Gobierno continuará con diálogo nacional; hablará con próxima directiva de los 48 Cantones

La secretaría privada, Ana Glenda Tager, asegura que la instancia continuará y se ampliará.

Fátima Najarro

11 de diciembre de 2024 | 05:01h

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Autoridades indígenas de Sololá en el acto de entrega de adoquines y Bono Campesino. (Foto Prensa Libre: Secretaría Privada de la Presidencia)

La instancia de diálogo con diversos sectores continuará el próximo año desde la Secretaría Privada de la Presidencia, y más grupos mostraron interés de ser incluidos, luego de que se conociera que los 48 Cantones no participarían más mientras no haya acciones concretas que beneficien a la población.

La instancia de diálogo se estableció desde el período de transición, en la que el presidente Bernardo Arévalo se reunía con el sectro privado, autoridades ancestrales y demás sectores.

Al asumir en el poder, el mecanismo continuó y se convirtió en competencia de dicha Secretaría de Estado.

Ana Glenda Tager, secretaria Privada, dio a conocer que seguirán con la construcción de alianzas e incluyendo a los diferentes grupos que quieren ser parte del mecanismo.

“Hasta ahora, las instancias que están desde que el presidente Bernardo Arévalo viene organizando estas reuniones mensuales siguen participando activamente, y se va a seguir construyendo esa alianza, ampliándola incluso a otros grupos que han solicitado su ingreso”, aseguró Tager.

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De acuerdo con la información compartida por la institución, este año han participado 14 organizaciones en el diálogo de alto nivel, que representan a 85 asociaciones y son seis más las que han solicitado su ingreso en 2025.

En los últimos días el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Edín Zapeta, puntualizó que ya no formaban parte de los diálogos con el presidente por falta de resultados concretos. Aunque, la secretaria privada comentó que al grupo se le convocaba a participar, pero no acudieron a los encuentros desde el inicio.

Falta de acuerdos

El presidente de los 48 Cantones indicó hace algunos días que no han llegado a consensos y que optaron por no participar hasta que hayan acciones concretas en beneficio de la población. Agregó que hay inconformidad con la gobernadora de Totonicapán, Delfina García, al igual con los proyectos de inversión del departamento.

Tager amplió que con la junta directiva de los 48 Cantones que estuvo en 2023, que era presidida por Luis Pacheco —ahora viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas— tenían intereses mutuos, aspecto que no ocurre con la directiva actual.

“Los 48 Cantones no han participado para nada en la instancia desde el inicio, cuando se creó, ya que tuvimos diferencias entre los intereses que tenía esta junta directiva, y por esa razón no participan”, indicó Tager. En cuanto a cuáles son las discrepancias, se limitó a añadir que eso debe ser respondido por los líderes indígenas.

Además, la secretaria privada expresó que esperan que cuando asuman las nuevas autoridades del grupo indígena, en enero, se conversará para evaluar si existe interés por su parte de participar en el diálogo, al igual que se hará con diferentes grupos.

Agendas de trabajo

De acuerdo con información oficial de la Secretaría Privada, se han firmado agendas de trabajo con diferentes comunidades con temas prioritarios según el lugar. La firma más reciente fue en Uspantán, Quiché.

Como parte también de los diálogos, la entidad dio a conocer en la última semana que en Sololá se entregaron 700 mil adoquines que beneficiarán a 84 comunidades que representa aproximadamente a 22 mil personas. También se hizo entrega de fertilizantes y Bono Campesino del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

“En el marco del diálogo, las autoridades indígenas de Sololá, junto con el alcalde municipal, solicitaron la dotación de adoquines para mejorar las principales calles y avenidas de sus comunidades. En respuesta, las comunidades se comprometieron a gestionar recursos adicionales y aportar la mano de obra necesaria”, se indicó en el comunicado.

Organizaciones participantes

1. Municipalidad Indígena de Sololá
2. Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a
3. Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá
4. Junta Directiva de las 14 Comunidades de San Cristóbal Totonicapán
5. Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango
6. Alcaldía Indígena de Santo Tomás Chichicastenango
7. Parlamento del Pueblo XInca
8. Autoridades Indígenas y Ancestrales de Iximulew
9. Autoridades Garífunas
10. Consejo de Autoridades Ancestrales y Custodios del Título del Pueblo de Santiago Sacatepéquez
11. Cabecera del Pueblo de Santiago Atitlán
12. Alcaldía Indígena de Palín
13. Gran Consejo de Autoridades Indígenas del Pueblo Q’eqchí JOLOMN
14. Alcaldía Comunitaria de San Francisco el Alto Totonicapán

“Las metas presidenciales dependen de tres grandes temas”: Ana Glenda Tager

El Ejecutivo centra sus esfuerzos en 12 metas presidenciales que se impulsan desde la Secretaría Privada de la Presidencia.

Fátima Najarro

2 de noviembre de 2024 | 07:00h

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El Ejecutivo mantiene mesas de diálogo con sectores indígenas, campesinos y Cámaras empresariales. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

La titular de la Secretaría Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, conversó con Prensa Libre respecto de las prioridades presidenciales y los programas prioritarios. Además, se ahondó en el diálogo que dirige y en la aplicación de la política agraria que, se espera, sea uno de los aspectos prioritarios desde los nuevos sistemas de gobiernos departamentales.

¿En qué temas se está enfocando la gestión desde la Secretaría Privada?

Para poder trabajar en la parte de gestión estratégica, se trabaja desde las metas presidenciales, que dependen de tres grandes temas:  combate a la corrupción, infraestructura estratégica para el desarrollo, y  política social.

Ahí están todos los programas sociales, de ahí vienen 12 metas.

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El programa de caminos terciarios es parte del plan del gobierno con el que Arévalo llegó a la presidencia. ¿Cómo avanza la implementación?

Esa es una de las metas que tiene que ver con el tema de infraestructura y política social. Este es el programa “Avenidas para el buen vivir”. Todavía no ha sido presentado públicamente, y por esa razón es que no hemos dado todavía información. Lo que se ha hecho este año es analizar bien las áreas que se van a enfocar y priorizar.

Es un programa que se hace con coordinación interinstitucional. Tenemos, por un lado, el programa que debe formar parte del Ministerio de Comunicaciones; por otro, del Ministerio de la Defensa, que también trabaja en caminos rurales —con el Cuerpo de Ingenieros—, y el Ministerio de Educación.

¿Qué áreas se van a priorizar?

Nosotros hicimos el análisis, y la comparación de las áreas con menos cantidad de carreteras, con las áreas más pobres del país. En la parte norte de Alta Verapaz no hay prácticamente carreteras secundarias ni terciarias. Las áreas que se priorizaron son el altiplano, las Verapaces y Corredor Seco, que son las áreas más pobres del país, con mayores niveles de vulnerabilidad y las que más expulsan migrantes hacia Estados Unidos.

Respecto del tema de gobiernos departamentales, ¿ya se estableció la metodología de funcionamiento?

El gobierno departamental sí es una de las metas presidenciales, y que para el presidente es clave que se pueda tener planes de desarrollo coordinados participativamente. Se ha venido trabajando desde la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) una propuesta. Estamos avanzando en la validación con el presidente, con el fin de que después se empiece a aprobar en algunos territorios para el año próximo.

¿Cuáles podrían ser?

Aún no lo hemos determinado. La idea es trabajar con base en lo que se vaya encontrando en la práctica. Se usará esa misma metodología: aciertos y desaciertos, para ampliarlo a los demás departamentos.

Se está trabajando más en el perfil de cada departamento. La idea es escoger departamentos que sean muy distintos, para  probar con la misma metodología: cómo se aplica en un departamento con problemas fronterizos, con complicaciones agrarias, con temas socioambientales o mucha conflictividad.

La Secretaría que dirige es la encargada de los temas de diálogo político y conflictividad agraria. ¿Con qué sectores mantienen mesas de diálogo?

