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Boutique ha vendido Q404 millones a portuarias Quetzal y Santo Tomás

El pasado 20 de enero, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) publicó en sus redes sociales cuatro fotografías en el que dan a conocer que recibieron 20 montacargas, personal de la portuaria indica que estas no cumplen su función.

Enrique García

11 de marzo de 2024 | 05:00h

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En 2024 la EPQ recibió de la empresa 20 montacargas

El pasado 20 de enero, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), publicó en sus redes sociales la recepción de 20 montacargas. Los vehículos industriales fueron adjudicados seis meses antes, por un monto de Q68 millones.

Aunque los montacargas eran nuevos, trabajadores de la portuaria denunciaron públicamente y difundieron videos donde muestran que no cumplen con las especificaciones de carga requerida.

El proveedor fue Alel, S. A., que tiene como únicos clientes a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castillo (Empornac) y a EPQ. La empresa en los últimos cuatro años logró contratos por Q353.9 millones en ambas portuarias y entre 2012 a la fecha suma Q404.1 millones, en la mayoría de los eventos como proveedor único.

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El representante de la empresa es Manuel de Jesús Jordán Gálvez, que fue proveedor particular de la Empornac y entre octubre y diciembre de 2012 vendió “materiales eléctricos para proteger la red eléctrica subterránea y contratación de servicios”, un contrato de Q2.9 millones.

Jordán Gálvez ha vendido a las portuarias de carretes de cabo trenzado, sistema de vigilancia costero, cable acerado, adquisición de estación meteorológica, radios trasmisores, actualización de licencias, servicios de acometida, motores marinos, entre otros.

Su empresa, Alel, S. A. opera bajo el nombre comercial Colombias Boutique, una empresa de venta de pantalones y Prosi, y tiene como domicilio fiscal la 13 calle y 6a. avenida, Puerto Barrios, Izabal.

Se intentó comunicación con la empresa a los números registrados en Guatecompras, pero estaban deshabilitados.

Se adquirieron 20 montacargas de diferentes toneladas de capacidad para las operaciones en EPQ
Cinco montacargas de tres toneladas, cinco montacargas de 7 t, 3 montacargas de 10 t, tres montacargas de 15 t, dos montacargas de 20 t y 2 montacargas de 32 t de levante. pic.twitter.com/VygsDTYrPN

— Empresa Portuaria Quetzal (@PortuariaEPQ) January 25, 2024

vende de todo

La empresa Alel, S. A. fue constituida ante el Registro de la Propiedad en enero del 2007, por Miguel Ángel Jerónimo Benítez, un abogado y notario que reside en Puerto Barrios, Izabal. El documento legal refiere que comparecieron los hermanos Augusto Enrique y Érick Alfonso Leal Méndez.

En 2012, Erick Alfonso fue subinterventor de la Empornac. También fue asesor del diputado por el distrito Izabal, Byron Chacón y, en el 2015, fue candidato a diputado por dicho departamento por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Tanto Érick como su hermano, Augusto Enrique, celebraron un contrato de constitución de sociedad anónima para la empresa Alel, S.A., con una cláusula que permitía que con la resolución del consejo de administración o del administrador único, según el caso, “podrá adoptarse otros u otros nombres comerciales, según le convenga a la sociedad”.

El documento refiere que la sociedad podría prestar servicios de extracción, procesamiento, distribución, comercialización, transporte, importación, exportación, representación, asesoría, alquileres y compraventa de todo tipo de materia prima, productos y mercancías, especialmente servicios tecnológicos, vehículos, servicios de transporte de personas, constructora y otros negocios lícitos, incluyendo de entretenimiento.

Agrega el documento de constitución que el objeto principal de la empresa será, además, promoción, establecimiento y desarrollo de todo tipo de actividades.

Sospechas

Ricardo Monterroso, gerente general de EPQ, sobre las adjudicaciones de dicho proveedor se limitó a declarar que “en la Empresa Portuaria Quetzal existen contratos aún en revisión, y de los resultados de estos análisis de auditoría y peritaje técnico se tomarán medidas correctivas de inmediato, según la ley corresponda”.

Consultada la Comisión Nacional contra la Corrupción, indicó que el sector portuario es un punto de interés estratégico para el gobierno de Arévalo, “por lo tanto, deben operar con transparencia, eficiencia y seguridad, apegado a las leyes nacionales y tratados internacionales”.

