Oacnudh: La población ve la justicia como algo lejano

Mika Kanervavuori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, señala que el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental para la población.

Ana Lucía Ola

22 de marzo de 2025 | 00:03h

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El próximo 25 de marzo se presentará el informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. El documento, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), analiza los logros y retos que enfrentó el país en esta materia durante 2024.

En ese contexto, Mika Kanervavuori, representante de Oacnudh en Guatemala, señala que una de las principales preocupaciones en el país es la falta de independencia judicial, que no solo involucra al Organismo Judicial, sino también al liderazgo del Ministerio Público, estructuras que resultan difíciles de transformar, sobre todo en un entorno donde existen “poderes” que buscan mantener el statu quo.

Agrega que la mayoría de la población no ha comprendido las implicaciones de no tener acceso a la justicia y percibe su inoperancia únicamente cuando se ve inmersa en un proceso judicial que puede prolongarse durante años sin resolución. Aunque acuden al sistema judicial, no cuestionan el actuar ni el trabajo de jueces o magistrados.

“Hay una percepción de que la justicia es algo que no se busca, y que no resolverá sus problemas, porque sus problemas son vivir el día a día, sobre todo en los territorios, entonces, lo ven como algo lejano”, afirma Kanervavuori.

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Por tal motivo, en 2024, durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones, la Oacnudh llevó a cabo campañas a nivel comunitario, con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de elegir a magistrados y jueces, y de evidenciar que no es un tema exclusivo de los habitantes urbanos.

Kanervavuori refiere que la falta de independencia judicial y el intento del Ministerio Público de socavar el Estado de derecho es una tendencia en la región, aunque en el país existen avances.

“Lo positivo de Guatemala es que tiene una agenda socioeconómica que promueve la igualdad y no discriminación, una agenda del gobierno de participación y diálogos. La coyuntura regional y global tiende más al cierre de espacios, y allí Guatemala está avanzando”, agrega el representante de Oacnudh en Guatemala.

Análisis

El informe La situación de los derechos humanos en Guatemala contiene información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) durante 2024, así como datos proporcionados por instituciones del Estado. También expone el trabajo que dicho organismo efectuó en el país, como la documentación de 147 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Entre los temas abordados figuran la igualdad y la no discriminación en distintos sectores de la población, y se exponen las realidades y retos que enfrentan los pueblos indígenas, garífunas y afrodescendientes, mujeres y niñas, personas con discapacidad, diversidad sexual e identidad de género, juventud y personas migrantes.

Se incluye un apartado sobre desarrollo humano sostenible e inclusivo, en el cual se analiza la problemática del acceso a la tierra, los territorios y los recursos naturales. Se documentan casos de contaminación de fuentes de agua y la búsqueda de justicia para frenar esta situación.

En cuanto a la justicia y la lucha contra la impunidad, el informe se refiere al acceso a la justicia, así como a la independencia e imparcialidad judicial. Se señala que persiste la criminalización por parte del Ministerio Público, juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia penal contra operadores de justicia, de los cuales 63 se encuentran en el exilio.

La Oacnudh también documentó 63 casos de ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y recibió reportes de persecución penal, vigilancia y agresión física contra estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, registró 47 casos de violaciones a los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información en perjuicio de periodistas, medios de comunicación y comunicadores comunitarios.

Una de las conclusiones del informe es que la discriminación y la desigualdad persisten en el país, al igual que la criminalización por parte del Ministerio Público y del Organismo Judicial contra defensores de derechos humanos. Por esa razón, se continuará el acompañamiento a Guatemala con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de su población.

El documento, que corresponde al 2021, expone elementos que no deben ser pasados por alto para Guatemala, entre ellos ataques contra defensores de Derechos Humanos.

Mika Kanervavuori, representante en Guatemala de la Oacnudh, explicó algunos de los principales aspectos del estudio referidos al país.

“Dos asuntos mayores son los ataques contra defensores de Derechos Humanos, territorio, medioambiente y periodistas. Todo esto ha aumentado, no solo los ataques y la intimidación, sino también la criminalización. Es un patrón que hemos visto”, puntualizó.

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El informe, que se hizo público la semana pasada, centra especial atención en la independencia judicial, represión de grupos minoritarios, gobernabilidad y el incremento de la pobreza luego del confinamiento en todo el mundo por la pandemia.

La alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó sobre Guatemala que el país “sigue enfrentando serios desafíos en materia de Derechos Humanos”.

“La pandemia ha exacerbado las desigualdades y aumentado los niveles de pobreza en el país, en particular, entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con empleos informales, una situación que requiere la atención urgente de las autoridades”, señaló.

“A lo largo del 2021 continuaron los ataques y la persecución en contra de operadores de justicia por su legítima labor, incluso a través del uso frecuente de —solicitudes de retiro de— antejuicio. Además, en los últimos meses mi oficina observó un incremento de ataques contra fiscales y abogados por sus investigaciones en casos de corrupción e impunidad y casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno”.

“Esos ataques representan un patrón preocupante que socava el estado de Derecho y la independencia judicial, pese a que en el 2021 se produjo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, expresó al presentar el informe.

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Asimismo, Bachelet hizo énfasis en que sigue “preocupada por la falta de avances en la elección de los jueces de las cortes Suprema y de población —salas de Apelación—”, un proceso que se encuentra en manos del Congreso y que aunque se incluye en las agendas de sesiones, nunca se aborda.

“Es un proceso que ha sido retrasado por casi tres años. Sin embargo, saludo los avances realizados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y aliento a las autoridades a seguir avanzando en los casos pendientes”, puntualizó.

Sobre la supuesta represión a activistas de DD. HH., la representante de la ONU dijo que “el espacio cívico continúa reduciéndose y aumentaron los ataques y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“El año pasado mi oficina documentó 103 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y seis asesinatos, así como 33 ataques contra periodistas”, expuso.

Añadió que es fundamental que las autoridades “tomen medidas para reforzar la legislación y las políticas de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“También estoy alarmada por el aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas en Guatemala en el 2021”, aseveró.
Sobre este tema, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP), según la expresidenta de Chile, registró más de 60 mil casos de violencia contra mujeres y 478 femicidios.

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“Mi oficina tuvo conocimiento de al menos 29 personas LGTBI asesinadas. Estos altos niveles de violencia requieren que las autoridades tomen medidas inmediatas de prevención”, precisó.

Bachelet alentó al gobierno “a seguir cooperando con todos los mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y regionales. Mi oficina continuará dando apoyo y asistencia técnica al Gobierno, a las instituciones del Estado y a los diferentes actores para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, finalizó.

Kanervavuori, por su parte, también dijo estar preocupada por la vigente ley de oenegés, porque “aún no hemos visto necesariamente todas las implicaciones de la ley, esto es algo que podría cambiar”.

