El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó una postura este jueves 20 de abril respecto a su competencia en la mediación en hechos de violencia relacionados con el proceso de elecciones generales 2023, esto derivado de un incidente armado en el que se involucraron seguidores de la UNE y Valor, en Tucurú, Alta Verapaz.

Además, el TSE señaló que se firmará un acuerdo de no agresiones a escala departamental y municipal, por lo que hacen un llamado a las bases de los partidos para que socialicen el contenido de un manual de delitos electorales.

De esa cuenta, el TSE señaló que no tiene la facultad para sancionar o amonestar a las agrupaciones o sus seguidores por ese tipo de acciones, pues estas ya constituyen una transgresión de la ley.

“Se firmarán acuerdos a nivel departamental y municipal, esperamos que todas las organizaciones políticas, por medio de sus bases a esos niveles, tanto acá en la ciudad capital como en los departamentos y en los municipios hagan del conocimiento de todas sus bases el contenido de este en cuanto a la forma de cómo deben actuar o deben manifestarse en cualquier situación”, señaló Ranulfo Rojas, magistrado del del TSE, al referirse al manual de delitos electorales.

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Rojas agregó que “en cuanto a las acciones del Tribunal, si son hechos de violencia tienen que trascender al conocimiento de la autoridad respectiva, que en este caso sería la participación del Ministerio de Gobernación por intermedio de la de la Policía Nacional Civil y por supuesto el Ministerio Público.

“Son situaciones totalmente distintas, nosotros no podemos, como Tribunal, acceder a una cuestión de imposición de alguna otra cuestión que no trascienda a acciones que pueden ser documentados mediante transgresión a la Ley Electoral”, dijo Rojas.

El magistrado señaló que “hoy se presentó el manual que contiene los delitos electorales, el cual se va a trasladar a todas las organizaciones políticas, y eso se hizo con el acompañamiento del Ministerio Público y con personeros del Instituto de la Defensa Pública Penal para poder tener ahí condensados todos los delitos que trascienden en materia electoral”.

“Todas las organizaciones políticas saben de la existencia de este manual, entonces eso ya trasciende al conocimiento de otras instancias que no son competencia directa del Tribunal Supremo Electoral”, concluyó Rojas.

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El incidente

El pasado fin de semana, en redes sociales circuló un video en la cual una simpatizante del partido Valor acciona su arma de fuego ante un grupo de personas en medio de una discusión.

Según testigos, la disputa inició por la ocupación de unos parqueos en Tucurú, Alta Verapaz, y estaría relacionada con simpatizantes del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Valor.

En las imágenes se observa cuando una mujer con una vestimenta con logos del partido Valor, acciona su arma de fuego disparando hacia el suelo. Se observa en el video, que la persona armada realiza el acto de intimidación y amenaza y luego es calmada por los presentes, incluyendo un agente de la Policía Municipal, sin que nadie llame a la PNC o se intente detenerla.

Segundos después, llegan otras personas vestidas con los colores del partido Valor y hacen que se retire del lugar en un picop gris placas particulares 210JQY.

En las elecciones generales del 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.

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Dos días después del incidente registrado en Tucurú, Alta Verapaz, entre simpatizantes de Valor y la UNE, han surgido nuevos detalles sobre lo que supuestamente ocurrió y las razones que pudieron originarlo.

Durante una conferencia de prensa, la candidata a la presidencia de la UNE, Sandra Torres, afirmó que el incidente ocurrió enfrente de la vivienda de Alba López, quien es candidata a la alcaldía de Tucurú con el partido UNE, y en este lugar también funciona la sede de la agrupación política.

El pasado sábado, de acuerdo con Torres, transitaba una caravana del partido Valor, cuando algunos vehículos se parquearon frente a la vivienda.

Además, enfatizó que López antes de ser parte de la UNE pertenecía a Valor.

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“Quiera o no, hay ciertos resquemores históricos que seguramente molestaron al partido sin valor y esto ocasionó ese problema, pero nada, nada del mundo justifica que alguien se baje con un arma, amenace y hasta dispare, porque pudo haber habido una tragedia”, expuso Torres.

En el planteamiento también se les cuestionó a Torres sobre los videos que han circulado donde se observa a supuestas simpatizantes de la UNE con machetes durante el incidente; sin embargo, en su respuesta de la conferencia de prensa no aludió el tema.

Sobre lo dicho por Torres se consultó a Valor sobre si habría un nuevo pronunciamiento; sin embargo, se indicó que estaba pendiente.

