Buscan pistas de estructura que se apodera de inmuebles y gestiona créditos que no cancela

El MP efectúa diligencias en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango relacionadas con investigación contra estructura criminal que se apodera de inmuebles en desuso.

César Pérez Marroquín y Lucero Sapalú

30 de enero de 2025 | 18:00h

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Fiscales del MP efectúan diligencias en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Cortesía MP)

Fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron una diligencia en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, en busca de información que contribuya con la investigación que se desarrolla en contra de una estructura criminal que se apodera de inmuebles, que luego da como garantía para tramitar créditos que no son cancelados, informó este jueves 30 de enero la Fiscalía.

Dicho procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango en coordinación con la fiscal de la Región ocho Occidente, y como resultado de este se secuestraron 20 expedientes registrales, los cuales, según el MP, son de interés para la investigación en curso.

Añadió que los expedientes serán sometidos a las pericias correspondientes, para profundizar en la investigación.

“De conformidad con la denuncia que dio inicio a la investigación, una estructura criminal dedicada a apoderarse de bienes inmuebles en desuso en el departamento, faccionaba instrumentos públicos de compraventa, presuntamente falsificando firmas y sellos de notarios, para luego, amparándose en dichos documentos y una vez inscritos en el referido Registro -de la Propiedad-, acudir a entidades financieras para solicitar créditos, los cuales posteriormente no eran cancelados”, señala el MP.

Dado a que la investigación está en curso, el MP no profundizó detalles sobre si ya individualizaron a presuntos integrantes de dicha estructura.

Tampoco reveló si esa estructura está integrada por particulares y funcionarios que facilitan los trámites de la documentación irregular.

Además, no se precisó si por este caso ya hay personas detenidas.

Datos actualizados al 30 de junio del 2023 en el Termómetro de la Propiedad que emite esa entidad, refieren que del 2006 al 2014 fueron declarados en proceso catastral 54 mil 964.97 kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo en 15 mil 997.17, un 14.69% del territorio nacional, ya finalizó el proceso, lo que ocurrió entre el 2016 y el 2023; en el 2018 fue cuando más se avanzó, con 9 mil 908.80 kms2.

Eso significa que aún hay 85.31% del territorio nacional que no se encuentra catastrado y un 49.52% está pendiente de ser declarado en proceso catastral, se refiere en el informe.

Según el Termómetro de Propiedad de 2016 al 30 de junio de 2023, se declaró un promedio de 2.25 municipios por año como zona catastrada. Los nueve departamentos que se han declarado en proceso catastral son Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Quiché, Sacatepéquez y Zacapa, según el observatorio.

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Al ser consultada la coordinadora ejecutiva del ODP, Andrea Cáceres, a qué se debe que el departamento de Guatemala no esté dentro de estos, respondió que este no ha sido declarado en proceso catastral y son decisiones que toma el consejo del Registro de Información Catastral (RIC), así como el inicio del proceso, que es el levantamiento catastral. “Es necesario seguir con el resto de áreas y lo más idóneo es que se finalice lo que ha sido declarado en proceso, para después proceder a más declaratorias”.

Explicó que cada municipalidad puede tener su unidad de catastro sin ser lo mismo que el RIC. En el caso del departamento de Guatemala, la municipalidad de Guatemala tiene información adecuada y significativa que los usuarios pueden ver de forma digital.

Para qué sirve

Cáceres explicó que la ley de creación del Registro de Información Catastral establece sus funciones, de las que diversas actividades se pueden ver beneficiadas, como la promoción e inversión y el desarrollo económico porque brinda seguridad jurídica a inversiones nacionales y extranjeras al garantizar que los inmuebles están legalmente protegidos. Ello genera empleo, aumenta la productividad y genera un entorno más propicio para el desarrollo económico.

Otro beneficio es el tema de la planificación, que les sirve a los municipios para una mejor toma de decisiones sobre desarrollo urbano, infraestructura y servicios básicos, ya que en el Código Municipal se establece la obligación de crear un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a lo que ayuda un catastro finalizado.

“Lograr el registro catastral es uno de los temas más importantes respecto a los derechos de propiedad, que es la base para la libertad económica”, expuso Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Cuando se observan las limitantes a la atracción de inversión extranjera, la falta de certeza jurídica es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, agregó el ejecutivo al explicar que incluso en el Índice de Libertad Económica, el subindicador de derechos de propiedad es uno de los más rezagados en el país, derivado de la falta de titulación de muchos terrenos.

El puntaje de libertad económica de Guatemala para el 2023 es de 62.7, lo que la sitúa en la casilla 64 a nivel mundial, mientras que en el ámbito regional está en la casilla 13 de 32 países y ha disminuido en los dos años recientes, ya que en el 2020 y 2021 se ubicó con 64 puntos; en el 2022, con 63.2. Aunque sigue siendo levemente mejor que el promedio mundial y regional.

El Índice se calcula como un promedio simple de 12 libertades diferentes clasificadas en 4 grandes grupos. En el que se refiere al estado de Derecho se encuentra el de derechos de propiedad que tiene 39.2 puntos, según el informe de; efectividad judicial tiene 28.5 puntos y el de presencia de corrupción, 24.9, según datos brindados por Fundesa.

“Avanzar en tener mayor capacidad de demostrar la propiedad y de tener títulos de propiedad es un avance importante para el país, que debe acelerarse y continuar”, señaló.

Sobre el impacto que podría tener el avance o el estancamiento del catastro en la competitividad local o el desarrollo de ciudades intermedias, Zapata explicó que en la medida en que un municipio tenga mayor capacidad de catastro y títulos de propiedad, atraerá más inversión, generará más oportunidades y fortalecerá la capacidad del municipio de crear más empleo.

“También es muy importante en las ciudades intermedias porque es en donde se ha avanzado menos, pero se debe seguir en los procesos para poder fortalecer la propiedad privada en el país”, añadió.

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Las fases

El proceso catastral tiene diversas fases, y antes de declararlo así, se tiene que pasar por etapas previas en las que el RIC realiza ciertas investigaciones, explicó Cáceres. Luego, el consejo del registro prioriza qué se realizará del proceso, que incluye actividades de investigación tanto físicas como jurídicas, comunicar públicamente esa declaratoria y dar a conocer a los propietarios que van a desarrollar esas actividades, para que brinden información.

El trabajo debe acompañarse de una estrategia de comunicación para socializarlo por diferentes medios y en los idiomas que se hablen en cada zona, con el apoyo de alcaldes y autoridades correspondientes; el proceso inicia 100 días después de esa declaratoria y se empieza el levantamiento de información en campo.

Las labores incluyen la visita de los técnicos del RIC a cada predio con una ficha técnica en la que hacen constar cierta información como  los datos de las personas, dirección, datos del registro, circunscripción local, municipal y departamental, y otros. Es como un censo del predio, se le asigna un código catastral y posteriormente, la unidad de análisis jurídica catastral hace un estudio para levantar los datos y si hay coincidencia o no entre el predio y la persona, se analiza la situación jurídica y se dictamina si el predio es regular o irregular.

El proceso catastral, según el Decreto 41-2005 que contempla la Ley del RIC, se puede dividir en las siguientes fases principales, explica el observatorio:

• Investigación Registral y Actividades Previas: Es la fase preparatoria e incluye la investigación documental en el Registro General de la Propiedad y el diagnóstico registral.
• Establecimiento Catastral: Definir y declarar Zona en Proceso Catastral; levantamiento Catastral; análisis Catastral; análisis Jurídico; declaratoria de Predio Catastrado; Zona Catastrada.
• Mantenimiento Catastral: Conjunto de actividades técnico-jurídicas y administrativas permanentes y necesarias para inscribir en el Registro de Información Catastral de Guatemala y en el Registro de la Propiedad, los cambios relativos al predio y al propietario, respectivamente. El mantenimiento catastral se implementará a todos aquellos predios cuya declaración haya alcanzado firmeza y a los que nazcan de éstos; cualquier actividad inherente al traslado de derecho real o de posesión, así como las modificaciones al objeto o sujeto de los mismos.

