Según las investigaciones de la Fiscalía contra la Trata de Personas, los menores pertenecen a familias que viven en pobreza y extrema pobreza en las áreas rurales. Durante el día se desarrollaron 82 cateos.

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Se determinó que los niños eran buscados por los explotadores, dueños de abarroterías y tortillerías, quienes ofrecían a los padres sueldo y lugar para vivir a fin de conseguir el permiso para que los menores fueran a trabajar a la metrópoli, dijo Marvin Orellana, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Cuando los menores de entre 12 y 17 años llegaban a la capital, les asignaban tareas de atender tortillerías y tiendas, oficios para los cuales eran obligados a trabajar hasta 16 horas diarias. Les pagan entre Q800 y Q1 mil.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que durante los allanamientos fueron rescatados 43 niños y adolescentes. “Todos fueron entrevistados por trabajadoras sociales y psicólogos para conocer las condiciones en las que trabajan”, agregó la PGN. 

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“Hemos documentado que trabajan desde las 5 hasta las 21 o 22 horas, de lunes a domingo”, dijo el investigador.

Muchos de ellos viven y trabajan en el mismo lugar, por lo cual no pueden salir, y el trabajo es el único lugar que conocen como distracción porque no tienen salida hasta que terminan su mes o dos meses y regresan a su lugar de origen”, dijo Orellana.

La PNC informó que los menores recibían salarios de entre Q900 y Q1 mil mensuales, y que viven en condiciones inadecuadas.

Uno de los allanamientos en Amatitlán para rescatar a menores que eran explotados laboralmente. Video: Érick Ávila. pic.twitter.com/zi5lHSrTOR

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) June 11, 2018

El caso

El MP explicó que la investigación se derivó de las denuncias hechas por autoridades municipales, quienes concluyeron, después de un censo, que los niños que atendían los locales eran originarios de municipios rurales y se encontraban en esos comercios en calidad de empleados.

Capturados

1. Vicenta Marleni Pu Chach.
2. Mayra Marivel Lux Benito, de 24 años.
3. Sonia Josefa Sen Mejía, 23
4. Manuel Salvador Nix, 29
5. Josefa Lux Ixcoy, 43
6. Pascual Pérez López, 52
7. Henry Juan Cristián Cac Castro.
8. Juan Gómez Acabal, 41
9. Julia Mejía Mejía de Vicente, 43
10. Carlos Chaperon Grave, 36.

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La edificación, que está a nombre de la entidad Proyectos Habitacionales Praga (propiedad de la mansión Casa Praga), fue entregada por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

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Explicaron que esas acciones forman parte de de las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado de Extinción de Dominio el 14 de febrero último. 

Manuel Baldizón ha perdido ya varias propiedades en el proceso que se le sigue por posibles ilícitos relacionados con el lavado de dinero. 

En enero último, autoridades allanaron otra de las lujosas propiedades de Baldizón, donde decomisaron varios vehículos y  obras de arte, entre otros objetos de gran valor. 

Semejante a la de jeques y magnates que habitan en medio de ostentación, lujos y  excentricidades, así vivía el excandidato presidencial y exsecretario de Libertad Democrática Renovada (Líder) en “la casa blanca”, residencia, identificada por el león de Praga desde la entrada, ubicada en el kilómetro 27.5, en Santa Elena Barillas.

En esa ocasión, las autoridades encontraron dentro de la casa un cuarto de vapor completamente de vidrio, jacuzzi, piscina techada, cinco camionetas pullman nuevas de color  blanco, cancha deportiva, helipuerto, chalecos antibalas, tres esculturas -incluido un busto de Manuel Baldizón-, tanques de oxígeno, dos picops de diferentes marcas y muebles tallados en cedro. 

VIDEO | Esta es la casa blanca de Manuel Baldizón

En mayo último también fue inmovilizado un edificio de 15 pisos, dos sótanos y un helipuerto en la zona 15 de la capital, propiedad del excandidato presidencial. 

Baldizón está detenido en Miami y vinculado por el Ministerio Público (MP) con los sobornos de la constructora Odebrecht.

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Hasta el momento, al menos 39 bienes inmuebles y 20 vehículos vinculados con Manuel Baldizón han quedado inmovilizados por el MP, como parte de la investigación por el caso Odebrecht.

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El Registro Nacional de las Personas (Renap, exoneró de pago de las tarifas por los servicios que presta a las personas afectadas por la erupción del Volcán de Fuegoen Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, declarados en Estado de Calamidad Pública.

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Estrada dijo que las solicitudes deberán realizarse de manera personalizada en las sedes móviles que se instalaron en Jocotenango, Sacatepéquez y Escuintla. 

Aclaró que el artículo dos del acuerdo menciona que no aplica a los servicios electrónicos que presta el Renap.

El documento publicado en el diario oficial establece que el Registrador Central de las Personas será el encargado de girar las instrucciones pertinentes para el cumplimiento del Acuerdo.

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Unidad Móvil del @renapgt llega y brinda sus servicios exonerados para las áreas de afectadas de los departamentos de #Chimaltenango #Sacatepequez y #Escuintla donde se encuentran los restos de personas fallecidas por la erupción del #VolcánDeFuego pic.twitter.com/S7KFNStQgu

— RENAP GUATEMALA (@renapgt) June 4, 2018

Servicios prestados

Defunciones por lugar de inscripción

• Siete en Escuintla
• Dos en San Juan Alotenango

Defunciones por lugar de ocurrencia

• 12 en Escuintla
• Ocho en San Juan Alotenango

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El incidente tuvo su origen el domingo, según las autoridades, porque los jóvenes que fueron trasladados del Preventivo a Etapa 2 reclamaron a los otros internos que no participaron en un motín de marzo de 2017 cuando mataron a cuatro monitores.

