El informe de auditoría fue entregado al Congreso con la ausencia del Contralor, Edwin Salazar y del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar. El encargado de recibirlo fue el director general, Gerson López por parte del subcontralor de Probidad, Fernando Fernández.

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En el informe se destaca que se efectuaron 444 auditorías de cumplimiento, financieras y de desempeño, a las entidades de la administración central, gobiernos locales y entidades descentralizadas y 655 exámenes especiales de auditoría.

También detalla que se emitieron 51 denuncias penales por presuntas irregularidades que suman Q230 millones 297 mil 492.50; 27 informes de cargos -dinero que se debe reintegrar- por un monto de Q7 millones 860 mil 754.07 y de hallazgos y acciones a la auditoría del presupuesto se emitieron sanciones por Q72 millones 214 mil 358.12.

Según el informe, las entidades con mayor cantidad de medidas correctivas fueron los gobiernos locales y consejos de desarrollo. Mientras que las denuncias fueron aplicadas, en mayor cantidad, al sector de gobiernos locales, seguidos de educación y fideicomisos.

Sobre los exámenes especiales de auditoría, se emitieron 178 denuncias penales por un monto de Q2 mil 417 millones 242 mil 631.99; 27 informes de cargos por Q3 millones 985 mil 929.74 y mil 129 sanciones por un monto de Q1 mil 75 millones 163 mil 424.86.

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Fernandez indicó que el monto de las denuncias penales afecta principalmente al sector de comunicaciones, infraestructura pública y vivienda, le siguen gobiernos locales y consejos de desarrollo y por último instituciones y organismos relacionados con economía, finanzas, trabajo y previsión social.

El monto de los informes de cargos, en su mayoría, fueron para el sector defensa, seguridad y justicia, le sigue comunicaciones, infraestructura púbica y vivienda y por último impacto ambiental.

Mientras que en sanciones, el mayor porcentaje fue para los gobiernos locales, educación y ciencia, cultura y deportes,  comunicaciones, infraestructura pública y vivienda.

Mientras que las auditorías de desempeño fueron seis y se implementaron con el propósito de detectar problemas, analizar sus causas y formular recomendaciones para resolver los problemas identificados y, consecuentemente, mejorar el desempeño de la entidad fiscalizada.

Vigilarán elecciones

Fernández indicó que la administración del actual contralor, Edwin Salazar, autorizó  que un grupo de auditores vigilaran las elecciones, esto con el propósito de evitar la utilización de recursos públicos para fines políticos.

“La contraloría pondrá en practica el operativo electoral que consistirá en desplazar a auditores gubernamentales en municipios del territorio nacional en un horario de 6 a 19 horas el día de las elecciones. Además, estarán abiertas todas las delegaciones departamentales de la Contraloría para la recepción de denuncias”, explicó Fernández.

El subcontralor señaló que del 18 de septiembre del 2018 al 7 de marzo del 2019 se emitieron 49 mil 98 finiquitos, en su mayoría fueron para personas que se postularon a un cargo de elección popular, de ese total 26 mil 73 fueron físicas y 23 mil 25 en línea.

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Hallazgos importantes

Una de las denuncias penales presentadas por la Contraloría fue en contra del ministro de Agricultura Mario Méndez Montenegro y personal que fue parte de su equipo como Manfred Melgar Padilla, Luis Alberto Franco Ramírez y Heber Cesario Arana Quiñónez, esta fue por un monto de Q156 millones 954 mil.

La denuncia penal es por el incumplimiento a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos por la inclusión de beneficiarios que no son agricultores en la subvención para la adquisición de alimentos por efectos provocados por la canícula prolongada 2018.

La auditoría estableció que 52 beneficiarios se encuentran registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y según actividad económica establecida, no tiene el perfil de agricultores.

También hay 26 beneficiarios que se encuentran en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con establecimientos activos, afiliados a impuestos y en estatus cancelado, 47 beneficiarios se encuentran habilitados en Guatecompras y 20 no se encuentran habilitados. Por aparte, otros seis se encuentran con procesos adjudicados como contratistas del Estado, además hay dos personas que tienen familiares que laboran para el Estado.

“En los listados de beneficiarios proporcionado por el Ministerio de Agricultura existen personas que recibieron el beneficio de los cupones canjeables por alimentos que no llenan el perfil de agricultor. También se concluye que el listado de beneficiarios no fue depurado debidamente”, refiere la denuncia.

Comunicación social del Maga dijo que no han sido notificados de la denuncia penal y que al momento de hacerlo presentaran las pruebas de descargo. El informe de auditoría señala que el ministro delegó este proceso a otras dependencias.

También hay otra sanción hacia el Maga por la inclusión de 31 estudiantes a un programa de becas que no tiene el perfil socioeconómico de los beneficiarios.

La Contraloría también planteó otra denuncia penal en contra de dos trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la dotación de materiales de construcción para vivienda.

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Según la denuncia, se compraron láminas para la atención de las necesidades de beneficiarios que fueron solicitadas en los años 2016 y 2017. Sin embargo, el beneficio fue entregado en el 2019.

En las actas se determinó el material tenía irregularidades como la compra de ponchos por Q4 mil 500, cemento por Q84 mil 658.50 y lámina acanalada por Q334 mil 849.05.

Además, en el trabajo de campo que hicieron los auditores detallan que una de las personas señaladas como beneficiaria indicó que ella no es presidente de ningún consejo comunitario de desarrollo.

Acciones contra López Bonilla

El ente fiscalizador también presentó una denuncia penal contra Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco, exministro y exviceministro de Gobernación, así como en contra de Telemaco Pérez, exdirector de la Policía Nacional Civil, por deficiencias en las bases de licitación y contratos en la adquisición de 50 vehículos por un monto de Q14 millones 402 mil 640.50.

Treinta de los 50 vehículos fueron adquiridos por Q8 millones 143 mil 584.30, y 20 por Q6 millones 259 mil 056.20. En las bases el precio de los vehículos incluía 21 servicios de mantenimiento preventivo de 0 a 100 mil kilómetros para cada uno, pero en las facturas fueron cobras en rubros distintos.

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Los subcontralores de Probidad, Fernando Fernández, y de Calidad del Gasto Público, César Elías, asistieron al Legislativo para entregar el documento al director general del Congreso, Gerardo López.

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Los funcionarios explicaron que el objetivo de la auditoría anual es determinar el grado de eficiencia del gobierno en la ejecución de los fondos, con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos fueron los hallazgos y las acciones legales que ha emprendido la Contraloría:

• 51 denuncias penales por Q230 millones 297 mil 492.
• 27 informes de cargos por Q7 millones 870 mil 754.07
• Hallazgos de control interno de cumplimiento por Q72 millones 714 mil 358.10
• En total los hallazgos suman Q310 millones 872 mil 604.79

Hallazgos en los exámenes especiales de auditoría:

• 178 denuncias penales
• 27 informes de cargos
• 1,129 sanciones
• Los hallazgos en esta modalidad suman Q2 mil 417 millones 242 mil 631.99

Contraloría General de Cuentas entrega al Congreso el informe de auditoría al presupuesto de ingresos y egresos del 2018. pic.twitter.com/88Jr6jSEUh

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) May 30, 2019

El sector donde más hallazgos hizo la Contraloría fue Comunicaciones, entre infraestructura pública y vivienda.