Recomendaciones e importancia

En el 2022, dicho Observatorio recomendó dar prioridad a la preparación y finalización del catastro, con mecanismos de georreferenciación confiables y adecuados para la época. Adicionalmente, se hizo hincapié en que es necesario mantener un catastro actualizado y una coordinación automática entre el catastro y el Registro de la Propiedad.

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Este año, en el Termómetro se refiere que el RIC necesita un respaldo sólido de recursos y apoyo para asegurar su mejora continua y la finalización exitosa del catastro nacional.

El reto más importante será terminar con las fases de establecimiento y mantenimiento del catastro nacional, ya que es una tarea ardua y que necesita de la cooperación interinstitucional y del sector privado, refiere José Roberto Turcios, de la firma Turcios y Asociados, opinión incluida en el documento Artículo 21, emitido por dicho Observatorio en el 2023.

El experto menciona la importancia de que un Estado cuente con un buen Registro de Información Catastral como: La correcta identificación de propietarios y ubicación de bienes; el RIC puede ser una gran herramienta de regularización de la propiedad; gestión del territorio; recaudación de impuestos; y una herramienta auxiliar para los jueces. Este último permitirá a los jueces contar con un sistema más fiable para verificar la existencia previa de dueños de áreas de terreno que se titulan supletoriamente de manera recurrente en los juzgados civiles, cita el experto, según el documento en mención.

José Fernando Orellana, coordinador de Comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad, informó que de acuerdo con el reporte que evaluó a 129 países, Guatemala obtuvo un puntaje en el IPRI 2022 de 4.02 sobre 10. Con este resultado, el país registra un deterioro de su calificación por sexto año consecutivo. La media mundial de este indicador es de 5.19 puntos.

El IPRI es un estudio comparativo acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de propiedad en el desarrollo económico de los países y evalúa tres aspectos: el entorno político y legal, los derechos físicos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual. La escala general de calificación del índice es de 0 a 10.

Deterioro permanente

Con la nota obtenida este año, Guatemala se ubicó en el puesto 103 de los 129 países evaluados. En 2021, ocupó la posición 95, en relación con el mismo número de naciones estudiadas.

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Según Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio, la puntuación del país se deterioró por sexto año consecutivo, y de 2017 a 2022 cayó 1.06 puntos: En 2017, el IPRI fue de 5.08; en 2018, 5 puntos; en 2019, 5.01; en 2020, 4.96; mientras que en 2021, 4.72.

Y detalló que en el componente relacionado con el entorno político legal, que analiza la independencia judicial, el estado de derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción, el puntaje fue de 3.37.

En derechos de propiedad física, que evalúa la protección de esta, el registro de propiedad y el acceso a financiamiento, la puntuación fue de 4.57. En materia de derechos de propiedad intelectual, relacionada con patentes, derechos de autor y marcas, la calificación obtenida fue de 4.13 puntos de 10.

Caso de estudio

Durante la presentación del Observatorio de Derechos de Propiedad, se dio a conocer el primer caso de estudio de Guatemala en el IPRI titulado “La Crisis Oculta de los Derechos de Propiedad en Guatemala: Un Problema de Falta de Acceso a la Justicia, Certeza del Sistema de Registro de la Propiedad y Crimen Organizado”.

La investigación identificó y comprobó la falta de acceso a la justicia en el país, ya que determinó que entre 2017 y 2021, el Ministerio Público (MP) reportó 20 mil 596 denuncias penales por delitos relacionados con invasiones de propiedades. Esto representa un promedio anual de 4,119 en esta materia, rango que se ha mantenido durante más de una década.

En cuanto a la incertidumbre en el sistema de registro, en Guatemala han proliferado estructuras criminales dedicadas a realizar actividades de robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro de la Propiedad. En estas estructuras operan notarios o imitadores, quienes autorizan contratos fraudulentos y tramitan las inscripciones anómalas. Entre 2016 y 2020, se presentaron aproximadamente 566 denuncias anuales por estos delitos.

Otro factor identificado, entre los que vulneran el derecho de propiedad es el crimen organizado, por lo que la entidad analizó y comparó información del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado de Guatemala para verificar que en 7 de 22 departamentos, coincide la correlación entre las usurpaciones, el robo de energía eléctrica y el narcotráfico.

Otto Kuhsiek, integrante del Consejo Económico y Social (CES), opinió que resolver esos “cuellos de botella” que tiene el sistema de justicia es un serio problema que obstruye el desarrollo económico del país. “Para un inversionista extranjero, estos datos son importantes porque nos ubica en el contexto de las naciones con o sin certeza jurídica para su inversión”, indicó.

“En concordancia con la política criminal del Estado, se han tomado las acciones pertinentes creando una unidad especializada para investigar este tipo de delitos, así como una fiscalía que conoce los delitos de usurpaciones. El trabajo se coordina con otras instituciones, pero las pericias, por la naturaleza científica, necesitan tiempo para dar resultados y en otras ocasiones, nos encontramos con el obstáculo de no contar con los elementos idóneos para realizar las comparaciones”, dijo Carmen Maldonado, agente fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

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Según resultados del Segundo Termómetro de la Propiedad, en el que se analizaron los delitos contra la propiedad inmueble en Guatemala, en el último quinquenio se ha presentado un promedio anual de 3 mil 942 denuncias por ese tipo de delitos a nivel nacional.

Por ejemplo, en el 2017 el año se registraron 3 mil 767 casos y en el 2019, subieron a 4 mil 142. El estudio fue elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad y concluyó que por cada 100 de esas denuncias, únicamente 30 logran una sentencia o una salida alterna.

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Entre los principales hechos está en primer lugar la usurpación, seguido por la alteración de linderos, usurpación agravada y perturbación de la posesión. Los departamentos en donde se presentan más denuncias son Huehuetenango, Guatemala, San Marcos, Alta Verapaz y Quetzaltenango.

Sin embargo, al calcular el promedio anual, la incidencia incluye a Baja Verapaz y Zacapa, donde se reporta un promedio de 74 denuncias por cada 100 mil habitantes, seguidos por El Progreso con 49, Huehuetenango con 42 y Jutiapa con 40.

Alarmante número de desestimaciones

Por otro lado, en los últimos 5 años se ha desestimado el 63% de las denuncias, debido principalmente a que los fiscales del Ministerio Público a cargo consideran que no existen elementos probatorios para solicitar un proceso penal y recomiendan al juez que se ordene la baja.

“Es importante resaltar este punto, ya que se trata de una cantidad considerable de denuncias desestimadas, por lo que es necesario determinar cuáles son los motivos”, enfatizó José Orellana Wer, coordinador de Comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad.

Por lo general, se establece que se trata de denuncias espurias o los fiscales creen que son casos civiles y no penales, pero es un tema al que se debe prestar atención, enfatizó el ejecutivo.

En números concretos, en el 2016 se desestimaron 1 mil 572 denuncias de 3 mil 900; y en el 2020, cerraron 2 mil 957 procesos de un total de 4 mil 39. Es decir, que solo alrededor de mil denuncias se empezaron a investigar el año pasado.

En cuanto a las sentencias, de cada 100 denuncias que se presentaron en el 2016 solo se alcanzaron 21 salidas alternas y una sentencia firme, mientras que en el 2020 se lograron 29 salidas alternas y otra sentencia. “Estamos hablando de una proporción pequeña en relación con la cantidad de denuncias que se presentan, las que se desestiman y las que logran salidas alternas o una sentencia”, enfatizó.

El Observatorio de la Propiedad recibe información de algunos casos y el objetivo es analizar los testimonios de las personas para detectar cuáles son sus mayores problemas y dentro de la gama de casos que se ha recibido, se analizó una tendencia de “entrampamiento” ya sea en la etapa de investigación o bien a nivel del Organismo Judicial y los procesos no avanzan.

