Las autoridades de la municipalidad Indígena de Sololá azotaron a Juan Carlos Mejía Camajá, de 35 años, y le cortaron el pelo a Rebeca Larios, de 30, en el edificio de esa institución ancestral.

Esto solo fue el inicio de un caso que ha llevado a las autoridades a descubrir una estructura que ofrecía viviendas, visas de trabajo a Canadá y Estados Unidos, y víveres.

Ambos sujetos se hacían pasar por miembros de la alcaldía indígena de Sololá y también de la de Cunén, Quiché,  que en realidad no existe, según las primeras pesquisas. Desde estos supuestos puestos de poder local se supone estafaron a más de 400 personas con ofrecimientos de tramitar visas de trabajo de Canadá y Estados Unidos, entre otros.

Un testigo a quien identificaron como “el Chino”, fue pieza clave para que las autoridades indígenas sololatecas, descubrieran a Mejía Camajá y lograran arrestarlo junto con Larios. Muchas personas comenzaron a pedir cuentas a los miembros de la corporación municipal hasta que dieron con los imputados.

El 5 de mayo pasado fuero capturados, llevados a la sede de la municipalidad indígena, y ahí juzgados por métodos ancestrales y consuetudinarios. Mejía Camajá, hincado en piedras, admitió el hecho, y pidió perdón. Recibió 25 azotes en la espalda como corrección. Larios hizo lo mismo y a ella le cortaron todo el pelo.

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Las pesquisas inician porque Mejía Camajá tenía en su poder un celular, imágenes, información, pasaportes y diversos documentos los cuales podrían constituir indicios de la comisión del delito de estafa, según el Ministerio Público.

La Fiscalía de Distrito de Sololá los embaló e inició las diligencias de investigación correspondientes en virtud de la denuncia realizada por las autoridades antes referidas. En conjunto con la Fiscalía de Quiché analizaron algunos otros casos, y determinaron que sí había denuncias relacionadas con hechos parecidos.

Fue así que el 15 de mayo en horas de la mañana, la Fiscalía de Distrito de Quiché en conjunto con la Agencia Fiscal en el municipio de Cunén, la Fiscalía Municipal de Nebaj, personal de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, llevaron a cabo 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Estas las ejecutaron en inmuebles ubicados en Cunén, Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en seguimiento a una investigación que se desarrolla por estafa propia y asociación ilícita.

Asimismo, se tenía planeado llevar a cabo una exhumación en una de las viviendas porque durante la comparecencia ante las autoridades indígenas de Sololá se denunció que el “sujeto pertenecía también a un grupo de secuestradores” y pudieron haberle dado muerte a alguna de sus víctimas.

De acuerdo con la PNC en unos de los inmuebles localizaron documentos de apuntes varios sobre el dinero que recibía Mejía Camajá, principal líder de la supuesta alcaldía indígena de Cunén, Quiché, y listados de personas que eran engañadas (estafados) con proyectos de viviendas, visas americanas y entre de víveres.

Las fuerzas del orden localizaron armas de fuego, varas edilicias que representan el poder local y arrestaron a una mujer, que hasta ahora no han revelado la identidad.

Las investigaciones continúan y se intenta dar con el paradero de más personas vinculadas con este caso. Durante la audiencia en la alcaldía indígena de Sololá el sujeto indicó que vendería las propiedades que había adquirido para resarcir los daños a las supuestas víctimas.

Durante un poco más de dos años el sujeto se hizo pasar por autoridad indígena de su natal Cunén, Quiché, y comenzó a hacer más negocios cuando dijo que también pertenecía a la Alcaldía Indígena de Sololá. Ofrecía diversos negocios, pero entre ellos, el que más resalta, el trámite de visas de los Estados Unidos de América y Canadá. Al final unas 400 personas que entregaron dinero a cambio, consultaron con la autoridad ancestral sololateca y todo resultó ser un engaño.

Las denuncias de las víctimas, entre las que había mujeres y hombres, llegaron a oídos de las autoridades indígenas de Sololá, que hicieron las gestiones para dar con su paradero y llevarlo a la sede de la alcaldía en el municipio de Sololá. Junto con él capturaron a una mujer a quien señalan de ser su cómplice. 

Durante más de dos horas el sujeto, identificado como Juan Carlos Mejía Camajá, de 35 años, y la mujer como Rebeca, de 30, fueron sentados en el banquillo de los acusados. Los ubicaron en el medio del salón de la alcaldía indígena y a su alrededor colocaron cuadros en donde se leía que es autoridad indígena de Sololá. También había pasaportes, copias de visas de Estados Unidos y Canadá, y celulares, con los que se comunicaba con los clientes, ahora víctimas, y llaves de vehículos.

Las autoridades que integran la Alcaldía Indígena de Sololá hicieron los señalamientos en su idioma materno, Kaqchikel. Además, a la sede de la autoridad ancestral de ese departamento, llegaron presuntas víctimas de Mejía Camajá, quienes comentaron la forma en que les ofrecía tramitar la visa en la Embajada de los Estados Unidos y Canadá para poder viajar en forma legal a aquella nación.

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Cobraba hasta Q100 mil

De acuerdo con las primeras investigaciones el sujeto cobraba hasta Q100 mil quetzales, pero aceptaba pagos iniciales de Q10 mil o Q20 mil para hacer los trámites de los pobladores que le requerían sus servicios no solo en Cúnen, sino en otros municipios de Quiché y Sololá. Mejía Camajá tenía dos cómplices, pero solo detuvieron a la mujer identificada como Rebeca.

