Según Andrés Ardón, de la organizacion Cívitas, hay que ver cómo se desarrolla el caso, para establecer cómo va a afectar al alcalde Álvaro Arzú, aunque pareciera que es positivo para él, debido a que no es un tema muy relevante. “No es que se haya descubierto una estructura de saqueo en la Municipalidad, es pequeño, no es lo que se esperaba. Me atrevo a pensar que el caso va a avanzar, pero no como para que Arzú vaya a tener que renunciar”, indicó.

Política

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El jueves el MP y la Cicig descubrieron un nuevo caso que podría convertirse en la última trama que evidencia en manos de quien estaba el sistema penitenciario. Byron Lima Oliva, fue identificado como un administrador del traslado de reos, cobros de sobornos y hasta negocios con partidos políticos, que ahora alcalzan al alcalde capitalino Álvaro Arzú, y una alianza con otros cuatro partidos, que le pagaron al exmilitar con recursos del Estado para financiar una propaganda política.

Mientras que Andrés Ardón, de la organización Cívitas, consideró que la investigación que se reveló el jueves tomó por sorpresa a Arzú, pero, “si el alcalde no tiene nada que temer, no debería de haber ningún problema con que le quiten el antejuicio y lo investiguen”.

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Al mismo tiempo, Gálvez Borrel consideró que el alcalde no puede negar, la relación que tuvo con Byron Lima Oliva, quien fue parte de su equipo de seguridad cuando  fue presidente. “Hay incluso fotografías de ambos, es por eso que él no pudo negar el apoyo, y además indicó que continuaría haciéndolo a través de las viudas”, por lo tanto, el caso si merece una investigación más profunda, para ir aclarando, aunque reconoce que podría complicarse para el jefe edil.

Para Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, lo más importante del caso contra el alcalde Álvaro Arzú, es que se está “viendo que este sistema político ya no da para más y que está basado en un sistema de corrupción que no es compatible con las metas del MP y de la Cicig y por eso causa polémica”.

“Lo que se tiene que considerar es que un delito es un delito, y acá ya se había tomado como normal la corrupción, era parte de la cultura, por lo que al tocar personas que pareciera que son intocables ha generado molestia de un gran grupo de personas de cuello blanco. Además, todos los que se unieron en el pacto de corruptos están unidos y están temerosos”, aseguró Mack.

Papa caliente

En la investigación del MP y de la Cicig se detalló que las negociaciones del alcalde Arzú con la cooperativa Torre Fuerte se efectuaron entre el 2013 y 2015 para la coalición política entre el Partido Unionista (PU); Compromiso, Renovación y Orden (Creo); Todos, Victoria y Gran Alianza Nacional.

Carlos Fión, de Creo, aseguró que esa agrupación política no tuvo ninguna responsabilidad en el tema que le imputan a Arzú, aunque aceptó que hubo una coalición. Según el congresista cada partido efectuó sus registros contables propios e hizo su propia propaganda. “Que yo recuerde, no utilizamos la cooperativa Torre Fuerte, aunque todos los partidos la usaban”, detalló.

Mientras que Roberto Alejos, de Todos, indicó que fue Arzú quien lo convocó a la coalición, y el Partido Unionista (PU) donó las playeras que utilizaron.

Mariano Rayo, del Comité Ejecutivo del PU, indicó que el martes sostendrán una reunión y luego de ello darán una posición oficial.

El Ejecutivo presentó un proyecto de gasto para el próximo año de Q87 mil 922.9 millones, recursos que se pretende  financiar con Q18 mil 311.9 millones de préstamos y bonos del tesoro; es decir, que el  13.8 por ciento del Presupuesto  será cubierto con endeudamiento.

Esa parte no les gusta a los diputados. Por ejemplo, Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, aseguró que no están de acuerdo con el techo presupuestario y que consideran que debería  quedarse en no más de Q82 mil millones, lo que representa una disminución de Q5 mil millones a las proyecciones del Ejecutivo.

Pero lo que más se critica es la ejecución presupuestaria. Diputados ven incoherente que pidan más recursos si  han evidenciado que no pueden cumplir con las obras programadas.

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De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas, a dos meses y medio de terminar el año el Gobierno solamente ha ejecutado el 62.4 por ciento de los Q77 mil   622 millones que tiene asignados en este período.

Incapaces de ejecutar

“Es ilógico que pidan más dinero, cuando no han podido ejecutar lo que tienen asignado en este momento”, afirmó Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala.

Básicamente, el Ejecutivo está solicitando un incremento de su presupuesto por Q10 mil 300 millones, pero hasta ayer habían gastado Q48 mil 413.3 millones.

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Montenegro aseguró que hay dependencias como el Ministerio de Comunicaciones que, de los Q4 mil 98.1 millones que tiene asignados, únicamente ha podido ejecutar Q1 mil 469.5 millones; es decir, solo ha gastado el 35.5 por ciento
de los recursos aprobados para este año. “No sé para qué quieren más dinero”, criticó la legisladora.

Otras asignaciones

Para Carrillo es necesario que se revisen también algunas asignaciones, ya que en el proyecto del Ejecutivo no se contemplaron aspectos como el incremento a la refacción para los estudiantes, la cual pasó de Q1.11 por niño, al día, a Q3, luego de que fue aprobada la Ley de Alimentación Escolar.

Olvidan a comadronas

Otro rubro al que se le debe  buscar un espacio presupuestario es el estipendio para las comadronas, ya que este año no se pudo ratificar la normativa que las apoya con un beneficio anual de Q3 mil, pues  los recursos no están plasmados en el proyecto de gastos.

La jefa de Encuentro por Guatemala indicó que han podido identificar que la mayoría de los recursos que ha ejecutado el Gobierno han sido para funcionamiento; en especial   pago de sueldos a trabajadores contratados en el renglón 189, lo cual significa que son empleados que únicamente  presentan un informe mensual y no tienen ni siquiera que presentarse a trabajar. Esta modalidad   se usa para consultorías.

Si no es aprobado el proyecto de Presupuesto a más tardar el 30 de noviembre, como lo estipula la ley respectiva, el Gobierno tendrá que funcionar con los gastos e ingresos autorizados para este año.