El monto de las denuncias penales afectan principalmente al sector de Comunicaciones, gobiernos locales, consejos de desarrollo y organismos e instituciones de apoyo.

La entidad contralora del gasto también hizo una auditoría de desempeño en el Ministerio Público (MP).

Finiquitos

Fernández informó que del 18 de septiembre de 2018 al 17 de marzo de 2019 la Contraloría entregó 49 mil 98 finiquitos, de los cuales 26 mil 73 fueron físicos y 23 mil 25 en línea.

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Víctor Martínez, titular del Minfin, afirmó que a los más de Q120 millones que ya estaban aprobados por acuerdos gubernativos y ministeriales de apoyo presupuestario a la Usac se suman Q240 millones que se ubicaron en distintos ministerio y secretarias.
 

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Señaló que, debido a que todo proceso tiene que tener un estricto cumplimiento de las leyes se espera que el acuerdo gubernativo esté firmado esta semana y se pueda completar el traslado de los fondos en los días hábiles de la próxima.
 
El funcionario señaló que el espacio presupuestario se obtuvo de las carteras de Gobernación, Comunicaciones, Finanzas, así como de varias secretarías que después de ejecutar todos sus programas les quedó espacio presupuestario que cedieron. 

Trabajo continuará

Murphy Paiz, rector de la Usac, se congratuló porque con la ampliación se dignifica el aspecto laboral de los trabajadores.

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“El proceso ha sido muy complejo y hubo buena voluntad por parte del gobierno que encontró espacios presupuestarios y el Congreso que privilegió una mesa técnica. La Usac demuestra que tiene muchas capacidades para poder crecer y buscar la calidad”, afirmó Paiz.
 
Confirmó que sí se logró estabilizar el pago de los salarios a los trabajadores y aseguró que aún queda mucho que hacer a lo interno de la Usac, porque estabilizar las finanzas de esa casa de estudios superiores aún es un reto.

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No obstante, Paiz destacó que se trabaja en la estabilización de las finanzas, y como ejemplo citó el convenio que se firmó con el Minfin el cual, asegura, no viola la autonomía universitaria y servirá para tener más responsabilidad ante la auditoría social.
 
“Estamos seguros que esas mismas condiciones nos darán solvencia para luego pedirle al Estado mejoras presupuestarias, siempre y cuando se hagan inversiones coherentes para darle al pueblo educación de calidad”, aseveró el rector.

Auditoria continúa

En la reunión de la mesa técnica del presupuesto también asistieron representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) quienes indicaron que aún no finalizan la auditoria forense que se practica a la Usac.

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Los auditores de la CGC señalaron que aún deben entregarse algunas notificaciones que se quedaron entrampadas debido a que personal ya se encuentra de vacaciones, por lo cual los diputados autorizaron una ampliación de plazo para entregar el informe hasta el próximo 11 de enero.
 
El presidente de la mesa técnica, el diputado Javier Hernández Franco, afirmó que solicitará al presidente del Congreso que autorice la vigencia de esa mesa técnica hasta que termine el proceso de fiscalización de fondos de la Usac.
 
Los diputados insistieron en que la auditoria forense no solamente se centre en la actual administración, sino también enfatice en las autoridades que dirigieron a la universidad en el pasado.

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Durante una reunión este lunes en el Congreso, la mesa técnica del presupuesto, Ministerio de Finanzas y la Universidad de San Carlos (Usac), discutieron más fondos para la Usac. 
 

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Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, explicó que ya se trasladó todo el presupuesto asignado a la Usac para el 2018.
 
“Adicional tenemos una ampliación que va a estar por el orden de los Q220 millones, de los Q400 millones que ellos pedían. Les hemos informado que tenemos que ser muy cautos y podemos informar únicamente de lo que podemos tener certeza, y es un proceso que es muy dinámico y que trabajamos permanentemente para tener espacios”, señaló el funcionario.
 
Martínez confirmó que se reunirán el próximo 17 de diciembre para discutir la firma del convenio de transparencia, el cumplimiento de los traslados y otras eficiencias para otros posibles aportes.
 

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Paiz señaló que buscarán mostrarla al mandatario Jimmy Morales cuánto cuesta sostener los programas de los jóvenes universitarios y esperarían que no se les vaya a querer descalificar.
 
La solicitud de audiencia con el presidente se pidió a través del ministro de Finanzas Víctor Martínez y el jefe de la bancada oficial Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández Franco, que además es el presidente de la mesa técnica del presupuesto.

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El presupuesto que fue aprobado esta semana es un botín que se repartieron entre los que viven de los impuestos y que no tienen el menor empacho en ponernos una pesada carga a todos los que los mantenemos con los impuestos que nos quitan por ser productivos. Toda la discusión se centró en cómo se lo van a repartir, sin ningún miramiento de los graves efectos que tendrá sobre la economía y sobre el futuro de todos los guatemaltecos. Y seguirá siendo así, todos los años, mientras quienes tenemos que pagar todos los abusos de los vividores, lo consintamos.

La discusión alrededor del presupuesto refleja el verdadero problema de fondo, que al final no es más que una repartición del botín donde todos los involucrados quieren sacar una parte mayor para ellos, a expensas de todos los demás. Uno de los temas principales fue el de los sueldos, bonos y prebendas para la burocracia, sin que hasta la fecha se haya siquiera avanzado en el “censo burocrático”. Al final se pusieron de acuerdo en muchos de los cambios que fueron discutidos, pero la mayoría simplemente fueron para satisfacer a quienes más presionaron —al estilo del dicho “el que tiene más saliva traga más pinol”—. Se debe cambiar el sistema. Mientras el gobierno sea visto simplemente como un botín del cual vivir bien a expensas de los demás, nunca se resolverán los problemas de fondo.

Lamento que este presupuesto lleve al gobierno —realmente a los tributarios— a una situación de endeudamiento cada vez más grande, y cada vez más difícil de pagar. La cantaleta de que el gobierno de Guatemala tiene poca deuda y se puede seguir endeudando más todos los años es una farsa que se va a revertir en contra de todos los guatemaltecos. Pero eso es algo que, al parecer, a los políticos de turno les tiene sin cuidado.

Es un presupuesto irresponsable en dónde la relación entre el déficit y los ingresos fiscales oscila entre un 38 y un 45 por ciento, dependiendo de cuánto logre recaudar la SAT —la meta puesta en el presupuesto es completamente irreal y no se alcanzará—. Y todo ese déficit, que será de como Q25 mil millones, se añadirá a una deuda que ya rebasa los Q130 mil millones. Y es todavía más irresponsable porque no toma en cuenta otras deudas del gobierno, como por ejemplo la que le tiene al IGSS y algunas otras con las que fácilmente llegaría la deuda a más de Q200 mil millones, con lo que fácilmente la relación de la deuda contra los ingresos se eleva a por lo menos 3.3 veces, poniéndonos al borde del precipicio.

La conclusión es sencilla: el gobierno de Guatemala está altamente endeudado, lo que pasa es que muchas de estas deudas no se reflejan en los datos de deuda pública.

Y por si todo eso no fuera suficiente, hay que añadir la efectividad de dicho presupuesto. Al respecto, ayer el Centro de Estudios Económico Sociales, CEES, presentó un análisis sobre el destino del gasto público al que adecuadamente titularon: ¿Por qué incrementar el gasto público ineficiente y mal asignado? En él plantean que la Justicia y la Seguridad no son prioritarias en el presupuesto, que la mayor parte del presupuesto se va en sueldos y salarios —sin mayores logros en las funciones principales del Estado— y que muchos de los gastos se duplican en varias instituciones.