Por último, este año será clave para los derechos humanos, porque el Congreso tiene que nombrar al próximo procurador, proceso que ya está en marcha.

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A su criterio, los efectos de la pandemia hacen un llamado a que el país potencie su capacidad de respuesta a los derechos económicos, sociales y culturales como el de la salud, la educación, la alimentación, la protección social y el medioambiente, además del acceso a la justicia, en especial en comunidades rurales e indígenas.

¿Cuál es el balance de los DD. HH. en Guatemala?

Guatemala ha ratificado tratados internacionales que constituyen la base para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. La implementación de estos compromisos tienen avances y retos.

En los últimos años, la alta comisionada Michelle Bachelet ha señalado en sus informes sobre el país la persistencia de desafíos estructurales como la desigualdad, la discriminación, la inseguridad y la impunidad.

La pandemia agravó condiciones preexistentes en la protección de los DD. HH. Por ejemplo, profundizó la situación de pobreza de más de 10.5 millones de personas. Esto es un patrón global también.

Se ha cuestionado la reacción de la fuerza pública a la protesta ciudadana de las últimas semanas. ¿Qué lectura tiene sobre ello?

Efectivamente, hay preguntas sobre el uso de la fuerza en algunas ocasiones, en particular durante el 21 de noviembre. Oacnudh ha observado estas manifestaciones y comparte sus recomendaciones con las autoridades, entre ellas la de investigar el uso excesivo de la fuerza en esa ocasión.

Estas recomendaciones se hacen con el fin de fortalecer conocimientos y capacidades para actuar de conformidad, por ejemplo, con los estándares internacionales relacionados con manifestaciones pacíficas, según los cuales se debe privilegiar el diálogo y no recurrir al uso de la fuerza excepto cuando sea absolutamente necesario, y con base en los principios de proporcionalidad, legalidad, necesidad y razonabilidad.

Pareciera existir un discurso de odio sobre el papel de los DD. HH. en Guatemala. Lo asocian, por ejemplo, como una protección a delincuentes. ¿A qué se debe este tipo de campañas?

Es un patrón observado en el mundo y que usan algunas autoridades y grupos para debilitar las estructuras de derechos humanos.

La finalidad de los derechos humanos es respetar y fortalecer la igualdad y no discriminación, la participación, la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia. En suma, una vida digna. Eso no siempre conviene a algunos actores porque limita su poder.

El discurso de odio también se origina por la falta de conocimiento sobre lo que son, o no son, los derechos humanos y quienes los defienden.

Esta situación puede implicar riesgos porque se hace fácil desprestigiar el trabajo de una persona o una institución que se dedica a la protección de los derechos humanos, como la PDH.

Y en cuanto a esto, es importante mencionar que la PDH está catalogada como institución categoría A según los mecanismos internacionales que monitorean a las instituciones nacionales de derechos humanos, contenidos en los llamados Principios de París.

¿Cree que está en peligro la libertad de expresión? Hablamos de las agresiones —físicas y amenazas— contra el gremio periodístico, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

En ocasiones la labor de quienes defienden derechos humanos y, por supuesto, también los periodistas, puede afectar los intereses de ciertos grupos.

Un informe presentado en 2019 por Oachudh y PDH sobre la situación de los defensores señalaba que, por su labor, sacan a luz violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y otros temas que afectan intereses económicos, de poder político y crimen organizado.

Esto los posiciona en una situación de vulnerabilidad y aumenta su riesgo de recibir ataques para impedir su trabajo. De ahí la importancia de proteger su labor en un ambiente libre de violencia.

¿Cómo puede interpretarse el debilitamiento de instituciones estatales que coordinan la política pública en temas de la mujer, paz, seguridad agraria, entre otros?

Es aconsejable que el proceso de reforma de la institucionalidad esté orientado a fortalecer y atender temas de suma relevancia para Guatemala, como el proceso de paz y los DD. HH., incluidos la seguridad agraria y los derechos de las mujeres.

Guatemala ocupa los índices más desalentadores en esta materia. ¿Cuál es la ruta que debe seguir para contrarrestar esa tendencia negativa?

El objetivo de los derechos humanos es dar los cimientos para que las personas tengan acceso a un nivel de vida digno. Para garantizar esto en el marco del desarrollo es necesario atender temas estructurales, combatir la discriminación y la pobreza. Además, requiere del apoyo de medidas legales, políticas, institucionales y de otro tipo que promuevan la igualdad y reviertan la tendencia del aumento de las desigualdades.

Vemos algunos avances, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo de Naciones Unidas está creando un registro social de hogares que ayudará a identificar las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y donde son más necesarios los programas de protección social.

Hacer realidad la Agenda 2030 y “no dejar a nadie atrás” implica garantizar la participación de todas las personas. Por eso es positivo que el Gobierno haya creado mecanismos de diálogo en la capital y en los departamentos para 2021.

Analistas han explicado que en Guatemala existe una “lucha ideológica” que fomenta discursos en contra de sectores vulnerables y que impide el avance social, ¿qué opina de ello?

Los derechos humanos no tienen una ideología. Están basados en una estructura normativa global fijada por todos los Estados miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la cual Guatemala es parte bastante activa. Son 193 países.

Para el cumplimiento de los derechos humanos es necesario priorizar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los pueblos indígenas, la niñez y la juventud, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas mayores, entre otros.

Hace 24 años se firmó la paz en Guatemala, ¿han existido avances y cuáles son las deudas que nos quedan?

Leí un análisis de la Secretaría de la Paz sobre el avance de ellos y, según ese estudio, los de menor implementación eran los relacionados con la desigualdad y la no discriminación. Eso nos dice en qué tenemos que seguir trabajando.

¿De qué manera contribuye la Oachudh a superar los retos en derechos humanos?

La oficina observa la situación de los derechos humanos en el país para brindar asesoría técnica al Estado y a la sociedad civil.

En el contexto del covid-19 apoyó, por ejemplo, al Ministerio de Salud para fortalecer su diálogo con las autoridades indígenas y difundir mensajes en idiomas indígenas para prevenir el contagio.

Colaboró con Conadi en la elaboración de una guía para la protección de las personas con discapacidad y con el Mineduc en el diseño de guías para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.

La oficina está dispuesta a trabajar con todos los actores para fortalecer el pleno goce de los derechos humanos.

• Perfil: Mika Kanervavuori es el Representante de la Oachudh desde mayo de 2020.  Es de nacionalidad finlandesa, tiene trayectoria de veinte años en la promoción y protección de los derechos humanos. Antes de Guatemala estuvo e Filipinas, Bangladesh y Fiyi. Como parte de su labor en las Naciones Unidas, Kanervavuori trabajó en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y en la Misión de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Oacnudh comunicó en sus redes sociales que reconoce el derecho a la manifestación pacífica que tuvo lugar el 21 de noviembre frente al Parque Central y diferentes departamentos del país.

