trabajadores del área de Análisis de Presidios. El papá de Reyes fue empleado en el departamento de Compras.

Según Reyes, López Bonilla le dijo a Byron Lima que le regalaba la potestad de hacer 150 traslados de reos, y señaló al abogado Moisés Galindo de haber recibido un vehículo como pago que le hicieron a Lima por un traslado.

Después de la muerte de Lima Oliva, Galindo le regaló el vehículo a Reyes y ella decidió grabarlo porque le pareció extraño que la quisiera ayudar. Según Reyes, el abogado sí sabía la procedencia del automotor.

Entre los trasladados a Pavoncito estaban Kevin Overdick, hijo del narcotraficante Walter Overdick, y Alejandro Jiménez, alias Palidejo. El pago por el traslado de Overdick fue de US$ 100 mil y un vehículo Mercedez Benz.

Reyes describió más casos de traslados de reos, por los que Lima recibió otros vehículos y hasta caballos.

“Desde que yo lo conocí, Byron siempre mandó en las cárceles, siempre. En el 2012 lógicamente tomó más poder porque le entregaron el Sistema Penitenciario”, afirmó Reyes.

Escuche el testimonio de Alejandra Reyes:

Contradice

Antes de iniciar la audiencia, el exministro López Bonilla dijo que todo se trata de “una especulación”, además puso en duda la declaración de Alejandra Reyes, expareja de Byron Lima Oliva, quien se convirtió en colaboradora eficaz, y quien habría revelado detalles de la relación de Lima Oliva con varios de los implicados.

“Es una especulación, ella -Reyes- a duras penas pasó la primaria y en el audio usa términos legales”, dijo López Bonilla.

Torre Fuerte y sus clientes

Reyes dijo que el Partido Patriota y la Municipalidad de Guatemala eran clientes de la cooperativa Torre Fuerte, propiedad de Byron Lima.

Supuestamente, el alcalde capitalino Álvaro Arzú le daba trabajo a Lima, pero el enlace entre ambos era la trabajadora municipal Zorayda Herincx, y que Lima llamaba a Arzú el “señor Oro”.

Según Reyes, Lima mantenía comunicación con Arzú a través de cartas, en las que algunas veces le recordaba el caso del lechero.

Reyes reveló que Lima pidió a Arzú dos plazas, ambas aprobadas en el 2007 por el director de Emetra, Howard Yang, para ella, su madre Elizabeth Ochoa Barrios y Andrea Monzón, viuda de Obdulio Villanueva.

Lima habría confesado a su expareja que él le era leal a Arzú y le habría contado que modificó la escena del crimen de la muerte de monseñor Juan José Gerardi.

Además, dijo que Lima enviaba peticiones al alcalde a través de caratas entregadas por Zorayda y la síndico primero Luisa María Salas Bedoya.

Habría recibido US$1.5 millones

Esta es la acusación que hace EE.UU. contra Mauricio López Bonilla

“Al resolver por unanimidad declara procedente la formal extradición del ciudadano guatemalteco Héctor Mauricio Lopéz Bonilla. Encontrándose el referido guardando prisión provisional, se ordena que continúe en la misma situación mientras el presente fallo causa firmeza”, dice la resolución.

López Bonilla es acusado por conspiración para trasladar cinco o más kilogramos de cocaína a ese país. El fallo del tribunal, según los jueces, no implica que el exfuncionario sea culpable de la sindicación que hacen las autoridades estadounidenses.

La imputación que el Departamento de Justicia estadounidense hace en contra de López Bonilla es que colaboró con los Zetas entre el 2010 y parte del 2015, y que asignó agentes policiales para que vigilaran los cargamentos de cocaína e informaran sobre las acciones contra integrantes de esa agrupación criminal.

Antes de ser extraditado para que enfrente la justicia estadounidense, López Bonilla debe resolver su situación jurídica en Guatemala, según la resolución del tribunal.

Momento en que el tribunal autoriza la extradición del exministro Mauricio López Bonilla. https://t.co/zGT8BX1Vkn (Video: @Lared1061). pic.twitter.com/CLWdhZ0ABn

— Willian Cumes (@wcumes_pl) 30 de agosto de 2017

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Un paso

“Esto apenas es un paso en una larga lucha legal que hace falta todavía”, dijo el exfuncionario después de conocer el fallo.

Aseguró que respetaba lo dispuesto por el tribunal, pero afirmó que no se cumplió con lo establecido en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Guatemala, firmado en 1903.

“En el artículo 1, y lo refuerza el artículo 9, dice que es necesario enviar las pruebas de culpabilidad con las que se fundamenta la acusación, y eso nunca ocurrió”, afirmó el exministro.

Asimismo, López Bonilla anunció que apelará el fallo. “Vamos a utilizar todos los mecanismos que la ley me permite para poder poder continuar en la lucha (…) desde el momento en que tomé la decisión de no allanarme es porque voy a pelear con todos los recursos legales hasta el último momento”, dijo el exjefe de la cartera del Interior.

Mauricio López Bonilla: "Voy a pelear con todos los recursos legales hasta el último momento". https://t.co/zGT8BX1Vkn (Video: @Lared1061). pic.twitter.com/bPG9EuV36e

— Willian Cumes (@wcumes_pl) 30 de agosto de 2017

Amenazas

El exministro dijo ayer al tribunal que recibió dos amenazas de presuntos narcotraficantes y que teme que uno sería testigo en el proceso de extradición solicitada por Estados Unidos.

Mientras el exfuncionario se defendía de los señalamientos de EE. UU., indicó que en noviembre del 2012 ocurrió una masacre en la zona 15 y que el objetivo era matar a Jairo Orellana, alias el Pelón.

“Cuando se supo cuál era el objetivo del atentado, hablé del caso y dije que se buscaba a Jairo Orellana. Un día después llegó un abogado al Ministerio y me dijo que Jairo mandaba el mensaje de que dejara de hablar de él, porque no había nada de él en el Ministerio Público ni en la DEA”, refirió, por lo que cree que este sería uno de los testigos que declaró en su contra.

Agregó que Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, también lo amenazó con que “no sería ministro toda la vida”.

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Acusación

Entre las pruebas que figuran en la investigación se encuentra la declaración de tres testigos cuyos nombres son reservados, quienes aseguraron a autoridades de EE. UU. que negociaron con el exfuncionario.

El exministro afirmó que cuando comenzó el gobierno del Partido Patriota, los Zetas ya habían sido desarticulados, y que fue en la gestión anterior cuando disminuyeron sus operaciones.

Afirmó que la persecución en su contra puede deberse al apoyo que desde el ministerio a su cargo se le brindó a Marllory Chacón, alias la Reina del Sur.

Vea la transmisión de la audiencia:

Fallo de extradición de Mauricio López Bonilla a EE.UU. https://t.co/3YTzgX2rKs

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) August 30, 2017