El domingo pasado, la candidata a la Presidencia de la coalición Valor-Unionista, Zury Ríos, en un video señaló que se separó de la campaña a la simpatizante que accionó su arma de fuego, pero envió un mensaje a Torres.

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“No vamos a caer ni en las manipulaciones, ni en las provocaciones que su gente irresponsable está haciendo”, expuso Ríos.

Además, este lunes publicó otro mensaje en el que dice que “la señora Sandra Torres hoy habló de seguridad, dice que va a cambiar el país en cien días, ella ya fue presidente, presidente de facto, y en mil 460 días en los que pudo haber hecho tanto no hizo nada. Está acusada en la Fiscalía de Derechos Humanos por supuestos actos de secuestro, de tortura, de plagio y terrorismo, no es su padre el que está acusado es ella misma”.

Agregó que “una mujer que no cumple la ley no puede hacer cumplir la ley.

De momento el Ministerio Público ya confirmó que la Fiscalía Municipal de Santa Catalina La tinta y la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz dan seguimiento al caso, donde ya se han recabado declaraciones testimoniales y se han efectuado inspecciones oculares, además, se embaló un indicio balístico, entre otras pruebas como parte de la investigación.

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El caso que ocurrió el pasado sábado 15 de abril en Tucurú, Alta Verapaz, ha puesto de nuevo en la mesa de discusión la tarea que tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP) para evitar que ocurra violencia electoral en este proceso 2023, y sobre todo, castigar a quienes incurran en delitos.

También ha puesto de nuevo en el centro de la atención a una región que en las Elecciones Generales 2019 ofreció una serie de incidentes que quedaron registrados por las autoridades correspondientes.

En ese contexto, la demanda de organizaciones civiles y sociales es investigar y sancionar a las agrupaciones políticas que propicien los actos violentos, tipificados no solo en leyes penales, sino electorales.

Natalia Gámez, portavoz de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGuate) asegura que la Fiscalía de Delitos Electorales del MP debe investigar los hechos y procesar si es que incurren en delitos tipificados en las leyes de la materia.

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Los posibles delitos

“Deberían de investigarse si los hechos pueden considerarse como turbación del acto eleccionario, coacción contra las elecciones y coacción contra la libertad política”, añade.

El Código Penal guatemalteco castiga la turbación del acto eleccionario en el artículo 407 “A”. “El que con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional, o municipal, será sancionado con prisión de dos a ocho años.”

Además, el artículo 407 “B”, castiga la coacción contra elecciones de esta forma: “El que mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector le Impidiere votar, le obligare a hacerlo cuando no está obligado o a hacerlo de una manera determinada, será sancionado con prisión de uno a cinco años.”

Y finalmente, el artículo 216, “coacción contra la libertad política”: “Quien, fuera de los casos previstos en las leyes especiales respectivas, por medio de violencias o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de seis meses a tres años”. 

Según Gámez, “la violencia y la conflictividad electorales amenazan la integridad de las elecciones y es fundamental que se promueva un ambiente pacifico electoral en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos”.

“Debe ser el único caso que se permita”

Agrega que el MP debe hacer su tarea e investigar y deducir responsabilidades.  El exmagistrado del TSE, Gabriel Medrano, asegura que este caso debe ser el único que permita que ocurra las autoridades electorales.

“Se deben tomar medidas drásticas para que no se ponga en peligro a las personas durante el proceso electoral. El MP debe deducir responsabilidades de oficio y castigar a quien cometa delitos”, puntualiza.

El  TSE, luego del hecho, emitió un comunicado y se limitó a lamentar los hechos y confirmar que investigarían el caso. La Inspectoría General ya se encarga del caso.

La disputa tuvo lugar a menos de una semana de que 27 de los 30 partidos políticos suscribieran un pacto de no agresión ante el TSE, con el objetivo de promover un proceso de elecciones sin violencia.

En el caso de Tucurú, la simpatizante de Valor, Susan Ponce, que según han expuesto en su defensa partidarios de esa agrupación política, intentaba recuperar un celular que le había arrebatado una afiliada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Todo eso terminó con el uso de un arma de fuego para lograr el objetivo. La mujer hizo un disparo al suelo, y de acuerdo con el MP, el hecho ya lo investigan de oficio e hicieron las diligencias este 17 de abril la Fiscalía Municipal de Santa Catalina La Tinta y la del Distrito de Alta Verapaz.

El artículo 127, “disparos sin causa justificada”, de la Ley de Armas y Municiones, establece que “comete este delito quien dispare con arma de fuego, sin causa justificada”.