Por todo ello plantean que se deben eliminar todas las duplicaciones de funciones, con el objetivo de reducir gastos innecesarios, y reducir el nivel de endeudamiento a través de mantener un déficit fiscal en cero o positivo. Si quiere leer el análisis del CEES, lo encuentra en: http://bit.ly/presupuestocees

Fb/jjliber

Los senadores, que tenían como límite la medianoche del viernes antes de que se venciera el financiamiento federal temporal, adoptaron el texto por una votación de 65-32. Más temprano el proyecto había recibido el visto bueno en la Cámara de Representantes, 256 votos contra 167.

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Ahora la ley, que aumenta el gasto militar e interno, pero no se refiere a medidas de protección para los inmigrantes indocumentados, debe ir a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Donald Trump.

Presentado el miércoles después de semanas de regateo, los legisladores tuvieron apenas unas horas para examinar detenidamente y votar un megaproyecto de ley que afectará todos los aspectos de la vida estadounidense. Aunque Trump le había dado su bendición al acuerdo bipartidista, el destino del texto en el Senado estuvo en duda hasta el último momento, con el republicano Rand Paul amenazando con estancar el proceso de votación.

“Creo que debes leer los proyectos de ley antes de votarlos”, había dicho Paul a Fox News. “He estado trabajando todo el día diligentemente en el proyecto, voy por la página 600”. También otros senadores también pusieron resistencia.

El proyecto de ley establece niveles de gastos de defensa en 700.000 millones de dólares para este año fiscal que finaliza el 30 de septiembre, un aumento de 61.000 millones respecto a 2017. El gasto nacional no relacionado con la defensa alcanzará los 591.000 millones, alrededor de 10% más.

“¿Es perfecto? No”

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, lo llamó un voto “para reconstruir nuestro ejército, asegurar nuestras fronteras y otorgarles a nuestros servidores el aumento salarial más grande en ocho años”. También los demócratas parecían complacidos por el resultado de las negociaciones.

“En general, los demócratas estamos muy contentos con lo que pudimos lograr en una serie de prioridades para la clase media y Estados Unidos, incluyendo infraestructura, educación, opiáceos, salud mental y cuidado infantil”, dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer.

La Casa Blanca reconoció que no cumplió todos sus deseos, pero dijo que Trump estaba listo para firmar.

“¿Es perfecto? No”, reconoció Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. “¿Es exactamente lo que pedimos? No”.

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Con la votación se evitó el tercer cierre del gobierno en 2018 y una profunda vergüenza para el Congreso dirigido por los republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La ley de gastos proporciona 1.600 millones de dólares -mucho menos de lo que Trump quería- para la seguridad fronteriza y la construcción o reparación de casi 160 kilómetros de cercas y barreras fronterizas, aumenta el gasto de infraestructura e incrementa los fondos para becas estudiantiles. Deja fondos intactos para el proveedor de salud de mujeres Planned Parenthood, objetivo de críticas implacables de los republicanos pro-vida.

Pero en un golpe importante para los demócratas, no incluye protecciones para los inmigrantes indocumentados que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.

Entre los temas delicados está la seguridad de las armas de fuego, que ha estado en el foco nacional. Una disposición refuerza el cumplimiento de las verificaciones de antecedentes para la venta de armas de fuego, y otra revierte lo que esencialmente ha servido como una prohibición de investigaciones federales sobre la violencia con armas de fuego.

El presupuesto aprobado hoy en el Congreso con el respaldo de los líderes demócratas incluye una partida de 1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera sur con México, una de las obsesiones de Trump.

Esa cifra, no obstante, queda lejos de los 25.000 millones que el presidente había pedido al Legislativo.

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Además, el proyecto establece restricciones para su gasto como la cantidad de kilómetros de muro que pueden construirse o dónde puede ubicarse, determinando, por ejemplo, que de los 1.600 millones de dólares, 251 millones deben emplearse en renovar la doble verja que ya existe entre San Diego (California) y Tijuana (México).

Más allá del muro, el acuerdo aprobado hoy no hace mención alguna a los jóvenes sin papeles conocidos como “dreamers” o “soñadores”, amenazados de deportación por las políticas migratorias de Trump, pese a que los demócratas habían condicionado su apoyo a las cuentas a una regularización.

Los legisladores demócratas de origen latino, agrupados en el Caucus Hispano, rechazaron los presupuestos aprobados porque “no reflejan los valores y principios” de Estados Unidos porque abandonan a los “soñadores” y, además, otorgan fondos a las policías migratorias encargadas de las deportaciones de inmigrantes.

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El viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, explicó que esa reducción presupuestaria no afecta la capacidad operativa; por el contrario, los ajustes se hicieron para reforzar y dar cumplimiento a la entrega de la refacción escolar.

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Q110 millones para reparación de carreteras.

El Sistema de Contabilidad Integrada del Gobierno de Guatemala (Sicoin) evidencia que las modificaciones priorizan funcionalidad de las carteras y recortan techo presupuestario a programas de inversión y sociales.

Por ejemplo, la unidad encargada de fortalecer la seguridad alimentaria a través de la compra y distribución de alimentos a poblaciones vulnerables, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), tuvo una reducción de  Q78 millones.

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En un comentario emitido por la Oficina de Comunicación Social del Maga se explicó que este recorte se debió a que no hay vigente actualmente un contrato abierto para la adquisición de granos, por lo que le es posible a esta unidad ceder su espacio presupuestario. “Actualmente Visan está repartiendo alimentos que se adquirieron el año pasado y se encuentran en bodega”, se lee en el documento.

Más al ejército

Pero no todo fueron reducciones. El Comando Regional Central, unidad que dirige las operaciones en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, entre estos la encargada de mantener la base militar Mariscal Zavala y la Guardia de Honor, entre otras,  recibió un acomodo a su favor de Q69.2 millones.

Además, el Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la Defensa, que se encarga de dar sostenimiento operacional táctico a las Fuerzas de Tierra, recibió una ampliación de Q33 millones 717 mil 431.

Sobre esta modificación, el vocero de esta cartera, Óscar Pérez, explicó que varias unidades de costos habían sido afectadas por los movimientos en el presupuesto, como parte de un proceso de readecuación.

Debido a que el Ejército no contaba con unidades ejecutoras  hasta el   2016 —anteriormente se manejaba un presupuesto único centralizado en el departamento financiero—, algunas recibieron recursos que no les correspondían y debían trasladarse nuevamente.

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“El ejército está siendo trasparente y cumpliendo con la ley”, aseguró Pérez.

El Departamento Administrativo del Ministerio de Salud Pública, por su parte,  tuvo una reducción en su techo presupuestario de Q355 millones, buena parte de estos recursos se redirigió a las direcciones de área de Salud de Alta Verapaz —Q28 millones—, San Marcos —Q42 millones— y Huehuetenango —Q38 millones—.

La Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), también tuvo un incremento  presupuestario de Q103 millones. Esta es la oficina que se encarga de hacer los concursos de cotización y licitación de los proyectos solicitados por otros ministerios, entre los cuales se puede  destacar principalmente la construcción de nuevas escuelas y oficinas para dependencias del Estado.   