Hemos venido trabajando el diálogo  desde la transición. Se había iniciado con varios sectores sociales. Al llegar al Gobierno, lo que se hizo es que muchos de los grupos sociales con los que veníamos trabajando —instituciones específicas— ya trabajan con ellos. Se escogieron sectores y áreas con las que no había  lugar para dar  continuidad al diálogo.

Se priorizaron pueblos indígenas, un poco para dar seguimiento por la importancia que usted sabe que tuvieron los pueblos en toda la transición.

Con las autoridades se inició una mesa en la que participa el presidente. Una vez al mes, se vienen analizando cosas de carácter nacional entre todos los participantes. Y aparte se están firmando agendas específicas sobre temas concretos de cada pueblo en los distintos territorios.

Aparte de eso, dialogamos con campesinos con quienes firmamos un acuerdo a principios del año —acuerdo agrario—, porque ya habíamos avanzado bastante en la transición, y estamos dando ahora un seguimiento a los acuerdos.

También dialogamos, en tercer lugar, con el sector privado. Aunque no hay una mesa formal estructurada, sí tenemos un trabajo con Cámaras y otras instituciones que no están a veces agremiados formalmente, para trabajar temas de inversión y de la importancia que tiene la generación de empresas que permitan oportunidades laborales a más población.

¿En qué se trabaja con lo relacionado al acuerdo agrario?

Hemos venido trabajando un tema de cómo territorializar la política agraria que se aprobó ya hace varios años y que nunca se ha implementado. Estamos escogiendo cuatro lugares donde se pueda empezar a probar.

¿Cuáles son los principales retos que han identificado?

Que se articulen las instancias del Estado, porque en la medida en la que estas se articulen y puedan tener un plan específico, lógicamente, van a poder dar un resultado.

Parte de los desafíos que ha habido, todos estos años, es que cada entidad va por su parte, y no hay una entidad agraria como tal en el país que empuje esa política, porque el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es demasiado grande.

En las últimas semanas han surgido protestas multitudinarias de diversos sectores que manifiestan contra la corrupción y la ineficiencia gubernamental en el manejo de la pandemia, la cual ha reportado cifras récord de contagios desde que se presentó el primer caso de coronavirus en Guatemala, el 13 de marzo de 2020.

Aunado a ello, la cantidad de vacunas ha sido insuficiente y aumenta la percepción de que el gobierno no cuenta con las capacidades ni la idoneidad para atender las necesidades de la población, lo que ha provocado que diversos frentes conformados por estudiantes, campesinos, organizaciones indígenas y ciudadanía en general salgan a las calles para expresar su descontento.

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La Conferencia Episcopal de Guatemala (Ceg) recomendó ante este escenario que el presidente promoviera un diálogo nacional con el fin de generar acuerdos entre los diversos sectores. El Ejecutivo se mostró dispuesto a impulsarlo y sugirió que fuera en las sesiones del Conadur donde se celebren estas conversaciones.

“El Conadur es la instancia superior y constituye el órgano máximo y representativo del Sistema de Consejos de Desarrollo encargado de formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo regional y departamental”, respondió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia al ser consultada sobre este tema.

Sin embargo, al consultar con diversos actores que conforman esta instancia, se evidencia que el tema ni siquiera se ha incluido en agenda y tampoco se ha recibido ninguna instrucción para promoverlo.

De hecho, las mismas autoridades de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep) dudan que el Conadur tenga las facultades para canalizar un diálogo nacional.

“De conformidad con la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano Rural y el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Conadur es el espacio para la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional. De esta cuenta, tiene a su cargo, por mandato constitucional, la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, por lo que no es competencia ni forma parte de sus funciones lo relacionado a su consulta (…)”, informó la oficina de comunicación social al preguntarles si se incluiría algún tipo de diálogo en la próxima sesión.

Sin instrucciones y sin competencia

El Conadur es coordinado por el presidente de la República, alcaldes delegados de cada una de las regiones, ministros de Estado, representantes de pueblos mayas, xinca, secretarías presidenciales, representaties de organizaciones cooperativas, campesinas,, de mujeres y de pequeñas y medianas empresas, entre otros actores.

Entre las funciones que le asigna la ley está formular políticas de desarrollo urbano y rural, promover la descentralización de la administración pública y facilitar la participación de la sociedad en el proceso de priorizar necesidades, problemas y soluciones para el desarrollo integral de la nación, entre otras.

Al consultar con la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), cuya titular Keila Gramajo actúa como secretaria del Conadur, se informó que la próxima sesión se realizará el siguiente mes pero aún no hay detalles de cuál será la agenda.

En el mismo sentido respondieron representantes de los alcaldes y gobernadores consultados.

Adrián Zapata Romero, experto en políticas públicas de desarrollo rural, considera que, en la teoría, el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural está muy bien elaborado. Sin embargo, en la práctica algunos cargos representativos se han cooptado con intereses políticos.

“En los niveles más bajos, como en los consejos comunitarios de desarrollo, sí se mantiene una representación importante, pero conforme se va ascendiendo en el sistema de consejos de desarrollo se van cooptando los puestos de representación”, dice el entrevistado.

Por esta razón, considera que el Conadur no cuenta con la representatividad necesaria para canalizar todas las demandas ciudadanas. “Este espacio es insuficiente para poder desarrollar un diálogo. Debe realizarse en un espacio con más participación y no reducirse a una estructura que teóricamente puede ser relevante, pero que en la práctica se ha desnaturalizado”.

Por su parte, Philip Chicola, analista político, explica que el ámbito de actuación del Conadur se relaciona con políticas de desarrollo y es un mecanismo para promover la participación de los territorios. No obstante, muchas demandas de los distintos sectores no se limitan al área económica de desarrollo, por lo que coincide con que el espacio donde se realice el diálogo debiera ser más amplio.

“En estos espacios no se incluyen diálogos políticos. Muchas de las demandas van sobre la línea de reformas al sistema de sistema de justica, reforma electoral, combate a la corrupción y temas de agenda política que no encajan ni en las atribuciones de Conadur y ni del Consejo Económico Social”, puntualiza Chicola.

Un primer paso para convocar al diálogo, sostiene, es acordar cuáles serán los puntos a discutir, pero de momento no se ha definido ni siquiera una agenda, afirma el entrevistado.

Algunos sectores abogan por un diálogo, aduciendo que es mejor tener conversaciones multisectoriales que cualquier otra medida de hecho. Hay quienes tampoco rechazan esta posibilidad, aunque consideran que primero deben darse condiciones mínimas, como la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, por ser los responsables de las crisis de Estado.

Otros, por su lado, dejaron de confiar en los diálogos nacionales, ya que rara vez en la historia han conducido a soluciones, argumentan.

Estas son las posturas de organizaciones que representan varias corrientes de pensamiento e interés nacional, sobre si es factible un diálogo y quién debería convocarlo.

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Las posturas se presentan en orden alfabético de acuerdo con los nombres de las entidades.

Arzobispado de Guatemala

Los diálogos siempre son mejores que los no diálogos. Es verdad que en estos momentos hay muchas personas que están completamente opuestas a la idea porque lo consideran inútil o porque dicen que no va a llevar a ningún resultado.

Ha habido muchos diálogos que no han llevado a ningún resultado y han fracasado, pero rechazarlo de principio es declarar que la única manera de resolver problemas es por la vía de los hechos consumados.
En la historia de Guatemala, cuando nos hemos cerrado a todo diálogo posible, en general, no nos ha ido bien. Violencia contra violencia y sufrimiento. Sí abogamos por un diálogo, pero para que exista tiene que haber gente valiente y diversa que quiera dialogar.

¿Quién debe convocar al diálogo?

El gobierno tendría que hacerse presente, pero no creo que sea el que tenga que organizarlo. Más bien debería aceptar participar y ya después ver qué entidades, quizá sociedad civil, el mundo académico o el mundo religioso pueden colaborar para que se establezca.