“El responsable será sancionado con prisión de uno a tres años y comiso del o las armas. La Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) no otorgará licencia de portación de armas por un período de tres años a quien resulte culpable de este delito”, agrega.

No está en mapa 2023

Lo que ha llamado la atención es que en el mapa de violencia electoral que presentó el TSE el 16 de enero pasado es que Tucurú no aparece entre los municipios que representan un muy alto riesgo, alto riesgo o nivel medio de riesgo.

De Alta Verapaz, y de alto riesgo, el TSE solo menciona a Chisec, Chahal, Cobán y San Pedro Carchá. Y de nivel medio de riesgo, a Panzós. Ninguno otro.

Un análisis de la asociación civil Diálogos, que pertenece al MOEGuate, revela que durante las elecciones de 2019 no registraron violencia armada.

Eso sí, en 2011, recuerdan que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) registró dos incidentes de violencia y conflictividad electoral en Tucurú.

También reportan que en 2015 hubo incidentes de violencia y conflictividad electoral, pero se desconocen la cantidad de hechos.

El MP, en 2019, reporta un delito de “turbación del acto eleccionario” en ese municipio. Este caso, según registros periodísticos “involucró a un grupo de pobladores que bloqueó el acceso al municipio por su inconformidad con los resultados electorales”.

Aquel año compitieron nueve partidos por la alcaldía en Tucurú. Ganó la UNE con el candidato Leonel Victoriano Guzmán Argueta.

El segundo lugar lo obtuvo el partido FCN-Nación, con la candidata Alba Noemí López Paz, que ahora en el proceso electoral 2023 compite de nuevo por la alcaldía, pero esta vez lo hace por la UNE.

Más adelante, según el registro de datos de Diálogos, López Paz fue ligada a proceso en enero de 2020 por el delito de atentado contra el transporte de material electoral.

El MP estableció que el 17 de junio de 2019, un grupo de personas inconformes con los resultados, supuestamente incitados por López Paz, ingresaron en el centro de cómputo y despojaron de las actas electorales a los integrantes de la Junta Receptora de Votos.

Tucurú forma parte del Valle del Polochic, integrado por los municipios de Tamahú, La Tinta, Panzós y Senahú, Alta Verapaz, y El Estor, en Izabal. En estas localidades, según Diálogos, es muy probable que ocurran incidentes de violencia electoral durante el proceso actual.

Por qué Tucurú está en una zona conflictiva

El estudio de Diálogos revela que es porque “la región tiene un significativo historial de conflictos agrarios, los cuales pueden ser aprovechados por políticos y otros actores locales con poder para movilizar a grupos de personas a favor de sus intereses o en contra de sus opositores”.

Para el MOEGuate y Diálogos “es importante entender que ningún análisis va a ser 100% certero, pues es imposible predecir con exactitud en dónde va a haber violencia o conflictividad electoral porque hay muchos factores y tenemos muy malas estadísticas.

La portavoz de MOEGuate, Natalia Gámez, considera que “el TSE debiera hacer pública la metodología que utilizó para construir el mapa de conflictividad electoral” y plantear hacer uno nuevo.

El Ministerio Público (MP) confirmó que dos fiscalías investigan el incidente en el que una simpatizante del partido Valor sacó su arma y disparó durante una trifulca el pasado sábado 15 de abril, en Tucurú, Alta Verapaz.

La mujer, la cual fue separada de la campaña del partido liderado por Zury Ríos, amenazó y accionó su arma por una discusión con simpatizantes del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El MP confirmó que la Fiscalía Municipal de Santa Catalina La Tinta, en coordinación con la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, dan seguimiento al caso.

Para la investigación se apersonaron fiscales y técnicos en investigaciones criminalísticas.

“Se han recabado declaraciones testimoniales, se han efectuado inspecciones oculares y se embaló un indicio balístico, entre otras”, confirmó la fiscalía.

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Cruzan señalamientos

Tras el incidente, las candidatas presidenciales de ambos agrupaciones políticas; Zury Ríos por el partido Valor, y Sandra Torres por la UNE, se pronunciaron el pasado 16 de abril.

De acuerdo con Ríos, los simpatizantes del partido de la UNE provocaron el altercado y arremetió contra Torres.

“Le envió un mensaje a usted señora Sandra Torres. No vamos a caer ni en las manipulaciones ni en las provocaciones que su gente irresponsable está haciendo”, dijo Ríos en un video que publicó en sus redes sociales.

“Usted ya fue presidente y no resolvió nada, ni la violencia, ni la pobreza, ni la educación, ni la salud. Ya no traiga más problemas a los guatemaltecos”, agregó.