Al cierre de esta edición no se había podido concretar la entrevista ofrecida por el Departamento de Comunicación del CIV con José Luis Benito, viceministro financiero, para que explicara esta modificación.

Unidades que más recibieron   

Estas son las dependencias que más se beneficiaron de las modificaciones  al presupuesto.

• Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), del  CIV, recibió Q103 millones.
• Administración Financiera  del Maga recibió Q76 millones 281 mil 520.
• El Comando Regional Central del  Mindef recibió Q69 millones 236 mil 879.
• El Fondo de Desarrollo Social, del Mides, recibió Q38 millones 469 mil 27
• El Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural, del Maga, recibió Q36 millones 593 mil 767.
• El Comando de Apoyo Logístico del Mindef recibió Q33 millones 717 mil 431.
• Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria recibió Q24 millones.  
• La Dirección de Área de Salud de San Marcos, Q42 millones 538 mil 761.
• La Dirección de Área de Salud de Huehuetenango, Q38 millones 460 mil
• La Dirección de Área  de Salud de Alta Verapaz recibióQ28 millones 261 mil.

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El Gobierno disminuyó las erogaciones en arrendamientos y, en forma leve, en telefonía.

Para alquiler de edificios, locales, terrenos, maquinaria, medios de transporte y equipos de oficina, construcción y cómputo, el año pasado se quedó un presupuesto vigente de Q373.2 millones, cuando para este año iba por  Q305.5 millones asignados. El año pasado se ejecutó el 84.5 por ciento de ese monto y, hasta este miércoles, iba el 82.3 por ciento.

Prácticamente fueron leves reducciones de arrendamientos que se dieron en todas las entidades, salvo en la Presidencia, Defensa, Educación, Agricultura y Desarrollo Social.

Una disminución de Q6 millones en el presupuesto vigente también se dio en telefonía, renglón que muestra una ejecución  este año del 72 por ciento.

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Los incrementos

El presupuesto de viáticos al extranjero y a los departamentos subió de Q104.1 millones a Q155.5 millones —y luego modificado a Q121.9 millones— que, para el próximo año, con la promoción de medidas de contención estrictas, anunciadas por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, podría reducirse en favor de otros renglones que priorice el Ejecutivo.

En ambos años no se ha ejecutado ni el 70 por ciento de los viáticos.

Más publicidad

Sin tomar en cuenta la impresión, encuadernación y reproducción de material de publicaciones oficiales, ni su mano de obra, del 2016 al 2017 se asignaron más recursos para publicidad: Q19 millones 618 mil más. Es, además, el renglón explorado en esta nota con la menor ejecución —39 por ciento en el 2016 y 39 hasta el 19 de diciembre—.

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“Divulgación e información” es como el Sistema de Contabilidad Integrada clasifica ese renglón.

El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público lo define como “gastos realizados para difundir información oficial a través de distintos medios de comunicación —radiodifusoras, televisión, cines, teatro, periódicos, revistas, folletos, carteles, vallas, afiches, etc.—,  incluye egresos por otros servicios, artículos y materiales conexos”.

Renglones

También destaca que este año hay Q21.9 millones más para estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, rubro para el cual la institución que más recursos tiene es el Ministerio de Comunicaciones.

Además, del 2016 al 2017 se duplicó el presupuesto vigente para “atención y protocolo”, y Cultura es la entidad con más asignación en esa partida.

Dos sueldos  

Otro aspecto son las dobles contrataciones. Por ejemplo, el vocero presidencial Heinz Hiemann fue noticia recientemente al revelarse que tiene dos contratos que le generan dos sueldos.

El diario La Hora dio a conocer anteayer que Marvin Palacios Castillo, actual secretario de Finanzas de FCN Nación, tiene dos contratos en dos secretarías de la Presidencia.

El Concejo afín a la alcaldesa Susana Asencio, pretendía aprobar el Presupuesto 2018 por Q118 millones 997 mil 855, superado por Q5 millones a del 2017, que es de Q113 millones 997 mil 846, el cual se mantiene.

La propuesta del presupuesto tenía estimado ejecutar Q65 millones 74 mil 310 para el funcionamiento, Q3.1 millones más que el del 2017 y Q53 millones 923 mil 545 para la inversión, Q1.8 millones más que el año anterior; cifras distantes a lo que indica el Código Municipal del 70 por ciento para la inversión y el 30% para el funcionamiento.

La alcaldesa Susana Asencio, explicó que el presupuesto contiene cifras reales, alcanzables y razonables en todo sentido, porque está basado en la recaudación del Impuesto Único sobre Inmueble (IUSI) que este año superó por Q3 millones lo recaudado en el anterior.

“Con esta cifra, las proyecciones alcanzarían Q5 millones el próximo año, sin afectar al usuario, porque se trata de recuperar las cuotas pendientes, actualizando y ampliando la base de datos de los contribuyentes, para lo cual se aprobó aumentar el personal de esa dependencia con lo que se alcanzaría la recaudación estimada”, explicó.

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Además, la funcionaria comentó que esperan recuperar las multas en mora del departamento de Tránsito que sumaría a la cifra estimada.

La jefa edil lamentó que los concejales de oposición desvaloricen y echen a perder el esfuerzo y el aporte del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) que conoció el anteproyecto de presupuesto.

“La Municipalidad seguirá trabajando por la comunidad, aunque haya tres concejales que no aprobaron el presupuesto”, dijo Asencio, pues aseguró que habrá recursos para invertir.

Oposición

María Eugenia Contreras, concejal de la oposición, argumentó que los tres votos en contra se deben a que el presupuesto contiene deficiencias serias en su planteamiento, generación y discusión.

“A la oposición le preocupa la inflación del gasto de funcionamiento por Q5 millones más, cuando ya existe un presupuesto bastante elevado en ese rubro y el desfinanciamiento que podría existir por sobrepasar el techo presupuestario en relación con los ingresos reales de los últimos años, que debilitaría y pondría en riesgo a la institución y a la población antigüeña”, enfatizó.

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Según Contreras, el saldo de caja al 31 de diciembre alcanzará los Q70 millones lo que en enero se le sumará al presupuesto asignado, por lo que alcanzarían más de Q183 millones.

“Estamos en la disposición de aprobar las modificaciones o ampliaciones que se hagan al presupuesto siempre y cuando no se le sumen al funcionamiento”, recalcó.

No aceptan

Carlos García, representante del Comude, solicitó a los concejales disidentes que reconsideren su postura si la ley lo permite, porque se afecta a las comunidades necesitadas de obras de desarrollo.

“La oposición no presentó propuestas y lo que se propuso en el Comude quedó burlado, eso demuestra la fragmentación del Concejo, eso es inaceptable”, argumentó.

Verena To, directora interina de la Dirección Financiera, dijo que de acuerdo con el artículo 131 del Código Municipal, el presupuesto debe estar a probado antes del 15 de diciembre, por lo que no habría tiempo para volver a reconsiderar la votación.

Este año el presupuesto aprobado fue de Q113 millones 997 mil 846  y se le sumaron Q60.1 millones para alcanzar un presupuesto vigente de Q174 millones 142 mil 162, del cual se ha ejecutado el 46.8 por ciento equivalentes a Q81.5 millones.

El Congreso de la Reública ratificó el monto destinado para ese ejercicio fiscal por Q913 millones 398 mil.