Agregan que la Comisión trabajará junto al Ejecutivo, así como con las diferentes instancias “en un análisis de las condiciones operativas de las empresas portuarias, a manera de establecer mecanismos que a largo plazo garanticen un desempeño libre de corrupción”, concluye.

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En este sentido, la entidad nacional se mostró muy orgullosa de poder atender “a tan distinguida comunidad portuaria” y dar la bienvenida a los participantes, quienes podrán “retroalimentarse con ponencias y paneles por parte de expertos”.

Paralelamente, habrá oportunidades de negocio con empresas y entidades con una “agenda social apropiada” en la que “se apreciará la singularidad de la cultura guatemalteca”.

Además, tratarán otros temas como la integración económica y facilitación del comercio marítimo, equidad de género como componente de responsabilidad social en el desarrollo portuario, impacto del cambio climático en la gestión portuaria, fortalecimiento del capital humano, las oportunidades y limitaciones en el transporte de corta distancia o gestión integral de riesgos.

Este evento, que reúne a empresarios y autoridades portuarias de Centroamérica y República Dominicana, estará organizado por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, la Empresa Portuaria Quetzal, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás Castilla y la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios.

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo es un organismo especializado que forma parte de la institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con carácter “permanente”, cuyo objetivo es atender asuntos relativos al desarrollo marítimo y portuario en la región.

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Desde que empezó la crisis en Empornac, es la primera vez que los empresarios hacen un llamado urgente para que se coordinen los esfuerzos con otras entidades como el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutriga) y los actores de la cadena logística.

Según el Cacif, el impacto del retraso logístico ya alcanzó a la competitividad del país, tanto del sector exportador como importador, provocando migración hacia otros puertos de carga fuera de las fronteras de Guatemala.

Además, consideraron que puede ser un riesgo para la estabilidad económica del país, por lo que demandan que Empornac cuente con equipos y maquinaria moderna para atender las necesidades del puerto.

“Es inaplazable contar e implementar un plan estratégico para las mejoras y evaluación del puerto”, refirió el Cacif en el documento.

Tres navieras más analizan reducir arribos

Más empresas navieras podrían  anunciar la reducción de sus atraques en la Empornac, Izabal, por el congestionamiento del puerto, que  causa pérdidas a los usuarios y a las firmas de transporte marítimo.

A más de ocho días de que la compañía danesa Maersk Line —uno de los consorcios más grandes del mundo—  trasladó tres de sus frecuencias a Puerto Barrios y dejar solamente dos a Empornac —de seis que tenía antes—, otras empresas usuarias podrían adoptar similares medidas, expuso a Prensa Libre Luis Rolando Coronado, presidente de la de la Asociación de Navieros de Guatemala.  

Esta semana se publicó el acuerdo gubernativo 89-2018, que amplía a Q247 millones el presupuesto al puerto, recursos que se utilizarán para la compra de los equipos, maquinaria y repuestos.

La Empornac es el segundo puerto más importante del sistema y el principal en el Caribe.

¿Qué quejas han recibido de sus asociados por la crisis?

La preocupación del sector naviero es la falta de capacidad del puerto Santo Tomás de atender  la llegada de los buques y la falta de equipo en este momento.

También está el problema de la falta de un plan estratégico, que es necesario implementar, un programa operacional y efectivo, para que las cuadrillas de trabajo  se realicen sin demoras en la descarga o carga en el puerto, respetando los turnos de trabajo. 

¿Era predecible esta crisis?

Nosotros estábamos observando que con el tiempo los equipos y las maquinarias se estaban deteriorando. Este problema no está afectando a la comunidad portuaria de Izabal, sino a todos los usuarios del puerto. Por ejemplo, tenemos el caso de los exportadores, que tienen problemas en los envíos al exterior y cumplir con los contratos de entrega y las fechas, y en el caso de los importadores, necesitan tener sus productos en bodegas, como las materias primas. El efecto tiene una multiplicación de problemas para el país.  

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¿Cómo interpretan el mensaje de Maersk?

Más  que todo es una necesidad que tienen las navieras de adecuar sus itinerarios, no afectar contratos en otros puertos o llegar a otros que también está impactando, así como los costos que se están incrementando en el atraque de los buques para llevar a cabo sus operaciones, no solo de contenedores, sino de cargas consolidadas. 