Si hubiera un diálogo, el Gobierno debería estar participando, pero no debe de ser el que lo convoque.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)

Coincidimos plenamente con el llamado que le hace al señor presidente Alejandro Giammattei la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.

Creo que hay situaciones muy conflictivas y las medidas de hecho no han llevado a soluciones, pero sí expresan insatisfacciones.

Es importante que se convoque, porque es necesario. Antes de la pandemia el presidente ya había empezado un esfuerzo incipiente que debiera retomar.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Creo que por encima de las personas están las instituciones, y la convocatoria debería provenir del Organismo Ejecutivo.

Pero en primer lugar debe haber un diálogo interno entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo.

En segundo punto, se debe tratar de que las fuerzas vivas, las expresiones organizadas que hay en todo el ámbito nacional, a través de sus liderazgos, sean convocados para poner un mínimo de reglas y explorar con qué ánimos se va a venir al diálogo. Deben llegar al diálogo quienes crean, pero con un compromiso de que se cumpla lo que se vaya acordando. Eso sería el marco general.

Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua)

El diálogo siempre es lo mejor que nos puede pasar. Es cierto que la situación actual va a tener sus limitaciones por los problemas de los protocolos de bioseguridad, pero es necesario.

Se está saliendo de control y podemos llegar a un alto grado de ingobernabilidad. Creo que podemos hacerlo ahora y sentarnos, porque definitivamente la situación no nos deja avanzar en nada y seguiremos arrastrando nuestras penas de siempre.

¿Quién debe convocar al diálogo?

En el diálogo se debe excluir a los partidos políticos, porque son ellos los que han estado contaminando la situación.

La convocatoria debe provenir de una organización independiente, neutral, que tenga todas las autorizaciones de sus bases para poder ejercer una opinión. Al gobierno le conviene, porque al final de cuentas muchas de las cosas que haya que hacer las hará el gobierno.

Debe ser un diálogo donde se haga, no donde solo se escriba o aparezca en los periódicos. Acá es donde los diputados pueden ayudar mucho, abandonar sus intereses partidarios y legislar a favor de Guatemala.

Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

Como Cámara de la Industria de Guatemala siempre hemos estado abiertos al diálogo y creemos que en momentos como estos lo más importante, indistintamente de los pensamientos que tengamos, es poner en frente los temas en los que estamos y poner en frente el bienestar del país.

Sí creemos que es necesario un diálogo donde se sienten instituciones representativas y distintos liderazgos del país. Creemos que puede ser una forma de resolver los retos que tenemos como país.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Creo que lo más importante, indistintamente de quién convoque al diálogo, que debería ser una institución o un liderazgo representativo, es que se tenga por delante los intereses del país, más que los sectoriales, ideológicos o personales.

Lo importante no es quién lo convoque, sino cómo, y que quien lo haga tenga representatividad y el deseo genuino de resolver los problemas nacionales.

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)

Consideramos que la posición expresada en el comunicado de la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal, abogando por la paz social y el diálogo, es la correcta. Las medidas de hecho que hemos visto en días recientes únicamente provocan una mayor polarización de la sociedad. Vivimos una época muy complicada. La pandemia ha venido a agudizar los problemas que Guatemala afronta en los ámbitos de salud, nutrición, educación y acceso a la justicia. Cualquier esfuerzo de diálogo debe incluir a actores legítimos y representativos y girar en torno a estas grandes prioridades nacionales.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Independiente de quién o cómo se promueva el diálogo sobre los temas importantes del quehacer de nuestro país, quien participe debe ser respetuoso de las leyes de Guatemala y de la institucionalidad que establece la Constitución.

En la coyuntura actual debemos lograr que se produzcan resultados contundentes en temas como la atención a la pandemia, la vacunación y los apoyos a las comunidades más afectadas.

Comité Campesino del Altiplano

En este momento no hay condiciones para considerar un diálogo nacional.

Lo decimos así porque mientras haya un Estado encabezado por un presidente al cual se le señala de corrupción y a quien se señala de falta idoneidad, creo que no hay solvencia para encabezar un diálogo. Primero hay que crear las condiciones para que se pueda dar.

Nuestro objetivo es sanar la situación. Salvo si el presidente y la fiscal general renunciaran, entonces podríamos ver alternativas.

Pero mientras tengamos un Estado cooptado, serán los mismos que conducirían, pero con otra máscara, con otros tacuches.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Si creamos los escenarios tendríamos que buscar consensos y ver quién podría encabezar. Ahora no podemos decir que sea la Iglesia o el sector privado. Podríamos constituir una entidad que realmente se encamine a la búsqueda del diálogo, pero ahora mismo no es posible.

Conferencia Episcopal de Guatemala

Reafirmamos que no es la renuncia del presidente lo que el pueblo debe pedir, pues significaría un grave retroceso en nuestro proceso democrático, sino más bien recordarle los compromisos que, con tanta vehemencia él asumió en el discurso de toma de posesión y pedirle que los cumpla.

Dado que en esta crisis la figura de la fiscal general y su desempeño han sido señalados como la causa primordial del descontento popular, la invitamos a que desde su conciencia ciudadana y sus principios éticos discierna que es lo mejor para el bien del país.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Es necesario y urgente que la iniciativa presidencial manifestada y ejecutada antes del inicio de la pandemia de convocar a un diálogo franco y abierto, con propuestas concretas, de los diferentes sectores del país, se retome. Sin este diálogo, percibimos que el descontento crecerá, alimentado por quienes quieren desestabilizar la nación buscando sus propios intereses, es decir, por las estructuras del crimen organizado, del narcotráfico y de la corrupción e impunidad incrustadas en los órganos del Estado, aprovechándose de la misma situación de precariedad crónica en la que el país ha vivido.

Consejo Nacional Empresarial

Un diálogo es productivo si y solo si hay confianza. Para establecer esta confianza y buena fe, el gobierno debe, como mínimo, realizar gestos previos: tomar acciones inmediatas para controlar la pandemia y un plan de manejo de la emergencia con medidas efectivas y que no sorprendan a la población y a los empresarios, ya que la improvisación golpea la recuperación económica, especialmente de los sectores más afectados por la pandemia.

También deben verse acciones contundentes para salir de la crisis del sector justicia, empezando por la renuncia de la fiscal general y el nombramiento de un fiscal confiable frente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Una convocatoria al diálogo sin estas condiciones está destinada a fracasar, tal y como sucedió a finales del año pasado, cuando el presidente Alejandro Giammattei invocó la Carta Democrática ante la Organización de Estados Americanos.

JusticiaYa

Vemos que es una crisis institucional muy grande donde no se ven salidas viables, porque todas las instituciones están cooptadas por las redes corrupción. Una demanda generalizada, y que creo que se debe dar previo a cualquier negociación, es la salida de la fiscal general.

Ella está jugando un rol insostenible y me parece que no será posible una reconversión de su gestión. La población se va a seguir haciendo escuchar, va a continuar manifestando porque es inaceptable lo que ella ha estado haciendo.

Este es un primer punto antes de hablar de una negociación o un diálogo.

Ya ha sucedido en momentos tensos otras veces, que se promueve un diálogo donde no hay voluntad real de hacer cambio, sino más bien de bajar la espuma o bajar las aguas. Hay personas expertas en esto que siempre lo han hecho. Por ejemplo, vimos en noviembre que luego de las manifestaciones se canceló el Centro de Gobierno, pero los trabajadores fueron incorporados en otras instancias públicas, es decir todo fue una fachada.

¿Quién debe convocar al diálogo?

No vemos que el presidente sea una persona legítima para convocar. Se debe incluir a los sectores más desfavorecidos, porque siempre los dejan fuera. Por ejemplo, autoridades indígenas y ancestrales.

Fundación contra el Terrorismo

El tema de los diálogos es estéril. Nosotros dialogamos, y me refiero al pueblo de Guatemala, en 1996, y vea de qué manera la extrema izquierda traicionó los acuerdos que hubo.