Según las conclusiones presentadas en el Segundo Informe de Hallazgos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, y de acuerdo con la legislación guatemalteca, cada proceso debería durar de 251 a 341 días. Sin embargo, puede llegar a un promedio de 817.

Distintos escenarios

En opinión del abogado Alejandro Balsells Conde, existen varios escenarios y realidades distintas en el tema de las violaciones contra la propiedad de inmuebles. El primero es la falta de cultura de denuncia y las personas, incluso permiten que les roben sus propiedades; otro es que se omite la denuncia penal; y el último es el de quienes acuden a lo penal y no encuentran solución a su problema.

“Creer que solo los casos penales existen es un error. Es un tema nacional y la situación es espantosa porque las víctimas sienten temor y no existe una autoridad que esté preocupada viendo el tema”, expresó.

Ancianos, herederos, migrantes, menores, personas discapacitadas y viudos son los principales objetivos de los delincuentes, sin importar la ubicación del bien, y al sistema jurídico no le interesa. Primero, por indolencia y luego, no le importa generar certeza, señaló el profesional.

“Esa cantidad de denuncias significa que detrás de los casos existe toda una estructura criminal y el sistema no responde”, enfatizó Balsells.

Para el abogado, los delitos de usurpación tienen un componente social porque existen estructuras de poder que están “robando propiedades”, como comúnmente se le llama a este delito, y el Registro de la Propiedad carece de efectividad para evitar esos abusos.

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“Los guatemaltecos tenemos un monumento dedicado a la indolencia administrativa y este se llama Registro de Información Catastral -RIC-, que supuestamente para el 2021 debería tener a todo el país catastrado, pero los alcances son pocos o nulos”, señaló.

Además, existe un Registro General de la Propiedad en la capital y otro en Quetzaltenango, sus raíces las encontramos en la Revolución Liberal de 1871 y ambos se rigen, para la mayoría de sus operaciones, por el Código de Notariado de 1946 y el Código Civil de 1963. Con este régimen legal, poco puede hacer porque se trata de leyes obsoletas, resaltó.

Para Orellana Wer, la normativa vigente garantiza una protección amplia a los derechos de propiedad, pero el problema radica en la falta de acceso de la justicia y la poca certeza de castigo.

“En Guatemala, y este es nuestro mayor peligro, el derecho humano a la propiedad privada tiene tantas amenazas como los demás, léase vida, libertad e igualdad, si hablamos de los individuales; o trabajo, salud, familia y educación, si se trata de los sociales; eso muestra su vulnerabilidad.

El Salvador y Costa Rica cuentan con sistema de registro centralizado que garantiza mucho mejor los derechos de propiedad y es absurdo pretender atraer inversiones extranjeras o explicar a los responsables la sugerencia de “inmovilizar los bienes” porque se los pueden robar”, concluyó Balsells.

Delito afecta otros indicadores

Paulo de León, director de Central American Business Intelligence (Cabi) confirmó durante una actividad en la Cámara del Agro que las víctimas de invasiones no son solo fincas o empresas, sino también propietarios de casas, terrenos y bodegas, entre otros.

“Según las denuncias que registra el Ministerio Público, las invasiones a la propiedad van en aumento y las empresas del sector agro son víctimas de invasiones que duran años, aparte de que suceden manera violenta, causando daños a la propiedad, a las personas y a las autoridades”, dijo.

Según la Secretaría de Asuntos Agrarios, estos hechos se concentran principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén. “Las autoridades de justicia no están garantizando el derecho a la propiedad en Guatemala. Y esto afecta en los indicadores de competitividad y por la tanto, la inversión, crecimiento y empleo. Solo con hacer cumplir la Ley y garantizar el derecho de propiedad, la economía de Guatemala podría estar creciendo 0.6% más cada año”, estimó De León.

El Registro responde

Prensa Libre solicitó una opinión sobre el tema al Registro General de la Propiedad y a continuación se presentan las preguntas formuladas, así como las respuestas institucionales recibidas:

¿Cómo analiza los datos sobre las denuncias contra la propiedad inmueble a nivel nacional?

Es posible que actualmente existan grupos delincuenciales, que se aprovechan de la buena fe o falta de conocimiento de la población guatemalteca, que han aprendido a utilizar de mala manera la fe pública notarial, con la finalidad de despojar de sus bienes a los guatemaltecos, por lo cual me perece de suma importancia que se denuncie ante el Ministerio Público todos estos casos, con la finalidad de que, por medio de una labor investigativa, puedan ser presentados los casos concretos a los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Algunas de las críticas son que el problema de las violaciones contra la propiedad inmueble se originan en el mismo Registro de la Propiedad ¿qué opina al respecto?

Nos encontramos en un país libre, en el cual se garantiza el derecho de expresión, por lo cual son respetados todos los comentarios. Sin embargo, sería interesante saber de dónde concretamente provienen tales críticas, ya que de forma oficial no se nos ha hecho saber algo concreto.

Es importante mencionar que esta administración ha estado comprometida con garantizar la certeza y seguridad jurídica que la normativa jurídica establece. En  tal  sentido,  hemos  implementado acciones  administrativas  y  tecnológicas,  que  involucra  tanto  al funcionamiento ordinario del Registro General de la Propiedad, como acciones en conjunto que involucran a otras instituciones públicas y privadas como el Ministerio Público, Registro de Información Catastral, Bienes del Estado,  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, entre otras, con las cuales se han firmado convenios o acuerdos interinstitucionales, con la finalidad de garantizar los dos principios legales, previamente indicados.

Aunado a lo anterior, la institución ha promovido la inmovilización de bienes inmuebles, buscando mecanismos tecnológicos que puedan usarse en beneficio de la seguridad registral, así como brindar al usuario la posibilidad que se le notifique por medio de un mensaje de texto, al usuario en caso de que su bien inmueble sea ingresado a la operación registral.

Asimismo, se ha implementado tecnología dentro de la institución, con la finalidad de mantener la transparencia y eficacia en la institución, entre los cuales le puedo mencionar, certificaciones en línea, con las cuales el usuario puede solicitarla desde la comodidad de su casa u oficina, y las mismas se hacen llegar de la misma manera, el aviso notarial a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles y el aviso notarial a la municipalidad de Guatemala, ambos se pueden realizar en línea por medio de plataformas tecnológicas, entre otros.

Otros de los comentarios se refieren a las leyes obsoletas que poco garantizan esa protección. ¿Cómo analiza este punto?

Es importante indicar que el Derecho es una ciencia que va evolucionando a través del tiempo. En el caso del derecho notarial, debemos recordar que la normativa que rige la mayoría de las actuaciones notariales, Código de Notariado, Decreto 314 el cual entró en vigencia de conformidad con el artículo 112 del referido cuerpo legal el 1 de enero de 1947.

Por lo cual, junto con la Comisión Nacional Registral, se hacen los esfuerzos constantes de realizar estudios jurídicos respecto al tema y proponer reformas que buscan brindarnos mejores herramientas para garantizar la certeza y seguridad jurídica.

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¿Qué acciones contempla el Registro de la Propiedad para brindar mayor certeza y protección?

Hace unos días capturaron a una señora afuera del Registro de la Propiedad por los delitos de falsedad ideológica, uso de documentos certificados y caso especial de estafa, quien pretendía vender una propiedad ubicada en el departamento de Escuintla, la cual habría sido adquirida con anterioridad de forma ilícita, y que por medio de las pesquisas se estableció la existencia de una denuncia por el despojo del inmueble ingresada por el propietario en el 2012.

Hemos realizado esfuerzos desde el primer día de esta administración, para garantizar la certeza y seguridad jurídica, y debido a los esfuerzos trabajados con instituciones como el Ministerio Público, buscamos la mejora continua para el beneficio de la población guatemalteca.

Aunado a los esfuerzos ya realizados, me permito indicarle que, dentro de las acciones a corto, mediano y largo plazo, se encuentran involucrar aún más la tecnología, dentro de los procedimientos que realiza el Registro General de la Propiedad, así como mantener el estudio continuo de la legislación guatemalteca, para promover propuestas a los órganos correspondientes.