A raíz de este anuncio, ¿qué esperan  de otras navieras?

Hay nuevos servicios navieros que estaban por venir a Guatemala, pero ante esta situación de Empornac, están esperando que se solucione. Está una firma mexicana y otras empresas que querían descargar en Santo Tomás, pero mejor van a esperar la solución de los congestionamientos. 

¿Hay otras firmas que puedan reducir los arribos en el futuro?

Sí, hay navieras que analizan reducir sus arribos a la Empornac, que podrían descargar una a Puerto Barrios y otra en Puerto Cortés, Honduras. Otra naviera está estudiando si  traslada su operación temporal a alguno de esos dos puertos. El retiro sería parcial, por lo que las navieras van a mandar sus buques a otros puertos.

Estas compañías  navieras no se están retirando de Guatemala, sino reduciendo sus arribos a la Empornac, debido a la crisis, y tomaron la decisión de descargar en otros puertos.

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Prensa Libre publicó en mayo que los trabajos de Pahame dañaron los manglares cercanos al puerto.

Aparte, el contrato era sospechoso. Según la Contraloría, las autoridades de ese entonces de la Empornac, el interventor Erwin Guzmán Ovalle y el subinterventor Hugo Rodríguez Murcia, lo adjudicaron por “servicios técnicos”, cuando en realidad era toda una concesión.

La Contraloría identificó que Pahame, S.A. es la única empresa que se dedica a la exportación de níquel, por lo que era la única que iba a participar y ganar el concurso.

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En febrero de 2015, la portuaria le otorgó a Pahame 21 mil metros cuadrados -300 metros de frente por 70 de fondo- para que instalara pontones -plataformas flotantes y removibles- para lo cual dañaron el mangle, protegido por convenios internacionales.

Un comunicado de la Presidencia menciona que ha instruido a la Procuraduría General de la Nación a que deje sin efecto los contratos y deduzca responsabilidades.

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“También la discrecionalidad de algunos funcionarios solamente reduce la competitividad y fomentan la corrupción del país”, enfatizó Robles.

Según estimaciones de la Gremial de Logística de Guatemala el 18% del costo total de la mercadería corresponde a costos logísticos, y el 75% de retrasos en aduanas se deben a procesos redundantes y en los otros eslabones de la cadena logística.

“Cada día adicional de retraso en las fronteras reduce el comercio en un 1% y en productos perecederos un 7%, la situación es delicada”, puntualizó Robles.

Para Juan Carlos Teffel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, el tema logístico es importante dada la dependencia del costo de los productos de ese rubro.

“Al tener costos de lógistica altos, conlleva a inflación y costos de productos altos para la población, los costos logísticos altos no ayudan a generar competitividad y generar puestos de trabajo”, dijo el directivo.

Teffel agregó que el tema es integral no es solamente de aduanas, sino también de carreteras, infraestructura, donde la empresa privada ha invertido pero sin apoyo y voluntad del Gobierno de Guatemala, comentó el ejecutivo.

Descentralización

Robles indicó durante el evento que una de las propuestas para el desarrollo urbano del país, no debe centrarse únicamente en la capital sino para las ciudades emergentes como Escuintla y todas otras áreas que van amarradas con la logística de importación y exportación del país.

Aunado a lo anterior las tendencias en tecnología, nuevas plataformas y posiciones de trabajo, conectividad y el internet de las cosas, podrían coadyuvar al desarrollo y descentralización de los centros logísticos. “Toda la captación de la carga está en la ciudad capital hay que desarrollar otras áreas”, recomendó Robles.

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Inversiones rezagadas

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria comentó que el tema aduanero es esencial para la logística, a la par de las nuevas tendencias en comercio internacional obliga a la institución a involucrarse y actualizarse “en los planteamientos que el sector privado propone y de nuestra parte también, como también debemos poner de nuestra parte, apostar por la facilitación de comercio”, dijo el funcionario.

En ese sentido Robles indicó que habrá que esperar mayores inversiones tanto el logística aérea, terrestre y marítima, pero para ello debe existir certeza jurídica y voluntad del gobierno para avanzar en los temas.