No confiamos mucho en los diálogos. Lo que hay que hacer es obligar a todos los ciudadanos a cumplir la ley. Por las manifestaciones recientes no cabe el diálogo, simple y sencillamente hay que hacer que la ley se cumpla. ¿Un diálogo nacional para qué? ¿Para ver si los guatemaltecos estamos de acuerdo con que el presidente de la República o la fiscal general tengan que dejar sus cargos? No, eso no es sujeto de un diálogo nacional.

Podemos medir la opinión pública y vea lo raquítico de los bloqueos de Codeca y de los veteranos militares. Han bloqueado tramos carreteros utilizando de 10 a 15 personas y paralizan el país. Eso no es representativo, no hay por qué incluirlos a ellos en un diálogo nacional, de ninguna manera, solo hay que obligarlos a que cumplan la ley y respeten la Constitución.

Colectivo de Estudiantes Landivarianos

Nosotros ya hemos vislumbrado algunos sectores con los que ya no es posible dialogar. Cuando hablamos de la unidad y el diálogo nos referimos a los pueblos de Guatemala y a los grupos populares, sectores sociales. Ahí sí se habla de unidad porque somos las voces que necesitamos estar representadas ante el aparato estatal para que se vean cumplidas nuestras necesidades.

Ahora bien, si me habla de todos los sectores representados como el sector empresarial, el Ejército, la Iglesia, ahí creo que se tendrían que individualizar actores.

Creo que así ya no serían posturas claras de la situación que vive el país. Creemos que ante tantas muertes, pobreza, hambre y exclusión hay que dialogar, pero entre los que sabemos que queremos una Guatemala diferente y no entre los mismos grupos que han estado sentados siempre en la mesa de toma de decisiones, porque los mismos de siempre son quienes nos han traído a este sistema fallido.

¿Quién debe convocar al diálogo?

Podría ser un diálogo multisectorial convocado por múltiples actores (…) Ya le corresponde llevar la batuta a los pueblos y sectores que han sido excluidos.

Presidencia de la República

El diálogo siempre es importante en cualquier momento, pero es aún más relevante cuando hay tensiones sociales. El Gobierno de Guatemala reitera su confianza en el diálogo y la promoción de consensos entre los distintos sectores de la sociedad guatemalteca, sobre la base de la institucionalidad democrática, la transparencia, rendición de cuentas y con pleno respeto a los derechos humanos. Debemos tener plena conciencia que el momento que vive

Guatemala y el mundo entero frente a la crisis ocasionada por la pandemia requiere del concurso y compromiso de todos los sectores de la sociedad, en función de objetivos de nación que nos permitan alcanzar el bien común sobre los intereses de pequeños grupos.

¿Quién debe convocar al diálogo?

El Conadur es la instancia superior y constituye el órgano máximo y representativo del Sistema de Consejos de Desarrollo encargado de formular las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, tomando en consideración los planes de desarrollo regional y departamental.

Y, pocas horas antes del inicio de las mismas, un número todavía no determinado de prisioneros fue puesto en libertad por el gobierno de Ortega.

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La liberación de todos los detenidos por participar en las protestas en contra del mandatario de 72 años era uno de los temas que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había identificado como “fundamental” para tratar de resolver la crisis.

Pero todavía no está claro si las autoridades liberarán a las 777 personas identificadas por el denominado Comité Pro Liberación de los Presos Políticos o solamente a un puñado.

Tampoco se sabe si la liberación de este miércoles será definitiva o nada más para pasar a tener casa por cárcel.

Y los nicaragüenses parecen no ponerse de acuerdo en si el nuevo diálogo beneficiará o no a Ortega, si es un síntoma de debilidad o fortaleza, o incluso si arrojará resultados concretos.

A puertas cerradas

Por lo pronto, a diferencia del primer intento de diálogo -que arrancó el 16 mayo de 2018 y se suspendió indefinidamente una semana más tarde- esta vez el proceso tendrá lugar a puerta cerrada y con la ausencia de varios actores importantes.

Entre los integrantes del “equipo de negociación” de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por ejemplo, esta vez no hay representantes del Movimiento Campesino, que recientemente vio como su principal representante en las primeras pláticas fue condenado a más de 200 años de cárcel acusado de terrorismo.

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Tampoco estarán presentes, por encontrarse en el exilio, los líderes estudiantiles que emplazaron públicamente a Ortega en el inicio de ese diálogo, exigiéndole la renuncia y gritándole a la cara los nombres de sus compañeros muertos durante las protestas.

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Y esta vez la Conferencia Episcopal de Nicaragua ya no se desempeñará como mediadora y garante de las conversaciones, aunque los obispos nicaragüenses podrán asistir a las mismas en calidad de testigos.

El gobierno, por su parte, no ha dicho si Ortega acudirá personalmente a la primera sesión, ni ha dado a conocer a sus delegados a las conversaciones.

Tampoco se han nombrado nuevos mediadores ni se han hecho públicos los puntos en agenda.

“Hermetismo y escepticismo”

“Diálogo con Daniel Ortega arranca con hermetismo y escepticismo”, fue de hecho el titular con el que el diario La Prensa anunció el inminente inicio de la “mesa para negociar”, a la que el mandatario accedió luego de una reunión privada con cuatro de los hombres más ricos del país.

Y el aparente liderazgo del sector empresarial hace que muchos teman unas conversaciones más orientadas a lograr la “normalización” del país que a la búsqueda de los profundos -y para muchos necesarios- cambios exigidos durante las protestas.

Según Ortega, el compromiso es “negociar para consolidar la paz” y “construir esa nueva ruta, ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el país, y por lo tanto el pueblo nicaragüense, se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento de golpe (de Estado) de abril”.

Pero además de “la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por la Constitución Política”, la Alianza Cívica también incluyó entre sus puntos de agenda “reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes”.

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El tercer tema identificado por la Alianza -que aglutina a representantes del sector privado, la sociedad civil, la academia y el movimiento estudiantil- es simplemente “justicia”.

Pero, en la práctica, ese puede ser el punto más contencioso de la negociación, especialmente si los opositores renuncian a su vieja exigencia de adelantar los comicios.

Ortega, quien se encuentra en medio de su tercer período consecutivo como presidente, siempre ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas aduciendo que estas simplemente habían reaccionado a un intento violento de golpe de Estado auspiciado por Washington.

Pero un informe de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza al estado nicaragüense de “crímenes de lesa humanidad“, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y agresiones sexuales

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En total, al menos 325 personas murieron en el marco de las protestas que iniciaron el 19 de abril y se estima que más de 80.000 nicaragüenses se han visto forzados a abandonar el país.

La situación también ha golpeado duramente a la economía del segundo país más pobre del continente americano, con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico, Funides, previendo una contracción de entre el 7.3% y el 10.9%.

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Sin embargo, la oposición ha puesto como condición la libertad de los presos políticos para que se den unas negociaciones reales.

Argumentando que en otros intentos de diálogos ha habido, a su criterio, participantes “terroristas”, el presidente demanda que esta vez sea a puerta cerrada, “sin multitudes ni medios de comunicación”. 

“El diálogo entre el Gobierno sandinista con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos, ya había comenzado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio”, recuerda EFE. 

Durante la ceremonia de conmemoración este jueves del aniversario 85 de la muerte de Augusto C. Sandino (1895-1934), quien expulsó una intervención estadounidense entre los años 20 y 30 del siglo pasado, Ortega expresó su respaldo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se manifestó en favor de una salida pacífica y “sin la injerencia” de Estados Unidos.

Medios de comunicación nicaragüenses denunciaron que el Gobierno los obligó a transmitir “integramente” y en cadena todo su discurso.

Frente a delegaciones de El Salvador, Venezuela, Guatemala e Irlanda, el mandatario denunció el “intento de golpe de Estado” en Nicaragua, “que ha costado muchas muertes”.

El presidente dijo que seguirá “luchando por la paz” y trabajando contra el narcotráfico. “El sur produce la droga, el norte la consume, y Centroamérica es el caminito (…) lo que pone en peligro la soberanía de los pueblos”, expresó.