El presupuesto fue ratificado con cien votos a favor (se necesitaban 80) y 31 en contra. Al momento de la votación el tablero electrónico del Congreso también marcaba 27 ausencias. 

El plan presupuestario es el mismo contemplado para el período 2017, ya que después de dos intentos fallidos por aprobar el sugerido para el próximo ciclo, el tiempo se venció, por lo que el Ministerio de Finanzas recomendó que se le diera vía libre al contemplado para el actual ciclo. 

De acuerdo con los montos asignados, en el Presupuesto deben destinarse Q130 millones para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Q13 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacén) y Q2 millones 400 mil para la Corte Centroamericana de Justicia. 

La aprobación ocurre a pocos días de que el Congreso desaprobara el Presupuesto para 2018, por lo que quedó vigente el actual.

Al consultar al presidente Jimmy Morales sobre el tema de la falta de consenso entre los diputados del Congreso de la República para conocer el Presupuesto del próximo año, el mandatario dijo que más que calificarla como un “fracaso” es de reconocer que los diputados tendrán que realizar ampliaciones al mismo.

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“Nuestra función y el mandato es presentar ante el Congreso de la República un plan de gasto, y el papel de ellos es calificar, modificar o corregir. Se hizo lo necesario, con eso vamos a trabajar. Somos como el salmón, nadando contra la corriente, pero vamos a trabajar”, expresó el mandatario.

El @MEMguatemala presenta el plan nacional de energía 2017-2032, en el evento participan el Presidente @jimmymoralesgt ministros, otros funcionarios y empresarios pic.twitter.com/5UF3Rwq2cI

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) December 1, 2017

Al consultar a Morales si la falta de consenso representaba una “derrota” para el partido oficial, respondió: “¿Qué derrota?, ese es el punto que debemos quitarnos de la mente, el Congreso no es oponente del Ejecutivo, al contrario, es un elemento importante de la República, no es quién gana y quién pierde, nosotros seguiremos haciendo el trabajo”, enfatizó.

Según Morales, en el 2016 se presentó al Congreso de la República, a solicitar recursos que se destinarían al Ministerio Público (MP), a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y al Organismo Judicial (OJ).

“Creo que no es lo correcto, si empiezo a ver que son peleas, victorias y derrotas, creo que no estaría contribuyendo al país, no estamos para enfrentarnos sino para unir las instituciones como manda la Constitución”, enfatizó el mandatario.

Meta fiscal y paro de obras

Analistas económicos concuerdan que ante este escenario el Ejecutivo deberá poner en marcha el plan B, es decir la readecuación del presupuesto del 2017 para el próximo año.

En ese sentido, se realizarán reajustes a meta de cobranza, indicó el intendente, Abel Cruz, que quedará en Q58 mil millones, que es el monto de este ejercicio. “En enero se presentará propuesta”, dijo el funcionario.

El ministro de Finanzas, Julio Hector Estrada, dijo que ante la no aprobación del presupuesto 2018, es una mala noticia que impactará al país. “Prioridades del gasto se verán afectados, por no haber consenso”.

Estrada comentó que solicitarán al Ministerio de Comunicaciones que ya no adjudiquen obras de infraestructura y que revise cuales son los proyectos más importantes de infraestructura.

El primer responsable de ese descalabro es el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que por una mezcla de novatez y de escaso criterio se dejó manipular por quienes a su vez convencieron al presidente Jimmy Morales de proponer un gasto descomunal, cuyo mayor rubro es el funcionamiento. Era un disparate y una clara muestra de estulticia porque logró la recaudación necesaria para el presupuesto de este año, bastante menor al proyectado.

El segundo responsable de esta debacle para el oficialismo es el mandatario, quien solo vio posibilidades clientelares, en el terreno político y en el plano público, y no tuvo la capacidad de reconocer la irresponsabilidad en la que estaba incurriendo, a falta de voces críticas en su entorno cercano, plagado de aduladores, intermediarios y diletantes, todos hermanados por la incapacidad.

Un tercer protagonista del sonoro hundimiento de un pacto aparentemente aceitado con la promesa de fondos sin candado es el jefe de bancada del oficialismo, Javier Hernández, quien pretendió mezclar el tema presupuestario con su impopular pretensión de presidir el Legislativo, pero a falta de habilidades de liderazgo, recurrió al intercambio de favores políticos, que fallaron claramente.

El error de bulto era el aumento de un 42 por ciento en la asignación al Ministerio de Comunicaciones, fuente tradicional de corrupción e inmoralidad, al punto de que muchos diputados se frotaran las manos por las oportunidades de negocios que estaban por abrirse con más de 5 mil millones de quetzales destinados a infraestructura.

El titular de Finanzas intentó señalar a la cobertura periodística de haber puesto en el ojo público el proceso presupuestario, algo que no tiene nada de extraño ni dedicatoria alguna. por ser tema cíclico de interés general. También culpó al merecido desprestigio de la clase política, que este año tocó nuevos niveles de bajeza con la aprobación de los aberrantes decretos de impunidad, el 13 de septiembre, anulados por la inmediata exigencia popular.

Estrada, en una clara inercia populista, incurrió en la imprudencia de decir que los rubros sacrificados serán ahora los sectores de justicia y seguridad, lo cual es desafortunado, puesto que en el malogrado presupuesto dichas áreas no tenían una ampliación significativa, pues la prioridad apuntaba hacia infraestructura, funcionamiento y pago de favores, incluyendo el botín de arrastre, hoy revelado como una quimera.

Aún queda una lucha intestina por la directiva del Congreso, que el oficialismo tenía como moneda de cambio cuando el Presupuesto parecía avanzar sin trabas, la cual seguramente se buscará copar con allegados. La historia es reiterativa y la lección para FCN-Nación es la misma recibida por partidos de la vieja política que han caído en el espejismo de creerse todopoderosos y ajenos al escrutinio público.

“Lo malo era que el presupuesto no se aprobara y lo peor era que el presupuesto se aprobara”, afirmó Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (Icefi).

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Ramón Parellada, experto del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Cees),  afirmó que la razón por la que no se aprobó el presupuesto fue política, una razón que no es la correcta porque se debieron considerar argumentos financieros y económicos.

“El presupuesto estaba desfinanciado, los ingresos estaban sobreestimados, iba a haber más deuda de lo que ha existido jamás y los gastos estaban inflados”, indicó Parellada.

El plan B

Los analistas concuerdan que ante este escenario el Ejecutivo deberá poner en marcha el plan B, es decir la readecuación del presupuesto del 2017 para el próximo año.

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“Definitivamente va a incluir ir cuanto antes al Congreso para ver que les aprueben la aprobación de la emisión y colocación de bonos del tesoro, porque si bien es cierto que se ejecuta el presupuesto de 2017 la aprobación de bonos para 2018 no se traslada automáticamente”, dijo Barrientos.

Agregó que lo que toca ahora es revisar las asignaciones de gasto y en lo que respecta a la recaudación tributaria habría que ver el plan de fiscalización de la SAT y no ampliar el techo presupuestario financiado con ingresos tributarios.

“Hasta no ver hasta dónde es factible, esos serían los primeros retos que va a enfrentar el Ejecutivo”, dijo el experto.

“Habrá unos Q59 mil millones en ingresos tributarios -impuestos- y creo que el Ejecutivo debería tratar de frenar y reducir los gastos de funcionamiento. Debería de frenar cualquier iniciativa para ingresar más personas, creo que debería tener un plan bien claro donde se apruebe eliminar algún ministerio”, aseveró Parellada.