Como lo evidencian las acciones tomadas por esta administración, nuestro principal objetivo con la población en general es brindarle la certeza  y  seguridad  jurídica,  que  se  encuentra  dentro  del  actual marco legal, por lo cual instamos a la población y colaboradores de esta dependencia, a que se unan a este esfuerzo institucional de no tolerar acciones ilícitas, ni actos contrarios al derecho legítimo de la propiedad por lo que les exhortamos a que denuncien cualquier sospecha de despojo de su propiedad o de sus vecinos.

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Representantes de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacovi) y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) confirmaron a Prensa Libre atrasos en las operaciones de escrituraciones.

Principales razones

“Los problemas que se generan tienen su origen en el tiempo que se demora actualmente el Registro de la Propiedad para realizar las inscripciones con las operaciones relacionadas al giro del negocio inmobiliario y del FHA”, explicó Carol de Martinez gerente del FHA.

Mencionó que la secuencia del proceso está generando atraso desde la entrega del inmueble al comprador, así como la emisión del Seguro de Hipoteca.

Es decir, las nuevas unidades habitacionales que salieron al mercado no se han podido entregar a los futuros propietarios –que realizaron preventa– por no contar con la escrituración: registrar el número de finca, folio y libro, y que es el documento legal para emitir el seguro.

Bloqueo financiero

Simultáneamente, existe una presa pendiente de facturación por la compraventa de las unidades de entre Q800 a Q1 mil millones por los desarrolladores y bancos del sistema, según las proyecciones de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), al observar el problema desde el punto de vista macro.

Se calcula que, en promedio, la facturación mensual de viviendas que deben registrarse es de Q100 millones, y en el primer bimestre ya se observa una caída producto de la finalización del ejercicio 2020.

Aunque el lastre viene desde el aparecimiento de la pandemia en marzo del 2020 y las medidas restrictivas, el problema se ha acentuado en los últimos dos trimestres –octubre a diciembre y enero a marzo–, según la apreciación de los usuarios.

Al consultar al Registro de la Propiedad admiten esos retrasos y señalan que “de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales 2013, modificado, reformado y actualizado, los operadores deberán salir de vacaciones en los meses de noviembre, diciembre y enero; por lo que la presa de documentos se incrementó en los meses indicados; además de guardar el distanciamiento social, resguardando la salud de nuestros trabajadores, siempre prestando nuestro servicio de forma continua y de una forma segura tanto para el usuario como trabajadores del Registro”.

Un desarrollador citó un ejemplo que una persona había adquirido un apartamento -preventa- en julio del 2020, con la entrega de su enganche, pero al no escriturarse en el tiempo estableció en el Registro, perdió su empleo, y reclamó la devolución de su dinero.

Pero con la escrituración, esta persona hubiera tenido al derecho del seguro de desgravamen con el FHA, pero no sucedió, dijo Juan Pablo Estrada Domínguez, vicepresidente de Anacovi.

Efecto cadena

De Martínez resaltó que hay dos partes del proceso en el cual todos los involucrados –Anacovi y sistema financiero– están siendo afectados en vista de que la primera es la operación de las desmembraciones y constitución de régimen de condominio para vivienda y la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal y reglamento en el caso de edificios.

Enfatizó que, al no tener dichas operaciones, no se pueden obtener las fincas filiales que deben consignarse al momento de formalizar un crédito.

Por lo anterior, resaltó que, al no poder formalizar la escritura traslativa de dominio y emisión de cédula hipotecaria a favor del comprador, el desarrollador no puede recuperar su capital, que en la mayoría de las veces es con financiamiento bancario, lo que implica un incremento en el costo financiero por los tiempos adicionales.

“Actualmente, el proceso se extiende hasta tres veces más que el tiempo que usualmente demoraba en el pasado. De igual manera, el FHA no puede emitir el seguro de hipoteca en tanto la compraventa con emisión de cédula no se encuentre gravada y por ende no se puede realizar el cobro de dichas primas del seguro, la cual está teniendo repercusiones negativas para todos los actores del sistema”, remarcó de Martínez.

Registro no se acopló

Juan Pablo Estrada Domínguez, vicepresidente de Anacovi, resaltó que hay tres aspectos específicos que están afectando el negocio de los desarrollares, al FHA y sistema financiero por el desempeño del Registro que no se ha acoplado en sus operaciones, y no están laborando al ritmo que traían prepandemia.

En el último año hay un sufrimiento en la agilidad y tiempos y creemos que están trabajando en 40%, destacó el directivo.

El siguiente problema es la limitación en los horarios de atención a las personas que hacen los trámites, ya que la disposición es trabajar por medio de citas. Pero el verdadero bloqueo, según el directivo, es el tema de criterios que se ha salido de control.

Un operario aplica un criterio, y otro no acepta la escritura igual, porque tiene otro criterio, y asociado a que no se revisa todo el expediente en una sola “corrida” todos los errores del expediente para corregirlo de una sola vez.

“Un proceso que duraba un mes ahora dura un mes y tres semanas, se acepta, pero este último factor, de un mes con tres semanas se tiene que pasar cinco veces en vez de una sola vez y ese esa la problemática”, puntualizó.

Déficit de personal

Al consultarse a las autoridades del Registro, admitieron que hay un déficit de personal que la institución requiere para su funcionamiento, y en el caso particular de la operación registral, debido al distanciamiento social y la edad de los operadores se cuenta con aproximadamente 35% del total del personal, quienes tienen la función de ser el primer filtro, análisis registral de los expedientes que ingresan, lo cual causa un retraso en el ámbito registral, según la respuesta comunicada.

“El personal del Registro General de la Propiedad no es inmune al covid-19, por lo que también hemos tenido operadores y Registradores Auxiliares suspendidos por haber adquirido el virus que nos agobia actualmente”, precisaron las autoridades.

Menos operaciones

El resultado de la emisión de Seguros de Hipoteca a febrero último registra una caída del 49% con respecto a febrero del 2020, que equivale a unos Q247 millones menos en seguros, informó el FHA.

“Para lograr la reactivación económica del país es necesario que todas las Instituciones realicen los esfuerzos necesarios dentro del ámbito de sus respectivas competencias, encaminados a realizar un trabajo eficiente y eficaz”, agregó de Martinez.

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Nils Leporowski, presidente del Cacif, indicó que diariamente se presentan seis denuncias por usurpación; sin embargo, señaló que en ese número no se incluyen otros delitos en contra del patrimonio y que contempla el sistema de justicia. Su visión es que si se agregara esa cantidad “seguramente sería mayor”.

El presidente del Cacif calificó de “vergonzoso” y “aberrante” la manera como se vulnera ese derecho, y afirmó que hay ejemplos vigentes que preocupan al sector privado por la falta de acción para cumplir órdenes de desalojo donde se evidencia “falta de articulación interinstitucional”.

“El sentimiento es de impotencia al observar cómo pasan los años y no se ejecutan los desalojos autorizados por juez competente, no se coordinan las instituciones y solo se señalan unos a otros”, manifestó.

Afirmó que el problema no es solo del propietario, sino que el impacto llega a toda la población, al evidenciar pérdidas de empleo y de rentabilidad por el freno a la producción.

Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, señaló que existe un subregistro de casos porque la desaparecida Secretaría de Asuntos Agrarios —cesada en funciones en 2020—, registró que al 2018 existían cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupadas de forma irregular y, en promedio, reportaban unos 240 conflictos anuales derivados de esas ocupaciones.

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Sellan alianzas

La iniciativa se presentó de manera oficial ayer y cuenta con el respaldo institucional del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Además, tiene como objetivo promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad, utilizando fuentes de información oficial que permitan transparentar y coadyuvar el actuar de la institucionalidad pública a cargo de garantizar estos derechos.

Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público (MP), el Centro de Defensa a la Constitución (Cedecón), el Registro General de la Propiedad, y el Segundo Registro de la Propiedad fueron parte del anuncio inicial del observatorio.