Ovalle agregó que el Acuerdo de Facilitación de Comercio es un eje estratégico y se encuentran realizando una coordinación  directa con el Ministerio de Economía y el Comité de Facilitación de Comercio para hacer la homologación de esfuerzos que se llevarán a cabo durante el 2018 y 2019, que es el tiempo que otorga el marco del acuerdo para evidenciar resultados concretos.

“Las acciones de apostar al operador económico autorizado, que es una figura importante para el diálogo público-privado, mejorar estadísticas y análisis de gestión de riesgo para facilitación de comercio, aduanas sin papeles”, puntualizó Ovalle.

“Ojalá nos podamos convertir en un corto tiempo en un ejemplo no solo para Guatemala sino para la región” , proclamó el funcionario a los medios, y añadió que el objetivo, además, es ser de los “mejores” , por lo que una de sus prioridades será la transparencia y poner fin a cualquier acto de corruptela.

El puerto Santo Tomás de Castilla es el segundo más importante de Guatemala en el mar Caribe y es la conexión directa con Estados Unidos, el principal mercado del país, sobre todo con los puertos de Miami.

Monterrosa, técnico en Comercio Internacional por la Universidad Rafael Landívar, también abogó hoy por mejorar la infraestructura de la empresa portuaria.

El anterior presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla  (Empornac) en Izabal, Lorenzana, fue destituido después de que el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT) , Francisco Solórzano Foppa, dijera que en el puerto seguían operando las mafias y el descontrol.

En el primer cuatrimestre del año, Santo Tomás reportó un movimiento de carga de 3.1 millones de toneladas métricas y una recaudación de Q1 mil 14 millones de quetzales  (US$137 millones).

La rampa Fénix Cargo presta el servicio de revisión no intrusiva —rayos equis— a contenedores que salen para revisión. Sin embargo, la Intendencia de Aduanas se queja de que han tenido sabotaje en la instalación de cámaras de control y en la construcción de otros 16 andenes —estaciones— dentro de las rampas que no estaban autorizadas.

Fénix Cargo ya opera 16 rampas e interpuso un amparo para continuar operando, que en un principio fue a su favor, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que resolvió a favor de la SAT.

Intercambio

Solórzano Foppa afirmó que no pueden hacer nada respecto del contrato que mantienen EPQ y Fénix Cargo, aunque advirtió que la portuaria debe de ejercer mayores controles, ya que esta tiene la figura de DAT; de lo contrario, analizarán otras medidas.

“Fénix lo que está buscando con estas acciones es anarquía en el puerto, que no existan controles, que no exista depósito y que la SAT ya no los siga fiscalizando en lo que esta pasando en los puertos, y esa es la mayor explicación”, afirmó el jefe de la SAT.

Por el contrario, Prado dijo que en los siguientes días interpondrán una denuncia por difamación y calumnia contra Solórzano Foppa, y explicó que las acciones que están llevando a cabo están en el marco de la legalidad.

“Esto ya es un tema personal entre él y nosotros, porque -Solórzano- ya se cree un superman. Lo invito a él para que lo discutamos en un debate, porque nosotros fuimos los que denunciamos a La Línea”, aseguró el representante legal.

Contratos

El superintendente explicó que habrá más acciones legales contra Fénix Cargo porque se niega a ser fiscalizada y controlada por la SAT.

Incluso, sugirió que si hay incumplimientos, que la EPQ cancele el contrato con Fénix, y que aplique las sanciones establecidas si se niega a ser controlada.

Al respecto, Prado afirmó que mantienen un contrato de 25 años que fue otorgado por la Junta Directiva de la EPQ en el 2011, antes de que fuera intervenida por el entonces interventor Allan Marroquín, cuando se entregó el usufructo a TCQ. El contrato vencerá en el 2036, según Prado.

Mafias

Solórzano reconoció que siguen operando grupos criminales en las portuarias y en las aduanas.

“El caso La Línea vino a desnudar un trabajo conjunto entre importadores, tramitadores, personal de SAT y agentes aduaneros. Esto solo es una parte de las estructuras”, afirmó.

El funcionario explicó que las mafias en los puertos hacen mucho más dinero —negocios— que en las revisiones e inspecciones.

Agregó que todos los contratos que mantienen los puertos son a largo plazo, que al final son rentables pero que se han obtenido de forma anómala.

Entre estos mencionó grúas, mantenimiento y reparaciones y servicio de dársena.