Ortega enfatizó en que EE. UU. debe usar la diplomacia para solucionar las diferencias con los países de la región. “Corea del Norte le ofrecía cohetazos, y EE. UU. le ofrecía cohetazos a Corea del Norte (…) y ahora los tenemos allí, negociando. ¿Por qué no usa esa misma diplomacia con nuestros países? Porque no tenemos armas nucleares”, expresó.

Según información de EFE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Sin embargo, Ortega, “quien lleva 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de golpe de Estado fallido”, dice la agencia.

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Zamora recordó que Nicaragua es un país eminentemente agrícola “y si los bancos no financiamos las cosechas, que vienen ya, las consecuencias van a ser todavía mayores. El tiempo se está acortando”.

El pasado 16 de febrero, Zamora se reunió junto a un grupo de empresarios, con la mediación de la Iglesia Católica, con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para mostrar su “inquietud” por la situación del país y pedirle que abriera de nuevo la comunicación.

Según el presidente del Grupo Lafise, esa reunión dio sus frutos ya que “el diálogo va a comenzar mañana”.

“Nosotros no somos los que necesariamente vamos a negociar, si no que queríamos ser un puente para que se abra la comunicación, que estaba totalmente tensa”, indicó.

Para el banquero, “no puede ser que el país vaya a un despeñadero sin ninguna lógica”.

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“Hay presiones por todos lados, de todos los países latinoamericanos a través de la OEA, de Europa a través de la UE, de Estados Unidos. Tiene que haber una solución”, reiteró Zamora, para quien esa solución pasa por un adelanto electoral: “No debería ser de otra forma, aunque todo está en la mano del presidente”.

El deterioro económico que está sufriendo Nicaragua, está beneficiando a otros países de la región, según el presidente de Lafise.

“El dinero que sale va a los bancos de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras principalmente”, señaló.

Con el Gobierno de Estados Unidos el grupo financiero, presente en 11 países de la región, acaba de firmar un crédito de US$100 millones para invertir en infraestructuras y creación de empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador.

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“Se trata de encontrar fórmulas para reducir la inmigración, creando fuentes de empleo en los países de origen. Cada vez es más difícil para los inmigrantes estar ilegales en Estados Unidos, el riesgo es bastante alto, por eso hay que crear oportunidades”, explicó.

En Madrid, Zamora firmó este mismo jueves un acuerdo con la institución académica IE University, que permitirá financiar programas de grado y máster para alumnos de más de 10 países latinoamericanos, entre los que figuran Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

El Banco Lafise apoya y promueve la educación de calidad, inclusiva y con valores a través Fundación Zamora Terán y su programa educativo “Una computadora un niño”, que inició en Nicaragua y ahora se extiende por todo Centroamérica y El caribe.

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Rechazo a la reforma de pensiones

El 18 de abril, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno presenta una reforma previsional que incrementa las contribuciones y disminuye las pensiones en 5 por ciento, desencadenando en varias ciudades manifestaciones lideradas por estudiantes, severamente reprimidas.
El 22 de ese mes, Ortega da marcha atrás con la reforma, tras una ola de protestas marcadas por enfrentamientos y saqueos, que dejó 25 muertos en cinco días.

Reclamo de la salida de Ortega

La marcha atrás en la reforma no calma la ira, y el 23 de abril decenas de miles de personas, entre ellas empleados, estudiantes, campesinos y empresarios, se manifiestan en Managua para denunciar la represión.
La ONU llama a Nicaragua a que “inicie investigaciones independientes y transparentes” sobre las víctimas, lamentando posibles “ejecuciones ilegales”.

 Diálogo tenso

El 12 de mayo, cuando la movilización se intensifica, el ejército dice que “no reprimirá” las manifestaciones. Un diálogo tenso se abre el 16 de ese mes entre el presidente y la oposición con el respaldo de la Iglesia Católica, pero se suspende tras una semana, por la falta de acuerdo sobre la democratización del régimen.
El día 28, las partes acuerdan reanudar las conversaciones.
Amnistía Internacional denuncia el uso de grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.

Elecciones anticipadas

El 30 de mayo, la comunidad empresarial también toma distancia de Ortega, que asegura que permanecerá en el cargo pese a las protestas.
Después de la muerte de 16 manifestantes durante una marcha el día de las madres en Managua, los obispos vuelven a suspender las negociaciones.
El 4 de junio, Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, hace un llamado al diálogo, sin una propuesta concreta. Al día siguiente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena la violencia, sin responsabilizar al régimen por la represión.
El día 7, la conferencia episcopal presenta un plan de democratización con anticipadas reformas presidenciales y constitucionales, demandas de los manifestantes.

Paro general

El 11 de junio, las fuerzas de seguridad intentan desmantelar las barricadas extendidas en ese país, y la violencia se renueva.
El 14, el país se paraliza por una huelga general, durante un día también marcado por la violencia.
Al día siguiente, contra viento y marea, el gobierno y la oposición llegan a un acuerdo, permitiendo que observadores de derechos humanos ingresen en Nicaragua e investiguen la violencia. La oposición acepta un plan para eliminar los bloqueos.

Ataques a universidad y templo

Pero el 18 de junio, el diálogo vuelve a interrumpirse.
El 23, se renueva la represión, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se refugian docenas de estudiantes.
El día 30, miles de nicaragüenses marchan para exigir la renuncia del presidente. Sin embargo, Ortega descarta el 7 de julio un adelanto de las presidenciales, describiendo a los opositores como “golpistas”.
El 13 de julio, el país se paraliza nuevamente por una huelga general, después de una marcha masiva el día anterior con el mismo objetivo: la salida de Daniel Ortega. Estudiantes de la UNAN son duramente reprimidos y se refugian en un templo cercano: dos jóvenes mueren tras 20 horas de asedio.
El 15 de julio fuerzas progubernamentales lanzan un operativo en Masaya y ciudades vecinas para levantar bloqueos de vías con saldo de 10 muertos.
En los días siguientes, la comunidad internacional insiste en que se detenga la represión.

Asalto a Masaya

El 17 de julio, las fuerzas antimotines y paramilitares lanzan un asalto (bautizado por la oposición “operación limpieza”), contra Masaya, la ciudad más rebelde de ese país. Al menos dos personas mueren.
Uno de los representantes de la oposición, el líder campesino Medardo Mairena, es acusado por la justicia de terrorismo y de intentar socavar el orden constitucional.
Después de violentos enfrentamientos, las fuerzas progubernamentales toman el control de Monimbó, un barrio rebelde de Masaya.

AI pide a Gobierno Ortega poner fin a “insensata matanza” 

Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “poner fin a la represión tras tres meses de insensata matanza” en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa este país, y que ha segado más de 350 vidas desde el pasado 18 de abril.
“Tres meses después del comienzo de la represión del Estado en Nicaragua, han muerto alrededor de 300 personas, la inmensa mayoría a manos de la policía o de grupos parapoliciales”, denunció la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en una declaración escrita enviada a Acan-Efe.

“El presidente Ortega ha demostrado una y otra vez que no se detendrá ante nada para aplastar a todas las personas que se atrevan a oponerse a su Gobierno y a las desafortunadas que se interpongan en el camino, incluidos menores de edad, estudiantes, madres de víctimas y miembros del clero”, continuó.
Guevara observó que en los últimos días “se han intensificado la escala y la coordinación de los ataques generalizados contra la población civil, y se ha enviado a atacantes con armas letales a ciudades como Masaya, que se han convertido en símbolo de la resistencia al despiadado régimen del presidente Ortega”.
El Gobierno de Nicaragua tomó el pasado martes el control de Masaya (sureste) a través de la denominada “Operación Limpieza”, que consiste en una ofensiva ejecutada por las llamadas “fuerzas combinadas”, integrada por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, junto a trabajadores del Estado, para remover bloqueos de caminos y barricadas.