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De la misma manera, Sandra Torres respondió y señaló al partido Valor de atacar y amenazar a la candidata a la alcaldía de la UNE en el municipio de Tucurú.

“Es una muestra de prepotencia y violencia política. Lo que vemos es que es un partido sin valor”, dijo Torres durante un mitin en la provincia.

Además, pidió una “disculpa pública” al partido Valor. “Que se comprometan a que no van a ser el partido de la muerte, sino que una política con vida humana, el respeto a la gente”, agregó.

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TSE se pronuncia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado lamentando los hechos e indicando que investigarían el caso.

La disputa tuvo lugar a menos de una semana de que 27 de los 30 partido políticos suscribieran un pacto de no agresión ante el TSE, con el objetivo de promover un proceso de elecciones sin violencia.

La Misión de Observación Electoral (MOE) condenó el uso de la violencia e hizo un llamado a los partidos a promover respeto y legalidad y cumplir así con el acuerdo de no agresión durante el proceso de campaña.

La organización instó a que un proceso electoral pacífico y seguro “fomenta la confianza en los procesos e instituciones”. San Miguel Tucurú, en Alta Verapaz, se ha señalado que pueden registrar incidentes de violencia electoral en el proceso actual por el significativo historial de conflictos agrarios.

“Recomendamos a la Fiscalía contra los Delitos Electorales del MP que realice las investigaciones correspondientes, y a las autoridades que desarrollen mecanismos para prevenir y mitigar la violencia electoral”, indicó la Misión.

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Un desalojo se tornó violento la mañana de este miércoles 25 de enero, luego que fracasó el diálogo entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María en Tucurú, Alta Verapaz, en la que se reporta ya la muerte de un agente de la PNC.

El reporte inicial detalla que la madrugada de este miércoles las unidades de la PNC y los fiscales llegaron a la finca con el objetivo de cumplir una orden judicial de desalojo, pero las personas que ocupan esos terrenos se oponían.

Las autoridades intentaron dialogar con las personas pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los agentes ingresaron al inmueble, pero fueron atacados por supuestos invasores de la finca.

Según se reporta, los ocupantes de la finca estaban armados y dispararon contra las fuerzas de seguridad.

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Testigos comentaron que hubo un intercambio de disparos y varios agentes de la PNC resultaron heridos.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a varios agentes de la PNC, pero seis de ellos tenían heridas más graves y fueron llevados al Centro de Atención Permanente (CAP), en donde uno de los policías murió.

Los otros cinco agentes fueron estabilizados en el CAP y fueron llevados a la emergencia del Hospital de Cobán.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Mynor Anibal Morales Calat, de 28 años, originario de Zacapa y con siete años de servicio en la PNC.

Según se informó, Morales llegó al CAP con una herida de bala en lado derecho del tórax.

El reporte preliminar explica que hay varios pobladores heridos por el incidente.

Imágenes del momento en el que inció el enfrentamiento entre agentes de la PNC y los ocupantes de la finca. (Video Prensa Libre: Esilal Sa Aatinob’aal Q’eqchi’)

El diálogo fracasó entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María, Tucurú, Alta Verapaz, que resultó con un enfrentamiento. (Video Prensa Libre: Colaboración)

Así fue la evacuación de los agentes de la PNC de la zona en donde ocurrió el enfrentamiento.

Las recientes lluvias han dejado daños en algunos puntos del territorio nacional y este sábado 28 de mayo el Insivumeh informó que la depresión tropical UNO-E se ha fortalecido a Tormenta Tropical Agatha y que podría afectar el territorio nacional.

Entre los daños de las últimas horas se reporta una tragedia en la vivienda de la familia Choc Cuc, en el caserío Los Pinos, Tucurú, Alta Verapaz, donde lamentablemente murieron soterradas una madre y sus seis hijos.    

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que han recuperado los cadáveres de una mujer y seis menores.

Los socorristas junto a una gran cantidad de vecinos trabajaron para recuperar los cuerpos de las víctimas que quedaron bajo toneladas de tierra.

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La tragedia se registró la noche del viernes 27 de mayo y la búsqueda fue intensa.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que hace una evaluación perimetral para determinar si la zona continúa en riesgo. Además, se realizan las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades -EDAN-, para determinar si es necesaria la habilitación de albergues.

Mientras que el Ministerio Público (MP) ya efectúa las diligencias de ley, luego del hallazgo de los cadáveres.

El Ejército de Guatemala informó que la Brigada de Artillería de Campaña “Santa Barbará” en coordinación con socorristas, apoyaron acciones de búsqueda de familia soterrada tras deslizamiento de tierra, a causa de las constantes lluvias.