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Estos fueron los escenarios que se vivieron en las manifestaciones ayer

Asimismo, recomendó que se cumpla el debido proceso de las personas que fueron detenidas “con especial énfasis en dos adolescentes” que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

.@Oacnudh_GT ha documentado, en el ejercicio de su mandato, las manifestaciones del día de ayer y reconoce el ejercicio de manifestación pacífica que mayoritariamente tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala y en diferentes municipios del país. 1/4 pic.twitter.com/wbIJN0Dexf

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) November 22, 2020

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El pronunciamiento de Oacnudh se suma al del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien hizo un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

El relator dijo que tuvo conocimiento de la detención de una fotógrafa que documentaba la protesta y recordó que “cualquier detención que se base exclusivamente en el hecho de estar en una protesta desconoce estándares internacionales de libertad de expresión”.

Hacemos un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.@PNCdeGuatemala debe aplicar protocolos de actuación claros que garanticen el uso de la fuerza de forma excepcional bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

— Pedro Vaca V. (@PVacaV) November 21, 2020

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OEA se pronuncia

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento este que inicia reconociendo “los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento de todos los sectores de la vida nacional”.

Luego enfatiza que el presupuesto 2021 de ingreso y egresos del Estado debe garantizar los máximos compromisos” del gobierno y del Congreso” en transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y desnutrición infantil. Respecto a las manifestaciones, la OEA dijo que reconoce el derecho a la protesta, “pero no existe un derecho al vandalismo”.

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Guatemala
https://t.co/mMXPXisy8A

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 22, 2020

Abro hilo de algunas imágenes/vídeos de lo que está pasando en Guatemala… pic.twitter.com/8w9t9Rw8Pw

— Ciro.1709 (@Ciro1709) November 22, 2020

Por su parte, el G-13 manifestó su preocupación por “los incidentes del 21 de noviembre a raíz de las manifestaciones que piden una mayor transparencia y Estado de Derecho” y reconocieron que la mayor parte de manifestantes se pronunciaron de forma pacífica.

Sin embargo, advirtieron que las protestas nunca deben tornarse violentas e instaron al Estado a investigar a los culpables de la generación de violencia y también el uso excesivo de la fuerza policial.

“Instamos a todos los guatemaltecos a unirse en búsqueda de soluciones concertadas, a abstenerse de lenguaje confrontativo y a aprovechar todas las oportunidades para lograr un diálogo inclusivo. Vemos positivo el anuncio del presidente Giammattei a iniciar un diálogo amplio y sincero con la sociedad civil y con los líderes empresariales para buscar consensos en los ajustes que sean necesarios en la ejecución del presupuesto 2021”, afirmaron.

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Según el informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad”, el caso de Choc es un reflejo de los riesgos a los que se enfrentan los líderes y lideresas de movimientos de defensa de los derechos humanos en Guatemala. Un riesgo que puede llegar hasta el asesinato de quienes velan por el bienestar común, pues cada dos semanas atentan contra la vida de una de estas personas.

Elaborado entre la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el documento señala que durante el 2017 se registraron en el país 493 ataques y agresiones, entre ellos 13 asesinatos. Mientras que al año siguiente los ataques fueron 391, y los asesinados se duplicaron, se contaron 26.

Ataques diversos

Por los temas que defienden estas personas son vulnerables a distintos tipos de agravios provenientes tanto de actores estatales como no estatales. El 97 por ciento de las personas entrevistadas para el informe – 196 en total- señaló haber sufrido de intimidaciones y amenazas.

Mientras que  cuatro de cada diez fue objeto de denuncias falsas o del uso indebido de derecho penal, tres de cada diez refirió haber padecido de estigmatización y difamación, y la vida de uno de cada diez estuvo en peligro con ataques a su integridad física.

#AHORA Presentación del informe de @PDH_gt y @Oacnudh_Gt “La situación de las personas defensoras de derechos humanos: entre el compromiso y la adversidad” Sigue transmisión en: https://t.co/7fNaOq19kQ #InformePersonasDefensoras pic.twitter.com/WxkCTeeLFS

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) May 21, 2019

También han sufrido de violencia sexual, el tres por ciento, pero no se descarta un subregistro en estas cifras ya que este tipo de agresiones no suelen denunciarse.

La mayor parte de los ataques son contra defensores del área rural, y están relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales, situación que afecta principalmente a los pueblos indígenas.

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Para debilitar el movimiento

Uno de los puntos que menciona el informe es la criminalización de los defensores de manera selectiva, con el uso indebido del derecho penal con la finalidad de “controlar, castigar o impedir” la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos. La PDH y OACNUDH analizaron 106 casos que encajan en este perfil.

Pero esto también es para debilitar los movimientos, y señalar el trabajo de los líderes y autoridades indígenas tal como ocurrió con Choc.

La falta de acceso a la justicia imparcial e independiente es parte de la problemática. Esto contribuye a que flaquee el proceso de denuncia, lo que dificulta tener un registro certero de estas.

El caso del líder q’eqchí Abelino Chub Caal, quien fue acusado de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita, encaja en el “débil sustento de los casos” que muchas veces parten de denuncias sustentadas en hechos infundados o que no son delito, refiere el documento que incluye entrevista efectuadas a defensores entre el período del 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019.

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La evidencia de esto se da con casos que han sido declarados sin mérito, sobreseídos, clausurados, por lo que los defensores han sido absueltos, como lo sucedido con Chub, que fue declarado inocente y eximido de los cargos en su contra pues ninguna de las pruebas que se diligenciaron en el debate “pudo quebrantar la inocencia del señor acusado”, según la jueza Patricia Bustamante, del Tribunal de Mayor Riesgo A, y se ordenó su libertad inmediata.

Con el afán de criminalizar a quienes luchan por los derechos humanos, el señla que hay ciertos tipos penales utilizados para que la persecución contra estas personas sea rápida: usurpación agravada, coacción, amenazas, instigación a delinquir, detenciones ilegales, hurto, hurto de fluidos y asociación ilícita son parte de esta lista.

En esta persecución no solo se afecta a la persona, sino también a las familias y a la comunidad.

Grupos en riesgo

Esta violencia también alcanza a ciertos grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres defensoras, las personas defensoras LGBTIQ, los periodistas, los jueces y abogados independientes y personas defensoras que atienen los derechos de las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).