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Francisco Molina, subsecretario de Reinserción de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), informó que durante esas dos horas los internos retuvieron a cinco monitores, destruyeron varios dormitorios y quemaron algunas colchonetas. 

“Después de salir a las actividades normales, cuatro jóvenes empezaron a pelearse. Mientras se desarrollaba el incidente, otro grupo de jóvenes arrancó los tubos de la portería y empezaron a romper las paredes de los dormitorios para que salieran y los apoyaron para atacar al grupo que regresó de la cárcel de adultos”, explicó Molina.

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Narró que los internos quemaron colchonetas frente a los dormitorios donde se encontraban varios de los internos que fueron trasladados del Preventivo, pues, según algunos monitores, el fin era quemar a sus compañeros.

Molina agregó que, por los protocolos que han implementado, lograron controlar la situación con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).  “Todo fue a través del diálogo”, manifestó el subsecretario.

Un agradecimiento especial a la @PNCdeGuatemala por todo el apoyo que nos brindó para retomar el control del CEJUPLIV, Etapa II.

Se reportan 2 adolescentes golpeados -participantes de la riña- que fueron atendidos por el médico del centro y múltiples daños a la infraestructura pic.twitter.com/M1nSjifMBR

— Francisco Molina (@PanchoMolinaM) June 4, 2018

William González, vocero de los Bomberos Voluntarios, comunicó que atendieron por heridas leves a tres jóvenes mayores de 18 años y uno con heridas graves, pero que no necesitó traslado al nosocomio.

“Había varias colchonetas quemadas. Se revisó a varios internos, pero solo cuatro estaban heridos”, manifestó Gonzalez.

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Por el motín fueron trasladados 73 internos, 29 menores al Juzgado de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y 44 a la Torre de Tribunales, por ser mayores de 18 años.

Los delitos por los que fueron puestos a disposición, según Molina, son asesinato en grado de tentativa, motín de presos, incendio agravado y daño a la infraestructura.

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“Quiero mencionar estamos enfocados en rehabilitar a los jóvenes, pero eso no significa que no vamos a actuar cuando se tenga que hacer. Por eso se ponen a disposición por esos delitos”, añadió Molina.

Hasta este lunes en ese centro se encontraban recluidos unos 145 jóvenes, un gran número son de la pandilla del Barrio 18.

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El acuerdo convoca a las instituciones que deberán integrar la postuladora y  que serán responsables del proceso para elegir a la nómina de seis candidatos para dirigir esa dependencia.

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La Comisión de Postulación integrada y juramentada como tal, además de enviar al Congreso la lista de las seis propuestas, deberá remitir toda la información que hubiera recabado, respecto a cada uno de ellos (aspirantes), así como las actas deliberación, la hoja de vida y cualquier otro dato pertinente acerca de los requisitos exigidos en los artículos 113 y 234 de la Constitución Política.

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El Acuerdo entra en vigencia y deberá notificar a los rectores de las universidades, los decanos de las Facultades que incluyen la carrera de Contaduría Pública y Auditoria del País, y al Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, para los efectos de la designación o elección de los representantes.

A partir de este lunes los rectores de las universidades podrán elegir a la persona que presidirá la Comisión.

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Rudi Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, indicó que hubo una alteración del orden en una de las cuatro áreas de custodia para reos que están aislados en la cárcel de Pavón, Fraijanes, sin que se hayan producido mayores incidentes.

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Esquivel explicó que en ese complejo carcelario hay 3 mil 776 reos, de los cuales 300 se encuentran en esas áreas de aislamiento, que se encuentran fuera del complejo central.

Las personas a las que ubican en esas áreas aisladas es por considerarse que corren peligro en su integridad física, es decir, personas con alguna prescripción médica o disposición legal, como quienes pertenecen a un grupo criminal y corren riesgo de coincidir con aliados de otros bandos que puedan atentar contra ellos.

Rudy Esquivel, vocero del @DGSPG, informó que verifican alteraciones en el área de aislamiento de la cárcel de #Pavón. Video: Érick Ávila. pic.twitter.com/VovdBANRhW

— Glenda Sánchez (@gsanchez_pl) 31 de mayo de 2018

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Todo normal

Esquivel dijo que lo que se desarrolla por parte de los agentes del Sistema Penitenciario es una inspección en las áreas de aislamiento, la cual estaba en proceso.

Esquivel dijo que las actividades en el centro carcelario continúan normales y no se han suspendido las visitas.

Juvell de León, director del Sistema Penitenciario, dijo que no se trató de un motín. “Hubo alguna alteración, pero las unidas de análisis investigan por qué se dio”, aseguró.

Preocupación

Al difundirse los rumores de un supuesto motín, varias familiares de reclusos llegaron a la cárcel para pedir información sobre ellos.

Al lugar también ingresaron ambulancias de los Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales Departamentales, patrullas de la Policía Nacional Civil y un fuerte dispositivo de agentes del Sistema Penitenciario.

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El Juzgado Sexto celebró este jueves la continuación de la audiencia de primera declaración de Ariel Salvador de León y otras nueve personas.

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Ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el militar declaró tener ingresos mensuales de Q18 mil, sin embargo, en los bancos reportó hasta Q13.8 millones y US$128 mil 91 entre 2009 y 2017.

La Fiscalía explicó que la declaración de un colaborar eficaz y la interceptación de escuchas telefónicas fueron claves para establecer los nexos entre el militar y la pandilla.