Indicó que simplemente hay que tratar de tener unas finanzas ajustadas y que se elimine totalmente el déficit, eso sería una buena noticia.

“Primero tiene que priorizar gastos, la prioridad debe ser seguridad y justicia y debe contener el gasto. Segundo no va a poder funcionar bien si no llega a algún acuerdo político, se ve que hay mucha intransigencia y en el Congreso no se puede trabajar si no hay acuerdo. Van a tener que ceder en algunos puntos para que exista apoyo sino van a seguir trabajando por inercia”, acotó Parellada.

Pierden batalla

La sesión plenaria para aprobar el presupuesto estaba convocada para las 10 horas. Fue precisamente a esa hora que las cosas comenzaron a estar en contra de la bancada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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La bancada Todos, que fue vital para levantar la sesión permanente el pasado martes con 10 de los 81 votos, anunció en conferencia de prensa que las enmiendas a los artículos que proponía no habían sido aceptadas y por lo tanto no apoyaría el presupuesto.

Felipe Alejos, de ese bloque, afirmó que no fueron tomadas en cuenta las enmiendas a los artículos 31, 52, 56 y 94, que básicamente prohibían que la deuda fuera usada para funcionamiento y desaparecía el bolsón de recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Pasó una hora y 40 minutos más para que comenzara la sesión plenaria con la presencia de 89 diputados. En primera instancia se presentó una moción para que se aprobara un orden del día y se conociera el presupuesto del Congreso y luego el del Estado.

La moción fue improbada con 53 votos. Esto puso en alerta a los parlamentarios oficialistas, por lo que se apresuraron a pedir que se votara por el orden del día original que solo contenía la aprobación en tercera lectura del presupuesto.

La votación estuvo abierta por poco más de cinco minutos, sin embargo, el tablero electrónico no pasó de más de 61 congresistas. Al cabo de un momento más, la Junta Directiva cerró la votación.

Fue un revés del cual el partido oficial no se pudo recuperar. Fue evidente que algunos diputados oficialistas intentaron convencer a otros diputados pues aún quedaba la posibilidad de plantear otra moción, la cual nunca llegó

Momento decisivo

Al cabo de unos minutos los cuales se consumieron con diputados razonando su voto, el jefe de la bancada oficial Javier Hernández, se desmarcó del tablero electrónico y salió del hemiciclo parlamentario.

En los pasillos del Congreso fue abordado por periodistas. “Como vieron, no se aprobó la agenda del día, no vamos a poder entrar a conocer el presupuesto”, afirmó.

“Ahora veremos cómo se reordena el Ejecutivo y ver cómo sale adelante el país”, aseveró cuando se le preguntó qué pasaría.

El parlamentario oficialista negó que no hayan tomado en cuenta las enmiendas que el partido Todos presentó. “Ayer en la noche dije que estábamos considerando y apoyaríamos las enmiendas para obtener los votos necesarios”, aseveró.

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Cuando se le consultó qué fue lo que pasó y por qué no consiguió el apoyo, Hernández Franco dijo: “Creo que presión mediática en algún momento o simplemente no hay interés por ver el desarrollo de Guatemala. Fue el país el que perdió”.

“El plan B es el reordenamiento del presupuesto. No hay forma de poder pasar el presupuesto no tenemos los votos”, aseveró el parlamentario.

Luego de que Hernández Franco se retirara del hemiciclo, la discusión seguía en el Congreso. Luego de varios minutos más el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, indicó que por no aprobarse el orden del día se levantaba la sesión y se cerraba el segundo periodo de sesiones ordinarias del 2017.

Con esto se sepultó por completo las posibilidades de que el oficialismo pudiera aprobar un plan de gastos para el próximo año el cual recibió críticas no solo de diputados sino de otros sectores de la sociedad.

La bancada oficial FCN-Nación está a un paso de lograr su objetivo, aprobar el presupuesto para el 2018. Hoy FCN deberá conseguir los votos necesarios para que se apruebe en tercer debate el dictamen, se discutan los artículos, se efectúen las enmiendas que despejaría el recorte al gasto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Contraloría General de Cuentas y se lleve a cabo la redacción final.

Justicia

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•  Las 35 dependencias del Estado solicitaron Q18 mil millones para el 2018.

Al Ministerio de Salud le recortaron Q40.2 millones, los cuales están destinados a los programas de salud preventiva, y Q700 millones para los programas de recuperación de salud.
 
Ante ese panorama, “el presupuesto no cuenta con las medidas necesarias para que tenga un uso transparente. Hay un desfinanciamiento ante la meta de recaudación prevista, que es de Q63 mil millones, destacó la analista Claudia García, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). 
 
El Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES) detalla que las estimaciones de ingresos muestran una sobrevaloración, lo cual repercute directamente en incrementar el presupuesto de egresos sin que existan recursos que le den soporte a los gastos programados.
 
“El presupuesto muestra un crecimiento superior al 13.0% en comparación con el monto vigente para 2017”, critica el CEES.

En la sesión del miércoles no hubo discusión sobre el gasto, sino más bien sobre el acta de la plenaria anterior y la juramentación de Edna Soto de Kestler, esposa del exdiputado encarcelado Roberto Kestler, quien lo reemplazará en el cargo.

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La UNE cuestionó el procedimiento pero al final con 82 votos fue aprobada el acta y se dio paso a la juramentación.

El jueves es el último para la votación del presupuesto. Hasta ahora, FCN Nación, MR, AC, UCN, PAN, Unionista, independientes y Todos cuentan con los votos para aprobarlo.

Como diferentes versiones lo dieron a conocer desde el pasado fin de semana, el Ejecutivo echó a andar la maquinaria para aceitar aún más el pacto de corruptos y es indudable que con la discusión del nuevo plan de gastos también estará amarrada la elección de la junta directiva para el periodo 2018-2019, contra muchas de las recomendaciones de distintos sectores que rechazan la participación en esa instancia de quienes promovieron decretos perversos.

Se abre la posibilidad de que el próximo presidente del Congreso sea el oficialista Javier Hernández, lo cual no solo sería lamentable, sino también podría marcar el inicio del desbarajuste del actual gobierno, que no solo atraviesa por su más bajo nivel de aceptación, sino además porque se abren las puertas a la corrupción, con un plan de gastos claramente clientelar y en el cual se eliminan los mecanismos de transparencia.

El presidente Jimmy Morales será el mayor responsable del deterioro institucional y también del reforzamiento de prácticas que no solo no han desaparecido, sino que él es quien menos las combate.

El presupuesto será la pieza más evidente del gasto clientelar que se pretende implementar en un año preelectoral, y esas ambiciones, principalmente de quienes lo han convencido de que la compra de ese tipo de lealtades es el camino, se equivocan y solo están contribuyendo a un descalabro que les saldrá caro a los guatemaltecos, aunque también al oficialismo.

Solo el Gobierno y sus cómplices dentro del Congreso pretenden avanzar contra el clamor general de no aprobar un gasto a todas luces desproporcionado, desfinanciado y cuyo mayor costo no solo será aumentar de manera infame el endeudamiento, sino que lo más grave es el descalabro económico que acarreará la conducta irresponsable de quienes insisten en seguir adelante con una millonaria erogación, cuyo principal rubro es el funcionamiento.