#AltaVerapaz Lluvias de las últimas 24 horas ocasionan deslizamiento en aldea Los Pinos, Tucurú, Alta Verapaz.

Créditos: Matías Figueroa, Delegada Departamental de la CONRED. pic.twitter.com/KMlW48QrOz

— CONRED (@ConredGuatemala) May 28, 2022

Víctimas

• Augustina Cuc Putul, de 35 años.
• Sergio Anibal Choc Cuc de 15 años.
• Marvin Isaias Choc Cuc de 12 años.
• Leonardo Choc Cuc de 11 años.
• Magdalena Choc Cuc de 7 años.
• Oscar Choc Cuc de 6 años.
• Ezequiel Choc Cuc, de 8 meses.

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Los cuerpos fueron enviados a una morgue temporal en donde ya elementos de la Policía Nacional Civil y MP realiza las diligencias de rigor.

El Ejército informó que el padre de familia no se encontraba en la casa al momento de la tragedia.

En horas de la Noche Bomberos Municipales departamentales fueron alertados sobre una vivienda soterrada en Caserío Los Pinos, Tucuru Alta Verapaz, hasta esta hora se ha logrado recuperar 3 cuerpos, se trabaja para localizar a 4 personas desaparecidas. pic.twitter.com/v4FRPD7Ao8

— BDepartamentales (@CBMDEPTAL) May 28, 2022

Alba Noeli López Paz, excandidata a alcaldesa de Tucurú, Alta Verapaz, por FCN-Nación, fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), sospechosa de haber cometido el delito de atentado para el transporte de material electoral.

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Fue arrestada durante un operativo de rutina de agentes policiales de Tactic, Alta Verapaz, en el kilómetro 180 de la ruta al Polochic.

La mujer, de 41 años, iba en un vehículo y al momento de identificarse se estableció que tenía orden de captura por el Juzgado Segundo Penal de Alta Verapaz desde el 31 de octubre de 2019.

La PNC la puso a disposición del juzgado para que solvente su situación legal.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a López Paz como aspirante a la alcaldía de Tucurú mediante el expediente 2454, de resolución el 16 de marzo de este año.

López Paz tuvo 3 mil 106 votos, el 21.04 por ciento, mientras que el ganador fue Leonel Victoriano Guzmán Argueta, de la UNE, con 4 mil 348 votos, el 29.45 por ciento.

Aquel 16 de junio votaron 14 mil 763 personas en Tucurú.

El 24 de julio, decenas de vecinos de ese municipio, incluida López Paz, rodearon la Torre de Tribunales capitalina y bloquearon las audiencias judiciales, en protesta por los resultados y demandaban la repetición de las elecciones locales, algo que no ocurrió. La fuerza pública usó gas pimienta para dispersarlos.

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Las manifestaciones comenzaron en la comunidad Raxquix, Tucurú, donde los pobladores expresaron su descontento con los resultados electorales, específicamente en la alcaldía de ese municipio.

Posteriormente, las protestas se extendieron a la aldea Cabañas, donde un medio centenar de pobladores colocaron una talaquera frente a la garita municipal para denunciar que hubo fraude en los comicios. 

“No más ladrones de votos. Queremos la segunda vuelta”, se leía en las pancartas que portaban los inconformes.

Los disturbios en esas comunidades han sido una constante en período de elecciones, donde, incluso, las papeletas han sido quemadas.

El incidente fue reportado la tarde del domingo último y según información extraoficial, la captura de una persona habría causado que un grupo de pobladores se enojara y causara el daño.

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En imágenes que circulan en redes sociales, se observa que equipo de oficina y escritorios fueron destruidos. También la turba quemó llantas y documentos de la subestación para mostrar su descontento.

La comuna informó este lunes que, al parecer, la captura de un joven de una comunidad originó que la turba arremetiera contra el inmueble de la PNC.

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Trasciende que el grupo de agentes asignados a la subestación, huyeron del municipio para resguardar su integridad física.

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El pasado sábado, Conred había declarado el cambio de alerta institucional de roja a amarilla y había anunciado que hoy las autoridades locales y de las organizaciones designadas evaluarían las acciones a concretar en la zona del desastre.

David de León Villeda, portavoz de la institución, aclaró que las acciones de búsqueda continuarán directamente en el municipio con el apoyo de bomberos locales y Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes tendrán a su cargo la limpieza del lugar.

Indicó que la noche del pasado miércoles se registró el derrumbe que hasta el momento dejó cinco mujeres fallecidas y un herido, además de 700 afectados, 200 evacuados y daños a 25 viviendas en el caserío Pantic, aldea de Tamahú.  