Las agresiones también se dan en el campo político y electoral. En el período pasado se documentaron incidentes contra candidatos políticos, incluyendo 5 asesinatos (2 vinculados al partido Fuerza y 3 al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos), además del presidente de una Junta Electoral Municipal esta misma semana.

Durante 2017 se registraron 13 asesinatos de personas defensoras, cifra que aumentó a 26 en 2018, uno cada dos semanas, indica #InformePersonasDefensoras citando registros de @UDEFEGUA. Además, 86% de las personas entrevistadas ha sufrido por lo menos un ataque o amenaza. pic.twitter.com/lmCH0K68Vn

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) May 21, 2019

Guatemala ha tenido avances en la materia, sin embargo hay “diversos desafíos pendientes” para asegurar su consolidación e implementación, así como una respuesta del Estado que esté basada en un enfoque integral de protección que vaya más allá de la seguridad física e incluya acciones para sensibilizar sobre la labor de este colectivo, según se deja ver en las recomendaciones del informe.

El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, refirió durante la presentación el martes último del documento que los defensores están en “permanente riesgo” y más con los comicios convocados para el próximo 16 de junio y hay una retórica de agresión contra la prensa, que se repite contra su persona pues se siente perseguido por miembros de la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

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“Exhorto a las autoridades a garantizar que las víctimas se beneficien de la implementación efectiva de medidas de reparación integral y transformadora, incluyendo la no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos en el país”, dijo el Alto Comisionado.

“También será importante adoptar las medidas necesarias para establecer el paradero y la identificación de los restos de Marco Antonio Molina Theissen. Rindo homenaje a la familia Molina Theissen por su valentía y perseverancia para luchar por más de tres décadas por su derecho a la justicia y la verdad,” expresó Zeid.

Condena

El miércoles último, el Tribunal C de Mayor Riesgo emitió sentencia contra cuatro militares retirados por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe en 1981.

Los militares retirados procesados por este caso son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante; Edilberto Letona Linares, exsubcomandante; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar.

Los acusados “pudieron haber actuado de manera distinta, pero prefirieron no obedecer los mandatos normativos de Derechos Humanos y de carácter penal que prohíbe las conductas realizadas”, leyó el juez Juan Pablo Xitumul, presidente del tribunal.

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“Todos los acusados, a excepción de Edilberto Letona Linares, son responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad”, señaló el tribunal.

La absolución de Linares se dio al determinar que no tenía responsabilidad en la cadena de mando.

“Esto ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar en la impunidad”, dice Xitumul y agrega que reclamar que no hubo guerra interna sino un “enfrentamiento entre guerrilla y ejército” es un argumento “insostenible”, pues se involucró a la población civil para luego “atacarla sin misericordia, como lo hicieron”.

De acuerdo con la sentencia, los militares diseñaron la estrategia de tortura. De hecho, estaba en los archivos personales de uno de los acusados.

Por el delito de desaparición forzada contra la integridad de Marco Antonio Molina Theissen, fueron hallados culpables Hugo Zaldaña, Manuel Callejas y Benedicto Lucas García.

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Los ataques fueron contra, Luis Arturo Marroquín, delegado del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); José Can Xol y Mateo Chamán Paau del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA).

La Oacnudh también refiere que en los últimos meses han documentado otros ataques y amenazas contra más integrantes de estas organizaciones y otros defensores de los derechos humanos.

“Pedimos a las autoridades que investiguen prontamente estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y que garanticen que los responsables respondan ante la justicia”, apunta el comunicado.

Además, intercede por la protección y garantías de derechos para los pueblos indígenas y la solución de los conflictos de tierra, los cuales originan conflictos en esas regiones.

Desprestigio

La Oacnudh hace énfasis en las campañas de desprestigio contra periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, jueces e instituciones que apoyan el combate a la corrupción y los actos de impunidad.

El alto comisionado también exhorta al Gobierno de Guatemala para que avance en la consolidación de una política pública para establecer las garantías de estos sectores. Además, ofrece asesoría y acompañamiento para quienes se han visto afectados por cualquier ataque.

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También con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, que hace unos meses estuvo en el centro de una polémica luego de que Morales intentara fallidamente expulsarle del país después de que el comisionado solicitara levantar la inmunidad al mandatario, señalado de supuestas irregularidades en las finanzas de su campaña en 2015.

[AHORA] Alto Comisionado Zeid Ra´ad Al Hussein se reúne con Presidente de la República, Jimmy Morales #VisitaACgt foto: SCSPR pic.twitter.com/uSCg4S2EbT

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) November 17, 2017

La visita responde a una invitación del gobierno de Morales, pero el responsable también tiene programadas citas con defensores de derechos humanos, víctimas, periodistas, representantes del sector privado, donantes y colegas de otras agencias de Naciones Unidas.

Zeid tiene previsto viajar a Sololá para reunirse con autoridades y representantes de los pueblos indígenas Maya, Xinca y Garífuna.

Señaló que emitirá un pronunciamiento al finalizar la visita.

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Gobierno carece de planes para familias desalojadas

“El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, ante los desalojos realizados por las fuerzas de seguridad en las comunidades Chab´il Cho´ch, Lívingston, Izabal, el 30 de octubre, y en La Cumbre, Tactic, Alta Verapaz, el 1 de noviembre, expresa su preocupación por lo acontecido”, dijo, en tanto, la PDH en un comunicado este jueves, donde enfatizó que su personal se hizo presente en esas localidades. 

La organización Prensa Comunitaria, citada por la agencia EFE, denunció que el desalojo en Lívingston fue “ilegal y arbitrario contra el pueblo q'eqchi y las comunidades, que quedaron sin resguardo y cuyas casas fueron quemadas”, además aseguran que “detrás de este caso hay corrupción”.

Advierten de represión

El Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala advirtió este miércoles que los desalojos de comunidades indígenas como la de Chabilchoch (nororiente) del pasado 30 de octubre y en La Cumbre, en Tactic, Alta Verapaz  “tienen todas las características de una escalada represiva”.

A la “escala de violencia” denunciada por el CUC se sumó la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU) de la Universidad de San Carlos (Usac), la cual acusó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército de haber “quemado las viviendas, cultivos y ropas” de los desalojados, además de haberlos “dejado en la intemperie”, según cita la agencia EFE. 

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La Policía Nacional Civil confirmó que desplegaron 200 agentes para efectuar los desalojos en Chabilchoch, Izabal y Tactic, Alta Verapaz, en las cuales hubo presencia de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).

“La Policía Nacional Civil realizó dos desalojos en Izabal y Alta Verapaz, pero quien presidía y dirigía todas las acciones de seguridad era un juez competente, la policía no fue solo al lugar”, dijo Pablo Castillo, vocero de la PNC.