Consuelo Porras, fiscal general del MP, reiteró el compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía, y volvió a ofrecer la creación de una fiscalía especializada para atender esos casos.

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Entrevista

 “Es necesario hacer un diagnóstico de los casos”

José Fernando Orellana Wer, coordinador de comunicación del Observatorio de los Derechos de Propiedad, habló con Prensa Libre.

¿El observatorio recibirá denuncias de casos de violación a la propiedad privada?

Correcto, para poder armar la base de datos se recibirán denuncias de toda persona que considere se hayan vulnerado sus derechos a la propiedad privada, sea o no socio de Cacif.

¿Cuál es el objetivo de recibir las denuncias?

Las denuncias se recibirán en la página web: observatoriopropiedad.org/denuncia/, donde la persona afectada podrá llenar un formulario y colocar todos los datos que se solicitan, incluso, el número de denuncia ante el MP u otros órganos competentes.

El objetivo es poder evaluar cada caso, hacer un diagnóstico para determinar el tipo de delito, luego acercarse con la persona y preguntarle si necesita acompañamiento y poder coordinar cualquier gestión ante las instituciones que firmaron los convenios.

El reto es la trazabilidad de los datos, porque debemos determinar en qué fase se encuentra el caso y poder ir actualizando la base de datos.

¿Esto significa que no se cuenta con información unificada?

En Guatemala no existe un lugar en donde estén unificados estos casos, la misma Fiscal General reconoció que no se ha creado una fiscalía especializada. También existen otros esfuerzos independientes, pero la información no está integrada en un mismo lugar.

¿Por qué consideran que la información que traslada el MP no está completa?

El MP trasladó y compartió cuántas denuncias al año se generan, pero no sabemos cuántos de esos casos se han cerrado y la intención es que, al hacer el diagnóstico de casos, poder generar un portal estadístico que refleje no solo el número de denuncias, sino que la fase en la que se encuentran, por ejemplo, si está en fase preparatoria, intermedia o en sentencia, hoy no se cuenta con esa información.

¿Cómo se encuentra el país a nivel internacional en el tema de derecho a la propiedad?

Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.

Esa posición no envía un buen mensaje, por lo tanto, es importante que con los datos que genere el observatorio lo puedan tomar en cuenta entidades internacionales como la Property Rights Alliance como una base confiable y fehaciente de datos y poder medir de mejor manera la posición del país.

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El observatorio fue presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), con el propósito de que sea un ente permanente, encargado de promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala.

Según los datos presentados se evidencia que este derecho se vulnera de forma sistemática en el país, por lo tanto, se deben realizar los esfuerzos necesarios para fortalecer la protección al derecho humano de propiedad en Guatemala.

El atender estos casos de manera oportuna implicaría una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y las oportunidades de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mayor atracción para la inversión, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, dijo Nils Leporowski, presidente del Cacif.

Entre el 2013 y el 2021, el Ministerio Público ha reportado 19 mil 051 denuncias por delitos de usurpación, un aproximado de 2 mil 300 denuncias por año, desconociéndose cuántas de estas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas.

En los primeros 70 días del año 2021, el Ministerio Público ha acumulado 550 denuncias sobre esta materia.

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En opinión de los directivos del Cacif existe un “subregistro” de casos de usurpación porque, en su momento, la Secretaría de Asuntos Agrarios (cesada en funciones en 2020), registró hasta el 2018 cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupada de forma irregular y, en promedio, reportaba aproximadamente 240 conflictos anuales derivados de dichas ocupaciones.

A nivel internacional, Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.

El Observatorio de Derechos de Propiedad creará lazos de comunicación y apoyo con entidades clave del sector público y privado.

Por lo anterior, se firmaron los primeros convenios de cooperación con el Centro de Defensa a la Constitución -CEDECON-, el Ministerio Público -MP-, el Registro General de la Propiedad -RGP-, y el Segundo Registro de la Propiedad -SRP-.

Sin embargo, el objetivo a mediano plazo es agregar a más instituciones que tienen relación con el tema como el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial, La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, entre otras.

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Reacción de aliados del Observatorio de Derechos de la Propiedad

“También hemos sido objeto de amenazas; sin embargo, tenemos la confianza en las instituciones que se encargan de la investigación”, expresó Juan José Muñoz, registrador del Segundo Registro de la Propiedad.

“Para frenar el fenómeno migratorio, cualquiera de las soluciones pasan porque exista en Guatemala una garantía al respeto de la propiedad privada”, resaltó Stuardo Ralón, Presidente Cedecon.

“El derecho a la propiedad privada también es prioridad en la política de Gobierno 2020-2024. Es importante que sector público y privado, trabajen de manera coordinada para el desarrollo económico”, afirmó Luis Alfredo Pineda, Registrador General de la Propiedad.

“Reiteramos nuestro compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía. El MP estará brindando una fiscalía especializada para dar la respuesta que espera la ciudadanía guatemalteca”, aseguró Consuelo Porras, Fiscal General.

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Para ello Pronacom, el Registro General de la Propiedad (RGP), la Municipalidad de Guatemala y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) lograron modificar los trámites con ese fin, agregó la oficina en mención.

El cambio representa una simplificación de procesos, eliminando dos de los siete pasos que se realizaban con anterioridad, se agregó.

Certificaciones en un paso

El trámite que deberá hacer ahora el usuario es que en lugar de visitar tres lugares debe dirigirse a uno, el RGP, y dicha institución que hará entrega de las valuaciones de la Municipalidad de Guatemala y DICABI.

Con ese cambio, estos son los pasos actuales para realizar compra-venta de inmuebles:

• Visita a RGP para recibir certificación de la propiedad y valuaciones elaboradas por la Municipalidad de Guatemala y DICABI
• Gestión con el abogado notario que realizará la escritura de compra-venta
• Visita a RGP para procesar el cambio de propietario
• Visita a Municipalidad de Guatemala para dar aviso notarial del cambio realizado
• Visita a DICABI para dar aviso notarial del cambio realizado.

“Este resultado sin duda es un avance significativo en temas de eficiencia de tiempos y ahorro de costos para los usuarios finales. Además, es importante resaltar que estos esfuerzos interinstitucionales permiten que las instituciones sean más productivas y competitivas en beneficio de los guatemaltecos”, indicó Francisca Cárdenas, Directora Ejecutiva de Pronacom.

Esa oficina informa que los pasos a seguir para registrar una compra-venta de inmueble se encuentran en la plataforma digital y APP móvil Asisehace.gt, la cual brinda información detallada sobre trámites, permisos y licencias, entre otros, de forma fácil y segura para los
ciudadanos.

Para el consultor en temas inmobiliarios Manuel Salguero, los cambios son favorables.

“El decreto 10-2012 indica que se debe tributar, ya sea el 3 o 12 por ciento, sobre el valor más alto entre los que están: el inscrito en la Municipalidad (IUSI), el valor fiscal (DICABI) o el valor declarado en la escritura de Compra-Venta o sea lo que pactaron comprador y vendedor. El decreto también especificaba que debía mediar un avalúo realizado por Valuador Autorizado, pero en cuando emitieron el Reglamento de este decreto, ya no lo incluyeron” consideró Salguero.

“De manera que este procedimiento de tener el el RGP (Registro General de la Propiedad) los tres datos, será de mucha ayuda sobre todo porque la Municipalidad se tarda demasiado en extender la certificación de valor y se la entregan solamente al propietario, haciendo más engorroso el trámite” indicó.

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Según una investigación del Ministerio Público (MP), Solórzano Morales y Valenzuela Mejía tenían plazas fantasma pagadas por el Registro General de la Propiedad. Fueron capturados cuando se efectuaban allanamientos en la Casa Praga, una lujosa mansión de Manuel Baldizón ubicada en Santa Elena Barillas, Villa Canales, por el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. 

Según la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), ambos se habrían agenciado de Q82 mil 833.33 y Q215 mil por la plaza fantasma que ostentaban en la delegación del Registro de la Propiedad en Jutiapa y Escuintla.