Se analizará el gasto contemplado

Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, aseguró que ya se contempló la preocupación de los diputados de las otras bancadas. “Yo no he querido decir que vamos a bajar el Presupuesto, porque tenemos que escuchar el planteamiento del Ejecutivo”, indicó.
Según Maldonado, hoy se escuchará a autoridades de varias dependencias para que expliquen con qué base  se estableció el monto requerido.

Presupuesto desfinanciado

Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, considera que no apoyarán el proyecto de presupuesto en la forma como está presentado. “No vamos a votar por este porque está totalmente desfinanciado y fuera de la realidad económica del país”, adelantó.
Agregó: “Se tiene que tener un presupuesto lógico y coherente. No se trata de rubros específicos, se trata de toda la proyección de ingresos y de gastos”.

No apoyaremos ninguna propuesta

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que no apoyarán ningún presupuesto, aunque se modifique.
Según el congresista, la propuesta tampoco trae ningún candado de transparencia, por lo que la intención del Ejecutivo “es gastar a sus anchas”. Blanco afirmó que el presupuesto está desfinanciado y que no es posible que se plantee una deuda de Q20 mil millones.

Estos son algunos aspectos destacados de la reforma al código, bajo el decreto 18-2017:

• Se podrá constituir una sociedad anónima con Q200. 
• Cada accionista deberá pagar, por lo menos, el 25 por ciento del valor nomimnal de cada acción que suscriba.
• El depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo excedan la cantidad de Q10 mil. 
• El efectivo de una sociedad mercantil bajo el resguardo de sus administradores deberá obligatoriamente ser depositada en la cuenta bancaria de la empresa.
• Inscripción:  En el caso de sociedades colectivas o de responsabilidad limitada, están obligadas a publicar todos los nombres de los socios en el medio electrónico proporcionado por el Registro Mercantil.
• La sociedad inscrita podría ser cancelada por el Registro Mercantil si no presenta la documentación que demuestra el efectivo traspaso de dominio de bienes, en un plazo de tres meses.
• El Registro Mercantil deberá implementar un medio de comunicacón electrónico una vez entre en vigor las reformas al Código de Comercio.

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Las reformas entrarán en vigor 90 días después de la publicación en el Diario de Centro América.

El diputado independiente Oliverio García Rodas resaltó que con los cambios en el Código se reducirá el costo de la inscripción de sociedades anónimas, que por ahora rondan los Q15 mil.

“Esta es la reforma más importante que se le ha hecho al Código, lo cual ubicará a Guatemala 10 escaños arriba en el Índice de Competitividad Global del que actualmente ocupamos (84). Nos posicionará por encima de países como Brasil”, aseguró Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso.

Según el Parlamento, estas reformas beneficiarán a emprendedores guatemaltecos y extranjeros porque dota a los pequeños empresarios que pertenecen al comercio informal de las herramientas electrónicas para que formalicen sus actividades.

Además, las modificaciones contenidas en las iniciativas 4904 y 5194 están encaminadas a mejorar el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala.

Con información de Acan EFE

“Como que es un diálogo entre sordos o entre mudos, no se quiere oír nada, y esto es lo que no está bien. Tenemos que propiciar un ambiente tal que se pueda escuchar, que podamos sentarnos, que haya esa actitud de saber escuchar al otro, y de saber expresar lo que nosotros sentimos”, enfatizó Vian.

Las declaraciones del líder eclesiástico despertaron reacciones en algunos diputados del Congreso de la República.

“Considero que todos debemos de hablar con la verdad, cosa que él tiene razón y eso incluye a todos los sectores. El sistema debe de ser reformado y el diálogo es importante. Debemos de propiciar la actitud de escuchar al otro”, manifestó el diputado Adim Maldonado, diputado de FCN-Nación.

Vian también fue cuestionado sobre las acciones de la clase política en el Ejecutivo y Congreso, a lo que respondió: “Sobre todo, ahí. Vean cómo engañan, cómo nos engañan con esos discursos. ‘No soy ni corrupto ni ladrón’, pero claro que uno no ha robado, pero uno puede ser ladrón de otra forma, uno puede ser corrupto de otras formas, entonces también en eso seamos cautos. Digamos sí cuando es sí, no cuando es no”.

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Vian también manifestó que es “urgente” la renuncia de los diputados que votaron a favor de reformar las leyes para beneficiar la impunidad, con el objetivo de “purificar el Congreso”.

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“El hecho mismo que renuncien no va a necesariamente a cambiar inmediatamente las circunstancias porque suben los suplentes, y de todos modos nada cambiaría”, dijo Montenegro.

La legisladora consideró que se necesita hacer una propuesta más elaborada, pero más complicada. “Muchos han planteado hacer una Asamblea Nacional Constituyente, adelantar la contienda electoral o vías reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lograr los cambios al sistema”, puntualizó Montenegro.

Para no perder su puesto de asistente en el Legislativo, Valenzuela busca congelar su plaza. De esta forma la nueva parlamentaria quiere garantizarse que al terminar la legislatura pueda regresar a su antiguo trabajo donde devenga unos Q23 mil.

 No es la primera vez que un trabajador del Congreso inhabilita su plaza para ocupar una curul.

En enero pasado, el exdiputado Carlos Mejía reclamó la plaza que dejó en el 2007, cuando fue elegido diputado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

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Otra empleada del Congreso que también recurrió a la medida de inhabilitar su plaza en ese organismo fue la diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Karina Paz, que intentó conservar una plaza, que finalmente perdió.

Paz sustituyó al exdiputado César Fajardo, procesado un caso de plazas fanstama en el Congreso.

La petición fue apoyada por mil 349 estudiantes sancarlistas, quienes con su firma y número de identificación apoyaron la petitoria. A cada diputado le llevaron una carta personal en la que le detallan las características que deben tener como funcionarios públicos y su investidura y les hacen ver que carecen de esas capacidades.

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Los representantes de la AEU también adelantaron que están trabajando en la creación de meses interuniversitarias para promover las reformas pertinentes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

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El ministro fue cuestionado por los legisladores sobre cómo definió el monto que el bono de responsabilidad podía ser mayor al salario base, cuando solo es un complemento, a lo que el Mansilla respondió: “Los derechos adquiridos son irrenunciables, yo lo que hice fue transparentar. Yo sé que hay molestia, pero hemos dado pasos importantes en la transparencia”.