Existen muchos otros riesgos, pero el obnubilado criterio gubernamental solo atina a buscar un uso clientelar de millones de quetzales, para lo cual se han hecho más laxos los controles y se busca asignar los mayores recursos a dependencias caracterizadas por la corrupción y por atender a quienes con sus votos apoyan un modelo insostenible, además de los bolsones sin fondo a cargo de los gobernadores.

El aspecto más lamentable de ese nuevo capítulo de la triste historia nacional es que en medio de este drama se encuentra un gobernante que ha sido instrumentalizado por poderes oscuros y él mismo está aprovechándose de su alta posición, pero como bien reza el dicho popular: el poder corrompe, pero también su mal uso puede llevar a la ruina a quienes desde los altos cargos abusan del mismo para tomar decisiones que deberían descansar en personas o en equipos con mayor preparación.

La discusión de la última semana de noviembre la domina siempre la aprobación del presupuesto del año siguiente. Año con año, el mismo drama: Dejar la aprobación para el último momento como táctica para ejercer presión y lograr prebendas particulares a cambio del voto. Basta con leer el análisis que ha hecho Icefi sobre el destino del gasto que quedó reflejado en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso, y ver algunas de las normas presupuestarias incluidas en la propuesta de presupuesto, para saber que invertir en la ciudadanía no es el objetivo. Peor aún, cuando se le analiza desde la perspectiva del ingreso. ¿Más allá de más endeudamiento, qué podemos esperar el año entrante en materia de ingresos, cuando hay dudas aún si las metas de recaudación de este año se van a cumplir?

Entonces, ¿para qué va a servir el presupuesto 2018 y nuestros impuestos? Es el año preelectoral; a los diputados y financistas les queda poco tiempo para resarcirse de las inversiones hechas en 2012. Tienen que servirse ahora con cuchara grande de nuestros recursos para poder financiarse las elecciones del 2019 y dar así continuidad a este sistema corrupto. Hasta allí, nada nuevo bajo el sol, y por eso, obstaculizar una reforma sustantiva y democrática de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) era un elemento crucial, en el que han tenido. El otro factor que lo distingue es que este proceso viciado que se quiere perpetuar necesita que el Pacto de Corruptos, en el cual convergen todas las fuerzas, actores y sectores interesados en que nada cambie, se mantenga lubricado, cohesionado y con capacidad para seguir implementando intervenciones que permitan cooptar el próximo ciclo político y asegurar que en las elecciones clave intermedias que se avecinan se elija a gente afín a dicho Pacto.

Por todas estas razones, la aprobación del presupuesto 2018 sí puede considerarse un acto perverso de otra calidad. Intentan comprar impunidad y su reelección (impunidad a largo plazo) con nuestros impuestos. Por tanto, a quienes queremos que esta forma de hacer política acabe, no nos es posible estar de acuerdo con su aprobación. ¿Que si traerá complicaciones para ejecutar? Pues sí, ¿y? Francamente, para lo que han mostrado que son capaces de hacer, no se perderá gran cosa. Es más, será una manera de desperdiciar menos recursos. ¡Ya no quiero que financien sus campañas electorales espurias con mis impuestos!

Ya vimos que esta legislatura siente un absoluto desprecio por los planteamientos que buscan recuperar al Estado. Ni al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le hacen caso. Tampoco sé quién decretó que las movilizaciones ciudadanas ya “cumplieron” su función en esta lucha contra la corrupción, algo que suena de por sí absurdo e inaudito, especialmente cuando todas las formas democráticas de participación y lucha han sido secuestradas por el Pacto De Corruptos. Totonicapán, Xela juntaron cada una más de 20,000 firmas para exigir que los diputados por estos departamentos dejen su curul, y fue como oír llover! Por si fuera poco, ahora quieren implementar una ley mordaza que penalice la libertad de expresión en redes, y otra, para atarle las manos a las organizaciones no gubernamentales que trabajan junto con las comunidades buscando formas de enfrentar los procesos de pauperización en que están sumidas.

¿Qué va a pasar cuando sea delito opinar, intercambiar en redes, o apoyar y trabajar junto a los más necesitados para que tengan una vida más digna? ¡Los riesgos que corremos son altísimos! En aras de mantener la “estabilidad”, nos están dejando solos a enfrentar una lucha profundamente asimétrica.

karin.slowing@gmail.com

Con motivo del bicentenario de la Independencia (1821-2021) se hace un recorrido de lo que hicieron los presidentes en la Hacienda Pública y los tributos en Guatemala, esta vez en el período 2016-2017, correspondiente al mandatario Jimmy Morales. También se hacen algunos cálculos de lo que puede realizarse hasta 2021, al cumplirse los 200 años de la Independencia.

Se hicieron reformas a la Ley de Contrataciones del Estado contenida en el decreto 57-92, en relación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2016, por decreto del Congreso 46-2016. Esta ley se ha vuelto difícil de administrar por la cantidad de “candados” como lo suelen llamar, que hacen complicada su aplicación, y en algunos casos imposibilita realizar las compras y contrataciones del Estado y sus entidades. Los legisladores han puesto más y más candados por diferentes razones, algunas razonables y otras deleznables.

Se aprobó el decreto del Congreso 29-2016, Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento para el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de 2016. Esto ocurrió cuatro meses después de haber sido aprobado dicho presupuesto.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de 2016, primer año de gobierno del presidente Jimmy Morales, fue aprobado en el período presidencial de Alejandro Maldonado Aguirre por el Congreso de la República por decreto 14-2015 de 30 de noviembre de 2015.

Por medio del decreto 50-2016 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado del año 2017, y como ha sido usual esa aprobación, se hizo el último día de sesiones ordinarias y anuales del Congreso de la República, el 29 de noviembre de 2016.

¿Cuáles son los puntos débiles del Presupuesto del Estado? Seguidamente se hacen algunos señalamientos.

La Ley de Contrataciones ha complicado su manejo por la desconfianza que se tiene en las compras y servicios que se contratan. Se desconfía tanto que cada vez ponen más candados que agregan más dificultades para su manejo. Indudablemente se requiere que haya honradez en lo que se realiza, pero ante tantos obstáculos para ejecutar los presupuestos y una auditoría que no es tan completa y rápida como debería ser, se avanza a paso de tortuga. Incluso no se avanza como ha ocurrido en el año 2017, en que la ejecución del presupuesto ha sido baja por el miedo que tienen los funcionarios de los candados.

Otro de los temas es el Listado Geográfico Nacional, que en períodos anteriores las obras se han asignado con nombre y apellido sin que los procesos sean transparentes.

El aspecto más complicado es que se quiere hacer gastos de funcionamiento y de inversión financiados con deuda pública. Esta es la forma en que en los últimos años se ha financiado el presupuesto. Sin embargo, hacer gastos e inversiones solamente a través de deuda tiene un límite. Estallará la bomba como ocurrió en Grecia, y Guatemala va en ese camino aumentando la deuda año tras año, sin tomar en cuenta que ese procedimiento no es sano.

Guatemala tiene indicadores financieros con estándares internacionales que señalan que no está mal su situación financiera, que la deuda no ha llegado a los límites peligrosos de esos indicadores. Y en los próximos cuatro años no sería extraño que la situación se vuelva delicada, y aparecerá una revisión de los impuestos, tanto en tasas del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, como en los otros impuestos al consumo.

josemolina@live.com

El mandatario no pudo ocultar su molestia ante las preguntas de los periodistas. Sus gestos faciales de enojo a lo que escuchaba fueron captados por los fotógrafos durante la rueda de prensa.