El otro sujeto habría relatado a las víctimas la forma en que operaba Mejía Camajá, e incluso, que se hacía pasar como sacerdote maya. Con todas las estafas logró comprar una casa en más de Q400 mil y vehículos.

Luego de darles a conocer la razón por la que estaban en la sede de la Alcaldía Indígena, Mejía Camajá, recibió 25 azotes de parte de representantes de la autoridad ancestral. Cada golpe que recibió llevaba un mensaje que debía de dejar de dañar a las personas y resarcir los daños ocasionados. A la mujer le raparon la cabeza. Mejía Camajá debe ahora vender su vivienda y sus vehículos y devolver el dinero que le estafó a sus víctimas. 

El Ministerio Público (MP) confirmó que abrieron una investigación a partir de que las autoridades indígenas ancestrales de Sololá y Cunén, Quiché, coordinaron poner a disposición a Mejía Camajá, quien se hacía pasar por representante de esa municipalidad indígena con la finalidad de estafar personas en Quiché.

Derivado de lo anterior, Mejía Camajá fue juzgado por las autoridades ancestrales en la municipalidad indígena quienes resolvieron azotarlo como castigo por dichas acciones, indicó Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP.

Las pesquisas inician porque Mejía Camajá tenía en su poder un celular, imágenes, información y diversos documentos los cuales podrían constituir indicios de la comisión del delito de estafa, razón por la cual las autoridades indígenas los entregaron al MP, quien a través de la Fiscalía de Distrito de Sololá, los embaló e inició las diligencias de investigación correspondientes en virtud de la denuncia realizada por las autoridades antes referidas.

Tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en la aldea Pericón, Uspantán, Quiché.

Knal 4 Quiché informó que se trata de una mujer y sus dos hijas menores que se transportaban en un mototaxi.

La tragedia se registró cuando el mototaxi fue colisionado por un microbús en la ruta que conduce hacia el municipio de Cunén.

Bomberos Voluntarios trasladaron a la mujer gravemente herida hacia un hospital cercano, pero lamentablemente falleció cuando era ingresada.

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Mientras que las dos menores sin vida fueron retiradas del lugar en vehículos particulares y aún se desconoce la identidad de las víctimas.

Según familiares, las tres víctimas retornaban de una celebración religiosa.

Según Knal 4 Quiché, el piloto del microbús, repartidor de golosinas, fue retenido por pobladores y luego entregado a la Policía Nacional Civil.

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Socorristas informaron que el accidente se registró a las 20 horas de la noche del jueves 11 d agosto.

Se desconoce si el piloto del mototaxi resultó herido en el accidente.

Seis trabajadores de una empresa fueron liberados luego de 24 horas de retención en El Rancho, Cunén, Quiché, por vecinos que aseguran que no hubo permiso previo para hacer trabajos de introducción de fibra óptica.

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Otto Macz, gobernador de Quiché, relató que los trabajadores fueron retenidos la tarde del 18 de febrero.

Según versiones, los pobladores exigían Q400 mil a cambio de liberarlos y continuar sus trabajos, señaló el gobernador.

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Macz indicó que se planteó una exhibición personal a favor de los trabajadores y que una comisión de la Gobernación y la municipalidad de Cunén dialogaron con los vecinos para lograr la liberación de los trabajadores.

En un memorial remitido a la Procuraduría de los Derechos Humanos para solicitar su intervención para la liberación, Carlos Pulido, representante de Tega, dijo que su personal fue amarrado contra su voluntad y fueron despojados de sus herramientas de trabajo y de un camión.

Finalmente los vecinos liberaron a los trabajadores durante la tarde de este 19 de febrero.

Pedro Pú Canto, alcalde de Cunén, indicó que días atrás se autorizó los trabajos de la empresa TEGA para colocar postes que llevarían fibra óptica para colocar señal de internet en varios lugares de Cunén, pero al llegar al Rancho los trabajadores fueron retenidos por los comunitarios.

Los proyectos incluyen programas educativos y construcción y remozamiento de escuelas.

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La delegación, encabezada por Michael Grewe, jefe de la Cooperación Alemana en Guatemala, visitó Santa Cruz del Quiché y Cunén, donde ejecutan proyectos educativos.

Grewe señaló que muchas personas de esos municipios están en desventaja con respecto al acceso a la educación, por lo que considera importante la existencia de escuelas adecuadas.

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Uno de los proyectos que destacan fue la construcción del Instituto Nacional de Educación Básica del barrio San Juan, en Cunén, en el que se invirtieron Q7 millones. En ese plantel también funcionará un instituto de básico y otro de diversificado, con lo que se convierte en un establecimiento modelo para la región.

Grewe dijo que el instituto será el centro del proyecto de redes educativas.

Isaías Ajcot, director del instituto, explicó que el objetivo de las redes educativas es dar acompañamiento a los estudiantes hasta que lleguen a la universidad.

En el 2014 iniciaron los trámites para la construcción del edificio, recuerda Justiniano Pu, presidente de la organización de padres de familia. “No esperábamos que fuera así el edificio, creímos que sería como los que construye el Ministerio de Educación, pero nos equivocamos, fue un enorme edificio bien equipado”, comentó.

