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Propaganda en redes sociales y fiscal informático: los cambios a los reglamentos electorales que proponen los partidos

Analistas destacan que las propuestas de refomas a los reglamentos debilitan la potestad del TSE para imponer sanciones y otorgan mayores poderes a los secretarios generales.

Douglas Cuevas

6 de octubre de 2025 | 00:10h

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Blanca Alfaro preside el TSE ante la ausencia de los otros cuatro magistrados titulares y junto a suplentes tendría que analizar las propuestas de las reformas. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La falta de aprobación en el Congreso de reformas a la Ley Electoral marca una pausa de diez años en la actualización de la normativa. Ese vacío abrió el camino para promover cambios mediante la reforma de los tres reglamentos, una vía que analistas consideran inadecuada.

Los partidos políticos, en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), redactaron una propuesta de cambios al Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), que sugiere 25 modificaciones.

Aunque solo se trata de una propuesta que debe ser analizada por el pleno de magistrados, encabezado por la presidenta en funciones, Blanca Alfaro, el contenido del documento es “peligroso”, según analistas que integraron la pasada Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

El Congreso dictaminó de manera favorable los cambios a la Lepp el 11 de noviembre del 2024, pero la propuesta no ha sido mencionada por los diputados en lo que va del 2025.

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Ante esa apatía por reformar una ley que no se actualiza desde el 2016, Alfaro sugirió a los partidos políticos elaborar conjuntamente reformas a los reglamentos.

Lo anterior motivó reuniones entre autoridades del TSE y representantes de los partidos políticos, que consolidaron una propuesta con 25 modificaciones.

Algunos cambios

Los partidos proponen modificar el artículo 2 del reglamento. Entre sus sugerencias amplían el término “candidato” y plantean que pueda hacer propaganda desde el momento en que se le notifique su inscripción.

También precisan el significado de “proselitismo”, como una actividad política para dar a conocer ideología, programas, imagen y posicionamiento por cualquier medio.

En el artículo 28 se sugiere eliminar la obligación de justificar mediante acta certificada cualquier cambio de fecha para la celebración de asambleas.

La modificación al artículo 31 permite a los secretarios generales solicitar libros de actas incluso de forma unilateral, si argumentan un caso de urgencia y por única vez.

El 62 Bis amplía a afiliados, simpatizantes y personas individuales o jurídicas la facultad de hacer propaganda, y define el proselitismo como acciones para difundir ideología o programas durante el período no electoral.

En el artículo 62 Quater se contempla un proceso administrativo y legal para impedir la inscripción de candidatos que se promocionen antes de tiempo. Además, se aclara que posicionamientos en medios sobre temas nacionales no constituyen campaña anticipada y que los funcionarios electos no pueden presentar denuncias por ese motivo.

Otro punto es la inclusión del artículo 69 Bis, que propone una amonestación menor para la organización política que incurra por primera vez en una falta.

El artículo 92 Bis crea la figura del fiscal informático, un delegado partidario que podrá fiscalizar el uso de herramientas informáticas en los centros de votación.

Propuestas permisivas

Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), si no hubo reforma desde el Congreso, lo prudente era no alterar los reglamentos, para no debilitar los mecanismos de control sobre los partidos políticos.

“La Lepp, como está hoy, si no es para mejorarla, no vale la pena modificarla. Esta propuesta no busca mejorar, sino relajar controles y sanciones, brindando discrecionalidad a partidos, funcionarios y hasta financistas”, advirtió.

Hidalgo señaló que la reducción de sanciones no debe pasarse por alto: “En estas reformas, con consenso de los partidos, preocupa el relajamiento de las prohibiciones durante el proceso y de las sanciones que deben imponerse durante la constitución y funcionamiento de los partidos”.

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El documento aún no está aprobado y necesita el aval de un pleno que estaría integrado en su mayoría por magistrados suplentes, quienes han denunciado públicamente la falta de convocatorias para tratar diversos asuntos.

En las últimas semanas, mientras se aproxima el proceso de renovación del TSE y otras instituciones del Estado, la presidenta Alfaro ha intensificado reuniones con partidos políticos y sus secretarios generales.

“Si esto se aprueba con tantos niveles de relajamiento, podríamos estar ante una mayor impunidad en materia electoral, con acciones de amplia libertad y discrecionalidad”, advirtió Hidalgo.

Guillermo Fuentes, analista de la organización de formación política Aire, también ve un debilitamiento de las normas que podría ser contraproducente.

“Debería consultarse a la Corte de Constitucionalidad para evitar contradicciones con la Lepp, que tiene rango constitucional. Un reglamento no puede contradecir a la ley”, explicó.

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Además, advirtió que algunos artículos tienen redacción ambigua, como el que señala que el candidato tiene vía libre para hacer propaganda desde que recibe su credencial.

“Eso podría abrir la puerta para iniciar campaña antes de la segunda fase”, advirtió.

Los analistas también señalan como preocupante el poder que se otorga a los secretarios generales para solicitar nuevos libros de actas, un punto que ha generado disputas internas, como ocurrió en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde la secretaria general sigue siendo la excandidata presidencial Sandra Torres.

Fuentes considera positivo que se establezca un procedimiento para sancionar la campaña anticipada, así como la creación de la figura del fiscal informático, aunque pide mayor claridad sobre el perfil profesional y académico que debe cumplir dicho representante.

El TSE afina una propuesta de reforma al Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas; mientras que un borrador de reformas al Reglamento de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión ya está finalizado. Las tres propuestas deben de ser todavía analizados por el pleno del TSE para su posible aprobación.

Junta Directiva del Congreso buscará impulsar la reforma electoral el próximo año

El 11 de noviembre la Comisión de Asuntos Electorales presentó un dictamen favorable con modificaciones que está listo para comenzar su aprobación.

Douglas Cuevas

19 de diciembre de 2024 | 05:00h

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En las elecciones del 2023, organizaciones sociales y partidos políticos afirmaron que era necesario modificar la ley electoral para robustecer las reglas electorales. (Foto Prensa Libre: R. López)

Impulsar las futuras modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) será una prioridad para el Legislativo en el 2025, según el criterio del diputado Juan Carlos Rivera, quien ocupará la tercera secretaría en la Junta Directiva del Congreso para el período 2025–2026.

En abril de este año, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) elaboró una serie de propuestas. Estas fueron presentadas en una iniciativa de ley por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero la sala de Trabajo elaboró un dictamen conjunto con la propuesta presentada por el TSE, la del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo, y de las sugerencias que salieron de los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales.

“Como futura Junta Directiva (JD), lo vamos a estar impulsando desde el inicio, para tener el tiempo suficiente para su discusión”, explicó Rivera. Además de haber conseguido la reelección para integrar la JD, este congresista también firmó el dictamen como integrante de dicha comisión.

“La reforma electoral es un tema importante que debemos discutir. Creo que será uno de los puntos que comenzaremos a analizar en el primer trimestre, debido a que sí se necesita un análisis profundo”, añadió Rivera.

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Los pasos

El dictamen de la Lepp se presentó ante Dirección Legislativa el 11 de noviembre último. Con esto, la propuesta ya puede ser programada para sus diferentes debates en las sesiones plenarias.

Por tratarse de una ley de rango constitucional, para su discusión se necesita, al menos, el respaldo de 107 diputados; de lo contrario, el dictamen y las modificaciones no podrían avanzar.

“Es necesario analizar posibles enmiendas que sean necesarias. La Comisión de Asuntos Electorales elaboró un dictamen, pero considero que, cuando se analice en el pleno, no debería ser una aprobación rápida”, dijo el legislador.

Antes de su redacción final, la iniciativa en discusión debe enviarse a la Corte de Constitucionalidad, que emitirá  un segundo dictamen y determinará si las propuestas de cambio son o no constitucionales. Pero, previamente a esa etapa, los diputados todavía esperan recibir retroalimentación, indicó Rivera, a fin de tener otros puntos de vista antes de una modificación.

El contenido

El dictamen favorable, en opinión de un equipo de analistas que participó en la Came del 2024, es negativo, ya que los diputados buscan reducir los controles y duplicar el financiamiento público para las campañas.

Otro de los cambios es impedir que instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria  y la Superintendencia de Bancos colaboren con el Tribunal Supremo Electoral  en temas de fiscalización.

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Analistas advierten retrocesos en dictamen de reforma electoral

Para la tramitación de esta iniciativa dentro del Congreso se necesita, al menos, la presencia de 107 diputados.

Douglas Cuevas

14 de diciembre de 2024 | 05:00h

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La CAME analizó las propuestas de cambios a la ley electoral en abril y las ideas son opuestas al dictamen del Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

El dictamen favorable de modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) es negativo para el sistema democrático. Eso según dos analistas que evaluaron el documento y quienes participaron en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) del 2024, que concluyó en una propuesta de ley alejada del dictamen presentado.

Uno de los principales elementos que destacan en contra del sistema democrático, según el analista independiente Alejandro Quinteros, es la forma en que se busca debilitar a la autoridad electoral.

“El TSE se debilita en general desde temas de decisiones, sanciones. En el dictamen hablan de autonomía pero en el siguiente artículo hablan que el TSE no está supeditado a nadie pero les obligan a tener que ir al Congreso”, dijo.

 Pero el no poder cancelar a partidos políticos por violar normas de financiamiento, es a consideración de Quinteros, uno de los aspectos más negativos que expone el dictamen.

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 “Pésimo, porque si esto lo amarran con las recientes reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada los partidos van a poder hacer cualquier cosa con sus finanzas. No va haber forma de castigarlos porque ya no está tipificado por ningún lado”.

La manera en que los partidos debilitan al TSE abrirá la puerta para que grupos criminales mal utilicen a las organizaciones políticas. Un escenario que para el sistema de justicia también tendría consecuencias.

“Se puede castigar a las personas porque la responsabilidad penal es personalísima pero la persona jurídica utilizada – los partidos políticos – para hacer las cosas negativas seguiría existiendo y hasta podría llegar a gobernar”.

Quieren beneficios

 El dictamen obtuvo el visto bueno de la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Electorales. Que según Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), tan solo se refleja la necesidad de los diputados en tener privilegios.

“El Congreso en este tema es juez y parte, ellos están preparando el menú para ser ellos los clientes. Este dictamen tiene menos errores que el borrador pero la dinámica es la misma, beneficios para los partidos y muy pocos para la logística electoral, por el contrario, perjuicios”.

 El documento también contempla que ahora las Juntas Receptoras de Votos (JRV), los voluntarios que cuentan las papeletas, tengan que presentar su título de educación a nivel medio. Lo que podría complicar la dinámica, a consideración de Quezada, ya que validar los documentos hará más difícil el evento electoral.