Los otros enviados a jucio fueron Génesis Daniela Alvarado Xoná, Roosevelt Aldana, Carlos Solórzano y José Mejía.

Todos enfrentarán los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

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La investigación

Según el MP, Valenzuela Mejía figuraba como trabajador del Registro General de la Propiedad entre el 2012 y el 2014, aunque nunca ocupó el puesto, y tenía un contrato por servicios profesionales  —029—. El monto total que recibió en esos casi dos años fue de Q194 mil 500.

Solórzano Morales habría recibido la plaza en el 2014, y obtuvo al menos Q82 mil 833 sin presentarse a la entidad, entonces dirigida por Anabella de León.

¿Puede existir promoción de actividades productivas y protección a la economía del mercado sin certeza a la propiedad privada? De plano no, y viene esto al caso por las recientes noticias de lo que ocurre en el Registro de Información Catastral (RIC), utilizado para cualquier cosa, menos para lo que fue creado.

La precariedad en la titulación de la tierra en el departamento de Guatemala, por mencionar el que abarca la ciudad capital, es dramático. La “posesión de buena fe por generaciones” en San Juan y San Pedro Sacatepéquez, San Raimundo, San José del Golfo, Palencia, Chuarrancho y Villa Canales constituye, sin temor a equivocaciones, la forma en que se tiene, goza y produce la mayoría de la tierra, increíblemente el registro de los fundos en el Registro General de la Propiedad no es la regla sino la excepción y por eso es importante que cualquiera de nosotros conozca qué es el catastro y para qué sirve.

Por “catastro” se entiende “censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas”, la Misión del RIC es “establecer, mantener y actualizar el catastro nacional para constituir un registro público orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra”. En este sentido, conforme su ley orgánica esta institución es la “autoridad competente en materia catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional.”

La información catastral tiene cientos de efectos y usos, entre los que podemos mencionar, brinda certeza sobre la extensión real de cada propiedad y también es una útil herramienta para cualquier planificación para la ejecución de políticas de desarrollo y cuidado del ambiente. Sin información catastral, cualquier autoridad está a oscuras y lo único que queda es el conocimiento empírico o la especulación.

A la fecha, el Registro de Información Catastral ha completado dos municipios en Petén, uno en Alta Verapaz, tres en Zacapa, dos en Chiquimula y paramos de contar, se trabaja en esos departamentos para algún día terminarlos y además se trabaja en Izabal, Baja Verapaz y Quiché. El RIC fue fundado en 2005, así que en 13 años su producto es patético y cada gestión burocrática y complicada.

“Si Guatemala midiera los metros que están inscritos en el Registro de la Propiedad seríamos del tamaño de México”, nos decía un profesor en la Facultad de Derecho, y si a eso le sumamos que la mayoría de tierras rurales no están inscritas, sino simple y sencillamente se poseen el problema se multiplica y evidencia lo precario de nuestro sistema jurídico para brindar certeza a la propiedad (derecho humano) de la tierra.

Nuestro país tiene una ley vigente que permite “inmovilizar” nuestras propiedades porque gravita la amenaza de que “nos las roben” y la Corte de Constitucionalidad ha tenido que desarrollar una gran doctrina porque han sido muchas las propiedades que se han traspasado de forma fraudulenta.

Si queremos inversiones generemos marcos de confianza en la propiedad de la tierra, si pretendemos debemos crear márgenes claros para dirimir los conflictos sobre tierras y si queremos desarrollo hay necesidad de catastro. El RIC debe dejar de ser ese monstruo ineficiente y caja de corrupción para convertirse en un verdadero pivote del desarrollo ¿será que habrá interés algún día o seguirá siendo muestra de ineficiencia o corrupción?

@Alex_balsells

Contra los numerosos procesados pesan los siguientes cargos:

1- Cuatro trabajadores del Registro General de la Propiedad trabajaban al mismo tiempo en el Congreso de la República y otros en el Ministerio de Educación; nunca se presentaron a las labores en el Registro, pero cobraban salarios mensuales.

2- Una mujer presentó, para ser contratada, un título de enseñanza media falso, el cual tiene faltas de ortografía y un sello oficial distorsionado, o algo por el estilo.

3- El Ministerio Público descubrió que 15 personas figuraban como trabajadoras en el Registro, cobraban salario, pero nunca llegaron a trabajar.

4- Se atribuye a la registradora, al hermano y al hijo del presidente de la República participación en el pago de Q150,000.00 a un restaurante por banquetes ficticios.

Pues bien, estando el proceso a mitad del camino, el 17 de febrero pasado la Sala Tercera de Apelaciones ordenó dejar en libertad, bajo fianza y con arresto domiciliario, a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, respectivamente; a Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de Morales Marroquín, y a Alma Verónica Barrios Moreno. También fueron favorecidos con medidas alternativas otros procesados más. Al mismo tiempo se ordenó al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal que el hermano del presidente y otro imputado sean ligados a proceso por lavado de dinero, delito consistente en obtener fondos mediante actividades ilícitas e introducirlo en los bancos para que circule como producto de actividades lícitas.

Lo llamativo era que se dejase en prisión a la abogada de León, lo cual me pareció una violación al principio de progresividad de los derechos humanos de las personas procesadas. Y lo cierto es que once meses después, esa aparente discriminación fue corregida y la exregistradora obtuvo también una orden de libertad condicional. Pero, no salió de la prisión porque el MP interpuso un recurso de reposición, el cual procede contra resoluciones judiciales dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables.

No conozco de cerca a la abogada de León, no somos amigos y nunca he tenido relación alguna con ella ni con sus actividades partidistas; pero entiendo que tiene los mismos derechos que los parientes del mandatario y los de otros procesados más, a ser beneficiada con la suspensión de las medidas de coerción personal. Déjenla, pues, condicionalmente libre. No la imagino escalando bardas fronterizas para escapar de la justicia, ni haciendo trampas para desvirtuar las pruebas ya aportadas por el MP.

Lo que sucede es que retenerla en prisión después de la resolución judicial liberadora equivale a sancionarla privándola de libertad, aunque sea por unos pocos días más.

La progresividad de los derechos humanos de personas procesadas, privadas de libertad o sentenciadas no es un aporte a la impunidad, pues los procesos en trámite continuarán hasta la sentencia final. Es el reconocimiento del derecho fundamental que tienen esas personas a ser tratadas humanamente.

Discurso

Jimmy Morales manda mensaje a su hijo José Manuel

Según las investigaciones, entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre de 2013 fueron contratados tres eventos por medio de los cuales se defraudó al Registro de la Propiedad.

Dos de las actividades eran por compra de desayunos y uno para la adquisición de canastas navideñas, por un monto de Q269 mil 933.

Por este caso también es acusado Samuel Morales, hermano del presidente.

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En días anteriores, Zaso dijo que lo único que recibió de Esponda Beteta fue una fotocopia de su nombramiento, otorgado por el presidente Jimmy Morales.
 
“En ese acuerdo gubernativo indica que surtía efecto a partir de la toma de posesión, y se generaron varios aspectos que formaron la suspensión de la toma de posesión”, detalló.

Añadió que se supo de la inhabilitación que tenía Esponda Beteta por parte del Organismo Judicial y entre los requisitos que establece el Código Civil, en el artículo 1226, está que el registrador debe ser notario activo.

“Para el puesto hay que ser notario activo; sin embargo, el día 21, cuando salieron publicados en el diario oficial los nombres de los abogados inhabilitados temporalmente, ese mismo día se hace el acuerdo gubernativo y eso imposibilita que el acuerdo produzca efecto jurídico alguno”, señaló.

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Arodi Zaso dijo que no estaba aferrado al cargo, pero enfatizó que era necesario solventar la legalidad del acuerdo gubernativo para que Esponda Beteta asumiera. Además debe presentar el finiquito de la Contraloría General de Cuentas, ya que el salario para el registrador es de Q50 mil al mes.
 