“Unas 156 personas continúan albergadas en la Escuela Oficial Urbana Mixta José Joaquín Palma y también esta en apresto el Salón Municipal de llegar a ser necesario”, expresó.

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Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) la totalidad del territorio nacional presenta una “situación crítica” de concentración de humedad en el suelo, que en algunos departamentos del occidente, norte y oriente del país llega al cien por ciento, entre ellos, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Petén, El Progreso, Jalapa, Zacapa, Chiquimula e Izabal. 

De acuerdo con el Insivumeh el resto del país se encuentra entre el 80 y 90 por ciento de humedad y que las lluvias constantes se asocian a un Sistema de Baja Presión en el Pacífico.

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Desde que comenzó la temporada de lluvias de 2017 a nivel nacional se han registrado 26 muertos, 214.709 afectados y damnificados, 5 mil 210 evacuados, así como daños a 2 mil 995 viviendas, 82 carreteras, 18 puentes y siete escuelas.  

El alcalde de Tamahú, Bernardino Sis, dijo a una emisora local que se ha reanudado la búsqueda de los desaparecidos, y solicitó ayuda a las altas autoridades para ayudar a los damnificados.

El alud causado por las fuertes lluvias se registró la noche del pasado miércoles en el caserío Pantic de Tamahú, y hasta ahora han sido rescatados tres cadáveres, entre ellos el de un bebé de 10 días.

Bomberos Municipales Departamentales explicaron en su cuenta de Twitter que han perdido las esperanzas de encontrar con vida a alguna de las cinco personas desaparecidas.

El deslizamiento fue causado por el desbordamiento de una quebrada conocida como Pantic, la cual arrastró toneladas de escombros, lodo y piedras sobre la pequeña comunidad.

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El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León, explicó a periodistas que el alud afectó a 200 personas y causó daños a 25 viviendas.

Víctimas

Autoridades identificaron que las víctimas son Rosario Sam, de 58 años, un bebé de 10 días que aún no había sido inscrito en el Registro Nacional de las Personas, Gladis Lorena Calel, de 17; Darlin Mariela Tut Sacba, de 18, y María Can Sam, de unos 38. 

En el incidente resultó herida Odilia Elizabeth Icó Juc, 24.

Desaparecidos

• Gloria Marina Ico Juc, de 19.
• Marcos Manuel Juc Can, de 8.
• Franklin Ramiro Can Tut, de 17 meses.

Desde que comenzó la temporada de lluvias de 2017 y hasta el 27 de ese mes, en el país  se habían registrado 21 muertos, 214 mil 708 afectados y damnificados,  cinco mil 10 evacuados, así como daños en 2 mil 970 viviendas, de las cuales 145 están en riesgo.

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron este mediodía que fue hallado el cadáver de una mujer, con lo que suman tres las víctimas de este derrumbe, causado por el desborde de un río.

Anteriormente se habían recuperado dos cadáveres, el de una mujer y su hijo de unos 8 meses.

El derrumbe se registró debido a la fuerte lluvia que azotó la región durante la tarde y noche del miércoles, informaron los Bomberos Municipales Departamentales, que este viernes intensificarán las tareas de rescate para dar con otras cinco personas que aún están desaparecidas.
 
El socorrista Benjamín Bol comentó que en el lugar la situación es complicada, porque además del derrumbe varios ríos se desbordaron, por lo que las tareas de búsqueda son afectadas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó en su cuenta de Twitter que aparte de las víctimas y desaparecidos hay 17 viviendas con daños severos y ocho con daños moderados. 

El derrumbe también afecta a unas 200 personas por el cierre de los caminos vecinales que conectan con las carreteras intermunicipales. También se reportó una persona herida y una carretera afectada. 

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Debido a la gran cantidad de lodo que se acumuló en lugar las tareas de los socorristas se dificultan.
 
Cristobal Can, uno de los damnificados, confirmó que seis integrantes de su familia están desaparecidos, por lo que hace un llamado a las autoridades para que les envíen ayuda y así poder rescatarlos.

Debido a la lluvia, el accesos a esa comunidad es complicado, pues el camino está completamente deteriorado, por lo que se debe caminar más de 45 minutos hasta donde ocurrió la tragedia.

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En alerta roja

Las lluvias continúan en la zona del Polochic, lo que motivó a las autoridades a declarar alerta máxima por posibles desbordes de ríos y riachuelos puesto que continúa subiendo el nivel de agua, y las corrientes son bastante fuertes, incluso se desvían hacia las casas que están cerca de la orilla, indicó la gobernadora Estela Adelina Ventura Fernández.