¿Usted le preguntó al comandante general del Ejército si le podía dar un bono, si autorizaba y si estaba de acuerdo? Preguntó un diputado al ministro Mansilla, quien puntializó: “Yo le presenté el sustento legal, que estaba en forma transparente y él lo aceptó”.

El jefe de la Defensa Nacional también dejó claro que ningún otro presidente había recibido el bono de responsabilidad con el que Jimmy Morales fue beneficiado desde diciembre del año pasado y que supuestamente devolvió después de conocerse el tema. 

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El ministro de la Defensa reconoce que presentó un sustento legal a @jimmymoralesgt y él estuvo de acuerdo con el bono de responsabilidad pic.twitter.com/S30zWXxFqL

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 26 de septiembre de 2017

El ministro fue cuestiona sobre el por qué no fue enviado a la Comisión de Probidad de Finanzas el dictamen de los Q50 mil que le darían al presidente. “No tengo explicación para decir por qué no lo mandé, fue un error administrativo, pero no hubo dolo ni mala intención. Mi actuación fue de buena fe”, dijo Mansilla. 

El ministro de la Defensa Nacional Williams Mansilla, entregó a los diputados de Encuentro por Guatemala, los comprobantes de depósitos salariales. Mansilla gana Q42 mil 120 por estar a cargo de la Defensa Nacional.

Mansilla explicó que su salario base es de Q21 mil, pero recibe otras primas por ser militar, por lo que su salario total se duplica.

"Los derechos adquiridos son irrenunciables" manifiesta el ministro de la Defensa pic.twitter.com/CTmutnfz9D

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 26 de septiembre de 2017

“En cuanto al bono de responsabilidad que yo tengo, no soy el primer ministro que lo tiene. No se ha aumentado, ni se ha modificado”, dijo Mansilla.

El ministro Mansilla, confirmó el 12 de septiembre que el presidente Jimmy Morales había recibido nueve pagos de Q50 mil por concepto del bono de responsabilidad, que suman Q450 mil.

Los demás miembros de la cúpula militar, que lo incluye a él, han recibido la misma cantidad de pagos según el cargo, por estos montos:

• Comandante General del Ejército: Q50 mil
• Ministro de la Defensa: Q45 mil
• Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Q40 mil
• Viceministro de la Defensa: Q35 mil
• Viceministro de Política de Defensa y Planificación: Q35 mil
• Viceministro de Marina: Q35 mil

Los diputados lo niegan, incluso Javier Hernández, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aseguró a algunos medios que “dada la coyuntura, no se harán mociones privilegiadas”, ni van a alterar las agendas que se definan en la reunión de  jefes de bloques.

“En ningún momento estamos pasándola, de lo contrario se hubiera pedido en —la reunión de— jefes de bloques”, aseguró.

Sin embargo, en declaraciones a La Red, el jefe del bloque de FCN-Nación indicó: “Para ser honestos, primero tenemos que encontrar los consensos necesarios dentro de los jefes de bloques para poder pedirla; por eso no se solicitó hoy”.

“Estuvimos atentos del discurso del señor presidente —en Izabal—; sin embargo, no hubo  momento para esperar los consensos con los otros diputados. En su momento y con los acuerdos necesarios se va a solicitar, y se hará en jefes de bloques, evitando las mociones privilegiadas”, afirmó.

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Sobre el rechazo a  Francisco Solórzano expresado por ganaderos ayer en Izabal, superintendente de Administración Tributaria,   Hernández indicó:  “Se hacen muchos comentarios irresponsables. Yo quiero ver el reporte que envió para ver la parte legal, y nosotros pasar esa ley”.

Apoyo dividido

Aunque las fuerzas están divididas, sí existe  discusión. El diputado Jaime Regalado, del Movimiento Reformador, uno de los mayores impulsores de la propuesta, señaló que “no es el mejor momento para hacerlo, pero es necesario, para que entren en la formalidad y se normalicen”.

El congresista afirmó que la ley de simplificación tributaria “deberá ser abordada en su momento”.

“Fue aprobada por Solórzano Foppa. Si hay consensos la próxima semana se va a retomar; de lo contrario, se hará cuando cuente con el apoyo”, señaló.

Juan Ramón Lau, jefe de la bancada Todos, comentó que ellos no apoyarán la propuesta si se presenta a través de una moción privilegiada, pues antes tienen que conocer la iniciativa.

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, recordó que la propuesta contiene la intención de una amnistía tributaria, por lo que en este momento no es aconsejable y se tiene que pedir una opinión a la SAT al respecto.

Durante un discurso que ofreció Morales en una reunión con ganaderos y agroindustriales en Izabal, aseguró: “Corremos el riesgo de que en noviembre volvamos a tener un poco de problema -con el abastecimiento en hospitales- porque la anterior autoridad del ministerio -de Salud- no hizo las compras correctas”.

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La anterior autoridad es Lucrecia Hernández Mack, quien renunció junto con su equipo de trabajo a la titularidad de esa institución, luego de que Morales declarara non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez, dos días después de que se presentara junto con el Ministerio Público una denuncia contra el mandatario por financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.

Pocos minutos habían pasado desde la declaración de Morales, cuando Hernández Mack se pronunció en redes sociales, y de manera sarcástica escribió: “Traducción: ‘Queremos declarar estado de calamidad en red de servicios para comprar por excepción. Ya tenemos diputados y proveedores”.

Más tarde agregó: “De paso que él -Morales- pide 'dar la cara', cuando se ha estado escondiendo en las últimas semanas, sin dar explicaciones ni declaración alguna. Pfff”.

Contra la SAT

Otro de los que fueron aludidos en Izabal, fue el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Francisco Solórzano Foppa, pero no por el Presidente, sino por el ex diputado del partido Líder (2008-2012) Édgar Leonel Castañeda, de la asociación de ganaderos de Izabal, uno de los invitados a estar junto al mandatario en la tarima principal.

“Nosotros los guatemaltecos no queremos izquierdistas en el gobierno, no estamos acostumbrados.. Fuera Foppa, también. No necesitamos también a esta señora que nos está tropezando todos nuestros procesos de invasiones de tierras aquí en Izabal”, dijo Castañeda en su discurso.

Desde que Solórzano Foppa asumió la SAT, ha impulsado una lucha contra los evasores de impuestos. Esto ha sido tomado por los agroindustriales, quienes en su mayoría trabajan en la informalidad, como un ataque.