También los partidos políticos podrán optar a contratar directamente con los medios de comunicación la pauta electoral. Algo que de momento está regido bajo controles del TSE.

“Temas que abren la puerta a invertir abiertamente en propaganda, sin necesidad de pasar por los espacios que administraba el TSE. Quedarán libres para contratar en los medios que consideren”.

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 En el pasado evento electoral el TSE tuvo que retractarse de algunas inscripciones validadas por el Registro de Ciudadanos. Una de ellas fue la del excandidato presidencial y condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, Manuel Baldizón.

Pero ahora, si una inscripción no es impugnada el TSE ya no podría rectificar posibles errores del Registro de Ciudadanos. Además de otros aspectos, apuntó Quezada.

“Sube el financiamiento a los partidos; ya no será necesario el finiquito para ser candidato; si alguien ya participó no tiene ningún obstáculo para asumir el cargo. Hay incluso un cambio en el calendario electoral y ya no se contempla repetir las elecciones por el tema de la nulidad”.

Incluso un tema peligroso para Quinteros, es que se contempla la compra de insumos tecnológicos. Tanto para dar lectura de DPI, huellas o bien trasladar los resultados de las boletas. Algo que podría generar incluso, según él, más problemas a los que presentó el sistema TREP en las elecciones del año pasado.

“Este dictamen tiene muchas más cosas negativas que positivas, no podría decir que es regresivo porque nunca habíamos estado tan mal ha como nos dejaría este dictamen” 

 A criterio de distintos sectores, las reformas a la Lepp deberían de ser una prioridad para el Congreso. Pero e dictamen se presentó en secreto.

Para el segundo año de la décima legislatura, el pleno ya puede comenzar con la discusión por debates de las reformas electorales. Pero también tendrán que tener el visto bueno de la CC.

 El dictamen tiene 15 firmas a favor. También cuatro diputados votaron en contra.

Siendo ellos Evelyn Morataya de Viva; Raúl Barrera, José Diego Toledo y José Carlos Sanabria, electos por Movimiento Semilla.

 Dos diputados no firmaron el dictamen siendo ellos Byron Rodríguez del bloque Todos, y el diputado Cristian Álvarez de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

TSE propone cambios a la Lepp: desde paridad y listados abiertos, hasta 400% más de presupuesto

Luego del trabajo de la Came, finalmente el TSE entregó al Congreso una reforma electoral. Estos son los principales cambios.

Alex Fernando Rojas

17 de abril de 2024 | 11:27h

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La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, presenta la propuesta de reforma electoral, acompañada de magistrados suplentes y otros funcionarios del Tribunal. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Este miércoles el Tribunal Supremo Electoral presentó su propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), como fruto del trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

La propuesta la integran 31 artículos que reforman la actual Lepp, que enfrentó su último cambio en el 2016. Aquí se proponen cambios a seis áreas electorales, con cambios que van desde el enrolamiento del ciudadano al Padrón Electoral, hasta las sanciones para los partidos políticos que infrinjan la ley.

La reforma electoral llegó al Congreso, quien deberá enviarla a la Comisión de Asuntos Electorales y ahí examinarla y dictaminarla. En caso de que consiga un voto favorable, la propuesta llegaría al pleno para su aprobación en primera, segunda y tercera lectura.

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Por ser una ley de rango constitucional, antes de su aprobación final, la reforma deberá ser sometida a un análisis constitucional y solo después de superar esta fase, regresaría al pleno para su aprobación en redacción final.

Los cambios se dividen en seis áreas y aquí se presenta un resumen de los cambios que serán sometidos al pleno.

Sistema electoral:

• Facilitar el voto en el extranjero con la admisión del pasaporte como documento de identificación u otro documento digital reconocido por el Estado de Guatemala.
• También se incluye la posibilidad de elegir a diputados por Listado Nacional, además de la votación presidencial.
• Se propone que los partidos políticos puedan proponer nuevas candidaturas en caso de que se realice una nueva elección como consecuencia de que el voto nulo obtenga la mayoría.
• Que los ciudadanos puedan elegir a sus diputados distritales a través de un listado que propone el partido político y se asignaría la curul al candidato que más votos favorables reciba.
• Se incluye la paridad y alternancia en las listas de postulación para candidatos a diputados distritales, Lista Nacional, Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales, de manera que debe alternarse entre mujer y hombre cada posición.
• Se debe incluir a los pueblos indígenas de manera proporcional en las listas de candidatos a diputados distritales, Lista Nacional, Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales respetando la composición étnica de cada lugar donde se presenta la planilla de la siguiente manera: el primer lugar de la lista deberá ser ocupado por un representante de la población mayoritaria y respetando el principio de alternancia y paridad.

Financiamiento político:

• La reforma trata de individualizar a los responsables del manejo de los recursos públicos y privados del partido, incluyendo ahora al contador general, secretario de finanzas y el órgano de fiscalización financiera.

Régimen de medios de comunicación:

• Se agrega como canales de difusión de propaganda sujetos a regulaciones a las “redes sociales, medios digitales y similares”.
• La tarifa electoral se incrementa del 20% al 40% del valor promedio de la tarifa comercial, bajo el mismo calculo: el promedio que los medios de comunicación hayan fijado en los últimos seis meses previos a la convocatoria de la campaña electoral.
• Se agrega la prohibición de “la contratación de herramientas y programas que puedan imitar o sustituir el accionar humano y que puedan influir en el electorado. El TSE explica que estas herramientas han sido utilizadas por organizaciones políticas para realizar propaganda de forma irregular, difundir mensajes de odio, noticias falsas con herramientas que permiten el alcance masivo en una población determinada.

Justicia Electoral

• Agrega la “exclusividad” al TSE, a través del Registro de Ciudadanos de imponer sanciones a las organizaciones políticas y con sanciones graduales y proporcionales.
• Se cambia el monto de las sanciones por incumplimientos, que van desde los dos hasta los 200 salarios mínimos vigentes, en sustitución de las multas de US$500 hasta US$50 mil que están actualmente contempladas. La razón, según el TSE, es porque ahora son muy onerosas.

Autoridad electoral

• Se agrega la “autonomía” del TSE como máxima autoridad en materia electoral, sin dependencia de ningún otro órgano del Estado.
• Al presupuesto del TSE se propone una asignación del 2% del Presupuesto General del Estado y en época electoral aumentará al monto que sea necesario. Actualmente está contemplado el 0.5% del Presupuesto.
• Se otorga explícitamente la libertad a la presidencia del TSE para que pueda nombrar, remover y sancionar a funcionarios a su cargo.

Proceso electoral

• Enrolamiento automático de todos los ciudadanos al Padrón Electoral al momento de obtener el Documento Personal de Identificación a través del Registro Nacional de las Personas.
• Se homologa el número de empadronamiento con el Código Único de Identificación que asigna el Registro Nacional de las Personas.
•  Se cierra el padrón electoral 120 días antes de las elecciones generales y no 90 días, como está actualmente.
• El Registro Nacional de las Personas hará de manera automatizada la depuración del padrón con los ciudadanos fallecidos.
• Se agrega un artículo para normar el uso de un sistema informático, ya sea adquirido o desarrollado por la Dirección General de Informática, para la transmisión de resultados preliminares.

El lema se repitió entre las decenas de miles de gargantas que protestaron este domingo en México contra lo que consideran un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de socavar la democracia al reformar el Instituto Nacional Electoral.

La mayor concentración se produjo en el Zócalo de Ciudad de México, la capital, donde los organizadores dicen que se reunieron hasta medio millón de personas.

El gobierno local dice que no fueron más de 90.000.

Los manifestantes protestaron contra el llamado “Plan B” de la reforma electoral aprobada en el Senado la semana pasada. Esta reduce el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral, la institución que organiza los comicios en México.

El presidente mexicano acusa a este organismo independiente de ser partidista y durante años ha prometido modificarlo.

La oposición considera que la reforma limita la autonomía y fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales de 2024 y, junto a las decenas de miles de manifestantes del fin de semana, piden a la Suprema Corte de Justicia que la detenga y la declare como inconstitucional.

¿En qué consiste el “Plan B”?

El Senado, conformado en su mayoría por Morena, el partido en gobierno, aprobó esta reforma el pasado 22 de febrero con 72 votos a favor y 50 en contra. Solo falta la firma de AMLO para que entre en vigor.

El documento es conocido como “Plan B”, una versión menos drástica de una propuesta original que no alcanzó los votos suficientes.

Sin embargo, esta versión tampoco ha aplacado las críticas en la oposición.

El “plan B” introduce varios cambios, pero los más controvertidos son los que implican una reestructuración significativa en la composición del INE, reduciendo su presupuesto, su número de trabajadores y cerrando varias de sus oficinas locales.

Por ejemplo, la reforma eliminaría 300 Juntas Ejecutivas Distritales y reduciría la estructura de 32 Juntas Ejecutivas Locales, lo cual, según el INE, implica una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente a un 84,6%, quienes se encargan de la organización de las elecciones federales y locales, así como de los instrumentos de participación ciudadana en el país.

AMLO estima que los cambios ahorrarán hasta 3.500 millones de pesos, aunque el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, calcula que se tendría que destinar una cifra similar en indemnizaciones por despidos.

¿Por qué causa polémica?

“Estamos peleando para defender nuestra democracia”, dijo la manifestante Veronica Echevarria a la agencia Reuters en Ciudad de México.

Echevarría llevaba una gorra con el lema “Manos fuera del INE”. Muchos otros manifestantes llevaban carteles con eslóganes similares.

Las movilizaciones se produjeron en decenas de estados del país, aunque la más numerosa fue la del centro de la capital.

La oposición y un análisis del propio INE aseguran que la reforma podría poner en riesgo procesos ligados a las elecciones y campañas electorales, vitales para la democracia, unos argumentos que también se escucharon en las protestas.

Entre los participantes se encontraba Alejandro Moreno, presidente y diputado de uno de los principales grupos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país durante más de 70 años.

“¡Las mexicanas y mexicanos estamos del lado de la democracia, juntos nos hacemos escuchar para que no se destruyan las instituciones democráticas del país!”, dijo Moreno en Twitter.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte y también participante de la manifestación, acusó a AMLO de querer “apropiarse del sistema electoral”.

A pesar de las críticas, AMLO ha defendido su iniciativa y asegura que fortalecerá la democracia y reducirá la influencia de intereses económicos en la política.

Confrontación duradera

López Obrador, elegido como presidente en julio de 2018, ha criticado durante años al INE.

El pasado mes acusó a este organismo independiente de “engañar” y “permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y la compra de votos”.

En su primera candidatura presidencial en 2006, AMLO perdió ante su rival Felipe Calderón por menos de un punto porcentual. AMLO se negó durante meses a reconocer el resultado, denunciándolo como fraudulento.