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Flora Mendoza, estudiante del sexto Perito Contador, manifestó: “soy una de las afortunadas de estar estudiando, muchas de mis amigas ya se casaron y tienen hijos, sus padres no las apoyaron para seguir estudiando, yo logré entrar a este instituto y espero que puedan implementar alguna extensión universitaria, quisiera estudiar auditoría”.

Técnico industrial

La Cooperación Alemana también remozó el Instituto Técnico Industrial de Santa Cruz del Quiché, donde, además, promueve un programa de becas en la Universidad Rafael Landívar,

Josefina Ixcoy, directora de la extensión de la Universidad Rafael Landívar en Santa Cruz del Quiché, comentó que la Cooperación Alemana sostiene a varios becarios, a quienes les costea las mensualidades y libros de texto.

Los beneficiarios contaron sus historias a los cooperantes, quien se sorprendieron al ver el esfuerzo que deben hacer los estudiantes para acudir a la escuela o la universidad.

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Estela Riz, becaria de enfermería y originaria de Xoljip, Zacualpa, comentó que al concluir la primaria su madre ya no quería que continuara sus estudios, con el argumento de que ella debía formar un hogar y procrear hijos; sin embargo, obtuvo una beca para estudiar en la universidad.

Manuel Lorenzana, representante de KFW de la Cooperación Alemana, comentó que se invirtieron unos Q15 millones 303 mil en la construcción del instituto y la intervención de 93 escuela en Quiché, además, se tiene programado con la construcción de un nuevo INEB por Q29 millones.

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Las dos mujeres colocaron la denuncia en la sede del Ministerio Público de Nebaj, Quiché, en la que indicaron que trabajan como facilitadoras sociales en el Ministerio de Desarrollo (Mides). En la denuncia señalan a Nicolás Alvarado Castro, síndico de la Municipalidad de Cunén y actual candidato a la alcaldía de ese municipio de FCN-Nación de presionarlas para convocar a las usuarias del programa Bono Seguro para que él les hable de su candidatura a la alcaldía.

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Las denunciantes manifestando en la denuncia que Alvarado Castro les pidió que incluyeran a más mujeres en el programa porque “antes de las elecciones se les daría un bono”; además, les habría indicado que “eran órdenes del candidato a la primera casilla distrital del FCN por Quiché, Hugo Fernando García Gudiel, y del candidato a la presidencia de ese partido, Estuardo Galdámez”. Ambas comentaron: “si no cumplían con las órdenes serían despedidas o trasladadas a otro municipio”.

Un de las denunciantes habló con Prensa Libre y pidió no revelar su nombre, por temor a represalias de los candidatos. Indicó que había salido de Cunén porque no sabía cómo reaccionaría Alvarado Castro ante la denuncia, ya que la oficina del Mides está en el edificio de la comuna de Cunén.

Este periódico llamó en repetidas ocasiones a Alvarado Castro, pero no respondió; finalmente una persona que se identificó como Diego respondió el teléfono del candidato y manifestó que este se encontraba en una reunión y que más tarde devolvería la comunicación, pero no fue así, y al intentarlo de nuevo, apagó el teléfono.

García Gudiel, candidato a diputado por Quiché por FCN-Nación, dijo que “algo sabía sobre la denuncia”, pero que no la conocía a fondo e indicó que no es su función “dar órdenes para ejecutarlas en algún ministerio, nosotros estamos para legislar y fiscalizar, yo no di ninguna orden para reunir a las integrantes del programa del bono seguro en Cunén”, afirmó.

“Yo no conozco a las mujeres que interpusieron la denuncia, soy respetuoso de las instituciones de justicia del Estado y esperaré a que los órganos competentes realicen la investigación, no tengo contemplado tomar acciones legales en contra de las demandantes”, mencionó.

Galdámez no respondió las llamadas realizadas a su celular, por lo que no se pudo conocer su punto de vista.

Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Nebaj, informó que las dos trabajadores del Mide también interpusieron la misma denuncia en esa sede e indicó que le darán acompañamiento al caso.

Esta es la segunda denuncia interpuesta en contra del candidato a la presidencia del FCN. Meses atrás, varios trabajadores del Mides en Chichicastenango lo denunciaron por acciones similares, a  García Gudiel y Javier Hernández, pero una semana después fue retirada la denuncia.

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Se informó que los agentes lo trasladaron hacia el Juzgado de Paz de Cunén que funciona en Santa Cruz del Quiché, donde le tomaron su declaración, luego fue llevado a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que fue agredido físicamente.

Así le contamos

Enfrentamiento en Cunén deja 11 heridos

Sicaj explicó que el lunes recién pasado cuidaba un tanque de captación en Media Luna, Cunén, a donde llegó un grupo de vecinos de Chiúl y rompieron una de las estructuras que surte de agua a la aldea Pajarito, Sacapulas.

Afirmó que trató de dialogar con el grupo de pobladores, pero escuchó un disparó al aire y al tratar de huir fue retenido y lo golpearon, luego lo llevaron a una carceleta en Chiúl.

Añadió que este miércoles el grupo lo llevó a un cuarto, donde le dieron a ingerir unas pastillas supuestamente para desinflamarle el brazo derecho.

Afirmó que le indicaron que lo dejarían en libertad si accedía a aprobar el proyecto de agua entubada que divide a pobladores de 11 comunidades con el resto de Cunén, ya que unos están de acuerdo y otros no porque afirman que hay irregularidades en la obra.