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“Estamos reorganizándonos porque esto no termina hasta que el dictador salga del poder”, declaró un joven con pañuelo en el rostro con los colores de la bandera nicaragüense, en conferncia de prensa en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se atrincheran decenas de estudiantes.
El Gobierno y sus opositores reanudaron el lunes un diálogo que busca una salida a la crisis, pero volvió a estancarse pues Ortega aún no responde a la propuesta de la Iglesia Católica -mediadora- de adelantar las elecciones del 2021 a marzo del 2019.
“Estamos librando una heroica batalla por la paz y el futuro del país”, declaró al progubernamental Canal 4 la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, una extravagante mujer de 67 años, a quien muchos identifican como el poder detrás del trono.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero del 2022, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas y de instaurar, con Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.

“Que se vayan ya”, se leía en una enorme pancarta azul y blanca que portaban los líderes estudiantiles y campesinos en la UNAN, que coreaban: “¡Justicia!”.

“Situación muy preocupante”

Misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han reunido el martes y este miércoles con representantes del gobierno y de la Alianza.

“La situación es muy preocupante (…) y esperamos realmente que cese la violencia de todas las partes y cese la violación a los derechos humanos. Esperamos que se encuentre una solución pacífica a la crisis en Nicaragua“, declaró al Canal 100% Noticias Alicia Londoño, integrante de la misión de la ONU.
Fuerzas combinadas de la policía, parapoliciales y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes, que tienen semiparalizado al país.
El gobierno de Estados Unidos pidió a la Policía de Nicaragua la devolución de patrullas que le vendió porque algunas “han sido usadas para reprimir violentamente” a los manifestantes, según una nota de su embajada en Managua.
La Policía rechazó la acusación y señaló que los vehículos eran usados para la “atención a jóvenes en situación de riesgo” y en la lucha “contra el narcotráfico y crimen organizado”.

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Murillo describió la situación del país como “tiempos de oscuridad”, de “mucha maldad” y “perversidad” y citó un pasaje bíblico que dice que “los malignos serán destruidos”.

“La lucha se va a mantener. Hoy que están los organismos internacionales de derechos humanos vamos a aprovechar para manifestarnos con más fuerza”, dijo la dirigente campesina Francisca Ramírez.

“Marcha de las flores”

En la tarde y noche de este miércoles, un pequeño grupo protestó en Managua, algunos vestidos de negro. La Alianza convocó a la población a ir el jueves a las iglesias con velas y lazos negros y a escuchar al mediodía el himno nacional el viernes.

Para el sábado llamaron a la “Marcha de las flores” en memoria de los jóvenes muertos, una movilización que había sido suspendida la semana pasada debido a una violenta incursión de antimotines y hombres armados y encapuchados en la UNAN y en barrios de la capital.
“Es importante que todos salgamos a manifestarnos y a exigirle a este régimen de una vez por todas que cese la represión”, exhortó Medardo Mairena, uno de los dirigentes de la Alianza.
Los grupos de derechos humanos locales divergen en la cifra de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha verificado 212 fallecimientos.

Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.

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La jornada de pláticas no tuvo mayores avances pues Daniel Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- aún no responde a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis de ese país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al Gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas y e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.

Pánico en las calles

Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la segurida social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.

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Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas. La lista detalla la identidad de 262 víctimas.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado a ese país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo torturando asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.

El pánico que siembran en Nicaragua estos grupos de hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días, se han multiplicado las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de defensa y seguridad, Elvira Cuadra.

“No vemos voluntad”

El presidente de CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.

Las mesas de diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica no se reunieron este martes, pero la misión de la CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“Hasta ahora no vemos voluntad del gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que, hasta esta crisis, había sido aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.

En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar del informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, “muy especialmente el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.

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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una sesión extraordinaria para abordar el conflicto en este país centroamericano, ya que deja al menos 200 muertos.
En esa sesión, la CIDH presentará un informe sobre su visita en mayo pasado a Nicaragua y los hallazgos y recomendaciones acerca de la crisis actual.

En su informe preliminar, presentado el 21 de mayo pasado, en Managua, la CIDH afirmó que en su visita de campo de cuatro días encontró evidencias de “graves violaciones de derechos humanos” con “al menos 76 personas muertas” entonces.
La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar un total de 15 recomendaciones.
Entre esas medidas está el cese inmediato de la represión, el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia o la garantía de la vida, integridad y seguridad de todas las personas.

Otras de las recomendaciones son las garantías para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH, medidas para investigar juzgar y sancionar a los responsables de la violencia o que los operativos de seguridad en las protestas y manifestaciones cumplan los protocolos de actuación.

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Además, solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, el respeto de la independencia de los medios de comunicación, la no censura, y la exhortación a las autoridades de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
La Comisión solicitó sistematizar la información de los atendidos en los hospitales, la investigación de las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y la apertura al escrutinio internacional.

Finalmente, la comisión reclamó “la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional” y “un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones” mediante un calendario de nuevas visitas.

El lunes pasado, la Conferencia Episcopal suspendió las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no había presentado copias de las cartas de invitación a esos organismos internacionales a visitar el país.
Nicaragua cumple hoy 65 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11  años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

 “El dolor es grande”

La iglesia Católica ha llamado al presidente Daniel Ortega a permitir elecciones generales anticipadas en marzo del 2019 para aliviar la tensión. Pero hasta el momento, el Gobierno no ha respondido a esta demanda en el diálogo con la oposición, mediado por los obispos.

“El dolor en Nicaragua es grande, un pueblo desarmado está siendo masacrado. Las ciudades están en manos de bandoleros”, lamentó monseñor Sivio Báez.
Exguerrillero de la revolución sandinista, Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo concluye en 2021, es acusado de nepotismo y de instaurar con Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.

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Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega.

“El pueblo no se rinde”, “No a la dictadura orteguista”, se lee en paredes de Masaya, una de las ciudades más combativas en la insurrección popular que, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Los ataques ocurrieron un día después que el Gobierno invitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a visitar Nicaragua para verificar la situación de violencia, a fin de reanudar el diálogo.
“El Gobierno no puede seguir pidiendo el diálogo y al mismo tiempo cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes (…) debe ordenar inmediatamente” el cese de la represión, advirtió Amnistía Internacional en un comunicado.
Tras los ataques no quedó claro si los jerarcas católicos volverían a convocar el diálogo.

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El Gobierno de Daniel Ortega aceptó el viernes pasado invitar de manera “inmediata” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las partes también consensuaron ese día “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar ‘in loco’ para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables” desde el pasado 18 de abril.
El diálogo entre el Gobierno y la oposición se reanudaría este lunes, luego que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
Las partes constituyeron la Mesa Electoral y la Mesa Judicial, integradas cada una por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, miembros de la sociedad civil y campesinos.

Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.
Las partes también conformaron la denominada “Comisión de Seguridad y Verificación”, que estará integrada por 12 miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos de ese país.
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 a 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.

Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.

Nicaragua necesita buscar la “verdadera paz”

El nuevo nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, le dijo al mandatario Daniel Ortega que el país necesita buscar la “verdadera paz”, durante la presentación de sus cartas credenciales como representante del Vaticano.
Waldemar se presentó oficialmente este lunes, cuatro días después de haber llegado a Nicaragua, que se encuentra en una crisis sociopolítica que ha dejado cerca de 200 muertos en dos meses, sin que haya una solución a la vista.

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“Y va a llegar a una vía de paz y reconciliación, que no es guerra, hay que buscar este camino, el único camino que todos tenemos. No solamente aquí, sino todo el mundo necesita buscar la paz, la verdadera paz”, dijo Waldemar, a Ortega, según reportó el Gobierno en una nota de prensa.

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La petición del CES se conoció ayer, durante una reunión en la que recalcó que las causas de las fallas que afectan el rendimiento y eficiencia económica son estructurales, por la debilidad institucional y bajos niveles del Estado y su administración.

El Consejo le dijo al mandatario que debe presentar una propuesta para atender las necesidades económicas y sociales, y después de eso  convocar al diálogo.