También discutió los resultados de los comicios de 2012 tras perder ante Enrique Peña Nieto.

Desde su victoria en 2018, AMLO ha presionado para reformar al INE.

El INE fue creado en 2014 bajo una reforma electoral impulsada por Peña Nieto. Este organismo sustituyó el hasta entonces Instituto Federal Electoral, fundado 1990 tras las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, cuando una supuesta falla del sistema originó acusaciones de fraude electoral.

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Con la entrega de esa matriz se da por concluido el proceso de análisis y discusión de las posibles modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), el cual comenzó el 17 de enero y finalizó el 21 de febrero último.

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Durante ese tiempo se efectuaron siete sesiones, en las que se deliberaron las propuestas de reformas a la normativa electoral que presentaron 77 organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre últimos.

La base legal de la Came es el artículo 256 bis de la Lepp, el cual determina que al concluir el proceso electoral del 2019 se establecerá esa instancia, cuyo objetivo será evaluar los últimos comicios, analizar propuestas de reformas y así redactar una iniciativa de ley para mejorar el ejercicio siguiente.

Próximos magistrados decidirán

Esta vez serán los nuevos magistrados, quienes asumen el 20 de marzo, los que tendrán que determinar sobre la reforma electoral que debe conocer el Congreso antes de que finalice el primer período de sesiones, el 14 de mayo próximo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Greicy de León, indicó que ese material será importante y que tendrán tiempo para analizar y presentar la iniciativa, con el fin de “garantizar la voluntad ciudadana”.

“Son temas importantes que se deben subsanar, como el transfuguismo, el voto en el extranjero, en cuanto a si es viable y si puede seguir existiendo, y este material será una herramienta muy importante para el proceso de reforma electoral”, explicó De León.

El presidente del TSE, Julio Solórzano, afirmó que con la entrega del consolidado de las propuestas se concluye con la sistematización, y que tanto la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso como los candidatos a magistrados de ese alto tribunal tienen el debido tiempo para concretar una propuesta de modificaciones.

“Son varios temas. Esa es la importancia de entregar el documento que puede orientar a los legisladores y al organismo electoral para tener un buen proceso electoral. Por respeto al nuevo tribunal, nosotros concluimos el período el próximo viernes y en ocho días no se puede hacer una iniciativa, y no sería correcto que la hiciéramos y se colocaran normas que pueden ser complejas y no vamos a implementar, por lo que ellos tendrán la sensatez para implementarla”, dijo Solórzano.

El día en que se estableció la Came, el presidente del TSE explicó que el proceso busca un sistema que mejore muchos aspectos, como la participación ciudadana, las campañas, las asambleas de las organizaciones políticas y las postulaciones de candidatos.

Entre los cerca de mil planteamientos, los asuntos más recurrentes fueron la democratización interna de los partidos políticos, la forma como se vota por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, el financiamiento de las organizaciones políticas, el régimen de medios de comunicación y el fortalecimiento del TSE.

Ese ente electoral sería el encargado de presentar la correspondiente iniciativa de ley al Congreso.

Los temas que se deliberaron:

• Evaluación de las elecciones generales 2019
• Sistema electoral
• Sistema de organizaciones políticas
• Proceso electoral
• Financiamiento de las organizaciones políticas y régimen de medios
• Justicia electoral
• Organismo electoral

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De ser procedente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará la correspondiente iniciativa de ley ante el Congreso de la República, que tendrá que conocer las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva legislatura.

La Comisión recibió 77 propuestas de organizaciones sociales, académicas y políticas.

El presidente del TSE, Julio Solórzano, manifestó que cada vez que finaliza un proceso electoral se descubre que hace falta algo que normar, que hay que viabilizar algo que no esta establecido; es decir, evaluar los procesos electorales, lo que lleva tiempo, ya que cada uno trae sus complejidades, se hace ver que se requieren otras formas de normativa u acciones.

“Hay muchas propuestas que coinciden, otras serán innovaciones dentro del sistema, otras podrían ser contradictorias, pero ese es el tema que se va a discutir, creo que lo más fundamental de todo esto es escuchar, que de una vez se diga que esta propuesta no me parece, está no es correcta, esto va a complicar, escuchemos las propuestas, puede ser que sea una innovación adecuada al sistema electoral, aunque no nos parezca todo”, dijo Solórzano.

El presidente del ente electoral indicó que en el proceso finalizado hubo artículos de la ley que no se pudieron aplicar y dio como ejemplo que algunas organizaciones políticas no pudieran abrir las cuentas bancarias, y la fiscalización tiene una demora en ese tema.

“De toda esta gama de propuestas van a surgir ideas que todos los que estamos aquí queremos para nuestro sistema electoral de Guatemala. Por ejemplo, llevar elecciones en un mismo día es algo que hay que sopesar y encontrarle una solución, porque realmente complica la mecánica del voto, la certificación y transmisión de los datos. En otros países se da solo la elección presidencial y con eso se evita tener aglomeración, más la cantidad de partidos, que hace complejo el proceso”, refirió.

“Queremos un sistema que mejore muchas situaciones como la participación ciudadana, las campañas, las asambleas las cuales son complejas, las postulaciones, no es tan sencillo, la judialización de los procesos, no se da el día de la inscripción, sino que se hace antes y después del proceso”, señaló el presidente del TSE.

El director ejecutivo de Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Roberto Ardón, manifestó que las propuestas de 77 organizaciones generan una oportunidad para discutir, se espera que se mejore la participación ciudadana y la representación política.

“Para nosotros es importante mejorar la participación ciudadana, que los ciudadanos tengamos mejores formas de poder participar en la política sea a través de los partidos políticos, y aportes financieros, por un lado, y la segunda, que tengamos una mejor representación política, que los partidos, los políticos y los diputados respondan mejor a los ciudadanos y esos dos elementos van a ser los que vamos a plantear en estas siete sesiones”, dijo Ardón.

El diputado de Visión con Valores (Viva) Rudy González señaló que ve positivo este trabajo al considerar que ha habido propuestas de diferentes organizaciones y partidos políticos, pero ha faltado inclusión de los partidos en este tipo de reformas.

“Creemos que hay organizaciones que han presentado reformas, pero el problema es que ellos solo conocen la teoría de un proceso electoral, la práctica solo la conocemos los que pertenecemos a un partido político y que celebramos asambleas y que vamos a los municipios, departamentos, creo que debió ser más inclusivo”, refirió.

El diputado del Movimiento Semilla Román Castellanos calificó de oportuno que se den estos espacios de discusión porque consideran que es fundamental caminar hacia un sistema político electoral que garantice elecciones libres y justas y que los partidos dejen de ser instrumentos de captura del estado, sino que sean canales de mediación.

“Nosotros hicimos una propuesta y que queremos llevar a la Comisión de Asuntos Electorales y van en la línea que es garantizar elecciones justas y limpias y la proximidad que tiene que ver con la redefinición de los distritos electorales y que la organización política sea para la gente y eliminar el financiamiento político”, recalcó.

Los temas que se deliberarán:

1. Evaluación de las elecciones generales 2019
2. Sistema electoral
3. Sistema de organizaciones políticas
4. Proceso electoral
5. Financiamiento de las organizaciones políticas y régimen de medios
6. Justicia electoral
7. Organismo electoral

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La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que al concluir el proceso electoral se debe establecer la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, cuyo objetivo es evaluar el proceso electoral finalizado y de ser necesario, presentar propuestas de reformas que sean procedentes a la norma actual.

“Las organizaciones sociales, académicas y políticas, podrán presentar sus propuestas a la Comisión. El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente, presentará la correspondiente iniciativa de ley ante el Congreso de la República, quien tendrá que conocer de las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva legislatura que termina el 15 de mayo”, refiere la normativa electoral vigente.

La intención de los magistrados de agilizar, primero la conformación de la Comisión y, segundo, la recepción de expedientes con propuestas de modificación a la referida ley, se debe a que estos funcionarios entregarán los cargos el 20 de marzo del 2020 y quieren dejar una propuesta de reformas a la Ley Electoral antes de irse. Las propuestas buscaban que la iniciativa estuviera lista en febrero del próximo año.

El Congreso de la República intentó aprobar esta semana la convocatoria para la comisión de postulación de magistrados del TSE, pero no se concretó. La intención es hacerlo con tiempo suficiente para que el Colegio de Abogados y Notarios realice la elección de su representante ante esa comisión. Además, la postuladora está integrada por el rector y el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, un representante de rectores y uno de decanos de Derecho de las universidades privadas del país.

Entregan propuesta

Hasta ayer habían sido entregadas cinco propuestas para reformar la Ley, cuatro están en poder del Instituto Electoral del TSE y una está pendiente. Las agrupaciones que ya presentaron proyectos son la Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz, de Cobán, Alta Verapaz, y la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep), integrada por al menos 14 instituciones de la sociedad civil, entre ellas Acción Ciudadana, Doses, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Convergencia Ciudadana de Mujeres y la Asociación de Estudiantes de Derecho de a Universidad de San Carlos.

La Comisión será coordinada por un magistrado titular, de acuerdo con lo dispuesto con la norma electoral.

Para el próximo 19 de noviembre se tiene previsto el acto formal de instalación de la Comisión al que asistirán representantes de los sectores participantes e interesados en el proceso.

Dan trámite a apelación de FCN-Nación

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron trámite a la apelación que presentó el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por la cancelación de esa organización política, ordenada por el Registro de Ciudadanos, por no entregar cuentas ni informes sobre gastos de campaña electoral del 2015.

Los magistrados darán audiencia a los interesados por el plazo de tres días y con su contestación o sin ella, en el plazo de ocho días será dictada la resolución correspondiente.

El TSE recibirá las pruebas que le ofrezcan y podrá solicitar los informes que estime pertinentes.

También se abrirá a prueba el expediente únicamente a solicitud de parte o si Tribunal lo estima pertinente, por el plazo de cinco días.

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“Las instituciones públicas son responsables de la pobreza de un país”

Enade 2019 fue denominado “De un Estado Líquido a un Estado Sólido” y fue enfocado en la necesidad de fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Las conclusiones surgen de talleres con diversos actores que analizaron la situación del país y se presentaron este jueves durante la décimo sexta edición de ENADE.

Sistema electoral y representantes

Respecto al sistema electoral y elección de representantes, Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) mencionó que cuando se deba efectuar una reforma es importante que se tenga presente el delicado equilibrio entre redactar una buena norma y el desafío de la implementación, aunque no siempre se consigue, indicó.

Agrega conclusiones como la necesidad de discutir de forma seria para distinguir claramente acerca de lo que se es impostergable y de lo que es técnicamente factible ya que no siempre se logran al mismo tiempo, pero ahí se deben definir prioridades y escoger “el modelo político que queremos a futuro”.