Enrique Pérez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Nebaj, Quiché, informó que después de una larga negociación se logró la liberación de Petrona Baten y sus hijos, Juana Victoria, Lupita y Mynor Gonzales Báten, hermana y sobrinos del alcalde de Cunén, Guadalupe Baten, quienes fueron retenidos por vecinos de Media Luna la mañana de este martes, 5 de marzo.

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La familia fue retenida por los enfrentamientos que estallaron nuevamente en este municipio por la realización de un proyecto de agua entubada para la comunidad de Chiúl, en dónde vive el alcalde, al cual se oponen varias comunidades por supuestas irregularidades en el proyecto, mientras que los beneficiaros dicen que se trata de problemas políticos y que necesitan el agua en su comunidad, indicó Pérez.

Otros retenidos

Enrique Pérez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Nebaj, informó que después de una larga negociación el martes último se logró la liberación de Petrona Baten y sus hijos, Juana Victoria, Lupita y Mynor Gonzales Báten, hermana y sobrinos del alcalde de Cunén, Guadalupe Baten, quienes fueron retenidos por vecinos de Media Luna.

Según el auxiliar, los pobladores de Media Luna dejaron en libertad a la familia del alcalde con la condición de que sus opositores en Chiúl liberaran a Diego Sicaj, segundo alcalde comunitario de Xetzá, retenido por los vecinos en los enfrentamientos. “Yo ya interpuse un recurso de exhibición personal a favor del alcalde comunitario, será la juez de Paz la encargada de verificarlo”, explicó Pérez.

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Situación tensa

“La situación en la región es sumamente peligrosa se nota la ausencia del Estado, no hay Policía Nacional Civil ni tribunales en Cunén y eso genera ingobernabilidad en el municipio, tampoco hay presencia de ninguna institución para lograr algún acuerdo entre los vecinos”, manifestó el auxiliar de la PDH.

Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, comentó que se envió un informe al ministro de Gobernación. “Hemos tratado que los dos grupos se sienten a una mesa de diálogo, pero la última reunión resultó un fracaso y se rompió la misma”, señaló el funcionario.

“Ya hay denuncias en el Ministerio Público de ambas partes con acusaciones mutuas, es importante que el proceso siga su curso, ya nadie quiere llegar al lugar porque terminan retenidos, estamos coordinando la presencia de las fuerzas d seguridad en el lugar”, indicó Samayoa.

Se estima que el proyecto de agua entubada costará Q9 millones y que llegaría a la comunidad de Chiúl, en Cunén.

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El conflicto comenzó desde que la comuna de Cunén anunció el proyecto, el cual consiste en la captación de una parte del agua de un nacimiento, ubicado en Batzulá, y que serviría para abastecer a los vecinos de Chiul.

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Agregó que ante la presencia de los residentes de Chiul, los pobladores de Batzulá se organizaron y se dirigieron al lugar donde se encuentra el nacimiento, allí, se originó un enfrentamiento con machetes y palos, pero hay quienes aseguran que se escucharon disparos.
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“Es importante que las autoridades tomen con responsabilidad este problema, porque la tensión cada vez es más fuerte, esperemos no lamentar una víctima”, dijo Pérez.

Miguel Zarat Ordóñez, vecino de Batzulá, dijo que tres personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Nebaj, pues fueron heridas en la cabeza.

Añadió que en el enfrentamiento los pobladores utilizaron palos, hondas, piedras y que se escucharon disparos. “Ellos quieren utilizar un nacimiento de agua que está en nuestra comunidad, el cual fue vendido de forma anómala por el hermano del alcalde”, indicó.
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Luis Hernández, residente de Chiul, acusó a los vecinos de Batzulá de atacarlos cuando empezaban los trabajos del proyecto de agua. “Estos señores no entienden que necesitamos el agua, fueron varios minutos de enfrentamiento”, comentó.

Osmundo Oxlaj, uno de los vecinos que se opone al proyecto, comentó que en este se invertirán Q9 millones y que solo beneficiará a la comunidad donde vive el alcalde de Cunén.

“El alcalde Guadalupe Baten no entiende que enviar a estas personas a trabajar a Batzulá implica enfrentamientos, él es el responsable”, señaló Oxlaj.
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En tanto, el alcalde Guadalupe Baten dijo que el proyecto se ejecutará sin importan la oposición, pues considera que se trata de un problema político y responsabilizó a los líderes comunitarios Batzulá.  “Ellos son los responsables por no permitir que se realicen los trabajos, todos los trámites se hicieron en ley”, comentó el jefe edil.

Proyecto vigente

Reynabel Samayoa, gobernador departamental, refirió que se integrará una mesa de diálogo el miércoles próximo con representantes de las dos partes en conflicto.

Agregó que el proyecto está vigente y solo con orden de juez competente podría ser suspendido.

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El grupo que está a favor de la construcción del proyecto de agua entubada comenzó los trabajos en Xetzac, Cunén, una de las comunidades que se opone al proyecto, lo que causó el enfrentamiento entre los vecinos.

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Los vecinos molestos se trasladaron de sus comunidades hasta el área urbana de Cunén, donde rodearon la municipalidad y decidieron quedarse en el lugar sin permitir el acceso de los trabajadores, pues exigen que el alcalde detenga los trabajos.

“No ingresamos ni colocamos candados en las puertas para no caer en ilegalidades”, aseguró Oxlaj, quien añadió que integrantes de 14 comunidades se turnarán para no permitir que nadie ingrese al edificio municipal.

