El juez Óscar Alvarado del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, determinó que la exfuncionaria cometió el delito de tráfico de influencias, al haber intervenido en favor de empleados que habían sido despedidos, entre ellos su padre.
Por medio de la declaración de testigos y un video, la fiscalía probó que en octubre del 2016, Ávila llegó al Segundo Registro de la Propiedad para intervenir a favor de los trabajadores que habían sido despedidos, entre ellos su padre.
Según el Ministerio Público Ávila intervino en el conflicto laboral. Además, habló con el registrador para pedir que cumpliera una orden de reinstalación, acciones que no estaban entre sus funciones.
Cuando ocupaba el cargo, la gobernadora indicó que el día de los despidos su padre la llamó para informarle que agentes de la Policía Nacional Civil que llegaron al Registro intimidaban a trabajadores. También afirmó que no tenía relación con su padre.
Según un video presentado durante el debate, Ávila llegó al Registro, y en una de las imágenes aparece junto a algunos empleados.
El 21 de febrero del 2017, Ávila perdió la inmunidad, pues según magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Penal de Xela había indicios de injerencia. La investigación continuó y el 2 de agosto del mismo año quedó ligada a proceso.
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Días después fue destituida. En la condena dictada este jueves también se contempla que queda inhabilitada para ocupar cargos públicos por cuatro años.
Ávila goza de arresto domiciliario y deberá ser llevada a prisión cuando el fallo quede firme. Sin embargo, la defensa tiene 10 días para apelar la decisión del tribunal.
Ávila estuvo al frente de la gobernación departamental durante 17 meses, su injerencia fue criticada por diferentes sectores sociales de Xela, quienes la señalan de no contar con preparación en administración pública y que dentro de su hoja de vida se afirma que era licenciada en Nutrición, cuando aún es estudiante.
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