La otra conclusión se refiere a que la reforma debe basarse en lógica de qué instituciones se necesitan que incluyan como mejorar las participación política y ciudadana.

Además, se concluyó que la reforma del 2016 no abordó todos los temas importantes que eran necesarios y los que se incluyeron fueron hechos de la mejor forma, por ello mencionan que es necesario primero concentrarse en los elementos importantes como los temas de representatividad, participación política, la forma de elección de diputados, el tamaño de los distritos y el fortalecimiento institucional.

“Así se puede aspirar a mover la aguja del Estado líquido en el sistema político afectado principalmente por el compadrazgo, hacia la dirección positiva que aspiramos como la legitimidad de los sistemas políticos.

Carrera del servicio público

La corrupción es un síntoma de un fallo de las instituciones, del mal funcionamiento de las instituciones e incapacidad de ejecutar procedimientos agregó Robinson al mencionar la captura del expresidente Otto Pérez Molina (en 2015). @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/CW02ixeju3

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2019

En el caso de servicio público María Isabel Bonilla, presidenta del Cien, expuso que los órganos del Estado han sido estructurados por normas pero que hoy responden a inercias e intereses, y muestran un desface. “El proceso de modernización de un Estado implica un camio institucional y redefinir el rol de la ciudadanía”, agregó.

Bonilla expuso las cuatro conclusiones en este tema mencionando que 66% de los gastos del Estado se destina a funcionamiento y que existen 40 formas de contratación de personal público.

Por ello se requiere una normativa con requisitos mínimos, criterios básicos y costos de implementación. Con estas reformas también crear y sacar a concurso público los puestos gerenciales, plazos preestablecidos de los puestos, criterios flexibles de remuneración, sistemas de evaluación de crecimiento, y contrataciones basados en la meritocracia.

Proponen crear un registro único de empleados públicos. Aunque se inició con censo pero no se ha dado a conocer además que esos datos ya están desactualizados, agregó, por ello proponen mejor registro de puestos, datos específicos y quienes los ocupan.

La tercera conclusión es la necesidad de reformas a la legislación en la materia como la revisión de la Ley de Servicio Civil, la cual debe hacerse por fases, evaluar y definir normas complementarias para salarios, sindicalización, deudas generadas por contrataciones, Ley Orgánica del presupuesto, e incluso entrar a analizar el estatuto de dignificación de maestro, el cual es antiguo.

La cuarta recomendación es que cualquier reforma debe ser estratégica y viable, por lo que también se deben evaluar los pactos colectivos y de condiciones de trabajo con el fin de evitar que se vuelvan un medio de adquirir mayores salarios y puestos, así como evaluar el rol de la Oficina de Servicio Civil (Onsec).

“Necesitamos pasar de un sistema de incompetencia a un sistema de meritocracia… es un desafío nacional que requiere de liderazgo y voluntad política”, dijo Bonilla.

Fortalecimiento e independencia judicial

Francisco Quezada, abogado e investigador del Cien hizo las recomendaciones para el fortalecimiento e independencia judicial.

“De qué sirven esos logros si nuestras instituciones son débiles y no sostienen estos logros” dice Onyemah. “Necesitamos Estados de Derecho, instituciones fuertes e infraestructura porque va a llegar inversiones de extranjeras” añade en #Enade2019 @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/ZMCSuvOPsU

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2019

Respecto a independencia judicial expuso que la Constitución establece las facultades y la división de poderes, que es la columna vertebral de un país con un gobierno de poderes limitados y distribución de poderes.

La primera conclusión en este caso mencionó es que el ejercicio de las funciones judiciales debe estar tan distante de lo posible de partidos políticos. Esto lleva a la segunda conclusión que se refiere a garantizar la creación de un sistema de justicia independiente debe evaluarse formas de cambio a la forma de elección de magistrados lo cual conllevaría una reforma constitucional, pero persiste la interrogante de que las calidades deben tener los diputados para hacer la elección.

En tanto para funcionamiento judicial concluyen que las reformas al sistema de justicia deben seguir una hoja de ruta que defina un objetivo claro que permita llevarlas a cabo para garantizar su implementación de forma integral

Se debe tener claridad en el mandato, la autonomía operativa, transparencia y rendición de cuentas.

Las propuestas también se basan en lo que establece la Constitución de administrar una justicia pronta y cumplida justicia.

Menciona datos referentes a que se deben dar las garantías y dentro de un plazo razonable porque en el país se refieren estadísticas de que solo el 19.8% de expedientes o casos recibidos son finalizados.

Fiscalización del uso de fondos públicos

Mario Garcia Lara, presidente de la Fundación 2020, hablo del gasto público y la necesidad de fortalecer la fiscalización del uso de fondos públicos.

“El Estado debe enfocarse en hacer pocas cosas pero hacerlas bien”, expuso al mencionar que debe proveer salud, educación, infraestructura, justicia y seguridad pero es imprescindible que el gasto público sea con transparencia, con un sistema eficaz de seguimiento.

Por ello detalla la primera conclusión acerca del gasto de los gobiernos locales como reformas para garantizar control tanto de los gobiernos locales (municipalidades) y los Consejos de Desarrollo, incluso para contratación de personal idóneo y supervisión de gastos y resultados.

Una de las debilidades del sistema electoral se manifiesta en el deterioro del gasto público a nivel local, además hay muchos puestos asociados a intereses políticos, clientelismo y compadrazgos.

Agregó que más del 15% de los ingresos del Estado se transfieren a las municipalidades y Codedes.

Juan Carlos Tefel, presidente de @CACIFnoticias menciona acciones necesarias para impulsar el crecimiento: infraestructura estratégica, reglamentación del convenio de tiempo parcial, reducción de tramitología y adecuada implementación del convenio 169 de la OIT @Economia_pl pic.twitter.com/i2AYd3sWUR

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2019

La segunda conclusión se refiere a la planificación. Es decir basar el gasto público en planificación para luego fiscalizar calidad y centrarse en resultados estratégicos y mejor coordinación en la ejecución.

La tercera recomendación es efectuar una reforma más integral y no solo a la Ley de contrataciones, por lo que debe incluir criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos, mejorar la fiscalización de la Ley del Presupuesto y del servicio civil.

La cuarta conclusión mencionada por García Lara es que la fiscalización no solo se trata de una labor de la Contraloría, sino que es responsabilidad basada en tres pilares: Contraloría, unidades de auditoria interna y el Congreso, que tiene aparte de su mandato de control o fiscalización.

“Ley Orgánica de la Contraloría podría mejorar mucho si se moderniza este mandado y la forma de elección del Contralor y subcontralores, así la propia relación de esa entidad con el Congreso”, agregó el experto.

En resumen, mencionó una Contraloría moderna, revisión de la forma de elección de dicho funcionario, cuentadancia, control a Codedes y gobiernos locales.

Giammattei ofrece y anuncia acciones

Presidente electo Alejandro Giammattei participó en el ENADE 2019 y durante su discurso invitó a empresarios a sumarse a acciones para alcanzar la prosperidad.

Mencionó que integrará un Consejo de Estado propondrá al nuevo Congreso las propuestas de reformas que recomendaron en las conclusiones del ENADE como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Ley de Servicio Civil y otras.

Competitividad, desarrollo social, gobernabilidad, transparencia y atracción de la inversión fueron los aspectos ofrecidos por Giammattei a los empresarios.

• Competitividad: fomento de la inversión, mejorar las tecnologías de la información y comunicación y desarrollar la infraestructura.
• Desarrollo social: reforma educativa para ampliar cobertura en comunidades, y acciones en el primer nivel de la salud pública, con programas de nutrición y vigilancia epidemeológica.
• Gobernabilidad:  recuperar el territorio cedido al narcotráfico y crimen organizado. Fortalecimiento y profesionalización a la Policía Nacional Civil y aumento del número de efectivos del Ejército al cual le delegará el resguardo de las fronteras. Trabajo con alcaldes de los municipios más peligrosos y combate a las extorsiones.
• Transparencia y calidad de gasto: implementará un programa nacional contra la corrupción para auditar procesos e impulsar sistemas eficientes.
• Crecimiento económico: ofreció que buscará duplicar las exportaciones de productos no tradicionales y el turismo. Impulsará acciones para la certeza jurídica y la defensa de la propiedad privada.Además mencionó que llevaría al país a registrar 6% de crecimiento económico.

El ENADE 2019 fue inaugurado por el presidente Jimmy Morales, quien en su discurso se dedicó a cuestionar las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de Derechos Humanos y de exfuncionarios.

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Aparte de las conclusiones mencionadas hubo tres conferencistas como:

En #Enade2019 Dentro del esquema de instituciones políticas y económicas, Robinson coloca a Guatemala dentro de los países con instituciones extractivas, con falta de instituciones inclusivas para el desarrollo, y lo visualiza en esta gráfica. @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/fY4ta8fIgJ

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2019

• Moisés Naim, periodista, columnista y escritor expone acerca de fortalecimiento institucional para el desarrollo.
• James Robinson, profesor en la Universidad de Chicago habló acerca de ¿Por qué fracasan los países? Y de la necesidad de instituciones para impulsar el talento.
• Vicent Onyemah, profesor de Babson College expuso acerca de instituciones para crear ecosistemas de crecimiento.

Además el presidente del Cacif, Juan Carlos Tefel, mencionó las acciones necesarias para el desarrollo en el país.

Juan Carlos Tefel, presidente de @CACIFnoticias menciona acciones necesarias para impulsar el crecimiento: infraestructura estratégica, reglamentación del convenio de tiempo parcial, reducción de tramitología y adecuada implementación del convenio 169 de la OIT @Economia_pl pic.twitter.com/i2AYd3sWUR

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 10, 2019

Participaron empresarios, funcionarios, diputados, así como quienes han sido designados por Giammattei para ministros y secretarios en el Gobierno a partir del 2020.

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Sin embargo, analistas políticos consultados, no descartan que esta situación sí se pueda registrar en la elección de alcaldías municipales, especialmente en aquellas circunscripciones donde el número de empadronados es reducido, porque resulta más fácil que los vecinos asuman una postura en contra de los candidatos o de la forma en que se llevó a cabo el proceso electoral.

En los ocho procesos eleccionarios que se han llevado a cabo, a partir de 1985, a raíz de la apertura democrática, el voto nulo no ha sido constante en su ascenso y nunca ha superado el 9.08 que se registró en las elecciones de 1990, cuando pasaron a segunda vuelta Jorge Carpio Nicolle de la Unión del Centro Nacional (UCN) y Jorge Serrano Elías del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS).

Mientras que las elecciones que registraron el menor número de votos nulos fueron las del 2015 cuando pasaron a segunda vuelta Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). En esos escrutinios el voto nulo fue de 4.11 por ciento.