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Alcalde no responde

Se trató vía telefónica de consultar al alcalde Guadalupe Baten, pero la llamada la atendió una persona que dijo ser colaborador del funcionario e indicó que el jefe edil estaba reunido con vecinos de una comunidad y no podía atender la llamada.

También agregó que desconocían si el edificio municipal había sido ocupado por los vecinos inconformes, luego indicó que el funcionario atendería la llamada, por lo que se insistió, pero no hubo respuesta.

En una reunión la semana pasada, el alcalde Guadalupe Baten dijo que el proyecto de agua entubada seguía en firme y según él, la inversión serían Q10 millones o probablemente se invertirían más recursos. También le restó importancia a la mesa de diálogo.

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Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, mencionó que esperaría que el diálogo se activara nuevamente, aunque lo considera difícil, porque las posturas están muy marcadas y ninguno de los dos grupos quiere ceder. Añadió que, si alguno de los inconformes comete actos ilegales, las autoridades tendrían que actuar como manda la ley.

Carlos López, vecino de Cunén, manifestó su preocupación por el problema entre vecinos, ya que podría haber víctimas mortales. Recordó que en ese municipio no hay subestación de la Policía Nacional Civil ni Juzgado de Paz, porque hace varios años fueron expulsados cuando se registró la captura de una mujer señalada de secuestro, y según vecinos, está tenía vínculos con un agente, aunque nunca se conoció de qué tipo. 

Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Nebaj, dijo que en Cunén en cualquier momento la situación podría empeorar. Añadió que los enfrentamientos muestran una población polarizada, sumado la falta de autoridades en el municipio y una mesa de diálogo mal encaminada.

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Pese a la lluvia, decenas de pobladores de varias comunidades de Cunén se concentraron desde las 6 horas en el lugar conocido como El Entronque, paso principal hacia Cunén, Uspantán, Chicamán, Nebaj, Cotzal, Chajúl, Quiché, y Cobán, Alta Verapaz.

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“En varias ocasiones visitamos las oficinas del MP en Cunén, pero siempre nos dijeron que el expediente no se había enviado a la capital y que no sabían cuando lo harían, por eso tomamos la decisión de bloquear el paso en este lugar”, señaló.

Manuel Ordoñez, vecino de Cunén, comentó que bloquearon la carretera para que las autoridades les pongan atención. “Cuando están en campaña todos ofrecen machetes y láminas, pero cuando llegan al poder ya ni nos atienden, es el caso del alcalde Cunén que no quiere informar en que se ha gastado el presupuesto del municipio, porque sabe que hay actos de corrupción”, puntualizó.

Un grupo de trabajadores del MP de Nebaj, quienes pasaban por el bloqueo fueron retenidos por los manifestantes, quienes les exigieron que les explicaran por qué las investigaciones contra el referido alcalde no avanzan.

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Ana Castillo, auxiliar fiscal del MP, comentó que debido a que los manifestantes los retuvieron no pudieron cubrir una emergencia en Uspantán, además añadió: “El proceso ha sido lento porque antes de enviar el expediente a la capital se tuvo que entrevistar a todos los denunciantes. El expediente ya está en la capital y esta fiscalía ya no tiene nada que ver con ese caso”, expresó.

Los fiscales continúan retenidos por los manifestantes, quienes aseguran que no los dejarán libres hasta que alguna autoridad del MP les brinde una respuesta contundente. 

Reynabel Samayoa, gobernador departamental, dijo que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron enviados al lugar y que enviarían una comisión de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos para negociar la liberación de los fiscales.

Vendedores

Un integrante del Consejo de Pueblos de Cunén, lamentó las declaraciones de los vendedores de La Terminal, zona 4 capitalina al oponerse a los bloqueos en las carreteras, pues asegura que para ellos es la única forma de llamar la atención de las autoridades.

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“Nosotros apoyamos al comisionado Iván Velásquez y la CICIG porque a través de ellos hay varios diputados de Quiché presos por actos de corrupción”, dijo.

Manuel Ordoñez, vecino, informó que los bloqueos continuarán en ese sector hasta que sean escuchados y si no lo hacen organizarán una concentración frente al MP de Santa Cruz del Quiché.

El bloqueo complica la circulación vehicular hacia los municipios del norte de Quiché.

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En el 2007, un grupo de vecinos en Cunén, señalaban a una mujer de liderar un grupo que robaba niños, los vecinos la relacionaban con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que   quemaron la subestación, el Juzgado de Paz y la casa de la señalada, lo que obligó a policías y empleados judiciales a retirarse del lugar.

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La seguridad del municipio está a cargo de la PNC en Chicamán y Sacapulas, mientras que  el Juzgado de Paz fue de trasladado a Santa Cruz del Quiché y los casos penales los lleva el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj.

Pobladores citados por algún asunto judicial deben viajar a la cabecera, a 68 kilómetros, o a Chicamán y Sacapulas.  

Un informe de la Comisión Departamental de Seguridad, del 2012, detalla que varios grupos empezaron a resolver problemas legales en las comunidades, pero hubo señalamientos de que los fallos eran parcializados. También se hizo distribución de tierras comunales a discreción de algunos líderes comunitarios.

Leonardo Sarat, alcalde en el 2012, señaló que la falta de seguridad propició que las ventas de licor funcionaran sin control, los escándalos en la vía pública   aumentaron y se escuchaban disparos en varios sectores.