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“Hay temas que los voy a poder hacer abiertamente como estos y otros temas que tengo que seguir una agenda. Yo creo que usted está equivocada en esa forma de pensar”, dijo a una reportera.

El presidente se refirió al tema durante la inauguración del centro de atención a personas de la tercera edad “Mis años dorados”.

Además, Morales sostuvo que no fue una reunión a puerta cerrada porque él no tiene que dar acceso a los periodistas a todas sus reuniones.

Aseguró que el Ejecutivo en ningún momento negó el encuentro y si el vocero presidencial Heinz Heimann lo hizo es porque no sabía. “No, yo nunca lo dije (negarlo)”, intervino Heimann, quien se encontraba al lado del mandatario.

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Al cuestionarle que el Presupuesto 2018 y otros puntos de la agenda legislativa son temas de Estado y por lo tanto deben ser conocidos por la ciudadanía, el mandatario Morales respondió así: “¿Y cuál es el problema?”.

Fuentes del Congreso de la República confirmaron a Prensa Libre ese domingo que Morales convocó a diputados de varias bancadas afines al oficialismo para tratar dos temas concretos: el presupuesto para el próximo año y la junta directiva del Organismo Legislativo.

Tanto el gobernante como su portavoz negaron que en la reunión se haya abordado la elección de la junta directiva del Congreso para el 2018, aunque admitieron que sí se habló del presupuesto y otros temas de la agenda legislativa.

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Al preguntarle con quiénes se reunió esa noche en la Casa Presidencial, Morales afirmó que no recordaba todos los nombres de los parlamentarios.

“Estaba Javier Hernández, estaba… Melgar (Padilla), estaba… ¡ah!… bueno, estaba Jaime Regalado, estaba… ya no recuerdo los nombres exactamente bien. Habían diez diputados”, dijo.

La moción privilegiada para que se entrara a conocer el presupuesto tuvo 81 votos a favor, solo uno más que el mínimo, y 45 en contra. 30 diputados de FCN-Nación avalaron la propuesta, y sus aliados fueron el Movimiento Reformador (12) Todos (10), Alianza Ciudadana (10), UCN (5), PAN (3), Partido Unionista (1) e independientes (10).

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Mientras diputados discutían la aprobación del prespuesto, en los pasillos del Legislativo se encontraba el líder magisterial Joviel Acevedo para pedir la adhesión de un artículo que establezca que los fondos que los ministerios no ejecuten sean transferidos al Mineduc para aumentos salariales a los docentes.

En tanto, decenas de maestros permanecieron en las afueras del Congreso y cerraron los accesos al edificio en la 8 y 9 avenida.

La sesión de este martes era clave para que la iniciativa del presupuesto 2018 dictaminado por la Comisión de Finanzas sea aprobada en su trámite normal. Al lograr el apoyo para la aprobación en primera lectura, la bancada oficial FCN-Nación gana un primer pulso.

Mientras se desarrollaba la sesión, se conoció la convocatoria para que los diputados asistan este miércoles a las 18 horas y el jueves a las 10 horas, ambas plenarias para tratar exclusivamente el tema del presupuesto en segunda y tercera lectura, respectivamente. El jueves a media noche se vence el plazo para su aprobación.

Durante la intervención del diputado Amílcar Pop, otros parlamentarios gritaban para interrumpirlo, lo que él llamó “alaridos”. La legisladora Delia Bac tomó la palabra para pedirle respeto y lo trató de misógino.

Oposición

Las bancadas Todos, Encuentro por Guatemala, Unidad Nacional de la Esperanza y Winaq han sido contundentes en afirmar que no apoyarán la aprobación del presupuesto debido al techo alto y la falta de normas de transparencia.

Según la UNE y Winaq, la meta de recaudación para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por Q63 mil millones sería inalcanzable, ya que en 2016 y este año no cumplió con lo previsto.

El bloque opositor también cuestiona la baja ejecución de algunas instituciones en 2017, como el Ministerio de Desarrollo (34%), Comunicaciones (45%), Cultura y Deportes (45.3%), Ambiente (55%) y el Ministerio de Agricultura (58.4).

Por su parte, Todos propone eliminar el artículo 94 para evitar la entrega de “un cheque en blanco” porque no deja claro qué debe entenderse por “obra de arrastre”, por lo que constituye una preautorización para ampliar el presupuesto sin definición de cómo se realizaría la ejecución de las obras y cuáles serían las que se financiarían con dicho bolsón. 

Para Encuentro por Guatemala, el presupuesto debe mantenerse en un techo similar al del 2017 y no sobrepasar los Q80 mil millones. “No podemos apoyar la aprobación de un presupuesto con un techo desfinanciado, sin mayores candados y con instituciones que no tienen la capacidad de ejecutar”, sostiene.

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Sin votos necesarios

Horas antes de la sesión, Javier Hernández, jefe de la bancada oficial, indicó que harían “lo posible para conocer el presupuesto” este martes y si eso no ocurría no se tendría los días para hacer las tres sesiones.

Reconoció que si no pasaba en primera lectura solo les quedaba el camino de aprobación por urgencia nacional. “Se necesitarían 105 votos, que no los tenemos, tiene que ser en tres lecturas”, dijo.

Última carta

Hernández indicó que los diputados independientes son clave para alcanzar los votos para aprobar el presupuesto, actualmente son 17 legisladores los que no pertenecen a ninguna bancada. “Es un número superior a las bancadas pequeñas”, dijo. 

Y así fue, 10 diputados independientes avalaron la aprobación en primera lectura del presupuesto 2018.

“He tratado de hablar con la mayoría de ellos, pero se complica pues al no existir una jefatura hay que hablar con uno por uno”, reveló el jefe de FCN-Nación.

El diputado señaló que ya no han insistido en hablar con otras bancadas, pues estas ya han sido claras en su posición “entonces nos enfocamos en quienes aún tenemos una posibilidad de buscar apoyo”, afirmó.

Orlando Blanco, jefe del principal partido de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), opinó que “es evidente que el partido oficial hace uso de cualquier subterfugio legal para aprobar el presupuesto”.

“Hay ciertos bloques que los apoyan –a FCN-Nación–  entre diputados del PAN, MR, AC y algunos de Todos, y hay un grupo que pasa desapercibido que son los diputados independientes”, señaló Blanco.

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Precisó que hay 17 parlamentarios en esta situación y “existe una articulación de al menos ocho diputados que negocian con el oficialismo, y generalmente pasan desapercibidos”.

“No sería raro que este martes unos diputados independientes apoyen la estrategia de FCN-Nación”, predijo Blanco.

Dictamen

El 15 de noviembre, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, emitió el dictamen sobre el proyecto de presupuesto general de la nación 2018, presentado por el Ejecutivo, el cual establecieron en 

La propuesta del Ejecutivo contemplaba la aprobación de Q87 mil 922 millones, pero la comisión decidió hacer una reducción de Q3 mil 326 millones, con principales recortes al Ministerio de Comunicaciones, Salud, Agricultura, Desarrollo Social y los fondos sociales.

El dictamen de la comisión se resume en:

• Q54 mil 840 millones para funcionamiento
• Q16 mil 593 millones para inversión
• Q13 mil 162 millones para deuda