El plazo empezará a correr luego de que, en los siguientes 45    días, la SAT   presente una propuesta para mejorar el funcionamiento de las terminales, donde según el funcionario “no están cumpliendo con las regulaciones” y persisten estructuras internas y externas que facilitan la defraudación,  similares a La Línea  desarticulada en abril del 2015, así como actividades vinculadas con el narcotráfico.

“Vamos  hacer nuestro planteamiento, porque tenemos un compromiso más moral que legal, porque no tenemos la obligación de hacer una propuesta en temas de puertos; no es nuestra función, sin embargo, lo vamos  hacer y lo hemos asumido como un reto”, afirmó  a Prensa Libre.
Solórzano Foppa explicó que desde hace un año han comunicado un pliego de peticiones a las autoridades portuarias, que si no se ejecutan será “muy difícil cumplir con las metas, así como trabajar en conjunto”.

Pero la advertencia va más allá, y según el funcionario se debe hacer una revisión profunda de los contratos —son 25— cuestionados que manejan  en la actualidad las portuarias, por ejecutivos que se encuentran fugitivos y que están involucrados en los casos TCQ y Cooptación del Estado.

“¿Cómo es posible que tengamos contratos con personas prófugas?, ¿estamos financiando la corrupción?, ¿estamos financiando a prófugos de la justicia?, son temas que no se pueden estar permitiendo.  Esas son las personas que operan en los puertos”, enfatizó el recaudador.

En el 2016, el 79.5 por ciento del comercio exterior del país —exportaciones e importaciones— fueron manejados por las terminales, según la Comisión Portuaria Nacional (CPN).
Con las acciones de corrección  que se puedan implementar, la recaudación en los puertos podría aumentar entre  Q200 millones y Q300 millones.

Poca voluntad

Solórzano Foppa se quejó de que las empresas portuarias no ejercen  controles a lo interno de sus recintos, y  los accesos de información  no los han querido compartir con la SAT, sobre todo con la Intendencia de Aduanas.

Reconoció que esta es  una  parte  compleja de las operaciones portuarias, las cuales no han respondido al pliego de solicitudes.

En el listado de las demandas de parte del órgano recaudador, sobresale la instalación de  cámaras de seguridad en todos los patios de contenedores y  acceso a  los sistemas.

También compartir información de los manifiestos de carga de los buques y contenedores, que son transmitidos 48 horas antes del atraque por las navieras. Además, de un inventario de contenedores y la ubicación en los patios,  con sistemas automatizados.

También el cierre de accesos de entradas y salidas  no controladas por la autoridad aduanera, así como el registro de los transportistas —pilotos y unidades—, gestores y tramitadores que ingresan a la zona primaria de los puertos.

“Vemos poca o nula voluntad política para poder cumplir con estas acciones legales de parte de los puertos”, señaló el funcionario.

El superintendente denunció que en  las rampas Fenix, se registran cortes de las cámaras y la fibra óptica como parte de un plan de sabotaje.

Proceso largo

Fernando Lorenzana, presidente de la Junta Directiva de la Empornac, afirmó que ellos son los más interesados en resolver los procesos y la advertencia de los seis meses que fijó  Solórzano Foppa es una muestra de voluntad política para poder  tratarlo y resolverlo.  “El superintendente quiere afinar todas las operaciones”, dijo Lorenzana.

José Gil Natareno, gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), afirmó que el superintendente está en razón de los requerimientos, pero con la disposición de que están autorizados como Depósito Aduanero Temporal (DAT). Es necesario el cumplimiento de varios requerimientos   que son procesos largos.

“Estamos realizando el mejor esfuerzo para acompañar a la SAT en las actividades que requiere, y muestra de ello es que para operar como DAT se contrató a 15 personas más solo  para atender esas solicitudes”, afirmó.

El personal, dijo, está distribuido en las rampas, en trasiego —intercambio de mercancías de contenedor a otro contenedor— y el viernes último hubo una visita de la Intendencia para empezar a trabajar en el circuito cerrado de televisión (CCTV).

Además explicó  que se dieron instrucciones a la gerencia de seguridad de la EPQ que se le preste el apoyo a  la SAT para hacer los servicios de inspección, vigilancia y seguimiento de las mercancías y contenedores.

¿Y las mafías?