Ese año las autoridades locales y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hicieron una consulta en las 50 comunidades de Cunén, de las cuales   35 estaban a favor del regreso de las autoridades policiales y 15 no la aceptaron.

Osmundo Oxlaj, secretario de la organización  Consejo de  Pueblos de Cunén, dice que no están de acuerdo con el regreso de la Policía, porque    como autoridades comunitarias han resuelto los problemas que le competen al Juzgado de Paz y los  de tipo penal se trasladan a Nebaj.

Si quieren regresar  el juez de Paz y el personal del juzgado deben hablar k’iche’, y el mismo requisito sería para los agentes de la PNC, manifestó Oxlaj.

Piden retorno

El alcalde Guadalupe Baten dijo que vecinos han solicitado el regreso de la PNC y del Juzgado de Paz. Las personas que no están de acuerdo son porque quieren seguir manteniendo el poder de decidir con parcialidad en temas legales, señaló.

“Estos malos dirigentes están acostumbrados a llevar camiones con personas y obligan a otros vecinos a hacer lo que ellos quieren, hay problemas por tala, contrabando de maíz y ninguna de las autoridades se atreve a llegar al municipio por lo que se vive en una anarquía total, si las comunidades no quieren a las autoridades estatales, que le permitan al área urbana que las reciba”, señaló Baten.

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Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la PDH en Nebaj, manifestó que ve con preocupación la ausencia de las autoridades en Cunén y que se agrava con la denuncia presentada por esa instancia contra el alcalde,  por  negar información pública, lo que hace más peligrosa la situación en ese municipio.

Proceso detenido

Darwin Fuentes, jefe de la Comisaría de la PNC en Quiché, dijo que vecinos de varias comunidades de Cunén son conocidos por retener a los agentes cuando atienden alguna emergencia. También han retenido a personal del Ministerio Público y representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

Recordó que recientemente fue retenido el alcalde de Cunén, durante una manifestación en su contra, en la que se registraron enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del alcalde.   

Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, indicó que están en pláticas con el jefe edil de Cunén para buscar consensos entre la población y lograr el regreso de la PNC, pero luego de las protestas contra el alcalde el proceso se detuvo.

Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial, informó que por ahora el Juzgado de Paz continuará funcionando en Santa Cruz del Quiché, hasta que se reúnan las condiciones de seguridad para su regreso a Cunén.

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La protesta comenzó desde horas de la noche del lunes cuando cientos de pobladores de llegaron la aldea, donde se encuentra la vivienda del alcalde y rodearon su casa.

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Según los pobladores, el costo del proyecto se dividiría en dos partes Q5 millones con fondos de los Consejos de Desarrollo de Quiché y los otros Q5 millones con fondos municipales. Es aquí donde surgen las dudas porque los manifestantes dicen desconocer qué garantías se dejaron para obtener el dinero y de cuánto es el monto real del préstamo. Algunos aseguran que la comuna prestó Q9 millones.

El jefe edil tuvo que presentarse al parque tras ser presionado por comunitarios de Cunén quienes la noche del lunes rodearon su vivienda y le pedía explicaciones del trámite del préstamo, en la madrugada había logrado salir de su vivienda, pero a tempranas horas del martes, pobladores bloquearon la carretera de ingreso a los municipios del norte del Quiché, con lo cual obligaron al alcalde a comparecer frente a lo comunitarios en el parque.

A principio de este año el alcalde se comprometió con los vecinos de Chiul a realizar un proyecto de agua entubada el cual tendría un costo de Q9 millones.

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Diego Sica López, vecino de Cunén, dijo que “se desconoce cómo se tramito el préstamo, si lo hizo o no, no sabemos nada, el alcalde no informa lo que está haciendo y ya se le solicitó información y no responde”.

Después de los momentos de tensión y cuando a Baten se le permitió salir de la aldea, afirmó que no realizarán ningún préstamo ya que el proyecto se ejecutará con fondos municipales.

“Eso es un show político de mis contrincantes que hoy no pudieron porque más de 50% de los presentes me apoyaban”, aseguró.

Sica López afirmó el alcalde se presento al parque prepotente y no informó “mayor cosa”, pero “esto es solo el inicio de la lucha contra la corrupción que hemos comenzado, solicitaremos una auditoria y ya no pediremos proyectos para nuestras comunidades hasta que se informe de una forma clara cómo se están invirtiendo los fondos municipales”.

Gobernador logra comunicación

Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, confirmó que la casa del alcalde fue rodeada, dijo que logró comunicarse con el concejal primero y este le relató que la situación se puso muy tensa y que había “mucho miedo”, por lo que pudo haber pasado.

Cunen se encuentra a 66 kilómetros de Santa Cruz del Quiché, la carretera de acceso está malas condicione. En el pasado, el municipio ha sido escenario de retenciones de agentes de PNC, del Ministerio Público, así como de otros funcionarios públicos.

Guadalupe Baten, fue elegido alcalde por el Partido Líder, es originario de una de las aldeas más grandes de Cunén que siempre ha buscado desligarse de este territorio y convertirse en municipio, los enfrentamientos son constantes, del municipio fueron expulsados la Policía Nacional Civil y el Juzgado de Paz.. 

Debido a que los estudiantes, cuyas edades oscilan entre 13 y 15 años, viajaban en la palangana, al momento del impacto fueron expulsados, por lo que resultaron con heridas de gravedad, según los Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia.