Castillo dijo que ninguno de los desalojos se tornó violento y que las familias por cuenta propia sustrajeron sus pertenencias de los terrenos que habían invadido “en ningún momento la policía tuvo que obligarlos a salir, ni mucho menos quemó sus viviendas”, detalló.

Castillo reiteró que no fue necesario utilizar la fuerza y que todo consta en las actas que supuestamente fueron levantadas por la PDH, la Copredeh y el mismo juez que encabezó el cumplimiento de la orden de desalojo.

En inicio, una fuente extraoficial afirmó a Prensa Libre que se habría hecho una petición verbal de parte del canciller, Carlos Raúl Morales, para que se separe a Iván Velásquez de la Comisión.

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“No he pedido, pero ni de chiste, que el señor Velásquez se vaya de Guatemala. Al contrario, soy de los funcionarios que cree que eso no debe ser así. En la reunión el único tema que abordé fue el de las migraciones y los refugiados”, dijo el canciller. 

Agregó: “Categóricamente niego que yo haya pedido algo en contra del comisionado”. 

Al ser consultado si el tema de Velásquez fue tratado durante la reunión, dijo: “el presidente se va a pronunciar al respecto, no tarda en sacar un comunicado”.

Explicó que sí se trató el tema de la Cicig, no del comisionado, pero que no fue él el que habló.

La Cancillería también negó “de manera categórica” que Morales haya hecho tal petición.

Otra fuente de Naciones Unidas, en Nueva York, hizo ver que el Gobierno sí manifestó una queja acerca de Velásquez y, aunque no aclaró quién fue, descartó que haya sido el canciller.

Debido a lo delicado del tema y a las políticas de la ONU, la fuente de la ONU no profundizó más en qué tipo de queja fue. Otra fuente, también de Naciones Unidas, afirmó que si bien hubo “catarsis”, no se pidió nada en concreto.

El #CancillerGt Carlos Raúl Morales no ha formulado NINGUNA petición contra el comisionado de la CICIG, lo rechazamos de manera categórica pic.twitter.com/jbYL8BCjK5

— MINEX Guatemala (@MinexGt) August 25, 2017

El Gobierno emitió esta noche un comunicado sobre la reunión y afirmó que “el presidente expuso las acciones que ha tenido la Cicig durante el mandato del comisionado Iván Velásquez”.

Además, “se planteó la necesidad de que la Cicig se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento y al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala”.

El Gobierno de la República, ante la opinión pública manifiesta: pic.twitter.com/b4LRE2QcCL

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 26, 2017

Guterres recibió a Morales a las 15 hora de Guatemala (17 horas en Nueva York), previo a partir hacia una gira por Medio Oriente que le conducirá a Kuwait, Israel y el Estado de Palestina.

Previo a que se realizara la reunión un grupo de guatemaltecos residentes en Nueva York protestó frente a la sede de la ONU por la llegada de Morales y se manifestó a favor del trabajo que realiza Velásquez al frente de la Cicig.

La reunión duró alrededor de 45 minutos, tiempo en el cual el Ministerio Público (MP) solicitaba retirarle el derecho de antejuicio al mandatario porque, según la Fiscalía, el Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), del cual Morales fue secretario general hasta el 9 de enero de 2016, pudo haber incurrido en financiamiento electoral ilícito en 2015.
 

Comunicado de la ONU

La ONU publicó un comunicado donde informó que Morales y Guterres discutieron la situación regional en relación con el Triángulo Norte de Centroamérica y su impacto en la migración y los flujos de refugiados. 

El documento asevera que “intercambiaron puntos de vista sobre seguridad y justicia” y asegura que el secretario General de la ONU reiteró el compromiso con la lucha contra la impunidad y la corrupción y el apoyo al mandato de la Cicig.

El comunicado concluye al decir que “el secretario General —Guterres— también reiteró su confianza en el comisionado Iván Velásquez”.

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“Seguramente tienen una agenda de consultas internas”, afirmó la consejera.

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Además, trascendió que el presidente buscaría reunirse con la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, pero tampoco se confirmó y no se dieron a conocer los motivos del interés para esta cita.
 

El presidente @jimmymoralesgt se reunirá con el secretario general de la ONU @antonioguterres a las 17:00 hrs Nueva York (15:00 Guatemala) pic.twitter.com/PZQXVOSftX

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 25, 2017

Está programado que Guterres atenderá al gobernante guatemalteco a las 15 horas de Guatemala, en medio de dudas de si este mantendrá un reclamo en contra del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, o evitará quejarse de las acciones del comisionado.
 
El vocero presidencial, Heinz Hiemann, y el canciller Morales afirmaron que se solicitará apoyo para la Cicig y las instituciones de seguridad y justicia.

Evidente bloqueo

 Pese a que el gobierno quiere desechar la versión de que el presidente Morales no pidió la salida del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, mantiene las grandes sospechas al no designar a nadie para informar de lo ocurrirá en la reunión.
 
La delegación guatemalteca cerró filas a Prensa Libre en Nueva York con una serie de medidas, desde que la presencia de periodistas fue notada en el aeropuerto de Miami, y, al parecer, hubo una organización para evitar entrevistar a Morales y acceder a la reunión con Guterres.
 
Debido a que la cita no fue informada por el gobierno sino hasta dos días antes, no pudo ser posible tramitar una acreditación de prensa en Naciones Unidas.
 
Sin embargo, un delegado de la Unidad de Acreditaciones de la ONU indicó que la misión permanente de Guatemala podía cooperar con la credencial necesaria.
 
En la sede de la misión, la consejera Del Águila aseguró que solo podían colaborar con acreditaciones cuando se tratara de prensa oficial, pero no con otro tipo de medios de comunicación.
 
Al regresar a la Unidad de Acreditaciones de la ONU, uno de los delegados aseguró que la misión de Guatemala sí puede acreditar a todo tipo de medios de comunicación, incluso a los no oficiales.
 
En septiembre del 2012, la misión permanente de Guatemala en la ONU colaboró para acreditar a los periodistas oficiales y no oficiales, cuando el entonces presidente, Otto Pérez Molina, viajó para promover el debate de despenalización de las drogas.
 
“Ellos pueden acreditar incluso a gente de Francia u otros países. El que no puedan acreditar a prensa no oficial es una equivocación, están equivocados. Al menos que lo hayan hecho a propósito”, dijo uno de los encargados de credenciales en la ONU.
 

Única actividad oficial

El único funcionario que respondió acerca de la agenda en Nueva York no se encuentra en esta ciudad, sino en Guatemala.
 
Se trata del Secretario de Comunicación Social, Alfredo Brito, quien dijo que él sabía que la única actividad en la agenda del presidente es la reunión con Guterres, pero que a veces el canciller busca organizar reuniones bilaterales para el gobernante.
 