Incluso, para evitar las sanciones establecidas en ley, han buscado, a través de algunos diputados en el Congreso, que se declare una amnistía fiscal y judicial, que además les condonaría el pago de multas y sanciones por todos los años que no han pagado impuestos.

Luego del rechazo manifestado durante el discurso del mandatario, el titular de la SAT también se pronunció en redes sociales, afirmó: “Que un sector informal y evasor como el ganadero, pida mi salida, es un elogio a mi gestión. Pagarán mas pronto que tarde, denlo por hecho”.

Durante su discurso, el mandatario indicó que está impulsando una ley que de regularización que permita a los ganaderos, a los agricultores y a los vendedores de informalidad pagar impuestos, para “contribuir legalmente en la construcción de la Guatemala que nosotros queremos”.

Vea las polémicas declaraciones:

Así lo indicó durante un discurso que ofreció a diversos sectores, luego de una reunión que sostuvo con ganaderos de Izabal.

Durante su disertación el mandatario culpó a la exministra de un posible desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, pues “no hizo las compras cuando se debía”, “ojalá de la cara como lo ha hecho para otras cosas”, indicó Morales.

La exministra Lucrecia Hernández renunció luego de que el Presidente declaró non grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y desde ese momento ha sido bastante crítica de la gestión.

Promesas

El mandatario también ofreció a los ganaderos impulsar la ley que regulariza a ese sector, el cual ha trabajado desde la informalidad.

La única propuesta relacionada con el tema que se discute en el Congreso, es para otorgar beneficios fiscales a través de una amnistía.

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Cuando Morales habló del tema, muchos de los asistentes gritaron críticas contra el superintendente de Administración Tributaria, Francisco Solórzano Foppa.

Otra de las ofertas del Presidente fue regularizar a los maestros, según sus palabras, se tratará de contratar de manera permanente a quienes prestan sus servicios profesionales bajo contratos temporales.

Contra la corrupción

El presidente aseguró que desde que era candidato se comprometió a luchar contra la corrupción, pero “con pruebas reales” y no de una manera selectiva, este mensaje ha sido utilizado también por diputados que han apoyado el denominado pacto de corruptos, quienes alegan que no se ha denunciado a agrupaciones políticas como la Unidad Nacional de la Esperanza, pese a varios procesos abiertos.

Morales también indicó que desde que buscaba la presidencia ha sido atacado, y para comprobarlo ejemplificó con las críticas que recibió por aceptar medicamentos vencidos, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos lo denunciara.

“He tratado de ser valiente diciendo lo que tengo que decir, cuando lo tengo que decir”, aseguró el Presidente Jimmy Morales.

Además indicó que: “Guatemala está en un momento de cambios, pero tiene que ser en paz”.

Minimizan protestas de rechazo

Tanto el gobernador departamental de Izabal, César Augusto Fajardo, como el alcalde de Los Amates, Milton Pantaleón Portillo, minimizaron las protestas contra el Gobierno de Morales.

El más efusivo fue el gobernador, quien es nombrado por el mandatario según establece la Ley. “No es posible que el año antepasado en el mes de noviembre más de dos millones de guatemaltecos nos constituimos en las urnas electorales y allí dijimos que Jimmy Morales es el presidente de Guatemala, por lo tanto, no vamos a aceptar que pequeños grupos minoritarios que no tienen ninguna representación estén pidiendo su renuncia”, manifestó.

Agregó: “Creo que por respeto y por lealtad el pueblo de Guatemala tiene que decirle no a esa gente que se han manifestado, pues no son la gran cosa”.

Según Fajardo: “En el último censo éramos 16 o 17 millones, después de ese censo ya somos más de 20 millones, y para que en la plaza se reúna cinco o diez mil personas, esa gente tiene un chorizo de ceros abajo del uno, y por lo tanto no pueden decir que están hablando en nombre de los guatemaltecos honrados y trabajadores”.

Mientras que el alcalde municipal de Los Amates indicó: “Pueblo, no es fácil administrar un municipio, mucho menos administrar un país, lamentablemente siempre hay grupos que tratan de desestabilizar, el municipio de Los Amates no se salva de esta situación, lo ideal sería que todos nos uniéramos”.

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Vea los encendidos discursos:

Su primera acción fue la distribución y elección de la actual junta directiva del Congreso, que encabeza   Óscar Chinchilla.

Esta decisión estaba unificada a la aprobación y distribución del Presupuesto General de este año, así como al reparto de las comisiones de trabajo del Legislativo, y al nombramiento de representantes del Congreso ante instancias como el Registro Nacional de Personas, la Junta Monetaria y el Consejo Nacional del Migrante. Estas últimas dos no lograron finiquitarlas por acciones legales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual había guardado distancia.

Sin embargo, ahora se han convertido en los protectores del mandatario Morales, y fueron los impulsores de leyes que buscan la impunidad para los funcionarios y dignatarios que han sido señalados de actos corruptos.

Las cabezas

Aunque el primer año de la octava legislatura no fue el mejor para el partido de Gobierno, debido a que quedaron fuera de todos los espacios de dirección, en este lograron unir fuerzas con quienes hasta octubre del año pasado habían respaldado a la UNE.

Con sus 37 legisladores —70 por ciento tránsfugas—, el Frente de Convergencia Nacional (FNC-Nación) logró sumar 50 votos más, provenientes de su pacto con las bancadas Movimiento Reformador (MR), Todos, Alianza Ciudadana (AC) y Unión del Cambio Nacinal (UCN). Las primeras dos fueron aliadas de la UNE, pero la dejaron, debido a que ésta se negó a quitar a Mario Taracena de la presidencia del Congreso para este año.

Aunque el fraccionamiento de las bancadas ha sido evidente y ha impedido que avance la agenda legislativa, no fue así para defender al presidente Morales y  buscar leyes que garanticen la impunidad a funcionarios y diputados señalados de varios delitos.

Además, después de la aprobación de las reformas al Código Penal, con las que se dividió el delito de enriquecimiento electoral ilícito y se permitía la conmuta de las penas menores a 10 años, se evidenció que la mayoría de los diputados de las bancadas aliadas solo reciben órdenes de las iniciativas por las que votar, y a esto les han denomina “voto disciplinado”.