Sobre las mafias que denunció el superintendente, Gil Natareno, dijo que en la EPQ existen feudos como cualquier institución,  y recordó las infiltraciones en  la Policía y  el Ejército, por lo  que están en fase de depuración.

Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que si el superintendente conoce sobre los grupos paralelos que operan en los puertos, como autoridades, deben actuar.

“Si hay pleno conocimiento de que existen esas estructuras, ¿por qué no proceden? Estamos de acuerdo en que se desarticulen todos esos grupos, si es que existen”, dijo.
El sindicalista  recordó que los proceso de verificación  de los contenedores deben ser intrusivos —rayos x— por lo que los puertos deben contar con   escáneres para la revisión y hace varios años que no se les pone atención. Además, en la EPQ hay un déficit de personal de aduanas.
Sobre las puertas de ingresos y salidas en la EPQ, Reyes Navarrete explicó que existen cuatro, que son  las  salidas de la Séptima Avenida, acceso principal, Marina Pez Vela y TCQ, en las cuales hay presencia de los delegados.

Vence contrato

Solórzano Foppa dijo que  en la rampa Fénix, en la EPQ, existe un desorden  y que  la autoridad portuaria no ha podido  tomar o no ha querido realizar   las acciones legales necesarias.

Gil Natareno señaló que ya se llevó a cabo el cierre de esas instalaciones, pero por una orden judicial se reestablecieron los derechos.

En este momento la rampa Fénix solicitó una renovación de su contrato, y hasta  hoy no ha cumplido con las disposiciones que se realizaron de sus requerimientos. Por este motivo el contrato no está vigente y la rampa no puede operar, según la instrucción de la gerencia del puerto girada la semana pasada, dijo el gerente.

Recuperar puertos

Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad e Infraestructura Crítica, afirmó que se hace un análisis legal sobre más de 25 contratos cuestionados en los puertos y se evalúan las distintas opciones  de acción.

Para tratar la problemática de los puertos existe una comisión que trabaja en conjunto con la SAT, CPN, Ministerio de Finanzas y las portuarias.

La meta, dijo, es que el mes en curso quede terminada la estrategia para poder implementar en julio, y esos son los 45 días que el jefe de la SAT menciona.

“No nos sorprende las declaraciones del superintendente, más bien las compartimos y hemos estado trabajando los equipos en Gobierno Abierto”, dijo.

El comisionado reconoció que en las portuarias siguen operando estructuras de mafias que están incrustadas desde hace más de 20 años, y que sacarlas no requiere solo de procesos administrativos, sino de acciones legales, por lo que los juzgados deben de evaluar.

Godoy explicó que dentro de las estructuras existen pequeños feudos,  la mayoría de los servicios son subcontratados, y quienes tienen a su cargo los contratos, que son legales, aunque producto de la corrupción, son parte de esas mafias.

Recordó que algunos jefes de seguridad de los puertos están vinculados con  esas estructuras.
“El tema es profundo, así como lo mencionó Solorzano Foppa, pero no es que no se ha realizado nada sino venimos trabajando. El llamado del superintendente es que ya logró cambiar a la mayoría de personal y logró reestructurar”, comentó.

El comisionado explicó que el mandato es recuperar el control de los puertos, y eso se conversó con la Cicig en el 2016, cuando surgieron los casos de Cooptación del Estado y La Línea, que estuvieron vinculados con esas estructuras criminales que tienen en los puertos contratos como las grúas, las rampas, remolcadores, básculas, entre otros.

Afirmó que la SAT ya trabaja con el Ministerio Público sobre el convenio que tienen  para que las acciones sean coordinadas,  y lema es recuperar los puertos.

El acuerdo cobrará vigencia a partir del 8 de julio próximo, según su artículo dos.

La Empresa Portuaria Santo Tomás fue intervenida durante la administración del presidente Álvaro Colom; sin embargo, el Acuerdo Gubernativo 53-2012, se publicó un año después.

La desintervención quedó sin efecto, como parte de las medidas administrativas anunciadas por el Gobierno Central luego del escándalo de corrupción denominado La Línea que desfalcó al país por medio de las aduanas.

“Esperamos una disminución de costos, un mejor manejo de la mercancía, mayor confiabilidad y que los productos puedan salir a tiempo”, comentó Fernando Herrera, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.