“La crisis económica se ha agudizado por la falta de certeza sobre el rumbo del país en cuanto al funcionamiento de las instituciones y la política de desarrollo económico que se pretende implementar”, le expuso el CES.

“Es importante comenzar a hablar de crecimiento económico, generación de empleos, bienestar para los guatemaltecos”, dijo Carlos Amador Fluder, vicepresidente del CES por el sector empresarial.

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Según Fluder, se debe apostar por una política nacional de competitividad, de empleo digno y seguimiento a las políticas económicas, además de considerar otros temas como la infraestructura vial y la implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El presidente  explicó que establecerán una hoja de ruta que incluya los proyectos, políticas  y estrategias que se han formulado desde el 2005.

“Creo que se ha hablado mucho de la necesidad de un diálogo, por lo que puedo apreciar que en el CES está toda la representatividad”, enfatizó Morales.

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En duda

Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, institución que se retiró del Foro Guatemala cuando se mencionó la posibilidad de un diálogo, afirmó que las propuestas que provienen del Ejecutivo siempre serán cuestionadas.

“El Ejecutivo no ha dado muestras de reorientar su política en cuanto a debilitar el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público; al contrario, ha buscado por otras vías poner obstáculos al trabajo que hace Iván Velásquez”, enfatizó.

Por su parte, Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien todavía es parte del Foro, dijo que no ve al CES” injerir en temas de orden político como reformas electorales o constitucionales. “Si se mantienen en su ámbito tienen legitimidad”, señaló.

Añadió: “Entiendo que empresarios, cooperativistas y sindicatos estén en la preocupación sobre la economía. Son suficientemente representativos para atender la gama de políticas públicas más ligada a sus funciones”.

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Cuestionado consejo

El Consejo Económico y Social fue creado a través del acuerdo gubernativo 2-2012, por el entonces presidente Álvaro Colom.

Solo en septiembre último, el CES erogó en  salarios, dietas y gastos de representación poco más de Q482 mil. Su secretario técnico  devenga Q45 mil 625  al mes, y cada  asesor  cobra  en dieta por sesión Q1 mil 200.

De acuerdo con la Ley Orgánica del CES, sus decisiones son “la expresión de la opinión de los sectores”  ahí representados y deben “mantener un espacio de diálogo permanente”. Sus competencias son limitadas a políticas económicas y sociales.

El fomento de la ignorancia política evitó que se distinguieran diferentes posiciones ideológicas, necesarias para entender las opciones de gobierno. En efecto, si se reduce la expresión filosófica sobre la sociedad a un solo punto de vista, la única diferencia entre los políticos permitidos consiste en aspirar al gozo de los privilegios del poder. Al contrario, cuando existen diversas fundamentaciones de la política, las manifestaciones programáticas se convierten en el objeto del debate.

Los derechistas anhelan discutir con proponentes de medidas que suponen transformaciones muy profundas con alto costo de oportunidad. Se solazan cuando muestran las dificultades que supondría asumir un cambio productivo o destacar la falta de preparación y habilidades para ponerlo en práctica. Por ello no desean otros enfoques razonables que resuelvan los problemas sociales con mejora en el bienestar de la mayoría o que destierren el lucro delictuoso en el gobierno. Para ellos, los cambios significan incrementar sus ganancias.

La represión usa tres medios para destruir las propuestas diferentes a la posición dominante en el gobierno: la corrupción, la tergiversación y la represión. La corrupción se impulsa por agencias de financiamiento de oenegés, a través de inducir programas y reivindicaciones que especializan demandas sociales. Los miembros de esas entidades desarrollan hostilidad y aislamiento por la rivalidad para lograr los patrocinios.

La tergiversación está encomendada a un extenso grupo de comunicadores que utilizan ampliamente los nuevos canales de comunicación, igualmente favorecidos tanto por grupos patronales como entidades oscuras. Su labor se expresa en la formación de chismes, tachas a determinadas personas y, sobre todo, confundir el sentido de las declaraciones de nuevos líderes. Recuperan dirigentes corruptos, a los que otorgan facilidades de promoción que les ayudan a conseguir notoriedad para disputar el liderazgo. Confunden y vacían de contenido a expresiones como “cambio de estructura”, cuyo significado honesto consiste en modificar al régimen de propiedad para lograr mejores relaciones de producción y empleo.

Finalmente, la represión impide el acceso a puestos de trabajo a quienes juzgan peligrosos. Se consigue por procedimientos administrativos, al establecer reparos, hallazgos y levantamientos de objeciones que impiden la obtención de finiquitos, solvencias y todo tipo de requisitos inventados que vetan el ejercicio de los derechos políticos. Recuérdese que el país ha sido reiteradamente condenado por asesinatos de líderes sindicales y agresión a comunicadores sociales. No se trata de un asunto del pasado, sino de la operación de actores en puestos sin mucha exposición; pero efectivos para coordinar actos delictuosos. Cuando se desmontan por la actuación contra la corrupción, se trata a toda costa de reconstituirlos.

Sin remover la represión, el diálogo será la imposición de la misma posición que ha operado en los últimos gobiernos. Medidas de corta visión que han empantanado a la economía, incrementado la descomposición social y permitido el crecimiento de la corrupción estatal, así como del crimen organizado.

http://registroakasico.wordpress.com

El mandatario sabe que está acorralado por la justicia; de lo contrario no se escondería ni pactaría con sectores oscuros. Su más reciente “logro” es haber participado en una concentración de ganaderos en Izabal, en el que estos le dieron su apoyo para “lo que usted mande, presidente”. Es más le ofrecieron enviar fuerzas para contrarrestar las manifestaciones ciudadanas. ¿Turbas para ejecutar otro jueves negro? Pero el respaldo no es gratuito. Frente al mandatario, el ganadero y exdiputado Leonel Castañeda dijo que no quería a izquierdistas en el gobierno y gritó ¡Fuera, Foppa!, en alusión al jefe de la SAT, Juan Solórzano Foppa. Castañeda también atacó a la fiscal general, Thelma Aldana. Acto seguido, la bancada oficialista del FCN desempolvó la iniciativa que pretende otorgar privilegios fiscales a los ganaderos para que paguen menos que los pequeños contribuyentes.

¿Sabe el presidente con quiénes se alía? Entre los ganaderos de Izabal no todos tienen actividades lícitas, hay ovejas negras que van más allá de ser evasores de impuestos. Por ejemplo, La Prensa, de Honduras, señaló en marzo pasado que los hermanos Javier y Davis Rivera Maradiaga, jefes del cartel de narcotráfico los Cachiros, establecieron alianzas con ganaderos de Izabal para contrabandear ganado y transportar droga por pasos ciegos que hay entre ambos países, además de controlar el 90 por ciento de las pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras y Guatemala. Ambos narcotraficantes se entregaron a la justicia de EE. UU. en el 2015 y dieron información. Jimmy Morales poco a poco se adentra más en arenas movedizas. A sus alianzas con sectores de extrema derecha, como la Liga pro Patria y sindicalistas corruptos como Joviel Acevedo y Nery Barrios, ahora agrega un sector que no solo evade impuestos, sino que le pide descabezar a la SAT.

La situación política del país se ha enturbiado más. Los sectores oscuros se sienten a sus anchas, con la certeza de que tienen el apoyo de diputados proimpunidad y que Jimmy Morales no hará nada para detenerlos, porque sirven a sus intereses. Las próximas batallas que las mafias van a librar es tratar de controlar las postuladoras e imponer un nuevo fiscal general sumiso. También quieren ir por las magistraturas de las cortes el próximo año y acabar con la Cicig. En el caso de este último organismo, el mandatario ya dijo en la ONU que su objetivo es maniatarla para que no vaya tras los sectores que antes eran intocables: presidente, diputados y grandes empresarios. Esa es la gran alianza de la impunidad. ¿Un diálogo sería la salida? Sí, pero no con los sectores que propician la corrupción y la impunidad. Necesitamos cambios de fondo con una agenda mínima: cambios a las leyes Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil, de Compras y Contrataciones, y una reforma integral al sector justicia. Ese paquete de leyes anticorrupción no se puede negociar con los corruptores del sistema. Con ellos, ni a la esquina.