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Es una opción

El analista independiente Adrián Zapata considera que en la actualidad hay suficientes argumentos para que se produzca un rompimiento con el statu quo a través de la emisión del voto nulo, que ahora sí tiene validez, pero que en estas elecciones “no tendrá una potencialidad suficiente” para que supere el 50 por ciento en el caso de la elección presidencial.

No obstante, opina Zapata, es una opción que se puede considerar para el futuro, donde las personas, a través de este voto, manifiesten su desacuerdo con la clase política que se presenta para dirigir el país. “Es comprensible el planteamiento, pero la opción de romper con el estatus quo, por ahora, no alcanzaría el número de votos”.

A criterio del analista, lo único que queda a los electores durante el actual proceso es exigir a los candidatos que expliquen con claridad sus proyectos programáticos.

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Es un espacio de expresión

La directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (IPNUSAC) Geidi de Mata, considera que el hecho de que ahora el voto nulo cuente y que, incluso, en caso supere el 50 por ciento obligue a que se repitan las elecciones “es un espacio de expresión popular para mostrar su rechazo en contra de las organizaciones políticas”.

La académica de la Usac explica que la cantidad de votos podría aumentar como consecuencia del desgaste político que han sufrido la mayoría de los candidatos como consecuencia de sus acciones en el actual y los anteriores periodos en los que han figurado”. Hay mucho rechazo al quehacer político y la emisión de este voto es una forma de expresar su inconformidad, indica De Mata.

De Mata no duda en cuanto a que el porcentaje de este voto va a aumentar este 16 de junio, pero que no será lo suficientemente rotundo como para pensar en la repetición de la elección presidencial. “El porcentaje va a depender del nivel de campaña que efectúen los partidos a partir del 18 de marzo”, afirma.

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Los caciques mandan

El politólogo Franco Martínez Montt, considera que a pesar del desgaste que vive la partidocracia local el voto nulo no va a trascender mucho debido a la manipulación que viven los guatemaltecos a través de la “desinformación que circula en las redes sociales y en la campaña anticipada que se encuentra en marcha”.

Martínez Montt considera que en donde menos se reflejará este tipo de expresión que contempla la Lepp es en el área rural, porque estas regiones son controladas por los grandes caciques de los partidos políticos, así como los candidatos locales a alcaldes municipales y también los diputados distritales. “En estos lugares existe campaña anticipada y el TSE no la controla”.

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Alcaldías podrían correr riesgo

Ricardo Barreno, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), considera que hay muchas posibilidades de que este tipo de sufragio aumente, pero que este se mantendrá entre el 8 y el 12 por ciento, debido a que el 50 por ciento es un porcentaje muy alto, lo cual impide que esta clase de voto pueda cumplir dicho rol.

Sin embargo, Barreno, considera que en algunos municipios, donde la cantidad de empadronados es reducida, si podría suceder este fenómeno electoral. “Ahí cambia la realidad, porque la conflictividad electoral siempre empieza en espacios locales por el descontento con la oferta política y el desempeño de la administración electoral, lo cual se ha visto traducido en la quema de urnas”.

En cambio, ahora, ese descontento y malestar lo podrán manifestar a través del voto nulo, el cual es una alternativa legal. “Por eso es más viable este tipo de sufragio a nivel municipal”, explica Barreno.

Según el analista del Incep, el voto nulo también podría adquirir dimensiones grandes en los municipios donde el padrón electoral no supera los cinco mil votantes, porque en esos lugares si existe un clima general de descontento, es fácil viabilizar el voto nulo, porque es más fácil convencer, por ejemplo, a dos mil 501 empadronados que voten en nulo, que en circunscripciones donde el padrón sea de más de 50 mil, donde tendrían que convencerse a más de 25 mil.

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Procedimiento para repetir elección

•  Esto es lo que dice el artículo 210 de la Lepp, respecto del voto nulo.

“Declarada la nulidad de una elección por el Tribunal Supremo Electoral se repetirá ésta, y para tal efecto se hará la convocatoria correspondiente dentro del plazo de quince días a contar de la declaratoria de nulidad, y la nueva elección se llevará a cabo dentro de los sesenta días siguientes”.

“Si la elección se repitiese como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, se hará la convocatoria a elecciones dentro del plazo de diez días a contar de la declaratoria de nulidad; la celebración de asambleas generales extraordinarias que correspondan finaliza sesenta días antes de la fecha en que se celebren las elecciones; los treinta días siguientes para inscripción de candidatos; y, las elecciones se efectuarán un domingo del mes de octubre del mismo año”.

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Entre las sugerencias está la reforma a la figura de la prisión preventiva, la ley de aceptación de cargos, reformas electorales, un pacto fiscal y otro educativo.

Para el Foro Guatemala, “la crisis político-institucional en que el país se encuentra exige consensos concretos y reformas orientadas con visión estratégica. Solo los posicionamientos ante la coyuntura no nos sacarán adelante. Se requieren esfuerzos por concertar una agenda de país viable que atienda las demandas coincidentes de múltiples sectores”.

El Gobierno ha protagonizado una pugna desde el 27 de agosto de 2017 por expulsar a la Cicig. La Cancillería en reiteradas ocasiones pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cambiar al comisionado Iván Velásquez y luego se exigió a investigadores de Cicig abandonar el país, esa lucha generó crisis en el país.

A criterio de representantes de diversos sectores académicos, políticos y económicos, de esa coyuntura surgió la rivalidad en la ciudadanía.

Además, el comienzo del proceso electoral es similar al del 2015, cuando hubo varias investigaciones en contra de candidatos a cargos de elección popular. En la actualidad 10 partidos políticos que postulan candidatos están bajo investigación por el Ministerio Público (MP) por impedir la fiscalización de los fondos, así como otras irregularidades.

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El Foro Guatemala señala que “se trata de una situación nacional compleja, preocupante y potencialmente conflictiva, en la que es necesario e impostergable un debate ciudadano y que el Estado mantenga y fortalezca su institucionalidad”.

Los integrantes del Foro Guatemala proponen consensuar una agenda: “La lucha contra la corrupción e impunidad debe ser complementada con una agenda integral (económica, política, social, ambiental y de justicia) para alcanzar el desarrollo nacional, que a su vez reencauce el uso de los recursos del Estado, las prácticas burocráticas y las formas de resolver diferencias en nuestra sociedad, respetando y observando el orden constitucional de Derecho”.

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¿Por qué no se menciona la crisis en torno a Cicig? Stein comentó al respecto: “No es parte de nuestra agenda y objetivos en este conjunto de recomendaciones especificar temas inmediatos de coyuntura que son una obligación constitucional, es información común a nivel internacional que existe en efecto una gran preocupación por lo que se entiende internacionalmente como una muy grave crisis constitucional que todavía no se ha resuelto”.

Respecto a la propuesta de reformar la figura de prisión preventiva, Carmen López, de la Convergencia Cívica Política de Mujeres, comentó no es un tema coyuntural.

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“Este tema no ha sido de coyuntura, esta problemática es estructural. Las organizaciones del foro han hecho estudios de la cantidad de personas que están en prisión preventiva que casi es el 50% -de los privados de libertad-. En los últimos meses ha resaltado esto -la discusión-, pero en el Foro Guatemala ha estado en la temática estructural. Hay que buscarlas formas de acelerar sin estar clasificando a quienes sí y quienes no”, argumentó López.

Stein profundizó: “Lo que estamos proponiendo se viene pidiendo desde hace varios años en la medida en que existió a partir de los Acuerdos de Paz, una mesa técnica entre varias de las instituciones junto al Organismo Judicial y es ni más ni menos que revisar el Código Procesal Penal. Sin que se acometa ese instrumento legislativo de fondo va a ser muy difícil que se tengan criterios de aplicación general que sean parejos para todos y va a haber un margen de discrecionalidad de cómo se aplica el tema de la prisión preventiva”.

Para el Foro Guatemala, privilegiar la justicia reparativa se debe aprobar la ley de aceptación de cargos. En esta sugerencia, Diana Fernández, de la Universidad Rafael Landívar, indicó: “Esta recomendación se hace en el sentido de que es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar justicia pronta y cumplida”.

Stein acotó que hubo acuerdo con las 16 organizaciones que integran el foro.

“Se hizo un esfuerzo de diagnóstico donde vimos que las fracturas sociales y el entramado institucional de nuestro país está a punto de romperse y que la radicalización parece ser el agua donde todos tenemos que nadar”, expuso Stein.

Las sugerencias

Al Organismo Ejecutivo:

• Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
• Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
• Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal, tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
• Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
• Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al currículum nacional base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
• Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.

Al Organismo Legislativo:

• Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
• Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
• Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de esta y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
• Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
• Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.

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Al Organismo Judicial:

• Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
• Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
• Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.

Recomendaciones sobre transparencia

• Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
• Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.

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Al hacer el cruce de datos con ese mismo listado y la actual composición del Congreso, encontramos estos números:

• 12 de esos legisladores son tránsfugas, pues se cambiaron de bloque o se declararon independientes.
• 11 son miembros de la bancada Movimiento Reformador (MR).
• Siete pertenecen al bloque Alianza Ciudadana (AC).

Pese a que algunos de los miembros de las bancadas MR y AC no tienen la prohibición expresa e incluso pueden optar a puestos directivos en el Congreso, esos bloques no representan a ningún partido político; por lo tanto, esos legisladores no podrían postularse como candidatos a diputaciones.

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En caso de que esos diputados decidieran abandonar sus bloques, no podrían adherirse a ningún otro partido, debido a la prohibición establecida en la Ley Electoral, por lo que no podrían reelegirse.

Sin embargo, la interpretación final le corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y es quien debe decidir si efectivamente esos congresistas pueden reelegirse.

Disparo en el pie

Información proporcionada por la Dirección Legislativa del Congreso revela que, de los diputados que votaron por enterrar el transfuguismo, fallecieron Álvaro Adolfo Velásquez, de Convergencia, y Ovidio Joel Domingo Bámaca, de la UNE.

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Cuatro legisladores más fueron separados de la curul por haber sido vinculados con un proceso penal. Ellos son  César Emilio Fajardo Morales, de la UNE; Christian Jacques Boussinot Nuila; de Todos; Julio Antonio Juárez Ramírez; del Frente de Convergencia Nacional; y Roberto Kestler Velásquez, de Todos.

Además,  Carlos Enrique López Girón y Julio César López Villatoro, ambos de la UNE, fueron separados del cargo porque tenían una orden de captura y ahora están prófugos.

Otros tres diputados han renunciado a la curul por distintos motivos, como Alsíder Antonio Arias Rodríguez, del Frente de Convergencia Nacional; Fernando Enrique de León Asturias, de Encuentro por Guatemala; y Selvin Boanerges García Velásquez, de Compromiso, Renovación y Orden.