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La reunión

El 5 de junio de 2017, De León se reunió en un restaurante de la zona 5 capitalina con Emigdio Rodas Díaz, quien era tesorero de la estructura criminal y recibía dinero de Jorge Arturo Lagos Reyes, alias el Fantasma, líder de la clica Hemster Locos de la Mara Salvatrucha y quien está en prisión desde 2014.

Las interceptaciones al teléfono de Rodas Díaz revelaron los nombres de las personas y las empresas con las que hicieron algunas inversiones; entre ellas la aceitera San Gabriel, a nombre de Alfonzo Rodas Miranda, padre de Emigdio.

Según la Fiscalía, el militar utilizó por lo menos 12 cuentas bancarias para tratar de darle legalidad al dinero recaudado.

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El reporte bancario establece que el militar, de forma constante, ingresaba cantidades de Q5 mil hasta Q47 mil y las salidas del dinero eran similares a las cantidades que ingresaban.

Los ingresos que reportó el coronel no son acordes a los montos que ingresaba, pues su única fuente de ingresos era el salario que devengaba como empleado del Ejército.

“No hay declaraciones en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de que tenga negocios, se detectó solo una empresa, Prodisco Multimedic, pero ya está cancelada, y había otra empresa con su nombre, que se sospecha que es de servicios profesionales”, aseguró el MP.

“Mi coronel”

La fiscalía presentó al juzgado el siguiente audio, con el que sustenta el vínculo entre Rodas Díaz y De León, e hizo referencia a la reunión del 5 de junio de 2017.

Rechaza señalamientos

De León se defendió al señalar que el dinero en sus cuentas bancarias provenía de la exportación de limón, plátano y de una asesoría que daba a una empresa de seguridad.

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También dijo que no conoce a nadie de los señalados, pero acepta que se reunió en aquella ocasión con Rodas Díaz. Además, indicó que la voz que se escucha en las intercepciones telefónicas no es la de él.

La audiencia se suspendió y continuará el martes 5 de junio.

Cae la red criminal

De León, así como Lucindo Chávez Cifuentes, jefe de la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) en Chimaltenango, fueron detenidos el 18 de abril en un operativo que incluyó además el arresto de 83 personas en Huehuetenango, Chiquimula, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Escuintla, Zacapa, Jutiapa, Chimaltenango, Quetzaltenango y la capital.

La Fiscalía informó ese día que la red obtuvo Q76 millones en extorsiones a lo largo de 16 años.

La estructura enfrenta cargos por asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y lavado de dinero.

Para lavar el dinero, la red utilizaba testaferros e hizo inversiones en inmuebles y vehículos.

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Los encuentros han sido de cortesía, según el Ministerio Público. Los temas que se han analizado están relacionados con el plan de trabajo de Porras y la continuación del combate a la corrupción.

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Rodas manifestó que el tema de la lucha contra la impunidad fue uno de los más importantes que platicaron, porque considera que a mayor corrupción menos derechos humanos. 

Sugirió a Porras la necesidad de seguir con el fortalecimiento de las fiscalías, en especificó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). “La reunión fue muy productiva, salgo muy satisfecho”, agregó Rodas.

Además, abordaron los casos relacionados al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Trata de Personas, el tema de la prisión preventiva y los tiempos judiciales. 

“Tomo con mucha seriedad la recomendación, verdad, ella (Consuelo Porra) expresó mucha seriedad la recomendación. Ella aseguró que ya dio instrucción a todo nivel en la institución y también revisando los procesos de formación en el cumplimiento de las garantías constitucionales”, citó el Procurador de Derechos Humanos.

En la reunión también participaron Claudia Maselli Loaiza, procuradora adjunta II y Claudia Lavinia Figueroa, secretaria general de la PDH.

Ayer la Fiscal General y parte de su equipo de trabajo, se reunió con el embajador de Estados Unidos (EE. UU) en Guatemala, Luis Arreaga, para conversar sobre las oportunidades de apoyo entre el Gobierno de EEUU y Guatemala para fortalecer el Sistema de Justicia.

#EmbArreaga se reunió con la #FiscalGeneral #ConsueloPorras y colaboradores del @MPguatemala para conversar sobre las oportunidades de apoyo entre el Gobierno de #EEUU y el @GuatemalaGob para fortalecer el #SistemaDeJusticia pic.twitter.com/Mf65nydYGp

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) May 31, 2018

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), confirmó a Prensa Libre que “el año anterior el Ministerio Público recibió información de la ubicación de esta persona en los Estados Unidos Mexicanos”.

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El día que Luis Rabbé pidió ser esposado frente a las cámaras

Luego de recibir la notificiación oficial, el MP comenzó el proceso para solicitar su extradición para que enfrente a la justicia por un caso de plazas fantasma en el Legislativo.

“La solicitud ya fue recibida en México, requirieron alguna información extra, la cual ya fue trasladada, pero estamos pendientes de que las autoridades mexicanas realicen la gestión”, dijo Sandoval.

La Fiscalía no dio a conocer más detalles de la situación en la que se encuentra Rabbé en el vecino país.

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la imunidad.

Una semana después fue visto en un centro comercial en un sector exclusivo de la capital nicaragüense, donde compró bombillas y al ver que lo estaban fotografiando salió de prisa del negocio.

Desde entonces ya no se supo nada de él hasta que en 2017 fue localizado por autoridades mexicanas en Nuevo León, después de que la Interpol lo incluyera en su lista de los más buscados.