“Según mi punto de vista y jurídico, le dieron nombramiento a alguien que estaba inhabilitado en ese momento. Si el señor presidente ya lo decidió entrego el cargo y así lo acataré, pero hay requisitos que cumplir y hasta el día de hoy –el miércoles último— yo no he tenido a la vista el finiquito”, expresó.

 Lucha de poder

En los pasillos del Segundo Registro de la Propiedad, en Xelajú, algunos empleados señalaron que hay una disputa dentro de las filas de FCN-Nación en Quetzaltenango, ya que Frisly Loarca, actual secretario departamental del partido y quien labora como registrador auxiliar en el equipo de Arodi Zaso, tenía que continuar con el equipo de Esponda Beteta, pero esté lo había desconoció el martes último, aunque por la tarde fue incluido para que continúe en el Registro.

Esponda dijo que acatará las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas para evitar sanciones; además, comentó que desconoce de cuánto es el salario que devengará como registrador.

“Con esta adopción se reducen los requisitos y facilita los procesos. Es un avance, no estábamos actualizados. Antes se tardaban en registrar las marcas entre seis y ocho meses; con estos cambios deberá reducir el tiempo”, dijo Juan Pablo Carrasco, vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

En opinión de Carrasco, el punto más relevante es la posibilidad del registro de marcas multiclase.

Este se refiere a las marcas que albergan diferentes productos y que en la actualidad el Registro de la Propiedad Intelectual del país no permite.

Silvia Ruiz, representante del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, refirió que aunque el tratado entró en vigor es necesario hacer reformas a la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, para poder sincronizar las disposiciones del tratado internacional.

Agregó que es necesario ajustar los formularios físicos y electrónicos, además de capacitar al personal e informar a los usuarios de las nuevas disposiciones, a fin de que no se pierda la trazabilidad de la marca.

La solicitud fue hecha en el Juzgado Sexto Penal, y la titular de esa instancia, Silvia de León, rechazó el planteamiento.

José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales están procesados por su posible implicación en el fraude por medio de un concurso de licitación y facturas falsas para la venta de canastas navideñas en el Registro General de la Propiedad.

La defensa pretendía que se analizaran los eventos de venta de canastas navideñas de los años 2012 al 2014, pero las partes acordaron que no era es útil para la investigación.

Defensa de José Manuel Morales y Samuel Morales Cabrera piden al MP realizar diligencias para obtener prueba de descargo. @prensa_libre pic.twitter.com/m3jpZZOJ7n

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) March 6, 2017

El Ministerio Público expuso que no podían comparar porque el caso en el que son señalados es de 2011 y no era aportaba al procedimiento.

Ligados a proceso

El 18 de enero el hijo y hermano del presidente fueron ligados a proceso por fraude y enviados a prisión preventiva a la cárcel para hombre de la zona 1.

Días después una solicitud de cambio de medida permitió salir de la cárcel a los Morales y quedar bajo arresto domiciliar.

El caso está en etapa de investigación previo a una acusación formal en la apertura a juicio, donde decidirán si son enviados a debate oral y público.

De esa forma, la Fiscalía podrá de nuevo imputar el cargo al hermano del presidente, algo que hizo al momento de la captura, pero que De León no dio con lugar.

Esa resolución abarca también a Mario Orellana, a quien Morales ayudó en el negocio de la venta de canastas navideñas.

Libres

José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, procesados por fraude,  llegaron al juzgado para concluir los trámites que les beneficiará con arresto domiciliario.

De León los citó para informarles que quedan en libertad condicional, luego que paguen la fianza, y quedan obligados a firmar el libro de asistencia en la Fiscalía.
 
El hijo y el hermano del presidente fueron beneficiados la semana pasada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones con una fianza de Q100 mil cada uno y prohibición de salir del país.  
 
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales estuvieron en prisión preventiva desde el pasado 18 de enero por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad  (RGP)

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La defensa de los familiares del presidente explicaron a la jueza que hoy cancelarán el monto. Mario Orellana, el papá de la exnovia de José Manuel, dijo que no tiene dinero.

Según la investigación, los Morales no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero el Ministerio Público les imputó el delito de fraude al entender que hicieron un “favor ilícito”  para beneficiar al padre de la exnovia del hijo del mandatario.

“Confiamos en la justicia y la verdad os hará libres”, declaró Samuel Morales a su salida del juzgado.

La forma más nueva de robar propiedades es por el uso de documentos falsos en la renta de bienes inmuebles.

Los estafadores buscan propiedades para alquilar y luego los dueños son despojados de estos por medio de la falsificación de firmas. Los delincuentes utilizan, además, identificaciones robadas y falsifican firmas en las escrituras de compraventa.

La falsa vuida

Las historias son muchas y las modalidades documentadas por las autoridades varían.

En un caso, por ejemplo, los socorristas encontraron el cuerpo de José Luis Andrino Palencia, el 18 de septiembre del 2009. Había sido estrangulado días atrás. Lo enterraron como XX hasta que un familiar que buscaba sus restos en el Cementerio General se presentó a la fiscalía.

Meses después, durante el proceso de investigación, una mañana apareció en la Fiscalía Adela Juárez, quien aseguró ser la viuda de Andrino Palencia.

Hasta ese momento los fiscales ignoraban que alguna vez la víctima haya estado casado con alguien, pues la cédula de vecindad encontrada al cadáver nunca fue razonada.

Vecinos aseguraron que aquel octogenario educado que vivía cerca de la iglesia de La Merced, zona 1, nunca vivió acompañado. Añadieron que la mujer que se hacía pasar por su viuda vivía a escasas seis cuadras.

Cuando verificaron la inscripción de matrimonio se percataron de que había sido asentada dos años después de que el anciano murió.

Estos peritajes formaron parte del expediente de la compraventa fraudulenta de dos propiedades que estaban a nombre de otras personas y que solamente fueron descubiertas cuando su legítimo familiar comenzó el proceso de intestado, explicó la fiscal Pinto.

Juárez enfrentó juicio por falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del estado civil.

El notario Mario René Sazo Soto, quien fue detenido por el caso Los Topacio, figuró también en las pesquisas de este nuevo caso.

En el marco del proceso contra la estructura Los Topacio, 13 notarios fueron arrestados.

La banda obligaba a las víctimas a firmar escrituras falsas, bajo amenazas de muerte, y algunas de ellas, las que sobrevivieron, tardaron casi siete años en recuperar sus inmuebles.

Inmovilizarla propiedad en 10 pasos 

Aquí algunas de las recomendaciones de la Dirección de Seguridad Registral para evitar el robo de inmuebles.

1. Utilizar el servicio de inmovilización biométrica.
2. Para hacer uso de este sistema se debe presentar una solicitud al Registro de la Propiedad.
3. Esta solicitud  debe llevar firma legalizada por un notario.
4. El notario,  por medio de este documento, da fe de que la huella y la firma son las del solicitante.
5. El interesado debe acudir directamente al Registro de la Propiedad.
6. En el Departamento de Seguridad Registral se hace una captación biométrica de los datos.
7. El personal, con una computadora, registrará las huellas del propietario que se asociarán con el inmueble.
8. El costo de la inmovilización es de Q160.
9. El Registro de la Propiedad  inmoviliza el bien por un plazo máximo de tres años.
10. El trámite puede solicitarse de nuevo al vencer el plazo.  Si se siguen estos pasos, la única forma de cancelar la inmovilización es que el propietario llegue y con sus huellas  efectúe todo el trámite.

Debilidades en la ley

La ley no obliga al Registro de la Propiedad Inmueble a verificar todos los documentos, explica el director de Seguridad Registral, Alexánder Villeda.

El Registro de la Propiedad solamente está obligado a verificar el pago del impuesto, la fecha en la que comparecieron ante el notario quienes harán la transacción, los datos personales, la voluntad para celebrar el contrato, corroborar los datos de la finca y el monto de la negociación, antes de inscribir el inmueble.