“Si salieron reuniones esa agenda la podría tener el canciller”, comentó Brito. El canciller Carlos Raúl Morales no ha podido ser localizado.
 
El secretario dijo que el mandatario nunca ha planteado al Gabinete la idea de separar a Iván Velásquez de la Cicig ni de expulsarlo del país.

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Throssell recordó las reiteradas expresiones de apoyo al trabajo de Velásquez por parte António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, la más reciente la hizo mediante su portavoz el miércoles último.

En el pronunciamiento a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, respaldó el trabajo de Iván Velásquez al frente de la Cicig, de quien dijo, no han recibido ninguna queja, ni del gobierno central, ni de ningún otro organismo del Estado.

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“Para la ONU, la Cicig, es una aliada crucial en la promoción de los derechos humanos y el reforzamiento de los esfuerzos del Estado guatemalteco por asegurar un sistema judicial independiente e imparcial en el país”, dijo Throssell.

La Oacnudh destacó que, en colaboración con el Ministerio Público, la Cicig ha investigado y procesado organizaciones criminales infiltradas en las instituciones estatales en las tres ramas del Gobierno.

Además, la Oacnudh se refirió al contexto actual en Guatemala. “Es necesario garantizar la protección de las instituciones judiciales y a los defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos que luchan contra la corrupción y la impunidad”, dijo Throssell.

Ayer, cientos de guatemaltecos exigieron la renuncia de Morales, quienes perciben en las decisiones del presidente, un intento por acabar con la lucha contra la corrupción, más cuando se investigan delitos de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder.

La Cicig, creada en 2007 y presidida por Iván Velázquez desde 2013, ha sido una gran aliada del Ministerio Público para esclarecer varios casos de corrupción, sobre todo desde 2015, cuando emprendieron una férrea lucha para desarticular estructuras ilícitas en la que están involucrados exfuncionarios y empresarios.

Incertidumbre

Tras conocerse las supuestas intenciones de Morales contra Iván Velásquez, de quien pediría la remoción, en una reunión solicitada con el secretario general de la ONU, el gobierno guardó silencio por varias horas. Posteriormente su portavoz ofreció declaraciones en una conferencia de prensa con la que creo más incertidumbre.

El canciller también mantuvo silencio sobre el tema, hasta el miércoles en la noche cuando aseguró que el presidente no pediría la salida de Velásquez.

Para este viernes se tiene prevista la reunión entre Morales y Guterres. El secretario general de la ONU también anunció que viajaría hoy a Medio Oriente para cumplir con compromisos de su agenda, donde no se incluye la reunión con Jimmy Morales.

Que el país tenga en cuenta sus obligaciones internacionales con sus ciudadanos, debido a los compromisos que tomó, y asumir que son parte integrante de la acción pública, es un desafío, indicó Gatto.

“El desafío principal es poner en marcha medidas concretas que hagan sentir a las personas libres de poder expresar sus opiniones”, añadió.

Unos 70 defensores de derechos humanos como la libertad de expresión, libertad de asociación, derechos laborales y de pueblos indígenas, entre otros, expusieron un panorama difícil en el país.

“Los derechos humanos no son un capricho ni algo que alguien impone, son una obligación universal que todos los países que pertenecemos a la Comunidad Internacional estamos obligados a cumplir en el interés de nuestros ciudadanos”, resaltó el embajador de la UE.

Los defensores también hicieron ver que persiste una “criminalización” de algunos comportamientos que son parte de su tarea de defensa de los derechos humanos.

“Todos tenemos que reflexionar sobre ello, no son una agenda impuesta por nadie, son el cumplimiento de un compromiso que cada uno de nuestros países han tomado, porque todos son miembros suscriptores de la declaración internacional de Derechos Humanos y muchas otras convenciones. Lo que nos dice los defensores es que queda mucho por hacer”, insistió Gatto.

De esa cuenta, los embajadores de países integrantes de la UE y otras regiones ofrecieron acompañamiento y cooperación en materia de Derechos Humanos y el sistema judicial.

Ana María Upegui, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), indicó que esa entidad trabaja en terminar el informe anual que se presenta al Consejo de Derechos Humanos, pero aún no se puede anticipar resultados.

Upegui subrayó la importancia de que avance la elaboración de una política para proteger a los defensores de derechos humanos, la cual está a cargo de la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos.

“Hay una preocupación sobre la seguridad de los defensores y defensoras en el país, y efectivamente estamos viendo cuáles pueden ser las respuestas que puede dar el Estado para garantizar la protección de los derechos humanos de los defensores”, indicó la representante adjunta de Oacnudh.

El sistema penitenciario reportó que por lo menos en un 52 por ciento de casos el tiempo promedio que pasa una persona privada de libertad en prisión preventiva es de 10 meses, y el 31 por ciento de los casos supera los 2 años.

A eso se agrega que hay un alto número de personas que cumplieron su condena en prisión o podrían gozar de redención de pena, pero no consiguen recuperar su libertad en el tiempo oportuno, debido al registro inadecuado del Estado.

La responsabilidad queda en los acusados o sus defensores de mantener el récord procesal, acción que desfavorece a los acusados que no cuentan con un abogado particular.

Lo anterior tiene como consecuencia hacinamiento en los centros de detención. En el ámbito nacional se registra un 219 por ciento mayor a la capacidad de las cárceles, pero hay centros de privación en el que ese porcentaje es mayor.

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El estudio fue elaborado por la Defensoría del Debido Proceso en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).

Centros con más hacinamiento

1. El Boquerón: 599%
2. Centro de Orientación Femenina: 411%
3. Centro de Detención Los Jocotes: Zacapa 405%
4. Centro de Rehabilitación Puerto Barrios: 381%
5. Granja Canadá, Escuintla: 378%
6. Centro de Detención para mujeres Santa Teresa: 303%

El documento señala que al 20 de julio del presente año habían 20 mil 707 personas privadas de libertad en Guatemala.

Según el Sistema Penitenciario, las personas que aún no han resuelto su situación sumaban 9 mil 585, es decir el 46.2 por ciento del total de los privados de los reclusos, de los cuales el 10 por ciento son mujeres.

El estudio señala que durante los últimos cinco años esa población se ha mantenido arriba del 48 por ciento y que en 2012 y 2014 la población sin resolver su situación superó el 50 por ciento.

Esta situación sucede pese a que el marco legal en Guatemala establece que la prisión preventiva debe ser excepcional y proporcional al delito acusado y que las normas que la regulan tienen que interpretarse restrictivamente a favor de la libertad.

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Muertes aumentan

Otra conclusión del estudio es que en 2015 hubo un incremento exponencial de muertes violentas en los centros de detención, ese año se registraron 54 casos, mientras que entre 2010 y 2014 fueron 23.