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Orden de captura

El 5 de septiembre de ese año un juzgado emitió una orden de detención en su contra por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

En mayo de 2016 el MP y la Cicig presentaron solicitudes de antejuicio contra siete diputados por contrataciones irregulares y plazas fantasma entre 2014 y 2015, años en que Arístides Crespo y Luis Rabbé presidieron las juntas directivas.

Entre las personas contratadas por la directiva de Rabbé, pero que no llegaban a trabajar al Congreso, había maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero, todos con salarios de entre Q8 mil y Q20 mil.

En ese entonces también fue detenido su hermano Alfredo Rabbé.

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Permisos negados y motivo de pugna

Una semana después de haber salido del país, Rabbé envió una carta al Congreso pidiendo permiso para ausentarse en las sesiones aduciendo que sufría acoso y persecución política, pero la junta directiva se lo negó. 

El diputado debía presentarse a las próximas plenarias, pero no llegó, por lo que el entonces presidente del Legislativo, Mario Taracena, intentó separarlo del cargo; sin embargo, no logró los votos necesarios.

Taracena lo intentó de nuevo, pero tampoco obtuvo el respaldo de los diputados para suspender temporalmente a Rabbé, pese a que en reunión de jefes de bloque habían acordado apoyar la moción. La permanencia de Rabbé en el Congreso enfrentó en una discución a Taracena y a su colega Estuardo Gadámez.

Cuando ya tenía un meses de estar fuera del país, Rabbé solicitó dos meses de permiso argumentando que no podía regresar porque sus derechos estaban siendo violentados, pero su petición tampoco tuvo éxito. Finalmente, el 22 de septiembre el Congreso separó del cargo a Rabbé y en su lugar nombró a Fernando García Gudiel.

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Según informó la Procuraduría de los Derechos Humanos, los menores se fugaron anoche del anexo del Hogar Seguro, ubicado en la 18 avenida y 3a. calle de la zona 1.

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Los menores fueron remitidos por la Policía a la sede de la emisión de Alertas Alba Keneth, en la 11 avenida y 12 calle A, zona 1, como corresponde según el protocolo. Ahí los menores debían ser identificados y entregados a las autoridades para reintegrarlos al proceso de protección del Estado.

Sin embargo, los dos menores, de 13 y 17 años, reaccionaron de manera violenta e intentaron escapar de la sede. Para lograr el cometido quebraron algunos vidrios de las ventanas, agredieron a los agentes de la PNC y provocaron destrozos en la oficina estatal. 

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Uno de los menores, el de 13, se laceró contra la pared y lanzaba amenazas a los agentes de la PNC: “Te juro por la vida de mi madre que te voy a matar”, gritaba.

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El Sistema Penitenciario (SP) explicó este martes que desconoce el paradero de Banny Yhans Zambrano Llamas, quien se encontraba en el sector nueve de esa prisión luego de haber sido condenado el 14 de noviembre del 2017.

“Desde ayer en el conteo de la tarde no aparece Banny Zambrano, por lo que se hizo un conteo nuevamente y no se localizó”, informó Juvell  de León, director del Sistema Penitenciario.

El funcionario añadió que Banny Zambrano pudo haber salido de la cárcel vestido de mujer, extremo que no se ha confirmado y se corroborará al examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El crimen contra Mitzie Alejandra Sánchez Makepeace ocurrió en el 2014 y el Ministerio Público probó ante un Tribunal de Sentencia que Zambrano para cobrar un seguro de vida por US$325 mil —unos Q2.6 millones—, del cual él era único beneficiario, asesinó a su esposa.

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El 14 de noviembre del 2017, el Tribunal Pluripersonal de Sentencia de Femicidio encontró culpable a Zambrano Llamas de los delitos de femicidio y simulación de delito.

La fiscalía había solicitado 52 años de cárcel. El proceso penal duró más de tres años por los recursos interpuestos por la defensa de Zambrano.

Los jueces resolvieron que se investigara a familiares del sentenciado porque había indicios de que que presenciaron los hechos, según dijo Rodolfo Díaz, querellante adhesivo por parte de la Fundación Sobrevivientes.

El crimen

Según las pesquisas del Ministerio Público, el crimen ocurrió el 2 de julio del 2014, en la residencia de la pareja, ubicada en Condado Santa Mónica, Fraijanes.

Los investigadores revelaron que Zambrano Llamas habría matado a su esposa a las 12.05 horas, y la causa de su muerte fue estrangulamiento, según dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El motivo de matarla habría sido para cobrar un seguro de vida adquirido por ella por US$325 mil —unos Q2.6 millones—, y él era el único beneficiario.

De acuerdo con las pesquisas, Zambrano Llamas salió de su residencia con el cadáver de su esposa en el baúl del automóvil, y se dirigió a la sede central del MP a denunciar que esta había sido secuestrada, para simular el crimen.

El victimario contó a los investigadores que le exigían Q600 mil para liberarla y los secuestradores se comunicaban con él a través de mensajes de texto.

Horas después, las autoridades trataron de hablar con él para comenzar las pesquisas, pero ya no respondió su celular.

Después de haber presentado la denuncia se dirigió a la zona 4, para abandonar el cadáver.

Un testigo dijo que vio cuando Zambrano Llamas dejó el automotor, después de las 13 horas, estacionado en la vía 5, ruta 1, zona 4 capitalina.

También se estableció que el acusado colocó sistema de posicionamiento global (GPS) al auto, con el objetivo de vigilar a su esposa. Ella nunca se enteró de que el aparato se encontraba en su automotor, según el MP.

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El diputado Enrique Álvarez explicó al respecto que este lunes, en una reunión con sus asesores, resolverán si presentan una denuncia contra la canciller por retención de información.   