Pero ¿quiénes son los que negocian? Según diputados, el Congreso está siendo dirigido por Felipe Alejos, de Todos; Alejandra Carrillo y Jaime Regalado, del MR; Armando Escribá, de AC; y Javier Hernández, de FCN-Nación.

Sus reuniones las hacen afuera del Congreso y suelen llegar con acuerdos previos. En éstas también participa Julio Lainfiesta, de UCN.

A veces los acuerdos son acompañados por las bancadas Visión con Valores, Unionista y Compromiso, Renovación y Orden.

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Alianza fallida

A esta alianza se había resistido la UNE y FCN-Nación no quería ningún acuerdo con ellos. Sin embargo, encontraron un  punto en común, luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los señalara de financiamiento irregular durante la campaña del 2015.

Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, recordó que estas bancadas se caracterizan por estar integradas por diputados que han sido señalados en actos de corrupción.

A criterio del experto, estos bloques buscan sentar un precedente que reduzca espacios al MP y a la Cicig y donde se evidencie que hay un grupo parlamentario que se resiste y choca con la institucionalidad judicial. “Es como un pulso técnico político donde se quiere cerrar filas a posibles investigaciones en su contra”, dijo Barreno.

Los allanamientos e inspecciones, realizados por la Policía Nacional Civil  (PNC) y el MP, fueron en los embarcaderos ubicados en el área del canal de Chiquimulilla.

Mayra Veliz, secretaria general del ente investigador informó que se inspeccionaron 22 embarcaderos y se efectuaron dos allanamientos en dicho lugar.

En los embarcaderos se revisaron 85 lanchas, de esa cantidad fiscales determinaron que 33 mostraban alteraciones. Además, sospechan que los vehículos fueron utilizados para transportar algún tipo de droga.

“Se determinó que las insignias de algunas lanchas son falsificadas y varias los tenían pegados con silicón, para aparentar que, si estaban registradas en el ministerio de la Defensa”, dijo la secretaria general del MP.

Lista de irregularidades

• Números de matrícula alterados.
• Nombre de las embarcaciones borrados.
• Distintivos e identificativos propios.
• Calcomanías pegadas con silicón.
• Números de serie borrados.
• Alteraciones en los motores.

El ente investigador detalló que la manera de operar de la estructura era dirigirse a mar abierto a traer la droga para trasladarla a tierra para comercializarla.

Veliz informó que la investigación empezó luego de un operativo efectuado el 13 de junio último. En dicha operación se realizó el decomiso de 950 kilos de cocaína, que eran transportados en lanchas tiburoneras identificadas como Victoria I y Victoria III.

En ese operativo fueron capturadas siete personas: tres guatemaltecos, dos ecuatorianos, un colombiano y un salvadoreño.

Autoridades esperan que con el operativo se evite que las embarcaciones sean usadas para el trasiego de droga, tráfico de armas, entre otros ilícitos.

El operativo efectuado es en marco de la Política de Persecución Penal Estratégica del MP ejecutado por esa institución.

Un día después de las manifestaciones contra la corrupción y la impunidad en las que, según la Procuraduría de Derechos Humanos, participaron más de 200 mil personas en todo el país, los diputados fueron convocados para sesionar a las 10:00 horas.

La sesión plenaria duró una hora, aunque la votación para desaforar al Presidente se llevó a cabo en 10 minutos. El retraso se debió a que los congresistas no se ponían de acuerdo en si debían detener la interpelación del ministro de Gobernación para entrar a conocer el antejuicio.

Finalmente, se reunieron los 80 votos para cambiar el orden del día, por medio de una moción privilegiada, y se votó para retirarle la inmunidad al Presidente. En total, 70 de los 112 diputados presentes en la sesión, votaron a favor, 42 en contra y hubo 46 ausentes.

Las bancadas FCN-Nación, Movimiento Reformador, UCN y TODOS votaron en contra de retirarle la inmunidad a Jimmy Morales. Por otro lado, la UNE, Encuentro por Guatemala y Convergencia votaron en contra del mandatario.   

Debido a que no se alcanzaron los 105 votos necesarios para que pasara en antejuicio, el expediente fue nuevamente archivado.

Respeta decisión

El Ejecutivo se pronunció al respecto y señaló que el fallo debe entenderse “dentro del contexto de la independencia de poderes y respeto al estado de Derecho”.

#Comunicado | Ante la decisión del Honorable Congreso de la República de mantener la inmunidad al presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/tsPaGqCpYj

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 21, 2017

El martes, durante la reunión de jefes de bloque, nueve diputados pidieron que se retomara para la sesión de hoy el tema del antejuicio del presidente Jimmy Morales. La reunión del Pleno está convocada para las 10 horas. 

Pese a la presión ciudadana, es muy probable que el presidente Jimmy Morales mantenga su inmunidad, ya que no habría votos suficientes para retirársela. Ni siquiera se lograrían los 80 para que el expediente regrese al pleno.

Hasta ahora solo han manifestado su intención de discutir de nuevo el antejuicio del mandatario las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Encuentro por Guatemala (EG), Convergencia y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), que aunque lleguen todos sus diputados y elijan en una misma línea,  solo sumarían 46 votos.

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Para solicitar que el expediente del antejuicio llegue al pleno se requieren 80 votos, y para retirarle la inmunidad a Morales hace falta el apoyo de 105 congresistas.

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El diputado Boris España, de la bancada Movimiento Reformador, dijo que en su bancada aún no han analizado si respaldarán al presidente o votarán a favor de quitarle la inmunidad, además de una tercera posibilidad que dejen en libertad a los diputados para votar.

“Este tema se va a conocer, si no es esta semana la próxima. Se tendrá que tomar una decisión, o se archiva o se solicita la quitada de la inmunidad al presidente”, dijo España.

Por su lado, Carlos Barreda, de la bancada UNE, dijo que el bloque buscará que se le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

“En la última votación la UNE se dividió. Yo fui de los que voté a favor de levantar el antejuicio, sin embargo, hubo otros diputados que votaron en contra. La definición que se tomó en el Comité Ejecutivo y bancada fue levantar el antejuicio al presidente”, dijo Barreda.