“Tamahú necesita el apoyo de todos, muchas familias perdieron a sus seres queridos, da tristeza verlos, si pudieran colaborar con víveres y ropa se le agradece porque se quedaron sin nada, sin hogar ni cultivos”, indicó Gladis Quej, delegada del Ministerio de Desarrollo Social.

Un equipo del Centro de Salud se movilizó al lugar para llevar medicamentos ya que muchos voluntarios están lesionados de las manos y pies por las labores de rescate que han desarrollado.  

Recordó que a la ruta del Polochic llegaron recientemente funcionarios del Ministro de Comunicaciones quienes constataron el mal estado en que se encuentra, pero que hasta el momento no se han iniciado trabajos para repararla.

Además hizo un llamado a los diputados para que lleguen al lugar y muestren su respaldo y apoyo a las familias que los eligieron.

Este no es el único incidente que se ha registrado durante las últimas 24 horas a causa de las lluvias. También en la comunidad Chiremesche, en Cobán, Alta Verapaz, un derrumbe dañó 4 viviendas de madera y 26 personas se vieron perjudicadas, por lo que tuvieron que irse a casas de amigos o familiares cercanos.

Por último, el desborde del río Tierra Blanca, en San Miguel Uspantán, Quiché, inundó la aldea El Pericón, dejando 60 afectados y 12 viviendas dañadas.

ALTA VERAPAZ. Compartimos el informe de situación por flujo de lodo en caserío Pantic, Tamahú. #PrevenirParaVivir #ElQueArriesgaNoGana pic.twitter.com/JL6SEkLbDB

— CONRED (@ConredGuatemala) September 28, 2017

Recuento

La actual temporada de lluvia, que inició en abril y se extiende a noviembre, ha dejado 21 muertos, unos 212 mil afectados -principalmente por deslaves en carreteras e inundaciones-, ocho puentes destruidos y casi tres mil viviendas con daños leves, moderados y severos, entre otras afectaciones.

Doce de las víctimas mortales son por el desplome de un cerro que sepultó cinco viviendas y tres vehículos en el departamento indígena de Huehuetenango (oeste), en junio pasado.

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Desde que arreciaron las precipitaciones la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene la alerta amarilla a nivel nacional.

Vulnerabilidad

Guatemala, uno de los países más vulnerables del mundo, registró durante 2016 un total de 463 desastres naturales que afectaron a 445 mil 628 personas y dejaron 57 muertos, 6 desaparecidos y 108 heridos.

En 2015, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 302 muertos, 73 desaparecidos y más de 1,96 millones de afectados por las lluvias, las erupciones volcánicas y la contaminación del río La Pasión.

Guatemala tiene, según las autoridades, más de 10 mil puntos de alto riesgo en todo el país, que ponen en peligro a unos 3 millones de personas. 

Los aprehendidos fueron identificados como Luis Mario Reis Revolorio, de 27 años; Darío Aparicio Pop Xol, 35, ambos residentes de Cobán, Alta Verapaz;  Juan Tipol Coy, 37, y Gilberto Sacbajá Mas, 36, originarios de Tucurú, Alta Verapaz..

A los detenidos se les decomisaron tres pistolas y ocho tolvas con 128 municiones útiles y Q21,492.50 que se encontraron en una mochila dentro del picop  P600GFK, modelo 2017,  que era conducido por Reis Revolorio.

Según el reporte policial, Pop Xol, Tipol Coy y Sacbajá Mas fueron detenidos por portación ostentosa de arma de fuego, mientras que Reis Revolorio, por interferir en la labor policial e intimidar a los agentes de la PNC cuando interrogaban a los sospechosos.

El reporte agrega que los agentes fueron alertados por vecinos del lugar, ya que los detenidos hacían llamadas telefónicas e intimidaban a pobladores.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Juzgado de Paz local, para las primeras declaraciones, mientras se realiza el peritaje del Ministerio Público  en el vehículo, para determinar que más transportaban.

El informe brindado por el Ministerio Público (MP) detalla que Castillo es sindicado de peculado por sustracción en forma continuada y uso de documentos falsificados, durante su gestión en esa comuna del referido municipio de Alta Verapaz.

Según el reporte, el 27 de julio del 2016, el alcalde Leonel Guzmán Argueta interpuso una denuncia contra Castillo Fernández por haber debitado Q52 mil 999.06 de la cuenta de la comuna.

El dinero habría sido utilizado por el sindicado para pagar un préstamo personal que tenía con un banco del sistema.