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Respecto a la solicitud planteada a la canciller, el parlamentario señaló: “No hubo una respuesta a la carta oficial, lo solicitado debió entregarse el viernes 25 antes de las 14 horas.

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El 22 de mayo pasado, los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia enviaron el requerimiento de información a la Cancillería, luego que en reiteradas ocasiones la canciller Sandra Jovel, se negó a ofrecer datos sobre los gastos del viaje y la identidad de la personan que financió el vuelo a Israel.

La petición, según los parlamentarios, fue requerida con base en los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de la República y en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Legislativo, que se refiere a las atribuciones de los diputados.

“En ese sentido, se solicita la información que respalde los gastos del viaje, es decir, boletos aéreos y los viáticos de los funcionarios de la comitiva. Además, los informes acordes al artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública”, detalla el documento remitido a la Canciller.

¿Qué solicitaron los diputados? 

• Informe sobre los funcionarios que trabajarán en la Embajada de Guatemala en Israel, Jerusalén.
• Informe de los gastos completos incurridos en el traslado de la embajada, por parte del Gobierno de Guatemala y donaciones externas, así como el costo de su sostenimiento y si existiera algún cambio presupuestario.
• Asimismo, institución o persona que financió el transporte aéreo a Israel y todos los gastos adicionales.
• Informes de la delegación sobre el viaje, agenda de trabajo, reuniones, gastos, liquidaciones de viáticos, si aplicaran.
• Cartas de invitación extendidas por la Cancillería.
• Nombramiento de los funcionarios.
• Nombre de las personas que conformaron la delegación de la comitiva por parte de Guatemala, tanto de los funcionarios públicos como de los invitados.

Las declaraciones de Jovel provocaron reclamos de varios sectores que lo vieron como un acto de opacidad en la gestión de Morales, quien ha sido señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de recibir fondos ilegales y no reportar donaciones en su campaña de 2015.

El pasado viernes 25, Jovel se limitó a revelar en una entrevista radial que el empresario Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corporation, ofreció el avión en el que viajaron el presidente Jimmy Morales y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial junto a otros funcionarios. 

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El vocero presidencial Heinz Hiemann aseguró a la prensa que la embajada de Israel absorbería todos los gastos de Morales y su comitiva, pero esto fue desmentido por la misión israelí en Guatemala.

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Por la mañana en la colonia la Florida, zona 19, un grupo de investigadores de la Policía, efectuaba un operativo, al intentar identificar a un hombre con apariencia de pandillero, este se resistió, desenfundó una arma que portaba y atacó a los uniformados y escapó.  

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“Se confirma el enfrentamiento armado entre investigadores y presuntos delincuentes”, comunicó Espinoza.

Agregó que la Policía Municipal de Mixco (PMM) apoyó a la PNC para ubicar la vivienda donde el presunto pandillero y dos sujetos más que los acompañaban se refugiaron para evitar la captura.

Urgente

En la 3ª avenida y 9ª calle “A”, colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, se reporta enfrentamiento armado entre investigadores y presuntos delincuentes, preliminarmente se reportan tres detenidos con armas de fuego, un investigador herido de bala y un delincuente fallecido pic.twitter.com/kLMhY1aPXb

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 27, 2018

Según la Policía, los pandilleros desde el interior de la vivienda los atacaron con una subametralladora. El saldo del enfrentamiento fue de un presunto pandillero muerto, quien quedó con una pistola en una mano, seis detenidos y un policía con una herida de bala.

Indicó que el policía herido, en la mano derecha, durante el enfretamiento, es un investigador. 

Brayan Alberto Muñoz Herrera, de 24 años y Andy Joel Espino Aguilar, 21 son dos sospechosos que ya fueron identificados por la Policía. 

“La diligencia continúa para establecer la identidad de las otras dos personas y la del fallecido que quedo dentro de la vivienda; también se trata de establecer las características de las tres armas de fuego decomisadas”, explicó Pablo Castillo, vocero de la PNC. 

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Las fuertes precipitaciones que durante las últimas 24 horas han azotado el país  (Sololá, Sacatepéquez y región central), ha dejado más de cinco mil personas afectadas, además de tres carreteras y una escuela con daños.

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“La lluvia continuará todo el fin de semana, principalmente en la tarde y noche. En las áreas que será más fuerte la lluvia son el Suroccidente y la Franja Transversal del Norte”, comunicó Eddy Sánchez, director del Insivumeh.

Agregó que la lluvia que se presenta es normal del invierno, que alcanzará junio y será hasta del 10 al 20 de julio que se presente la canícula.

Daños

El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León, explicó que, por el colapso de drenajes, se reportaron inundaciones en dos sectores de Pastores, Sacatepéquez.

Los incidentes ocurrieron en el Callejón Los Callados y en Colinas de Pastores, donde se reportan 26 afectados, seis personas evacuadas a casa de vecinos, y cuatro viviendas con daños leves.

En horas de la noche del viernes se produjo un deslizamiento que afectó el tránsito en el kilómetro 113.5 de la Ruta Nacional 01, en Sololá, entre San Andrés Semetabaj y Panajachel.

También hubo varios derrumbes en la ruta que comunica Santa Cruz La Laguna con Sololá, donde cuatro turistas extranjeros, de nacionalidades alemana, mexicana y francesa, quedaron atrapados al no poder movilizarse en el vehículo que se transportaban, y otros derrumbes sucedieron en la ruta de Sololá a Panajachel, donde circulaban unos tres mil vehículos.

En total, son cinco mil 25 personas afectados por derrumbes, 26 por inundaciones, seis evacuados, una escuela y tres carreteras dañadas.