El Registro recibe cada semana unos mil 300 documentos y su función es inscribir los derechos de los propietarios y los documentos, que desde el momento en que ingresan son recibidos con una presunción de legalidad, afirma Villeda.

“No tenemos el derecho de dudar de lo que está plasmado en el documento, a diferencia del MP, cuando recibe una denuncia. El Registro de la Propiedad no tiene una función de investigar”, recalca Villeda.

La falsificación de escrituras no es algo nuevo para los fiscales que investigan estos casos, pero los estafadores buscan formas cada vez más refinadas para despojar a los legítimos dueños.

Entre esas modalidades está la utilización de protocolos de otros notarios y emplear hojas de protocolo que nunca fueron elaboradas por el Taller de Grabados en Aceros y que vende a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Muchas de estas hojas han sido usadas por notarios de esas estructuras criminales.

Los documentos son redactados con fechas atrasadas, en hojas sobrantes de los protocolos de los notarios.

Incluso, en algunos casos, las hojas son sustraídas del Archivo General de Protocolos y que pertenecieron a abogados ya fallecidos, como hacían Los Topacio, refirió Pinto.

Estas debilidades podrían corregirse con reformas al Código de Notariado.

El Registro de la Propiedad ha establecido muchas más restricciones, que no se limitan a aspectos de forma, de acuerdo con el abogado civilista Rodrigo de la Peña.

Los nombres de propietarios son confrontados con el historial, hay una delegación de la SAT en el Registro de la Propiedad que revisa el pago de impuestos al que está sujeta cada operación y se pide la solvencia del impuesto de inmuebles, como medidas que han reforzado la seguridad, ejemplificó.

“El problema está en las falsificaciones de los protocolos, de firmas, de documentos”, coincidió De la Peña.

La SAT trabaja en un nuevo sistema de papel protocolo, con códigos de verificación, que permitirá establecer que se trata del notario que autorizó el documento, detalló el abogado.

Esquizofrénica

Los estafadores de propiedades usurpan identidades de compradores con identificaciones robadas para comparecer en procesos de compraventa.

Han ido más allá, según las pesquisas, hacen presentarse a menores de edad como adultos; han seleccionado víctimas que se parecen a los propietarios de los inmuebles y, en algunos casos, no importa si el estado mental de las personas está bien o no.

Esto ocurre con frecuencia cuando se simulan donaciones.

En un caso, una nieta había vivido durante años con su abuela, quien había sido diagnosticada con cierto grado de esquizofrenia. Cuando debieron hacer un trámite en el Registro de la Propiedad se dieron cuenta de que la casa, situada en la zona 5, había sido trasladada a nombre de otra persona. Lograr la cancelación de la inscripción falsa tomó dos años.

En los documentos que se encuentran en el expediente de la fiscalía a cargo del caso figura la notaria Olga Alicia Valenzuela, quien fue condenada en el caso Los Topacio a 63 años de cárcel.

Agonizante

La supuesta donación de las propiedades de aquella anciana agonizante podría haberse concretado sin problemas, de no haber sido porque el director de Seguridad Registral se percató de que la nonagenaria había firmado el documento el mismo día que murió.

Cuando el expediente llegó a las manos de Villeda, indagó si la supuesta donante había recibido alguna visita de un notario en su lecho de muerte.

El exfiscal averiguó que la anciana falleció en el intensivo de un hospital privado y que las visitas estaban restringidas, por lo que nunca firmó.

Asimismo, dijo que el nombramiento como representante legal lo aceptó porque su tío se lo pidió, debido a que  necesitaba una persona de confianza, y le aseguró que por ser su sobrina no le iba a dar un mal uso a la empresa.

 “Me dijo que me pedía que fuera la representante legal porque era una persona de suma confianza de la señora Nadia Awadallah y en ese momento ella era su pareja sentimental, y por esa razón él me lo solicitaba”, añadió.

 La sindicada comentó que no tenía acceso a las chequeras y demás información de la empresa, y a pesar de ser de “confianza”, no era quien dirigía la compañía.

“Ellos sabían que yo no le iba a dar un mal uso a la empresa y que estos problemas que se están suscitando ahora no iban a ser por mí. Ellos sabían que era una persona en la que totalmente podían confiar. Cuando platiqué a qué iba a Carnes y Ensaladas, me dijeron que era la facturación del restaurante, el manejo del personal, esas eran las atribuciones que yo entendía que iba a ejercer”, manifestó.

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Entrega pruebas

Ponce Sánchez entregó copia a la jueza de la cotización que tiene el MP, en la  que señala que esas no son las que se hacían en el restaurante, que las hojas son membretadas y que tiene varias opciones para los clientes, como el tipo de desayuno que se les dará, si desean más café, audio y otros  servicios de los que no se recuerda.

Es en ese sentido se señala a Morales Marroquín, hijo del presidente, quien habría simulado la compra al entregar otras dos cotizaciones, de las empresa JM3 y Espectacular, la cuales no existen en el Registro Mercantil.

Samuel Morales, hermano del mandatario, facturó 564 canastas por medio de su empresa Plus Espectáculos y Promociones.
Una fuente informativa señala que Morales Marroquín sería colaborador eficaz en este caso, ya que tendría información que vincularía a Sánchez con  el negocio.

Ponce Sánchez es sindicada por ser la representante legal de  Carnes y Ensaladas, S.A. en el 2013, cuando dicha firma  le vendió al Registro de la Propiedad 564 desayunos para la evaluación del desempeño del personal, actividad que nunca se efectuó.

En el caso Botín Registro de la Propiedad están sindicadas otras 17 personas, incluida la exregistradora general de la Propiedad, Anabella de León, líderesa del Partido Patriota.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) informó que un millón de usuarios no ha culminado el proceso de registro telefónico con su documento de identificación personal (DPI), como lo establece la Ley, por lo que a partir del sábado serán suspendidos.

Flores calcula que entre 20 mil a 30 mil líneas se utilizan para cometer las extorsiones y que estas tienden a manifestar una alta rotación, o sea que desde la terminal de donde se origina el hostigamiento es desechado y repuesto por otro aparato por los delincuentes.

“Considero que difícilmente se pueda combatir las extorsiones, porque hubo debilidades en la inscripción, con algunos DPI que son falsos y que podrían estar en poder de las bandas”, dijo Flores.

De acuerdo a las cifras de la SIT, hay 17.1 millones de teléfonos prepago o tarjeteros.

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Sin claridad

El experto afirmó que ni la SIT ni las operadoras han aclarado si los teléfonos de los usuarios que no han registrado sus números serán suspendidos temporal o definitivamente.

Tampoco cómo quedará, para aquellos usuarios que tengan saldo de tiempo —recarga—, si se les interrumpe el servicio.

“Se va a congelar el saldo o corre, porque ahí se violan los derechos del consumidor”, aseveró.

El Manual de Clasificación Presupuestaria establece que “el personal bajo el renglón 035 no tiene relación de dependencia, por lo que no tiene derecho a beneficios laborales, ni podrá ser contratado simultáneamente bajo otro renglón de este grupo”.

Los trabajadores que forman parte de este grupo son los operadores registrales, que reciben su pago  por los registros que inscriben, y según el valor de la propiedad ganan, al mes, entre Q50 mil a Q75 mil.

El actual jefe del Registro General de la Propiedad, Élmer Beltetón, manifestó que el pago se hizo porque los inspectores  del Ministerio de Trabajo lo ordenaron, al argumentar que el Pacto Colectivo   considera a esas personas como empleados.
“Por un lado, la Contraloría me puede sancionar, y por otro los trabajadores me pueden denunciar”, afirmó.

El registrador  informó del pago luego de firmar un convenio con Acción Ciudadana para  mejorar sus controles de transparencia.

Sin derechos

Los trabajadores por destajo no tienen beneficios.

• Son 69 operadores registrales.
• La Contraloría denunció a Anabella de León por un pago de Q15.5 millones.
• El pago a los trabajadores del renglón 035 este año fue de unos Q3.4 millones.