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Vecinos del lugar asistieron a los menores, algunos de los cuales quedaron debajo del vehículo. A los pocos minutos llegaron los Bomberos Voluntarios que los trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Uspantán, donde quedaron internados debido a los delicado de los golpes. En ese accidente también resultó herido Odilio Tequiarían, de 37.

El bombero Ramiro Herrera señaló que el vehículo dio varias vueltas sobre la carretera, pero que “afortunadamente” solo se reportan personas heridas.

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Pedro Simaj, vecino, comentó que en esa carretera con frecuencia se ven picops sobrecargados, debido a que no hay presencia de la Policía Nacional Civil, lo que es aprovechado por los pilotos para viajar a excesiva velocidad, sin importar la seguridad de los pasajeros.

Añadió que a la irresponsabilidad de los pilotos se suma el mal estado de las carreteras y la falta de mantenimiento a los vehículos que se utilizan para el traslado de personas, por lo que hace un llamado a las autoridades para que le pongan atención al problema, pues en cualquier momento puede ocurrir una tragedia.

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Jorge Arauz, jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) en Sacapulas, Quiché, informó que el detenido se identificó como Sergio Roberto Ax Yac, quien fue llevado a la sede municipal luego de haber sufrido una golpiza de parte de un grupo de pobladores  que le exigieron devolver el dinero producto de la supuesta estafa.

“Personal de la PNC de Cunén nos informó que un individuo, presuntamente estafador y originario de Chicamán, había sido detenido por pobladores, quienes lo vapulearon al identificar que él es el responsable de haberlos estafado con distintas cantidades de dinero”, afirmó Arauz.

El jefe policial añadió que los vecinos del área urbana de Cunén rechazaron la presencia de autoridades cuando pretendían capturar al sindicado y librarlo de un eventual linchamiento como se suponía.

Añadió que la turba llevó al presunto delincuente  hasta la plaza ubicada frente a la iglesia católica y lo amarraron a una estructura de metal, luego lo azotaron 25 veces.

Luego del castigo, el sindicado fue dejado en libertad.

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El acuerdo entre ambas partes se dio luego de 14 días de negociación, debido a un incidente ocurrido el 27 de octubre último cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y pobladores se señalaban de haber disparado armas de fuego, y el automotor quedó en poder de los vecinos.

En la negociación intervino el alcalde del referido municipio, Guadalupe Batén, y el gobernador de Quiché, Clemente de León, quienes se comprometieron a que la construcción de la cancha se efectuará.

“La edificación sustituirá los Q160 mil que los habitantes de la aldea exigían a ocho agentes de la PNC, como compensación por haber disparado contra de un ocupante de un mototaxi”, explicó De León.

Colaboración

El funcionario añadió que el jefe edil facilitará los camiones de la Municipalidad para el traslado de arena y piedrín al sitio de la construcción, así como el pago de un albañil.

“La mano de obra no calificada la aportarán los habitantes de la comunidad, ya que se tiene que construir un terraplén bastante grande”, dijo el gobernador, quien detalló que Gobernación sufragará el costo de 200 quintales de cemento.

Miguel Ordóñez, líder comunitario de Cunén, dijo que recibieron con gusto el anuncio de la construcción de la cancha y señaló que durante la negociación de entrega del automotor prevaleció el diálogo.

“Estamos encantados,  porque Dios nos ha iluminado para resolver el problema sin el uso de la violencia”, resaltó Ordóñez.

Incidente

La versión de los vecinos de Cunén detalla que el día de los hechos, ocho agentes de la PNC llegaron al lugar conocido como El Entronque, donde golpearon a Diego Eleodoro Utuy Escobar, e hirieron de bala a Evaristo Utuy.

“Otros jóvenes nos comentaron que al notar que Diego Utuy era agredido a golpes, se bajaron de un mototaxi y trataron de defenderlo, pero un agente de la PNC disparó en varias ocasiones e hirió a Evaristo Utuy”, relató Miguel Ordóñez.

Luego de los disparos, los agentes huyeron rumbo a Sacapulas por temor a ser retenidos por pobladores, pero dejaron abandonado el autopatrulla QUI-083 cuando llegaron a un camino sin salida.

Los pobladores de la aldea Media Luna exigen que el jefe departamental de la PNC de Quiché que proporcione la identidad de los ocho agentes, quienes viajaban en  el autopatrulla QUI-083, que fue abandonada en la comunidad de Palemop, Sacapulas, cuando pretendían huir luego de la agresión contra los ocupantes de un mototaxi.

Clemente de León, gobernador de Quiché,  visitó el pasado viernes la comunidad para dialogar con los inconformes, quienes le exigieron que las familias de los jóvenes agredidos sean resarcidos con Q160 mil y que los agentes de Sacapulas no vuelvan a circular por ese sector, pues además los acusan de extorsionar a transportistas.

Miguel Ordóñez, líder comunitario de Cunén, dijo que se niegan a que los agentes señalados brinden seguridad en Sacapulas, porque chantajean a pilotos que no portan documentos.

“Lo ocurrido a los tripulantes del mototaxi nos indigna, porque los policías además de exigirle dinero los golpearon y dispararon contra uno de ellos.  Gracias a Dios que no mataron a nadie. Queremos que sean puestos a disposición de las autoridades judiciales”, aseguró.