Gustavo Arnoldo Medrano Osorio y Roberto Ricardo Villate Villatoro, quienes  votaron a favor de la reforma, pertenecían al bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), pero debido a que el TSE canceló este partido pasaron a ser independientes.

Diputados de varias bancadas que podrían ser afectados con la reforma al artículo 205 Ter han impulsado hacer cambios a la legislación para no tener impedimento en relegirse en el próximo proceso electoral.

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Señalamientos

El pasado 7 de noviembre, Delia Bac, diputada de AC, quien no votó por la reforma, recriminó de forma airada a Taracena cuando tomó la palabra en una sesión plenaria, en la cual se discutían reformas a la Ley Electoral.

Bac reveló que existía un trato entre los diputados tránsfugas y la UNE para revivir el transfuguismo, extremo que ha negado esta bancada, y señaló a Taracena de ser el culpable de la situación que ahora afrontan quienes han acostumbrado cambiarse de partido.

De acuerdo con estos legisladores, Taracena cambió la redacción final de la enmienda que reformaba el artículo 205 Ter y esta no fue enviada de vuelta a la Corte de Constitucionalidad (CC) para su análisis, por lo que consideran que la aprobación fue ilegal.

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Luis Hernández Azmitia, de MR y ponente de una iniciativa que busca modificar la Ley Electoral para revivir el transfuguismo, señaló tres inconstitucionalidades en esa reforma.

“El 29 de marzo de 2016, el diputado Taracena es ponente único para cambiar el artículo 205 Ter que  había sido aprobado por la CC. Ahí hay una violación al debido proceso, hay violación al derecho de elegir y ser electo, y la tercera violación es a la libre asociación”, expuso.

Fernando Linares-Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), afirmó que “lo que hizo Taracena en el 2016 fue mañoso, manipulador, pues engañó a los diputados, pues quitó una parte —para que no pudieran reacomodarse— en el último año de la legislatura y lo hizo para defender el monopolio de los secretarios generales”, afirmó.

Agregó que no deben existir sanciones como las que se impusieron en el 2016 y que está a favor de la libre asociación, pues “quita la tiranía de los secretarios generales”.

Consultado sobre los señalamientos, Taracena respondió que el secretario leyó la iniciativa  al pleno y luego la votaron 107 diputados, quienes “no fueron sorprendidos”.

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“Para que quede claro que no fue sorpresa para nadie, incluso se aprobó un artículo transitorio con el cual les daba 90 días para renunciar y cambiarse porque quedaba enterrado el transfuguismo, 90 días más para que sacaran el cuchillo y traicionaran a su partido”, recordó Taracena.

Aseguró que no teme nada y está consciente de “que le tocó” una gran responsabilidad, la cual fue acabar con esa práctica. También aseguró que no es la única enmienda que tiene solo su firma, sino que existen más de 10 artículos, pues fue un acuerdo de la mesa trabajo.

El 22 de noviembre Bac y Linares-Beltranena presentaron una denuncia contra Taracena por abuso de autoridad, falsedad material, falsedad ideológica e incumplimiento por la reforma del artículo 205 Ter la cual fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para que decida si procede retirarle el antejuicio.

“Es una muestra de dolor, cólera y rabia”, respondió Taracena.

Discusión estancada

El 21 de noviembre fue la última ocasión en la que se convocó para seguir con las reformas a la Ley Electoral, pero esta fue suspendida por segunda vez consecutiva y con esto se acortó más el tiempo para que los diputados tránsfugas puedan tener la oportunidad de reelegirse.

Alejandra Carrillo, diputada independiente, consideró se deberían analizar ya no agendar la discusión de las reformas a la Ley Electoral.

“Se ha visto un desinterés por parte de todas las bancadas de no aprobar el resultado que vino de la Corte de Constitucionalidad. Considero que no tiene sentido seguir con esta agenda”, afirmó.

El pasado miércoles no se agendó la discusión debido a que comenzó la interpelación al ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez.

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Según registros consultados por Prensa Libre, la denuncia fue presentada en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Guatemala, y remitido a la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si procede retirarle el derecho de antejuicio.

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En el expediente se acusa a Taracena de abuso de autoridad, falsedad material, falsedad ideológica e incumplimiento por los hechos alrededor de la reforma del artículo 205 TER de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que prohibía el transfuguismo.

La denuncia consigna que Taracena “presentó una enmienda al artículo 57 del Proyecto de Decreto 4974 (…) para suprimir el último párrafo del artículo 205 TER de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se pretendía adicionar en ese entonces, sin mediar lo que es la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad como lo manda (…) la Ley Orgánica del Organismo Legislativo”.

A debate

Los hechos a los que hace referencia la denuncia tuvieron lugar el 29 de marzo del 2016, en medio de las reformas a la Ley Electoral impulsadas por las demandas ciudadanas contra la corrupción del 2015.

Según registros del diario de sesiones del Congreso de esa fecha consultados por Prensa Libre, esa enmienda fue aprobada con 114 votos a favor, 14 en contra y 30 ausencias.

En la transcripción, Taracena les recuerda a los congresistas “que hay un acuerdo en jefes de bloques” para la aprobación.

Los denunciantes aducen en el expediente que Taracena, entonces presidente del Congreso, cometió abuso de autoridad “al no respetar la normativa interna que regula el proceder de las sesiones plenarias, la imparcialidad y la dirección de debates”.

Al ser consultado por esa denuncia en su contra, el diputado Taracena argumentó que es un intento de revivir el transfuguismo por vía judicial.

“Es una muestra de dolor, cólera, rabia —de los denunciantes—, luego de ver que han pasado tres sesiones para pasar la Ley Electoral y no han podido conseguir los 105 votos para aprobar el transfuguismo. Están tratando ahora de hacer una jugada para judicializar el proceso parlamentario, para decir que la reforma fue incorrecta, lo cual es absurdo”, dijo el parlamentario.

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Al ser consultada vía telefónica, Bac dijo que no podía brindar detalles de la denuncia porque estaba fuera del país.

Por su parte, Linares Beltranena aseguró que la denuncia solo tiene efectos penales y no busca permitir el transfuguismo.

“Es una denuncia penal. Aparte es lo que tiene que hacer el pleno para corregir esta omisión, que ocurrió cuando se aprobaron las reformas”, manifestó.

Señaló que se presentaron con evidencias, actas y videos de la sesión plenaria en la que se aprobó esa reforma a la ley.

Según Taracena, la denuncia busca “abrir una puerta al transfuguismo”, al judicializarlo. “No hice nada ilegal. La enmienda del artículo llevaba mi firma, producto de un acuerdo de jefes de bloques y de una mesa de trabajo en la cual acordamos que estos se aprobarían”, aseguró.

En la denuncia, los diputados argumentaron que a Taracena “le convenía”.

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Mientras el debate continuaba comenzó a circular una enmienda nueva, propuesta por el diputado Argueta, la cual busca eliminar el poder que actualmente tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cancelar partidos políticos que incurran en faltas a la Ley Electoral. 

Ese literal establece: “El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de las sanciones administrativas o penales que determine la ley, tanto para las organizaciones políticas, como para los secretarios nacionales, departamentales o municipales, personas que realicen aportes, quienes las reciban y los candidatos que se beneficien de ellas, incluida la cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva por parte del Registro de Ciudadanos o el Tribunal Supremo Electoral. La declaratoria de cancelación de la personalidad jurídica de la organización de que se trate procederá de oficio y sin haber suspendido previamente a la organización”.

El cambio sugerido por Argueta y que se podría discutir en la sesión del próximo miércoles, también beneficia a los secretarios generales de los partidos políticos que incurran en financiamiento ilícito que no podrían ser sancionados por el TSE.

Actualmente, el presidente Jimmy Morales y los diputados Nineth Montenegro, Orlando Blanco y Roberto Villate, enfrentan procesos electorales y penales por financiamiento ilícito de sus respectivos partidos políticos, donde ostentaron la secretaría general.

La sesión fue suspendida sin que se discutiera la propuesta de Argueta, quien abandonó el Hemiciclo y el Palacio Legislativo de manera apresurada, por lo que, hasta ahora, no ha sido posible obtener su versión sobre la propuesta que firmó.

Descargo

El diputado Argueta argumentó que con la derogatoria de la literal k del artículo 21 Ter no le está quitando al TSE la posibilidad de sancionar a los partidos que incumplan con las reglas de financiamiento electoral.

Señaló que el artículo 90 incisos g, h, i y ñ, precisan las multas que se le pueden imponer a los partidos que incumplan con las reglas de financiamiento electoral, las cuales van de US$50 mil a US$250 mil.

“Existe la sanción y el procedimiento, pero en el inciso k del artículo 21 Ter ni siquiera habla de ley sino norma en términos generales y dice cualquier incumplimiento en observancia a las normas deriva en la cancelación”, aseguró el diputado.

Argumentó que este artículo es tan amplio que pudiera darse el caso que un alcalde no observe las normas acerca del financiamiento lo cual podría llevar a la cancelación del partido.

“¿Se tiene que cancelar el partido por culpa de un alcalde? A un partido que tiene 37 mil o 90 mil afiliados, la reforma tenía como propósito la institucionalidad de los partidos políticos, no se puede crear institucionalidad con este tipo de ley”, declaró Argueta.

El congresista detalló que para eso ya existen las sanciones pecuniarias que son “muy fuertes” lo cual le da toda la facultad al TSE de “revisar, sancionar, pero también dan el derecho de defensa”.

“A eso se le llama debido proceso, se llama certeza jurídica, sabía que me iban a dar palo, pero también sé que estoy haciendo las cosas correctas, toca pagar el costo por lo que uno cree”, afirmó el legislador.

Ante la pregunta de si mantendrá la moción el próximo martes para que se discuta y vote en el pleno respondió: “No, porque como partido no tenemos ningún problema y por querer dar al sistema la estabilidad que necesita los rivales aprovecharon para querer dar palo”.

“Entonces si no quieren, pues no, yo no tengo problemas con eso. A mí me revisaron, me hicieron auditoria y salí sin siquiera llamada de atención”, precisó Argueta.

Al preguntarle que ese mismo artículo también exculpa a secretarios y las personas que entregan el financiamiento declaró: “una cosa es la Ley Electoral y otra el Código Penal, ahí están mezclando peras con manzanas”.

Confusión de enmiendas

El diputado oficialista Víctor Cruz Clavería había presentado en el proyecto de enmiendas una que elimina cualquier cambio al poder de sanción del TSE, sin embargo, al no leer antes qué había firmado, confundió su propuesta con la del diputado Argueta y pidió disculpas por querer restarle poder al TSE.