Reprueban legislatura

El actuar de los diputados ha generado reacciones sociales en las últimas semanas. El 11 de septiembre, 104 diputados decidieron blindar la inmunidad del presidente Jimmy Morales, para que no fuera investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lo sindica del delito de financiamiento electoral ilícito.

Dos días después, los 107 diputados, próceres de la impunidad, aprobaron de urgencia nacional las reformas al Código Penal, bajo el decreto 14-2017, en el cual modificaban el delito de financiamiento electoral ilícito, para librar al presidente Morales y a los diputados Orlando Blanco de la UNE y Roberto Villate, contra quienes el MP y la Cicig han solicitado que se les retire el derecho de antejuicio.

Además, los diputados aprobaron el decreto 15-2017, para favorecer la cantidad de delitos conmutables, beneficiando las penas contra más de 400 delitos, entre ellos, los que enfrentan exfuncionarios acusados de corrupción, pero también a otro tipo de crímenes relacionados a la violencia e inseguridad. 

Desde el jueves de la semana pasada, los periodistas que están en la fuente han tenido dificultades para desempeñar su labor periodística en las instalaciones del Congreso de la República.

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El jueves, aunque la reunión de jefes de bloque se realizó a puerta cerrada en la oficina de le presidencia del Congreso, los periodistas permanecieron más de dos horas en la calle, porque la seguridad les impedía el ingreso al Palacio Legislativo, aduciendo que era una orden de la presidencia de ese organismo.

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“Voy a hablar con la gente de seguridad, yo soy el presidente del Congreso, no soy el jefe de seguridad, hay un directivo al que se le delegó esta atribución”, argumentó Óscar Chinchilla, presidente del Congreso.

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Chinchilla comentó que no ha girado instrucciones al respecto y que hablaría con el diputado Eduardo Ramiro de Matta, quien es el delegado y encargado de temas de seguridad en la junta directiva, supuestamente para corregir la situación.

“Yo no le he dado ninguna instrucción a ningún guardia, voy a hablar con el jefe de seguridad y les pido respeto para los trabajadores de seguridad”, dijo Chinchilla.

Una semana después de que 104 diputados apoyaron al presidente Jimmy Morales para que conservara su inmunidad y no fuera investigado por señalamientos de financiamiento electoral ilícito, las bancadas han cambiado de opinión y nueve jefes de bloque lograron que se retomara la discusión en el Pleno sobre el antejuicio del presidente Morales.

En la reunión de jefes de bloque, diputados de las bancadas UNE, Winaq, Convergencia y URNG-Maíz pidieron que se retome en el Pleno la discusión sobre el retiro de inmunidad al presidente Morales, antejuicio que se encuentra archivado en la Dirección Legislativa.

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Antejuicio

El diputado de la UNE, Carlos Barreda, quien al igual que la mayoría de su bancada apoyaron el Pacto de Corruptos, para reformar el Código Penal y proteger la inmunidad al presidente, ahora pide que se retome la discusión sobre su antejuicio.

Barreda argumentó que los diputados tienen el derecho legítimo de llevar de nuevo al pleno el antejuicio contra Morales, además solicitó fijar una agenda prioritaria y que se desistiera de la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Rivas. 

La bancada Winaq, representada por el diputado Amílcar Pop, quien secundó las modificaciones del Código Penal, también requirió que se incluya en la agenda el antejuicio contra el presidente. Pop aseguró que ya existen acuerdos entre varias bancadas para quitarle la inmunidad a Morales.

“Ojalá el Congreso esté arrepentido de lo que ha estado haciendo”, comentó la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, quien reiteró que están debilitando el sistema de partidos políticos.

“Evidenciar que no sabían qué estaban votando, es decir que no están haciendo su trabajo”, dijo Morán.

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Lo defienden

Javier Hernández, jefe de la bancada oficial FCN-Nación, dijo que llevar al Pleno nuevamente el antejuicio contra el gobernante es para lavarse la cara. “Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al presidente”, expresó Hernández.

“No caigamos en presiones, no por 20 tuiteros que tienen 200 cuentas vamos a dañar una institución”, dijo Hernández.
Hernández dijo que el Ministerio Público puede seguir investigando a su partido, para confirmar si tuvieron financiamiento electoral ilícito.

"Sería injusto que para lavarnos la cara estemos entregando al Presidente" indica @Jhfranco9, @fcnnacion pic.twitter.com/SzW3u7j7qK

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 19 de septiembre de 2017

Hernández expuso que el Ministerio Público puede seguir investigando a su partido, para confirmar si tuvieron financiamiento electoral ilícito.

Fernando Linares Beltranena fue otro de los diputados que se opuso a retomar la discusión para retirarle la inmunidad a Morales. “El antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, es un antejuicio contra la institucionalidad”, afirmó Linares.

El contralor general, Carlos Mencos,  explicó en una citación con la bancada Encuentro por Guatemala (EG) que el documento legal que dio vida al bono debió publicarse en el Diario de Centro América, ya que   debía hacerse mediante un acuerdo ministerial.

“Según el criterio primario de los auditores, el Ministerio de la Defensa emitió una disposición, no una ley. Ellos deben emitir acuerdos ministeriales, por lo que podría haber abuso de autoridad”, afirmó Mencos.

Según el Ministerio de Defensa, el mandatario recibió  un bono de responsabilidad por Q50 mil  durante nueve meses, lo que hizo un total de Q450.

Para Mencos, además del bono,  aunque el presidente sea el comandante del Ejército,  el puesto no es  administrativo, sino que la función es inherente a su cargo.

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El contralor dijo que la decisión  aún está en análisis,  ya que la CGC solicitó la información pertinente al Ministerio de la Defensa acerca del bono, la cual incluye nombres y detalles de quiénes habrían recibido el beneficio; sin embargo,  agregó que esa cartera solicitó una prórroga, por lo que se espera que   dentro de  cinco días   entreguen los datos.

Lesividad

Durante la citación, Mencos indicó que parte del análisis será  establecer si existe  lesividad en el beneficio otorgado, pues además del gobernante lo recibían secretarias, pilotos, oficiales, especialistas, viceministros y el ministro.
“Hay que evaluar si existe lesividad, caso administrativo o acción de tipo penal. De cualquier forma se va a actuar”, aseguró el contralor.