Además, el MP señala que el exfuncionario utilizó facturas falsificadas para amparar gastos efectuados, las cuales no fueron emitidas a nombre de la municipalidad.

Erick Estuardo Castillo Fernández, director de área financiera de la comuna de San Miguel Tucurú, ingresa a Tribunales. Video: P. Raquec pic.twitter.com/ARSFj1oHN7

— Prensa Libre (@prensa_libre) October 31, 2016

Video

El Ministerio Público brindó una conferencia en la que explicó detalles sobre algunas capturas efectuadas este lunes.

Conferencia de Prensa: https://t.co/SE1sAEMEIR vía @YouTube

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 31, 2016

Un derrumbe recientemente en Baquelito, entre Tamahú y Tucurú, bloqueó el paso a los conductores, mientras que la semana pasada un tráiler quedó varado en Raxquix, lo que causó que no hubiera paso por 24 horas.

Timoteo Bac, piloto, comentó que han pasado varios gobiernos pero ninguno ha logrado terminar la carretera que ofrecieron desde hace 10 años.

“Es una ruta principal, pero el dinero se lo han robado y las empresas no hacen su trabajo. Nos tienen abandonados. Así nunca vamos a tener desarrollo en la región”, agregó Bac.

Alejandra Beb, pobladora, destacó que es triste la situación, porque varias comunidades son las afectadas.

“Nos engañan. Pasan los gobiernos y solo hacen promesas, mientras nosotros tenemos que ingeniarnos como sobrevivir. Es injusto lo que hacen con los guatemaltecos y sus carreteras”, refirió Beb.

Lucas Tzi, comerciante, dijo que el mal estado del tramo les genera pérdidas e incertidumbre, pues deben movilizarse a varios municipios para vender sus productos, pero sufren atrasos.

María Alejandra Ma, viceministra de Comunicaciones, en una visita la semana pasada a Cobán aseguró que enviará maquinaria para darle mantenimiento a esa ruta, así como otras que se encuentran en mal estado en ese departamento, por lo que los pobladores esperan que no se queda solo en promesas como en anteriores ocasiones.

Los inconformes exigieron la repetición de la elección municipal,  en la que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo seis mil 174 votos a favor; mientras, que el Partido Patriota logró cinco mil 18 sufragios a favor.

La pobladora Hilda Shulz, indicó que ninguna autoridad se preocupó por llegar al punto del bloqueo, ya que los inconformes  impedían la locomoción; además, algunos manifestantes cobraron para permitir el paso. 

“Estas personas están siendo manipuladas, les llevan alimentos los tres tiempos y se turnan. No sabemos por qué la Policía no hace nada y la situación es grave”, manifestó.

El bloqueo se registró desde el lunes último y fue quitado este miércoles a las 16 horas, sin que se reportaran incidentes.

#AltaVerapaz: En Tucuru, bloqueo por no estar de acuerdo con resultados electorales. Info @leonelcariasb http://t.co/dH6vSdmHG6

— NOTICIAS COBAN (@NOTI_COBAN) September 16, 2015

Repetirán comicios:

La elección de alcalde se repetirá en Joyabaj, Quiché; Morazán, El Progreso; Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; Santa Clara La Laguna y  Santa Catarina Palopó, Sololá. También en San Francisco Zapotitlán, San Antonio Suchitepéquez  y San José El ídolo, Suchitepéquez; Malacatán, San Marcos, y Santa Catarina Mita y Conguaco, Jutiapa.

Los manifestantes rechazan el triunfo de Leonel Victoriano Guzmán Argueta, del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), porque aseguran que hubo fraude.

En Senahú un grupo de vecinos bloquearon la entrada al municipio porque se oponen a la victoria de José Domingo García Humblers, por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), pues aseguran que repartió cheques sin fondos a cambio de votos.

Fredy Ochaeta,  presidente de la Junta Electoral Departamental, dijo que algunos fiscales de mesa se encuentran molestos porque García Humblers les entregó cheques sin fondos por el pago de sus honorarios.

En San Pedro Carchá, un grupo de vecinos manifestó frente a la municipalidad en contra de Ervin Catún, concejal primero electo, por el partido Líder.

“Nos sentimos engañados, porque el alcalde actual Víctor Hugo Cifuentes nos prometió que el participaría en la candidatura para ser reelecto pero no fue así, pues su nombre estaba tachado en la boleta”, dijo  Marisol Chot, inconforme.

Según el Tribunal Supremo Electoral, Cifuentes no fue inscrito por carecer del finiquito solicitado por la Contraloría General de Cuentas.