Cruz Clavería, diputado distrital de FCN-Nación por Escuintla, en una improvisada conferencia de prensa explicó a periodistas que por la carga de trabajo no pudo leer la enmienda que firmaba, pero sí esta de acuerdo con que el TSE pueda aplicar sanciones a los partidos políticos. 

Sin avances

La sesión para aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no registró gran avance en la sesión plenaria de este miércoles.

La semana pasada los diputados detuvieron la discusión en el artículo 5 del pliego de reformas el cual habla de reformas al artículo 21 Bis de la Ley Electoral y que trata del financiamiento público a las organizaciones políticas.

Los diputados se enfrascaron en una discusión sobre los beneficios y desventajas de aprobar el artículo y sobre la opinión que envió la Corte de Constitucionalidad (CC).

En principio se votó una enmienda por sustitución total para dejar vigente el artículo según lo que había opinado la Corte, pero esta no recibió el apoyo de los parlamentarios.

Inmediatamente después se votó otra enmienda al mismo artículo, pero esta vez hecha por la bancada UNE que mantenía los aportes y distribución como se había propuesto en un principio, también fue rechazada  por los diputados.

Debido a esta situación, algunos diputados de la UNE razonaron su voto e indicaron que la reforma fortalecía el sistema democrático, pero de la misma forma los integrantes de esa bancada  comenzaron a desmarcarse.

Eso provocó que el quórum de 105 diputados —necesarios para seguir la discusión de la Ley Electoral— se rompiera.
Al no haber el número de diputados necesario para seguir con la discusión de la Ley Electoral el presidente del Congreso pasó al punto de mociones y proposiciones.

Este momento fue aprovechado por la diputado Delia Bac, del bloque Alianza Ciudadana, quien argumentó que para evitar que los diputados distritales hicieran el viaje a la capital “por gusto” pedía que se agendara para la discusión en tercer debate de la iniciativa 5300.

La iniciativa 5300 es la que busca reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, la cual ha sufrido duras críticas porque diputados porque da control a los diputados sobre los antejuicios presentados contra funcionarios que están a cargo de la revisión del Congreso.

Por este tema diputados, exmagistrados y juristas, consideran negativo que se quite el filtro de la Corte Suprema de Justicia ya que se podría prestar para chantajes políticos.

Sin embargo, la votación de la moción no superó los 53 diputados a favor y de hecho el periodo de votación quedó abierto mucho más tiempo del que normalmente se hace.

Al no conseguir los votos necesarios, la Junta Directiva rompió quórum por lo que el presidente del Congreso Álvaro Arzú Escobar levantó la sesión.

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El expresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Óscar Argueta manifestó que la Corte se extralimitó en sus funciones porque no dictaminó sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la propuesta de reforma, sino de la conveniencia o parecer de los señores magistrados con un acuerdo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

“Se trajeron una reforma, la más profunda que se había planteado en este país en cuanto a la forma de elegir a nuestras actividades. Lo que quedó dictaminado favorable no cambia el sistema electoral guatemalteco, arregla algunos problemas administrativos que tiene el TSE y los partidos políticos, pero lo de fondo ya no está”, señaló Argueta.

Argueta quien es diputado del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza concluyó al señalar que no hay viabilidad para lograr la aprobación de lo que dejó la CC sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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El subjefe de bancada de Visión con Valores, Juan José Porras señaló que a de pesar que no conocer en un 100 por ciento lo dictaminado por la Corte, considera que la lectura breve es que los consensos que se lograron no fueron del agrado de la CC.

“El tema de los subdistritos y muchos que la misma ciudadanía estaba pidiendo y la segunda vuelta de los alcaldes, la deuda política, se fueron quedando. Yo veo difícil que esto se pueda retomar y priorizar en el Congreso hay que evaluar la opinión consultiva y que hace el Congreso al respecto y pensar en una reforma más integral, entendiendo que los cambios que se hagan son para dentro de cuatro años”, señaló Porras.

Por aparte el diputado Marco Antonio Orozco señaló que los subdistritos era una buena idea porque era generaba representatividad, pero ahora la Corte dice que es inconstitucional.

“Yo creo que el tema más importante que si tiene dictamen favorable está relacionado con el que se refiere a que el secretario general mantiene la cuentadancia, pero los políticos que se negociaron, y cuando digo negociar me refiero a las pláticas que hubo en la comisión, pero las que fueron a petición de la población quedaron fuera”, señaló Orozco.

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“Creo que los magistrados de la CC se dejaron influir por personas que, sí conocen de la Ley Electoral pero que no les convenía, entonces la CC dijo que no, les doy el beneficio que era correcto una de mis propuestas que el secretario general debe renunciar a ese cargo, seis meses antes si va a ser el candidato a la presidencia, para que el dueño del partido no se postule, pero dejaron afuera la segunda vuelta a los alcaldes”, concluyó Linares-Beltranena.

El parlamentario afirmó que sería posible aprobarlo, que es rescatable lo que queda, pero no da tiempo implementarlas en el proceso que se avecina.

La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala señaló que muchas demandas de la sociedad civil quedaron fuera, el tema de los listados abiertos, por ejemplo.

“Al final como las decisiones de la Corte se acatan, no se discuten, no nos queda más que aceptarlas, sin embargo, eso deja una ley electoral como la que ya se tiene. Lamento que las demandas de la sociedad civil quedaron fuera, pero se debería hacer el esfuerzo para aprobarlas en el Congreso”, refirió.

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El 23 de enero el Congreso de la República decidió enviar a la Corte de Constitucionalidad la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para su sanción, por ser una legislación de rango constitucional. Esta semana el Congreso conocerá el dictamen y debe trabajar en sus modificaciones y aprobación.

De acuerdo a la ley, los posibles cambios a la Ley Electoral aplicarán para las próximas elecciones solo si son aprobados antes de la convocatoria a elecciones, que será en enero próximo.

La propuesta fue aprobada en el Congreso sin considerar las propuestas de cambios planteados por el Tribunal Supremo Electoral. Los cambios que dictaminó este lunes la CC fueron recogidos por los diputados a través de mesas técnicas con varios sectores organizados del país.

Dictamen favorable

• Elevar el número de afiliados de 0.30 a 0.50 por ciento del número total de empadronados para no ser cancelados
• Que los secretarios generales departamentales podrán participar en las asambleas nacionales con voz y voto
• Se instituye el voto secreto en las asambleas nacionales
• El cargo de secretario general es incompatible con la candidatura presidencial del partido, por lo que si el secretario general aspira a la presidencia deberá haber hecho efectiva su renuncia al cargo como mínimo seis meses antes de la convocatoria
• Reducir de tres a dos años los cargos en el comité ejecutivo nacional

Dictaminaron desfavorable

• Elevar la deuda política de US$2 a US$3 o su equivalente en quetzales, debido a que no se argumentó sobre el tema.
• La creación de un fiscal informático con más atribuciones, así como nuevas actividades proselitistas.
• Guardar información contable durante cuatro años, así como que los informes financieros ya no los firme el auditor sino el secretario de finanzas.
• Poner un plazo para la inscripción de una asamblea
• Reducir las calidades para ser magistrado del TSE, se mantiene que solo pueden optar al cargo quienes tengan un título de abogado y notario.
• La creación de subdistritos electorales
• La representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente

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“La política de Guatemala ha cambiado muchísimo con relación a los eventos de años anteriores. El ambiente actual está muy apagado, aunque algunos candidatos ya se están saliendo de lo que cita la LEPP”, afirma Mario Estrada, secretario general del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

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Estrada considera que en esta campaña, contrario a otros procesos, cuando se invertían decenas de millones de quetzales, las organizaciones partidarias van a gastar menos fondos, pero a cambio tendrán que hacer propuestas de verdaderos proyectos de nación para ganarse el voto de los ciudadanos. “La campaña va a ser a pie y se deberá tocar los corazones”, expresó.

Elmer Palencia, secretario general del partido Valor, también reconoce que en el actual proceso se respiran nuevos aires. “Hay bastantes variantes en relación con el último evento, principalmente por las reformas de la LEPP emitidas en el 2016.  Como partido político, al igual que la ciudadanía, estamos a la expectativa de experimentar un proceso diferente, con mayor transparencia y apego a las nuevas normativas electorales”, indicó.

Adela de Torrebiarte, tercera secretaria del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), estima que estas elecciones serán particulares porque el tiempo de campaña va a ser de pocos meses. “Además, todos los partidos tendrán las mismas oportunidades en publicidad, desde el más pequeño hasta el más grande. Creo que no se van a gastar millonadas, las personas lo harán por compromiso con el país”, afirmó.

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El secretario general del partido Vamos, Alejandro Giammattei, coincide con sus colegas en cuanto a que algunos partidos están violando la ley haciendo campaña anticipada, por lo que hace un llamado a que respeten lo establecido. “No queda otra, eso fue lo que estipuló el Congreso de la República y hay que respetarlo.  El TSE tiene que velar porque se cumpla la ley, nosotros lo estamos haciendo”, indicó.

Sin reglas claras

Algunas organizaciones políticas critican que hasta el momento el escenario no se encuentra totalmente claro. Existe entusiasmo de participar, pero de alguna manera ha habido falta de información, afirmó Armando Castillo, secretario general del partido Visión con Valores (Viva), quien refiere como ejemplo que hasta hace pocos días el TSE emitió una declaración en la que decía que sí se aceptaría a candidatos que no se hubieran empadronado originalmente en su municipio. Antes de eso había dicho lo contrario.

Otro tema, según Castillo, que les está causando problemas y atrasos es que el Tribunal Supremo Electoral les está pidiendo una declaración de la Contraloría General de Cuentas de la Nación de no ser contratista del Estado y otros documentos que las instituciones gubernamentales no tienen la capacidad de emitir a tiempo, por lo que han pedido al Tribunal que sea enfático en cuanto a solicitar solo lo que es viable. “Todas esas situaciones han causado retraso en la formación de planillas y otros cargos de elección”.

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La secretaria general del partido Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, informó que una de las consultas que presentaron al TSE y que aún no les han respondido es que, según tienen entendido, todos los partidos deben participar en estas elecciones; de lo contrario serán cancelados. “¿Qué sucede si solo se participa con candidatos a alcaldes y diputados? ¿Tenemos que participar con binomio presidencial? Esa duda se mantiene en el ambiente”, indicó.

Giammattei considera que la LEPP es “un chirmol”, porque las modificaciones que sufrió ni los magistrados ni los diputados las entienden. “Casi a diario nos abocamos con el Tribunal por cuestiones que no están claras. Creo que las reformas fueron hechas a troche y moche, por lo que no muestra congruencia; sin embargo, es la autoridad, y hay que respetarla, no nos queda otra”, expresó.