Las estadistas de este son igual de alarmantes ya que de enero a agosto de 2016 se contabilizaron 90 muertes de personas privadas de libertad dentro de los centros penales, de las cuales 40 son muertes violentas.

La OACNUDH y la PDH consideran importante que una atención específica a la situación de la prisión preventiva puede contribuir a reducir de manera efectiva la problemática de hacinamiento y otros problemas conexos.

Brunori indicó que de acuerdo con información preliminar recibida, los lleva a condenar los hechos violentos del domingo, tanto el primer caso en el cual fue atacado Sequec Juracán por un grupo de personas aparentemente armado, donde incluso murieron menores edad, y luego el linchamiento de Juracán Lejá.

Resaltó que los linchamientos no corresponden al sistema de justicia y recordó que en lo que del año alrededor de 130 personas han sido afectadas por este tipo de hechos violentos y que se calcula que hay entre 20 a 30 muertes.

Agregó que todos los años “el Alto Comisionado  reitera que el linchamiento no es una práctica indígena, no es una forma de justicia, realmente lo que es, es una barbarie y condenamos fuertemente esas medidas, como condenamos que haya grupos armados que se movilizan libremente que habrían intentado  asesinar al señor Lorenzo Sequec”.

Censura

La procuradora adjunta II de los Derechos Humanos, Hilda Morales, señaló que el linchamiento al alcalde de Concepción, Sololá,  es una situación censurable que debe ser perseguida por la ley, que no puede quedar en la impunidad, pero también requiere de hacer mucha conciencia y sensibilización en la sociedad.

“Lamentamos mucho la muerte del alcalde. Es de conmovernos ante una situación de fuerza y de violencia que parece estar inserta en la mayoría de personas en Guatemala, que se responde con violencia a hechos que pueden resolverse a través del diálogo”, afirmó.

Agregó que los linchamientos son un delito y obedecen a conductas que están fuera de la sociedad.

“Nos coloca lamentablemente en un plano de un país incivilizado, un país que vive en la barbarie, un país que no puede resolver sus conflictos a través de las normas que se dan en otras sociedades”, aseveró.

Para dictar esta resolución, refirió Alberto Brunori, representante de Oacnudh, existieron serias demoras debido a las más de cien excusas de los magistrados de la Corte de Apelaciones.  Añadió que la decisión es un precedente jurisprudencial trascendental para la lucha contra la impunidad de los crímenes del pasado, explicó Brunori.

La Sala afirma categóricamente que “(…) no se puede considerar delitos comunes o delitos comunes conexos con los políticos, a los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, como consecuencia no es factible el otorgamiento del beneficio de amnistía (…)”, refiere el comunicado.

El Tribunal de Apelación establece además que el Decreto Ley 8-86, en el cual se fundamentaba la solicitud de amnistía de Ríos Montt, se encuentra derogado por la Ley de Reconciliación Nacional vigente, que reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

El fallo envía un mensaje claro que no es la valida la aplicación de las amnistías para crímenes como el genocidio y lesa humanidad, igual como lo  ha expresado Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.   “Las amnistías entrañan el riesgo de consolidar aún más la impunidad (…) han demostrado ser incluso contraproducentes a los efectos de prevenir, en forma duradera, la repetición de transgresiones y los círculos viciosos de violencia”.

Rechazan amnistía

Este jueves, la Sala Primera del Ramo Penal declaró sin lugar la solicitud de Ríos Montt de acogerse al Decreto 8-86, y aplicar a su favor la amnistía que esa norma señala.

El militar enfrentó un juicio y fue condenado a 80 años de cárcel, por genocidio y delitos contra la humanidad, sin embargo el mismo fue anulado.

Ríos Montt enfrentará un procedimiento especial de medidas de protección, luego que evaluaciones forenses determinaron que no tiene las capacidades mentales y físicas para presenciar un juicio en su contra.

El militar está acusado de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad por cientos de muertes durante el conflicto armado interno entre 1982 y 1983, cuando era Jefe de Estado.

La resolución de la Sala se concretó luego de más de dos años y cien excusas de magistrados que referían no poder conocer la petición de la extinción de la persecución penal.

El pasado viernes en el kilómetro 315 entre Cobán, Alta Verapaz y Sayaxché, Petén, empleados de Repsa durante una protesta por el cierre de la planta,  retuvieron a tres líderes comunitarios al intentar deponer las medidas dictadas por un juzgado de Santa Elenta, Petén.

La liberación de los tres líderes locales Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza, se realizó este viernes luego de un acuerdo con el juzgado que ordenó el cierre de Repsa por seis meses para investigar su responsabilidad en la contaminación del río La Pasión y donde Repsa logró que el próximo lunes, de nuevo se revise el expediente y se reconsidere las medidas dictadas contra le empresa.

La Oacnudh condenó también la detención ilegal, enfatizando la necesidad de “recurrir a los mecanismos legales establecidos para formular demandas”.

“Exhorta a las autoridades a atender las necesidades económicas y sociales surgidas a partir de la contaminación del río, haciendo parte de este proceso a las comunidades mismas”, según el comunidado de prensa.

Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Guatemala también se han pronunciado y exigen la investigación del asesinato de Lima Choc, señalando además que la empresa busca con violencia que el juzgado deje sin efecto la orden de suspender operaciones por seis meses.

¿Cómo llega Guatemala a este proceso y qué podemos esperar?

Brunori: Es un proceso atípico, y por ello la oficina desplegó nueve equipos en seis departamentos, incluido Petén, para observar que no haya violación a los derechos humanos y sobre todo prevenir la violencia, en estricta coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Wong: De parte de la Usac tenemos este nuevo observatorio democrático, con 7 mil 850 personas a nivel nacional que observarán en la capital y en 21 centros regionales el desarrollo de las elecciones. Es un proceso atípico que no se ha visto en 70 años. Queremos dar la certeza de que las elecciones se dan en un ambiente con claridad, apoyar al TSE.

¿Debería ser una preocupación que algunos no vean con buenos ojos el proceso electoral?

Brunori: Mientras las instituciones del Estado, en especial el TSE, mantengan la fecha, la ONU respeta las decisiones. Son legítimas las preocupaciones de la población. La presencia de la Oficina desplegada en el campo servirá para garantizar los derechos de los que quieran ir a votar y de los que no quieran acudir. El debate seguirá, no termina con las elecciones.

Wong: Tenemos que apoyar el despliegue. Consideramos que sí hay cien mil personas en la Plaza que manifiestan y piden que no haya elecciones en estas condiciones, pero hay desinformación. La trashumancia, por ejemplo. Muchas personas no saben que si la persona está en el padrón debe votar en donde está registrada. Hay otras formas de fraude, como el carrusel, así le llaman cuando los partidos consiguen una boleta, la marcan y le indican a la persona que esa es la boleta con la que votará y que les lleve de vuelta la nueva boleta. Es una manera de garantizar el voto, pero también la fotografía, la falta de energía eléctrica, pero confiamos en que las cosas saldrán bien y será una fiesta cívica, a pesar de las sombras.