@hshetemul

A la ciudadanía ya no le cabe duda de la podredumbre prevaleciente en el Legislativo y por eso rechaza que sean los diputados —actores decisivos en la debacle del sistema— quienes participen en el proceso de transformación de la política partidaria, porque no se puede ser parte de la solución siendo parte del problema.

¿Con qué legitimidad pueden estos señores y señoras —que se han dedicado a comprar y vender votos, que negocian leyes a partir de pagos en efectivo, plazas fantasmas u obras en el presupuesto; que se vanaglorian de ser tránsfugas y engrosan bloques parlamentarios cuando les llegan al precio; que recibieron financiamiento ilegal, ilícito y anónimo y que obedecen órdenes de presos y prófugos— ser interlocutores válidos en un proceso de reforma profunda o en una votación para retirar la inmunidad a un funcionario corrupto?

¿Cómo les vamos a seguir dando espacio de decisión a quienes responden al poder e influencia de las redes mafiosas disfrazadas de agrupaciones político partidarias, a quienes han convertido a la democracia en una cleptocracia, para que en nuestro nombren negocien la refundación de un sistema que ellos mismos han prostituido?

Tampoco la ciudadanía quiere más como interlocutor a Jimmy Morales. El presidente perdió toda legitimidad en el momento en que antepuso sus intereses personales, familiares y partidarios a los intereses ciudadanos. En el instante en que decidió inclinar la balanza a favor de las mafias que quieren detener la lucha contra la corrupción y la impunidad, Morales traicionó el mandato que la gente le otorgó y reafirmó lo que se sabía desde la campaña —y la mayoría no quiso ver—: el FCN Nación, fundado por militares de línea dura, es más de lo mismo, una camarilla de sinvergüenzas que, al mejor estilo de la banda del PP, vistieron su red mafiosa de agrupación política.

Aunque quieran disfrazarlo de “defensa de la institucionalidad”, hay un claro objetivo de los poderes fácticos del país por mantener el estatus quo de la política nacional. Saben bien que mientras más debilitados estén los partidos políticos, más capacidad de decisión y margen de maniobra tienen ellos, y por eso no acuerparon el Paro, deslegitimaron las movilizaciones, cuestionaron las demandas ciudadanas y ahora promueven —como lo han hecho siempre— un pacto entre élites para dizque llegar a consensos que siempre terminan siendo a la medida de sus intereses.

Seguramente entre los promotores del diálogo hay quienes actúan de buena fe y buscan un camino para superar la crisis, pero deben comprender que el paso previo para llegar a acuerdos requiere de la salida de aquellos que perdieron toda legitimidad de sentarse a la mesa porque son parte del problema.

Al contrario de lo que sostienen los defensores del estatus quo, la gente que llenó las plazas busca fortalecer la institucionalidad sacudiéndose a los corruptos y a los impresentables, condición sine qua non para que un diálogo tenga sentido.

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Buenas intenciones han pavimentado el camino del infierno desde siempre; promesas incumplidas y una labia electoral —eficiente herramienta de decepciones y fracasos— son el panorama archiconocido por una ciudadanía resistente a tragarse esa misma píldora. Por lo tanto, quizá el tan mentado diálogo deba ceñirse a los principios básicos que lo definen como un “trato en busca de avenencias” y no como una plataforma discursiva para legitimar lo ilegítimo ni engañar a una población cansada de falsedades. Para ello el elemento esencial es la presencia de ciudadanos conscientes, responsables y representativos de los intereses comunes a la población.

La integración de una mesa de diálogo vendría a constituir, por lo tanto, una ventana a través de la cual la ciudadanía participaría como una protagonista fundamental y no una espectadora impotente ante decisiones en las cuales no tendría arte ni parte. Las aspiraciones legítimas de la sociedad son muy claras: transparencia, justicia, seguridad y respeto por el mandato constitucional, el cual pasa usualmente en cada administración del Estado como una mera opción y no como una gorda responsabilidad.

Los filósofos griegos practicaban el diálogo como un ejercicio intelectual de enorme trascendencia en la vida de sus pueblos; el diálogo como base del quehacer democrático sentó sus bases en esa elevada forma de compartir y dirimir contradicciones para así elevar de manera consecutiva el nivel de la resolución de conflictos, como modo de superar diferencias dentro de un ambiente de paz y concordia. Por lo tanto, el diálogo como herramienta para alcanzar consensos jamás debe basarse en intereses espurios ni en la defensa de privilegios para unos pocos.

En un diálogo nacional los ingredientes necesarios son la honestidad, el respeto, el conocimiento profundo de los temas por abordar, la preeminencia del interés común y la marginación absoluta de los intereses particulares. Todo ello asumiendo como el enfoque principal a las urgentes necesidades de la mayoría de la población, la más necesitada de servicios básicos, justicia, educación, empleo, salud, vivienda y alimentación. Cualquier otra prioridad en esta mesa representaría una desviación interesada y un sesgo opuesto al bien común.

La pregunta siguiente sería ¿De qué modo integrar una mesa de diálogo capaz de cumplir con esos objetivos? ¿Quiénes podrían integrarla con legitimidad y solidez? ¿Se respetaría un semejante foro desde los centros de poder? Las respuestas están en los distintos estamentos de la sociedad civil, en sus líderes naturales y en las organizaciones comunitarias. En otras palabras, en el pueblo mismo, de cuya representatividad parece haberse iniciado un proceso de rescate durante las últimas semanas y cuyos derechos han sido duramente amenazados y puestos a prueba. Su lugar en la mesa es uno de esos derechos y solo le falta asumirlo con toda la propiedad del caso.

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Los tramos estaban a cargo de las firmas Sigma Constructores, que lo entregó al Ministerio de Comunicaciones, y la brasileña Odebrecht, a las cuales se les habían asignado Q1 mil millones para el 2017.

Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que no se pueden asignar a cualquier empresa.

La fiscal General, Thelma Aldana, señaló que en las mesas se estableció que la reforma al sector de justicia responde a la necesidad de dotar al sistema judicial de mayor independencia, transparencia y garantizar un mejor y mayor acceso, así como alejar a la política.

Dicha mesa está integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidad en Guatemala.

Principales tendencias

Aldana expuso las principales tendencias, por ejemplo para el Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC) se plantea que la mayoría de sus magistrados integrantes sean egresados de la carretera judicial.

También que el Consejo de la Carrera Judicial como órgano responsable garantice la independencia y objetividad en la selección jueces y magistrados con una integración adecuada y con un sistema de control y fiscalización.

Para el Ministerio Público se plantea que se permita la reelección de la fiscal y la inclusión de los grupos indígenas y que se revise la figura del antejuicio en el país para remover los obstáculos a la investigación y persecución penal.

También se plantea que reconozca el pluralismo jurídico y jurisdicción indígena, mediante la reforma del artículo 203 de la Carta Magna o bien que regularlo mediante una ley ordinaria.

Según Aldana, se tiene previsto que el documento final llegue al Congreso en octubre.

Jorge de León Duque, procurador de Derechos Humanos, refirió que el anteproyecto  que se entregará al Congreso es sujeto de cambios, no tiene que ser aprobado tal cual.

El presidente  Jimmy Morales señaló que el país se encuentra en un proceso de cambio, el cual va a ser doloso pero traerá felicidad. Mientras Mario Taracena, presidente del Legislativo, se comprometió a que esta reforma tendrá un final feliz.

Proceso

En septiembre

• Secretaría Técnica producirá propuesta de articulado para el anteproyecto.
• Secretaría Técnica presentará a convocantes para su consideración.

En octubre

• Publicación de la propuesta de anteproyecto.
• Presentación al Congreso de la República del anteproyecto de Reforma Constitucional en materia de justicia.