Torrebiarte comparte la incertidumbre que existe a lo interno de varios partidos políticos y considera que esta situación se debe aclarar lo más pronto posible.

La dirigente cita como ejemplo que la Corte de Constitucionalidad envió una enmienda al Congreso de la República en relación con el financiamiento electoral ilícito y aún no se ha resuelto. 

El dirigente de Viva dijo que su partido aplaude todos los controles que está implementando el TSE, lo cual  evitará los cacicazgos que han mantenido el poder e influido en las leyes, pero que también debe cumplir con su papel de facilitador del proceso. “No solo deben poner trabas, sino también deben dar soluciones”, enfatizó.

Mientras tanto, la mayoría de  partidos políticos corre durante estos días para organizar sus bases municipales, convencer a nuevos afiliados, seleccionar a candidatos a las corporaciones, organizar sus asambleas municipales, departamentales y la nacional.

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Ese artículo es el que prohibe el tranfuguismo y a los partidos políticos agregar a sus filas a personas que hayan renunciado a otras organizaciones.

A criterio de algunos diputados y analistas, esta situación provoca que los diputados que hayan renunciado a sus bloques después de la entrada en vigencia de la ley tienen prohibición para reelegirse.

Mario Taracena Díaz-Sol, expresidente del Congreso, afirmó que un grupo de congresistas tránsfugas han mandado un mensaje a jefes de bloque y los miembros de la Junta Directiva para bloquear la agenda durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, que comenzó la semana pasada.
 
“Están mandando un mensaje que no van a pasar absolutamente nada mientras no arreglen lo del transfuguismo”, aseguró el diputado.
 
Incluso hizo referencia que este tema se buscó conocerlo en la sesión plenaria que se celebró el martes y que no se hizo porque no había quórum suficiente. Acotó que si en la sesión de este miércoles hay un quórum superior a 120 diputados “no debería sorprender que intenten pasar” las reformas que quitan el castigo al transfuguismo.
 
“Esto es terrible para el Congreso. Los guatemaltecos fueron bien claros al salir a las calles en el 2015. De las cosas más específicas que señalaron en ese momento fue que no querían tránsfugas y diputados que se vendieran o empresarios que compren diputados, el mensaje fue muy claro”, afirmó Taracena Díaz- Sol.
 
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Afirmó que lo que se hizo en el 2016 fue dejar “enterrado el transfuguismo”. “No se permite durante los cuatro años de una legislatura, pero lo que quieren ellos es abrir la puerta nuevamente y eso sería terrible para la democracia del país. Están bloqueando todo”, enfatizó.

Sería un retroceso

Amílcar Pop, jefe de la bancada Winaq, afirmó que lamenta mucho que se den esos mecanismos de bloqueo a la agenda legislativa y que esta situación es antiética porque cada diputado tiene la obligación parlamentaria de asistir y de contribuir al debate, ya sea a favor o en contra.
 
“No creo que esta sea la ruta adecuada, obviamente hay una discusión en el tema, pero creo que sería grave retroceder en un modelo de transfuguismo cuando fue la posibilidad que tuvieron y en su momento casi destruye el sistema electoral por la posibilidad de poder negociar el cambio de un partido a otro”, afirmó el legislador.
 
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Agregó que esta situación afectaba el sistema democrático porque el transfuguismo hacía que las personas negociarían con estructuras partidarias, alcaldes y  no solamente diputados, actos que generaron muchas dudas y corrupción.
 
“Creo que hemos llegado a un acuerdo importante en el país para evitar el transfuguismo, obviamente en la transición se sacrifica a una generación que es esta, pero creo que es el precio que hay que pagar. Lamento que utilicen estos mecanismos y esperaría que no tengan éxito”, aseveró Pop.
 
Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), acotó que el Congreso es para discutir y debatir y lo más sano es agendar la diferentes iniciativas.
 
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“Hay que discutirlas y debatirlas dentro del pleno del Congreso. No es correcto bloquear el Congreso porque no les agenden algo o porque piensen que no tienen votos,  eso es absolutamente irresponsable”, señaló Fión.
 
El parlamentario dijo que para agendar cualquier tema “hay que hacer la lucha desde la instancia de jefes de bloques para que lo agenden y luego en el pleno, pero nunca bloquear el Congreso”.
 
Alejandra Carrillo, diputada independiente, dijo que “es obvio el malestar de algunos diputados donde se les vulnera el derecho de ser elegidos o de poderse reelegir”.
 
“Creo que desde hace algunos meses se ha evidenciado, luego de presentarse algunas iniciativas de ley, que hay descontento por parte de algunos diputados tránsfugas. Sobre todo por noticias que han circulado en medios de comunicación que confirman que no se pueden reelegir”, recordó la diputada.
 
Carrillo aseguró que esa falta de certeza que se tiene de si algunos diputados se van a poder relegirse o no, lo que genera es duda.
 
“No creo que sea la mejor actitud o postura no avanzar en temas de tanta importancia como puede ser la pensión para las niñas víctimas. Sin embargo, creo que también se tiene que considerar tener una agenda más amplia donde todas las iniciativas estén incluidas”, aseveró la congresistas
 
Señaló que lo idóneo es que los diputados tránsfugas que se quieran reelegir pueda establecer una ruta para aclarar el tema y que “obviamente veremos a algunos diputados que no van a querer aprobar la agenda porque creen que la prioridad es el tema de transfuguismo”.
 
“Esto es entendible, pero creo que deberían tener una postura más responsable en donde evidencien su malestar, porque no creo que le convengan al Congreso posturas infantiles o individualistas en donde se tenga como prioridad la reelección”, concluyó Carrillo.
 

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Luis Alonzo Pernilla, presidente de esa sala de trabajo, había anunciado que entregaría el jueves el dictamen favorable de la iniciativa 5442, presentada por el diputado Luis Hernández Azmitia, pero no tuvo éxito.

Al preguntarle a Alonzo  cuándo buscaría que más legisladores firmaran el dictamen, respondió: “Posiblemente será este viernes, porque los diputados tienen que venir al pleno y se podrá hacer”.

Posturas

Enrique Álvarez, del bloque Convergencia y miembro de la sala de trabajo, indicó que, como bloque, no apoyan la despenalización del transfuguismo, pero sí existe un alto interés en muchos diputados.

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Juan José Porras, del bloque Visión con Valores, expuso: “La Corte de Constitucionalidad ha hablado de que la reelección es permitida, pero el tema de fondo es si se puede reelegir con otro partido. Esto ha generado dudas y aparentemente tampoco se le consultó a la Corte, y eso ha generado recursos legales”.

Dictamen

La reforma promovida quedaría así: “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política, prohibición que será aplicable por tres años a partir de realizada la elección general”.

Hoy en día la prohibición es permanente.

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Según su acuerdo de creación, la presidencia de la comisión será del bloque que “de conformidad con la Ley Orgánica del Legislativo” le pertenezca. Según miembros de la Directiva, quien debe decidir a qué bancada se le asignará la sala es la Dirección Legislativa.

Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hizo  una consulta a la Dirección Legislativa para saber qué bloque debe nombrar al presidente de la mencionada comisión y explicó que hay dos caminos para ello.

El primero sería que esa sala sea considerada  como una ordinaria y por lo tanto sería  la número 39 en la lista actual, por lo que tendría que ser presidida  por el bloque Encuentro por Guatemala (EG) o por Unión del Cambio Nacional (UCN), debido al sistema de minorías y porque ambos tienen seis diputados.

Pero si se toma el criterio de que es una comisión extraordinaria, es la número uno, y “según lo que dijo la CC el año pasado, cuando se otorgó un amparo por la creación de estas salas, se debe distribuir con el mismo criterio de las ordinarias y la presidencia la tendría la bancada mayoritaria, porque el sistema debe volver a comenzar”, en este caso la oficialista, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Se desmarcan

Javier Hernández Franco, jefe de FCN-Nación, fue consultado sobre si ya analizaron si se quedarán con la comisión extraordinaria y contestó: “Hay un vacío legal para saber quién presidiría. A nuestro criterio debería ser otra bancada la que lo haga”.

Sin embargo, agregó que en la sesión de  jefes de bloques harán ver que consideran que no es la bancada oficial la que debe presidir la comisión.  “No queremos malos entendidos y que alguien diga que la queremos para legislar en favor de nosotros”, dijo.

Julio Lainfiesta, jefe de UCN, indicó que no han analizado si ellos son los que presidirán la comisión porque en este momento “todos son supuestos”.

Adelantó que “todos los diputados de UCN ya pertenecen a cuatro comisiones”, por lo que no podrían integrar ninguna otra, a menos que renunciaran a una.

Lainfiesta prefirió  no dar más declaraciones porque aseguró que no le “gusta hablar de supuestos”. Afirmó que hasta que haya algo oficial se pronunciará.

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Nineth Montenegro, jefa de EG, considera que esa interpretación hace que las reglas sean cambiantes y recordó que ellos, en un principio, cuando tenían siete integrantes, tenían tres comisiones y  cuando perdieron uno solo tuvieron una.

Cree que al utilizar el sistema de minorías la sala debería ser para los bloques con más miembros y recordó que el año pasado hubo una disputa similar por la sala de Migración, la cual quedó en manos del bloque Todos, por lo que cree que debe  ahora debe hacerse algo parecido.

Agregó que los diputados de la bancada ya están en comisiones distintas y no saben si podrán integrarla.

Ronald Arango, de Todos, respecto de lo afirmado por Montenegro, dijo que esta es una comisión distinta a las extraordinarias y tiene que ser integrada por todos los bloques. En cuanto a la presidencia señaló que “deberán decidir los jefes de bloques”.

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La comisión tiene como objetivo estudiar la sentencia del expediente 2951-2017, brindar participación a diferentes sectores de la sociedad y posteriormente “producir el proceso legislativo” para hacer las reformas al referido texto.

Según el acuerdo, en la siguiente sesión plenaria, el bloque legislativo al que le corresponde, de conformidad con la Ley Orgánica del Legislativo, señalará el nombre del diputado que presidirá la Comisión.

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Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, fue consultado para saber qué bloque legislativo tendrá la presidencia de la nueva sala y respondió que ese análisis lo deberá hacer la Dirección Legislativa y luego notificar al bloque correspondiente.

Destacó que desde las reformas a la Ley Orgánica del Legislativo las comisiones ahora se distribuyen de forma proporcional, pero que “todos los bloques tienen la oportunidad de integrarla”.

El acuerdo dice que quien vaya ser el presidente de la sala de trabajo tiene cinco días hábiles para presentar por escrito los hombres de los congresistas que la integrarán.

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La comisión tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, desde el momento de su creación, para presentar la iniciativa
correspondiente y dentro del plazo de ley “el dictamen correspondiente”. Cuando lo haga la sala extraordinaria cesará sus funciones.

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