Según el acuerdo del Ministerio de la Defensa que presentó Mencos a los diputados, además de a Morales  el bono estaba dirigido a más de 90 cargos, muchos de los cuales recibían más de lo que ganaban como sueldo.

“Se hará una auditoría completa. El alcance del acuerdo no es suficiente para hacer esos pagos”, manifestó el encargado de la fiscalización del gasto del Estado.

 De acuerdo con Nineth Montenegro, de EG, recibieron información de que, aunque el bono está autorizado para otras personas, algunas no lo recibieron y otras solo por un mes.

El congresista Leonel Lira, también de EG,  recordó que la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que estableció que los sueldos del Ejército no están protegidos por el secreto de Estado.

A la citación debió haber acudido el ministro de la Defensa, Williams Mancilla, pero envió una carta de excusa  en la que argumentaba que tenía compromisos asumidos con anterioridad.

La nueva maniobra de los diputados se dio en una plenaria realizada después de la sesión solemne para conmemorar el 196 aniversario de la indepedencia de Guatemala, a la que asistió el presidente Jimmy Morales.

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Investigan financiamiento electoral ilícito en partido oficial

Aún no finalizaba la sesión solemne cuando empezó a circular en el pleno las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.

Los puntos del orden del día empezaban a ser discutidos cuando, de manera sopresiva, varios diputados presentaron una moción para alterar la agenda. Otros parlamentarios desconocían el contenido de la propuesta.

Se trataba del proyecto para suavizar el delito de financiamiento electoral ilícito de los partidos políticos. Los firmantes de la iniciativa fueron los diputados Javier Hernández, de FCN-Nación; Orlando Blanco, de la UNE; Alejandro Carrillo, de Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana.

La iniciativa fue aprobada en un único debate al ser admitida como de urgencia nacional. La aprobación por artículos y redacción final tuvo 107 votos a favor y 16 en contra, lo cual dio vida al Decreto 14-2017.

 Las reformas

El artículo 1 del nuevo decreto reforma el artículo 407 “N” del Código Penal, que queda así:

El artículo 2, que reforma el artículo 407 “O” del Código Penal, beneficia a Orlando Blanco, el presidente Jimmy Morales y Roberto Villate, secretarios general de los partidos UNE, FCN-Nación y Líder, respectivamente, señalados por el MP y la Cicig de financiamiento electoral no registrado o anónimo.

El mandatario Morales ya fue salvado por el Congreso de la investigación al no retirarle la inmunidad, mientras que Blanco y Villate enfrentan un proceso de antejuicio, al que ya le dio tramite la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y designó jueces pesquisidores.

Los diputados quitaron la responsabilidad de este delito a los secretarios generales de los partidos políticos, y ahora el responsable legal será el contador de las organizaciones.

La reforma también limita a que únicamente el TSE podrá denunciar penalmente el financiamiento electoral no reportado.

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El artículo reformado queda de la siguiente manera:

El artículo 3, que reforma el artículo 407 “P” del Código Penal, favorece a los partidos políticos UNE y FCN-Nación. 

Esta modificación queda así:

Con estas reformas no se investigarían los recursos obtenidos mediante lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, como se establecía en el artículo 407 “N” antes de ser modificado.

#DiputadosGT que apoyaron la propuesta con la que se benefician los partidos políticos, en especial Líder, @partidoune y @fcnnacion pic.twitter.com/Ycb5kUnuy4

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) September 13, 2017

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Conmutación de penas

Luego de aprobadas las reformas relativas al financiamiento electoral ilícito, ingresó al pleno una nueva moción sin que se dieran mayores detalles.

Se trataba de la ley de conmutación de penas y aceptación de cargos, que incrementó de 5 a 10 las penas de cárcel conmutables. Los diputados también avalaron conocerla de urgencia nacional y fue aprobada en un único debate, con 106 votos a favor y 13 en contra. Los mismos votos se registraron en la aprobación por artículos y redacción final.

El proyecto de ley aprobado es completamente diferente al presentado en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al cual se opusieron organizaciones sociales.

El artículo 1 del Decreto 15-2017 reforma el artículo 50 del Código Penal, el cual queda así:

Hurto y robo

El artículo 2 modificó el artículo 51 del Código Penal, que establece en que casos las penas serán inconmutables.

Con estas reformas, los condenados por hurto y robo sí podrían ser beneficiados con pena conmutable, ya que el numeral que lo impedía fue eliminado del artículo.

El nuevo artículo queda de la siguiente manera:

Varios de los procesados en el caso conocido como La Línea enfrentan delitos relacionados con la defraudación aduanera, ilícito que según las reformas no podrá tener pena conmutable. Entre los sindicados en ese caso están el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

Alianza UNE-FCN

La nueva maniobra de los diputados evidencia una alianza entre los bloques mayoritarios: UNE y FCN-Nación.

La dos bancadas han unido fuerzas en cuatro ocasiones para aprobar iniciativas que les favorecen personalmente o al partido al que pertenecen: Ley de Amnistía Judicial, Bono 14, antejuicio contra Jimmy Morales y financiamiento ilícito.

Solo el diputado Oliverio García Rodas habló o se opuso a la ley aprobada por la alianza UNE-FCN sobre financiamiento electoral ilícito. 

Las bancadas Movimiento Reformador, Todos y Alianza Ciudadana se sumaron a la alianza para aprobar la ley de conmutación de penas.

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“Sumamente contenta”

La diputada Delia Bac, de Alianza Ciudadana, se mostró satisfecha por el acuerdo poco común que quedó en evidencia con las leyes aprobadas este miércoles.

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“Si nos ponemos de acuerdo los 105 votos podemos logran grandes cosas dentro del Hemiciclo, no lo habíamos logrado, pero ahora tenemos el apoyo de todas las bancadas y hemos logrado lo que se logró hoy”, dijo Bac.

La parlamentaria negó que las iniciativas aprobadas estén dirigidas a proteger intereses particulares y, según ella, la ley de conmutación de penas busca reducir el hacinamiento en las cárceles.

Escuche sus declaraciones:

Imagen negativa

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, explicó que su voto fue en contra porque ni siquiera le proporcionaron la iniciativa para analizarla y suplicó a los diputados que se respete la agenda acordada por los jefes de bloques.

“Las mociones privilegiadas son sorpresivas, generan confusión, generan dudas, y sobre todo generan una imagen negativa del Congreso”, expresó Montenegro.