Desde que inició la temporada de lluvias, el pasado 13 de mayo hasta este viernes, el número de afectados era de 126 mil 472, además de una persona fallecida y una desaparecida.

*Con información de EFE

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Según la Policía, el motorista sufrió un accidente, por lo que los agentes intentaron ayudarlo. En un descuido de los uniformados, el piloto de la motocicleta intentó conducir la autopatrulla para huir, pero chocó con tres vehículos en la 19 avenida y 20 calle de la zona 10. El Ministerio Público investiga el incidente.

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, confirmó que a eso de la 1.45 de la madrugada de este sábado ocurrió un accidente de tránsito en dicha dirección, a donde acudieron dos policías de la comisaría 13.

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Los policías auxiliaron a García Esteban y lo trasladaron a la patrulla porque no podía ponerse de pie debido a su estado de ebriedad.

Un hombre en estado de ebriedad trató de llevarse una autopatrulla, pero la empotró en un arriate de la zona 10. El responsable fue identificado por la @PNCdeGuatemala como Víctor Joel García Esteban, de 44 años. Video: Paulo Raquec.
Vía @gsanchez_pl pic.twitter.com/t0Wtuqt4YE

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 26, 2018

Cuando los policías retiraban la moto de la calle, García Esteban tomó el control de la autopatrulla e intentó escapar. Los agentes buscaron detenerlo, pero el sujeto aceleró la marcha.

El escape no duró mucho porque, a pocos metros, el motorista chocó tres autos que estaban parqueados y empotró el vehículo policial en el arriate de la calle.

Por el choque, el motorista sufrió trauma de cráneo y fue llevado a un hospital donde, según el vocero Castillo, el detenido ofreció pagar los gastos de los destrozos que provocó.

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Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), manifestó que incluso ya fueron activadas las órdenes de captura contra las 20 personas, por las acciones presentadas por el MP para revocar la libertad humanitaria.
Arévalo recordó que el caso más reciente es el de un hombre que padece mal de Parkinson. “Eso significa que él y 19 personas más deberán regresar a la prisión, pero a una cama y morir, porque ellos tienen los días contados”, aseveró la directora del IDPP.

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William Ottoniel Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, hizo referencia a dos expedientes que agrupan dos y cuatro condenados por plagio o secuestro que podrían regresar a prisión luego de que se les otorgara la libertad por humanidad.

Explicó que esas personas padecen de enfermedades degenerativas —colon irritable, lumbalgia, hipertensión— no terminales, pero que pidieron la libertad porque son personas de la tercera edad, de escasos recursos y que también ya son aptas para  redención de penas.  

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“La petición se hizo con base en la normativa anterior del Régimen Penitenciario, porque se consideró que les aplica por haber ingresado a prisión cuando la ley estaba vigente, porque fue modificado en el 2006”, aseguró. 
 
Agregó: “Este año se nos notificó que la Sala de Apelaciones resolvió a favor del MP, pues ellos no estuvieron de acuerdo con que la petición fuera con base en la normativa que no está modificado.  Nosotros ya presentamos los amparos a la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

Reincidencia

El Estado de Guatemala ya fue sancionado, en noviembre del 2016, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la privada de libertad María Inés Chinchilla muriera por falta de atención médica en el Centro de Orientación Femenina en el 2004.

Esa es la principal preocupación del IDPP ahora, que alguno de los 20 reos muera por falta de atención o la interrupción de su tratamiento.

Por ejemplo, Luis Alberto Osorio Ávila, que cumple una condena en la Granja Penal Pavón, recién concluyó el cuarto ciclo de quimioterapia por  cáncer gástrico avanzado, en el Hospital Roosevelt. Según el director del nosocomio, Marco Antonio Barrientos, es un privado de libertad que solicita la liberación por humanidad.

“Tribunales nos solicitó que se atendiera de inmediato, por lo delicado que se encontraba, pues en la prisión no existen las condiciones para que se le brinde tratamiento”, reconoció Barrientos. La solicitud de libertad de Osorio Ávila está en trámite.

No hay beneficios

Para el Ministerio Público (MP), no existe la libertad por razones humanitarias en la legislatura guatemalteca, por lo que no se puede contemplar esa consideración para los privados de libertad.

Julia Barrera, vocera del MP, reconoció que la Fiscalía impugnó  20 órdenes de libertad emitidas por juzgados, porque no se contempla ese beneficio penitenciario.

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“En las solicitudes de la defensa no se adjuntaron los medios de prueba para considerar el beneficio”, explicó Barrera.
Barrera, sin embargo, dijo que el MP respetará las peticiones y siempre se considera la vida de los privados de libertad cuando representa un riesgo. Sin embargo, se deben cumplir los procesos legales.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo desconocer la situación de los 20 reos que el IDPP pide sean liberados, pero se involucrará para verificar la situación.

IDPP Analiza 40 casos más 

En un monitoreo en las cárceles del país que efectuó el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se identificó a  40 privados de libertad que fueron condenados por plagio o secuestro,  asesinato o  femicidio, entre otros delitos, que tienen alguna enfermedad  terminal. 

El IDPP detalló  que 12 reos tienen  cáncer, ya sea de garganta,  estómago,  abdominal, cervical,  de matriz,  mama o   leucemia, y  28 problemas  crónicos, como insuficiencia renal, sida o mal de  Parkinson.

William Ottoniel  Lima, coordinador del área de ejecución del IDPP, comunicó que solicitará libertad humanitaria, y para ello pedirán un informe al área de Salud de las cárceles. Luego, se pedirá la autorización a un juez para que un perito del  Instituto Nacional de Ciencias Forenses  haga  una evaluación y, con estos documentos, como medios de prueba, tramitar la referida medida.