Ordóñez, añadió: “La gente ya no confía en la PNC por los delitos en los que algunos incurren, por eso es que no hay policía -subestación- en Cunén, pues la población se cansó y los sacó”.

De León afirmó que el miércoles se formará una mesa de diálogo entre la PNC y los pobladores de Media Luna, con el objetivo de llegar a acuerdos.

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Los hechos

El supuesto abuso de autoridad de los agentes  habría ocurrido la noche del jueves último en el lugar conocido como El Entronque, en Cunén, cuando según vecinos, los uniformados le exigían dinero al conductor de un mototaxi que no portaba la tarjeta de circulación del vehículo ni su licencia de conducir.

Añadieron que uno de los agentes agredió a golpes a Diego Eleodoro Utuy Escobar, mientras que el otro policía disparó contra Evaristo Utuy, quien resultó con una herida en la pierna izquierda.

Después del incidente, los policías trataron de huir hacia el caserío Palomop, pero por el mal estado del camino optaron por dejar abandonada el autopatrulla.

El desalojo se registró el martes último, cuando pobladores del área urbana de Cunén se alarmaron  por el fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, ya que al menos 200 agentes de la  Policía Nacional Civil llegaron al lugar conocido como El Molino para cumplir la orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quiché.

El representante de las familias desalojadas, Gregorio Rodríguez, afirmó que tienen derecho de los terrenos donde habitan junto a sus familias; sin embargo, desalojaron de forma pacífica.  

Este miércoles se informó que las familias ocuparon de nuevo el terreno del que fueron desalojados el martes pasado.  

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El juez de paz, Luis Roberto Félix, dijo que el martes último se presentó al lugar a cumplir la orden de  desalojo otorgada a favor de la religiosa Úrsula Ajcot, quien es la legítima propietaria del inmueble.

Félix afirmó que los invasores tendrán que dialogar con Ajcot y así evitar nuevas acciones legales en su contra por habitar en propiedad ajena. 

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La protesta de los vecinos se lleva a cabo en lugar conocido como El Entronque,  donde se ubican unas canteras, que según ellos, ocasionan daños al ambiente.

Líderes del movimiento también colocaron palos y alambre espigado en el ingreso de tres canteras a las que responsabilizan de que la extracción descontrolada que ha caudado que se sequen 10 nacimientos de agua en las comunidades El Rancho, Los Planez y Patzité.

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Osmundo Oxlaj, del Consejo de Comunidades de Cunén, informó que la decisión de protestar fue producto del apoyo de los líderes, porque además, la extracción de minerales ha causado que la carretera entre Cunén y Sacapulas esté en riesgo.

La situación fue tensa en el lugar y aunque no se reportaron incidentes, se informó que pobladores lograron que las canteras  no continuaran con la extración. 

Bomberos Voluntarios de la Compañía 64 de Uspantán, Quiché, llegaron al lugar del accidente y trasladaron a cinco  víctimas al Hospital Distrital de Uspantán. En vehículos particulares fueron movilizados los otros cuatro.

 Los heridos son: Kevin Juan Fernando Ajcot, de 10 años; Estefany Candelaria Ajcot Tum, 8; Cristian Ajcot,  4; Francisco Tum Us,  90; Santa Elena Tum Hernández, 32; Leonso Tum Ajcot,  57; Candelaria Hernández,  56; Mynor Tum Hernández,  21, y el conductor del vehículo,  Hugo Leonel Tum Hernández,  18.

El socorrista Giver Cano informó que algunos de los afectados tiene trauma craneal, fracturas y lesiones abdominales.

“El más delicado es Kevin Ajcot, quien fue trasladado en estaco inconsciente al hospital de Uspantán.  La niña Estefany resultó con fractura expuesta en la tibia derecha”, refirió Cano.

Hugo Tum, afectado por crisis nerviosa, dio a conocer  que no pudo hacer que el sistema de frenos del vehículo funcionara, y por ello el vehículo cayó en el patio de la casa que se encontraba a unos diez metros abajo de la carretera.

“También afectó que el camino de terracería estaba resbaloso a causa de la lluvia. Me dirigía junto a mi familia a  la aldea Cholá, Uspantán” dijo Tum.

Vecinos del lugar informaron que los heridos eran los que viajaban en el picop que cayó en el corredor del inmueble. 

“La familia que vive en la casa no se encontraba, por lo que no hubo más personas afectadas”, expresó Rubén Pérez, vecino.
 
 

Melvin Oxlaj, de los Bomberos Voluntarios, informó que los lesionados fueron llevados al Centro de Atención Permanente de Cunén. 

Agregó que la fémina presenta quemaduras de segundo y tercer grados en el 95 por ciento del cuerpo, mientras que el menor el 60 por ciento.

“El incidente ocurrió a las 8 horas de este martes cuando, según versión de los familiares, Marta Pérez, quien padece de problemas mentales, accidentalmente prendió fuego al colchón de la cama en la que reposaba y las llamas también alcanzaron al niño”, explicó Oxlaj.

Mencionó que la casa resultó sin daños porque pronto se sofocaron las llamas. “Las dos víctimas fueron  llevadas al Hospital Roosevelt, de la capital”, añadió Oxlaj.

Familiares comentaron que Marta padece de trastornos mentales, y pudo haber sido ella quien, por accidente, colocó una veladora sobre la cama.

Explicaron que luego de recibir los primeros auxilios determinaron remitirl a sus parientes a un hospital con más equipo para atender este tipo de emergencias.