Las mociones generan una imagen negativa, dice @NineMontenegro pic.twitter.com/CIRr5cYPMx

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 13 de septiembre de 2017

Con 105 votos a favor, la mayoría de diputados aprobaron las reformas al Código Penal, con una iniciativa. La propuesta le quita la responsabilidad financiera a los secretarios generales y se las otorga al contador de las agrupaciones políticas, para que la persecución caiga sobre mandos medios. 

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Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política que no haya registrado el financiamiento electoral”.

Con esto cambios, los secretarios generales de los partidos políticos quedaron eximidos de responsabilidades y de persecución penal cuando las agrupaciones han incurrido en este ilícito. 

La moción para alterar el orden del día y conocer de urgencia nacional las reformas al artículo, fue presentada y firmada por los diputados Javier Hernández de la bancada FCN-Nación, Orlando Blanco de la bancada UNE, Alejandra Carrillo del Movimiento Reformador y Delia Bac de Acción Ciudadana. 

Opositores de reformas 

Aunque fue minoría, varios diputados se opusieron a que se cambiara el orden del día y votaron en contra de las reformas que fueron apoyadas por las bancadas mayores. 19 diputados se opusieron. 

Persecución

El 24 de agosto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentaron una investigación contra algunos partidos políticos que habrían incurrido en financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.

Sumado a eso hubo Q3 millones 518 mil 65.04 que terceras entidades pagaron a su favor por concepto de publicidad en medios de comunicación. Dentro de ellas hay vinculaciones de Alejandro Sinibaldi, prófugo, y Jonathan Chevez, preso.

Aparte, la entidad Transacciones Monetarias Unidas pagó Q1 millón 566 mil 600 cuando la empresa estaba bajo control de Jonathan Chevez, que hacía operaciones de lavado de dinero en el caso La Línea y TCQ. La Auditoría Electoral del TSE hizo cinco notas de solicitud de aclaración al partido sobre ese dinero, sin ninguna respuesta.

En términos generales Líder gastó Q71 millones 633 mil 650 en propaganda durante el periodo electoral de 2015 y gastó en campaña anticipada Q12 millones 206 mil 546.61, para un total de Q83 millones 840 mil 196.76.
El diputado Roberto Villate fungía como secretario general del partido Lider, por lo cual el MP y la Cicig iniciaron una solicitud de antejuicio contra el parlamentario para que pueda ser investigado.

La UNE supuestamente usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas que realizarían el pago en calidad de donación para el partido, no lo hicieron, como lo aseguró la UNE, la empresa Maariv, S.A. debía cancelar Q583 mil 730.01 y Bienno, S.A. 1 millón 332 mil 875.05.

Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.

La Superintendencia de Administración Tributaria determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Núñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas, sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

Velásquez dijo que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurre en ilegalidad porque el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.

Por esas anomalías también solicitaron antejuicio contra el diputado Orlando Blanco quien era secretario general de la agrupación política cuando sucedieron esas anomalías.

Antejuicio contra presidente

El 25 de agosto el MP y la Cicig presentaron otra investigación por financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó al poder al presidente Jimmy Morales, quien también fungió como secretario general.

FCN Nación incumplió con la rendición de cuentas ante el TSE durante el periodo del 1 de enero del 2015 al 9 de enero de 2016. El TSE solicitó revisión de soportes contables y documentación de ingresos y gastos, pero no fueron atendidas.

La Intendencia de Verificación Especial alertó sobre transacciones anómalas en dos cuentas bancarias en las que se estableció que Q1 millón 862 mil 206 y otra de gastos permanentes Q473 mil 45, no fueron reportados.

Para la segunda vuelta de FCN-Nación, en octubre de 2015, los gastos de campaña alcanzaban los Q4 millones 386 mil, de los cuales se desconoce el origen de los recursos de ese incremento constante. A esos Q4 millones se suman como mínimo Q2 millones 335 mil 20.52 que correspondieron a los depósitos dinerarios, que suman Q6 millones 721 mil 252.

Por este caso el MP y la Cicig solicitaron antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el cual conoció la Corte Suprema de Justicia y le dio trámite, pero el Congreso voto hace dos días en contra de retirarle la inmunidad al mandatario.  

Al confirmarse la asistencia del presidente Jimmy Morales al Congreso de la República, los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala colocaron carteles en sus curules con mensajes que rechazaban la acción del presidente de recibir el pago de Bonos del Ministerio de la Defensa, que calificaron de “ilegal”.

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Hernández y Giordano bajaron de sus curules y arrancaron los carteles de protesta que tenía la bancada Encuentro por Guatemala, lo que generó el intercambio de palabras entre los diputados.

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La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, fue designada para darle ingreso a la actividad solemne al presidente Jimmy Morales, quien apareció en una fotografía junto al mandatario en la actividad de bienvenida.

Minutos después la legisladora hizo una publicación en Twitter para aclarar que la foto donde aparecía con el presidente: “obedece a que fui nombrada por obligación a darle ingreso”, publicó Montenegro.

Ingresa al hemiciclo parlamentario el presidente @jimmymoralesgt. Es recibido con aplausos por algunos #DiputadosGT pic.twitter.com/W57VEbVUKO

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 13 de septiembre de 2017

Ausencias

A diferencia de otros años, esta vez no asistieron a la invitación del Congreso Francisco de Matta, presidente de la Corte de Constitucionalidad, y Nery Barrios Medina, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el contralor General de la Nación tampoco atendieron a la invitación de los diputados.

Cuando ingresó al hemiciclo el mandatario fue aplaudido por la bancada oficial y varios legisladores de otros bloques como Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador.

Morales saludó a varios diputados oficialistas y a otros diputados de otras bancadas pero fue notorio que no quiso saludar a los diputados den Encuentro por Guatemala.

Cuando comenzó su discurso y habló de soberanía Morales hizo una pausa que fue aprovechada por los diputados oficialistas quienes volvieron a aplaudir al presidente.

A su salida del hemiciclo Morales volvió a ser aplaudido por diputados oficialistas. La seguridad presidencial puso una valla dentro del Congreso para evitar que los periodistas pudieran acercarse a Pasos Perdidos y abordar al presidente, quien se retiró sin dar alguna declaración.