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La nueva fiscal indicó que las primeras 14 personas que nombró la acompañarán a partir de este jueves en la labor que realizará dentro del Ministerio Público (MP).

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Fue hasta este jueves que la nueva jefa del MP compartió los nombres de las personas que ocuparán los principales puestos, de donde se desprende el resto de departamentos, fiscalías y unidades que conforman el ente investigador.

A continuación, el listado de las personas que empiezan a conformar el equipo de trabajo de Porras Argueta:

• Rony Eulalio López Contreras, secretario general.
• María Teresa Centeno de Vásquez, primera subsecretaria general.
• José Estuardo López y López, segundo subsecretario.
• Claudia Liseth Arrécis Mena, asesora privada.
• Ángel Arnoldo Pineda Ávila, asesor en temas internacionales.
• Rodrigo Gutiérrez Godínez
• Lucía Rivas Alvarado
• Fulvia Liseth Ruiz Palacios
• Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa
• Lucrecia Vásquez de Cáceres
• Laura Arbizú
• Jonás Rodolfo Hernández Pérez
• Astrid Johana Ruiz Cardona
• María del Carmen García Escobar

Dudas sobre nombramiento de López

Porras fue cuestionada por el nombramiento de Rony Eulalio López Contreras, quien salió a relucir en el caso de Tráfico de Influencias, por supuestamente haber citado al juez Carlos Ruano para que se reuniera con la exmagistrada Blanca Stalling, quien a su vez habría intentado presionar a Ruano para beneficiar a su hijo y a otros implicados. 

#TomaDePosesiónMP| María Consuelo Porras, fiscal general, aclaró que el nuevo secretario general, Rony López, no tiene "ningún" señalamientos. pic.twitter.com/x19SW6SFiQ

— Glenda Sánchez (@GlendaVivianaS) May 17, 2018

En su momento, López Contreras fue citado por la Comisión Pesquisidora del Congreso, para que declarara sobre el tema.

“El no tiene ninguna sindicación en el caso de la exmagistrada. Él estaba fungiendo como secretario de la CSJ, en su funciones tenía el acatamiento que le dan los magistrados y en acatamiento a esta función, que le fue solicitada por la exmagistrada, él cumplió en notificarle al juez Ruano de la citación que le hacía la exmagistrada”, dijo Porras.

La funcionaria reiteró que López Contreras fue nombrado como secretario general del MP por su capacidad, experiencia y profesionalismo.

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El diputado Felipe Alejos presentó en Gestión Penal de la Torre de Tribunales dos querellas en contra de tres personas.

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Además, denunció a Rodrigo Presa, quien declaró  contra el diputado, y a quien Alejos señaló de los delitos de perjurio y obstrucción a la verdad.

Se le consultó a la Feci sobre las denuncias presentadas y respondieron que no podían emitir ninguna opinión en este momento y que de igual manera los señalados tienen derecho a presentar sus pruebas de descargo.

“No me voy a pronunciar al respecto”, expresó Andrei González.

Alejos señala a los integrantes de la Feci de investigarlo desde mayo del 2016, cuando él tiene antejuicio.
Vía @mhernandez_pl
Foto: Estuardo Paredes
Vía @mhernandez_pl pic.twitter.com/eyton8Grf5

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 16, 2018

Alejos está sindicado en el caso de Traficantes de Influencias y consideró que se están “construyendo pruebas y testigos falsos con fines políticos y espurios”.

“A este señor (Presa) lo hicieron declarar en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Su declaración de 2018 la dio apenas horas antes de que nosotros eligiéramos a la junta directiva, y a los pocos días, presentan mi antejuicio”, señaló el legislador luego de presentar la denuncia.

Alejos calificó las acciones en su contra como extorsión, chantaje y fabricación de testigos falsos. “La fiscal general violó la presunción de inocencia e indicó que tenía conocimiento de qué estaba siendo investigado en este caso con anterioridad”, afirmó el diputado.

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María Consuelo Porras Argueta, tomará posesión al frente del Ministerio Público oficialmente el 17 de mayo del 2018. Sin embargo, aún persisten dudas sobre el personal que dejará dentro de la institución o de quienes serán los nuevos perfiles.

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Con relación a los otros puestos de trabajo, Porras afirmó que todos serán evaluados en su desempeño y dependerá de los resultados  y con base a eso tomará decisiones.

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“Por supuesto, sin vulnerar los derechos adquiridos, si el personal ya pasó un período de prueba y se ve que su desempeño es eficiente no tendrán problema. Por ello, me parece importante la evaluación inicial para confirmar o de lo contrario se tomarán otras decisiones”, dijo la nueva fiscal.

El tiempo que podría tomar si hubieran cambios sería entre tres o seis meses, depende si es de primer ingreso o si es ascenso. Las evaluaciones se darán por los jefes inmediatos superiores, explicó Porras.

Sin presiones

Porras enfatizó que no ha recibido y no recibirá presiones, porque por la misma experiencia y conocimiento que posee la definen como una persona decidida y determinada, por lo tanto, todo su proceder estará ajustado a la Constitución Política de la República y a la ley.

La nueva fiscal dijo que hablará con varios sectores cuando tome posesión y se reunirá con todas las instituciones que tienen que ver con el tema de investigación en el Ministerio Público.

El secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez, afirmó que esta tarde sostendrá una reunión para afinar detalles de la hora de juramentación de la nueva Fiscal General, Consuelo Porras, la cual se realizará mañana.