¿Tienen información de si se han registrado conflictos electorales en algunas regiones?

Wong: No hemos registrado como tal. Se coordinará con la Oacnudh. No podemos pedirles a los observadores que tomen foto a quienes tomen fotos a votantes, no pueden dar declaraciones, solo lo hace el rector. Esperamos que la población lleve todo con tranquilidad.

¿Dónde tendrían las autoridades que poner más atención?

Wong: Hay que tener especial atención. Nosotros tenemos monitoreados 275 municipios y son 75 los que han registrado conflicto en elecciones anteriores. La pregunta principal es quién gana con que haya elecciones y quién con que no haya. Tenemos que poner atención a esos lugares, más que todo por la posible desinformación. A veces les dicen a votantes que hay cámaras ocultas que vigilarán el voto y que así sabrán —los partidos— que no votaron por ellos, pero la gente desconoce que no puede ser.

Brunori: Estaremos en Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Izabal y Petén. Estamos para prevenir y no reparar daños. La idea es que a través de la presencia se bajen los tonos. La OEA tiene más de 70 observadores, la PDH también desplegó gente. Habrá presencia importante, y eso es bueno para el proceso democrático. Si hay inconformidad recomiendo denunciar a las autoridades. La PNC también se desplegará; la responsabilidad de la seguridad es del Estado.

En el sentido de la conflictividad, con el repudio que hay hacia la clase política y con el despertar ciudadano en la provincia. ¿Esto podría incidir en la violencia?

Brunori: Es un despertar sin precedente, lo veo como una oportunidad y no un problema. El Estado debe dar respuesta. Hay demanda de reforma electoral, de transparencia. Este proceso es un despertar de Guatemala, un nuevo despertar. Espero que no se lleguen a dar problemas, pero seguramente no vendría por este movimiento ciudadano.

¿Podrían ser los partidos o fuerzas oscuras las que violentarían el proceso, más que el ciudadano que se hartó?

Wong: Las cien mil personas que manifestaron en la Plaza van a estar expectantes para ver quién sale elegido como presidente; quien sea investido el 14 de enero será muy fiscalizado por la población. Es posible que este contexto de violencia lo podemos ver en México, cuando López Obrador perdió y promovió un movimiento violento; podría decir que la violencia no sería de la gente de la Plaza, porque ya habría estallado, sino más bien de los partidos. Independientemente de quién quede, se dará un tiempo de seis u ocho meses, y si no convencen habrá movimientos como los que hemos visto.

¿Qué tanto influye la prisión provisional del expresidente Otto Pérez Molina y la captura de Roxana Baldetti?

Wong: La captura del presidente es una válvula que deja escapar la presión porque las personas están más tranquilas, porque con la manifestación lograron botar al presidente. La vice fue un trato para bajar la molestia de la persona. Entendamos este contexto, es tener una mejor idea de cómo fiscalizar las cosas.

Brunori: Veo dos cosas: una es la justicia y el debido proceso y las instituciones del Estado están a prueba. Por otro lado no se puede cambiar un país por medio de la justicia, existe un debate político que puede haber en el próximo período. Lo que ha cambiado en Guatemala es que la gente ha despertado, es algo positivo. Creemos que está la observación de la población hacia sus gobernantes para exigir cambios que sean necesarios.

¿Cómo vieron el proceso de transición de presidente?

Brunori: El MP hace su trabajo, tendrá que demostrar lo que sostiene en los tribunales. El sistema de justicia está respondiendo bien. Va avanzando. El comunicado del secretario general de Naciones Unidas apoya en toda manera posible el proceso de transformación que Guatemala necesita. Lo hemos recomendado muchas veces, es hora de pasar a la acción.

¿Cómo será la relación de la comunidad internacional con el próximo gobierno?

Brunori: ONU trabaja con la representación del Estado de Guatemala, que es el presidente. Hay una transición el 14 de enero. ONU seguirá trabajando con las autoridades legítimamente electas. Se auditarán los estándares internacionales de derechos humanos y ver que se apliquen los tratados firmados por Guatemala.

Wong: Guatemala pone el ejemplo en el mundo. Cómo es posible que un país tan violento tenga manifestaciones tan ejemplares. Los que están en peligro son los partidos, porque si se desata la violencia son los partidos los que estarán en el ojo del huracán. Hay que tener observancia sobre esos factores porque Guatemala ya despertó. La lucha empezó y no termina con que se hayan botado al presidente. Los hondureños lo están emulando.

¿Qué detonante de violencia les preocupa más?

Wong: La minería es un tema muy sensible en varios lugares, y también las hidroeléctricas. No tienen que ver nada con lo electoral, pero con la tensión que existe pueden ser detonantes. También el narcotráfico, hay candidatos declarados que son apoyados y en las redes se conoce quiénes son.

Brunori: Estaremos en Guatemala, San Juan Sacatepéquez, San José del Golfo, Mixco, Huehuetenango, en áreas críticas. Desde luego, por el tipo de trabajo que hacemos, la minería es el tema que algún partido puede utilizar para el conflicto.

Los partidos firmaron un pacto de no agresión. ¿Qué han observado al respecto?

Brunori: No tengo reportes de eso. Desde hoy hasta el martes nos desplegaremos y tendremos información sistematizada, pero sí tenemos información de agresiones a defensores de derechos humanos en Huehuetenango.

Wong: Estamos muy preocupados por los partidos políticos. Hay gente que defiende a un partido, y otros, a otros, y se enfrentan por apoyar a un candidato.

Ha habido muchos conatos de confrontación. Hay que dar ejemplo en el mundo.

¿Qué llamado hace cada uno como representantes de misiones observadores?

Brunori: Que los guatemaltecos decidan si quieren o no votar y por quién. El proceso no termina con el voto, no puede retroceder, solo puede ir para adelante. Algunos hablan de refundar el Estado.

Desde los acuerdos de paz hay temas estructurales que no han tenido respuesta, hay una ciudadanía que reclama.

Wong: Sigamos haciendo las cosas como las hemos hecho. Confiamos en el pueblo guatemalteco. Sabemos que la mayoría son partidarios de un proceso en paz, sin mayores problemas. Estaremos en las calles para que el proceso se dé con la mayor legalidad posible, porque no tenemos problemas con la democracia, sino con la corrupción. Que vayan a votar o si lo desean se queden en casa, pero que dejen que los demás, en forma pacífica, voten.