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De acuerdo con la Ley, el mandatario convoca a los interesados en dirigir la PGN y luego elige bajo sus criterios particulares quién será el abogado del Estado.

En una entrevista concedida a Prensa Libre, Morfín aseguró que durante su gestión Jimmy Morales siempre actuó con respeto y que antes de entregar el cargo presentará el análisis del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ordenado por el presidente.

¿Fue difícil su período en la Procuraduría?

Sí, por el número de casos de corrupción que surgieron en el gobierno anterior. Representó una demanda. A eso se nos sumó una cantidad de acciones legales que hubo que plantear y darles seguimiento, porque esos casos no se resuelven simplemente presentándolos en tribunales. Es necesario darles seguimiento y verificar que los jueces resuelvan oportunamente para hacer las declaratorias.

¿Qué caso fue el más complejo durante su gestión en la PGN?

Como soy abogada, me gusta litigar, y no veo los casos debido a su dificultad, lo veo más en complejidad de las condiciones alrededor de las cuales puede llegarse a una solución.

Hay un tema que me preocupa: las demandas en los tribunales son muy largas de resolver, los procesos se alargan hasta cuatro o cinco años y el Estado pierde. Lo que sí se tiene que hacer, definitivamente, es buscar de qué manera se sanciona a los responsables de las situaciones corruptas y se debe buscar cómo resarcir al Estado. Además, que se busquen mecanismos para resolver los problemas, porque al final es la población la que pierde.

¿Recibió algún tipo de presiones en su gestión?

No. Jamás. Nunca. Y quien hubiese pretendido hacerlo —sonríe— hubiera recibido de parte mía una total indiferencia, porque no debe uno ni tiene que tolerar algún tipo de injerencias o presiones para ejercer una función con independencia.

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¿Cuáles son los procesos que busca terminar antes de dejar el cargo?

Yo diría que terminar de reparar ese techo que se nos estaba cayendo. Temas de infraestructura, que hay muchos. El tiempo se nos hizo corto, pero afortunadamente se dejan encaminados. Hay procesos de licitación para cambiar el tendido eléctrico de la institución, que ya es vieja, y como hemos adquirido equipo nuevo, no vaya a ser que por un cortocircuito se nos arruine el equipo. Queremos cambiar todo.

¿Cómo queda el tema de los usufructos onerosos?

En el tema de los usufructos onerosos del pasado, en relación con las portuarias, yo le diría que la mayoría de contratos que se celebraron en las portuarias son usufructos onerosos, y por consiguiente se recomendó que las autoridades portuarias regularizaran los contratos, a efecto de no mantener una figura que de conformidad con la ley no corresponde. Desde luego que la autorización que se tenía por parte de las autoridades portuarias para celebrar ese tipo de contratos no existe, porque ese contrato es de naturaleza civil, en tanto que la portuaria, como empresa nacional que es, debe celebrar contratos que conllevan la naturaleza administrativa, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.

¿El tema de la Cicig y el Ejecutivo ha afectado su gestión?

Afectarme directamente, como persona, no lo creo, en virtud de que yo estoy cumpliendo con una función pública y la estoy realizando en conformidad con la ley. Uno se siente afectado en una situación determinada cuando actúa como funcionario público en el momento que se aparte de la normativa que rige.

Yo no tengo ninguna situación que me haga pensar que pudiera verme afectada de alguna manera por ese tipo de discusión.

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¿Cómo fue la relación con el presidente Jimmy Morales?

Tengo que reconocer que el señor presidente desde el primer día mantuvo una actitud de respeto y de apoyo a la institución y a la procuradora general de la Nación. Yo diría que en todo momento respaldó mi gestión, en los momentos que hubo requerimientos de mayor presupuesto para el cumplimiento de las diferentes funciones que tenemos que cumplir en el ámbito, tanto de Niñez y Adolescencia, y también en el caso de las abogacías, siempre hubo una disposición de respaldo que se materializó con los incrementos al presupuesto, que es algo que no tiene antecedentes en la historia de la institución. La relación con el presidente siempre fue de respeto.

¿El análisis del mandato de la Cicig es un tema complicado?

No, no lo considero difícil o complicado, porque cada uno de los casos que se manejan en la Procuraduría General son muy delicados, pero haciéndolos de manera profesional y ajustándolos a ley, lo que podría hablarse es de niveles de dificultad, en cuanto a la profundidad que se le debe dar a cada tema, pero no creo que debe considerarse difícil.

¿Cómo avanza el análisis del mandato de la Cicig que ordenó el presidente Morales?

Cada una de las unidades que fueron designadas siguen trabajando. El proceso tiene que avanzar.

¿Aceptaría seguir en el cargo si el presidente se lo propone?

Pues, la verdad, no he hablado sobre el tema con el presidente, no habido motivos para cambiar de parecer. Me estoy concentrando en avanzar hasta donde me dé el tiempo. Afortunadamente, tuve un equipo muy destacado. Estamos consolidando procesos. Esta semana inauguramos dos de ellos que son importantes. En el tema informático hay avances significativos y en el tema de niñez me estoy concentrando en mi trabajo.

¿Aceptaría seguir al mando de la PGN?

Yo creo que todo tiene un principio y un fin, y mi período termina el 17 de mayo. Como le repito, no lo he considerado. Lo importante es que haya una nueva visión de las cosas. Aquí hay mucho que hacer, y en ocasiones la variedad de puntos de vista permite fortalecer más las instituciones.

¿Qué temas deja pendientes en la Procuraduría?

Por citar algunos: las demandas que están en trámites, el caso TCQ, muchos casos que hay que darles seguimiento.

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